“Nada hay tan propenso a agitar las pasiones humanas como las consideraciones personales (…) Por esto, en todo caso en que se ejercite ese poder de hacer nombramientos por una asamblea (…) lo más seguro es que los méritos de los elegidos pasen inadvertidos: ‘Dadnos para este puesto al hombre que queremos y tendréis al que deseáis para este otro”.  (Hamilton, El Federalista, LXXVI, FCE, p. 323)

“La independencia es para la Justicia una condición existencial; más aún, de reconocimiento” (Jean Picq, Il faut aimer l’Etat, País, 1995)

Ante el bombardeo mediático de estos días sobre un aspecto de la vida política-institucional como es (el bloqueo en) la renovación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial que se pretende hacer, por enésima vez, mediante el turbio y espurio procedimiento de cambio de cromos entre los partidos políticos, conviene poner algunas cosas en claro. Este patológico procedimiento de designación (al margen de las siempre interesadas interpretaciones constitucionales) convierte las instituciones (en este caso, al gobierno del poder judicial) en una reproducción deformada de las mayorías parlamentarias contingentes y necesarias, aquellas que sumen 3/5 de cada Cámara para ratificar los nombres pactados entre bambalinas, para conformar, así, un órgano asambleario-gubernamental compuesto por 20 vocales (12 de extracción judicial y 8 juristas “de reconocida competencia”), más un Presidente y Vicepresidente, elegidos por aquellos. Tal sistema de elección pretendidamente bendecido por su extracción democrática, supone, sin embargo, una lectura inadecuada del principio de separación de poderes, pues en vez de garantizar un auténtico sistema de checks and balances (pesos y contrapesos entre los propios poderes), se sigue olvidando torticeramente que un régimen constitucional donde se permite el maridaje y la confusión absoluta entre ejecutivo-legislativo-judicial, carece por definición de los puntos de equilibrio propios de un modelo efectivo de división de poderes, y puede deslizarse fácilmente (como de hecho algo de ello está sucediendo de forma silente) hacia un sistema político que ofrece algunos rasgos de democracia iliberal, enquistados por lo demás en una crisis institucional cada día más grave.

Sorprende, ciertamente, la torpeza de quienes desde las filas políticas o periodísticas defienden esa lectura pretendidamente democrática de la Constitución, pues tal premisa quiebra de raíz el checks and balances, y demuestra escasa cultura constitucional o, lo que es peor, resalta un claro cinismo ideológico. Pretender que el Parlamento valide formalmente un pacto cocinado entre (algunos) partidos políticos que alcanzan esas 3/5 partes de las cámaras, sin otra comprobación de mérito, capacidad e integridad que ser amigos de algún valedor político, ya sea porque han sido compañeros en la Facultad, en la cátedra universitaria o en la carrera judicial, fieles al partido, militantes (que también los hay) u otras circunstancias discutibles, es un insulto a la inteligencia política de una ciudadanía que apenas comprende de qué va el problema de fondo, pues el CGPJ es, por lo común, un órgano desconocido.

Tampoco es de recibo que, frente al modelo de designación política de los doce jueces y magistrados del CGPJ, se nos defiendan política o mediáticamente las bondades constitucionales de su designación por los propios jueces. ¿Y con los ocho vocales restantes seguimos repartiendo la tarta según el color político de sus aspirantes? Tendríamos un híbrido corporativo/politizado El debate político-constitucional arrastra ya más de treinta y cinco años. Si la elección de los doce magistrados o jueces es por ellos mismos, tampoco arreglamos nada. El invento del procedimiento de designación de los vocales de extracción judicial fue un absoluto fiasco. La pretendida elección directa por los jueces, no es, en efecto, la solución constitucional adecuada. De politizar la justicia pasaríamos, así, a corporativizarla más de lo que ya está. Tampoco sería ningún modelo de equilibrio constitucional, sino una muestra más de una mixtura imperfecta entre politización y corporativismo, dominando este último. La separación de poderes, como medio de control de las instituciones, sería de nuevo un brindis al sol.

Realmente, frente a un problema  tan enquistado, esbocé algunas propuestas en otro lugar. Allí, en otras palabras, indicaba que se debería caminar hacia un modelo mixto de elección de vocales en el que la legitimidad democrática del nombramiento se condicione inteligentemente con lo que Pierre Rosanvallon denominaba la legitimidad imparcial y reflexiva de estos órganos constitucionales, mediante una propuesta de nombramiento realizada por el Parlamento, pero previa criba profesional de méritos e integridad por parte de una autoridad independiente de los partidos políticos que elaborara una lista corta con aquellos perfiles profesionales más acreditados para que sobre ellos decidieran por voto secreto los órganos políticos. Como decía Adam Smith, personas que acreditaran la mejor cabeza (competencias) junto al mejor corazón (integridad). Lo que no es operativo es que quienes negocien entre bambalinas prescindan total y absolutamente de esas exigencias.

En cualquier caso, seamos honestos. El CGPJ tiene visibilidad nula y una utilidad institucional relativa. La función por la que se pelean los partidos es la del nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo o de la presidencia de la institución y de los cargos gubernativos. Es ahí dónde la política quiere meter la cuchara hasta el fondo del plato. Con la finalidad de tener un poder judicial domesticado sobre todo en las supremas esferas que son las que “casan” (rompen) el Derecho dictado por los órganos jurisdiccionales inferiores o juzgan a los políticos aforados. Esa política de nombramientos es, por lo común, fuente continua de algunos escándalos, que apenas trascienden. O, si lo hacen, sin consecuencia alguna. Lo demás que hace el Consejo tiene menor relevancia política. Por ejemplo, selecciona jueces como lo venía haciendo hace más de cien años; les da una formación inicial (no selectiva en la práctica) algo mejor y una continua que es muy mejorable. Los sanciona o amonesta cuando la cosa se pone muy fea.  Y algunas cosas más. Son funciones propias de una Dirección General de un Ministerio, pero con veintidós cabezas, tal como recordó acertadamente hace muchos años el profesor Luís María Díez-Picazo antes de recalar en el propio Tribunal Supremo. Y, en efecto, lo peor de un órgano gubernativo es estar conformado por un colegio tan amplio.  Como afirmó en su día Napoleón, deliberar es cosa de muchos, ejecutar de uno sólo. Cuando se ponen a ejecutar tantas personas a la vez, mal vamos. La reforma de 2013 apenas cambió el fondo de las cosas. Desde los contradictorios diseños institucionales de 1981-1985, el CGPJ arrastra una vida errática y de escaso lucimiento; buscando su sitio, que nunca encuentra.

