“La clase política está cada vez más alejada de las preocupaciones de aquellos que dice representar”

«A pesar de las numerosas disfunciones relatadas (en este libro), me he encontrado hombres y mujeres formidables que no tenían otro objetivo que el de ponerse al servicio del ciudadano. Son numerosos, pero en la base de la pirámide…» (Philippe Pascot, Pilleurs d’Etat, París, 2015)

Es obvio que el devastador contexto climático, con sus desgarros permanentes y sus zarpazos inmediatos, irá a más. Y de forma acelerada. Si nadie lo remedia, dentro de diez años sus efectos serán mucho más letales, pudiendo convertir a España en un territorio parcial y temporalmente inhabitable.

Si se quiere afrontar algún día, cosa que dudo, ese mayúsculo problema, no cabe otra opción que hacer otra política. La que tenemos no vale. Ha mostrado su incapacidad y, peor aún, su ruindad moral: ha habido y habrá muertos, patrimonios arruinados, devastación, ansiedad, impotencia…

El cambio de política exige, en primer lugar, estrategia. Y esta llama a la prevención, al buen uso e incremento de los recursos y a una efectiva gestión, mas también a una coordinación eficiente y a la rendición de cuentas. Nada de eso se ve, ni tampoco se imagina. España, en demasiadas ocasiones, se desangra en su particular marasmo. Cuarteado el país en compartimentos estanco poco eficientes, y dividido en dos bandos políticamente enemigos, destrozada la vieja función pública profesional e imparcial, sin presupuestos generales del Estado durante una caótica y perdida “legislatura” ayuna paradójicamente en leyes y más aún en reformas estructurales, los problemas se acumulan y las soluciones nunca llegan. Ni así lo harán jamás.

La cultura de la prevención es despreciada por los políticos e ignorada por la Administración. La estrategia está ausente en una política capturada por el corto plazo y el regate corto, que no sabe conjugar el verbo planificar ni tampoco el de gestionar. Colonizados los niveles de “responsabilidad” (o de prebenda) directiva por los altos cargos de los partidos políticos (cuya incompetencia es manifiesta) y por funcionarios libremente designados que se columpian al viento que exige el poder de turno, en ambos colectivos «temporales» el lema claro: “Tomar el menor número de decisiones complejas para preservar ‘sus carreras’” (Pascot, 2015); esto es, sestear sin romper un plato ni cambiar nada. Así no puede funcionar cabalmente un país.

Y la gestión (¡ay de la gestión!), palabra con la que se le llena la boca a la política y se mal mastica por un desvertebrado mosaico de Administraciones incapaces de dar respuesta a problemas críticos que les desbordan (y poco capaces, asimismo, de resolver incluso las cuestiones más ordinarias). Con una función pública (ahora reconvertida en empleo público endogámico y vicarial) que recluta mal, defiende un igualitarismo imposible incapaz de gestionar la diferencia, que tampoco ofrece expectativas de desarrollo profesional efectivo, pero dota -eso sí, por presiones corporativo-sindicales- de una razonable zona de confort a quien allí ingresa.

Lo escribió Peter Drucker: “Las personas en las organizaciones tienden a comportarse como ven comportarse a los que son recompensados. Y, cuando las recompensas recaen en el no rendimiento, sobre el halago o simplemente la viveza, la organización pronto se inclinará al no rendimiento, al halago y a la viveza”. Así se comportan en España quienes viven de la política y así vegetan en algunos casos (afortunadamente, no todos) en ese improductivo mundo de la función pública no pocos empleados en este país. Con un sector público fragmentado y descoordinado, así como ayuno de estrategia directiva y gestión eficiente, pretender enfrentarse a las catástrofes de última generación, que asoman un día sí y otro también, es un pío deseo. Con relatos amables y vacuos, actos de fe impostada o falsas promesas nada se consigue, salvo enojar más todavía a una vapuleada y desamparada ciudadanía. Como también se dijo: “La responsabilidad es la clave”. Y en el sector público español ese principio brilla por su ausencia. Nadie responde por nada. Así nos va.

«Y no se trata solamente de llegar a alguna conclusión acerca del valor intrínseco de ese manuscrito. Además, debes tener en cuenta que el editor estará muy interesado, siempre, en saber si una vez publicado el manuscrito podrá encontrar lectores (…) Venden los libros que logran encontrar lectores que luego recomiendan a sus amigos lo que les ha gustado». (Enrique Murillo).

«La corrupción que el amaño de los premios representa se vive con tal naturalidad en los medios literarios que referirse a ellos es ganarse inmediatamente la vil condición de envidioso, resentido o frustrado. Quizá de ahí el mafioso silencio que acompaña a tan general práctica» (Constantino Bértolo, citado por Enrique Murillo)

Lo sustantivo: sobre el libro y su autor

Cualquier reseña de un libro debe partir de la novedad que tal obra representa en el mercado editorial. Bajo esta premisa, unas reflexiones sobre una obra publicada en 2025 y escritas en julio de 2026 carecen de sentido. Más aun, cuando, como es el caso, el interesante y detallado libro (lleno de confesiones y anécdotas) de Enrique Murillo, Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición (Trama, 2025), ha conocido al menos cuatro ediciones y fue objeto en su día de innumerables reseñas en periódicos y revistas, también de no pocas entrevistas en diferentes medios de comunicación, así como de celebradas y constantes referencias en las redes sociales. Por tanto, nada queda por decir que no se haya dicho de tan esperada (por anunciada) obra.

El autor se autodenomina “personaje secundario”, si bien lo fue bastante menos de lo que pretende. Al menos en el mundo editorial, en el que su brillo mate, siempre alejado de la primera fila de los focos, tuvo gran importancia. Conoció a los grandes literatos y editores de la España constitucional de 1978, aunque sus comienzos son anteriores. De sus manos salieron escritores afamados luego, reforzó otros ya lanzados y apostó en algunos casos por nóveles sobre los que pocos creían. Por mucho que vanaglorie a los escritores, el papel de los editores es clave para que aquellos emerjan. No pocos autores se pierden por el camino o no superan las caprichosas puertas de entrada en tal mundo. Lo describe muy bien el autor en una obra de contenido entre autobiográfico, memorialista y, en algunos pasajes, de denuncia de prácticas o conductas nada ortodoxas e incluso ilegales.

Conforme iba leyendo este libro más me seducía el personaje (su vida profesional me parece fascinante, propia de un hombre hecho a sí mismo, un autodidacta con muchísimo olfato, con una personalidad envidiable y un don de gentes notable), también descubría algunas afinidades existenciales (salvando las enormes distancias, siempre a favor de Murillo) en sus cambios de vida profesional (quien suscribe también se reinventó varias veces por necesidades del guion), y, en fin, más juicios compartía (en mi caso meras intuiciones) con el autor, asimismo, sobre sus concluyentes descubrimientos del oscuro mundo editorial que describe con una franqueza determinante.

Enrique Murillo despliega en este libro (que me sirve de excusa para exponer también como apéndice adjetivo algunas de mis andanzas por el pedregoso mundo editorial), una suerte de magnífica y extensa autobiografía que tiene a veces tono memorialista. Su vida profesional (la personal apenas aparece) fue -según cuenta- fascinante. Culo inquieto, intelectual hecho a sí mismo, que supo siempre buscarse salidas profesionales dignas e incluso de gran relieve ante momentos críticos de su vida, maltratado por el mundo editorial en unos casos (Anagrama, aunque fuera centro de su aprendizaje, lo tuvo más de diez años como falso autónomo) y encumbrado temporalmente en otros (Plaza y Janés, Planeta, Alfaguara) hasta sus (en algunos casos) sangrantes despidos, supo reconstruirse o rehacerse y continuar trabajando de lo que sabe hasta nuestros días, cuando con más de ochenta años sigue activo (lo que le deja la Seguridad Social, como es también mi caso). Vivió la precariedad, pero también el esplendor profesional. Fue capaz y eso es importante de recalar finalmente en sellos editoriales pequeños y obtener resultados razonables. Su mirada sobre esos sellos y sobre las distribuidoras que los alimentan (UDL, por ejemplo), es breve y muy limitada, pero interesante, pues describe descarnadamente que los grandes sellos editoriales (tres) monopolizan más del 50 por ciento de la edición. Pone grandes esperanzas en los sellos pequeños, que algunos se han profesionalizado.  El autor expone lo que tiene morbo en el mundo editorial: los grandes sellos y los grandes literatos españoles que fueron emergiendo con el paso del tiempo, con muchos de los cuales Enrique Murillo tuvo excelentes relaciones (por ejemplo, con Javier Marías; a quien consideró el mejor novelista español), con otros grandes literatos mantuvo buena sintonía y con los menos alguna relación tensa o desagradable. Sus choques frontales los tuvo con esos editores y directivos de mentalidad jerárquico-arribista y burocrática.

El autor denuncia sin ambages determinadas prácticas editoriales nada ortodoxas, e incluso algunas ilegales. No habrán caído bien sus palabras en determinados círculos del mundo editorial. La precariedad en la que se encontraban (y probablemente se encuentren aún) quienes colaboran en la producción del libro (desde traductores, correctores de pruebas, ortotipógrafos, diseñadores de cubiertas) e incluso los propios autores, que muchas veces carecen de información fiable sobre las ventas reales de sus libros. Pone el ejemplo, en su día muy aireado, de la ruptura por este motivo de Javier Marías con Anagrama, dando su propia versión, que no es coincidente, por cierto, con la de otros (Ignacio Martínez Pisón en su Ropa de casa). La Ley de 1987 no terminó de regularizar un problema que hasta cierto punto sigue abierto: el control de tiradas y las ventas realizadas. Por lo común, las editoriales son escrupulosas, pero las hay que menos.

Cuenta genialmente Enrique Murillo cómo los premios de los grandes sellos literarios (y no sé hasta qué punto también otros) están amañados. Y su relato sobre cómo se fabrican obras ganadoras y autores que ulteriormente serán de “prestigio” es, como se ha expuesto, franco y descorazonador. Aporta ejemplos magníficos de consagrados literatos que se negaron a ser utilizados en tan espurio sistema, pero también de otros -algunos tan alejados de esa corrupción moral- que terminaron comulgando con ruedas de molino. Mis presunciones reiteradas de la falsedad de esos premios, en los que colaboran los medios, los críticos e incluso los académicos, se han visto confirmadas por las confesiones de este sugerente editor. Una auténtica vergüenza nacional. En efecto, Murillo desnuda, en unas páginas memorables, cómo se cocinan o se amañan los premios literarios (algo que todos intuíamos y que algunos han denunciado, como él mismo cita). Las experiencias que cuenta son de gran interés. Pero se remontan a un momento de los premios en los que el decoro en la elección de la persona premiada era aún relativo. Hoy en día el escándalo con sordina es lo más corriente: se premian obras de quien no las ha escrito o cuya calidad literaria es sencillamente ínfima. Todo da igual con tal de vender. Los grandes grupos editoriales quieren eso: vender. Lo demás les es indiferente. Si eso es una apuesta cultural, que alguien nos lo explique.

Vivió circunstancialmente el mundo del periodismo, en el que se había diplomado e incluso (de una forma un tanto rocambolesca) doctorado, trabajando en El Europeo y en El País, cuyo suplemento cultural Babelia contribuyó a lanzar, aunque su marca nunca le satisfizo. Allí no terminó por encontrar la química necesaria y su salida le permitió que se le abrieran las puertas de las grandes editoriales, donde -entre otras cosas- se dedicó, también, por gajes del oficio, a publicar lo que denomina “libros-acontecimiento” e intentar promover best seller en una España poco dada (salvo limitados círculos) a la lectura de textos complejos. A pesar de no encajar en la burocrática y entonces socialdemócrata redacción de El País, su libro fue convenientemente recensionado décadas después en sus páginas (eso sí, sin hacer mención alguna a ese corto periodo de su vida profesional, del que no salió precisamente muy contento). Fue también temporalmente profesor de un máster de edición en la UPF (aquí también mis afinidades existenciales con el editor son claras y podía contar un largo anecdotario al respecto), aunque su paso por esa insigne Universidad fuera efímero, para recalar definitivamente en la UAB, donde aún despliega sus vastos conocimientos editoriales para beneficio del alumnado. Su precaria vida existencial y profesional inicial, contrasta con su despegue como editor en un mundo de tiburones, del que salió con algunas heridas profundas, pero nunca definitivas. Supo reconstruirse y, además, muy dignamente. Vivió intensamente y su libro de memorias así lo confirman. Quienes a él se acerquen disfrutarán mucho y se enterarán, además, de no pocos chascarrillos relacionados con los grandes literatos, sus egos inmensos, vanidades y celos, así como también sus miserias. Que de todo hubo. Muchos de esos autores superaron el triturador escrutinio, a veces salvaje, de los editores, y triunfaron, mientras que muchos más quedaron por el camino. Entre ellos un modesto servidor, que nunca fue literato, pero sí aprendiz de ensayista. Como se verá de inmediato (quien tenga paciencia de seguir leyendo una reflexión más adjetiva), con mucha persistencia y muy poco éxito, que siempre es un valor relativo; pero, si soy sincero, al igual del autor de esta obra que sirve de excusa a esta larga entrada, he aprendido mucho y disfrutando de lo que hice y hago. Lo cual ya es mucho. A veces todo.

