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LA MERITOCRACIA EN ESPAÑA: POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA (Y II)

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“Cuando la gente se queja de la meritocracia, suele hacerlo no porque esté en contra del ideal, sino porque entiende que no se está llevando a la práctica (…) Se trata de una queja muy válida. Pero, ¿y si el problema fuera más profundo? (Sandel, La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?, Debate, 2020)

“Vivimos en el país de las recomendaciones y del favor personal. La amistad es aquí la suprema razón de la existencia, así en lo grande como en lo pequeño, así en lo individual como en lo colectivo” (Galdós, Episodios Nacionales 24, Luchana, Alianza Editorial)

Preliminar

Tal vez, para enfocar correctamente el problema, conviene mirar retrospectivamente cómo emergió el principio de mérito y qué consecuencias tuvo. Aunque este es un tema que el libro de Sandel no trata. Todo lo más, incorpora unas interesantes reflexiones de Jefferson, recogidas en su obra Notas sobre Virginia, donde, el autor de la Declaración de Independencia, apostaba por un sistema educativo gratuito que se abriera a los talentos, también procedentes de las clases pobres, mediante un cribado paulatino de aquellos alumnos que ofrecieran tales atributos. Este plan aseguraría, así, “la selección de jóvenes sobresalientes entre las clases más pobres, (y proporcionaría) al Estado aquellos talentos que la naturaleza ha sembrado liberalmente entre los pobres como entre los ricos, pero que perecen por desuso si no se persiguen y se cultivan” (cita literal extraída de Autografía y otros escritos, Tecnos). Sandel se apoya en una expresión que utiliza Jefferson para mostrar que el sistema elegido (una suerte de antesala a la conocida como “igualdad de oportunidades”) incubaba un efecto no deseado, pues gracias a este sistema selectivo gradualmente aplicado “veinte de los muchachos con más talento serían extraídos del deshecho” (el traductor de la obra de Sandel utiliza la noción morralla). Esta selección meritocrática ya preveía un descarte (y estigmatizaba a quien no superara tan exigentes filtros), pero además la dimensión del mérito como “ascensor social” podía incurrir en los vicios que el autor delata de la propia meritocracia: soberbia meritocrática por la “posición” adquirida (o como mirar por encima del hombro a los demás). 

El plan de Jefferson nunca se llevó a efecto. Pero sabida es la influencia que ejerció Jefferson sobre la redacción de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, donde a diferencia de la Declaración de Virginia, se contenía en su artículo 6 una expresa referencia, aunque no textual, al principio de mérito en el acceso a cargos y funciones públicas: “Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles en todas las dignidades, puestos y empleos públicos, sin otra distinción que sus virtudes y talentos”. Sobre ello volveré.

Política, representación y meritocracia

Como bien dice Sandel, las versiones tradicionales de la meritocracia política hacen hincapié en que, “entre los méritos relevantes para gobernar, está la virtud moral y cívica”, puesto que se parte del presupuesto de que el bien común se asienta, siquiera sea parcialmente, “en la educación moral de los ciudadanos”. Esta mirada tradicional se quiebra por completo con la versión tecnocrática de la meritocracia que, a su juicio, “corta el vínculo entre mérito y juicio moral”, pues aboga por ensalzar un conocimiento experto tecnocrático como base de las decisiones. El autor es muy claro al respecto: “el mérito tecnocrático no solo ha fallado como modo de gobierno, sino que también ha estrechado los márgenes del proyecto cívico”. El debate político actual (si se puede hablar en estos términos) se asienta sobre dos premisas contradictorias: el discurso gerencial o tecnocrático, por un lado; y, por otro, “un combate a gritos que cada parte habla sin escuchar a la otra”. La política española actual está totalmente condicionada por este esquema dual, si bien más pervertido aun, pues el conocimiento experto se politiza interesadamente, dado que es asimismo contradictorio. Los políticos tecnócratas se mezclan con los demagogos. No hay discurso público robusto desde el punto de vista moral o, peor aún, falla la persuasión política y, por tanto, todo se fía a la responsabilidad individual, desigual o inexistente. La política es todo fachada, comunicación de baratija o puesta en escena (imagen). La esencia de la política se desnuda: sólo interesa obtener y retener el poder, no para qué sirve: el bien común se manosea groseramente, como la Constitución, las instituciones o las ideas.

Particular interés tiene el capítulo dedicado por Sandel al “Credencialismo” (lo que podríamos llamar a aquí como titulitis o la fascinación  que despierta, propia y ajena, el Currículum Vitae de los políticos). La política también se ha visto abrazada por ese afán de credenciales que, en nuestro caso, se vehicula a través de los CV difundidos por una transparencia mal entendida. El autor no dice que “lo que llama la atención, sin embargo, no es que los políticos inflen sus credenciales universitarias, sino que sientan la necesidad de hacerlo”. Esgrimen títulos inexistentes, trampean másteres, doctorados o carreras universitarias, elaboran tesis de una factura impropia de cualquier estándar mínimo de calidad académica (lo importante es tener  el título, no como se haya obtenido ni a través de qué medios). Da la impresión de que no se puede ser político hoy en día si no se acreditan credenciales universitarias, cuanto mayores mejor. Y esto pervierte el sistema o el propio modelo de representación. Como bien dice Sandel, entre un 95 y un 100 por ciento de los miembros del Congreso estadounidense son graduados universitarios, cuando en la población esos porcentajes apenas alcanzan, en muchos casos el 25/30 por ciento. Prácticamente, ningún miembro de la clase trabajadora accede a tales cargos representativos, tampoco en las cámaras de los Estados miembros. No dispongo de datos de España, pero no estarán muy lejos de esas cifras. En países europeos, tal como cita el profesor de Harvard, los porcentajes de mueven entre un 82 y un 94 por ciento de graduados universitarios entre los representantes del Parlamento.

En verdad, de forma silente, se está imponiendo, por tanto, una suerte de sutil resurrección del sufragio pasivo capacitario doscientos años después (los no universitarios votan, pero no son elegidos). La representación no se vertebra por la propiedad, como en los orígenes del Estado Liberal, pero sí por la capacidad o por el pretendido mérito o aval que ofrecen las credenciales que presumiblemente acrediten quienes aspiren a entrar en la nómina parlamentaria o gubernamental. La exclusión de facto de ¾ partes de la población de la representación pasiva o del derecho efectivo a ser elegidos tiene presumiblemente unos impactos brutales en el crecimiento del populismo, puesto que los partidos tradicionales, especialmente los de izquierda, representan principalmente a los profesionales, funcionarios o a las élites intelectuales o académicas. Hay que abrir de nuevo aquellas páginas de Benjamin Constant que abordaban en las primeras décadas del siglo XIX el problema de la representatividad con toda su crudeza: “Aquellos a quienes la indigencia retiene en una eterna dependencia (…) saben tanto de los asuntos públicos como los niños y no tienen más interés que los extranjeros en la prosperidad nacional, cuya composición desconocen y cuyas ventajas no comparten más que de manera indirecta” (Escritos políticos, CEC, 1989). Se ha vuelto, apenas sin darnos cuenta, a restaurar el “principio de distinción” o, mejor dicho, “la aristocracia representativa”, en términos de Bernard Manin (Principios del gobierno representativo, Alianza Editorial). Lo que no se puede decir es que, no obstante, al menos en nuestro caso, que quienes dicen tener credenciales o títulos no sean a veces menos ignorantes que el propio pueblo sobre el que “se superponen” con su púrpura y credenciales. Y ello, con muy puntuales excepciones, lo prueban cotidianamente con una verborrea parlamentaria carente de estilo, pobre en su léxico y ayuna de ideas.

El mérito en el Gobierno y en la Administración

La obra de Sandel sólo puntualmente se refiere a las proyecciones de la meritocracia en el Gobierno y con la Administración, pero aun así incorpora algunas ideas que son muy relevantes para acotar la incidencia del fenómeno. En efecto, muy relevantes son las reflexiones que el autor destila sobre el liderazgo presidencial, de las que algunos de nuestros pretendidos líderes deberían tomar buena nota. Retorna el libro a la idea del giro tecnocrático en el que está instalado el discurso público. Y a la vana retórica de “lo inteligente” que todo lo impregna, como mantra que pretende tapar la ineficacia gubernamental en la que la actual clase gobernante está plenamente alineada. Censura el carácter tecnocrático de Obama, por ejemplo; muy sesgado hacia una meritocracia del mismo carácter. Frente a la gran tarea del gobernante de ejercer la persuasión moral, la tecnocracia se basa en una recopilación y difusión de hechos y datos. Sin ninguna persuasión moral. Pero también, añado, rodeada de comunicación artificial y hueca, que haciendo uso del “púlpito privilegiado”  (expresión acuñada por Theodore Roosvelt), se utiliza para fines espurios que se envuelven “en un más que leve aroma a soberbia meritocrática”.

En ese marco, no cabe extrañarse que esa política encadenada en un discurso tecnocrático, se haya vuelto “cada vez más grosera y estridente”, pues ambas, “tecnocracia y esas peleas a gritos, tienen en común que ni el primero ni las segundas cultivan hábito alguno de razonamiento conjunto en torno a las concepciones diversas de la justicia y el bien común”. Esas son ideas que ya no cotizan en el mercado político y si lo hacen son sólo como expresiones de mera demagogia. El resultado, tal como sanciona Sandel, es descorazonador: los fallos de las élites meritocráticas con potentes credenciales educativas que gobiernan los Estados Unidos desde hace cuatro décadas, son estrepitosos. ¿Cabe trasladar ese juicio a España? En parte sí (en el fracaso) y en parte no (no son políticos con credenciales de élites universitarias, salvo funcionariales en los gobiernos de centro-derecha). 

El arte de gobernar exigía, según Aristóteles, acumular sabiduría práctica y virtud cívica. Me gusta más la definición de Adam Smith del buen estadista, que define así a quien tiene “la mejor cabeza unida al mejor corazón: Es la sabiduría más perfecta combinada con la virtud más cabal”.  Ahora, gobernar es gestionar información, datos, comunicar, vender humo y, todo lo más, llenar los discursos de promesas vacías o de insultos a la inteligencia, cuando no abrazarse a la tecnocracia, que tanto critica el autor. Sandel reconoce, no obstante, “que un gobierno o una administración esté dirigido por personas con un alto nivel educativo es algo por lo general deseable, siempre y cuando actúen guiadas por un criterio sensato y sepan empatizar con las condiciones de vida de las personas trabajadoras”. En cualquier caso, rápidamente nos advierte que, sin perjuicio de que ello sea así, “la historia nos atestigua un nexo bastante endeble entre la posesión de prestigiosas credenciales académicas, por un lado, y sabiduría práctica o el instinto para aprender el bien común aquí y ahora, por el otro”. Los líderes, más los actuales, están ayunos de tales capacidades y virtudes. Sin embargo, resuenan con fuerza las palabras de Isaiah Berlin, cuando se refería al don natural que tenían los verdaderos gobernantes. Con estas palabras diferenciaba magistralmente el papel del político auténtico frente al del intelectual o profesional: “Es lo que se llama variadamente sabiduría natural, comprensión imaginativa, penetración, capacidad de percepción y, más engañosamente, intuición, como opuestas a las virtudes marcadamente diferentes -admirables como son- del conocimiento o saber teórico, la erudición, las capacidades de razonamiento y generalización, el genio intelectual” (El sentido de la realidad. Sobre las ideas y su historia, Taurus). La pretensión de mezclar los roles y vestirse el político con el manto tecnocrático ha terminado por pervertir y anular su propia función, hasta transformarla en inocua. Ahora todo es gobierno inteligente (Smart) o populismo gubernamental barato, en el que la pobreza atrapa la esencia y la forma es incapaz de disfrazar la impotencia. Ya no hay ni capacidades políticas ni mucho menor persuasión política. Nadie les cree. Su discurso es de cartón piedra. Perdida la credibilidad, su razón de ser se extingue. Y el populismo invade todo. Rosanvallon ya ha advertido sobre tales peligros. 

El principio de mérito en la función pública

Nada dice Sandel de la aplicación del principio de mérito a la función pública, salvo una referencia incidental que no justifica el monumental vacío, y lo enmarca en el debate filosófico sobre el alcance real de la meritocracia y sus relaciones con la justicia: “La mayoría de nuestros debates sobre el acceso al empleo, la enseñanza y la administración pública tienen como premisa de partida la igualdad de oportunidades” (algo que, el propio autor, desmonta e incluso también demoniza con consecuencia tóxica de la propia meritocracia). Aun así, matiza y enmarca correctamente el problema: “Nuestros desacuerdos no son tanto sobre el principio en sí como sobre su correcta puesta en práctica”.

Y es en este punto donde conviene detenerse para cerrar este comentario. La lucha por la implantación del principio de mérito en la Administración Pública ha sido larga y, en algunos casos (como es nuestra realidad), muy deficiente y manifiestamente incompleta en sus resultados. No estamos en Estados Unidos, aunque allí el spoils system (lo que aquí llamaríamos clientelismo) campó a sus anchas durante gran parte del siglo XIX, extendiendo sus prácticas hasta las primeras décadas del siglo XX. El patronazgo en Inglaterra no cesó hasta el importantísimo Informe Northcote Trevelyand publicado en 1854, que fue el arranque del Civil Service profesional en lo que después sería el Reino Unido. Una lectura muy recomendable para entender su sentido.

En España la implantación del sistema de mérito fue mucho más accidentada e incompleta (este aspecto lo traté en la publicación de mi tesis doctoral: Políticas de selección en la función pública 1808-1978, MAP, Madrid 1989). Sólo los cuerpos de élite de la Administración establecieron históricamente sistemas meritocráticos de alto nivel de exigencia formal, muy orientados a la memorización de temarios y que, por el tipo de pruebas y exigencias, fomentaban, por lo común (con excepciones tasadas) la reproducción familiar y geográfica de esas élites. Esta meritocracia formal sigue instalada en 2020 con sus mismas patologías.  Y poco o nada han cambiado sus procesos de reclutamiento de élites. Al respecto hay un interesante estudio (que me ha proporcionado gentilmente el actual director del INAP, Mariano Fernández Encabo), donde se lleva a cabo un estudio estadístico con una muestra de 40.000 aspirantes y que, aunque acotado en su muestra a siete cuerpos de élite (alguno no tendría siquiera esa condición), contiene una serie de evidencias sobre la existencia de endogamia, género y procedencia geográfica por parte de la selección en tales procesos. Tal trabajo fue realizado hace años por Manuel F. Bagüés (¿Qué determina el éxito de unas oposiciones? FEDEA, 2005), pero me temo que muchas de sus hipótesis siguen perfectamente vivas. También ha habido una reiteración de sagas familiares en el acceso a determinados cuerpos, cuyos aspirantes tienen siempre mayores garantías de éxito. No cabe duda que, en estos caso, las tesis de Sandel pueden ser trasladadas, sobre todo por la enorme distancia que tales élites tienen de las preocupaciones sociales y, en fin, por lo que a la soberbia meritocrática atañe superar tales procesos selectivos (algunas veces de irracionalidad supina), sin caer en la cuenta que, unas veces ese éxito se debe a las condiciones favorables en las que esos candidatos compiten, otras a la suerte y, en fin, también -como reconociera Jefferson- a las diferencias de talento. Lo mismo, corregido y aumentado, existe en otros ámbitos de la actividad funcionarial de élite, como es el profesorado universitario o el personal investigador. Pero ello requeriría un tratamiento monográfico, no siendo quien esto escribe la persona más idónea para tal menester. La soberbia falsamente meritocrática y el distanciamiento (o alejamiento total de la realidad circundante), aparte de una endogamia tribal, son males endémicos que aquejan los pilares de un débil mérito en el sistema universitario español. Cuanto talento universitario ha tenido que emigrar, 

Salvadas estas patologías, la exigencia del principio de mérito en España para el acceso a la función pública requeriría un replanteamiento absoluto que ahora no puede hacerse, pero no para derrumbarlo (al margen de toda sospecha que suscita, según Sandel; pero que cabe contextualizarla en su propia obra), pues entre otras cosas es un principio constitucional, que sólo cabe aplicar adecuadamente y con la ponderación y mesura debida, pero sobre todo para facilitar que en el servicio público ingresen quienes tengan competencias profesionales acreditadas, capacidad de adaptación a entornos cambiantes, sensibilidad social y vocación (ética) de servicio público. Pero no sólo en el momento de atravesar el Jordán y besar la tierra prometida (superar las oposiciones), sino a lo largo de toda su trayectoria funcionarial; pues no en vano de su mejor desempeño (y esto es lo importante de un mérito bien entendido) dependerá el bien común y la dignidad de la ciudadanía. Aunque haya todavía muchas personas hoy en día que no entiendan qué significa realmente tan bello ideal. Esa carencia tiene una solución fácil: lean el libro de Michael J. Sandel. Una obra excelente y polémica.  De las que permiten reflexionar. Y eso es lo importante.