El Consejo General del Poder Judicial es, además, un órgano constitucional de diseño desgraciado. Requeriría un bisturí constitucional que lo corrigiera de inmediato; pero aquí no se reforma nada ni aunque el edificio institucional amenace ruina inminente. El Consejo no tiene memoria institucional, pues se renueva íntegramente cada cinco años (más las prórrogas debida a los bloqueos o vetos políticos), y el nuevo Consejo escribe de nuevo sobre una hoja en blanco. Así que nadie se extrañe de que el servicio público de la Justicia funcione de forma tan deficiente. Su modelo de Gobernanza es un soberano disparate (un “monstruo de tres cabezas”, como expuse también en su día: CGPJ, Ministerio y CCAA). Realmente, es una institución casi olvidada (y cuando se habla de ella, malo), con un prestigio por los suelos (ganado a pulso) y con un solo objetivo: mantener lo que hay sin apenas cambiar nada. La transformación de la Justicia ni está ni se la espera. Han pasado casi veinticinco años desde el Libro Blanco de la Justicia, el último intento serio, aunque algo autocomplaciente y tibio, de reflexión del propio órgano de gobierno de los jueces sobre ese poder judicial que, como dijera Hamilton, “es, sin comparación, el más débil de los tres poderes”, aunque puede y debe actuar (y así lo hace en las democracias avanzadas de nuestro entorno) de freno de los demás poderes, y no simplemente de acompañante complaciente del poder de turno. Este último, sin embargo, es el rol que le hemos adjudicado en España, que otros quieren cambiar por el de defensor de las esencias corporativas del gremio judicial. No tenemos término medio. Y así seguimos; mientras tanto, los años pasan y los problemas se acumulan y se enquistan. También en la Justicia. Y no son menores, precisamente. A seguir esperando que alguien (no se sabe quién ni cómo ni cuándo) los resuelva.

“El significado esencial de liberal no sólo denotaba ser amante de la libertad y tener conciencia cívica, sino también  ser generoso y compasivo. Ser liberal era un ideal, algo a lo que aspirar”

(H. Rosenblatt, La historia olvidada del liberalismo, Crítica, 2020, p. 2015)

El liberalismo es una de las grandes corrientes ideológicas surgida en los últimos siglos. Bien es cierto que nunca ha sido una doctrina fija o unificada, pero tiene sus rasgos esenciales, aunque algunos se hayan desdibujado. Sus precedentes británicos son innegables, tanto en su concreción política o constitucional como filosófica o de las primeras doctrinas económicas. Sin embargo, un cierto halo de confusión anida sobre una ideología que se alejó lo que pudo  (aunque a veces se vio asfixiada por el abrazo del oso) del propio conservadurismo, y que, pasados los años, intentó crear un espacio propio distante también de las corrientes inicialmente socialistas y más adelante socialdemócratas. Tras la aparición de esta última ideología, su papel de bisagra ha sido (casi) constante. Hoy en día, con dificultades, sigue manteniendo un espacio propio, siempre a caballo entre conservadores y socialdemócratas, haciendo a veces complejo identificar dónde realmente está tal ideario y qué postulados clave defiende. La vigencia del liberalismo en tiempos tan convulsos como los que nos toca vivir, se advierte en que algunos medios de comunicación le están dando un papel relevante en la salida de esta crisis, al recoger, entre otras, opiniones tan importantes como las del propio Michael Walzer. Tal como reconoce este autor: «A los liberales se nos reconoce mejor en términos morales que en términos políticos; de mentalidad abierta, generosos, tolerantes capaces de convivir con la ambigüedad, dispuestos a entablar discusiones en las que no nos creemos obligados a ganar». Sin dogmatismo ni fanatismo. Pero, ¿ha sido siempre así?, ¿es el liberalismo hoy en día un antídoto contra las expresiones iliberales? Veamos.

La emergencia con fuerza inusitada del populismo durante este siglo XXI (un fenómeno extraordinariamente tratado por Pierre Rosanvallon, en su libro Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Seuil, París, 2019; que ha sido recientemente traducido al castellano; y que reseñé hace meses en este Blog), con algunas versiones claras de sistemas democráticos iliberales, en verdad regímenes aparentemente democráticos, pero revestidos rasgos autoritarios innegables y con tendencias marcadas a la concentración del poder (fenómeno que ha sido analizado entre otros por innumerables estudios entre los que cabe citar ahora los siguientes: S. Levitsky y D. Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Ariel, 2018; D. Runciman, Así termina la democracia, Paidós, 2019; o T. Snyder, El camino hacia la no libertad, Galaxia Gutenberg, 2918), parece marcar un antes y un después entre lo que convencionalmente hemos conocido como el Estado Liberal democrático, formulado en términos jurídico-institucionales como Estado Constitucional democrático, en el que rige la supremacía de la Constitución, la separación de poderes (y sobre todo el control del poder), la garantía de los derechos fundamentales, y, ya a partir de entrado el siglo XX, una economía social de mercado, que se asienta en lo que conocemos con el Estado del Bienestar.

Ante ese contexto actual de empuje del populismo, que está asentándose claramente o de forma silente en expresiones ideológicas tanto de derechas como de izquierdas y erosionando de forma grave los postulados del Estado Liberal, tal vez es conveniente volver a los orígenes del problema y preguntarse cabalmente cuál ha sido la evolución de ese ideario liberal y por qué ha terminado arrinconado en discutibles posiciones de un liberalismo económico exacerbado que poco  tenían que ver con los orígenes y evolución del patrón liberal y su compleja evolución durante los poco más de dos siglos de su historia.

Y para ese viaje conceptual es de enorme interés el libro de Helena Ronsenblatt objeto de esta reseña. No puedo entrar en estas breves páginas en un análisis detenido de tan interesante obra (prologada por José María Lassalle), pero sí poner el foco en sus tesis más relevantes, que se recogen de forma clara tanto en la Introducción del trabajo como en el Epílogo, siendo el desarrollo de la obra una confirmación muy documentada de tan particular evolución.

La tesis de la autora es que, sin perjuicio de sus precedentes británicos, el liberalismo como ideología política nace principalmente en Francia y también adquirió cierta importancia en Alemania, aunque luego silenciada u oscurecida. El hecho determinante que la evolución (política y filosófica) del liberalismo ha olvidado es que “la mayoría de los liberales eran moralistas”, puesto que “nunca hablaban de los derechos sin hacer hincapié en los deberes”. Así, “los liberales defendían sin cesar la generosidad, la rectitud moral y los valores cívicos”. Por tanto, a pesar de la carga ideológica negativa que la expresión liberalismo ha tenido en los últimos tiempos (por su maridaje con el término “neoliberal” y sus funestas consecuencias prácticas), como bien dice la autora “en los siglos anteriores, ser liberal significaba algo muy diferente; significaba ser ciudadano generoso y con conciencia cívica”. Estas huellas tan importantes del ADN ideológico liberal se han perdido en el tiempo: “Los liberales han dado la razón a sus adversarios”, como sanciona el epílogo del libro reseñado.