Lo adjetivo: algunas experiencias personales con el mundo de la edición

Hace seis años (a la vejez viruelas) inicié una suerte de trilogía sobre la concepción del liberalismo político que tenían tres grandes literatos “decimonónicos”: Galdós (liberalismo progresista), Juan Valera (liberalismo conservador) y Leopoldo Alas, Clarín (liberalismo republicano). Una tríada de escritores que a Enrique Murillo probablemente le dejarán indiferente (solo una vez cita a Galdós en su obra, y para decirnos el escaso interés que sus novelas, Episodios Nacionales incluidos, le suscitaron). Pero Clarín, sin embargo, diferenció muy bien “la tienda” de “la trastienda” en la actividad comercial, también en la política, en su inmejorable pieza “El Regenerador”. No ha tomado de ahí Murillo el subtítulo, pero está bien traído. El autor del libro es un editor que, en sus años de formación (al final de la dictadura), quedó fascinado y lo justifica por la novela anglosajona y europea, y luego por la latinoamericana. Aunque en algunos pasajes de su obra emergen autores clásicos, los autores españoles de finales del XIX o principios del XX no forman parte de su interés, o al menos no se refleja. Mas eso ahora no importa.

Los problemas mayores aparecieron, en cambio, cuando a partir de que, en una edad madura, desencantado de las obras jurídico-públicas de vida más que mortecina y siempre temporal, me incliné por publicar esos ensayos «político-literarios», como he dicho antes. Las primeras dificultades surgieron cuando hube de buscar editor para El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su “cuarto oscuro” en España (2023). Llamé a la puerta de varias editoriales “comerciales”, pues pensaba ingenuamente que Galdós tenía tirón, sin caer en la cuenta de que quien lo escribía, como era mi caso, resultaba ser un perfecto desconocido en el mundo editorial ajeno al Derecho Público y a la Administración. Además, como se interrogó José María de Pereda cuando conoció a Galdós: ¿Cómo iba a triunfar en España alguien que se llamada Benito y se apellidaba Pérez? Aun así, triunfó y mucho, con el apellido vasco de su madre. Y el cántabro falló en su pronóstico. En mi caso era obvio que llamándome Rafael y apellidándome Jiménez, mis credenciales de entrada, amén de escritor entrado en años y en un género tan difícil de vender como el ensayo literario, las expectativas -confirmadas sobradamente por los hechos- serían aun peores.

Hubo, sin embargo, algo de suerte. Mi olfato y conocimiento relativo del mundo editorial (de mi etapa en un servicio institucional de estudios y publicaciones; así de mis más de veinte libro publicados en el ámbito del Derecho Público), infinitamente menor que el de Enrique Murillo, me aconsejaba racionalmente que un libro de ensayo tenía mala venta y que el editor, cualquiera que fuese, necesitaba no solo creer en la calidad del libro sino especialmente en su venta. Y ese libro, con mis modestas o inexistentes credenciales, no tenía salida comercial sin buscar antes un coeditor, que comprara un número de ejemplares y sufragara parte o toda la edición. Y así lo hice. Felizmente, encontré el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, pues Las Palmas fue la ciudad donde nació el insigne escritor. Gracias a los buenos oficios de algunas personas, se logró coeditar e hicimos un acto de presentación en la capital canaria. Ello facilitó que una editorial como Catarata me abriera de nuevo las puertas, pues allí había publicado antes un breve ensayo, también coeditado, Cómo luchar contra la corrupción (2017). Aquel tipo de ensayo sobre Galdós no encajaba demasiado en el sello Catarata y en su catálogo de publicaciones, pero lo editaron y ha sido incluso reimpreso recientemente.

Más dificultades encontré con el segundo de la saga, mi querido libro sobre Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones. En este, a diferencia del de Galdós, que giraba sobre su obra, me sumergí como un aprendiz de biógrafo en la apasionante vida del escritor egabrense, hoy en día prácticamente olvidado, con especial esmero en sus actividades político-diplomáticas, tomando como puerto seguro su fascinante y extensa Correspondencia (8 tomos). Buscar editor no fue fácil. Descartada inicialmente Catarata, al ser un escritor de factura más conservadora (y de raíces familiares aristócratas), y tras algunos tanteos frustrados topé, gracias al apoyo de un buen colega universitario, con el benevolente juicio de Athenaica y sus editores. Hubo que buscar coeditor, pero de ello se encargó la editorial, y el ayuntamiento de Córdoba se prestó felizmente a ello, ya que coincidía circunstancialmente la edición de la obra con el 200 aniversario del nacimiento del escritor egabrense. El libro, magníficamente editado, con un excelente y extenso prólogo de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, sobre la contribución de Valera a los discursos de la Academia, pasó sin pena ni gloria. Hubo, bien es cierto, razones familiares (hospitalización y fallecimiento de mi querida madre) que me impidieron dedicarme a su difusión. Así, esa biografía político-literaria y personal de ese auténtico erudito y bon vivant que fue Juan Valera, quedó literalmente enterrada -como libro de fondo- en esa inmensa montaña de novedades literarias que aparecieron a finales de 2024. Y ahí quedará, para siempre. Otro fracaso más.

Esta cadena mía de “éxitos editoriales” en el campo del ensayo literario culmina con las enormes dificultades con las que me enfrenté para colocar editorialmente la última entrega de esa trilogía: Clarín, republicano de las letras. Las calabazas de los editores, cuando no la mera conspiración del silencio (aún peor) tras el envío del manuscrito, fueron reiteradas, incluso por una editorial que lleva en su sello tan magna planta. A nadie le interesaba un libro sobre Clarín en estos tiempos y menos escrito por un autor tan desconocido y con tan bajas credenciales. Pedí consejo a mi editor anterior, Ignacio F. Garmendia, quien me respondió gentilmente que el manuscrito le había gustado, pero, en un ejercicio de sinceridad, añadió que no podían publicar otro libro de fondo -como el de Juan Valera- cuyas ventas, al parecer, fueron pírricas. Ignacio siempre se ha portado conmigo maravillosamente bien, escribiendo sendas elogiosas reseñas periodísticas de mis dos últimos libros “literarios”. Me sugirió acudir a Renacimiento y contacté con el editor Abelardo Linares, quien tuvo conmigo también un comportamiento exquisito. Me reconoció que editar ese libro de inmediato no podía hacerlo, a pesar de ofrecerle la compra de un buen número de ejemplares por mi parte. Con cierta pena me trasladó que esos libros de crítica literaria, aunque fuera una biografía como era el caso de Leopoldo Alas, no tenían apenas mercado hoy en día. Pero me buscó una solución: una editora de la órbita de Renacimiento que, finalmente, publicó el libro mediante una generosa compra por mi parte de ejemplares.

Como ven, nadie te viene a buscar si eres un perfecto desconocido, como es mi caso. Y si quieres publicar, ten contactos y pon dinero encima de la mesa. Nereyda Nodarse, con su reciente sello Ediciones Orígenes, publicó por fin impecablemente mi Clarín, republicano de las letras. Y ese complejo parto tuvo un alumbramiento feliz. El libro está en la calle y ahora se trata de difundirlo. Tarea hercúlea. Si un buen número de editores lo rechazaron o ignoraron, mal encaje tendrá -intuyo- en un público cada vez más teledirigido por las editoriales, sus críticos amigos y las sesgadas redes sociales. Como bien expuso Enrique Murillo, que un libro se difunda exige muchas “casualidades”. En España prima el “amiguismo” y (casi) nadie regala un bombo gratuito (sin contrapartidas), hay que “estar a la moda”, y ni Clarín lo estaba ni mucho menos yo. Bien es cierto que la agonía inicial se atemperó: comprometido ya el libro, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) mostró interés por publicar el manuscrito enviado. Y lo mismo hizo Marcial Pons Historia. Pero era tarde en ambos casos. Al menos me quedó el consuelo y el alivio de que interesaba a alguien. Y sobre todo a los descendientes del escritor (Leopoldo y Ana Cristina Tolivar Alas). Leopoldo hizo un magnífico prólogo, que agradezco mucho. También estímulos posteriores he recibido desde algunos de los prestigiosos estudiosos del genio literario que fue Clarín, como Botrel, Lissorgues y Ricardo Labra (quien me ha ayudado mucho en su confección), que han acogido el libro con moderada y discreta alegría por poner una vez más al escritor de Guimarán en el foco. También ha tenido alguna puntual y amable reseña de algún periodista (Laviana) o crítico (Garmendia) han hecho. Y en su querida Asturias la obra ha tenido un moderado y temprano eco. De algo sirve publicar. Retribuciones emocionales. Que, al fin y a la postre, son las que valen.

Si comento todas estas cuitas, tal vez de forma demasiado personal, es, sobre todo, para poner de relieve que el excelente libro de Enrique Murillo no ha hecho sino confirmar muchas cosas que sobre el mundo editorial ya intuía o, incluso, conocía. Entrar en ese circuito selecto, sobre todo en el campo de los grandes sellos o en editoriales medianas y grandes, exige tener mano, esto es, alguien que te abra la puerta. Nadie vendrá a buscarte. Además, hoy en día, a diferencia de la época en la que ejerció Murillo, pocas editoriales leen manuscritos no solicitados. Y quien lo hace pocas garantías ofrece, por lo común. Todo lo más, y en contadas ocasiones, los catan. Y si no vienen avalados por un nombre reconocido, enviar manuscritos para su lectura y evaluación, como hizo quien esto escribe en no pocos casos, es una soberana pérdida de tiempo. Una estupidez. Lección aprendida.

La tardía lectura de este importante libro me ha despertado innumerables inquietudes y confirmado algunas intuiciones que, ya desde hace cuarenta años, pululaban por mi cabeza. Como decía Juan Valera, para mí la escritura, más en esta edad avanzada, es una suerte de fe de vida. Me mantiene vivo a los ojos de los demás, me hace leer y estudiar, amén de que -como toda actividad profesional- creo modestamente que con más dedicación mejoran los resultados, aunque sea tímidamente. Pero esta ilustre y estimulante actividad me cuesta dinero. Y no poco. Otros se lo gastan en el gimnasio. Nada es gratis. Menos aún publicar. Que quede claro. Pero es estimulante. Y, al fin y a la postre, es lo que vale.

Coda: la herida abierta

Y ahora, para cerrar esta extensísima entrada de quien haya aguantado estoicamente hasta aquí, viene la herida abierta, esta en el campo de los premios literarios. La peor experiencia, relativamente reciente, por cierto, la tuve cuando el libro El legado de Galdós fue preseleccionado, sin que yo lo solicitara en ningún momento, por algún miembro del Jurado del premio nacional de Euskadi de literatura en castellano en 2024, y tras avatares internos que se me escapan, el propio Jurado lo declaró desierto por primera vez en su larga historia, justificando “su decisión” (y abochornándome gratuitamente de paso) en que ninguna obra (que ellos habían preseleccionado) tenía calidad literaria ni los temas tratados interés público alguno. ¿A quién le iba a interesar una obra «mal escrita» sobre el “desconocido” Galdós? La primera y complaciente lectura de El legado de Galdós por el Jurado tal vez orilló que este escritor fue poco amigo (por ser suave) del nacionalismo vasco emergente, declarado anticlerical y, tras Electra (1901), fustigador de los versátiles jesuitas muy afincados desde sus orígenes en tierras vascongadas, amén de republicano liberal progresista en los últimos años de su vida. Siempre pensé que habían elegido finalista a la obra sin leerla. Y los hechos finales lo confirmaron. Luego entró «la política» en acción. Un libro sobre Galdós, a pesar de su segundo apellido, no podía ser premiado por un nacionalismo vasco institucional -duele comprobarlo- culturalmente cada vez más endogámico y encogido. Y así fue.

