(Imagen cedida por Fernando Escorza Muñoz)

“La adoración del poder es uno de los peores tipos de idolatría humana, un resabio del tiempo de las cadenas, de la servidumbre y de la esclavitud” (Karl Popper)

Introducción

En España, como escribió Larra, tenemos cuasi-instituciones. Más preciso, Galdós reiteró en sus Episodios Nacionales que sin sólidas instituciones el país nunca saldría adelante. Tras más de dos siglos de tormentosa inestabilidad institucional, y un pobre Estado liberal construido durante el siglo XIX y primeras décadas del XX con mimbres casi exclusivos del liberalismo conservador doctrinario, con un liberalismo progresista preterido, largos períodos de dictadura, en el ínterin una breve y tormentosa Segunda República que finalizó con un golpe militar y una terrible Guerra Civil (que cerraba el ciclo de las guerras carlistas del XIX), la llegada, tras el larguísimo paréntesis del franquismo, de la Constitución de 1978 abrió una puerta a la esperanza de concordia y a la presumible estabilidad democrática e institucional. Así lo pareció tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (luego UE). Sin embargo, un Estado no muta sus viejas patologías por una nueva barrera de pergamino, expresión propia de El Federalista al referirse a la Constitución estadounidense de 1787. El retorno de las instituciones democráticas se hizo de la mano de las prácticas antaño presentes en la política española: la concepción patrimonial del poder, el caciquismo (reinventado a través de una nueva organización territorial del poder), el clientelismo político y la sociedad del favor, así como el regreso (si alguna vez se fueron) del nepotismo y del amiguismo, así como de la persistente corrupción. Pronto, por tanto, esas patologías adheridas durante más de dos siglos echaron raíces en esa España clientelar de partidos que comenzaba a emerger. En el fondo, nada había cambiado; aunque el final de la dictadura franquista era suficiente motivo de alborozo para tapar esas y otras muchas patologías que se fueron multiplicando también durante ese largo período de autoritarismo.

Efectivamente, al poco tiempo de inaugurarse la España del 78, las flamantes instituciones democráticas comenzaron a ofrecer grietas en su funcionamiento efectivo (Consejo General del Poder Judicial, tensiones en el TC con la sentencia RUMASA, primeros casos de corrupción política, prácticas clientelares y de ocupación partidista de la alta Administración y de los órganos de control del poder, etc.), pero eran síntomas aún muy prematuros. Todo parecía funcionar cabalmente. Aunque ya entonces a la sazón el flamante vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, dictó sentencia: “Montesquieu ha muerto”. Se le olvido decir que tal principio de separación de poderes en España nunca había nacido o jamás fue entendido. Con la llegada del siglo XXI, incluso antes, se dieron las primeras señales de alarma. Los partidos centrales del sistema fueron incrementando su letal control sobre las instituciones de control del poder, incorporando paulatinamente a sus nombramientos de tales órganos de control cada vez más fieles soldaditos afines a las respectivas causas partidistas, y no como en sus primeros momentos a profesionales de prestigio acreditado y con una relativa independencia de criterio. El control del órgano de gobierno del poder judicial (y, a través de este, de los nombramientos al TS) y de la fiscalía, ya sin disimulo y no sin tensiones, eran piezas codiciadas de los gobernantes de turno. El clientelismo siguió haciendo estragos en las Administraciones territoriales y en su sector público, y la concepción patrimonial del poder de los respectivos gobernantes, centrales o territoriales (caciques de campanario, como les llamó Clarín), se fue agudizando como reflejo de una España que ya miraba políticamente más al siglo XIX que al XXI. El sectarismo político fue in crescendo, y se fraguó a fuego lento eso que conocemos hoy como polarización política. El segundo gobierno Aznar y su pésimo cierre, así como las políticas de quiebra de las tímidas expresiones de “consenso” por parte del presidente Rodríguez Zapatero, allanaron el camino a la resurrección de las dos Españas y al reverdecer de la denominada “España plurinacional”. Ni que decir tiene que la crisis financiera de 2008 y su prolongación en el tiempo, con hondas secuelas en la sociedad española, el impulso del 15M y su llamada a una regeneración política que nunca se produjo, las reformas estructurales obligadas por la UE, así como la travesía en el desierto de un PSOE que no encontraba su sitio en el tablero político nacional tras su salida del poder, con un evidente déficit de liderazgo, conformaban un cuadro político complejo. El contexto estaba cambiando aceleradamente (o eso parecía): la emergencia de partidos de la nueva política que en un visto y no visto se hizo más vieja que el crimen, y unos gobiernos notablemente indolentes del PP en la era Rajoy, tras una primera legislatura de rodillo con mayoría absoluta, con el culmen del procés catalán, su ensayo chapucero de ruptura constitucional y la lenta y torpe respuesta de las instituciones centrales, así como la persistencia de la corrupción política, crearon el caldo de cultivo para que un atormentado PSOE hallara finalmente la solución a sus nuevos males en la figura de Pedro Sánchez, primero aupado al liderazgo del partido, luego destronado y finalmente retornado por unas primarias a su condición de líder del partido (2017). Finalmente, entronizado como jefe del Gobierno, tras una calculada moción de censura (y un pacto a casi todas las bandas) cuyo objeto principal era -se decía- acabar con la corrupción del partido del poder.