En efecto, ciertamente el contexto histórico, y más especialmente los terribles acontecimientos vividos durante los años que trascurren con las dos Guerras Mundiales y su ínterin, hizo girar al liberalismo como una corriente ideológica opuesta al totalitarismo (como hoy en día lo podría ser al populismo) y centrar su punto de atención (siempre importante, pero no exclusivo) en los derechos e intereses individuales. Junto a ello se planteó la dura respuesta de Hayek y más adelante de la Escuela de Chicago frente al intervencionismo estatal. Es lo que el libro denomina la americanización del liberalismo. La autora cita a Dewey, quien sintetiza el problema de forma diáfana: “En el liberalismo había dos corrientes. Una era más humana y, por tanto, estaba más abierta a la intervención del Estado y la legislación social. La otra estaba en deuda con la gran industria, la banca y el comercio y, por tanto, comprometida con el laissez faire”. La consolidación con fuerza del Estado Social tras el período del New Deal y el conocido Informe Beveridge de 1942, que convirtió en prestaciones sociales necesidades que Frosthoff denominara de “procura existencial” (o en otros términos, “un hombre hambriento no es libre”), se desplegó durante los treinta gloriosos años y luego irrumpió con fuerza ese pretendido retorno a las esencias que no era tal: el neoliberalismo. Allí se empezó a difuminar la esencia el liberalismo social, que, a juicio de la autora, debería ser recuperada.

Helena Rosenblatt traza con línea firme la evolución (o mejor dicho, la involución) de una idea y de un concepto, ciertamente nunca pacífico y campo de batalla entre diferentes opciones que se pretendían apropiar de la esencia liberal. Su tesis es que el término procede de Francia (y no de la España de Cádiz, como hasta ahora se ha defendido; por ejemplo, en M. Freeden, Liberalismo. Una introducción, Página Indómita, 2020), y ensalza como promotores a Constant y madame Stäel, aunque luego también rinde tributo a Tocqueville y a otros muchos autores y gobernantes (entre ellos a Gladstone). Aunque claramente la autora desliga en sus orígenes el liberalismo de la democracia y de la ampliación gradual del derecho de voto, hasta su reconocimiento a la mujer. En ese largo tránsito se advierten algunas ausencias, puesto que la autora –a mi juicio- no da el protagonismo debido en esa historia a la corriente del liberalismo doctrinario de origen francés personalizado en Guizot y Royer Collard (que tan nefasta influencia tuvo sobre la política constitucional española del siglo XIX y parte del XX), finalmente erradicada en el país vecino tras la revolución de 1848, pero que se enquistó en la España institucional decimonónica. De aquella revolución no surgió sin embargo una sociedad nueva, sino la primera expresión de “democracia iliberal” con el fuerte autoritarismo bonapartista de Napoleón III, donde –como recoge Rosanvallon- aparecen innegables precedentes con las expresiones modernas de populismo, algunas que nos son próximas.

Liberalismo y democracia no tuvieron caminos paralelos, sino secuenciales. Aun así costó que los primigenios liberales comprendieran la evolución del problema. La democracia seguía teniendo más aún tras las experiencias radicales de la Convención durante la Revolución francesa, un cierto olor a oclocracia, en términos de Polibio. Guizot, por ejemplo, “consideraba que el sufragio universal era totalmente incompatible con la libertad”. Pero antes que él, Constant – cuya arquitectura institucional del pensamiento liberal es sencillamente sublime- también renegaba «razonadamente» del sufragio universal. Si no se interpretan correctamente las ideas en sus respectivos contextos, nunca se entienden. Algo de eso nos pasa ahora. En fin, fue Tocqueville, entre otros, quien advirtió tempranamente de la cuestión social y recuperó la idea democrática en su imprescindible obra La democracia en América. El liberalismo, no sin fuertes tensiones en su seno, fue evolucionando hacia la democracia y al reconocimiento del sufragio universal. Así, el liberalismo se hizo democrático y, con más tibieza, social.

El laissez faire, a pesar de momentos de apogeo, tuvo que abandonarse paulatinamente, dado que las condiciones en las que desarrollaba su trabajo el proletariado eran sencillamente infames. La polémica en las filas liberales se centró en cómo combatir el “pauperismo”. John Stuart Mill, adoptó entonces un liberalismo pragmático que emplazaba al poder público a preocuparse por los menos favorecidos y, entre otras prestaciones, por una educación pública obligatoria. Sin embargo, en el terreno liberal la economía y sus concepciones fueron siempre objeto de disputa. Quizás una de las aportaciones más interesantes en las filas liberales procedió de Giuseppe Mazzini quien defendía que los derechos en una sociedad liberal “solo pueden existir como consecuencia de deberes cumplidos”, pues lo contrario conduce a “generar egoístas lo que siempre conduce a resultados desastrosos y deplorables”. Tomemos nota. Algo de eso triunfa en nuestros días.

El liberalismo se fue haciendo así cada vez más humano, volviendo a sus esencias. Pero las expresiones iliberales primero y luego las totalitarias lo pusieron en cuestión, focalizando, así, su punto de atención –como decíamos- sólo en los derechos e intereses individuales. La preeminencia liberal dejó de ser europea y se trasladó claramente a Estados Unidos. Y allí se gestó esa mutación profunda que conduciría a su propia negación: el neoliberalismo; que echaría raíces en el Reino Unido y en otras muchas democracias avanzadas. La tesis de la autora es que las profundas huellas ideológicas del liberalismo se han ido borrando con el paso del tiempo y lo que hoy en día necesita el liberalismo es “articular una concepción del bien y una teoría liberal de la virtud”. Así concluye: “Los liberales deberían reconectarse con los recursos de su tradición liberal para recuperar, comprender y asumir sus valores. El objetivo de este libro es relanzar ese proceso”. Y, al menos, abre un debate que los propios liberales deberán resolver.