«Los que organizan prudentemente una república consideran la institución (como) una garantía de la libertad (y) deben poner como guardianes a los que tienen menos deseo de usurparla»

(Maquiavelo, Discursos de la primera década de Tito Livio, Alianza, 1987, p. 41)

1.- Quien ama la lectura abraza la relectura; en términos similares se expresaba el doctrinario Royer-Collard. La relectura enseña mucho. Volver a releer las obras y ciertas biografías de Maquiavelo nos ponen también en la pista de algunas coincidencias que la prosaica vida política ofrece con quienes son amantes del ilustre florentino, aunque no lo confiesen de forma expresa. Algunos aprendieron de él, tal vez no sé si atropelladamente. Otros lo estudiaron a fondo.

2.- Para Maquiavelo “la política era su pasión, su razón de ser”. Su labor como consejero o de “eminencia gris”, colmó sus ambiciones; pero también le dio sonoros fracasos. Aprendió mucho y, cuando ya nadie quiso oír sus consejos, buscando su regreso al poder, se volcó en poner negro sobre blanco su doctrina sobre las relaciones de poder que tanto había escrutado. Así escribió El Príncipe o sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, por no citar su Arte de la guerra o la Historia de Florencia, y antes de todo ello múltiples reflexiones puntuales recogidas ulteriormente en sus Escritos políticos breves. Una excelsa construcción doctrinal condicionada por un extraordinario lector de contextos, pero de los que fue capaz de extraer lecciones universales sobre el poder, el gobierno, el arte militar, la diplomacia y el Estado.

3.- Maquiavelo, dotado de cualidades sin par, fue muy ambicioso en política. Una vez su madurez y experiencia lo acreditaron como gran negociador y analista profundo, se creyó imprescindible, cuando nadie lo es, menos en esas lides interpuestas. Tenía vocación de servicio al poder, pero también gustaba de la pompa y el boato que el poder otorgaba. Le ofrecía dinero, prestigio y amores, que no es poco.

4.- Marcel Brion, en una biografía sobre Maquiavelo escrita en 1948, describía muy bien al personaje. Amante como era de “la buena política”, por tal entendía la que no se hace “con un alma bella y buenas intenciones”, sino la que se asemejaba “a una partida de ajedrez, jugada por un hombre ejercitado, avezado a los fingimientos y a las dificultades”. Alguien que “desde los primeros movimientos adivinaba el carácter de su adversario, sabía de qué manera jugaría y qué trampas era importante tenderle”. Como también escribió, “el buen jugador de ajedrez tiene la cabeza y el corazón fríos”. El éxito era, al menos en el primer Maquiavelo, lo único que justificaba el juego de la política.

5.- Maurizio Viroli, biógrafo más reciente, enmendó en 1998 algunas lecturas simplistas que de Maquiavelo se habían hecho hasta entonces. En un espléndido libro (La sonrisa de Maquiavelo) nos descubre a un consejero que, puertas adentro, era “burlón, irreverente, dotado de una sutilísima inteligencia y fascinado por las cosas y los hombres dotados de grandeza”; esto es, de poder efectivo. La política era grande, y siempre fue, como también expuso Brion, la razón de ser de su existencia. Maquiavelo fue un pragmático de la política que buscaba resultados en el puzle entonces complejo de la dividida Italia. Su sentido institucional era acusado, como analiza aquel biógrafo: “una persona que obra bien, que sirve al interés público con absoluta dedicación y honradez”. Fue, sin embargo, preterido porque no sabía “adular, lisonjear y servir a los poderosos”. Ese apartamiento le dolería sobremanera. Tardaron en cicatrizar las heridas.  

6.- Maquiavelo, en ese retrato biográfico, muestra una serie de obsesiones vitales. Al margen de las más terrenales y licenciosas, que también las tuvo y mucho, le movía su fin de ver consagrada una Italia unificada, y en el ínterin, su defensa a ultranza de la república a la que pertenecía: Florencia. Su sentido institucional y de lealtad fue evidente, aunque en algunos momentos, cuando pierde el poder como consejero de la República, no duda en querer echarse en brazos de quienes incluso habían sido sus enemigos. Todo por volver a ser lo que fue. La política era su sentido existencial. Pero los tiempos en política son crueles, y también lo fueron con él.

7.- La política, como se ha dicho, fue su motor existencial. Y llegado un momento se vio, en efecto, desbancado de ella. En la soledad de su autoexilio, tras su paso por presidio, escribe El Príncipe. Luego ve la luz La primera década de Tito Livio. Aunque las reflexiones de ambas grandes obras se entreveran, los mensajes no son unívocos. Los matices son importantes. El contexto y los fines también. Pero en el fondo son un compendio de sus tempranos y ulteriores estudios sobre “la historia antigua y todo lo que ha aprendido durante los años en que fue secretario y podía ver la política desde cerca”. En El Príncipe pesa mucho el afán de Maquiavelo por volver a la primera línea de la política, donde había prestado innegables servicios; pero esta obra marcará un antes y un después en cómo concebirá la política, el poder y el Estado. En los Discursos, ya más templado, le preocupa el sentido institucional de la política y, entre otras cosas, cómo combatir la corrupción política. Como se ha dicho, “después de su muerte, los Discursos se convirtieron en la guía intelectual y política de quienes amaban los ideales de la libertad republicana”. 

8.- En fin, Maquiavelo escribió sus insignes aportaciones a la política y al Estado en su madurez personal, con apenas 43 años, tras el fiasco de verse desbancado de sus responsabilidades públicas ejercidas con tino durante casi quince años. Tal vez de lecturas precipitadas y sentencias movidas por la inmediatez que nos invade, puedan verse algunas similitudes entre la trayectoria del maestro florentino y el aprendiz en tales lides que obedece al nombre de Iván Redondo. No cabe duda que este pretende inspirarse en aquel, a quien ha leído y no sabemos bien si también aprehendido. Pero cualquier paralelismo entre ambos no pasa de ser una mera coincidencia. Más allá de la concepción de la política como motor de sus respectivas vidas, y del amor al ajedrez como juego explicativo de esa actividad, así como algunas otras circunstancias, las diferencias son abismales. No hay término de comparación posible. ¿Ha pretendido el asesor donostiarra equipararse al ilustre pensador florentino? No lo creo, sería una temeridad.

9.- Iván Redondo, en el ecuador de su vida, con 45 años, en un momento a todas luces improcedente, ha escrito una suerte de Memorias de un cuarentón (por parafrasear la gran obra de Mesonero Romanos Memorias de un setentón, de la que tanto se aprende) cuando su experiencia vital acumulada en primera línea política apenas supera poco más de tres años. Además, la ha titulado con el prosaico enunciado de El Manual. No he leído aún tan ambiciosa obra autobiográfica, pues huyo por lo común de los innumerables ensayos que hoy pueblan las librerías (y concentran las ventas) firmados por periodistas, consultores o famosos. Pero por lo leído en varias de sus entrevistas que ha dado a diferentes medios, cabe intuir que lo que quiere el autor es ponerse en el mercado, si bien de forma infinitamente menos sutil e ilustrada que la empleada por su admirado Maquiavelo con El Príncipe, al fin y a la postre una obra cumbre en el pensamiento político universal. Cualquier comparación al respecto es odiosa. Bien es cierto que el consejero áulico de nuestros días esboza soluciones (no se sabe si conscientemente) contenidas en el epílogo de El Príncipe cuando allí se apuesta por “inventar unas instituciones nuevas” que mejoren las débiles existentes hasta entonces. Y aquí surge el conejo de la chistera.  

10.- A pesar de esa pretensión de ponerse en el mercado, Redondo no esconde su afán de seguir asesorando a su César Borgia castizo, esto es, a quien fuera su presidente y por quien aún bebe los vientos. Lo hace semanalmente en su tribuna en La Vanguardia. Allí lleva tiempo defendiendo la idea de España como Estado plurinacional. Para alcanzar ese rediseño institucional y constitucional, ha anunciado que presentará al presidente un “informe” (¿?) sobre cómo transformar el Estado autonómico en ese complejo inorgánico adosado de corte confederal. Mas cualquier lector avezado sabe que detrás de esa idea hay un sustrato político-electoral inmediato y mediato. Imbuido de algunos retales de la obra de Maquiavelo, a Redondo, “teórico” que revistió el “no es no” y pergeñó el “muro” del presidente articulando una nueva mayoría parlamentaria “anticorrupción” que dio pie a la moción de censura (y, más tarde, alejado ya del poder, a la investidura parlamentaria este mandato), le interesa sobre todo (es su oficio y lo hace bien) cómo ganar elecciones. El sentido institucional, nunca lo emula, no es su fuerte. Y para alcanzar esa finalidad es obvio que la solución plurinacional como contrafuerte de un frentismo ideológico cuya argamasa no es fácil, resulta hoy la única vía. Son soluciones ya exploradas en nuestra historia que cualquier lector informado sabe cómo acabaron.

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Tal vez, pasado el temporal, alguien escribirá un ensayo sobre por qué el poder desnudo, auspiciado por este tipo de spin doctor, con alumnos aventajados y revestidos a veces en magos del relato, terminó devorando y destrozando más todavía el papel de las instituciones en España como engranaje principal para que el Estado funcionara cabalmente. Para estos consejeros áulicos gubernamentales, las instituciones son lugares exclusivamente destinados a ser ocupados por el poder desnudo (colonizados por la política clientelar, aunque sean instituciones de control). Las instituciones para ellos tienen valor adjetivo y en todo caso son instrumentos para hacer una política marcada por el dominio absoluto de quien gobierna. Poco o nada que ver con el auténtico Maquiavelo, cuya visión del poder fue fría, en ocasiones gélida y dura; pero cuyo sentido institucional -algunas veces circunstancialmente herido por la exclusión de las mieles del poder y de tono oportunista- siempre primó sobre esa falsa idea. Como expuso Maurizio Viroli, “Maquiavelo jamás ha enseñado que el fin justifica los medios”.

En sus Discursos se contiene la idea de que la ruina del Estado se plasma cuando “las instituciones de la república no se modifican con los tiempos”. Algo de eso le pasa a España. Reformar las instituciones, también las territoriales, nunca puede hacerse pensando en el corto plazo y en réditos electorales. Un problema abierto desde hace más de un siglo nunca se cerrará con meras ocurrencias. Abrir el melón de un Estado confederal es fácil, pero una vez abierto lo imposible será cerrarlo. Siempre fueron las confederaciones en la historia del constitucionalismo contemporáneo formas de gobierno territoriales de factura transitoria encaminadas hacia una desintegración del Estado (fin por el que no pocos aquí empujan) o a una unión más fuerte en clave federal (hoy en día olvidada), pero con un poder central sólido. No se busquen soluciones mágicas porque no las hay. Como he expuesto en Falsos cimientos (*), el problema es muy complejo: hacer compatible armonía e integración con asimetrías aceptables no puede hacerse quebrando la solidaridad, la lealtad y la cooperación. La contingencia política imperante va por el camino contrario. Y la negación del problema en nada ayuda. Ambos son los peores remedios. Nada resolverán. Y de momento no hay otros.

Rafael Jiménez Asensio: Falsos cimientos. La fragilidad de las instituciones en España (Tirant lo Blanch, Ágora/Humanidades, Valencia, 2026). La referencia está tomada del final del capítulo VII «Las disfunciones del estado autonómico».

“Cuando los hombres construyen sobre falsos cimientos, cuanto más construyan, mayor será la ruina”
(Thomas Hobbes, Leviatán, Alianza, 1989)

Inicialmente pensaba enunciar este libro de otro modo («Castillos de naipes»), pero tanto en singular como en plural ya había un par de obras publicadas con ese título. Así que releyendo algunos pasajes de la obra de Hobbes, Leviatán, descubrí esa magnífica cita que inaugura este librito -planteada eso sí en un contexto muy distinto al actual- que, a suerte de metáfora, explica en cierta medida el mal estado congénito de las instituciones políticas en España desde los siglos XIX al XXI, y da enunciado a esta obrita de divulgación que solo pretende poner de relieve la trascendencia de las instituciones para el desarrollo político, social, económico y, en fin, para la propia armonía territorial de un país como el nuestro. Por lo común, tanto la clase política, como los medios de comunicación y buena parte de la sociedad española apenas aprecian la trascendencia que tienen las instituciones para la calidad de la democracia. Y así nos va.

Como medio de difusión de algunos de los contenidos de este microensayo y con la finalidad de abrir el apetito lector interesado o que le preocupen estos temas, se difunden tanto la «Presentación» como el Capítulo I («Liberalismo político e instituciones en España»), que es un mero e incompleto encuadre histórico-conceptual del problema con las dificultades congénitas que siempre ha tenido este país para reformar sus instituciones y homologarlas no solo formalmente sino en sus elementos sustanciales y en su funcionamiento material al estándar existente en las democracias avanzadas.