Se abría, así, a mediados de 2018, una nueva era en la política española. Roto en pedazos el ya frágil consenso político, autodestruida la efímera fortaleza de Ciudadanos, emergiendo con fuerza Podemos desde 2014 como exponente de la “nueva izquierda” hasta su también posterior autodestrucción desde el poder, encogido el Partido Popular bajo el liderazgo de Casado y su zafia sustitución, y con un PSOE (que nunca superó por sí solo los 123 escaños) abrazado a los nacionalismos/independentismos periféricos como nueva mayoría democrático-gubernamental del llamado Estado plurinacional, España y sus instituciones entraban en una era hasta entonces desconocida. Se iniciaba, así, una espiral de descomposición política acelerada: la del gradual imperio del populismo iliberal sin remilgos, tanto desde el poder como en no poca medida desde la oposición. El escenario político-institucional había mutado, sin duda. Nuevos tiempos.

Y esa presidencia Sánchez, que, hoy por hoy, se extiende desde mediados de 2018 hasta finales de noviembre de 2026 es el objeto principal -no exclusivo- de la serie de entradas que ahora comienza. Este análisis, cabe advertir, se centra exclusivamente en la esfera institucional. Por tanto, es una mirada parcial a la obra de un presidente que ha cumplimentado hasta ahora dos legislaturas (esta última a falta de 8 meses) y de menos de un año la primera. Veremos si ese legado institucional tiene continuidad en el tiempo o acaba, final o temporalmente, tras el 29 N.

Preliminar. Las instituciones ya estaban rotas, si bien su derrumbe se ha acelerado

España ha maltratado secularmente sus instituciones. No es nada nuevo. Los viejos demonios derivados de las patologías decimonónicas de un Estado Liberal “normativo” (Luis Castells), pero no efectivo (casi nunca lo hubo), las tensiones absolutismo/liberalismo, los largos períodos de liberalismo doctrinario, la escasa presencia temporal del liberalismo progresista en el poder y los periodos de dictadura,  configuraron una España políticamente inestable, con visiones muy sectarias y escasa tradición democrática, pues el Estado se construyó con otros mimbres. Y, en fin, el complejo contexto se cerraba con una ciudadanía muy dada a los extremos y enfrentamientos cainitas, además con una cultura liberal muy pobre.

No me extenderé en tales cuestiones críticas, pues están analizadas en buena parte de los estudios que sobre la cuestión institucional de España he ido publicando en estos últimos diez años (Los frenos del poder, Instituciones rotas y Falsos cimientos) o en la trilogía sobre literatura decimonónica y el fracaso del liberalismo español (El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su ‘cuarto oscuro’ en España; Juan Valera: liberalismo político en la España de los turrones o, en fin, Clarín, republicano de las letras). Al lector interesado, si es que lo hay, allí le remito.

La tesis de todos esos trabajos, por lo que ahora interesa, se puede resumir en breves palabras: España no ha logrado en estos dos siglos conformar un sistema institucional democrático-liberal y disponer de una cultura político-institucional estable y equilibrada. En 1978 se abrió, como se decía, una ventana a la esperanza, hoy ya quebrada por completo. Las instituciones españolas se fueron degradando desde los primeros pasos del nuevo régimen constitucional, pero el proceso se agravó tras el cambio de siglo y se ha acelerado peligrosamente en la última década (tanto con el final de la presidencia Rajoy como, especialmente, con la presidencia Sánchez).

De todos modos, las instituciones ya estaban rotas o dañadas, si se quiere gravemente. Los partidos habían abrazado el sectarismo más ancestral, se habían convertido en máquinas oligárquicas de populismo iliberal, que solo buscaban el poder por el poder refugiados en sus propias trincheras. El fanatismo, la intolerancia y el odio fueron creciendo sin pausa (terreno propicio para la emergencia de fuerzas políticas etnocentristas de derecha extrema, tanto en el ámbito español como en los nacionalismos periféricos o la proliferación de expresiones de la izquierda extrema, que ahora parece no existir en el lenguaje mediático). Pero, por lo que aquí importa, el débil sentido institucional de los partidos gubernamentales o de la oposición se hizo cada vez más manifiesto en estos diez últimos años: bloqueo de la renovación del CGPJ durante 5 años por parte del Partido Popular, asalto medido al Tribunal Constitucional para cambiar su anterior monopolio conservador, grosero manoseo por parte del Gobierno de la renovación de la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, con sentencias del Tribunal Supremo poniendo las cosas en su sitio, y el espectáculo eterno y lamentable en la renovación del Consejo de Administración y de la presidencia de Radio Televisión Española, auténtico culebrón político partidista por etapas del peor cariz, entre otros muchos. Muchas de estas y otras lindezas gubernamentales y partidistas se produjeron ya en plena presidencia Sánchez. Pero, a mediados de 2018, las instituciones de control del poder estaban ya colonizadas desde tiempos inmemoriales, el TC fracturado entre “conservadores” y “progresistas”, el CGPJ dividido siempre en dos bandos político-judiciales rivales, y la alta Administración del Estado y su sector público politizadas hasta los tuétanos. La presidencia Sánchez, y su clara consigna de eludir cualquier pacto con la derecha conservadora (tras la emergencia de Vox, reconducida al papel de derecha extrema por el poder gubernamental) fomentó, sin duda y con plena conciencia, la restauración de una España dividida en dos bandos irreconciliables. Eso facilitaba su discurso político inmediato, pero la factura final de tal táctica reconvertida en estrategia suicida está aún por determinar. Al menos para la sociedad española, rota en dos pedazos y sin aparente remedio.