No sabemos si se conseguirá, pero el libro es de estimulante lectura (con algunas objeciones menores como despachar a H. Arendt en dos líneas y con cita indirecta, así como a Isaiah Berlin en un párrafo). El liberalismo en España ha tenido vida accidentada y un hueco complejo entre tensiones políticas polarizadas. Ahora que tenemos fuerzas políticas populistas tanto en un lado como en otro del espectro ideológico y que las fuerzas convencionales se ven asimismo invadidas por un populismo difuso, lo que suene a liberal parece volver a estar denostado no sólo en nuestro país (recuérdese que durante el absolutismo fernandino, los liberales, como cuenta Galdós en sus Episodios Nacionales, eran tildados despectivamente de negros)  sino sobre todo en esas democracias iliberales que hoy por hoy se multiplican, y que nadie está a salvo de caer en sus redes. Hoy en día, las corrientes democráticas iliberales apuestan por una contracción de las libertades públicas, un fortalecimiento del poder ejecutivo y una apariencia democrática mediante el recurso frecuente a fórmulas plebiscitarias, quebrando la efectividad del principio de separación de poderes (del que solo se mantienen las formas). Realmente, está todo inventado. Pero en este complejo contexto de la terrible crisis Covid19 en la que estamos inmersos, tal vez convendría recuperar ese liberalismo moral originario que pone el acento no sólo en los derechos sino también en las responsabilidades y deberes ciudadanos, así como en la protección social y en salvaguardar una vida digna para todas las personas, por no hablar de la tolerancia y el abandono del fanatismo. Lo expuso con claridad Cass R. Sunstein: «Si el pueblo no escucha, y si entre ellos no dialogan, democracia y deliberación están en riesgo; y si los miembros de ciertos grupos (desfavorecidos) reciben menos atención, libertad e igualdad están en riesgo» (Desining Democracy. What Connstitutions Do, Oxford University Press, 2001, p. 155).  Esa revitalización de la causa originaria liberal, quizás, representaría un signo de modernidad de que el pensamiento ilustrado aún mantiene vigencia en una sociedad que, de forma tal vez imperceptible, parece estar descomponiéndose a marchas forzadas.

“España, país que lamenta sus males, demasiado conoce que lo que le hace falta es un buen gobierno, que quiere decir estar bien administrado” (p. 300)

“La Administración funciona en una esfera distinta y separada de la política, en un terreno que puede considerarse neutral para los partidos” (p. 306)

(Alejandro Oliván, De la Administración Pública con relación a España, IEP, Madrid, 1954)

En tiempos de zozobra, tal vez sea momento idóneo para echar la vista atrás. Hay muchos modos de hacerlo, también muchos libros que ayudan en esta tarea retrospectiva. Y uno de ellos es, sin duda, la importante obra de Juan Pro, subtitulada –y ello es importante- Una historia del siglo XIX. Es verdad que buena parte de este Estado que hoy conocemos como España se construyó en ese período, aunque también lo es que los complejos acontecimientos del siglo XX marcaron también ese proceso. Aunque no sea objeto tratarlos ahora.

Es cierto que la historiografía tradicional del XIX había abordado las bases de este problema, pero no lo es menos que –salvo monografías volcadas en el tratamiento de aspectos singulares o períodos concretos- faltaba una visión global  sobre cómo se construyó el Estado durante el siglo XIX y cuáles fueron las fortalezas y debilidades de ese proceso. Y esa visión de conjunto es la que se contiene en la obra que se reseña.

Como el trabajo es muy extenso (761 pp.) y las cuestiones tratadas múltiples, ceñiré este  comentario, salvo algunas ideas introductorias y un final, a tres cuestiones: a) La arquitectura político-constitucional del Estado; b) La construcción del Estado administrativo; y c) La configuración del modelo burocrático.

Ideas introductorias

Con un sucinto y sugerente prólogo del profesor Ramón Parada, el libro identifica pronto cuál es su objeto: el Estado como un espacio de lo público (idea que concreta  en el epílogo de la obra), donde rinde tributo a Pierre Bourdieu. La noción de construcción se explica en las páginas iniciales y finales, como una suerte de “metáfora del arquitecto”, algo que desmiente en parte el propio autor cuando reconoce que  muchas veces las instituciones surgen de un modo un tanto anárquico como resultado de una suerte de partidas en el complejo tablero de ajedrez en el que la vida política y social hace intervenir a innumerables actores. Aún así, la idea de construcción, se muestra válida. Su tesis es muy precisa: el libro trata de “explicar la construcción del Estado como un proceso global, con dimensiones políticas, jurídicas, económicas, sociales, espaciales y culturales”. Lo que es hoy en día España, su política, sus instituciones, su Administración y su burocracia, en parte proceden de entonces. De los aciertos y errores cometidos en ese tortuoso proceso deriva lo que hoy en día es el país que se gestó, parcialmente, durante ese siglo XIX.

Con base y herencias en el Estado del Antiguo Régimen, al menos en algunas de sus concepciones que hipotecaron durante largo tiempo el desarrollo del Estado Liberal (como ya expuso en su día Tocqueville en referencia a la Revolución francesa), la concepción de la Monarquía, el Estado de policía (o de “buen gobierno”) y la venalidad de los oficios públicos, fueron tributos que, con las adaptaciones precisas, se proyectaron, respectivamente, en la emergencia del Estado Liberal, la Administración Pública y su propia burocracia.

La arquitectura político-constitucional del Estado

La construcción del Estado Liberal fue lenta y compleja en España. El libro presta atención marginal a los distintos textos constitucionales que se sucedieron en ese prolijo siglo de proliferación de leyes fundamentales. Pero, aun siendo correcto ese planteamiento (pues tales Constituciones jugaron un papel más simbólico que efectivo), hubiese sido recomendable poner el foco de forma más precisa en la desvirtuación del principio de separación de poderes que, a lo largo del constitucionalismo español del siglo XIX y de la vida institucional práctica, se produjo; es cierto, no obstante, que ese enfoque desvirtuado deriva del modelo formal de división de poderes que crearon los revolucionarios franceses, especialmente reflejado en la Constitución de 1791 y que marcará la evolución futura del constitucionalismo europeo continental (esta es una idea que desarrollé en su día en el libro Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, 2016; y, por lo que respecta a su mala aplicación a España, en el “Epílogo” a esa obra; por tanto, allí remito al lector interesado).

Son, efectivamente, muy pocas las referencias que en el libro comentado se realizan al Legislativo (lo cual ya nos dice bastante de su papel residual), algo más al Poder Judicial (que enmarca correctamente el autor como mera Administración de Justicia), y prácticamente ninguna al fallo principal del modelo: la carencia absoluta de mecanismos de control de la actividad hipertrofiada del Ejecutivo, que gozó de bula para hacer y deshacer gobiernos, manipular elecciones y colonizar cargos y empleos, así como para repartirse la tarta presupuestaria entre sus correligionarios. Precedentes que marcan tendencia.