MERITOCRACIA (I)

(Reflexiones a propósito del libro de Michael J. Sandel, La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?, 2020)

SANDEL

“Lo cierto, sin embargo, es que no existe ninguna correlación entre ser bueno y ser grande. Tanto para las naciones como para las personas, la justicia es una cosa y el poder y la riqueza, otra bien distinta” (Sandel) 

“La manera en que una sociedad honra y recompensa el trabajo es fundamental para su modo de definir el bien común” (Sandel) 

El debate sobre la vigencia y efectos del principio de mérito está ardiendo, al menos así se constata en numerosas e interesantes aportaciones que últimamente se han escrito sobre tan relevante objeto. La importante contribución del reciente libro de Sandel ha echado leña al fuego. Se trata de una obra muy estimulante desde el punto de vista intelectual, francamente extraordinaria en su factura y que confirma algunas tesis que ya estaban esbozadas desde hace años (y que el autor recoge con fidelidad digna de elogio), aportando datos nuevos al análisis del problema.

En cualquier caso, La tiranía del mérito hay que contextualizarla correctamente. Leída desde España, donde el mérito es aún un principio ayuno en buena parte de la práctica social tanto pública como (en cierto modo) privada, donde el clientelismo político, las relaciones familiares (o nepotismo), el amiguismo y la vigencia todavía de una sociedad de favores mutuos, campan a sus anchas, y donde el prestigio de las Universidades está a años luz del panorama descrito por el autor en ese cogollo de la élite académica que  reúne a ese cogollo de centros académicos donde las bofetadas (y atajos) por entrar están a la orden del día, la prudencia a la hora de trasladar el diagnóstico que Sandel hace a nuestros pagos debe ser la guía por la que cualquier lector mínimamente informado debiera conducirse.

Aun con esas advertencias, que creo son oportunas a la hora de trasladar el esquema argumental de la obra a realidades sociales que no son homogéneas, si bien ofrezcan muchos paralelismos, el libro que se reseña tiene una importancia trascendental, puesto que pone de relieve un mar de fondo (que comenzó en Estados Unidos y ha terminado por ir contagiando a las democracias avanzadas) que revela un problema de ruptura frontal de la sociedad en dos grandes bloques, alimento crucial de la emergencia de populismos por doquier, algo que ya nos anunció -con otro esquema conceptual, pero de forma muy incisiva- el libro de Crhistophe Guilluy No society. La fin de la classe moyenne occidentale (Falmmarion, París, 2018; hay traducción española).

El contexto del libro de Sandel es muy claro: el elitismo universitario, cada vez más selectivo, ha producido un alejamiento de los estratos gobernantes de la población menos ilustrada, que se ha transformado en una suerte de desprecio, situando a las personas que surcan ese umbral entre los ganadores (los pocos) y los perdedores (la mayoría). Esa fractura aparentemente silente y cada vez más marcada tiene orígenes económicos, pero sobre todo sociales. Y la “cultura del mérito”, a mi modo de ver muy mal entendida o con expresiones muy patológicas, es uno de sus elementos causantes.

Que ello es así nos lo muestra el autor en la propia Introducción a su obra (“Conseguir entrar”), pues trata de cómo acceder a esas universidades de élite que servirán, a su vez, de puerta de entrada a la élite política, económica, cultural y social del país. Aspiraciones no sólo americanas sino también de ciudadanos del mundo. Dicho en términos más llanos, los que están llamados a mandar se educan (o forman) allí. La tesis del autor (al menos una de ellas, pues el libro contiene varias y muy sugerentes todas, tal como veremos) es si las soluciones a “nuestro inflamable panorama político” (aquí coincidimos en contexto) se encuentran en una vida más fiel al principio de mérito o, si por el contrario, debemos encontrarla en la búsqueda de un bien común más allá de tanta clasificación y tanto afán de éxito”. Un buen dilema para comenzar.

La primacía del mérito (al menos, insisto, la desviación patológica extrema del mérito), conjuntamente con otra serie de factores que el autor cita (globalización, neoliberalismo, deslocalización, economía financiera, etc.), ha conducido a una serie de heridas sociales profundas que no se manifiestan sólo en agravios económicos, “sino también morales y culturales”. Lo que se ha dañado es la estima social. Y sobre de esa herida, o de esa sangre, se ha alimentado el populismo, que desprecia esa forma tecnocrática de conducir la sociedad y la política. La fractura está muy clara: los profesionales (de élite) frente a los trabajadores, cada vez menos valorados y que engrosan la enorme bolsa de los perdedores frente a los ganadores, núcleo cada vez más selectivo. Y estos últimos gobiernan todo.  

Sandel repite hasta la saciedad una tesis ya esbozada en 1958, como el propio autor refleja, por Michael Young en su obra El triunfo de la meritocracia, “la ética meritocrática promueve entre los primeros (ganadores) la soberbia; entre los segundos (perdedores) la humillación y el resentimiento”. A su juicio, la queja populista va dirigida contra la tiranía del mérito. A los ganadores pronto se les olvida el papel de la fortuna y de la buena suerte en su propio destino. La mayor parte proceden de familias pudientes o bien situadas, pero los que ascienden tampoco reciben el beneplácito del mérito bien entendido, pues entran a forma parte de los vencedores y se alinean existencialmente con ellos. El autor critica duramente “la retórica del ascenso”, pues genera la percepción de que la persona es autosuficiente y hecha a sí misma: “Si mi éxito es obra mía, su fracaso debe ser culpa suya”.  De ahí concluye con facilidad, que “está lógica hace que la meritocracia sea corrosiva para la comunidad”.

No me adentraré ahora en los importantes detalles y matices que tiene esta obra sobre el impacto de la meritocracia en la actividad política y en la actuación gubernamental y administrativa, pues esta es una tarea que espero acometer en la siguiente entrada. Sí que es importante, sin embargo, la idea que atraviesa el libro de que “la pérdida de trabajos a causa de la automatización y la deslocalización” ha conllevado una cada vez menor valoración de los trabajos no intelectuales o profesionales (de élite), y ello es un auténtico hervidero de pasiones populistas entre los más desfavorecidos. Los lazos sociales se han roto, y coexisten, cada vez de forma más marcadas, sociedades paralelas, que nunca se encuentran aunque circunstancialmente coincidan en un determinado espacio.

La obra se adentra también por los senderos religiosos del principio de mérito. La ética protestante, o la exageración calvinista, que ya santificaba a los ganadores y condenaba a los perdedores; aunque esas sociedades, como bien recuerda, al ser estáticas no alimentaban la vana idea del “ascensor social”, que en nuestro caso funcionó para crear unas clases medias que cada vez están más asediadas y en trance de gradual desaparición. También se centra Sandel en el daño que la meritocracia ha causado sobre las opciones ideológicas de izquierda o centroizquierda. No sólo echó raíces (y profundas) en la derecha neoliberal. Ni Clinton, ni Obama, ni Blair, ni tampoco Hillary Clinton, salen bien parados de este relato, pues sus discursos y acciones les revelan como verdaderos adalides, a veces inconscientes o ingenuos y en otras ocasiones convenidos, de la meritocracia. La fuerza del neoliberalismo ha terminado por empujar las débiles murallas del liberalismo de izquierdas. Algo que también se advierte (y esto es de consumo propio) en la desaparición de la escena política de la solidaridad endógena (en la propia sociedad en la que se habita) y su despliegue testimonial sobre una solidaridad exógena (con los países desfavorecidos), que lava conciencias.

En fin, la tesis que también reitera el autor es que “existen razones para pensar que la antipatía populista hacia las élites meritocráticas tuvo su importancia en la elección de Trump y en el sorprendente resultado del referéndum en Gran Bretaña”. En poco tiempo veremos si todo esto se confirma. Pero lo más trascendente de la tesis de Sandel radica en su concepción de la meritocracia estadounidense como “un cóctel tóxico”, pues “en condiciones de desigualdad galopante y movilidad estancada reiterar el mensaje de que somos individualmente responsables de nuestro destino y merecemos lo que tenemos erosiona la solidaridad y desmoraliza a las personas a las que la globalización deja atrás”. También advierte frente a la retórica del ascenso, que cuanto más se repite, también por la política, “comienza a haber motivos para sospechar que ya es una falacia”. Más aún cuando la desigualdad es cada vez más creciente. Y este razonamiento, sí que tiene extensión más allá del contexto de los Estados Unidos, particularmente en nuestro país, aunque no sólo. Pues ello genera frustración y desesperanza, como formas de descontento social que cada vez están creciendo de forma perceptible en determinadas capas de la población.  

No vale con decir que quien se esfuerza lo consigue, porque ello es verdad a medias o en algunos casos ni siquiera verdad. La movilidad social es un ascensor averiado. Y tampoco vale, a juicio del autor, con poner todos los huevos en la cesta de la educación, pues depende cómo se haga puede resultar un fiasco, que se manifiesta en lo que él denomina el “credencialismo” (y aquí llamaríamos “titulitis enfermiza”). En este punto la realidad estadounidense y la española de bifurcan, al menos hoy en día. La obsesión de Sandel son las universidades de élite y su restringidísimo acceso. La educación (mal entendida) deriva en ese credencialismo que se transforma fácilmente en “soberbia meritocrática”. Y ello produce ese malestar al que nos venimos refiriendo, así como “actitudes corrosivas para la dignidad del trabajo y de la clase trabajadora”. La élite profesional toma el poder por asalto, pues se sitúa en el cielo y de allí observa, entre benefactora y displicente, al resto del universo. A su juicio, la universidad (estadounidense) “se ha convertido en un símbolo de privilegio credencialista y de soberbia meritocrática”.

El puente argumental lo sitúa el autor a la mitad de la obra, cuando expone: “Enfrentarse a los fallos de la meritocracia y la tecnocracia es un paso indispensable para abordar ese descontento y volver a concebir una política del bien común”. Cómo ha de hacerse esa transición es algo que el profesor de Harvard nos pretende resolver al final de la obra, con soluciones bien es cierto de sesgo marcadamente académico que, aparte de racionales y sensatas, difícilmente serán comprensibles por el común de los mortales que no formen parte de esa élite a la que él mismo pertenece. Esa es la paradoja de su propio discurso, pues al fin y a la postre él mismo es profesor afamado de la Universidad de élite por excelencia: Harvard. Las cuestiones más filosóficas del debate sobre el mérito las plantea en el capítulo V, que aquí no abordaré, pero el discurso sigue anclado en su diagnóstico inicial (que hereda del sociólogo británico antes citado): “Una sociedad que posibilita que las personas asciendan, y que exalta esa ascensión, está emitiendo al mismo tiempo un duro veredicto contra aquellos que no lo hacen”. Cuidado cómo se interpretan esos matices, pues habrá quien piense que el autor se desliza hacia un falso igualitarismo, lo cual no es cierto. Una vez más, aparece la sombra del éxito (del mérito) o del fracaso. Ganadores y perdedores. La pregunta pertinente es, por tanto, hasta qué punto la meritocracia es en sí un ideal defectuoso. Probablemente tal cuestión debería contextualizarse y comprender también qué consecuencias tiene en cuanto a diferencias de escala, así como si una meritocracia bien gestionada quiebra o rompe la armonía social, la tensa, puede llegar incluso a ser funcional o también ayuda a la cohesión social. Hay ejemplos de todo. Y malos ejemplos, también. Dependerá de dónde se proyecte, cómo se aplique y en quién se encarne.

La manía “clasificadora” (una de cuyas expresiones son los malditos rankings) la trata Sandel desde la óptica de acceso al selectivo club de las Universidades de élite americanas (Harvard, Yale, Stanford, etc., o del  club de la Ivy League). El libro, y esto es importante tenerlo en cuenta, está muy trufado con ese contexto. Tal enfoque, sin embargo, ofrece lecciones muy jugosas, por ejemplo la de que “el rival más poderoso del mérito es la noción de que nuestra suerte escapa a nuestro control”. Según sus palabras, el mérito “resulta mezquino con los perdedores y opresivo con los ganadores, (pues) termina convirtiéndose en un tirano”. 

La parte más propositiva, una vez desmenuzado el diagnóstico del problema, se halla en la idea del reconocimiento del trabajo o, si se prefiere, en la dignidad perdida que debe recuperar el trabajo, una herida muy profunda causada a la clase trabajadora. Sandel propone aquí algo muy razonable: el empleo, cualquiera que este fuera, debe ser “también una fuente de reconocimiento y estima sociales”. Describe perfectamente las dramáticas “muertes por desesperación” como motivo de la crisis industrial, las fuentes del resentimiento, la quiebra del sueño americano, así como los temores que acechan (ya están aquí) con el proceso de automatización del trabajo. El crecimiento económico de la globalización conduce a “un persistente incremento de la desigualdad”.

¿Y dónde están las soluciones? Aquí, el autor esboza un recetario con el que resulta difícil no estar de acuerdo (la agenda política debe prestar atención tanto a la justicia contributiva como a la distributiva; definir el bien común como suma de preferencias de toda la ciudadanía; favorecer una concepción cívica; reforzar la deliberación con nuestros conciudadanos; superar la economía política solo preocupada por la magnitud del PIB y su distribución; evitar el empobrecimiento de la vida cívica; etc.). Mucho énfasis en la deliberación como receta, que siendo compartida, no deja de ser en muchos casos un pío deseo. Los hechos van por otros derroteros. Su gran solución, que cabe compartir plenamente, es dignificar el trabajo (algo que avala, y así lo señala, por la importancia de determinados empleos durante la pandemia, como cajeros, repartidores, trabajadores esenciales, etc.), utilizando además el sistema fiscal para ello (“desalentado la especulación y mostrando respeto por el trabajo productivo”.

El problema para el premiado con el Príncipe de Asturias en ciencias sociales en 2018 es sobre todo moral, aunque también político. Las cuestiones morales subyacen a nuestros sistemas económicos y a esa concepción tecnocrática o meritocrática formulada en términos patológicos. Ciertamente que sus efectos duros están fracturando la sociedad y quebrando el sentido de pertenencia, que se debe cultivar para generar “un sentido de comunidad suficientemente robusto como para que los ciudadanos puedan decir (creer) que “todos estamos juntos en estos”; no como un conjunto ritual de crisis (idea, por cierto, muy interesante), sino como una descripción realista de nuestras vidas cotidianas”. La duda que nos cabe tras leer esta magnífica obra es si no se ha puesto demasiado peso en el fardo de la meritocracia como factor profundamente desestabilizador de las sociedades occidentales. Como todo en la vida, habrá algo de cierto, más aún en el contexto que el autor focaliza su atención, y posiblemente requiera matizarse en otros. A ello nos dedicaremos en una entrada posterior, donde volveremos sobre el principio de mérito, su proyección en la política, en el gobierno y en la administración; pues de ello, aunque sea incidentalmente, también se ocupa Michael J. Sandel. Allí me remito.

EL PARTIDO DE LA LIBERTAD, LOS INTELECTUALES Y LA RECUPERACIÓN DE EUROPA

TRIFOLIUM

“Al final la inteligencia sin carácter es mucho peor que la más completa imbecilidad”

(Albert Camus. El partido de la Libertad. Discurso Homenaje a Salvador de Madariaga, 2020)

Albert Camus escribió un delicioso discurso en el acto homenaje a Salvador Madariaga con motivo de su setenta cumpleaños. El acto estuvo avalado por personalidades tales como Robert Schuman, Pau Casals, Marcel Bataillon, Gregorio Marañón y Bertrand Russell, entre otras muchas. El discurso lo tituló Le parti de la Liberté, y ha sido publicado en edición bilingüe por la editorial Trifolium (Granada).

El discurso, breve e impactante, no tiene desperdicio. Se inicia con una frase de Nietzsche: “Optarás por el exilio para decir la verdad”. Y, aunque no siempre se opta por ello, vivir aquí y ahora requiere “militar en tan duro partido”, lo que implica “amar incondicionalmente la verdad y la libertad”. Y ello fue lo que caracterizó a Salvador de Madariaga, quien con finura y honor fue “signo de decencia”. Hombre cortés, pero también fiero combatiente, como así lo define el premio Nobel. No nos interesa ahora entrar en el personaje objeto de tal discurso sino en el discurso en sí mismo, pues Madariaga despertó pasiones encontradas al buscar un punto de equidistancia en una era de total confrontación (polarización, diríamos ahora). Y, en esas circunstancias, estar en medio ya se sabe qué riesgos tenía. Le pasaron factura larga.