Tras ese Capítulo I, el ensayo se adentra en el análisis de la separación del poderes y del papel del poder judicial; en lo que se denomina como el «borrado» del Parlamento y la quiebra de las formas del poder; así como en la transformación (imposible) de la Administración Pública. Asimismo, se analizan las complejas y enfermizas relaciones entre partidos e instituciones en España; el fenómeno de una corrupción que nunca cesa; y se cierra el ensayo con un breve análisis de las disfunciones del Estado autonómico. No son más que una parte de los problemas institucionales que aquejan a este país, pues efectivamente se podrían haber tratado otros muchos (España y la UE; la situación actual de la función pública; el papel de la monarquía; las maltratadas instituciones locales, etc.), pero al ser esta una colección de divulgación y con un límite de páginas, hubo que sacrificar muchos otros aspectos y ciertos contenidos. Pero lo sustancial está, aunque falten aspectos importantes.

Rafael Jiménez Asensio, Falsos cimientos: la fragilidad de las instituciones en España, Editorial Tirant lo Blanch/Colección Ágora, València, 2026, 4,90 €

ÍNDICE, INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO I: PDF PROMOCIONAL

FALSOS CIMIENTOS INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO 1

Preliminar.

Pierre Ronsavallon, en su libro Le bon gouvernement (Seuil, París, 2015), dedica un par de páginas al panfleto (realmente por su extensión un libro, aunque sea de batalla política) de Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. De ambos libros, el de Rosanvallon y el de Joly, hay traducción española. Ese diálogo desde el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu es un ataque brutal a la política autocrática de Napoleón III, hasta el punto de convertirse Joly “en uno de los más feroces adversarios” del emperador.

Pero el interés actual de ese folleto, como recuerda el ensayista francés, radica en que por vez primera se lleva a cabo una “descripción crítica de la manipulación de la opinión en la era mediática moderna”, que precede en varias décadas a análisis posteriores, y entre ellos a los de Hanna Arendt. En efecto, “el interés del panfleto es que no solo denuncia con virulencia el carácter autoritario del régimen (eso también lo habían hecho otros muchos, como Víctor Hugo, quien atacó directamente a la cabeza del segundo imperio, Napoléon le petit), “sino que muestra cómo ese régimen había inaugurado una relación inédita (hasta entonces) con la prensa”, más allá de la censura; consistente en la llegada de un poder mediático manejado desde el poder, y descrito de forma impecable por el autor del reiterado panfleto.

En verdad, el panfleto está lleno de ideas sugerentes, en esa eterna polémica, hoy en día también muy actual, entre quien defiende la limitación del poder y las libertades (Montesquieu) ante quien airea la defensa del poder absoluto y el control férreo de la oposición política frente a su ejercicio (el Maquiavelo de El Príncipe). Aquí solo nos detendremos en algunos ilustrativos y deliciosos pasajes (es solo una selección de fragmentos de ese diálogo) sobre cómo Joly aborda la libertad de prensa en un sistema de democracia plebiscitaria o de componente democrático-autoritario. Hay pasajes, además, otros muchos pasajes no exentos de interés sobre cómo entendía “el emperador” las relaciones con el poder judicial, o cómo distraía las exigencias presupuestarias; por solo traer dos ejemplos a colación.

Se ha querido ver por parte de algunos analistas políticos actuales en algunos medios españoles un cierto paralelismo entre la forma de actuar de Napoleón III y la propia del actual presidente del Gobierno. No es momento de entrar en tales cuestiones. Puede parecer una comparación un tanto extemporánea, pues el contexto entonces era diametralmente distinto y, por lo que a la libertad de información y de expresión respecta, solo había entonces prensa escrita y libros, que son los aspectos que este diálogo aborda. El lector determinará hasta qué punto pueden existir esos paralelismos en este precioso diálogo. Y, en fin, si tienen o no fundamento o son más bien fruto de una imaginación sesgada, que de todo puede haber.

La larga conversación entre Maquiavelo (una suerte de alter ego del propio Napoleón III) y Montesquieu (el autor), como he dicho, está llena de matices muy interesantes en innumerables temas relacionados con el poder, las libertades, las instituciones y la democracia. Mas las relaciones entre poder y prensa se hallan en los capítulos décimo primero y décimo segundo de la segunda parte, que nos ha dejado, entre otras muchas (es un breve e incompleto resumen lo que sigue), las siguientes joyas. Veamos.

Diálogo XI (2ª parte):

Montesquieu- No me disgustaría saber ante todo cómo os defenderéis frente a la prensa.

Maquiavelo- En verdad, ponéis el dedo en la parte más delicada de mi tarea. Felizmente, en este caso tengo el campo libre; puedo hacer y deshacer con plenas garantías y casi diría sin suscitar recriminación alguna.

Montesquieu- ¿Puedo preguntaros por qué?

Maquiavelo- Porque en la mayoría de los países parlamentarios, la prensa tiene el talento de hacerse aborrecer, porque solo está siempre al servicio de pasiones violentas, egoístas y exclusivas, porque denigra por conveniencia, porque es venal e injusta; porque carece de generosidad y patriotismo; por último, y sobre todo, porque jamás haréis comprender a la gran masa de un país para qué puede servir.

Montesquieu- ¡Oh! si vais a buscar cargos contra la prensa, os será fácil hallar un cúmulo. Si preguntáis para que puede servir, es otra cosa. Impide, sencillamente, la arbitrariedad en el ejercicio del poder; obliga a gobernar de acuerdo con la constitución; conmina a los depositarios de la autoridad pública a la honestidad y al pudor, al respeto de sí mismos y de los demás. En suma, para decirlo en una palabra, proporciona a quienquiera se encuentre oprimido el medio de presentar su queja y de ser oído. Mucho es lo que puede perdonarse a una institución que, en medio de tantos abusos, presta necesariamente tantos servicios.

Maquiavelo- Sí, conozco ese alegato; empero, hacedlo comprender a las masas, si podéis; contad el número de quienes se interesan por la suerte de la prensa, y veréis.

Montesquieu- Es por ello que creo preferible que paséis ahora mismo a los medios prácticos para amordazarla; creo que esta es la palabra. Pues bien, comencemos con el periodismo.

Maquiavelo- Es la palabra, en efecto; no solo me propongo reprimir al periodismo.

Montesquieu- Sino a la prensa misma.

Maquiavelo- Veo que comenzáis a emplear la ironía. Atacaré principalmente a los periódicos, en tanto que empresas de publicidad. Les hablaré de la siguiente manera: Os dejo vivir, mas, por supuesto, con una condición: no entorpeceréis mi marcha ni desacreditaréis mi poder. No puedo tener una legión de censores encargados de examinar hoy lo que editaréis mañana. Tenéis pluma, escribid; mas recordad lo que voy a deciros: me reservo, para mí mismo y para mis agentes, el derecho de juzgar en qué momento me siento atacado. Nada de sutilezas. Si me atacáis, lo sentiré, y también vosotros lo sentiréis; os advertiré una vez, dos veces; a la tercera, os haré desaparecer.

Montesquieu- Observo con asombro que, de acuerdo con este sistema, no es precisamente el periodista el atacado, sino el periódico, cuya ruina entraña la de los intereses que se agrupan en torno de él.

Maquiavelo- Que vayan a agruparse a otra parte; con estas cosas no se comercia. Tampoco intentéis impresionar el espíritu público por medio de falsas noticias, publicadas ya sea de buena o de mala fe, serán penadas con castigos corporales.

Montesquieu- Vuestro rigor parece excesivo, pues en última instancia ningún periódico podrá ya, sin exponerse a los peligros más graves, expresar opiniones políticas; vivirán a duras penas de las noticias. Ahora bien, me parece en extremo difícil, cuando un periódico publica una noticia, imponerle su veracidad, pues la más de las veces no podrá responder de ello con absoluta certeza, y aun cuando esté moralmente seguro de decir la verdad, le faltará la prueba material.

Maquiavelo- En tales casos, lo que hay que hacer es pensarlo dos veces antes de inquietar a la opinión pública.

Montesquieu- Veo que tuve razón al decir, en el Espíritu de las Leyes, que las fronteras de un déspota debían ser asoladas. Es preciso impedir que penetre por ellas la civilización

Maquiavelo- No deseo que (mi poder) pueda ser perturbado por rumores y conmociones provenientes.

Montesquieu- Maravilloso; podéis pasar por ahora a la vigilancia que ejerceréis sobre los libros.

Maquiavelo- Este es un problema que me preocupa menos, pues en una época en que el periodismo ha alcanzado una difusión tan prodigiosa, ya casi se no leen libros. No tengo, empero intención alguna de dejarles la puerta abierta.

Montesquieu-¡Los instrumentos del pensamiento convertidos en instrumentos del poder!

Maquiavelo- Es preciso que, en el caso de que haya escritores lo bastante osados como para atreverse a escribir obras en contra del gobierno, no encuentren nadie que se las edite. Los efectos de esta intimidación saludable restablecerán una censura indirecta que el gobierno no podría ejercer por sí mismo, a causa del desprestigio en que ha caído esta medida preventiva.

Montesquieu- Entonces, si no me equivoco, habéis terminado con la prensa.

Maquiavelo- ¡Oh, no! No todavía.

Montesquieu- ¿Qué os queda por hacer?

Maquiavelo- La otra mitad de la tarea

Diálogo XII (2ª parte):

Maquiavelo- No os he mostrado todavía más que la parte en cierto modo defensiva del régimen que impondré a la prensa; ahora os haré ver de qué modo sabré emplear esta institución en provecho de mi poder. Me atrevo a decir que ningún gobierno ha concebido, hasta el día de hoy, una idea más audaz que la que voy a exponeros. En los países parlamentarios, los gobiernos sucumben casi siempre por obra de la prensa; pues bien, vislumbro la posibilidad de neutralizar a la prensa por medio de la prensa misma. Puesto que el periodismo es una fuerza tan poderosa, ¿sabéis qué hará mi gobierno? Se hará periodista, será la encarnación del periodismo.

Montesquieu- ¡Extrañas sorpresas me deparáis, por cierto! Desplegáis ante mí un panorama perpetuamente variado; siento una gran curiosidad, os lo confieso, por saber cómo os ingeniaréis para llevar a cabo este nuevo programa.

Maquiavelo- Requerirá mucho menos desgaste de imaginación que el que suponéis. Contaré el número de periódicos que representen lo que vos llamáis la oposición. Si hay diez por la oposición yo tendré veinte a favor del gobierno; si veinte, cuarenta; si ellos cuarenta, yo ochenta.

Montesquieu- Es muy sencillo, en efecto.

Maquiavelo- No tanto como lo pensáis, sin embargo, porque es indispensable evitar que la masa del público llegue a sospechar esta táctica; la combinación fracasaría y la opinión por sí misma se apartaría de los periódicos que defendiesen abiertamente mi política. Como el Dios Vishnú, mi prensa tendrá cien brazos y dichos brazos se darán la mano con todos los matices de la opinión, cualquiera que sea ella, sobre la superficie entera del país. Se pertenecerá a mi partido sin saberlo. Quienes crean hablar su lengua hablarán la mía, quienes crean agitar su propio partido, agitarán el mío, quienes creyeran marchar bajo su propia bandera, estarán marchando bajo la mía.

Montesquieu- ¿Se trata de concepciones realizables o de fantasmagoría? Produce vértigo todo esto.

Maquiavelo- Cuidad vuestra cabeza, porque aún no habéis oído todo.

Montesquieu- Esto está por encima de mi entendimiento; ya no comprendo más. ¿Y qué ventajas os reportará todo esto?

Maquiavelo- Ingenua pregunta la vuestra. El resultado consistirá en hacer decir a la gran mayoría: ¿no veis acaso que bajo este régimen uno es libre, uno puede hablar; se le ataca injustamente, pues en lugar de reprimir, como bien podría hacerlo, aguanta y tolera? Otro resultado, no menos importante, consistirá en provocar, por ejemplo, comentarios del siguiente tenor: Observad hasta qué punto las bases, los principios de este gobierno, se imponen al respeto de todos; ahí tenéis los periódicos que se permiten las más grandes libertades de lenguaje; y ya lo veis, jamás atacan a las instituciones establecidas.

Montesquieu- Esto, lo admito, es verdaderamente maquiavélico.

Maquiavelo- Me hacéis un alto honor, pero hay algo mejor: dirijo a mi antojo la opinión en todas las cuestiones de política interior o exterior. Excito o adormezco el pro y el contra, lo verdadero y lo falso. Hago anunciar un hecho y lo hago desmentir, de acuerdo con las circunstancias; sondeo así el pensamiento público, recojo la impresión producida, ensayo combinaciones, proyectos, determinaciones súbitas; en suma, lo que vosotros llamáis globos-sonda.