1.- España es formalmente un Estado liberal-democrático sin liberales ni demócratas

Este punto ya ha sido explicado más arriba. Mas conviene insistir sucintamente en que España es un país ayuno de cultura liberal democrática. Hubo liberales, sí, pero siempre jugaron un papel secundario en el teatro político español. Las Constituciones decimonónicas de sello progresista (muy precarias en su vigencia) o las de factura conservadora doctrinaria (que duraron mucho más tiempo), fueron cascarones vacíos ante el empuje del caciquismo y del falseamiento electoral, una constante en la España del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, alcanzando incluso a la Segunda República. Un liberalismo conservador pujante, con fuertes pulsiones autoritarias y nada amigo (o poco) de la alternancia política, fue caldo de cultivo de esas patologías, denunciadas en su día por Joaquín Costa, entre otros muchos. Aunque su regeneracionismo hidráulico -como lo llamaba Clarín- resultara un fracaso estrepitoso.

Luis Castells, en sendos trabajos recientes, ha puesto de relieve las limitaciones que siempre tuvo el Estado Liberal en España, visión que, desde el punto de vista de un historiador, refuerza las hipótesis que mantuve en los diferentes libros citados. La España decimonónica no fue liberal, sino muy parcialmente, menos aún liberal-democrática. El predominio del liberalismo doctrinario de base censitaria, y las enormes dificultades de implantación del sufragio universal masculino (la “cocina económica”, que decía Clarín para negar aquello de “un hombre, un voto” y sustituirlo por “un hombre, un plato”; dada la compra del sufragio), así como la existencia de un liberalismo progresista con escaso tiempo de poder efectivo y luego acomodado al “turno pacífico”, y un republicanismo troceado en mosaicos de partidos enfrentados entre sí, hicieron prácticamente inviable el asentamiento del liberalismo democrático en España. Y en la Segunda República tampoco se dieron las condiciones objetivas para ello: los partidos republicanos burgueses o pequeño-burgueses, con cultura democrático liberal, y asimismo sus propios líderes (con muy contadas excepciones), acabaron devorados por la polarización política de dos bloques enfrentados que terminó siendo la antesala del final del que fuera tal vez el ensayo más serio que había tenido España de intentar construir una República democrática. Hubo en el período republicano líderes y ciudadanos con sensibilidad democrático-liberal en ambos bloques políticos, pero fueron minoría. El PSOE tenía en sus filas algunos líderes liberal-demócratas, amén de socialistas (Indalecio Prieto o Besteiro), pero tras el estallido de la Guerra Civil y la larga noche del franquismo tales sensibilidades se opacaron por otras más ortodoxas. Como expone Luis Castells, esas sensibilidades renacieron durante la secretaría general y las presidencias de Felipe González (1982-1996), donde no pocos de sus ministros comulgaban con ese ideario que combinaba liberalismo democrático con socialdemocracia. Esos tiempos pasaron. No fue un cambio instantáneo, pero sí gradual y persistente. Hasta desvanecerse.

A mediados de 2018, cuando Pedro Sánchez llega al poder tras la moción de censura, las huellas de esa mixtura entre socialdemocracia y liberalismo democrático estaban ya en mínimos históricos. A finales de 2026 ya prácticamente no quedan ni rescoldos de aquello: un populismo iliberal se ha hecho omnipresente en las políticas de izquierdas en España, aunque a veces se intenten vestir forzadamente de políticas socialdemócratas lo que son lisa y llanamente políticas subvencionales. Un dramático ejemplo: mejor apadrinar el bono ferroviario de jóvenes que dedicar recursos a la inversión. Concepciones de populismo iliberal que, con precedentes en gobiernos de todos los colores políticos (incluso periféricos), se han hecho generalizadas.