El discurso lo pronuncia Camus el 30 de octubre de 1956, en plena guerra fría y tras la invasión de Hungría por el ejército de la URSS para “devolver el orden” tras la revolución allí acaecida. Ello es importante para contextualizarlo debidamente. La intelectualidad estaba entonces dividida, aunque una buena parte de ella callaba ante tales desmanes o atropellos. Y Camus reivindica al intelectual sobrio, comprometido y sobre todo libre. Salvador de Madariaga, a su juicio, entraba en ese tipo. El discurso pone el acento en “la clase de soledad en la que viven los que entre nosotros demandan grandes lecciones”. E incide en que “no nos sobran grandes ejemplos”; añadiendo “por no hablar del debilitamiento general del carácter e inteligencia entre aquellos que tienen el cometido de gobernarnos o representarnos”.

Albert Camus, en el contexto antes citado, rechaza los “elegantes razonamientos” de “los pensadores de la Izquierda” que justifican “la supresión del derecho a la huelga y las conquistas obreras” (dardo dirigido frente al silencio cómplice ante la invasión y la durísima represión que se desató después; justificada con unas crueles palabras de Chepilov, entonces ministro de exteriores de la URSS: “La tierra sigue girando”). La crítica que hace el autor francés a tal intelectualidad es demoledora, y no interesa ahora reproducirla. Pero lo importante es la apuesta en esa lucha interminable por la libertad que personaliza en la figura de Madariaga: “Su ejemplo y su obra nos han ayudado a entender cómo las posiciones cínicas y realistas tienen un prestigio decisivo”. Censura, así, a la “intelectualidad del mínimo esfuerzo”. Y ello conduce derechamente a la aparición de esa especie de intelectual que aún abunda: “El intelectual insensible, dispuesto a justificar cualquier horror en nombre del realismo”.

La paciencia y la firmeza fueron atributos de carácter de Salvador de Madariaga que Camus entroniza. El intelectual firme frente al intelectual insensible. Sus palabras sobre la perversa relación entre odio y justicia a lo largo de la Historia son impagables: “La justicia se diluye en el odio como los ríos en los océanos”. Son personalidades como Salvador de Madariaga las que evitan que se caiga en la desesperación frente al “desierto del mundo contemporáneo”. Y gracias a él, “los francotiradores como nosotros tenemos un partido”: Es el partido de la Libertad. Aquel en el que militan “las personas a las que los implacables y totalitarios insultan”.

La libertad es “la asunción de un deber cívico”, que es todo lo contrario a “la libertad para prosperar y hacer a otros morir de hambre”. Rechaza Camus los privilegios económicos como inaceptables, pero también advierte de que “la nivelación es lo contrario de la verdadera justicia”, y pone sobre aviso (en un pasaje que alarmará, sin duda, pero que anticipa el rebrote populista) en torno a que si bien es cierto que “el poder sólo se ve legitimado por la conformidad popular”, también lo es -a su juicio- que “el sufragio popular directo ha sido un fermento de anarquía o de tiranía”. Conviene contextualizar debidamente esa apreciación para no equivocarse de plano en el juicio.

Salvador de Madariaga se ocupó de la Historia, utilizando la gráfica expresión de Ortega de llevar “una guerra ilustrada contra la muerte”, y librando “un combate sin tregua contra las fuerzas de la noche en favor de la vida y de la libertad”. En una época en que “la disminución de la indignación” destilaba amargura, en la que “nuestros rebeldes se han vuelto hemipléjicos”, la denuncia del intelectual clarividente y no alineado resulta vital “para buscar esperanza de nuestra desesperanza; no hay tregua en el combate de la libertad”.

Tal vez encuentre el lector paralelismos inevitables con la situación presente. Aunque el contexto difiera y hayan pasado casi sesenta y cinco años desde estas palabras. Europa iniciaba entonces una fase de reconstrucción después de los dramáticos acontecimientos vividos. Hoy en día también Europa está sumida en este proceso postmoderno que se asienta sobre los dos pilares impulsados desde Bruselas de Recuperación y Resiliencia. No hemos salido de ninguna guerra convencional, por muy mundial que fuera. Lo nuestro es una pandemia en un mundo globalizado (que todavía sigue, por mucho que se cante victoria), pero se pueden buscar, dentro de las innumerables diferencias, puntos de encuentro entre lo que allí pasó y lo que pasa ahora.

En la parte final del discurso, Albert Camus tiene una reflexión cargada de profundidad: “La Europa que hoy se construye con la sangre de los inocentes acabará pagando un precio terrible. No podremos festejar este renacer con gritos de alegría, pues para nosotros cada vida humana es irremplazable. Pero renacerá y la saludaremos gravemente, resurgirá en el Oeste y en el Este, en Madrid y Budapest”. Lugares hoy distantes, también políticamente, aunque comiencen a existir destellos que los aproximen. En todo caso, no hay nada que festejar ni nada de que alegrarse, tampoco ahora. Aun así, concluye Camus con palabras de esperanza: “Será la gran institutriz de la libertad y el orden que usted soñó”. Su profecía se cumplió, aunque corre el riesgo de volver a quebrarse por las torpezas propias y el ascenso imparable del populismo que acecha nuestros sistemas democráticos.

En cualquier caso, la sociedad del ayer celebraba que un intelectual cumpliera setenta años. Alguien que había batallado siempre por la verdad y había renegado del silencio cómplice. Hoy en día, cuando la muerte se ceba sobre ancianos a quienes la sociedad desprecia con silencio y el poder con desprecio o desinterés, y ya nadie reivindica la sabiduría de la edad ni de la intelectualidad distante o no alineada que se opone al refugio de trinchera en tribus rivales, cobran su pleno sentido las palabras de Camus dirigidas al homenajeado: “Se lo debemos a personas como usted. Se lo debemos a todos aquellos que, sencillamente, han seguido adelante sin miedo ni odio. Esta es la razón por lo que no le desearé el descanso que otros estimarían más que merecido. Lo necesitamos a usted”. O, dicho de otro modo: “Nos sentimos afortunados de haber sido sus contemporáneos”.  Bello y comprometido discurso, por mucho que a algunos guste y a otros duela.

UNA FUNCIÓN PÚBLICA PARA TRANSFORMAR ESPAÑA (Y II)

FUNCION PUBLIC DIGITAL

La gestión integral de recursos humanos en las Administraciones Públicas está totalmente olvidada en la agenda política y reducida a la aplicación de las reglas jurídico-formales en la cotidiana administración ordinaria de las cuestiones de personal. No hay política de personal, tampoco apenas organización y gestión de recursos humanos, y sí mucha administración de personal, o lo que se denomina gráficamente (Gorriti-Toña) como ejercer funciones propias de “gestoría administrativa de personal” (nóminas, permisos, vacaciones, etc.).

También resulta obvio constatar que tenemos una selección de funcionarios cortada con un patrón tradicional y que no mide competencias sino (casi) exclusivamente conocimientos de programas o temarios propios del pleistoceno funcionarial, que tampoco atrae talento y que, además, en sus posiciones de élite, materialmente es un sistema altamente discriminatorio, social y territorialmente, así como nada atractivo para captar perfiles innovadores o tecnológicos (STEM) o de aquellas personas fuertemente cualificadas en competencias digitales, que son parte del núcleo básico de herramientas (junto con las habilidades blandas) que deberán acreditar los futuros funcionarios en los próximos años, mal que les pese a nuestras Administraciones Públicas que siguen seleccionando bajo pautas decimonónicas y con metodologías o procedimientos absolutamente caducos. En los próximos diez años la selección de personal será extensa e intensa (centenares de miles de empleos y muchos de ellos con perfiles absolutamente nuevos) en todas las Administraciones Públicas y es necesario reinventar totalmente su modelo institucional y su propio formato. El viejo esquema que asigna a un órgano directivo de la Administración (Direcciones de Función Pública o Institutos y Escuelas de Administración) organizar los procesos selectivos (con tribunales formados por funcionarios en activo), ha llegado a su estación de término. No puede funcionar más así. La existencia de Agencias de Selección o Comisiones Permanentes de Selección, con autonomía funcional e imparcialidad, será un modelo a explorar en todas las organizaciones públicas.

La formación continua de funcionarios sigue estando cortada igualmente con moldes envejecidos. Las instituciones de formación, como muchas otras de la función pública (por ejemplo, las Direcciones Generales de Función Pública y las Escuelas o Institutos de Administración), proceden de la reforma administrativa de mediados del pasado siglo, cuando ahora el entorno social, económico y digital de la Administración Pública nada tiene que ver con ese diseño. La política de función pública no es un asunto departamental (o ministerial), ni tampoco sectorial, es un ámbito que debería estar ubicado o  muy próximo a la Presidencia de Gobierno. Y gestionada de forma descentralizada institucionalmente a través de una Agencia (de Selección y Desarrollo Profesional, por ejemplo). También la selección de directivos.

Por lo común, en buena parte de las Administraciones territoriales el ingreso se consigue primero por la puerta falsa de las interinidades, luego bendecido por los pervertidos y generalizados  sistemas de concurso-oposición que tienen exigencias blandas (Xavier Boltaina), que no penalizan nunca a los que ya están para que puedan, así, sumar su mochila de puntos adquiriendo la condición de funcionarios de carrera y lograr la ansiada estabilidad para veinte, treinta o más años. Un sistema, aparte de ineficiente, de encaje constitucional más que dudoso, pues coloca en peor posición a quien no logró (por las razones que fueran) plaza de interino, y en todo caso penaliza al talento joven. ¿Qué será de la Administración Pública durante ese tiempo de varias décadas en que ese personal aplantillado quedará incrustado en las estructuras funcionariales ejerciendo en ciertos casos tareas que están llamadas a desaparecer (por ejemplo, auxiliares o administrativas)? A nadie importa. Ni qué hagan parece ser que tampoco. Se está gestando un pacto entre el Ministerio del ramo y los sindicatos para aplantillar directamente a todo el personal interino de larga duración. Un problema endémico en las Administraciones autonómicas y locales. Veremos cómo se articula y qué costes, directos e indirectos, tiene tal proceso. Quienes así ingresen (sobre todo si lo hacen con bajos niveles de conocimientos y destrezas)  es probable que, si no se les obliga a procesos formativos de adaptación exigentes y continuos, muestren todas sus carencias en poco tiempo. La pregunta será qué hacer con ellos, amén de retribuirles.

La formación inicial, cuando la hay, no es realmente selectiva; y sus contenidos distan mucho de ser los necesarios para afrontar las tareas funcionariales en el tercera década del siglo XXI en las Administraciones Públicas. La formación continua, también salvo puntuales excepciones, sigue todavía hoy el formato tradicional (edulcorada con power-point) que apenas añade valor a lo que realmente se hace, y si se configura como formación innovadora se topa de lleno con que tal aprendizaje tiene encaje complejo en la actividad real de las administraciones públicas. Por ejemplo, durante los últimos treinta años hemos formado en dirección pública decenas de miles de funcionarios que, en su mayor parte, han seguido desempeñando tareas convencionales en sus respectivos puestos de trabajo, pues apenas han sido promovidos a tales niveles de responsabilidad, habitualmente secuestrados para la designación política y la libre designación. Dinero y energías tiradas por la ventana, expectativas también. Ahora los formamos, por ejemplo, en innovación y gobierno abierto, para que sigan viendo cómo en sus organizaciones tales ideas-fuerza forman parte del escaparate político, pero apenas trascienden los muros de la actividad administrativa. Aunque esté aún desligada de las necesidades reales, la formación, sin embargo, será en los próximos años uno de los pilares claves de la transformación de la Administración Pública, ante el reto del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida profesional de los funcionarios que será ineludible en un proceso disruptivo de revolución tecnológica y de imperio de los datos. La provisión de puestos de trabajo, con esa dicotomía disfuncional de viejo tufo (concurso/libre designación), sigue esos mismos esquemas formales y nada efectivos. Contiene un abanico muy estrecho de posibilidades, por lo común muy mal aplicadas, lo que produce, por un lado, a la rigidez de estructuras y, por otro, nos lleva derechamente a una falsa flexibilidad a veces hipotecada con una discrecionalidad de banda ancha.

Más complejo, hasta el punto de convertirse en un imposible, resulta la implantación de la evaluación del desempeño, que se ha convertido casi en un pío deseo normativo. Aunque algunas buenas prácticas, siquiera sea excepcionalmente, se están empezando a dar (José Vicente Cortés). La gran asignatura de la función pública española es la de saber gestionar mínimamente la diferencia. Quien piense que todos los funcionarios, por cumplir la misma jornada, trabajan igual, producen lo mismo y deben tener retribuciones idénticas, se engaña completamente. Hay funcionarios excelentes, buenos, regulares, malos y muy malos, como también hay alumnos que en cualquier sistema educativo se pueden encuadrar en tales casillas. No debiera ser así en el caso del empleo público, al menos si los filtros de entrada y del desempeño  funcionaran cabalmente. Pero no funcionan. Ya no es suficiente legitimidad haber superado una oposición hace 10, 20 o 30 años. Hay que acreditar excelencia profesional continua. No basta con declararla, sino que se ha de manifestar día a día. Y ello solo lo puede acreditar una evaluación objetiva del desempeño que, con el objetivo principal de mejora de la organización y de la gestión, sirva también para una progresión profesional que, por definición, ha de ser diferente y no igual en sus resultados, con ritmos distintos y consecuencias dispares. Lo mismo que las compensaciones retributivas, que deben estar ligadas a las funciones, pero también al desempeño de las tareas. Pagar lo mismo por hacer cosas distintas (esto es, pagar lo mismo al que hace bien su trabajo al que lo hace mal o al que no lo hace) es algo absolutamente injusto, y alimenta que la Administración Pública se unifique siempre por los resultados más bajos y por los desempeños más ineficientes, pues sin estímulos, por mucha vocación que se tenga, siempre el desempeño y el tesón decaen, también la motivación y la propia implicación o el sentido de pertenencia. El igualitarismo funcionarial no es una mentira piadosa, sino una patología absolutamente insultante. Por definición, no puede existir en una institución de función pública que se califique de profesional.

Lo que sí hacen las Administraciones Públicas es pagar “religiosamente” a sus empleados a fin de mes. Quien mejor lo expresó fue Gregorio Luri. Cuando se jubiló de la docencia expuso los términos del problema con una claridad extraordinaria: “La Administración ha cumplido más que satisfactoriamente el pacto que ambos firmamos libremente el día que aprobé mis oposiciones (…) Se podría decir que he sido afortunado por tener un patrón mucho más preocupado por pagarme puntualmente cada mes que por supervisar mi trabajo” (La escuela contra el mundo, Ariel, 2015, p. 35). Una reflexión que puede extenderse a toda la función pública. Y procede de alguien que fue un funcionario ejemplar, y es reconocido filósofo y pedagogo, autor de innumerable libros, por cierto muchos de ellos imprescindibles para entender el sistema educativo actual. Las disfunciones que ese modelo genera son innumerables. Y ahí surge el desempeño diferenciado, comprometido por parte de algunos profesionales, de cumplimiento estricto por parte de otros y sencillamente de escaqueo o relativismo funcional por parte de un segmento de ese colectivo funcionarial. El sucedáneo del teletrabajo en el empleo público puesto en marcha en la etapa del confinamiento mostró fríamente esas grietas. Hay quien trabajó en exceso, otros bien y algunos nada. Sin objetivos, tareas, seguimiento y evaluación no hay teletrabajo.  Lo veremos en los próximos meses y años, si alguien no pone remedio efectivo. No volveré sobre un tema ya tratado.