Montesquieu- Esas diversas combinaciones me parecen de una perfección ideal. Os someto, empero, una nueva objeción: Cuando conozcan el secreto de esta comedia, ¿podréis acaso impedirles que se rían de ella?

Maquiavelo- En absoluto; me he informado a fondo en lo que atañe a las condiciones de existencia de la prensa en los países parlamentarios. Vos debéis saber que el periodismo es una especie de francmasonería: quienes viven de ella se encuentran todos más o menos unidos los unos y los otros por lazos de la discreción profesional; a semejanza de los antiguos agoreros, no divulgan fácilmente el secreto de sus oráculos. Nada ganarían con traicionarse, pues tienen casi todos ellos llagas más o menos vergonzantes.

Montesquieu- Es sumamente ingenioso: de esta manera, vos siempre tendréis la última palabra, y ello sin recurrir a la violencia. Como bien decíais hace un instante, vuestro gobierno es la encarnación del periodismo.

Maquiavelo- Es indispensable. Hoy en día, utilizar la prensa, utilizarla en todas sus formas, es ley para cualquier poder que pretenda subsistir. Hecho muy singular, pero es así. De manera que me adentraré en ese camino más lejos de lo que podéis imaginar.

Montesquieu- En verdad, sois admirable. ¡Que energía de pensamiento, cuánta actividad!

Maquiavelo- Los pueblos meridionales necesitan que sus gobiernos se muestren constantemente ocupados; las masas consienten en permanecer inactivas, a condición de que sus gobernantes les ofrezcan el espectáculo de una continua actividad, de una especie de frenesí; que las novedades, las sorpresas y los efectos teatrales atraigan permanentemente sus miradas; tal vez esto perezca raro, pero, nuevamente, es así. El objeto único, invariable, de mis confidencias públicas será el bienestar del pueblo. Hable yo, o haga hablar a mis ministros o escritores, el tema de la grandeza del país, de su prosperidad, de la majestad de su misión y su destino nunca quedará agotado; nunca dejaremos de hablar sobre los grandes principios del derecho moderno y de los grandes problemas que preocupan a la humanidad. De este modo trataremos de crear, contra los regímenes que antecedieron al mío, una especie de antipatía, hasta de aversión, lo que terminará por resultar irreparable como una expiación. Tal es, brevemente, la economía general de mi régimen sobre la prensa.

Montesquieu- ¿Habéis terminado, entonces?

Maquiavelo- Si, y muy a pesar mío, pues he abreviado en demasía. Pero nuestros instantes están contados y es preciso andar de prisa.

Final

Según escribió Rosanvallon, “si bien las instituciones representativas o las modalidades de participación han podido evolucionar y reforzarse tras las revoluciones de la modernidad política, no menos cierto que el arte de gobernar ha quedado extraordinariamente paralizado en el tiempo, incluso con aires primitivos. Ello explica que los magos del poder sean aquellos que asesoran todavía con fórmulas maquiavélicas, que parecen retomar nuevos bríos en esta era del populismo iliberal. Siempre se ofrecen las mismas recetas, los mismos subterfugios, los mismos elementos de lenguaje, que guían la conducta de los gobernantes obsesionados por la conservación de su poder.

En fin, son reflexiones oportunas confirmatorias de que, frente a la apariencia del desarrollo tecnológico actual de los medios audiovisuales y de las omnipotentes redes sociales, en el fondo el problema del poder y sus relaciones con los medios ha cambiado muy poco. Como también recoge el excelente ensayista francés, “la llegada de los medios electrónicos no ha hecho sino multiplicar los instrumentos de manipulación”. Y ejemplos, algunos recientes, tenemos muchos.   

(Fotografía 19023 del Archivo «Cabra en el Recuerdo» https://www.cabraenelrecuerdo.com/valera-ampliadas.php, que recoge en este caso la obra de Manuel Azaña titulada Valera en Italia: Amores, Política y Literatura, 1929)

1.- Desde que me sumergí en la obra y el personaje de Juan Valera, siempre recuerdo una frase que Manuel Azaña -desenterrador del olvido padecido por el gran escritor egabrense- escribió: “Valera cava más hondo”.

2.- En su discurso de contestación al ingreso en la Academia de Núñez de Arce (1876), frente a la defensa que este hacía de que fue la era de los Austrias el momento del declive de España, Juan Valera opuso que no había que confundir los síntomas con las causas.

3.- Para Valera “la enfermedad estaba en ese engreimiento fanático” que anidó a finales del siglo XV y en el siglo XVI, período en que se manifestó una “fiebre de orgullo, delirio de soberbia, al triunfar después de ocho siglos en la lucha contra los infieles”. Ahí se gestó la intolerancia (primero religiosa, luego también política), que ya no nos abandonará hasta nuestros días. Y también de ahí viene el aislamiento de Europa, que duró siglos. Lo reiteró luego en su magnífica reseña crítica a la Historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo, su amigo, al que no ahorró severas censuras por sus juicios sectarios e intolerantes, movidos «de santo furor», frente al valor de los heterodoxos en el pensamiento español.

4.- Infinitos matices aparte, esa es la fuente de nuestros males, que con más frecuencia de la necesaria invade nuestra vida política y carcome, cuando no derrumba, la frágil convivencia. Hubo muchos episodios en los siglos XIX y XX, que no es menester recordar aquí. Al parecer, el siglo XXI tampoco está ya libre de tales enfermizas conductas. Y crecen. Cada vez más.

5.- La lucha contra la intolerancia en Europa se manifestó en las feroces guerras de religión y se halla en la antesala de las libertades constitucionales, dando lugar a memorables aportaciones como las de Locke y Voltaire, entre otros muchos. Como expuso este último: “La recíproca intolerancia hace eternamente enemigos a los ciudadanos de un mismo Estado y dejan subsistir las semillas de la discordia”.

6. Tales semillas hicieron crecer enormes y sectarios odios durante los siglos XIX y XX, primero larvados y luego con el foco puesto en el exterminio de los enemigos políticos. Lo analizó muy bien y padeció también, ese extraordinario periodista que fue Chaves Nogales. Un tardío y desengañado Azaña, en La velada en Benicarló (1937), volvió de nuevo su mirada hacia su admirado Juan Valera. Manuel Zafra trató con pulcritud esa mirada triste del entonces presidente de la República, en la que percibió «la fragilidad política de una sociedad negada para el acuerdo» (Manuel Azaña. República antes que democracia).

7.- En su velada el alcalaíno retoma, por tanto, a Valera: “El odio inextinguible azota a los españoles”. Y, tras reconocer que “somos intolerantes”, añade: “Ninguna política puede fundarse en la decisión de exterminar al adversario. Es locura -concluía-, y en todo caso irrealizable”. La perspicacia de Azaña orillaba, sin embargo, que el odio no era la causa, sino el síntoma. Mas pronto lo corrige en palabras de otro alter ego (Morales) en tal conversación: “Se condensó la nacionalidad (española) en torno a un principio dogmático y excluyente”. Juan Valera en estado puro.

8.- Interés especial tiene, en este punto, la tesis que mantuvo Julián Marías en su excelente opúsculo La guerra civil, ¿Cómo pudo ocurrir?: “La guerra fue consecuencia de una ingente frivolidad”: los políticos españoles, la Iglesia, los intelectuales, “y desde luego los periodistas”, los dirigentes sindicales, etc., “se dedicaron a jugar con las materias más graves, sin el menor sentido de responsabilidad”. Las consecuencias fueron fatales: “a) dividir al país en dos bandos; b) Identificar al “otro” con el mal; c) No tenerlo en cuenta; d) Eliminarlo (política y físicamente)”.

9.- Y vuelvo a Valera. Este escritor siempre advirtió que construir muros entre la ciudadanía y sus expresiones políticas no conducían a ningún puerto seguro, salvo al enfrentamiento cainita. Aquello fue una premoción de lo que sucedió en España décadas después. Mas ello no fue óbice para que don Juan se enfrentara ardientemente a las expresiones intolerantes del neocatolicismo, y mostrará también su escepticismo ante las tendencias radicales que pretendían construir un mundo nuevo. Nunca creyó en soluciones ideales y atajos fáciles. El mundo era más complejo.

10.- Como expuso Winston Churchill, en cita recogida por Asmos Oz, “un fanático es una persona que de ningún modo cambia de opinión y de ningún modo permite que se cambie de tema”. Y como expuso el ensayista israelita: “Su deber es odiarte y erradicarte del mundo”. No lo olvidemos, el odio es consecuencia de la intolerancia y del fanatismo, así como del sectarismo, y no al revés. Atacar lo primero sin abordar lo segundo no lleva muy lejos, florituras políticas al margen. Tampoco simplificando el problema se arregla: “Los fanáticos tienden a vivir en un mundo de blanco y negro. Es un wéstern simplista de ‘buenos’ contra ‘malos’” (Asmoz Oz). En fin, lo que lleva con nosotros más de cinco siglos no se resuelve con ocurrencias de asesores «magos» que no van a la raíz de los problemas, siempre más complejos que lo que en apariencia nos quieren hacer ver.  

1.- La democracia es también respeto a las formas del poder. No corren buenos tiempos para la ley (versión democrático-liberal). Tampoco hay vientos favorables para el Estado de Derecho. No digamos nada en España, donde la tradición democrático-liberal es postiza e impostada.

2.- El concepto moderno de ley -según Carré de Malberg- “se funda en el principio de separación de poderes” como dimensión funcional. Formalmente, solo es ley aquella disposición normativa debatida y aprobada por el Parlamento, y con primacía del sustantivo (no del adjetivo).  

3.- La ley, una noción hoy fracturada, es la manifestación típica del poder legislativo. No se entiende este sin aquella. Tampoco se entiende un Parlamento castrado de su facultad originaria de aprobar los presupuestos por un Gobierno que no los presenta vulnerando la Constitución, y dificultando la rendición de cuentas.

4.- El poder legislativo aprueba leyes, mas no las ejecuta ni tampoco las aplica. Para eso están el ejecutivo y el judicial. Mas el poder legislativo no tiene el monopolio de la producción normativa: hay leyes territoriales; disposiciones normativas UE, potestad reglamentaria gubernamental, etc.

5.- Aquella omnipotencia normativo-parlamentaria de la Revolución francesa, donde se negaba al poder ejecutivo incluso la facultad de dictar reglamentos pasó pronto a la historia. Hoy día, el Estado de partidos y su férrea disciplina interna ha vaciado el rol parlamentario en lo que a deliberación y emisión del voto respecta. El ejecutivo obtura al legislativo, lo ignora y relega. Y eso gobernando en minoría.  

6.- El poder ejecutivo actual en España no solo ejerce una copiosa producción normativa reglamentaria, sino que, además, interviene en la aprobación de disposiciones con rango de ley, a través de ese tipo normativo de legislación “excepcional” conocido como decreto-ley (lo que en los medios mal se llama “decreto”). Lo que era excepcional se ha convertido en ordinario, arrinconando la potestad legislativa del Parlamento y bastardeando (con el beneplácito de un complaciente Tribunal Constitucional) el espíritu y la letra de la Constitución.

7.- Los datos de la utilización hiperbólica del decreto-ley hablan por sí solos. A 1 de marzo de 2026, en 31 meses de la XV Legislatura, se han aprobado 8 leyes orgánicas; 8 leyes ordinarias; y 35 decretos-leyes. En poco más de dos meses del año 2026, el Gobierno ha aprobado 6 decretos-leyes (uno de ellos derogado por acuerdo) frente a ninguna Ley. El Ejecutivo, por tanto, ya sin pudor, aprueba muchas más normas con rango de ley que leyes el propio Parlamento. En fin, el Gobierno ya no solo ejecuta y aprueba reglamentos, sino que es en este mandato el poder del Estado que, si tener la competencia general, más “legisla”, además en la sombra, pues en la gestación del decreto-ley hay opacidad. Eso sí, con la convalidación ulterior del Congreso, pero sin publicidad, ni enmienda, ni aprobación por ambas cámaras.

8.- La paradoja la expuso el profesor Rubio Llorente hace ya más de 30 años:  en España, el abuso del decreto ley se lleva a cabo “en proporción inversa a la fortaleza parlamentaria de los Gobiernos, pues cuando estos disponen de un sólido apoyo en el Parlamento no necesitan someter a este a la presión del fait-accompli para obtener la rápida tramitación de los proyectos urgentes”. Un Gobierno en minoría absoluta prefiere, así, ponerse una vez colorado que cien veces amarillo.  Esta forma iliberal de actuar puede tener graves consecuencias (hay precedentes) sobre el futuro del sistema constitucional. No parece importar. Carpe diem.  