El primer legado de la era presidencial de Sánchez es, por tanto, el práctico abandono por parte del PSOE de su más reciente tradición liberal-democrática sustituida por un enfoque populista iliberal cada vez más escorado hacia un radicalismo de izquierdas (ocupando espacios y discursos de la izquierda extrema) y con la connivencia ideológica circunstancial e interesada (por motivos de continuidad en el poder) con partidos etnonacionalistas periféricos. El PSOE gubernamental ha ido edulcorando esa orientación populista con algunos discursos y políticas de cariz socialdemócrata (con ministros que aún defienden tales premisas), si bien con políticas subvencionales a determinados colectivos que son el “granero electoral”: pensionistas, empleados públicos, desempleados y personas sin ingresos; el “escudo social” iniciado en el Covid19). Lo dijo Tocqueville: “No hay nada más difícil de gobernar que un pueblo de solicitantes”. La hipoteca sobre las futuras generaciones será probablemente muy pesada.

2.- Prietas las filas. Retorna el fanatismo político y la intolerancia: de muros, enemigos acérrimos y odios cainitas

La tan manida polarización política, fenómeno universal que, en España, aunque siempre presente, echa fuertes raíces sobre todo a partir del simplista mensaje del No es no como línea de actuación del nuevo líder socialista español, con precedentes, tras las primarias de 2017. Una línea de acción luego reforzada ya en el poder desde 2018. Y años después por su gráfica imagen del muro que, como su propio nombre indica, busca evitar a toda costa la alternancia en el poder; esto es, que gobierne en este país la derecha y la extrema derecha (siempre juntas en el mismo pack), lo que comporta alianzas de todo tipo (incluso contra natura) con el fin de evitar ese acceso de los enemigos políticos al poder, como así se dio tras las elecciones de 2023 y ahora se quiere reeditar en 2026. Excluir la alternancia política porque no gusta la orientación ideológica conservadora o incluso reaccionaria de algunos partidos adversarios, no es, sin embargo, una conducta liberal democrática madura sino una tendencia de fuerte componente autoritario, y sobre todo que abre la puerta a un larvado enfrentamiento civil, con no pocas dosis de guerracivilismo, transportándonos a tiempos pretéritos. Algunos muy lejanos. Otros no tanto.

Tras más de ocho años en el poder, el actual líder del partido socialista, se ha caracterizado por construir un partido vicarial a su proyecto y eliminar cualquier resquicio de disidencia interna al discurso dominante: en el PSOE, como partido de cargos públicos que es, discrepar con el líder implica perder todas las prebendas y dejar de vivir de la política. Un cambio existencial, más para quien no tiene alternativas profesionales a la política. Y ese cierre hermético de filas comporta, además, otros efectos externos: tiene en su haber (o debe) principal el alimentar el frentismo y promover un contexto polarizador en el que, “involuntariamente”, ha crecido de forma inusitada la extrema derecha (de presencia insignificante cuando arribó al poder), cuyo techo no se advierte, destruyendo de paso el peso electoral del partido conservador (al parecer su gran objetivo, para extremar la polarización), a cuyo actual líder siempre ninguneó. Tal táctica, convertida en estrategia, no solo circunscribe el pluralismo a la circunstancial y oportunista “mayoría parlamentaria” (aquel somos más de julio de 2023), hoy rota parcialmente, sino que, como ha recordado el profesor Víctor J. Vázquez, esa exclusión vulnera un valor constitucional esencial como es el pluralismo político. Y ello impacta gravemente en el contexto político vigente, pues supone un serio y desestabilizador regreso de la intolerancia, del fanatismo y del odio entre españoles, antesala de terribles enfrentamientos que azotaron a nuestro convulso pasado histórico, con esa actitud tan cainita de resolver, así, los conflictos existenciales. En España, como estudió Juan Valera y después Azaña, admirador el egabrense, la intolerancia hizo estragos desde el siglo XV hasta el siglo XX, particularmente en aquella guerra que Unamuno llamó “incivil”. La intolerancia y el fanatismo se apropiaron entonces de los españoles, y, como decía un alter ego de Azaña en La velada en Benicarló: “Ninguna política puede fundarse en la decisión de exterminar al adversario. Es locura, y en todo caso irrealizable”. Concluyendo: “El enemigo de un español es siempre otro español” ¡Qué malo es el olvido!

(Continuará…)

“Cuando unos presidentes y primeros ministros que quieren ampliar su poder debilitan la democracia, queda una apertura para la resistencia y la restauración, al menos durante algún tiempo. Está en manos de todo aquel que valore la democracia -y que tema a la autocracia- el llenar ese espacio con valentía y creatividad” (Susan C. Stokes, p. 277)

Presentación: líderes que erosionan sus propias democracias

En este tiempo electoral probablemente no haya una lectura más apropiada, al menos para el ciudadano crítico, que este libro de Susan C. Stokes. Bien es cierto que se publicó inicialmente en 2025 y ha sido editado en España en 2026, por lo que cabe presumir se cerró en 2024. Y ello se advierte en que no incorpora apenas referencia alguna al letal segundo mandato de Trump y a otros aprendices de brujo de esos mensajes polarizadores que pululan por el mundo político, también en algunas democracias europeas e incluso en este país.