La obra se centra, de forma acertada por tanto, principalmente (o de forma casi exclusiva) en el análisis del Poder Ejecutivo, pues ciertamente en la España decimonónica fue el poder por excelencia, siendo el resto mera coreografía. El Estado del XIX fue, en efecto, el Ejecutivo. Y eso también influye. Lo expuso magistralmente el profesor Manuel Zafra: dado el contexto político existente, “fue inevitable que los tres poderes se refundieran en un compacto bloque oligárquico que patrimonializó el Estado, esto es la Administración Pública” (AAVV, Política en penumbra, 1996, p. 110). Aunque esa Administración no era entonces ni asomo de lo que ahora representa. Si bien la tendencia está servida. Por consiguiente, la construcción político-institucional del Estado en España, se hizo, como apunta Juan Pro, mediante el asentamiento de “un concepto global de Estado más conservador y autoritario, más dado a la Administración (en verdad al Gobierno) y menos a la representación”. Aunque bien es verdad que el autor procura enriquecer esa visión con la mirada espacial y con el papel relevante (tal vez exagerado) que atribuye a las administraciones o (mejor dicho) autoridades locales y periféricas (especialmente gobernadores y alcaldes), que intentarán suplir ineficientemente el déficit de una Administración central que difícilmente llegaba al territorio. Paradojas de un centralismo incapaz de centralizar nada, al menos hasta bien avanzado el siglo XIX. Como bien expuso García de Enterría, la construcción de la Administración periférica finalmente se hizo a través de una exagerada “politización de los Gobernadores civiles”, que se alejaría así gradual y radicalmente del modelo matriz del que decía beber: el sistema francés (“Prefectos y Gobernadores Civiles”, la Administración española, Alianza, 1972, p. 59). Un poder central débil para imponer sus reglas en el territorio, que se debía apoyar en gobernadores y caciques.

La construcción del Estado administrativo

El análisis del Estado administrativo supone probablemente la parte de la obra de Juan Pro más acabada. El concepto de Administración, importado de la realidad institucional y de la doctrina francesa, termina arraigando en España de la mano de políticos ilustrados liberales, que buena parte de ellos engrosarán las filas del eufemísticamente denominado moderantismo, que se transformará con el paso del tiempo en expresiones ideológicas netamente conservadoras y, en algunos casos, con tendencias autoritarias (como las manifestadas por Donoso Cortés). Los constructores del Estado administrativo español, salvo puntuales casos, fueron del partido moderado, aunque la primera reforma administrativa de notable calado, centrada en el ramo de Hacienda, la impulsó un ministro del absolutista Fernando VII como fue López Ballesteros, que serviría de modelo a la reforma auspiciada décadas después por Juan Bravo Murillo, un político conservador (con algunos rasgos de bonapartismo) que, a pesar de ello, llevó a cabo una obra modernizadora en algunos ámbito ministeriales por los que transitó. Sin duda, esas referencias estarían incompletas sin hacer mención a Javier de Burgos que, si bien muy anterior en el tiempo,  dio forma en 1833 a la obra aún incipiente del Estado administrativo (división provincial, subdelegados de fomento, luego gobernadores civiles, etc.). El Estado, en todo caso, fue escuálido, aunque las lógicas clientelares, el propio caciquismo y las cesantías, se fueron incubando en esos años, tal como analizó con detalle el profesor Alejando Nieto en una excelente obra (Los primeros pasos del estado constitucional, Ariel, 1996). Tales patologías echaron raíces profundas en la era isabelina y en el sistema político de la Restauración. Tal como dice el autor de la obra reseñada, “el cemento del moderantismo fue la corrupción”. La construcción del ferrocarril y otros muchos aspectos sirvieron de vivero de prácticas oscuras. De aquellos polvos vienen estos lodos.

La formación de un Estado pivota generalmente sobre dos ejes: Hacienda y Ejército. A este se añade el control del territorio. Las ideas de construcción del Estado en España se generaron en la década de 1833-1843, mientras que la verdadera  materialización del Estado, entendido como Administración Pública, se hizo efectiva sobre todo en la década 1844-1854, durante la llamada década moderada. La construcción de la Hacienda Pública fue lenta y no se cerró hasta la etapa de la Restauración, con las delegaciones provinciales de Hacienda, una vez que los recursos estadísticos eran ya más consistentes. El poder necesita datos y no estimaciones, especialmente la Hacienda para gravar adecuadamente los hechos imponibles. El Ejército, por su parte, “constituía un elemento imprescindible para la construcción estatal”. La construcción de cuarteles y los hombres llamados a filas “transformó la mente de miles de hombres”. Sin embargo, la intervención del Ejército en política fue abrumadora, al menos durante buena parte del siglo XIX. Aunque en el libro tenga poco protagonismo. También marcó tendencia.

El tránsito hacia el Estado administrativo está muy bien tratado en la obra. Sus antecedentes también, tanto comparados como doctrinales. Resalta el autor el papel de algunos ideólogos de esa Administración, y entre ellos centra su foco de atención en Alejandro Oliván, y en su obra De la Administración Pública con relación a España, que el profesor Eduardo García de Enterría prologó en su momento. Para Oliván, idea clave que resalta Juan Pro, “el poder ejecutivo no es uno más entre los tres poderes del Estado cuyo equilibrio debe asegurarse; sino, por el contrario, (es) la verdadera encarnación del Estado”. En esta lectura (con fuertes hipotecas del liberalismo doctrinario; no olvidemos que la formación del oscense Oliván era predominantemente francesa), está larvada una concepción que prácticamente elimina la separación de poderes y refuerza la tendencia hacia un Ejecutivo dominante, cuando no a formas travestidas de un parlamentarismo falso que abrieron tiempo después las puertas a soluciones autoritarias y dictatoriales. Bien es cierto que ello se templaba con una idea, un tanto idílica, de la Administración como contrapeso. Algo que, durante el siglo XIX, los hechos desmentirían una y otra vez; aunque la aparición de los cuerpos especiales tecnificara el escenario.