(*) Sobre este tema, el capítulo “El borrado del Parlamento: la quiebra de las formas del poder”, en el libro Falsos cimientos: la fragilidad de las instituciones en España, que se edita este mes de marzo por Tirant lo Blanch, colección Ágora. [Ver índice y presentación:

FALSOS CIMIENTOS_ÍNDICE Y PRESENTACIÓN

 

I.- Se cumplen 30 años de la aparición de este libro que aparece en la imagen. Otros tantos también del asesinato del profesor Tomás y Valiente. Y los mismos del nacimiento de nuestra hija. Ese encadenamiento de momentos, entreverando la muerte y la vida, fueron los que me inclinaron a dedicar esa obra a ambos. En fin, y aunque ha llovido mucho, vuelvo sobre un tema recordando algo que no es obvio: sobre la figura de los directivos públicos sigue planeando no poca confusión y muchos equívocos. Intentaré en pocas palabras deshacerlos o contribuir modestamente a ello.

El desconcierto surge en la primera legislación básica de empleo público de 2007, donde apareció la evanescente e imprecisa figura del personal directivo público profesional (artículo 13 del hoy TREBEP). Observen bien que tal regulación se inserta en una ley de función pública (o lo que desde entonces se denomina con esa institución bastarda de empleo público). Y, por consiguiente, tal marco regulador no puede extender su ámbito de aplicación más allá de lo que es la propia estructura de puestos de trabajo de la función pública. Eso explica, en efecto, que las leyes de empleo público o de función pública cuando definen el perímetro de la dirección pública profesional no vayan más allá del nivel orgánico de subdirecciones generales y asimilados; esto es, los órganos directivos de Dirección General, por poner un ejemplo obvio, nunca pueden encuadrarse en tal normativa reguladora de la dirección pública profesional, pues al menos hoy son ámbitos orgánicos propios de la figura de altos cargos y asimilados (que agrupa con comodidad sin par a esos órganos directivos que se regulan en leyes de organización administrativa o mejor dicho de la Administración pública, como la Ley 40/2015, del Estado o las correspondientes leyes de las Comunidades Autónomas). En los niveles de la DPP sigue el imperio, con matices, de la libre designación, en los altos cargos el libre nombramiento y cese.

Lo expuesto ha conducido a que la práctica totalidad de las leyes de las comunidades autónomas y, más recientemente, de la función pública del Estado (Real Decreto-ley 6/2023, Libro II), hayan definido precisamente el perímetro de aplicación del personal directivo profesional limitándolo a quien cubre las subdirecciones generales. Así lo hace, por ejemplo, la regulación indicada en la AGE (artículo 123.3 RDL 6/2023; y Orden TDF 379/2024); o la inmensa mayoría de las leyes autonómicas de desarrollo del TREBEP, salvo la Ley 5/2023, de función pública de Andalucía (que crea forzadamente la figura del “directivo profesional alto cargo” y amplía algo el perímetro de la DPP (alcanzando a ciertos niveles directivos/altos cargos); aunque reenvía para su concreción a un estatuto del directivo público aún no aprobado. La práctica totalidad de las leyes, directa o indirectamente, excluyen, por tanto, de la figura del personal directivo profesional a quienes gozan de la condición de altos cargos.  El Informe CETRA, de la Generalitat de Cataluña (2025), pretende extender la figura del personal directivo profesional también a los directores generales y asimilados, aunque no cuando tengan perfil político (¿?). En cualquier caso, una operación normativa de extensión del perímetro de esa figura exige no solo modificar la Ley de empleo público autonómico (subdirectores) sino también las leyes de organización e incluso del Gobierno y de la Administración. Desconocemos cómo se pretende hacer. Regular esa extensión por reglamento no puede hacerse solo con amparo en el artículo 13 TREBEP.

II.- Por consiguiente, una Ley de función pública o de empleo público es, por definición y ámbito material de aplicación, un marco normativo inapropiado para encajar la figura del personal directivo/alto cargo. Intentar profesionalizar tal figura, teniendo en cuenta que el estatuto de alto cargo que ampara a tales expresiones directivas es de neta extracción política, requiere regularlo en leyes de Administración o de organización administrativa, y exige como prius abordar primero la redefinición (acortando su perímetro) del concepto de alto cargo que, tanto la AGE como las CCAA, han ampliado generosamente (con el fin de disponer de una mayor cuota, esto es, más poltronas, de niveles orgánicos de libre nombramiento y cese políticos), y luego adaptar la legislación de función pública, redefiniendo los niveles orgánicos que entrarán a formar parte de la DPP.  Hacerlo al revés tiene sus límites, como el caso andaluz lo patentiza.

Convendría, por tanto, ser consciente que, sin perjuicio de las inevitables consecuencias que tiene la definición de su régimen jurídico, la dirección pública es ante todo y sobre todo un problema organizativo-estructural, que debería recibir acomodo en primer lugar en las leyes de Administración o de organización, y luego replicar respuestas institucionales en las leyes de función pública. Pero nada de esto se ha hecho así, y la noción de alto cargo ha ido adquiriendo un vigor presencial cada vez más intenso (conforme la politización y ensanchamiento de tales niveles orgánicos crecía por necesidades existenciales de los partidos de colocar a sus huestes), castrando de raíz cualquier ensayo normativo de implantación de estructuras profesionales de naturaleza directiva en el sector público. La política en España nunca se ha creído la DPP.  

III.- Si en el marco normativo estatal y autonómico las cosas parecen estar claras, menos lo están en lo que afecta al régimen local. La heterogeneidad y desorden del sistema normativo local de gobierno aconseja cierta prudencia a la hora de aproximarse a esa realidad. Simplificando ahora las cosas, cabe decir que ni en los municipios de gran población ni en las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares, como tampoco en las diputaciones forales, el personal directivo de primer nivel (el que culmina la organización administrativa departamental dependiendo inmediatamente de los órganos políticos), esto es, quien cubre la titularidad de esos órganos directivos, tienen por exigencia legal la consideración de directivos públicos profesionales. En ningún enunciado legal se recoge ello; esto es, a ese personal directivo no se le aplica -por definición conceptual ni por ámbito material- el artículo 13 del TREBEP (por cierto, con un trazado que introduce una confusión y llama a equívocos múltiples, al prever no un régimen orgánico sino hacer depender este de la naturaleza del vínculo funcionarial o laboral de quien cubre el nivel directivo correspondiente). Otra cosa es que, en un ejercicio de voluntarismo normativo-reglamentario (a través del ROM o ROP) se hayan querido acotar los márgenes de discrecionalidad en el nombramiento y cese de ese personal directivo, así como ajustarlo a un procedimiento. Pero extender preceptivamente la aplicabilidad de las previsiones del artículo 13 TREBEP a este tipo de personal, por exigencias del propio TREBEP, es sencillamente improcedente: el EBEP nunca puede regular ámbitos materiales que exceden de los estrictos contornos de la función pública. Y los tribunales han caído alguna vez también en este error. Otra cosa es que se autolimite normativamente la discrecionalidad mejorando el sistema de designación y de cese. Algo loable, más no obligatorio, según el marco legal descrito.

Habrá quienes objeten a este razonamiento que en el ámbito local de gobierno la figura del alto cargo no dispone de un espacio normativo propio como sí la tiene el ámbito estatal y autonómico. En verdad, sí la tiene, pero muy mal regulada y de modo fragmentado. La Ley 19/2013, en su título II, incluye a ese personal directivo dentro de la noción de alto cargo. La LBRL, de forma muy poco precisa, habla de órganos directivos de las entidades locales, a los que anuda una serie de exigencias (incompatibilidades, declaraciones de actividades y bienes, etc.). Pero en las entidades locales a las que ahora se tratan, ni los artículos 32 bis y 130, así como tampoco las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoctava de la LBRL, se hace mención alguna a que ese personal directivo tenga la condición de profesional. De hecho, se establecen algunas exigencias formales (funcionarios del grupo de clasificación A1) con carácter general para su nombramiento (y no en todos los casos), pero nada más. Ello no impide, reiteramos, que por voluntad normativo-reglamentaria expresa esos márgenes de discrecionalidad en el nombramiento y cese que permite la normativa básica o legal puedan acotarse o condicionarse, en uso de sus potestades normativas y de autoorganización, reforzando los criterios de profesionalización en la cobertura y cese de tales órganos directivos, al objeto de garantizar un mejor desempeño de sus funciones. Mas eso, ni se deriva ni puede hacerlo del art. 13 TREBEP.

Otro problema añadido es cómo se enmarcan retributivamente esos órganos directivos, pues al existir una anomia normativa innegable, la solución tradicional es asignar a tales órganos directivos un nivel retributivo correspondiente al mayor de la escala retributiva funcionarial (NCD 30), dando a entender así que se insertan en la clasificación de niveles de la función pública local, cuando realmente esto no es así ni puede serlo, pues no son órganos directivos de la función pública, sino órganos directivos de la estructura político-gubernamental de la respectiva entidad. Esta confusión -derivada de una clamorosa anomia legislativa- llama además a que se predique la aplicación a tales niveles orgánicos directivos de no pocas reglas aplicables a la función pública, pero tal anomia fruto del desdén del legislador básico o autonómico (que viene de lejos) ha ido introduciendo y (lo que es peor) consolidando en esta cuestión innumerables equívocos. Más valdría utilizar la potestad reglamentaria local para clarificar este y otros extremos y evitar esa confusión entre puestos de la función pública y niveles directivos ajenos a esta.

IV.- Distinto es el caso de los municipios de régimen común (la inmensa mayoría en número), donde el marco normativo básico y las leyes que lo desarrollan introducen también no poca confusión. En lo que afecta al marco básico, la anomia normativa en lo que afecta a la regulación del personal directivo de los municipios de régimen común es casi absoluta: tan solo algunas referencias puntuales en el artículo 75 y en la disposición adicional decimosexta LBRL, parecen dibujar (a veces de forma muy confusa) qué se entiende por personal directivo en estas entidades locales. Algunas regulaciones autonómicas, muy preñadas por esa anomia del legislador básico, han creado ex novo la figura del personal directivo profesional en esas entidades locales (el ejemplo más desarrollado es el de la Ley 2/2016, de instituciones locales vascas, en su título III, capítulo III; que apenas ha sido aplicado). Pero esos órganos directivos municipales en entidades de régimen común entrarían de lleno en la previsión del artículo 13 TREBEP (así como de las leyes autonómicas de desarrollo) y, salvando las distancias, tendrían la consideración de órganos directivos de la función pública (asimilables, al margen de su denominación formal, a los subdirectores estatales o autonómicos en su régimen jurídico).

V.- El barullo normativo expuesto -dejemos de lado ahora los municipios de régimen especial- viene determinado por una cierta indigencia conceptual, pero especialmente por un abandono total o parcial del legislador básico y autonómico local, que huye o ignora los temas organizativos locales de componente directivo. Como se ha reiterado, la dirección pública (sea profesional o no) es, sobre todo, también en el ámbito regulatorio, una decisión organizativa, a la que después se le ha de dar (una vez adoptada) un régimen jurídico. En este país, comenzamos la casa por el tejado y, por lo común, esa forma de construir instituciones parte, por consiguiente, de premisas falsas, lo que las hace especialmente vulnerables. Pero eso es otro tema que hoy no toca.  

“Cuanto más hablaba de honestidad más nos apresurábamos a contar las cucharas de plata de la cubertería” (Emerson)

“El político es elegido únicamente porque que pertenece a un partido. Su principal lealtad la debe al partido o a los dirigentes del partido. En política, lo que necesitamos son individuos capaces de juzgar por sí mismos y que estén dispuestos a asumir la responsabilidad personal. Este tipo de individuos son difíciles de encontrar en cualquier sistema de partidos” (Karl Popper)

Un Estado clientelar con los frenos rotos e instituciones colonizadas por los partidos.

España es un país que, por su tradición política llena de patologías y su desastrosa historia, plagada de enfrentamientos y guerras civiles, de fanatismo y de intolerancia, así como por la omnipresencia de un sistema político oligárquico y caciquil que hunde sus raíces en el s. XIX, tenía todos los boletos para convertirse en lo que hoy en día ha derivado: un Estado clientelar de partidos. Tras 1978 hubo quien soñó que España superaría por fin sus males y se transformaría en un país democrático normal. Fue un sueño que poco duró. Los viejos demonios, tras creer que los habíamos desterrado, emergieron con fuerza. Tardaron años en ofrecernos su peor cara, o al menos la disimularon; pero la cabra siempre tira al monte. Y pronto la captura política de las instituciones (y como secuela el abrazo a la corrupción) mostraron una faz reconocible. Hasta hoy; donde ya el país ofrece un escenario dantesco: la devastación de las instituciones es casi absoluta. Y quienes vengan seguirán la estela de la lección aprendida. Hay mucho que saquear y los frenos no existen, se fueron quebrando y en estos momentos ya nadie, ni el Poder Judicial, detiene al poder despótico en este país.