La función pública, tal como se decía en la entrada anterior, no solo está atravesada en la zona alta por la politización de sus estructuras, sino que en los niveles superiores (y, en algún caso, intermedios) ofrece una presencia marcada de prácticas ranciamente corporativas, que ocupan también espacios importantes de la actividad pública de la Administración (incluso cuotas de poder elevadas) con intereses profesionales muy cerrados que se defienden como realidades inmutables frente a cualquier tentativa de cambio. En las zonas baja y media de la Administración, por el contrario, el dominio universal corresponde al sindicalismo del sector público (que tienen también expresiones corporativas-sindicales propias en la zona alta), que prácticamente fagocita a un empleador débil, como es el político de turno o el directivo “de confianza política”, y convierte la Administración Pública en un espacio muchas veces cogestionado (o peor aún, dirigido extramuros o con mando a distancia sindicalmente) donde el poder de dirección y control (salvo el horario) de la Administración está muy debilitado (Joan Mauri).  La pretendida defensa sindical de los servicios públicos se convierte, paradójicamente, en un escudo formal de mantenimiento de prerrogativas y privilegios funcionariales. Lo estamos viendo una día sí y otro también. Falta, sin embargo, un estudio comparado y analítico que confirme empíricamente lo que es un secreto a voces: que las condiciones de empleo del sector público son, al menos en los niveles medio-bajos, mucho mejores que las del sector privado, también en el plano retributivo. En los altos es otra cosa.

La situación descrita es sabida por todo aquel que tenga mínimo conocimiento de las administraciones públicas, pero no por la generalidad de los ciudadanos ni tampoco por los medios de comunicación, que muestran un desconocimiento importante del sector público y más aún del empleo público. Por otro lado, cabe reflejar la existencia, siempre interesante, de algunos discursos innovadores en el empleo público, pero que apenas superan los estrechos ecos de las redes sociales ni permeabilizan el duro caparazón de las tradiciones administrativas. Bueno es innovar, pero la institución de función pública, al menos en sus elementos sustantivos, requiere hoy en día apuntalar sus principios existenciales: profesionalidad, integridad e imparcialidad. El problema de fondo de la función pública es institucional y de incapacidad de transformarse, y sirven de poco (aunque son menos que nada) las medidas puntuales de innovación o mejora, pues sin reformas institucionales tales mejoras pueden ser absorbidas por las patologías del sistema, que son muchas y profundas.

Se engañaría quien piense que el problema está sólo en las personas. El problema más crudo a resolver es la inexistencia de un modelo institucional y de gestión de la función pública que pueda dar respuesta a los innumerables desafíos a los que se enfrentará la gestión de la función pública en los próximos años: jubilaciones masivas, relevo generacional, transformación tecnológica y de los empleos (también en el sector público), así como una enorme y prolongada crisis fiscal que, como consecuencia de la Covid19 (o agravada por esta), incidirá directamente sobre el empleo público durante la próxima década. El previsible retorno de la tasa de reposición de efectivos, probablemente uno de los factores causantes del empobrecimiento y envejecimiento actual del empleo público (diez años mayor de media que en el resto de la sociedad), y la vuelta a la congelación de ofertas de empleo público, que son el recetario ortodoxo de los planes de reequilibrio fiscal, serán en los próximos años la puntilla para una función pública que se encuentra hoy con el sistema inmunológico hecho pedazos.

El gobierno o el país que no sepa dar respuesta cabal a tales retos dispondrá de una Administración que ya no será pública, pues estará inadaptada a los desafíos del futuro inmediato, adoptando el  exclusivo papel que tan bien cumple ahora de servidora vicarial del político de turno, con la imparcialidad perdida y la profesionalidad quebrada, así como con una ciudadanía que le dará la espalda al ser un instrumento cada vez más inservible para mejorar su calidad de vida y su propia felicidad. La digitalización transformará radicalmente el escenario público y los funcionarios deberán adaptarse acelerada y permanentemente a tales exigencias o, en su defecto, ver cómo se quedan atrás, lejos de las demandas de la sociedad. En ese contexto de disrupción, no cabe descartar que, más tarde o más temprano, las puertas de salida de las Administraciones Públicas se abran de par en par para aquellos funcionarios que no tienen tareas efectivas a desarrollar ni han acreditado capacidad de adaptarse a los nuevos retos,  salvo que se pretenda que la función pública se convierta perennemente en un estabilizador para que las cifras del desempleo no adquieran tintes más dramáticos de los que nos esperan en los próximos tiempos. La Administración Pública puede  ser muchas cosas, pero el papel que nunca debiera asumir es convertirse una entidad de beneficencia u hogar de asilo de funcionarios inadaptados y carentes de tareas a desarrollar o de ejercer las competencias profesionales necesarias, que a pesar de ello son retribuidos a través de una suerte de pensiones paralelas en plena edad laboral, que se suman así  a los millones de jubilados que cobran pensiones de “clases pasivas” en España (más de diez millones, a partir del retiro de la generación del baby boom). No hay Hacienda que aguante eso, por muy rico que sea el país, que no es precisamente nuestro caso.

Otros países, principalmente las democracias avanzadas, están comenzando a plantearse estas preguntas. También están explorando soluciones, en algunos casos sistémicas, aunque en la mayor parte segmentadas o parciales. Y conviene siempre mirar qué se está haciendo fuera y qué respuestas se dan a problemas que, unas veces son comunes (digitalización y transformación digital, alta dirección), y otras son propias de nuestra idiosincrasia (jubilaciones masivas) o de nuestra secular desidia (interinidades, selección, igualitarismo retributivo, etc.). Esa mirada externa es necesaria en estos momentos y debe enriquecer el punto de vista de cualquier análisis que se haga sobre el futuro de la institución de la función pública. Así se ha hecho ayer mismo en una importante contribución del economista Jesús Fernández-Villaverde. No obstante, quien piense (algo también anunciado ayer) que sólo introduciendo medidas de agilización burocrática y sin reformar a fondo la Administración Pública y el sistema de función pública podremos absorber y gastar eficientemente el maná de los Fondos Europeos de Recuperación en los próximos 4/5 años, está en un monumental error. Giuseppe Conte, primer ministro italiano, lo decía muy claramente el otro día: sin reformar la Administración no podrá Italia salir airosa de ese empeño. Y, si fallamos -afirmaba-, entonces sí “los ciudadanos tienen el derecho de mandarnos a casa”. Como ha expuesto en un recomendable trabajo el también economista Manuel Hidalgo, gestionar esos miles de millones de euros de ayudas requerirá “virtuosismo en la gestión”. Algo que desgraciadamente hoy por hoy carecemos. Y cada día que pasa queda menos tiempo para aproximarnos o rozar siquiera ese objetivo. Mientras tanto, la política, en su salsa; en la de siempre. Y aún todo por hacer.

UNA FUNCIÓN PÚBLICA PARA TRANSFORMAR ESPAÑA (I)

funcion-publica

Nadie puede poner en duda los innumerables retos e incertidumbres que se ciernen sobre el futuro de este país llamado España. La situación del sistema político-institucional es, hoy en día, deplorable. No resulta fácil  imaginar un escenario peor, aunque puede no haber tocado fondo. Pero, dejando ahora de lado ese monumental problema, puede ser oportuno conducir la mirada crítica hacia el sistema burocrático de gestión, pues tampoco allí el panorama resulta precisamente muy halagüeño, aunque las posibilidades de mejora sean (siempre que haya un mínimo de voluntad política y las resistencias burocráticas o sindicales no aneguen cualquier cambio) algo más fáciles que al parecer la imposible reforma de otros castillos institucionales corroídos de lleno por el clientelismo y el reino de los favores recíprocos, cuando no la propia corrupción o el simple abandono a su propia suerte.

Dado el peso del sector público (incrementado porcentualmente durante la crisis Covid19) y su papel tractor en la denominada fase de recuperación y resiliencia, es evidente que una parte de las respuestas a los problemas que aquejan a la sociedad española está en manos de la función pública en su condición de institución que aglutina a aquellas personas que, mediante un vínculo estatutario o laboral con la Administración Pública, desempeñan actividades profesionales orientadas al servicio a la ciudadanía en diferentes ámbitos de actuación (salud, educación, policía, servicios sociales, servicios generales, etc.). La gestión de las ayudas y préstamos del Fondo de Recuperación puede fracasar estrepitosamente si no se dispone de estructuras eficientes y flexibles para dar respuesta ágil a tal inyección de recursos con los que nos jugamos el futuro. Pero hay innumerables desafíos que, además de la espectacular crisis económica y fiscal en la que estará sumido este país en los próximos años, la Administración Pública deberá dar respuesta a medio plazo: pérdida de conocimiento como consecuencia de la jubilación de más de un millón de empleados públicos en los próximos diez años (Carles Ramió), relevo generacional o renovación de plantillas, revolución tecnológica y su impacto sobre el empleo público, así como un largo etcétera. Poco o nada de esto se encuentra en la agenda política inmediata. Queremos “transformar” sin que nada cambie. Un imposible.

El desempeño de las actividades profesionales propias de la función pública requiere, como el adjetivo atestigua, la premisa de disponer de vocación de servicio público por parte de quienes cubren las plazas en la función pública (algo que hoy en día ocurre sólo muy circunstancialmente), así como acreditar un elevado saber especializado (o profesionalidad; esto es, competencia para desarrollar las funciones y tareas asignadas), lo que hoy se conoce por excelencia y talento (que tampoco parece abundar en estos días). En las últimas décadas, la erosión de los valores públicos y de los estándares de profesionalidad en el desempeño de las actividades propias del empleo público es algo evidente, al menos en algunos ámbitos. También lo es que la institución de función pública ofrece una realidad muy variopinta y escasamente compacta como consecuencia de su acantonamiento estructural en los niveles de gobierno, que disponen de subsistemas de personal cerrados entre sí, sin vasos comunicantes ni pasarelas o tránsitos horizontales ni tampoco verticales entre los profesionales que los conforman. En un universo hermético como es el descrito, la endogamia y la visión estrecha de sus propios problemas domina e hipoteca, cuando no empobrece, la función pública española del siglo XXI.

En verdad, cabría preguntarse si realmente hay una institución de función pública en España o no existen más que una diáspora desordenada de funcionarios o empleados públicos que dependen de una u otra administración pública, cuya única nota común es una cada vez más vaga e inadaptada legislación básica, así como un isomorfismo institucional propio de la pereza de los legisladores o de la resistencia al cambio de la propia burocracia (siempre cómoda en su zona de confort) reforzada por la defensa numantinas de prerrogativas de los empleados públicos por un sindicalismo con mirada estrecha, cuando no corporativa. Esas patologías se trasladan de una parte a otra de la geografía (da igual que los gobiernos sean de derechas, izquierdas o centro, regionalistas, nacionalistas o independentistas), pues el “modelo” se reproduce (en todos los elementos que vamos a examinar) sin apenas adaptaciones efectivas a realidades aparentemente diferenciadas. Los vínculos de pertenencia de los funcionarios y del resto de empleados públicos a la Administración son cada vez más laxos y se sustituyen, cuando existe, por el espíritu de cuerpo, que sí que crea solidaridades aparentes o, al menos, por unos vínculos más estrechos de compañerismo o pertenencia a una tribu profesional. Pero ello sólo ocurre principalmente en algunos cuerpos de la Administración General del Estado, menos en las comunidades autónomas y sin apenas incidencia (salvo la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional) en el mundo local.

Las personas son una de las piezas centrales para el buen o mal funcionamiento de cualquier organización. Junto con las estructuras y los procesos (aunque también los recursos, que dependen de otras coyunturas) conforman el triángulo de intervención del adecuado funcionamiento de la Administración Pública. Las estructuras organizativas españolas están preñadas de una concepción tradicional y son escasamente funcionales (como la crisis Covid19 está poniendo de relieve constantemente). El modelo divisional o departamental (ministerial), en todos sus niveles, principalmente con penetraciones jerárquicas inapropiadas y de profundidad elevada (cuando no artificial), sigue imperando por doquier. Además de habitualmente atomizado (cuya expresión más disfuncional es el actual Gobierno de España sobrecargado con cuatro vicepresidencias y veintidós ministerios), con lo que los costes de transacción son cada vez mayores y las políticas gubernamentales marcadamente ineficientes. Bajando de nivel jerárquico, el aplanamiento de estructuras no es tampoco el punto fuerte de las administraciones públicas, precisamente. Proliferan los “jefes” formales y estamos ayunos de “directivos” o “responsables”, y tampoco abundan, más bien escasean, los liderazgos ejecutivos. Las estructuras directivas de las Administraciones Públicas se cubren con fieles al partido (normalmente militantes) o, excepcionalmente, con altos funcionarios u otros perfiles amigos del partido gobernante.

La transversalidad, el desarrollo de proyectos o la innovación organizativa, salvo excepciones puntuales, brilla por su ausencia. La Administración del futuro será híbrida, entre divisional/transversal, por un lado, y de proyectos contingentes transformadores, por otro. La política, en su abusiva dimensión discrecional de los nombramientos, anega la alta Administración, que prácticamente coloniza todos los niveles territoriales o institucionales de gobierno y extiende sus redes también (aunque con una modalidad de spoils system de circuito cerrado entre funcionarios) en sus estructuras intermedias (subdirecciones y jefaturas de servicio), extendiendo la política sus redes (algunas veces clientelares) en la práctica totalidad de las entidades del sector público, que representan espacios de “colocación” de fieles y amigos políticos, también en puestos directivos.

España es un (pésimo) ejemplo de fracaso colectivo en la imposible implantación de estructuras directivas profesionales en la alta Administración Pública. La política, al menos hasta ahora, no tiene interés alguno en profesionalizar ámbitos de poder burocrático-directivo que tiene completamente capturados. No pretende retirarse del espacio ocupado, pues con frecuencia olvida (o peor aún, ignora) que la dirección pública profesional es una solución institucional óptima para mejorar la capacidad política. Pero una política miope y autista sólo se fija en que la institucionalización de la dirección pública profesional le resta espacio de nombrar discrecionalmente a sus fieles (la estúpida idea “del equipo”, que se queda frecuentemente, salvo puntuales excepciones, en una congregación de palmeros). La confianza es la argamasa del modelo. Pero la buena gestión no se hace con tan evanescente cualidad, sino con capacidades efectivas de gestión y de liderazgo. La mentalidad clientelar, plenamente arraigada, impide de plano el más mínimo avance en este terreno. España es probablemente el país de la Unión Europea con una mayor colonización intensiva y porcentual de la alta Administración por parte de la política. Ello tiene muchas consecuencias, pero la más importante a nuestros efectos es que produce una función pública vicarial de la política, fractura la acción pública en un corte dicotómico y de fuerte esquizofrenia, amén de decimonónico (la división o sima entre política/gestión),  produciendo una función pública chata sin estímulos ni horizontes profesionales que se refugia en su espacio propio alejado de las tempestades políticas donde nadie, por lo común (salvo que haga una auténtica tropelía), es molestado, sin que, por tanto, se produzca apenas ninguna retroalimentación entre política y función pública profesional, que viven mundos separados sólo manchados cuando, al calor de las “carreras cruzadas” (Dahlström/Lapuente), la política entroniza a determinados funcionarios para que asuman responsabilidades políticas o directivas, en cuyo caso dejan de actuar como funcionarios para ponerse el manto o la púrpura del poder de turno y poner las menores dificultades posibles a la acción política gubernamental, con riesgo, en caso de discrepancia, de ser fulminantemente cesados. La tradicional tensión entre política y administración en nuestro país, tal y como somos nada dados a equilibrios y contrapesos, se ha resuelto por goleada a favor de la primera.

La función pública española sigue siendo tributaria, con mayor o menor intensidad según los casos, de un modelo corporativo tradicional mal importando (como tantas otras instituciones) del sistema francés, pero aderezado con la imposición tardía (a partir de mediados/finales del siglo XX) del puesto de trabajo como elemento organizativo adherido, lo que ofrece estructuralmente una combinación paradójica de un modelo mixto o híbrido que en verdad ni es de carrera ni es de empleo, según la clásica terminología de la OCDE. Está en tierra de nadie y allí sigue.

La dimensión organizativa del empleo público ha sido tradicionalmente olvidada en nuestro caso, preterida en unos casos por la preeminencia de los cuerpos y en otros por el destello mal entendido de los puestos de trabajo. Combinar ambos modelos no nos ha resultado fácil, y sigue sin serlo. Alguna contribución doctrinal lo ha intentado (Josefa Cantero), pero no parece que haya tenido concreción alguna sus propuestas. La planificación de recursos humanos se reflejó tardíamente en la legislación a partir de la década de los noventa (Palomar Olmeda, Cuenca Cervera), aunque tenía precedentes en una serie de instrumentos de gestión (hoy en día absolutamente obsoletos) como son las ofertas de empleo público y las relaciones de puestos de trabajo, incorporados en 1984, que son instrumentos de gestión propios de la Administración analógica y encajan muy mal (por no decir pésimamente) en unas organizaciones públicas  que se deberán enfrentar (aunque no lo crean y apenas haya conciencia de ello) a un escenario volátil de constante de adaptación y de transformación disruptiva, especialmente en el campo tecnológico (digitalización, automatización e Inteligencia artificial).