El libro ha sido traducido en su título principal como Los regresores, una noción que es un tanto difusa y tal vez que no evoca muy bien la idea que quiere reflejar. Mejor es el subtítulo, que refleja muy bien su contenido: Líderes que erosionan sus propias democracias. En verdad, late ahí una suerte de retorno al pasado, lo que es cierto a veces y no tanto en otras. Sin embargo, el contenido del libro es apasionante, no tanto por los ejemplos que pone, que también, sino por el grado de conceptualización que ofrece ante un problema nuclear de los sistemas políticos democrático-liberales de este convulso siglo, que se hallan actualmente en un proceso de regresión, ya sea este empujado por los etnonacionalistas (la antigua extrema derecha reconvertida a nuevos postulados que redefinen el tradicional conservadurismo) o por los populistas de izquierdas (que abrazan como los anteriores medidas de regresión y no de progreso real, erosionando también como los anteriores las instituciones democráticas del país.

Encuadre del problema

Lo centra muy bien la autora: “En los últimos años, hemos sido testigos de un creciente número de presidentes y primeros ministros decididos a ampliar sus poderes y a sabotear sus instituciones políticas”. O, también, a capturarlas o desactivarlas, que al fin y a la postre es lo mismo. La nota común que tienen esos regresores es que, sean de derechas o de izquierdas, “han adoptado (todos ellos) una postura hostil hacia las normas, los agentes democráticos y las instituciones”. Pero no solo eso, sino que han fomentado de forma exacerbada la polarización, volviendo al viejo postulado schmittiano de amigo/enemigo. Han logrado, además, que la población también se polarice y llegue a ver “al partido opuesto como una amenaza existencial”. Ellos o nosotros, es la terrible disyuntiva “política”, que no es tal. El desprecio persistente de las instituciones democráticas trae esos lodos.

Tales actitudes han multiplicado los fenómenos de erosión democrática, que quiebra la normalidad democrática y puede terminar degradando las instituciones y la propia democracia hasta el punto de transformarla con el paso del tiempo en una autocracia o, en el mejor de los casos, una democracia iliberal, que no deja de ser contradictoria en sus propios términos. La erosión democrática, como señala la autora, se focaliza en un deterioro de la rendición de cuentas horizontal mediante la anulación o captura de las instituciones de control del poder, cuya misión principal era fiscalizar el poder gubernamental y se transforma en un remedo formal autocomplaciente con el líder regresor y sus políticas populistas y de concentración del poder, perdiendo su esencia. Y también con un vaciado o persecución de la rendición de cuentas vertical, esto es, a través del ataque sistemático (más o menos evidente) de los medios críticos y de las organizaciones de la sociedad civil que no comulgan con las ruedas de molino gubernamentales. El resultado de todo ello solo pretende ser uno: “un proceso mediante el cual se amplían extensamente los poderes del Ejecutivo” (y del líder del Gobierno). Otro resultado es que “una estructura mediática cada vez más segmentada por partidos”, contribuye decididamente a la polarización.

La receta de ese liderazgo polarizador es muy obvia: 1) el líder se considera imprescindible para el país; 2) fomenta hasta el delirio “el odio a la oposición”, como principal mensaje; 3) evita ser procesado y que los suyos lo sean; y 4) muestra (velada o descaradamente) un gusto por el autoritarismo. De todas esas líneas una de las más frecuentadas es “la demonización de los adversarios”. Nunca falla en el manual del regresor. Pero también están sus hábitos, manifestados expresa u ocultamente, de desprecio al poder judicial (si actúa como contrapoder) o a la burocracia más elevada de la Administración, a quienes ataca como expresión del “Estado profundo” (en nuestro caso con el espantajo de “franquista”) o de “burocracia de oro”.

La larga historia democrática de un país no le protege frente a esa erosión, aunque evite probablemente las soluciones dictatoriales, mas no tales recetas. No así es el caso de democracias endebles o no consolidadas, cuyos riesgos de quiebra son más evidentes. La polarización política, en mayor o menor medida, afecta a todos los sistemas democráticos, sean estos consolidados o no. Y el auge de las redes sociales como cámaras eco y de unos medios cada vez más sectarios (incluso los de titularidad pública) tienen mucho que ver en todo ello.

Derecha etnonacionalista y populismo de izquierdas

En sendos capítulos se analizan estas expresiones de liderazgos regresores. La autora huye, y creo con acierto, de denominar a ese fenómeno de regresión “conservadora” como extrema derecha o ultraderecha. Es una realidad, y lo analiza muy bien desde el punto de vista económico y social, propia de nuestra era (desde finales de los años del siglo XX a nuestros días). Menos incisivo es su análisis del fenómeno identitario cultural desde todas las vertientes (no solo nacional). Esa realidad política que califica como etnonacionalismo tiene, a su juicio, tres dimensiones: a) La posición sobre el gasto social y las prestaciones sociales (que no las rehúye incluso fomenta, pero solo para los nacionales); b) La tensión entre apertura económica o protección de la economía nacional (véase sus posiciones en el ámbito de la UE: claramente proteccionistas); y c) El realce de la identidad nacional, que se manifiesta en un perímetro estricto de quienes deben ser nacionales del Estado y un evidente rechazo a las migraciones irregulares. Cuando se producen situaciones de crisis económica, y recorte de prestaciones, la población nacional, según la autora, puede tener tendencias marcadas a comprar ese argumentario. El problema estriba en que ese populismo etnocentrista, sobre todo en el ámbito del gasto social y de las prestaciones se acerca más al de la izquierda populista que al del ideario conservador-liberal (otra cosa es que este quede manchado por aquel cuando se produce el “abrazo del oso”; es decir, un gobierno de coalición entre ambas expresiones ideológicas, cuya armonía en estos y otros puntos, como por ejemplo el proteccionismo, no está nada clara).