Los partidos en España no tienen tradición democrática, siguen siendo estructuras oligárquicas, hoy en día de factura presidencialista o cesarista, con una impronta populista e incluso autocrática, cuando no totalitaria en sus fines. Pasamos de partidos de notables, estructuras organizativas muy endebles, a dos períodos de dictaduras, y luego a partidos de masas en el paréntesis republicano, hoy ya partidos de cargos públicos ayunos de democracia interna. Nuestra cultura político-gubernamental es pretoriana o caudillista. Una herencia intangible, que nadie ve. Con la CE en 1978 pensamos que todo se solucionaría. Los partidos entonces eran muy débiles y los reforzamos ad infinitum. Conforme fue pasando el tiempo, mostraron su peor faz, pues habían heredado “inconscientemente” las patologías del pasado: el viejo caciquismo se transformó en clientelismo político, y los líderes adoptaron tics autocráticos: despreciaron los frenos “a su poder”. La multiplicación de poderes territoriales hizo además que emergieran una suerte de caciques de campanario, donde las prácticas clientelares estuvieron a la orden del día. Dimos tanto poder a los partidos, pues eran pilares (que lo son) del sistema democrático, que olvidamos ingenuamente sus tradicionales pulsiones oligárquicas y clientelares, y así se estableció un modelo que no tenía pesos ni contrapesos: el poder de los partidos era omnímodo. Surgió, entonces, una tendencia evidente a la configuración de unos mecanismos de autodefensa (cártel) de una clase política, ayuna de competencias, que todo su cursus honorum lo basaba en una fidelidad perruna a la organización, y especialmente ahora deifica a sus líderes.

Con ese estado de cosas, las instituciones de control del poder gubernamental que se configuran como instituciones constitucionales o estatutarias o administraciones independientes, así como otras entidades públicas (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, CGPJ, Fiscal General del Estado, Banco de España, CNMC, CNMV, AIRF, AEPD, Consejo de Transparencia, RTVE, CIS, etc.) y sus homólogas en las CCAA, se poblaron de miembros fieles al poder establecido o a la oposición política, en un espurio reparto de cromos o en un control gubernamental descarado, desactivando su finalidad existencial de control del poder o garantía del pluralismo político, y logrando que tal complejo institucional se convirtiera en mera coreografía que daba cobijo con buenas retribuciones y un estatuto de inamovilidad temporal a no pocos políticos quemados (a quien se les retribuían así los servicios prestados) o a amigos políticos y fieles a los partidos que les habían propuesto. Disponer de un cargo público en una entidad o institución representa un seguro de vida para unos años. Los partidos se convirtieron en sociedades de socorros mutuos. Se quebró así la regla existencial de esas instituciones de control que, según Rosanvallon, era muy obvia: para que cualquier sistema de contrapesos funcione en una democracia, tales miembros integrantes de las instituciones de control tienen el deber institucional de ser desagradecidos con quienes les ha designado, pues si no sus funciones de control del poder se transforman en una suerte de autocomplacencia propia de los estómagos agradecidos y, por consiguiente, en unas instituciones de cartón piedra, a la postre un esperpento de su papel existencial. Hoy en día lo son.

Y eso es lo que ha pasado en este país desde hace décadas, aunque en estos últimos años el deterioro del sistema cada vez es más intenso sin que se perciba realmente cuándo se toca suelo, pues siempre hay un subsuelo. Este proceso de devastación institucional promovido por todos los partidos, y alimentado especialmente por quienes están en el poder gubernamental ha adquirido tintes aún de mayor gravedad como consecuencia, por un lado, de una polarización política extrema y, por otro, por algunas conductas gubernamentales que han sido de una grosería supina y que nadie (tampoco la prensa, más allá de un lamento circunstancial) se ha enfrentado a ellas, menos la sociedad civil y muchos menos aún un periodismo casi siempre, con contadas excepciones, lacayo del poder gubernamental o de la oposición.

La captura política grosera de la alta Administración o de su sector público (hoy día con un sector público estatal, dañado en su legitimación por una cadena de escándalos literalmente inadmisibles en un espacio público que se debería mover con estándares elevados de integridad y que oscilan entre el esperpento y el saqueo más burdo de lo público), ha existido siempre. Mas el punto de inflexión, mejor dicho, de no retorno, de destrucción del modelo de control, ya irreversible, es cuando se designan para esos órganos de control a exministros y ex altos cargos gubernamentales o a personas militantes de los partidos, carentes de las más mínimas competencias y moralidad para el desempeño de funciones de responsabilidad y que, además, en todos los casos, están ayunos de los estándares básicos de imparcialidad que se debe predicar para el ejercicio de tales funciones. A partir de ahí todo vale. Y nadie se sonroja. Los límites se han roto. Han saltado por los aires los principios. Los gobiernos son agencias de colocación de amigos políticos. Las instituciones de control son ya despojos a repartir entre quienes se hagan con el poder y colocar a los suyos de forma descarada. El Estado Constitucional ha muerto. Tal vez, para siempre. Y no es visión pesimista, es la realidad.

Hubo un tiempo en que algunos partidos (no todos) tenían al menos la deferencia y la autocontención de proponer para tales cargos institucionales a perfiles profesionales contrastados, aunque fueran amigos del poder o de la oposición. Eso ya no existe, se designan descaradamente “soldaditos” con perfil político duro y, en no pocos casos, con un desconocimiento atroz del sector que tienen que controlar, lo cual es gravísimo, cuando no se desmantelan los órganos de control que incordian al poder establecido o se desactivan.

En estos momentos -parafraseando al profesor Arias Maldonado- los (inexistentes) partidos institucionalistas han perdido la batalla totalmente frente a las pulsiones clientelares. La victoria de estos últimos es total. Los primeros no existen. Y el descrédito o falta de legitimación de las instituciones en España, absoluto. Da la impresión de que ni la UE ni el Consejo de Europa ni tampoco la OCDE, se enteran mucho de lo que pasa aquí. Tienen una visión excesivamente pía de cómo funciona la política en este país. Se creen que esto es una democracia occidental normalizada. Las formas son aparentemente democráticas, pero son mentira, el trasfondo ni lo fue ni lo es. Y al paso que vamos no lo será nunca.

Una corrupción galopante que nunca toca fondo.

Lo dicho hasta ahora nos pone en la pista de la respuesta a este problema. Un estado clientelar de partidos, con unos partidos cada vez más endogámicos, con líderes populistas y cuadros con escasa o nula formación institucional democrática, que no han trabajado fuera de la política, fomenta estructuras partidistas de muy bajo nivel en competencias profesionales y con estándares de integridad bajo mínimos. Y mejor no hablemos de los jóvenes valores. De ahí no cabe sorprenderse de que abunden cada vez más los escándalos, sean de corrupción o relacionados con el acoso sexual: dar poder a quienes carecen de educación y de estándares morales para gestionarlo, conduce derechamente a comportamientos oscuros. Se trata lisa y llanamente de “pillar”, sea lo que fuere. La clase política española está invadida de bandidos, depredadores o potenciales encubridores, y en el mejor de los casos de personas que miran a otro lado, guardan silencio o entonan el indigno “y tú más”. Se impone, además, el silencio de los corderos y la amnesia colectiva. El miedo de quién no tiene a dónde ir, si le apean del pedestal en el que vive.

Las carreras políticas dependen, por tanto, de criterios de fidelización perruna, y dar de comer de por vida a tanta medianía requiere ocupar no solo amplios espacios de las AAPP y de su sector público (empleos públicos, y no solo directivos, incluidos), sino también proveer los innumerables cargos públicos y de asesores del sector público y de las instituciones de control, que nada controlan ni controlarán, pues están para otra cosa: dar alpiste a los numerarios de los partidos, que son legión. Pero eso se torna incluso insuficiente, los políticos miran también hacia el sector privado, que en parte vive de subvenciones, ayudas o fondos NGEU o de una contratación pública a menudo amañada, o son empresas participadas por el sector público en las que hallan cobijo políticos quemados que reciben, así, un “justiprecio” por los servicios prestados y “amasan” para su jubilación o retiro dorado. Todo esto es herencia del peso tan fuerte que tenía y tiene el poder ejecutivo en la vida nacional y también en la economía. Viene de la restauración, e incluso antes, se confirmó en el franquismo y encontró acomodo en el régimen democrático, agudizado con las “privatizaciones” en la etapa del primer Aznar y también ahora en la era Sánchez, donde ya sin tapujos se entra a través de la SEPI (una entidad ariete de la política más clientelar) a participar en el ámbito de entidades financieras o empresas privadas mediante una colonización indirecta de lo que pretende ser un “capitalismo dependiente del Estado”. Una consecuencia de la debilidad estructural del capitalismo español. En el caso catalán y vasco, donde había más músculo, tampoco se ha evitado, sino todo lo contrario, que los poderes gubernamentales interfieran la actividad empresarial que se convierte a veces en un apéndice de la propia política. Además, con trasiegos indecentes entre políticos y empresas en unas enloquecidas puertas giratorias y de gran peligro para el interés público que se subordina a intereses personales, partidistas o privados. El control de los medios es clave para moldear relatos. Y de los públicos también, que dejan el pluralismo hecho unos zorros.

De todo lo anterior se deriva fácilmente que la corrupción institucional y también partitocrática, pero además no lo olvidemos la personal (enriquecimiento a través de la política), estén a la orden del día. Si todo esto lo edulcoramos con sueldos pantagruélicos, banquetes u orgías de nuevos ricos y esperpentos varios, ya tenemos el cuadro completo.  No hay sistema alguno de frenos o contrapesos, y todo esto del compliance o las medidas de lucha contra la corrupción a través de planes de integridad o antifraude, se convierten en mera coreografía o mentiras piadosas: políticos, funcionarios y también empresarios ignoran supina o cínicamente tales políticas de integridad. Hay un grado de cinismo con la ética pública en España increíble. Y si no que se lo pregunten al promotor del Plan estatal de Lucha contra la Corrupción lanzado a bombo y platillo hace unos pocos meses (parece una eternidad), cuyas medidas duermen el sueño de los justos sepultadas por montañas de presunta corrupción.

Un país sin solución.

Ya pueden los poderes públicos crear todas las agencias de integridad o anticorrupción o de protección del denunciante que quieran, y que nos demanda Europa y la OCDE, que el problema no se atajará hasta que los devaluados y sátrapas partidos desalojen esos amplísimos espacios de poder patrimonial que han ido colonizando groseramente en los últimos tiempos. Paradójicamente, cuando los partidos están más alejados de la sociedad, son más endebles estructuralmente y con medios personales cada vez menores (una afiliación menguante), así como con cuadros personales, profesionales y morales de peor condición, más poder tienen en la sociedad española y menos incentivos para abandonar esos espacios de poder de los que se han hecho dueños y señores. Los profesionales de la política, en verdad indigentes más allá de ella, no tienen dónde ir. Y a la política se aferran. No hay solución fácil. Hubo en España momentos críticos en que se pudieron sentar las bases de una nueva política, y en ninguno de ellos se supo ni se quiso acabar con esa mala política que fagocitaba las instituciones. La impotencia se impuso, el cártel también. Hoy ya es tarde. Ya las han devastado. Y el tiempo se ha agotado. La situación es irreversible y la degradación institucional profunda. España es hoy día un Estado Constitucional fallido. Quien piense que esto lo resolverá un Gobierno de otro color político, no conoce las raíces del problema. No lo hará. Volverá a las andadas. Y tiene el camino expedito. Además, está en el ADN de la forma de hacer política en este país por todos los partidos, que entienden las instituciones como patrimonio del poder y los frenos al mismo como una incómoda y gratuita antigualla.  

(*) Este post reproduce, con algunas actualizaciones propias del letal contexto que nos abruma y abochorna, las respuestas que di a las cuestiones planteadas en su día  por Manuel Arias Maldonado quien moderó un Coloquio en el Centro Cultural La Malagueta (España, la reforma inacabada; 24-X-2025), sobre la captura institucional de las instituciones de control y la corrupción. Se difundirán en esta Web con en el resto de cuestiones.