El puesto de trabajo como elemento central de la organización del empleo público nunca ha terminado de encontrar su sitio en el escenario estructural de la función pública. Y, cuando lo ha hecho, salvo excepciones muy puntuales, su concepción dominante ha sido estática y garantizadora de un estatuto de derechos del empleado público que lo cubre circunstancialmente. Las relaciones de puestos de trabajo, como su denominación indica, se han convertido en meros inventarios de puestos de trabajo o fotografías estáticas que se convierten fácilmente en perennes, lugares apropiados para el mercadeo sindical y que fácilmente se enquistan como auténticas fortificaciones que dificultan cualquier transformación, bien tutelados en sus contenidos por los tribunales de justicia que, con más frecuencia de la deseable (fruto también de los casos que conocen), ven al Derecho de la Función Pública sólo con las lentes de las garantías de los funcionarios y no de la eficacia o eficiencia de la organización (no digamos nada de la jurisdicción social, cuya incomprensión de lo que es la institución de la función pública y la propia Administración Pública es, con demasiada frecuencia, absoluta). La exclusiva finalidad garantista y retributiva de las relaciones de puestos de trabajo ha terminado por hipotecar su capacidad evolutiva y convertir a tales instrumentos en frenos de cualquier proceso de transformación, pues los sindicatos los utilizan como valladar u obstáculo frente a la innovación o la transformación. Mientras tanto, la Administración Pública se desangra en un mar de ineficacia e ineficiencia, fruto de su incapacidad de adaptación. Caso de mantenerse tal instrumento (aunque aquí se aboga por su total redefinición), requeriría reformas legislativas profundas que vayan en la dirección de flexibilizar su contenido y función, optar por la polivalencia y por el desarrollo de una Administración por proyectos y misiones, que quiebre el estático escenario divisional o funcional existente, transformándose más en instrumentos de ordenación (también normativa) dinámicos y con capacidad de adaptación continua. Algunos intentos puntuales se están haciendo en esa dirección, pero aún son anécdotas.

Y, en estos momentos, ya en la antesala (o en el pasillo) de la revolución tecnológica, el puesto de trabajo en su configuración tradicional como conjunto de funciones, responsabilidades y tareas, va perdiendo fuelle y espacio, anunciándose incluso su gradual desaparición o transformación paulatina en algo muy distinto (Mikel Gorriti, 2019). Sin embargo, aún hoy, las Administraciones Públicas siguen inmersas en carísimos procesos, tanto en costes directos e indirectos, de aprobación o redefinición de relaciones de puestos de trabajo que son herramientas de gestión que congelan el statu quo existente y cierran el paso de modo frontal a cualquier tipo de adaptación, transformación o innovación en la gestión de personas en las organizaciones públicas. La organizaciones públicas necesitan tomar como eje de actuación la mutabilidad funcional, las competencias profesionales y el efectivo desempeño. La función pública parece, así, vivir de espaldas a los cambios del entorno, siendo muy oportuna la metáfora utilizada en su día por Francisco Longo del agua estancada, lugar donde vive plácidamente un empleo público mientras en el entorno es volátil, agitado y cambiante.

Las ofertas de empleo público que, en su día pudieron tener algún sentido, ya lo han perdido por completo. Son asimismo instrumentos de gestión obsoletos, propios de la era analógica y de una Administración estable (cada vez menos real) en sus funciones y permanente en sus tareas, que no se puede permitir el dispendio de recursos públicos que significa detectar una necesidad de cobertura de una plaza y ejecutarla efectivamente al cabo de tres, cuatro o cinco años, cuando ya los requerimientos o tareas han podido mutar notablemente o la necesidad identificada perder sentido. Las demandas sociales no esperan y, aunque no siempre, se cubren con un pésimo sistema de interinidades que apenas acredita competencias efectivas y condena a la Administración a prestar deficientemente los servicios, terminando por enquistar un problema mayor aún del que pretende resolver. La planificación estratégica tampoco parece echar raíces firmes en unas Administraciones públicas que viven sumidas en la contingencia de la cotidianeidad y en la gestión permanente de las anomalías (Minztberg).

Cuando los desafíos son tan intensos como los que actualmente rodean a las instituciones públicas (y más aún en este crítico momento), sorprende sobremanera la desidia en la utilización de las herramientas de previsión, prospectiva o planificación, que apenas se desarrollan por las organizaciones públicas. La política, salvo sorpresas que aún no se advierten, no tiene de momento en su agenda la transformación de la función pública. Quiere transformar el país, por obligación impuesta de la Unión Europea), con esos pobres mimbres. Y, dentro de nada, la inadaptación de la institución será insultante (ya lo es en gran medida), lo que probablemente cuestione en algunos casos su propia continuidad. Nada es infinito, y menos las instituciones, que son obra de los hombres y ellos mismos las destruyen, fruto de su secular descuido y torpeza. Tampoco la institución de función pública es eterna. Y de seguir así, su cuestionamiento será temprano. No lo olviden. Aunque al parecer a pocos importe.

(IN)CIVISMO EN LA ERA COVID19

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“De ninguna acción de la vida, ni en el ámbito público ni en el privado, ni en el foro ni en tu casa, ya hagas algo tu solo, ya juntamente con otros, puede estar ausente el deber”

(Cicerón, Sobre los deberes)

“Cuando todo se plantea en términos de derechos, falta un lenguaje público de responsabilidad o de los deberes recíprocos”

(Victoria Camps, El declive de la ciudadanía)

Comenzaré esta entrada, aunque no sea lo más pertinente, con una referencia personal. Hace nueve años publiqué un libro que, como suele ser habitual en este tipo de trabajos, pasó absolutamente inadvertido. Su título era muy expresivo: Convivir en la ciudad. La convivencia ciudadana en el espacio público (FEMP/FDyGL, 2011). A pesar de su falta absoluta de eco, le tengo mucho cariño; pues me obligó a conceptualizar algunas vivencias profesionales durante mi corta etapa como directivo del Ayuntamiento de Barcelona en unos años complejos (2004-2007). Y me proporcionó, además, una mirada más rigurosa sobre estos temas. Su idea-fuerza era la erosión del civismo y el deterioro de las relaciones de convivencia en el espacio público, derivado todo ello de la construcción de un sistema altamente descompensado, que se basaba en reforzar siempre los derechos de los ciudadanos orillando totalmente los deberes y responsabilidades, como si estos últimos no formaran parte de los presupuestos esenciales del Estado democrático liberal. Su conclusión final era obvia: apostar por los deberes y responsabilidades significaba fortalecer la convivencia. Han pasado nueve años y vuelvo sobre esa idea. Parece que el reloj se detuvo. Y nadie ha sabido ponerlo en marcha. Ningún nivel de gobierno ni tampoco una parte de lo que conocemos por demos se ha tomado nada de esto en serio.

Las expresiones de incivismo, desgraciadamente, son consustanciales al tejido urbano, más en un contexto de desigualdad social. Sus manifestaciones más perturbadoras se dan como consecuencia de la conducta de aquellas personas, que no ciudadanos, incapaces de respetar a los otros ni de cumplir las normas, unas veces por estupidez altiva y otras por abandono, falta de empatía o egoísmo, que de todo hay. Incluso abundan los negacionistas que enarbolan la bandera de la desobediencia. El civismo, sin embargo, se asienta sobre el respeto, tanto a los otros como a las normas existentes, aunque se difiera de ellas y se promueva legítimamente su modificación o derogación. Sin respeto no hay convivencia.

Hace más de treinta años, en una difundidísima obra (Las leyes fundamentales de la estupidez humana), Carlo Cipolla consideró entonces que había entre los humanos un `porcentaje estable de estúpidos en torno a una cuarta parte de la población. Tras el tiempo transcurrido y el deterioro acelerado de la humanidad en estas últimas décadas, cabría plantearse si ese porcentaje no se ha incrementado, aunque su tesis es que permanece estable, si bien sus consecuencias -por ejemplo, en un país en decadencia- podrían ser letales por su poder destructivo que puede conducir al país a la ruina. Según sus palabras, “la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe”. Para confirmar la presencia de la estupidez solo hace darse una vuelta por nuestras calles, paseos o espacios públicos en plena pandemia. Me declaro paseante militante, pues para mí es tiempo de observación y de reflexión, de relajo y disfrute, si bien en estos últimos tiempos la multiplicación de las normas de comportamiento cívico relacional viene acompañada de su sistemático incumplimiento y pueden hacerte más turbio un momento placentero. Hay un buen número de ciudadanos que cumplen las normas escrupulosamente, otros tantos que hacen como si las cumplen y algunos otros que les da sencillamente lo mismo y las incumplen directamente, pues su empatía social es nula y su conciencia cívica siempre estuvo ausente. La educación es todo en tales circunstancias, pero qué se puede esperar de un país en el que el sistema educativo falla por doquier y en el que también está ausente en muchos casos la educación familiar. En cosas tan básicas como el respeto hacia los demás se suele venir educado de casa, ya que si allí no se labró ese valor no hay profesor que lo enderece. Y si alguien duda de ello que lea, por ejemplo, a Gregorio Luri, José Antonio Marina o Andreu Navarra. Los padres o madres ausentes no pueden ser sustituidos por la escuela.

Realmente, las normas que nos ha impuesto esta pandemia no son tantas, aunque sí incómodas, si bien (esto es lo más relevante) cambian o modifican nuestros hábitos de vida. De ahí vienen las grandes dificultades de este combate al virus que de momento estamos perdiendo con claridad. A todos nos perturba llevar mascarilla ya que es incómoda, más cuando hace calor o en aquellos casos en que se camina aceleradamente, incluso cuando se trata de hablar, sea con desconocidos o con conocidos o familiares (pues todos ellos son potenciales transmisores del virus, aunque la confianza personal, la amistad o los vínculos de sangre nos hagan ver ingenua y neciamente que ningún virus puede “pasarnos” quien ya conocemos). La distancia es también un incordio, compleja de seguir en aceras estrechas, plazas atestadas, filas o pasillos de supermercados o lugares concurridos, menos aún en ascensores o escaleras; con lo cual se incumple sistemáticamente, unas veces por necesidad objetiva y otras porque a todos nos agrada estar cerca los unos de los otros. La proximidad, el contacto y la visualización del rostro son consustanciales a la forma de relacionarnos. Y, aunque la gente no te conozca de nada, tiene tendencia a aproximarse, a ponerse cerca e incluso a tocarte o plantarte un par de besos. Somos personas, pero parecemos imanes. Más serio es aquello de llevar la mascarilla como collar, como gorra, codera o pulsera, que también de todo hay. Muchos, que son legión, van con la nariz al aire, para lucirla o respirar, otros airean su rostro o muestran su cara (más bien, jeta) bonita. También abundan las mascarillas eternas, casi descoloridas de su intenso uso, como aquellas banderas que han difuminado sus colores de tanto tiempo estar colgadas en el reivindicativo balcón de sus excluyentes patrias. El lavado de manos es también engorroso, máxime si lo hemos de hacer tantas veces al día y en diferentes lugares por los que transitamos (oficinas, espacios de trabajo, cafeterías, estaciones, centros comerciales, etc.). Así que algunos lo hacen y otros muchos no.  En su defecto, los geles con alcohol son compañía habitual. Lo de los fumadores y la distancia de dos metros es de nota; salvo algunos fumadores responsables, en la mayor parte de los casos no es el fumador sino el ciudadano quien ha de buscar la distancia y alejarse o huir de las bocanadas de humo, que contienen -según nos dicen- gotículas transmisoras del virus. Evitar el barullo (los gritos o los cánticos), regla de oro contra la Covid19, es algo casi imposible en una sociedad que siempre ha entronizado el gentío, la bullanga el ruido y la fiesta o la sandez actual de las “no fiestas”, que la gente ha practicado con irresponsabilidad supina (y ahí están, por ejemplo, los infinitos brotes que de ello derivan). Y no hablemos del botellón y los vidrios o plásticos receptores compartidos (de boca a boca y virus porque me toca).  Tampoco digamos nada de las comidas familiares, cenas o eventos de amigos, bodas, bautizos y funerales. Es conocido que el virus se da un brutal banquete en todos esos entornos, que tan estúpidamente le preparamos.

En fin, podríamos seguir hasta el infinito. Innumerables “deportistas” que, obviamente sin mascarillas y bonitamente equipados, ejercitan su cuerpo (y algunos descuidan absolutamente su mente) corriendo o incluso caminando con pantalón de deporte o el inefable chándal por aceras o espacios urbanos  concurridos pasando a cincuenta centímetros de los ciudadanos con esas bombas de virus que son sus respiraciones entrecortadas, su aliento cansino y la expulsión de sus gotas salivares. Lo del metro y medio, ahí, es ciencia ficción. Y no digamos nada de la distancia en los bares y cafeterías, o del uso de las mascarillas por parte de los clientes. Estar en un bar o restaurante, más aún en una mesa (aunque sea en la calle), con eso de que hay que abrir la boca para beber o comer ya te exime de cualquier mascarilla, que pasa al bolso, bolsillo o se cuelga del brazo. También aquí el virus se da un fiestón. Los clientes de bares y restaurantes que no respetan escrupulosamente las normas les importa un carajo el contagio del camarero o de la gente que está en los aledaños. El colmo de la irresponsabilidad se lo llevan, sin embargo, quienes estando en cuarentena se van a trabajar, al bar, de marcha a un concierto o a hacer surf a la playa para contagiar, así, todo lo que se les cruce. Aquí la ciudadanía brilla por su ausencia. También en los que se niegan a colaborar en los rastreos. La estupidez, al parecer, no tiene límites.

Lo peor que puede hacer el ciudadano ante ese personal ayuno de civismo y de respeto, es recriminarle su actitud; pues en ese caso recibirá una sarta de improperios que el más liviano será “¡a ti qué te importa!”, el habitual “¡vete a tomar por el culo!”, y el más extremo “¡cállate, hijo de puta!”. Hubo un ciudadano “educado” que cuando se le recriminó que no llevaba mascarilla, pidió sin acritud alguna que se respetara su actitud, pues él sabía de buena fuente que ese artefacto (mascarilla) no servía para nada. Quizás no fue consciente de lo que significa el respeto como valor de convivencia ciudadana y, especialmente, en el espacio público o en las relaciones interpersonales. El respeto es un valor que no tiene ideología, no es de derechas ni de izquierdas, sino un presupuesto meramente existencial de nuestras sociedades si pretenden ser civilizadas. Y además es recíproco, no unilateral. Nos puede molestar más que a nadie cumplir determinadas normas, y algunas veces es así, pero por un elemental criterio del deber y de la responsabilidad es algo que debemos hacer si queremos vivir en una sociedad digna de tal nombre. El problema de fondo es que, como ya repetí en su día siguiendo a Lamberto Maffei, hemos creado una sociedad bulímica en derechos y anoréxica en valores. Y eso se paga caro, también en la lucha contra la pandemia. Con factura muy alta. Lo estamos viendo. Y más que lo veremos.

He sido especialmente crítico con los fallos del sistema político y administrativo en la lucha contra la pandemia. La falta de capacidades estatales que (como expuso, entre otros, el politólogo Fernando Jiménez) se ha manifestado en una considerable ineptitud de la política e ineficacia administrativa para anticiparse a los riesgos, prevenir y planificar o dar respuesta efectiva a los problemas derivados de la pandemia, ha colocado a España como uno de los países europeos con peores ratios en muchos apartados críticos de lucha contra la Covid19. En una pandemia la prevención es capital, como también lo es el autocuidado. Son dos premisas básicas de cualquier política de salud pública, como siempre me ha enseñado mi buen amigo y experto en ese ámbito, Fernando Escorza. Y ambos planos los estamos descuidando o peor aun ignorando en algunos casos.