Interesante también es la configuración del poder local que, doctrinalmente, analiza a través de la obra de Ortiz de Zúñiga, donde la concepción corporativa y no política de la administración local se impone. Una idea que terminó arraigando en las leyes y se coló literalmente en la Constitución de 1978. La concepción de un Ayuntamiento como corporación  prestadora de servicios, ajena formalmente a la política, aunque brazo ejecutor del Gobierno, centrada en aquellos momentos en ejercicio de funciones de policía (limpieza, orden y regularidad), se le pretendía alejar de la política, cuando esta, sin embargo, la abrazaba sin recato. La administración local, ayuntamientos y diputaciones, es tratada por el autor en el último capítulo del libro, pues –a su juicio- fue clave para la construcción del Estado, máxime cuando la Administración central apenas llegaba al territorio, siendo el nivel local administrativo quien ejercía complementariamente muchas de las competencias y deficiencias que el propio Estado tenía en aquellos momentos. Las tesis del liberalismo progresista quedaron –salvo períodos muy cortos de tiempo- borradas del mapa. La autonomía local era un pío deseo.

En suma, la construcción doctrinal del Estado administrativo español se hizo sobre bases del moderantismo conservador y de esas filas –con excepciones muy puntuales como Posada Herrera (un liberal templado) o Alcalá Galiano, que matizó con el paso del tiempo su radicalismo liberal y se incorporó, como estudió atentamente Ángel Garrorena, a las filas del moderantismo liberal- salieron los arquitectos del Derecho Administrativo español. La influencia de las experiencias institucionales y doctrinales francesas fueron dominantes, aunque también hubo impronta alemana.

La construcción de la burocracia

Desde el punto de vista de la acción política la tarea de reformar la Administración y su burocracia recayó en las espaldas de Bravo Murillo, a quien se le encargó, como se dijo, “poner en marcha el carro del Estado”, que estaba parado. La escuálida base ministerial (en 1847 sólo había 7 ministerios), se apoyaba en una no menos frágil burocracia pública (que se movió entre los 70.000 y 100.000 empleados públicos desde 1830 a 1900), corroída además por la inestabilidad que significaba el sistema de cesantías, salvo en determinados cuerpos especiales de funcionarios (ingenieros, por ejemplo) donde la estabilidad fue la regla. A ellos se añadían otros tanto empleados locales, cuyo desempeño estaba siempre teñido por prácticas de caciquismo y de clientela. El autor pone de manifiesto los datos positivos de ese proceso de construcción de la burocracia y se detiene menos en las secuelas negativas. Y siendo cierto, que lo fue, que se produjeron avances importantes en la consolidación de un sistema profesional de función pública en determinados ámbitos (cuerpos de Hacienda, estadística, cuerpos de ingenieros, etc.), también lo es que las prácticas clientelares en el empleo público siguieron dominando la actuación de buena parte de una clase política educada en esa “cultura” y que, de forma silente sin apenas darnos cuenta, se ha ido trasladando hasta nuestros días. No era entonces una cuestión sólo de España, ciertamente, pues esas prácticas con otras denominaciones (patronazgo, clientela, etc.) proliferaban en otros países, hoy en día democracias avanzadas (Reino Unido, Francia, etc.). No en vano Tocqueville en un discurso parlamentario en 1842 se quejaba amargamente de ese rasgo genuino francés como era “la pasión creciente, ilimitada, desenfrenada por los empleos públicos”.

Fue, como se ha dicho, Bravo Murillo quien, siguiendo la estela de reformistas anteriores, puso en marcha esa Administración que pretendía ser una máquina disciplinada y eficaz al servicio del poder ejecutivo. Aunque su reforma dejó extramuros a los cuerpos especiales, que paradójicamente serían quienes se profesionalizaran, obteniendo la ansiada inamovilidad. Abordó el acceso por mérito, pero no cerró la sangría de las cesantías. La articulación de una Administración sobre una escala de Jefaturas es, curiosamente, herencia de aquel momento, que sobrevive incólume 170 años después. Sin embargo, todo ese intento de modernización lo empañó el favoritismo político, las fidelidades políticas, el nepotismo y la corrupción que fueron echando hondas raíces sobre un edificio formal que aparentaba ser lo que realmente no era. Se impuso la “recomendación” y reinó, así, la arbitrariedad. Una sociedad con pocas alternativas de empleo alternativo fomentaba el intercambio de favores y la búsqueda de algún valedor (cacique, gobernador, parlamentario o ministro) como medio de ingresar en la nómina de la Administración. Que esto siga existiendo casi dos siglos después no deja de mostrar sino que el reloj de transformación de lo público se paró en seco en España y en todos sus territorios hace una eternidad. Aún así, las “oposiciones” hicieron entrada en algunos cuerpos del Estado (los cuerpos especiales), que gradualmente con el paso del tiempo serían los más prestigiados, aunque sólo fuera por sus exigencias de acceso, creando una función pública asimétrica, profesional (y hasta cierto punto elitista socialmente), por un lado; y altamente desprofesionalizada o unida umbilicalmente a la política, por otro. Un modelo que también paradójicamente ha llegado hasta nuestros días.

Final

El libro objeto de esta reseña es, por tanto, una obra imprescindible para conocer la construcción del Estado en España. Aporta mucho más de lo que aquí, en esta ya larga reseña, se ha expuesto. La tesis del autor puede calificarse como prudente y equilibrada. Y ello se manifiesta principalmente en el capítulo 10 titulado “Hacia el cierre del proceso”. Allí reconoce que fueron los moderados (conservadores) quienes “definieron las líneas maestras del Estado, poniendo en pie sus componentes fundamentales durante largos períodos en que estuvieron al frente del Gobierno en el reinado e Isabel II”. Como bien se afirma: el resultado final (de España) “se parece más al plan del partido moderado”. Pero añade que tanto la Unión Liberal como los progresistas corrigieron puntualmente esa reformas en aspectos sustantivos (desamortización, Banco de España, Poder Judicial, Instituto Geográfico, etc.). Pero, por lo común, la construcción de las instituciones centrales del Estado (con algunas excepciones singulares), particularmente de la Administración Pública y de su burocracia se han hecho siempre bajo la égida política del conservadurismo e incluso de la derecha autoritaria (solo el paréntesis reciente del ministro Jordi Sevilla ha sido una excepción a la regla). Poco interés ha mostrado el progresismo, el republicanismo (salvo, puntualmente, Manuel Azaña) y la izquierda, en general, en construir o reformar las instituciones públicas. Su afán de adanismo político o constitucional siempre le ha podido. La Administración ha sido cosa del conservadurismo. Y así ha llegado hasta nuestros días. Como también dijo Tocqueville, “la historia es una galería de cuadros donde hay pocos originales y muchas copias” (El Antiguo Régimen y la Revolución, 1969, p. 102).