(**) Para disponer de un marco conceptual e histórico más amplio sobre las raíces de los problemas expuestos, puede acudirse al libro que publiqué hace algunos años: Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones (Marcial Pons, 2016). Una versión actualizada sobre la realidad del problema en este país se puede encontrar en abierto en este librito más reciente que edité en su día:  Instituciones rotas.  Separación de poderes, clientelismo político y partidos en España. (Zaragoza, 2023). Aquí en formato PDF: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA

“Las disposiciones amnistiando los hechos delictivos (cometidos en Francia entre los años 1989 y 1992) relacionados con la financiación de los partidos tuvieron un efecto desastroso, ofreciendo a la opinión pública la sensación -completamente exacta- de que los políticos estaban por encima de las leyes (…) El sentimiento general en la opinión fue de que esa autoamnistía se acordó para impedir, directa o indirectamente, a la magistratura cumplir la misión que le fue confiada por la Ley” (Donatella Della Porta)

Preliminar

Conforme pasa el tiempo y uno se va haciendo más viejo, adquiere la manía, como es mi caso, de volver a aquellos libros por los que antaño ha transitado. Ciertamente, no he llegado al punto que alcanzó el afamado liberal doctrinario francés, Royard-Collard, cuando escribió aquello de que “Je ne lis pas, je relis”. Mas la verdad es que se trata de una actividad muy satisfactoria e intelectualmente muy sana, siempre que las obras que se relean merezcan la pena, como sucede, por lo común, con los clásicos, a quienes hay que revisitar constantemente, y también en algunas ocasiones con quienes no alcanzan tal condición, pero les avala una sólida trayectoria académica.

Viene a colación lo expuesto porque este libro, dirigido hace 30 años por Donatella della Porta e Yves Mény, titulado La corrupción en Europa, sigue teniendo en España, paradojas de este país estancado en sus miserias, notable actualidad. Como le escribía irónicamente ayer en las redes al consagrado especialista en materia de corrupción política, el profesor Fernando Jiménez, en España dedicarse a esos menesteres académicos tiene “la ventaja” de que siempre que se habla por esta política cínica y mendaz de afrontar el problema de la corrupción lo es hasta que el cielo escampe, se olviden los desmanes y vengan elecciones, pues ya volverán esos o los otros a seguir el ciclo infernal y eterno de la corrupción: enriquecerse ellos y sus comisionistas, como escribió Clarín https://rafaeljimenezasensio.com/2025/05/25/la-regeneracion-politica-como-farsa/. La Regeneración en España es una palabra maldita, siempre que se invoca por la clase política hay que echarse a temblar, y taparse la nariz y los ojos, tanto por el hedor que se destila como por la mierda que saldrá a colación para enterrarse unos y otros en sus propias miserias.

Por tanto, otra ventaja que tiene en este país la bibliografía sobre corrupción, y en concreto este libro, es que apenas envejece. Siempre tiene un punto de actualidad, pues son los partidos, sus líderes y élites, quienes realmente no quieren cambiar nada, ya que se trastocaría su papel en esta comedia eterna o esperpento patrio de la política española. Y no ahondo más, pues la cuestión está abordada en la entrada anterior, publicada hace unas semanas.

Algunas ideas fuerza del libro: 10 tesis.

La vigencia de este libro es sobre todo desde el plano conceptual. Trata en un capítulo, no exento de interés, la corrupción en la España de entonces y su pasado franquista. Pero, aunque algo se dice, no se adentra en los verdaderos orígenes del problema que no son solo franquistas o actuales, sino particularmente gestados en el turbulento siglo XIX español. Sin ese análisis no se entiende bien la perdurabilidad del problema y sobre todo su irrupción con fuerza tras la Constitución de 1978, donde tras la restauración de la democracia paradójicamente vuelven, primero de forma silente y luego ruidosa, las acendradas prácticas clientelares y corruptas de la España “Liberal”, esta vez de la mano de unos partidos de cargos públicos, antes de “masas”, que gradualmente se hacen dueños del Estado y de sus instituciones, pretendiendo eliminar los pocos y débiles contrapesos que el sistema había ido (mal) construyendo.

Efectivamente, es la parte conceptual y las conclusiones del citado libro las que siguen manteniendo más actualidad en este país y en su política, que se caracteriza por su eterno enquistamiento. Por tanto, en materia de corrupción, aunque sea desolador decirlo, en España materialmente se ha avanzado muy poco. Y todas esas leyes aprobadas, también las recientes, lo han sido por empuje de la Unión Europea (Comisión Europea), del Consejo de Europa (GRECO) y de la OCDE. Mas son remedos formales, que incluso los propios gobiernos y los partidos que los sustentan, ahora y antes, sencillamente no se creen. Son leyes que se publican y apenas se aplican, por desdén presupuestario, ejercicio supino de cinismo, captura de las instituciones de vigilancia y control o simplemente porque quieren tener las manos libres quienes nos  gobiernan para dar rienda suelta a sus desmanes, suprimiendo o retocando groseramente, como se ha hecho en algunas Comunidades Autónomas, o tardando la intemerata en crearlos y siempre con bajo pulso y menor presupuestos (como en el Estado), los órganos de vigilancia y control de la transparencia e integridad, que no pasan de ser mentiras piadosas, que la letanía político-gubernamental y creyentes ingenuos repiten sin que nadie en su sano juicio se los crea.

Y ahí van, entre otras muchas, las 10 tesis de este libro que, con carácter general y seleccionadas de forma muy selectiva (por tanto, incompleta), siguen siendo aplicables a la política de este país, para bochorno del tiempo transcurrido, que no ha sabido sanar ni siquiera cicatrizar ninguna de ellas. Son apuntes telegráficos, aunque nos dan una idea del grado de anquilosis que la lucha contra la corrupción en España ofrece, planes fantásticos anticorrupción aparte, que sea airean cuando el hedor político ya es insoportable:

1.- El fenómeno de la corrupción en democracia surge, entre otros factores, por “la crisis de los partidos, la crisis de participación y la crisis de valores en el panteón occidental”. La tradición patrimonial, clientelar y nepotista sobre lo público en España, agravan el problema. Así se exponía en el capítulo dedicado entonces a este país: “El clientelismo es una práctica suficientemente arraigada en España para ser eliminada”. No lo ha sido aún. Tiene, como dijo el Conde de Romanones raíces muy hondas y gran vigor. Y arrancarlas implica cambiar radicalmente el modo de hacer política en este país, lo que los partidos ni quieren ni saben hacer.

2. “En numerosos países llamados democráticos la corrupción no es un problema marginal en sus dimensiones (ni siquiera contingente), sino que se trata de un fenómeno endémico (esto es, estructural)”. Lo negarán aquí una y otra vez los partidos y sus líderes, mas la realidad es muy tozuda y lo que emerge, en verdad, es, como en su día escribiera el propio Yves Mény, la punta del iceberg de la corrupción. Buena parte queda oculta, para siempre. Cuanto más se tarde en aceptar y abordar esa “cruda realidad” (en palabras del profesor Víctor Lapuente en la obra, también vigente, La corrupción en España), más difícil será para buscar alguna solución cabal (si la hay) al eterno problema de la corrupción.

3. Los autores manejan un concepto de corrupción que, en grandes líneas, es el que sigue: «La corrupción es el intercambio clandestino entre ‘dos mercados”, el político-administrativo y el económico-social. Ese intercambio viola normas jurídicas/éticas, sacrifica intereses públicos a favor de intereses privados, y permite a los actores privados el acceso privilegiado y oculto (o manipulado) a recursos públicos (contratos, financiación, subvenciones, determinadas decisiones), procurando beneficio material también a los actores públicos corruptos (sean estos personas físicas o partidos que gobiernan determinadas instituciones)». Como también exponen: “La pequeña y gran corrupción se manifiestan allí dónde el poder público decisor dispone de poderes discrecionales que le facultan, por ejemplo, para decidir, por ejemplo, cuál es ‘el mejor’ contrato”. Lo demás, casi siempre, consiste en “vestir el santo” de la decisión discrecional con ropajes formales que lo hagan presentable y que no se note o se disimule la arbitrariedad que puede haber detrás. Una práctica muy conocida y extendida por estos lares. ¿Y los funcionarios?

4. “La corrupción destruye los valores públicos y golpea el corazón de la democracia, subordina el interés público a espurios intereses privados, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega el principio de igualdad y favorece (para unos pocos amigos del poder) el acceso privilegiado a los recursos públicos”. Por causa de la corrupción, la destrucción tangible o intangible de los interese públicos, que son de toda la ciudadanía, es mayúscula. Los daños financieros al Estado y a sus políticas son inmensos (afectación directa a servicios públicos y prestaciones), y la mutilación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, brutal. Ni aún así lo entienden quienes nos gobiernan con su parálisis letal frente a la ingente corrupción.

5. “La corrupción ha crecido con la profesionalización de la política: esto es, siguiendo a Max Weber, por multiplicarse quienes ‘viven de la política’ y buscan extraer de ellas ventajas extrínsecas/materiales, frente a quienes (desgraciadamente, cada vez menos) viven ‘para la política’, y que de ella obtienen gratificaciones extrínsecas e ideológicas”. Como este punto ya lo traté en la entrada anterior, reenvío a la misma:https://rafaeljimenezasensio.com/2025/07/13/corrupcion-politica-y-partidos-en-espana/ Lo estamos viendo en los casos que aparecen.

6. “La carrera política de hecho figura, en primer lugar, como una vía rápida de movilidad social, utilizada muchas veces por ‘ex plebeyos’ y arribistas, cuyo objetivo (no confesable) es ascender en la escala social y que se plasma también en un tipo de políticos interesados más en enriquecerse ellos que en mejorar la propia política” (en la que están para vivir cómodamente de las prebendas y la púrpura que les proporciona). Otro efecto disfuncional de la “profesionalización” mal entendida de la política. También esas categorías nos son muy familiares en esta corrupción mal llamada “cutre”, que también nos anega. Pero el mal está muy extendido: hay muchísimos oportunistas metidos en los partidos, lo que muestra el declive absoluto de las élites políticas en España, cada vez peor preparadas competencial y moralmente.

7. “Además, otra motivación de los corruptos es la práctica de las puertas giratorias (y el tráfico de influencias) que permite a políticos y altos funcionarios utilizar información privilegiada y obtenida gracias a su posición en las instituciones para enriquecerse al mismo tiempo que a las empresas”. Esta vieja idea de los autores citados nos reenvía a otro contexto de potencial corrupción que ha estallado retrospectivamente en España, con raíces muy viejas y perversiones profundas por lo que implica utilizar posiciones institucionales de primer nivel para hacer lo contrario de lo que las responsabilidades públicas exigen, con presunto uso incluso de la capacidad legislativa o normativa para beneficiar a los amigos del poder.

8. También, “la corrupción política engendra la proliferación de personajes y estructuras de negocio que ‘de facto’ no son sector público ni tampoco mercado, al menos porque sus actuaciones van encaminadas a violar (sistemática o coyunturalmente) las reglas de funcionamiento del sector público o del propio mercado”.  En España y en sus Comunidades Autónomas, así como en sus entidades locales, tales actores interactúan con los poderes públicos, como son (algunos) despachos profesionales o empresas grandes o medianas de consultoría o de “asuntos públicos”, otros freelancers que median (con fines espurios) para obtener ventajas y recursos públicos en función de sus posiciones de privilegio con el poder.

9. “La imbricación Estado-mercado comporta asimismo que los éxitos empresariales no dependan tanto de su propia competitividad como, en no pocas ocasiones, de relaciones que se tejen con el Estado (en sentido lato). Hay empresas víctimas de extorsión y otras protegidas por políticos y partidos”. Tampoco esta idea es ajena a la España actual, ni mucho menos. La dependencia clientelar del poder económico en algunos casos del propio poder político, que cada vez interfiere más por cierto en la esfera empresarial privada, comporta o puede comportar actuaciones público-privadas que esconden casos de corrupción latente o silente.

10. En fin, los autores, al inicio de su obra hacen referencia a dos citas clásicas sobre el valor que tiene la democracia como sistema de gobierno. Así, exponen que Churchill dijo que «la democracia es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás»; por su parte, el profesor Norberto Bobbio afirmó más modestamente, pero certero, lo siguiente: «La democracia es un sistema mejor que aquellos que le han precedido y le han sucedido, hasta ahora». Lo cierto es que de seguir esta deriva imparable y cada vez más honda en España, la democracia puede morir ahogada por la corrupción. Y lo que luego emerja, abanderando cínicamente una lucha en la que no creen, será probablemente peor o igual de malo, pero ya sin libertades formales o en cuarentena. La noria de la corrupción en este país es infinita. Y no se trata tanto, como expuso Della Porta, del “fin de la ética republicana”, que también. El problema es que aquí ni siquiera hemos tenido nunca un Estado Liberal democrático de condiciones normales. Eso pesa, y mucho: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA.

Apostilla:

Quizá nuestros políticos han olvidado, si es que alguna vez lo han sabido, que el hundimiento de los partidos centrales del sistema en no pocos países democráticos, también europeos, provino precisamente de abrazar la corrupción. Hay que refrescarles de vez en cuando su frágil memoria.