El hecho evidente es que ese etnocentrismo ha terminado entrando también con fuerza inusitada en el caladero de la izquierda, a través del voto obrero. La autora describe el peso del electorado blanco y obrero en la candidatura de Trump: 62 %, en 2016; 59 %, en 2020; y 65 %, en 2024. Eso da una medida de la entrada del discurso social antimigración (al margen de su marcada retórica populista) en determinado ámbito de electores. Podía también haber cogido muchos ejemplos europeos, pero no lo hace.

El análisis del liderazgo populista de izquierda lo centra igualmente en determinados países latinoamericanos, y algún otro. Tampoco trabaja el ámbito europeo. La movilización de este electorado, más homogéneo que el anterior, se da -siguiendo a Dani Rodrik- en torno principalmente a dos palancas: la salarial y la identitaria.  Hay más, pero tampoco focaliza su atención en ellas.

¡Ay de la polarización política y su lenguaje basura!

Su tesis, sin embargo, es diáfana y obvia: “La polarización política alienta la regresión democrática”. Mas cabe preguntarse qué es tal fenómeno. Y lo resuelve con claridad: el término polarización (por cierto, ya utilizado con relativa profusión por Clarín a finales del siglo XIX en su periodismo político, donde ya presagiaba males futuros en este país) representa la idea de “unos agentes políticos que van alejándose cada vez más unos de otros”. Y añade: “No sólo los partidos, también la ciudadanía puede polarizarse”. El ejemplo de la España política hoy es de manual. Los polarizadores se benefician, en principio, de tal estrategia; pero ahondar en esa vía puede ofrecer también algunas desventajas para ellos. En todos los líderes polarizadores hay un patrón común: describen sus instituciones como defectuosas, incluso atacan con prioridad a algunas de ellas, las que controlan con más dificultad. Para ellos, “la judicatura es corrupta, las administraciones electorales son parciales, la prensa se la tiene jurada al líder”. En estas tres patas convergen el populismo de izquierdas y el etnocentrismo, aunque con desigual medida según los casos: la crítica feroz a la justicia y a los medios no afines, presenta rasgos comunes en todos ellos. El ataque a la administración electoral es total cuando se pierden las elecciones.

Lo más paradójico de ese populismo polarizante reside en el uso de su lenguaje basura destinado al electorado: “A lo mejor no te gustan mis ataques a las instituciones, pero un Gobierno controlado por el otro (u otros) partido(s) sería catastrófico”. Según ese punto de vista, es necesario “que se me permita derribar nuestras instituciones y reconstruirlas del modo que me otorguen mayor control”. O menor fiscalización: la antesala de la autocracia. De ahí no cabe extrañar que “un rasgo claro del lenguaje basura es destacar los defectos de las instituciones que el líder quiere sabotear”. Los cimientos de la democracia-liberal en este caso se remueven. Se trata, incluso, como se hizo en México, de promover reformas constitucionales de órganos de control (poder judicial) para formatearlos a su medida.

Pero hay un dato común que la autora reitera y se ve con frecuencia (también aquí y ahora en España): “Cuando los líderes desean polarizar a sus electorados, hablan de lo terribles que son los partidos de la oposición”. Otra vez, el odio como mensaje. A las instituciones no afines (poder judicial, por ejemplo), les pasa lo mismo. Según Susan Stokes, “el lenguaje basura mancha la imagen de esas instituciones entre el núcleo de los simpatizantes del regresor”. Y los convierte en más cínicos, así como ajenos al checks and balances propio de las democracias.

“Los regresores son especialmente propensos a la deshonestidad: durante las campañas y en los primeros momentos de sus mandatos, disimulan sus intenciones sigilosamente”. Pues en última instancia lo que buscan es romper las leyes y sus controles. En lenguaje basura se convierte aquí en lenguaje manipulador. A veces se hipertrofian los hechos o se quiebran. Mas aun en estos casos el elector “cuando la fuente de información disparatada es un líder con el que sienten un vínculo emocional, al que tal vez incluso adoren, es más probable que crean esa información por más disparatada que sea”. Los sesgos de confirmación, el sesgo de selección o, más concretamente, el sesgo partidista, hacen profunda mella en un electorado que se mueve más por emociones que por razones.

Final: Estrategias para detener (y revertir) la erosión democrática.