En verdad, desde un enfoque ideológico y de política constitucional, el Estado en España se construyó sobre bases del liberalismo doctrinario que tuvo corta vida en su país de origen (Francia) y muy larga en España. Pero eso es tema para otro día.

Más complaciente con la realidad española se muestra finalmente el autor en el plano comparativo. Pues según él, en esa visión comparada, el país no sale tan malparado, al menos en ese siglo XIX, pues el ritmo de modernización de España fue comparable al de Italia o Portugal, aunque distaba mucho del existente en Francia y Gran Bretaña. Según el autor, que rechaza el adjetivo de débil, el fortalecimiento del Estado fue una realidad, que pasó incluso la prueba del desastre del 98. Aunque a partir de entonces se detectan las tensiones entre una centralización (que no se había culminado realmente) y una descentralización como demanda política de determinados territorios (Cataluña y País Vasco). A partir de aquí emergerá una tensión nacionalista, también española y territorial periférica, que llegará hasta nuestros días. Se abandona, según el autor, el patriotismo constitucional (si es que alguna vez realmente existió). Y así, en fin, entrado el siglo XX (1923) llegará la crisis del sistema político de la restauración, las dictaduras, la II República y la guerra civil entre medio, y, por fin, el régimen constitucional de 1978. Y aquí estamos. Tal vez, ante la parálisis total de reformas de una política cortoplacista y miope estratégicamente, estemos entrando apenas sin advertirlo en un proceso de deconstrucción de lo que, paradojas de la vida política e institucional (también cultural), nunca tal vez se había construido totalmente de forma efectiva, sino probablemente con muchos rasgos aparentes. Siempre será objeto de debate. Que no pretendo cerrar en estas apresuradas líneas.

 

“Sólo hay una virtud, la justicia; sólo un deber, ser feliz; y un corolario, no exagerar la importancia de la propia vida ni temer a la muerte” (Diderot)

 

La reseña que abre esta serie de entradas estivales (*), tiene por objeto una monumental obra sobre el siempre difícil y plural género de las biografías. La figura de Diderot es ampliamente conocida. En parte, aunque solo sea en parte, por su denodado y fructífero impulso para que viera la luz la Encyclopédie, uno de los motores fundamentales de la Ilustración, que dio pie a la sociedad en la que hoy vivimos y que muchos de sus postulados se están poniendo en entredicho en fechas recientes (democracias iliberales, populismos, revolución tecnológica y transhumanismo, etc.). No es tan conocida, al menos para mí no lo era, su vida, sus venturas y desventuras. Y de todo ello se ocupa este magnífico libro que lleva el título y subtítulo que da enunciado a esta reseña.

Sólo pretendo dar noticia de la publicación de tal obra, así como recomendar su lectura a quienes comulguen con la libertad de pensamiento y quieran aproximarse a la sugestiva trayectoria personal e intelectual de tan fascinante personaje. En verdad, la estructura de la obra desgrana los distintos momentos de la compleja existencia de un libre pensador en un sistema político como era el Antiguo Régimen; un contexto en el que, a pesar de todo, sobrevivió y subsistió con enorme dignidad, no sin la ayuda de la fortuna o de algunas personalidades públicas.

Aunque desde un punto de vista filosófico Diderot ha sido encuadrado dentro de la corriente radical de la Ilustración, tal como expone Jonathan Israel en una de sus más reconocidas obras (Una revolución de la mente. La Ilustración radical y los orígenes intelectuales de la democracia moderna), y reitera en otra posterior (Expanding Blaze. How American Revolution Ignited the World 1775-1848, PUP, 2017), en oposición a las tendencias más moderadas representadas por Voltaire, Montesquieu o Hume (que abogaban por la monarquía mixta), la figura del filósofo –por lo que luego se dirá- fue completamente ignorada por la Revolución francesa (sobre todo durante la etapa del Terror) conforme ésta fue abrazando con fuerza las tesis de Rousseau. Su reputación pública no volvió a primera línea hasta cien años después, en plena IIIª República, y gracias a la masonería que consiguió encumbrar a quien la Historia de forma absolutamente injusta había pretendido silenciar.

Sin embargo, las tesis de Diderot, aunque enormemente rompedoras en el momento en que fueron esbozadas (sobre todo su posición frente a la Iglesia o la monarquía absoluta, la defensa de la libertad e, incluso, con las limitaciones obvias del contexto que marcaron sus conductas y comportamientos, sus avanzadas tesis sobre la sexualidad o sobre el arte), bebían también (en ese trasvase inevitable), al menos por lo que a la política respecta, de posiciones moderadas, lo que quizás le alejó de los revolucionarios franceses conforme estos fueron radicalizando sus posiciones. En todo caso, Diderot falleció cinco años antes de proclamada la revolución, pero, al igual que Hollbach, alimentó sus orígenes. De eso no cabe duda alguna.

La espléndida biografía escrita por Andrew S. Curran transcurre desde el nacimiento y primeros pasos del personaje en la villa de Langres hasta su  llegada a París donde, tras diferentes hitos y accidentes (que son dignos de seguir), se sumergiría definitivamente en su frenética actividad intelectual que se prolongaría a lo largo de su vida, cuyo eje central fue la magna obra de la Enciclopedia a la que entregó buena parte de sus energías. Con enorme capacidad intelectual, aprendió la lengua inglesa, vivió de traducciones y se embarcó junto con D’Alembert, en la gestación del majestuoso proyecto intelectual antes citado. Tras su paso temporal por presidio (que marcó notablemente su actitud futura), Diderot vivió en un equilibrio nunca sencillo con un régimen aún absoluto, aunque con matices. Muchas de sus obras no vieron la luz hasta después de su fallecimiento y algunas tiempo más tarde. Y las que aparecieron o se atribuyeron a su autoría no cabe duda que generaron un revuelo incalculable.

La parte central de la comentada biografía la ocupa el papel de Diderot como motor efectivo y sus vicisitudes en el impulso del proyecto enciclopedista (más aún cuando d’Alembert se apartó). Como dice el autor, “lo que Diderot no acababa de ser plenamente consciente, en 1765, era de que él había hecho avanzar las ideas de la Ilustración de un modo que nadie, ni Voltaire, y menos aún Rousseau, había logrado hasta entonces” Al primero no lo conoció personalmente hasta el final de sus días, mientras que al segundo lo trató estrechamente y, dada su compleja personalidad, terminaron enemistados (algo que, con la personalidad del ginebrino, no era ninguna novedad).