Tras esta discutible gestión de la pandemia, la imagen de España se ha visto internacionalmente afectada. Negar eso es negar la evidencia. Y eso tiene costes, y no pocos. Lo vamos a pasar muy mal. Ya lo estamos pasando. Y falta lo peor. Pero, tal vez, en este fracaso colectivo que ya se palpa hemos puesto exclusivamente el foco en los poderes públicos (políticos y funcionarios) y liberado de responsabilidades a un personal, como colectivo híbrido de ciudadanos con sentido de su deber y otras personas ajenas a tales exigencias, que con algunas de sus reiteradas y constantes conductas y hábitos arraigados en “su forma de ser”, han provocado también un notable empeoramiento de la situación. Los hombres, como escribió premonitoriamente Albert Camus en su obra maestra La peste, “eran siempre los mismos”. No tienen corrección. Los estúpidos no se transforman con una pandemia, sino que hacen gala pública de su estupidez. No deja de ser paradójico que la ciudadanía, en general, tuviera un comportamiento razonable en el confinamiento duro (empujada por las sanciones, entre otros “incentivos”; lenguaje que parece ser el único que se entiende por estos pagos), y, finalizado aquel, el personal se haya desbocado cuando se abrieron las puertas de un paraíso prometido de “nueva normalidad” (¡menuda estupidez!) inexistente. De nada sirve aplaudir al personal sanitario y entronizar sus virtudes, cuando estamos llevando de nuevo al sistema de salud a una situación límite que podría reventar sus ya débiles costuras. Lo veremos las próximas semanas, si nada lo impide.

Hace unos meses, la Fundación BBVA difundió el avance de un estudio comparativo sobre Valores y actitudes en Europa acerca de la esfera pública (septiembre 2019), que se proyectaba sobre cinco países (entonces) de la Unión Europea: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. España, antes de la crisis Covid19, se codeaba en la zona alta de algunos ítems con tales estados, pero suspendía de forma alarmante sacando la peor puntuación de todas (más baja que Italia) en responsabilidad individual. La ciudadanía española, a diferencia del resto, consideraba que “es el Estado y no cada individuo quien tiene la responsabilidad principal de asegurar las condiciones de vida”. Los ciudadanos españoles lo fiaban todo a sus “derechos” (nos encanta exigir derechos) y a la prodigalidad de “papá Estado” o “mamá Comunidad Autónoma” para que le cubra todas sus necesidades. La responsabilidad individual no cotiza entre nosotros.

La pandemia nos ha vuelto a poner frente al espejo. A los déficits evidentes del sistema político y de gestión, sumamos un sociedad escasamente educada en valores y en el respeto o la empatía, formada (viene bien la metáfora) por un rebaño de personas, entre las que hay ciudadanos responsables que conviven como pueden con la irresponsabilidad manifiesta no sólo de algunos adolescentes o jóvenes (sobre los que se cebará la crisis de forma evidente en los próximos años) sino también de personas maduras intolerantes que también estas (y no solo los jóvenes) sólo piensan en ellas y les importa un carajo lo que suceda con los demás, sin darse cuenta realmente que todos ellos (y no sólo los ancianos) también serán más tarde o más temprano carne de cañón de las garras una brutal crisis humanitaria/sanitaria, particularmente de sus dolorosos efectos económicos y sociales, que no hemos sabido controlar y que les dejará más pobres aún de lo que eran, también moralmente. Y, entonces, tal vez, sucumbirán al canto de sirena de la demagogia del populismo barato que les eximirá de cualquier responsabilidad, que rápidamente endosará en “los otros” el daño producido y engrosará, así, sus filas con quienes, consciente o inconscientemente, alimentaron un monstruo que, mucho me temo, irá creciendo con el paso del tiempo.

CRISIS DE LAS INSTITUCIONES: PARA QUÉ SIRVE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

C.G.P.J - Historia del CGPJ

“Nada hay tan propenso a agitar las pasiones humanas como las consideraciones personales (…) Por esto, en todo caso en que se ejercite ese poder de hacer nombramientos por una asamblea (…) lo más seguro es que los méritos de los elegidos pasen inadvertidos: ‘Dadnos para este puesto al hombre que queremos y tendréis al que deseáis para este otro”.  (Hamilton, El Federalista, LXXVI, FCE, p. 323)

“La independencia es para la Justicia una condición existencial; más aún, de reconocimiento” (Jean Picq, Il faut aimer l’Etat, País, 1995)

Ante el bombardeo mediático de estos días sobre un aspecto de la vida política-institucional como es (el bloqueo en) la renovación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial que se pretende hacer, por enésima vez, mediante el turbio y espurio procedimiento de cambio de cromos entre los partidos políticos, conviene poner algunas cosas en claro. Este patológico procedimiento de designación (al margen de las siempre interesadas interpretaciones constitucionales) convierte las instituciones (en este caso, al gobierno del poder judicial) en una reproducción deformada de las mayorías parlamentarias contingentes y necesarias, aquellas que sumen 3/5 de cada Cámara para ratificar los nombres pactados entre bambalinas, para conformar, así, un órgano asambleario-gubernamental compuesto por 20 vocales (12 de extracción judicial y 8 juristas “de reconocida competencia”), más un Presidente y Vicepresidente, elegidos por aquellos. Tal sistema de elección pretendidamente bendecido por su extracción democrática, supone, sin embargo, una lectura inadecuada del principio de separación de poderes, pues en vez de garantizar un auténtico sistema de checks and balances (pesos y contrapesos entre los propios poderes), se sigue olvidando torticeramente que un régimen constitucional donde se permite el maridaje y la confusión absoluta entre ejecutivo-legislativo-judicial, carece por definición de los puntos de equilibrio propios de un modelo efectivo de división de poderes, y puede deslizarse fácilmente (como de hecho algo de ello está sucediendo de forma silente) hacia un sistema político que ofrece algunos rasgos de democracia iliberal, enquistados por lo demás en una crisis institucional cada día más grave.

Sorprende, ciertamente, la torpeza de quienes desde las filas políticas o periodísticas defienden esa lectura pretendidamente democrática de la Constitución, pues tal premisa quiebra de raíz el checks and balances, y demuestra escasa cultura constitucional o, lo que es peor, resalta un claro cinismo ideológico. Pretender que el Parlamento valide formalmente un pacto cocinado entre (algunos) partidos políticos que alcanzan esas 3/5 partes de las cámaras, sin otra comprobación de mérito, capacidad e integridad que ser amigos de algún valedor político, ya sea porque han sido compañeros en la Facultad, en la cátedra universitaria o en la carrera judicial, fieles al partido, militantes (que también los hay) u otras circunstancias discutibles, es un insulto a la inteligencia política de una ciudadanía que apenas comprende de qué va el problema de fondo, pues el CGPJ es, por lo común, un órgano desconocido.

Tampoco es de recibo que, frente al modelo de designación política de los doce jueces y magistrados del CGPJ, se nos defiendan política o mediáticamente las bondades constitucionales de su designación por los propios jueces. ¿Y con los ocho vocales restantes seguimos repartiendo la tarta según el color político de sus aspirantes? Tendríamos un híbrido corporativo/politizado El debate político-constitucional arrastra ya más de treinta y cinco años. Si la elección de los doce magistrados o jueces es por ellos mismos, tampoco arreglamos nada. El invento del procedimiento de designación de los vocales de extracción judicial fue un absoluto fiasco. La pretendida elección directa por los jueces, no es, en efecto, la solución constitucional adecuada. De politizar la justicia pasaríamos, así, a corporativizarla más de lo que ya está. Tampoco sería ningún modelo de equilibrio constitucional, sino una muestra más de una mixtura imperfecta entre politización y corporativismo, dominando este último. La separación de poderes, como medio de control de las instituciones, sería de nuevo un brindis al sol.

Realmente, frente a un problema  tan enquistado, esbocé algunas propuestas en otro lugar. Allí, en otras palabras, indicaba que se debería caminar hacia un modelo mixto de elección de vocales en el que la legitimidad democrática del nombramiento se condicione inteligentemente con lo que Pierre Rosanvallon denominaba la legitimidad imparcial y reflexiva de estos órganos constitucionales, mediante una propuesta de nombramiento realizada por el Parlamento, pero previa criba profesional de méritos e integridad por parte de una autoridad independiente de los partidos políticos que elaborara una lista corta con aquellos perfiles profesionales más acreditados para que sobre ellos decidieran por voto secreto los órganos políticos. Como decía Adam Smith, personas que acreditaran la mejor cabeza (competencias) junto al mejor corazón (integridad). Lo que no es operativo es que quienes negocien entre bambalinas prescindan total y absolutamente de esas exigencias.

En cualquier caso, seamos honestos. El CGPJ tiene visibilidad nula y una utilidad institucional relativa. La función por la que se pelean los partidos es la del nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo o de la presidencia de la institución y de los cargos gubernativos. Es ahí dónde la política quiere meter la cuchara hasta el fondo del plato. Con la finalidad de tener un poder judicial domesticado sobre todo en las supremas esferas que son las que “casan” (rompen) el Derecho dictado por los órganos jurisdiccionales inferiores o juzgan a los políticos aforados. Esa política de nombramientos es, por lo común, fuente continua de algunos escándalos, que apenas trascienden. O, si lo hacen, sin consecuencia alguna. Lo demás que hace el Consejo tiene menor relevancia política. Por ejemplo, selecciona jueces como lo venía haciendo hace más de cien años; les da una formación inicial (no selectiva en la práctica) algo mejor y una continua que es muy mejorable. Los sanciona o amonesta cuando la cosa se pone muy fea.  Y algunas cosas más. Son funciones propias de una Dirección General de un Ministerio, pero con veintidós cabezas, tal como recordó acertadamente hace muchos años el profesor Luís María Díez-Picazo antes de recalar en el propio Tribunal Supremo. Y, en efecto, lo peor de un órgano gubernativo es estar conformado por un colegio tan amplio.  Como afirmó en su día Napoleón, deliberar es cosa de muchos, ejecutar de uno sólo. Cuando se ponen a ejecutar tantas personas a la vez, mal vamos. La reforma de 2013 apenas cambió el fondo de las cosas. Desde los contradictorios diseños institucionales de 1981-1985, el CGPJ arrastra una vida errática y de escaso lucimiento; buscando su sitio, que nunca encuentra.

El Consejo General del Poder Judicial es, además, un órgano constitucional de diseño desgraciado. Requeriría un bisturí constitucional que lo corrigiera de inmediato; pero aquí no se reforma nada ni aunque el edificio institucional amenace ruina inminente. El Consejo no tiene memoria institucional, pues se renueva íntegramente cada cinco años (más las prórrogas debida a los bloqueos o vetos políticos), y el nuevo Consejo escribe de nuevo sobre una hoja en blanco. Así que nadie se extrañe de que el servicio público de la Justicia funcione de forma tan deficiente. Su modelo de Gobernanza es un soberano disparate (un “monstruo de tres cabezas”, como expuse también en su día: CGPJ, Ministerio y CCAA). Realmente, es una institución casi olvidada (y cuando se habla de ella, malo), con un prestigio por los suelos (ganado a pulso) y con un solo objetivo: mantener lo que hay sin apenas cambiar nada. La transformación de la Justicia ni está ni se la espera. Han pasado casi veinticinco años desde el Libro Blanco de la Justicia, el último intento serio, aunque algo autocomplaciente y tibio, de reflexión del propio órgano de gobierno de los jueces sobre ese poder judicial que, como dijera Hamilton, “es, sin comparación, el más débil de los tres poderes”, aunque puede y debe actuar (y así lo hace en las democracias avanzadas de nuestro entorno) de freno de los demás poderes, y no simplemente de acompañante complaciente del poder de turno. Este último, sin embargo, es el rol que le hemos adjudicado en España, que otros quieren cambiar por el de defensor de las esencias corporativas del gremio judicial. No tenemos término medio. Y así seguimos; mientras tanto, los años pasan y los problemas se acumulan y se enquistan. También en la Justicia. Y no son menores, precisamente. A seguir esperando que alguien (no se sabe quién ni cómo ni cuándo) los resuelva.

EL LIBERALISMO OLVIDADO: DEBERES Y RESPONSABILIDADES

“El significado esencial de liberal no sólo denotaba ser amante de la libertad y tener conciencia cívica, sino también  ser generoso y compasivo. Ser liberal era un ideal, algo a lo que aspirar”

(H. Rosenblatt, La historia olvidada del liberalismo, Crítica, 2020, p. 2015)

El liberalismo es una de las grandes corrientes ideológicas surgida en los últimos siglos. Bien es cierto que nunca ha sido una doctrina fija o unificada, pero tiene sus rasgos esenciales, aunque algunos se hayan desdibujado. Sus precedentes británicos son innegables, tanto en su concreción política o constitucional como filosófica o de las primeras doctrinas económicas. Sin embargo, un cierto halo de confusión anida sobre una ideología que se alejó lo que pudo  (aunque a veces se vio asfixiada por el abrazo del oso) del propio conservadurismo, y que, pasados los años, intentó crear un espacio propio distante también de las corrientes inicialmente socialistas y más adelante socialdemócratas. Tras la aparición de esta última ideología, su papel de bisagra ha sido (casi) constante. Hoy en día, con dificultades, sigue manteniendo un espacio propio, siempre a caballo entre conservadores y socialdemócratas, haciendo a veces complejo identificar dónde realmente está tal ideario y qué postulados clave defiende. La vigencia del liberalismo en tiempos tan convulsos como los que nos toca vivir, se advierte en que algunos medios de comunicación le están dando un papel relevante en la salida de esta crisis, al recoger, entre otras, opiniones tan importantes como las del propio Michael Walzer. Tal como reconoce este autor: “A los liberales se nos reconoce mejor en términos morales que en términos políticos; de mentalidad abierta, generosos, tolerantes capaces de convivir con la ambigüedad, dispuestos a entablar discusiones en las que no nos creemos obligados a ganar”. Sin dogmatismo ni fanatismo. Pero, ¿ha sido siempre así?, ¿es el liberalismo hoy en día un antídoto contra las expresiones iliberales? Veamos.

La emergencia con fuerza inusitada del populismo durante este siglo XXI (un fenómeno extraordinariamente tratado por Pierre Rosanvallon, en su libro Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Seuil, París, 2019; que ha sido recientemente traducido al castellano; y que reseñé hace meses en este Blog), con algunas versiones claras de sistemas democráticos iliberales, en verdad regímenes aparentemente democráticos, pero revestidos rasgos autoritarios innegables y con tendencias marcadas a la concentración del poder (fenómeno que ha sido analizado entre otros por innumerables estudios entre los que cabe citar ahora los siguientes: S. Levitsky y D. Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Ariel, 2018; D. Runciman, Así termina la democracia, Paidós, 2019; o T. Snyder, El camino hacia la no libertad, Galaxia Gutenberg, 2918), parece marcar un antes y un después entre lo que convencionalmente hemos conocido como el Estado Liberal democrático, formulado en términos jurídico-institucionales como Estado Constitucional democrático, en el que rige la supremacía de la Constitución, la separación de poderes (y sobre todo el control del poder), la garantía de los derechos fundamentales, y, ya a partir de entrado el siglo XX, una economía social de mercado, que se asienta en lo que conocemos con el Estado del Bienestar.

Ante ese contexto actual de empuje del populismo, que está asentándose claramente o de forma silente en expresiones ideológicas tanto de derechas como de izquierdas y erosionando de forma grave los postulados del Estado Liberal, tal vez es conveniente volver a los orígenes del problema y preguntarse cabalmente cuál ha sido la evolución de ese ideario liberal y por qué ha terminado arrinconado en discutibles posiciones de un liberalismo económico exacerbado que poco  tenían que ver con los orígenes y evolución del patrón liberal y su compleja evolución durante los poco más de dos siglos de su historia.

Y para ese viaje conceptual es de enorme interés el libro de Helena Ronsenblatt objeto de esta reseña. No puedo entrar en estas breves páginas en un análisis detenido de tan interesante obra (prologada por José María Lassalle), pero sí poner el foco en sus tesis más relevantes, que se recogen de forma clara tanto en la Introducción del trabajo como en el Epílogo, siendo el desarrollo de la obra una confirmación muy documentada de tan particular evolución.

La tesis de la autora es que, sin perjuicio de sus precedentes británicos, el liberalismo como ideología política nace principalmente en Francia y también adquirió cierta importancia en Alemania, aunque luego silenciada u oscurecida. El hecho determinante que la evolución (política y filosófica) del liberalismo ha olvidado es que “la mayoría de los liberales eran moralistas”, puesto que “nunca hablaban de los derechos sin hacer hincapié en los deberes”. Así, “los liberales defendían sin cesar la generosidad, la rectitud moral y los valores cívicos”. Por tanto, a pesar de la carga ideológica negativa que la expresión liberalismo ha tenido en los últimos tiempos (por su maridaje con el término “neoliberal” y sus funestas consecuencias prácticas), como bien dice la autora “en los siglos anteriores, ser liberal significaba algo muy diferente; significaba ser ciudadano generoso y con conciencia cívica”. Estas huellas tan importantes del ADN ideológico liberal se han perdido en el tiempo: “Los liberales han dado la razón a sus adversarios”, como sanciona el epílogo del libro reseñado.