No es una opción fácil precisamente revertir esa erosión democrática, y de ello da testimonio la autora. Aun así, lo intenta. Lo cierto es que ese electorado tan poroso a la polarización “está cediendo cada vez más libertades (rendición de cuentas) y control del poder ejecutivo, a cambio de mantener al otro grupo, al que odia, fuera del poder”. Lo hemos visto, lo vemos y veremos en esta España tribal (Antonio Jiménez-Blanco).  En cualquier caso, “el llamamiento a una reparación democrática no puede limitarse a ser un llamamiento para restaurar lo que había antes”. Si es que algo había, que no es el caso de España, donde las instituciones siempre han estado asediadas por prácticas clientelares. Aquellas buenas intenciones tropiezan, sin embargo, con la cruda realidad: “La polarización y el lenguaje basura contra las instituciones refuerzan en las urnas a los regresores”. Y lo más grave no es eso: “La polarización y el cinismo se vuelven endémicos y persisten más allá de la salida del líder regresor”. Se ha bastardeado tanto el debate público y las instituciones democráticas, que restaurarlas es tarea ímproba. Una sociedad rota es testimonio de un país sin futuro. Y esa polarización se vehicula también desde el poder gubernamental por medio de lo que se conoce como juego sucio constitucional, en el que proliferan prácticas acordes formalmente con las reglas constitucionales, pero que “potencialmente las transforman” (algunos ejemplos hemos tenido por estos pagos). Junto a estas prácticas, en algunos países, imperan otras tampoco nada amables y sin duda radicales, que buscan “derrocar al ejecutivo regresor antes de que su mandato termine”. Frente a estos malos usos, la autora aboga por la moderación, como estrategia dirigida a detener la regresión democrático-constitucional, a través principalmente a detener todas esas prácticas populistas y regresivas. Entre ellas pone como mal ejemplo los tribunales sesgados hacia una u otra política, “cuya legitimación se deteriora rápidamente”. Y nos viene a la memoria el uso siempre partidista del Tribunal Constitucional español, agravado últimamente por un sesgo polarizador enfermizo en su funcionamiento, hasta el punto de quebrar por completo su legitimidad institucional.

Poco se ocupa la autora, como decíamos arriba, de la deriva reciente de esos liderazgos polarizadores. Pone tan solo el (mal) ejemplo de los comienzos del segundo mandato Trump, pero solo fija la atención en la composición de su gabinete, mucho más orientada a primar la lealtad (habla de “marionetas” del presidente) que la competencia. Es un fenómeno bastante generalizado en este tipo de liderazgos, pero con muchos matices. Mas en nada se ocupa de los terribles pasos de su segundo mandato en su ataque despiadado al poder judicial y al sistema de controles, a la Administración, inmigración, derechos civiles y un largo etcétera. Tampoco abundan los (malos) ejemplos recientes del tenso panorama político europeo.

La autora aboga, en fin, por “actores prodemocráticos valientes”, que ya sea desde el funcionariado, los tribunales o el propio partido del regresor (por no hablar de la sociedad civil o desde los medios independientes) actúen como freno eficaz frente a esos procesos de degradación institucional y democrática. Pero ese desafío, advierte, debe ser sostenido en el tiempo. Y debe fijarse metas: por ejemplo, una Administración competente (imparcial y profesional). Porque si no tales objetivos pueden quedarse en hueros deseos. La tendencia, por ejemplo, a que tales actores surjan desde las propias filas del partido del regresor es muy poco operativa en el marco europeo, pues como describió Archie Brown (El mito del líder fuerte, 2014) los líderes (y algunos ejemplos tenemos por estos pagos) que tienden a concentrar mucho poder en sus manos utilizan a los partidos como mero instrumento de su política personal y terminan apagando su rol como organizaciones de deliberación y debate político, pues solo buscan que el partido cierre permanentemente filas detrás de su líder.

Susan C. Stokes, en fin, preña su razonamiento de buenas intenciones: “Las fuerzas prodemocráticas deberían actuar para contrarrestar ambas tendencias: suavizar la polarización y restaurar la confianza en las instituciones democráticas”. Suena muy bien, pero -me temo- el proceso de polarización política ha llegado tan lejos que, pararlo así, se torna una tarea hercúlea. Se necesita mucha sociedad civil, partidos y líderes institucionalistas, e infinita pedagogía democrático-liberal (nunca fácil en un electorado entregado al sectarismo y al odio, alimentado por los líderes y partidos polarizadores que venden soluciones maniqueas), y que en determinados contextos y países no se la ve ni se la espera. Tiene razón, sin duda, cuando concluye: “Aparte de lanzar mensajes, obviamente, el mayor antídoto contra el cinismo democrático es lograr que la democracia funcione mejor”. Loable propósito. El gran problema es cómo hacerlo operativo. Y ahí nos jugamos mucho: las democracias liberales (la nuestra también, y por distintos lados, dada su fragilidad institucional) están asediadas y ofrecen signos de agotamiento. El populismo polarizador se ha impuesto por doquier. Y los controles al poder se han roto. Mal cuadro para restaurarlo. Aun así, hay que seguir intentándolo, porque lo que se vende como alternativa es muchísimo peor.