Diderot fue un censor impecable de la Iglesia y de la monarquía absoluta. Tachado de “ateo militante y contrabandista de ideas ajenas”, tenía una creencia innata en la bondad de la humanidad y en la posibilidad de una ética natural y universal. Israel vincula estas ideas de Diderot como herencia de Spinoza, quien también influyó fuertemente sobre el barón de Hollbach, con el que Diderot tuvo estrecha relación. En su obra El sobrino de Rameu (a la que el biógrafo dedica un protagonismo estelar en la evolución de su pensamiento) descubre esa filosofía que, no obstante, evita difundirla, salvo en circuitos muy estrechos.

La filosofía política de Diderot aparece desperdigada en algunos fragmentos de esta obra biográfica. Son los últimos capítulos del libro dónde se condensan tales ideas. Por ejemplo, cuando narra su viaje a Rusia, invitado por la emperatriz Catalina la Grande, así como sus últimos años donde se mostró solidario con el movimiento insurgente americano y con la creación (todavía en ciernes) de lo que serían los Estados Unidos. Bien es cierto que en las voces de la Enciclopedia “Autoridad política” y algunas otras que se le atribuyen a Diderot ya se incubaba su filosofía política; pero lo cierto es que la mayor parte de las entradas sobre asuntos políticos de la magna obra de la Ilustración se debieron a la pluma del incansable amanuense De Jacourt (R. Soriano y A. Porras, Artículos políticos de la Enciclopedia, Tecnos, 1992; quienes describen la tarea de la dirección de Diderot como “titánica”). En efecto, en la voz “autoridad política”, parte de que el poder tiene su fundamento en el consentimiento de quienes son gobernados, y de que, una vez configurado de esa manera, todo poder tiene límites, afirmando que “no es el estado quien pertenece al príncipe, es el príncipe quien pertenece al estado”. En la voz “Soberanos”, vuelve a incidir en esta idea, trasladando la arquitectura conceptual de Montesquieu: “La experiencia de todo los tiempos revela que cuanto mayor es el poder de los hombres, más fácilmente sus pasiones les inducen a abusar de él: consideración ésta que ha determinado a algunas naciones poner límites a la potencia de aquellos a quienes se encargaba de gobernarles” (Diderot, Escritos Políticos, CEC, 1989, p. 27). Así que radical, en efecto, en algunas cuestiones, no precisamente en las de política constitucional.

En efecto, como bien subraya el autor, al margen de la influencia que tuviera, “la filosofía política general de Diderot era un reflejo de lo que podría caracterizarse como humanismo moderado”. No tenía nada de demagogo o revolucionario, “era básicamente un reformista”, que intentaba sin éxito convencer a los monarcas de la necesidad de reformar sus instituciones. Y ello explica su prematuro entierro intelectual por la Revolución francesa. Esas propuestas reformistas las intentó aplicar con Catalina la Grande, quien así como le acogió y avaló con fuerte apoyo financiero, también desoyó una y otra vez sus planteamientos. La emperatriz, en un ejercicio de política real, lo dejó muy claro: “Vos sólo trabajáis sobre el papel, que acepta todo, es maleable y flexible y no presenta obstáculos ni a vuestra imaginación ni a vuestra pluma, mientras que yo, pobre emperatriz, trabajo sobre la piel humana, que es mucho más picajosa y sensible”. Por consiguiente, “sus esperanzas de transformar a Rusia en un faro de la Ilustración estaban condenadas al fracaso”.

Aun así, Diderot continuó en el empeño. Con algunas obras duras o muy críticas con los gobernantes del momento (por ejemplo, Principios de Política de los soberanos; con máximas cargadas de profundidad y censura; algunas llenas de actualidad: “Cuando el odio ha estallado, cualquier reconciliación es falsa”; ver, Escritos Políticos, pp. 44 y ss.), o sobre la defensa encendida del papel del Estado en la educación (que se refleja, por ejemplo, en sus Observaciones sobre la Instrucción de la Emperatriz de Rusia; también en Escritos Políticos, pp. 183 y ss.). Particular importancia adquiere, ya en plena vejez, su toma de posición favorable sobre la revuelta americana y la traducción de (partes de) la obra de Thomas Paine, El sentido común. De ahí, el autor concluye lo siguiente: “No es exagerado decir que Diderot fue el único intérprete francés de importancia del excepcional experimento político que tenía lugar en la otra orilla del Atlántico”.

Como dijo el propio Diderot en el artículo de la Enciclopedia relativo a la “Inmortalidad”, escribir para las generaciones futuras había sido el impulso principal de su carrera. En el fondo suplir el paraíso con el reconocimiento por la posteridad, que aún así le fue negado un tiempo, pues cinco años después de su muerte, en 1789, “este defensor de los derechos humanos y la libertad, era atacado cada vez más como enemigo del pueblo”. Diderot fue, así excluido del panteón de héroes intelectuales de la revolución. Y tardó muchas décadas en ser restablecido. Caprichos de la memoria histórica, siempre gestionada por quien está en el poder. Pero como expuso décadas después un periodista liberal, frente a las posiciones de Rousseau y de Voltaire, “sólo Diderot, tras ciertas vacilaciones sin mayores consecuencias, demostró ser tan demócrata como era ateo”. Lo  cierto es que en su época fue un philosophe “incómodo”, que tendió a cuestionar “todas las autoridades y costumbres habituales recibidas, fueran religiosas, políticas y sociales”. En fin, como concluye el libro, “no es ni un Sócrates ni un Descartes, ni tampoco se reclamó nunca como tales; pero su fascinante y obstinada búsqueda de la verdad lo convierte en el más fascinante defensor en el siglo XVIII del arte de pensar libremente”.

Este libro es, sin duda, una excelente compañía para un verano diferente.  

 

 

(*) El período estival es, siempre, tiempo de lecturas. Este extraño año 2020, por las circunstancias de todos conocidas, quizás llame a cultivar más esa actividad, en particular cuando la actividad profesional tenga su merecido paréntesis. Tras el primer impacto del shock de la pandemia, y lo que vendrá después de septiembre, es momento, tal vez, de calmar los ánimos y recuperar el sosiego. Por tanto, este Blog, salvo momentos puntuales, se dedicará preferentemente durante estos meses veraniegos a tener como hilo conductor el comentario  de diferentes libros que, con mayor o menos vínculo con el papel central de las instituciones (en su más amplio sentido), aporten algún valor añadido, y puedan asimismo estimular la inquietud, en su caso, al lector interesado. Esta línea completa lo que ya se comenzó a hacer a principios de este año y que se interrumpió por el confinamiento. No obstante, como es harto sabido, y siempre reitero, sobre gustos no hay nada escrito. Y sobre libros, menos.