En efecto, ciertamente el contexto histórico, y más especialmente los terribles acontecimientos vividos durante los años que trascurren con las dos Guerras Mundiales y su ínterin, hizo girar al liberalismo como una corriente ideológica opuesta al totalitarismo (como hoy en día lo podría ser al populismo) y centrar su punto de atención (siempre importante, pero no exclusivo) en los derechos e intereses individuales. Junto a ello se planteó la dura respuesta de Hayek y más adelante de la Escuela de Chicago frente al intervencionismo estatal. Es lo que el libro denomina la americanización del liberalismo. La autora cita a Dewey, quien sintetiza el problema de forma diáfana: “En el liberalismo había dos corrientes. Una era más humana y, por tanto, estaba más abierta a la intervención del Estado y la legislación social. La otra estaba en deuda con la gran industria, la banca y el comercio y, por tanto, comprometida con el laissez faire”. La consolidación con fuerza del Estado Social tras el período del New Deal y el conocido Informe Beveridge de 1942, que convirtió en prestaciones sociales necesidades que Frosthoff denominara de “procura existencial” (o en otros términos, “un hombre hambriento no es libre”), se desplegó durante los treinta gloriosos años y luego irrumpió con fuerza ese pretendido retorno a las esencias que no era tal: el neoliberalismo. Allí se empezó a difuminar la esencia el liberalismo social, que, a juicio de la autora, debería ser recuperada.

Helena Rosenblatt traza con línea firme la evolución (o mejor dicho, la involución) de una idea y de un concepto, ciertamente nunca pacífico y campo de batalla entre diferentes opciones que se pretendían apropiar de la esencia liberal. Su tesis es que el término procede de Francia (y no de la España de Cádiz, como hasta ahora se ha defendido; por ejemplo, en M. Freeden, Liberalismo. Una introducción, Página Indómita, 2020), y ensalza como promotores a Constant y madame Stäel, aunque luego también rinde tributo a Tocqueville y a otros muchos autores y gobernantes (entre ellos a Gladstone). Aunque claramente la autora desliga en sus orígenes el liberalismo de la democracia y de la ampliación gradual del derecho de voto, hasta su reconocimiento a la mujer. En ese largo tránsito se advierten algunas ausencias, puesto que la autora –a mi juicio- no da el protagonismo debido en esa historia a la corriente del liberalismo doctrinario de origen francés personalizado en Guizot y Royer Collard (que tan nefasta influencia tuvo sobre la política constitucional española del siglo XIX y parte del XX), finalmente erradicada en el país vecino tras la revolución de 1848, pero que se enquistó en la España institucional decimonónica. De aquella revolución no surgió sin embargo una sociedad nueva, sino la primera expresión de “democracia iliberal” con el fuerte autoritarismo bonapartista de Napoleón III, donde –como recoge Rosanvallon- aparecen innegables precedentes con las expresiones modernas de populismo, algunas que nos son próximas.

Liberalismo y democracia no tuvieron caminos paralelos, sino secuenciales. Aun así costó que los primigenios liberales comprendieran la evolución del problema. La democracia seguía teniendo más aún tras las experiencias radicales de la Convención durante la Revolución francesa, un cierto olor a oclocracia, en términos de Polibio. Guizot, por ejemplo, “consideraba que el sufragio universal era totalmente incompatible con la libertad”. Pero antes que él, Constant – cuya arquitectura institucional del pensamiento liberal es sencillamente sublime- también renegaba “razonadamente” del sufragio universal. Si no se interpretan correctamente las ideas en sus respectivos contextos, nunca se entienden. Algo de eso nos pasa ahora. En fin, fue Tocqueville, entre otros, quien advirtió tempranamente de la cuestión social y recuperó la idea democrática en su imprescindible obra La democracia en América. El liberalismo, no sin fuertes tensiones en su seno, fue evolucionando hacia la democracia y al reconocimiento del sufragio universal. Así, el liberalismo se hizo democrático y, con más tibieza, social.

El laissez faire, a pesar de momentos de apogeo, tuvo que abandonarse paulatinamente, dado que las condiciones en las que desarrollaba su trabajo el proletariado eran sencillamente infames. La polémica en las filas liberales se centró en cómo combatir el “pauperismo”. John Stuart Mill, adoptó entonces un liberalismo pragmático que emplazaba al poder público a preocuparse por los menos favorecidos y, entre otras prestaciones, por una educación pública obligatoria. Sin embargo, en el terreno liberal la economía y sus concepciones fueron siempre objeto de disputa. Quizás una de las aportaciones más interesantes en las filas liberales procedió de Giuseppe Mazzini quien defendía que los derechos en una sociedad liberal “solo pueden existir como consecuencia de deberes cumplidos”, pues lo contrario conduce a “generar egoístas lo que siempre conduce a resultados desastrosos y deplorables”. Tomemos nota. Algo de eso triunfa en nuestros días.

El liberalismo se fue haciendo así cada vez más humano, volviendo a sus esencias. Pero las expresiones iliberales primero y luego las totalitarias lo pusieron en cuestión, focalizando, así, su punto de atención –como decíamos- sólo en los derechos e intereses individuales. La preeminencia liberal dejó de ser europea y se trasladó claramente a Estados Unidos. Y allí se gestó esa mutación profunda que conduciría a su propia negación: el neoliberalismo; que echaría raíces en el Reino Unido y en otras muchas democracias avanzadas. La tesis de la autora es que las profundas huellas ideológicas del liberalismo se han ido borrando con el paso del tiempo y lo que hoy en día necesita el liberalismo es “articular una concepción del bien y una teoría liberal de la virtud”. Así concluye: “Los liberales deberían reconectarse con los recursos de su tradición liberal para recuperar, comprender y asumir sus valores. El objetivo de este libro es relanzar ese proceso”. Y, al menos, abre un debate que los propios liberales deberán resolver.

No sabemos si se conseguirá, pero el libro es de estimulante lectura (con algunas objeciones menores como despachar a H. Arendt en dos líneas y con cita indirecta, así como a Isaiah Berlin en un párrafo). El liberalismo en España ha tenido vida accidentada y un hueco complejo entre tensiones políticas polarizadas. Ahora que tenemos fuerzas políticas populistas tanto en un lado como en otro del espectro ideológico y que las fuerzas convencionales se ven asimismo invadidas por un populismo difuso, lo que suene a liberal parece volver a estar denostado no sólo en nuestro país (recuérdese que durante el absolutismo fernandino, los liberales, como cuenta Galdós en sus Episodios Nacionales, eran tildados despectivamente de negros)  sino sobre todo en esas democracias iliberales que hoy por hoy se multiplican, y que nadie está a salvo de caer en sus redes. Hoy en día, las corrientes democráticas iliberales apuestan por una contracción de las libertades públicas, un fortalecimiento del poder ejecutivo y una apariencia democrática mediante el recurso frecuente a fórmulas plebiscitarias, quebrando la efectividad del principio de separación de poderes (del que solo se mantienen las formas). Realmente, está todo inventado. Pero en este complejo contexto de la terrible crisis Covid19 en la que estamos inmersos, tal vez convendría recuperar ese liberalismo moral originario que pone el acento no sólo en los derechos sino también en las responsabilidades y deberes ciudadanos, así como en la protección social y en salvaguardar una vida digna para todas las personas, por no hablar de la tolerancia y el abandono del fanatismo. Lo expuso con claridad Cass R. Sunstein: “Si el pueblo no escucha, y si entre ellos no dialogan, democracia y deliberación están en riesgo; y si los miembros de ciertos grupos (desfavorecidos) reciben menos atención, libertad e igualdad están en riesgo” (Desining Democracy. What Connstitutions Do, Oxford University Press, 2001, p. 155).  Esa revitalización de la causa originaria liberal, quizás, representaría un signo de modernidad de que el pensamiento ilustrado aún mantiene vigencia en una sociedad que, de forma tal vez imperceptible, parece estar descomponiéndose a marchas forzadas.

FUNCIÓN PÚBLICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

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“Es importante tener claro que ni el mundo político ni el de la administración se reforman por sí mismos. Sólo una acción externa puede hacerles cambiar” (p. 32)

Thierry Pfister, La république des fonctionnaires, Albin Michel, París, 1988)

Salvo algunos oficios y actividades, el trabajo en la función pública se realiza, por lo común, en lugares cerrados. Y también en espacios donde la densidad de personas y la proximidad es la regla. Hay algunos casos en los que el contacto físico o, al menos, la cercanía (pensemos en servicios de atención o de prestación al público), es evidente. Ello sin contar con que esos empleados públicos realizan desplazamientos al lugar de trabajo en no pocas ocasiones en transporte público, por no mencionar que también toman el café de media mañana, cuando no (aunque ahora se limiten esas actividades) algún día almuerzan con sus colegas o amigos en restaurantes próximos. El final de las vacaciones incrementará ese tránsito y la consiguiente densidad de relaciones, por no hablar de la vuelta a las clases y sus efectos, que serán multiplicadores. Es así en infinidad de actividades profesionales, por lo que la actividad profesional pública no resulta ninguna excepción.

Así las cosas, en lo que ya es la segunda oleada de la etapa Covid19 (cuya magnitud y profundidad aún desconocemos), el regreso a la actividad profesional de centenares de miles de funcionarios (docentes, personal estatutario, policías, burócratas, directivos, operarios y prestadores de servicios públicos de lo más diverso) se antoja muy complicada, más aún en un país en el que el personal toma sus vacaciones casi de forma generalizada en agosto y la Administración se desperezará lentamente a lo largo de un particular septiembre, que no dará tregua. Así, se pasará de la playa o del monte al Dragon Khan. Sin solución de continuidad.

En efecto, en este desconcertante año el escenario ha cambiado radicalmente. Aunque, por lo visto, a veces no lo parezca. Otra cosa es que las mentalidades se adapten. Las pautas y los hábitos, con leves correcciones, siguen siendo los mismos. Los hombres no cambian, ni siquiera en epidemia, tal como reconociera Albert Camus. Tampoco los funcionarios, cuyas conductas están demasiado arraigadas a costumbres inveteradas. Sin embargo, algo deberá mudar. Y no poco. Pensemos en la gestión de las aulas, por ejemplo. O en la relativa (des)atención ciudadana que se ha producido en algunos servicios durante la pandemia. En la vuelta a la “nueva normalidad” tensada por una pandemia que no cesa, se impondrán la distancia de dos metros (¿?), las mascarillas y el lavado de manos (las tres “M”), marcando la existencia de quienes sobrevivan en las dependencias públicas, pues a una parte considerable del funcionariado que no desarrolla “servicios esenciales” (por ejemplo, si tiene menores o dependientes a su cargo o una “edad de riesgo”), se le permitirá aún continuar teletrabajando y quedarse refugiado en su hogar (donde en ciertos casos será simplemente olvidado, salvo cuando haya que girarle la nómina a fin de mes o cuando un alma caritativa de la oficina se acuerde de ellos al observar día sí y día también la silla vacía, el ordenador de mesa apagado y la ausencia de papeles).

A la espera de que el teletrabajo se regule realmente, mientras tanto se sigue improvisando (¡cómo nos gusta conjugar este verbo!), con la fe ciega por parte de algunos de que estar en el domicilio conectado ya implica desarrollar una actividad profesional, algo que, al menos en ciertos casos, es discutible; aunque en otros, en verdad, no lo sea. Tal como expusimos en su día, sin definir objetivos, concretar tareas, supervisar permanentemente el trabajo desarrollado y evaluarlo, el teletrabajo no es más que un pío deseo o una fórmula vacía. Y no digamos si hay personas menores o mayores dependientes a su cargo también en el mismo espacio y a las mismas horas: conciliar, así, no es realmente teletrabajar. Se trata de otra cosa. Una fórmula mixta. A veces necesaria, nadie lo discute. Pero distinta.

Lo cierto es que esta segunda oleada de la pandemia nos vuelve a poner en nuestro sitio: allí donde hay transmisión comunitaria (y comienza a haberla por doquier) los contagios se pueden multiplicar. Lo ha dicho, con su claridad habitual, la Consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga. Y, por tanto, los riesgos son numerosos e imprevisibles (una “lotería inversa”, como repito por doquier). Y, en ese caso, el contagio puede provenir de cualquier sitio. No solo por estar en el trabajo, que si se adoptan medidas preventivas suficientes no hay mayor problema que en otros lugares (bastante menor, por ejemplo, que acudir al interior de un bar o restaurante, al supermercado, a una reunión o cena de amigos o viajar en un autobús o tren). La trazabilidad de los contactos en el lugar de trabajo es muy precisa. Por tanto, no es oportuno ni procedente demonizar el lugar de trabajo como foco de contagio, pues en ese caso lo que deberíamos hacer es sencillamente no salir nunca de casa y permanecer confinados eternamente hasta que el cielo de la pandemia escampe. Probablemente, habrá que organizar o planificar de forma cabal la prestación de servicios públicos y un sistema adecuado de rotación, pero debe quedar muy claro que una Administración Pública que, por los motivos que fueren, no atiende las necesidades y demandas de la ciudadanía cuando peor lo está pasando, es sencillamente un trasto inservible, que se debería sustituir por otra cosa.

Pero, dicho lo anterior, la actual Administración Pública tiene, además, un problema añadido: la avanzada edad de sus empleados públicos. Y no es un tema menor. Hay administraciones públicas en las que la edad media de sus funcionarios es superior a 55 años. Ciertamente, no son las edades de mayor riesgo de la Covid19, pero se le aproximan. Hoy en día el porcentaje más elevado de ingresos hospitalarios por Covid19 se mueve en la franja de edad entre 40 y 60 años, que es en la que están la inmensa mayoría (entre un 80 y 90 por ciento) de los empleados públicos. La verdad es que mucho más riesgo ha tenido y tiene el personal sanitario y a nadie se le ha ocurrido vaciar las diezmadas y entregadas plantillas con mecanismos de protección de ese tipo, pues conducirían derechamente a la inviabilidad en la prestación del servicio público de salud a la ciudadanía. En ese caso, ¿por qué se adoptan esas medidas ultraprotectoras en algunos ámbitos del sector público, como es el caso de la administración general dónde, paradójicamente, menos riesgo existe (bastante menor, por ejemplo, que en la docencia)?  En cualquier caso, no es un tema sencillo. Nada en la pandemia lo es. Quien tenga certezas en este ámbito, raya en la estupidez.

Hace algún tiempo un profesor universitario de edad próxima a la jubilación reflexionaba certeramente sobre esta cuestión más o menos de la siguiente manera: “La actividad profesional que desarrollo es un servicio público y, por consiguiente, aun admitiendo los riesgos que ello conlleva por mi edad, debo seguir prestándola (esto es, impartiendo docencia presencial cuando se requiera), pues esa obligación va en mi condición de servidor público y también en mi nómina que abonan los ciudadanos con sus impuestos”. La ética de servicio público (algo que el personal sanitario y otros colectivos de la Administración Pública han acreditado sobradamente en la primera oleada de la pandemia) es la que nunca debe perder la institución de función pública salvo que quiera negar su propia existencia. Bien es cierto que siempre se ha de buscar un punto de equilibrio, más cuando están en juego aspectos existenciales de la Administración (servicio a la ciudadanía) con la salvaguarda de la salud de los funcionarios. Pero las circunstancias excepcionales, salvo agravamiento de la situación (que todo es posible), no deben normalizarse. Sería el suicidio de la Administración Pública. Insisto, la negación de su existencia.

El contexto descrito se agrava con la edad avanzada de los funcionarios, más de diez años superior a la edad media de la población española. Ya no son solo las acumulaciones de permisos de fidelización (“canosos”) y de otro carácter, sino en algunos casos el legítimo blindaje inicial frente al primer empuje de la pandemia, mediante la exención de tener que acudir al centro de trabajo. Al menos, con muchas excepciones, esto ha sido así hasta ahora, tendencia que debería corregirse o paliarse con mesura y equilibrio. En todo caso, más temprano que tarde, las Administraciones Públicas deberían tomarse en serio cómo van a sustituir a ese más de un millón de empleados públicos (docentes y sanitarios incluidos) que se jubilarán en los próximos diez años. Y ello solo puede hacerse de dos modos: ordenada o caóticamente. Por lo que vamos viendo en estos últimos tiempos de pandemia, parece imponerse la segunda solución. Es una situación excepcional, en efecto, pero si se consolida hipotecará el futuro. Y, como decía, no podemos vivir siempre refugiados en la excepción, mucho menos la Administración Pública.

Tampoco se ha enfatizado lo suficiente en que el secular retraso de la digitalización que ofrece el sector público también procede en parte de la falta de competencias digitales avanzadas de una buena parte de las plantillas de empleados públicos. Quienes superan determinados umbrales de edad son muy resistentes por naturaleza a la introducción de cambios tecnológicos disruptivos en sus lógicas de trabajo. El retraso de la Administración electrónica se padeció con fuerza en la primera etapa Covid19 (incluso lo reconoce el autocomplaciente Plan España Digital 2025). Y es algo que se debería corregir de inmediato, pues -aparte de retrasar sine die el pleno asentamiento de la digitalización en la Administracióntambién hipoteca fórmulas reales de teletrabajo. Aunque trabajar a domicilio no es sólo estar en el domicilio conectado a Internet o a un sistema remoto en horas de trabajo.

Hay, en efecto, en el teletrabajo una dimensión tecnológica, pero también otra importante organizativa y de gestión, así como una no menor de voluntad y compromiso, aparte de las condiciones de trabajo que son el punto que habitualmente preocupa a los agentes sociales. La entropía en algunas fórmulas mal llamadas de teletrabajo, motivadas por razones de excepcionalidad de un confinamiento severo, debe ser corregida de inmediato. Vendrán momentos duros, sin duda, pero no podemos enfrentarnos a ellos una vez más con la hoja en blanco, pues algo deberíamos haber aprendido (aunque a veces no lo parezca). En la gestión de los espacios de trabajo, ya se están adoptando medidas de distanciamiento físico generalizado, pero ello no debería suponer renunciar a una reordenación racional del trabajo híbrido (o mixto, de combinación inteligente entre trabajo presencial y a distancia).

Si se racionaliza y regula razonablemente, el teletrabajo  prolongará sin duda sus efectos más allá de ese período, y puede ser un modo cabal de organizar el espacio y el tiempo de trabajo (con consecuencias aún por determinar) en el sector público durante este nuevo contexto (que nadie sabe lo que durará ni cómo evolucionará), al menos en aquellas actividades profesionales que lo admitan; pues todo apunta, en efecto, a que las incertidumbres (con vacuna o sin ella) seguirán subsistiendo y esa modalidad real o efectiva (no la simulada) de trabajo no presencial tiene largo recorrido, pero siempre combinado con una presencialidad ordenada. Más aún en el servicio público, donde no pocos ciudadanos (que no son nativos digitales ni tienen en estos momentos recursos ni competencias para ello), todavía hoy, también quieren ver y ser escuchados por una Administración Pública que tenga rostro humano, nombre y apellidos, cara y ojos, así como, en su caso, empatizar con los problemas de una cada vez más sufrida ciudadanía, lejos de la presencia hierática y fría de una pantalla y unos oscuros y alambicados formularios electrónicos que se deben rellenar para entrar en contacto virtual con una Administración Pública (siempre que, como suele ser frecuente, no se bloquee el sistema) que, si no se “humaniza” algo más en esta etapa tan dura, ya nadie sabrá a ciencia cierta dónde está ni (en ciertos casos) para qué sirve.

VISIÓN DE LA PANDEMIA A LA LUZ DE “LA PESTE” DE ALBERT CAMUS

  LA PESTE          

“Aquel olor de muerte que embrutecía a los que no mataba”

                   “No hay una isla en la peste. No, no hay término medio”

                  (Albert Camus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aunque en estos cinco últimos meses ha proliferado el recurso a esta impresionante obra de Camus para interpretar la pandemia, tal vez sea oportuno, por su innegable paralelismo y aguda perspectiva volver la mirada a alguna de sus reflexiones (aunque haya  grandes diferencias, más de contexto que morales) desde el ángulo de nuestra triste actualidad.

El libro se abre con una idea clara: a principios de año, nadie esperaba lo que sucedió después. Tampoco lo esperaban los médicos (hoy epidemiólogos), que discrepaban sobre el problema y su alcance. Sin embargo, “la sorpresa de los primeros tiempos se transformó poco a poco en pánico”. Las autoridades, al menos al principio, querían rebajar esa percepción. Y la ciudadanía se agarraba a una idea: “Esto no puede durar”. Declarar la epidemia suponía suprimir el porvenir y los desplazamientos. Había que postergarlo, hasta que fuera inevitable. Sin embargo, la ciudadanía se creía libre, “y nadie será libre mientras haya plagas”. No obstante,  el contagio nunca será absoluto, “se trata de tomar precauciones”. Así se comunicaba. La desinfección era obligatoria, tanto del cuarto del enfermo como del vehículo de transporte.

A pesar de que la situación se agravaba, “los comunicados oficiales seguían optimistas”. Las camas de los pabellones hospitalarios se agotaban. Hubo que improvisar un hospital auxiliar. Y luego abrir más hospitales de campaña. También aparecieron los hoteles de cuarentena. Todo conocido. La percepción ciudadana era paradójica: “Hay los que tienen miedo y los que no lo tienen. Pero los más numerosos son los que todavía no han tenido tiempo de tenerlo. La transmisión de la infección, “si no se la detiene a tiempo”, se producirá “en proporción geométrica”. Como así fue entonces, y ha sido ahora.

Una de las consecuencias más notables  del confinamiento “fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello”. La expresión más utilizada en las comunicaciones fue la siguiente: “Sigo bien, cuídate”. Comenzó, así, una suerte de exilio interior (en sus casas) y en una ciudad cerrada. Las conjeturas iniciales sobre la duración de la epidemia se fueron desvaneciendo, y se mezclaban diferentes sensaciones entre la ciudadanía: “Impacientados por el presente, enemigos del pasado y privados del porvenir”. No es extraño, por tanto, comprender que “a nuestros conciudadanos les costaba trabajo comprender lo que pasaba”. Primaban las preocupaciones personales: al principio, “nadie había aceptado todavía la enfermedad”. Y “la primera reacción fue criticar a la organización”. Sólo “comprobando el aumento de defunciones, la opinión (pública) tuvo conciencia de la verdad”, ya que en los primeros pasos “nadie se sentía cesante, sino de vacaciones”. Conforme la epidemia avanzó, comenzaba a expandirse la sensación de que “nos vamos a volver locos todos”.

La epidemia golpeó fuerte al personal sanitario. El número de muertos crecía y los hospitales (en nuestro caso, preferentemente las residencias de ancianos) eran su antesala. Las frías estadísticas conducían a “la abstracción del problema”, pero había nombres y apellidos; esto es, personas. La forma de maquillar los letales efectos de la plaga fue muy clara: “en vez de anunciar cifras de defunciones por semana, habían empezado a darlas en el día”. Los “casos dudosos” no computaban. Las farmacias se desabastecieron de algunos productos. Las cifras eran la imagen precisa de la abstracción antes comentada. Las colas en comercios de alimentación se hicieron visibles. En todo caso, “cuando la abstracción se pone a matarle a uno, es preciso que uno se ocupe de la abstracción”. La felicidad se congelaba. O se aplazaba.

Muchos esperaban, además, que la epidemia fuera a detenerse y que quedasen ellos a salvo con toda su familia”, pues “no era para ellos más que una visitante desagradable, que tenía que irse algún día”. La epidemia, asimismo, “era la ruina del turismo”. Con el avance de la enfermedad, los ciudadanos procuraban evitarse: en los transportes, “todos los ocupantes vuelven la espalda, lo más posible, para evitar el contagio mutuo”. Y, fruto de las complejas circunstancia, “el mal humor va haciéndose crónico”. Pero hay un segmento de la población que en buena medida vive al margen del temor: “Todos los días hay un desfile de jóvenes de ambos sexos en los que se puede observar esa pasión por la vida que crece en el seno de las grandes desgracias”. También los restaurantes se llenan, aunque “en ellos existe la angustia del contagio”. Cuando la cosa se pone seria los ciudadanos se acuerdan del placer. También prolifera el consumo de alcohol y las escenas de embriaguez

La enfermedad se transmuta. Al ser pulmonar, el contagio se produce de boca a boca. Pero, en verdad, “como de ordinario, nadie sabía nada”. Ni, en ocasiones, el propio personal sanitario especializado. La miseria y el sufrimiento fueron creciendo conforme la epidemia se  multiplicaba. Pero, aunque la enfermedad se multiplicara, pronto se advirtió que “la miseria era más fuerte que el miedo”.

Frente a todo este complejo cuadro, sólo quedaba una solución: combatir la epidemia. Lo contrario era ponerse de rodillas. Pues, se  mire como se quiera, “toda la cuestión estaba en impedir que el mayor número posible de  hombres muriese”. La espera del fármaco salvador (vacuna)  era la única esperanza. Los materiales escaseaban. Los refuerzos del personal sanitario eran insuficientes. Como dijo  Rieux, el médico cronista: “Aquí no se trata de heroísmo. Se trata solamente de honestidad”, es el único medio de lucha contra la epidemia. “¿Y qué es la honestidad?”, se preguntaba: en mi caso, respondía el doctor, “sé que no es más que hacer bien mi oficio”.  Aún así, el personal sanitario se vio afectado: “Por muchas precauciones que se tomasen el contagio llegaba un día”. Faltaban material y brazos. El durísimo contexto imponía sus reglas: “Los hombres de los equipos sanitarios no lograban ya digerir el cansancio”. Y, como bien añadió el propio médico, “el cansancio es una especie de locura”. El personal sanitario, para su seguridad, “seguía respirando bajo máscaras” (aquí quien las tuviera). En todo caso, “se había sacrificado todo a la eficacia”.

La política primero negó y luego aceptó la evidencia. La burocracia, mientras tanto, vivía encerrada en sus problemas: “No se puede esperar nada de las oficinas. No están hechas para comprender”. Había, además, que afrontar obligaciones aplastantes, con un personal disminuido. La creatividad se impuso.  Pero, “todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro”. La comunicación no es desinformación o información remozada.

¿Y cómo respondía la ciudadanía ante tan devastador panorama? La única esperanza posible a sus ojos era constatar que “hay quien es todavía más prisionero que yo” (o que había quienes se encontraban en peor condición), en ello se resumía su esperanza. Se impuso “la solidaridad de los sitiados”, pues las relaciones tradicionales se vieron rotas. Y eso desconcertaba. Así, no es de extrañar que comenzaran a prodigarse conductas inapropiadas. En ese contexto, “la única medida que pareció impresionar a todos lo habitantes fue la institución del toque de queda”.  Viendo avanzando el tiempo, la ciudadanía se fue adaptando a la epidemia, “porque no había opción de hacer otra cosa”. Y se introdujo, así, en una monumental “sala de espera”. La confusión fue creciendo, “sin memoria y sin esperanza, vivían instalados en el presente”. La instantaneidad se imponía. El porvenir estaba tapiado por la incertidumbre. Así no cabe extrañarse de que “los hombres que hasta entonces habían demostrado un interés tan vivo por todas las noticias de la peste dejaron de preocuparse de ella por completo”. Las ideas fijas consistían en prometerse unas vacaciones completas después de la epidemia: “después haré esto, después haré lo otro … se envenenan la existencia en vez de estar tranquilos”. Además, la desconfianza aleja a los unos de los otros: “Todo el mundo sabe bien que no se puede tener confianza en su vecino, que es capaz de pasarle la enfermedad sin que lo note y de aprovecharse de su abandono para infeccionarle”. En fin, en un contexto tan duro, “el juego natural de los egoísmos” hizo acto de presencia, agravando “más en el corazón de los hombres el sentimiento de injusticia”. Si bien, no todo era negación, pues hay “algo que se aprende en medio de las plagas: que (también) hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio”.

La epidemia se prolongó en el tiempo. Y, frente a la percepción inicial “de que pronto desaparecería (…) empezaron a temer que toda aquella desdicha no tuviera verdaderamente fin”. Las estadísticas se mostraban caprichosas. Los arbitristas que las interpretaban se multiplicaban por doquier. Abundaron así los sermones, desconociendo que no “hay que intentar explicarse el espectáculo de la epidemia, sino intentar aprender de ella lo que se puede aprender,” pues una de sus cualidades era que, por lo común, la peste “se complacía en despistar los diagnósticos”. Los gráficos estadísticos se convirtieron, así, en el mapa diario del tiempo de la muerte o del crecimiento de la enfermedad. Daban malas o buenas noticias: “Es un buen gráfico, es un excelente gráfico”, pues –se añadía- “la enfermedad había alcanzado lo que se llamaba un rellano”. Pero siempre quedaba la duda de los rebrotes: “La historia de las epidemias (siempre) señala imprevistos rebrotes”.

En esa situación de hipotéticos rebrotes, cobraba un papel central el sentido de responsabilidad individual y de empatía hacia los otros. En efecto, “hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección”. La voluntad era una manifestación de la integridad de las personas: “El hombre íntegro, el que no infecta a nadie es el que tiene el menor número de posibles distracciones. ¡Y hace falta tal voluntad y tal tensión para no distraerse jamás”.

Hasta aquí algunos fragmentos del relato, escogidos en virtud de su paralelismo con la actual pandemia, más aún cuando –a punto de finalizar este agosto también inhábil para (casi) todo, no para la propagación del virus, que no guarda vacaciones- la “nueva normalidad” realmente significa –estúpidos de nosotros- un gradual retorno a cifras cercanas al primer brote de la pandemia.

La peste termina cuando se abren las puertas de la ciudad tras casi un año de cierre. Y surgió la imperiosa necesidad tras meses de aislamiento, pues “hay una cosa que se desea siempre y se obtiene a veces: la ternura humana”. Aquí , en la pandemia, se abrieron “las puertas” a finales de junio de 2020 tras un confinamiento de tres meses y una desordenada “desescalada”, y todo el mundo salió en tropel pretendiendo olvidar lo que era inolvidable y volcado a hacer aquello que no había hecho durante el tiempo de confinamiento. En verdad, como expone Camus al final de su obra, a pesar de lo sucedido, “los hombres eran siempre los mismos”. En realidad,  no habían cambiado nada, salvo tal vez quienes perdieron a sus seres queridos.

Tampoco nada ha cambiado desde el poder. Lo que se hizo mal al principio (falta total de previsión y ausencia de  planificación y de precaución, cambios permanentes de criterio, marco normativo inadecuado y obsoleto, impotencia política, fallos de coordinación, ineficacia administrativa, etc.), se está repitiendo después corregido y aumentado, tanto por una desbordada, preñada de tacticismo y errática política y una (en alguna medida) desaparecida Administración Pública como por una ciudadanía también en parte irresponsable a la que está faltando sensibilidad y voluntad o, como decía Camus, “integridad”, y que, salvo excepciones, solo mira “lo suyo” con escasa (o nula) empatía por lo ajeno. Todo hace presumir que el final de este extraño verano y el inicio de la estación otoñal la situación se agravará muchísimo con una más que previsible multiplicación de los contagios a través de un virus que nunca se fue, a pesar de que prácticamente todo el mundo lo dio por enterrado. Y con sus fatales consecuencias sobre un país ya hoy devastado económica y socialmente.

Por su presencia en las librerías, cabe deducir que la lectura o relectura de La peste de Albert Camus ha sido una de las opciones preferidas de estas vacaciones. En mi caso, leí esta irrepetible obra cuando era estudiante y la he releído recientemente.  A pesar del complejo momento y de sus innegables distancias (entre otras muchas, la digitalización ha atenuado/agravado, según los casos, el problema de “la distancia”), hay en este libro enseñanzas sinfín. No he pretendido extraerlas todas, pues su riqueza está fuera del alcance de estas poco más de tres condensadas páginas.

En cualquier caso, puede ser oportuno  concluir este comentario con las palabras con que el autor cierra su obra, muy necesarias cuando dimos alegremente por finiquitado un problema global que estaba aún muy lejos de desaparecer: “(…) esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás (…) y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa”. Y en ella estamos. Cuando todo (aun con graves tensiones) se pretendía (relativamente) en orden y (moderadamente) feliz, llegó la pandemia que nadie supo prever y, por lo que afecta a nuestro país, muy pocos, al parecer, saben gestionar. Luego, tras el duro encierro, vino la “apertura”, el relajo público y privado, hasta la proliferación de los rebrotes. Está claro que, visto donde hemos vuelto a tropezar, apenas hemos aprendido nada en estos cinco meses. Si bien, lo más grave es que la pandemia de momento no tiene final, sino continuación. Y aquí está el problema. No en otro sitio.