«El Estado de medidas no solo complementa al Estado de normas, se impone sobre él» (Ernst Fraenkel)

Un sistema parlamentario hecho añicos

Un sistema parlamentario, desde el punto de vista de la producción normativa, descansa formalmente sobre la potestad legislativa atribuida como competencia propia al Parlamento, sobre la atribución exclusiva a este de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, en fin, sobre el ejercicio del control parlamentario de la acción normativa del Gobierno (por ejemplo, en el caso del trámite de convalidación de los decretos leyes). Hay, en efecto, más supuestos de control normativo del Parlamento sobre el Gobierno, pero no son objeto de estas líneas.

Hace unos meses publiqué un librito que lleva por título Falsos cimientos: la fragilidad de las instituciones en España (Tirant lo Blanch, 2026). Allí se contiene un capítulo que, en resumen, lleva por título El borrado del Parlamento. Apenas han pasado 8 meses desde que cerré la redacción de ese texto y el pálpito trepidante de una política iliberal enloquecida ha hecho envejecer a marchas forzadas parte de lo allí escrito.

La degradación institucional de España camina de forma acelerada hacia no se sabe dónde: ¿un declive sinfín?; ¿un colapso?; ¿un cambio de sistema constitucional por la puerta de atrás? Veremos. Y aunque en ese capítulo citado me refería a más casos, lo cierto es que la legislación excepcional por medio de decretos-leyes gubernamentales es un termómetro creciente de deterioro institucional, hasta el punto de alcanzar en 2026 casi las cotas máximas que se produjeron en 2020 (con la pandemia). Además, en este año 2026 se ha producido una clara contracción, hasta desdibujarse completamente, de la potestad legislativa de las Cortes Generales, una atribución constitucional hecha añicos por el desmesurado e hiperbólico abuso de la legislación excepcional del Gobierno formalizada a través de la figura normativa de los decretos-leyes. En efecto, en estos diez meses de 2026 se han aprobado 7 leyes (3 de ellas orgánicas) frente a 27 decretos-leyes, algunos no convalidados en sede parlamentaria, como es harto sabido. Abrazar tanto al decreto-ley denota pulsiones autoritarias de quien lo hace. Siento afirmarlo, pero es un indicador fiable de desprecio del Parlamento.

La devastación institucional que sufre España, orquestada ahora desde Moncloa y sus “magos” del relato, es manifiesta y creciente. No es un fenómeno nuevo, tal deterioro tiene décadas de arraigo; pero en los últimos años el vértigo de la aceleración política y el sectarismo rampante en la política española ha hecho que los síntomas se multipliquen. Si la corrupción y el clientelismo político que anegan desde siempre la política de este país están todavía con nosotros, parecen reverdecer viejos demonios de la política caciquil decimonónica que creíamos enterrados para siempre, como el pucherazo electoral, aunque sea con efectos limitados. Como escribió Tocqueville: “La Historia es una galería de cuadros con pocos originales y muchas copias”.

La resurrección de los decreto-leyes como medios de propaganda política

La atribución al Gobierno de facultades “legislativas” excepcionales siempre ha sido objeto de debate. Su abuso por los sistemas políticos autoritarios, dictatoriales y, más aún, por los totalitarios, nunca fue buena carta de presentación. Su traslado a la “carta magna” de 1978 se inspiró en otras constituciones comparadas. Se hizo con algunas cautelas, que no han funcionado. La democracia liberal descansa en el Parlamento como locus de expresión del pluralismo político, la deliberación política, su reflejo informativo, derecho de enmienda, tras contraste de ideas y la adopción, en fin, por mayoría (según exigencias en cada caso) de las decisiones legislativas pertinentes, que adoptan la forma de “Ley”, a veces con atributos o adjetivos.

El Estado legislativo de tradición democrático-liberal atribuye al Parlamento la aprobación de las leyes. Por tanto, cuando el Parlamento se ve casi totalmente desplazado de esa función crucial, alguna alarma debería encenderse, pues se puede hablar de declive, e incluso de borrado (según la intensidad), del parlamentarismo como forma de gobierno. Adviértase que eso no lo palia el trámite mal llamado de “convalidación” (realmente, ratificación) de la disposición normativa ya aprobada por el Gobierno y vigente como Real Decreto-ley una vez publicado en el BOE, pues es una actividad de control y no propiamente hablando normativa (no hay deliberación sobre su contenido ni menos aún derecho de enmienda: se aprueba o desaprueba in totum).

El hecho cierto es que, debido a nuestra baja tradición democrático-liberal, tempranamente se produjo lo que el profesor Martín Rebollo describió como la banalización del decreto-ley en su calidad de instrumento normativo de excepción y su conversión gradual en medio ordinario de “legislar” (Aragón Reyes) por el órgano que solo tiene atribuida esa función como excepción en el caso de que concurra el presupuesto habilitante (extraordinaria y urgente necesidad) y se proyecte sobre un ámbito material no vedado. No cabe duda que los decretos-leyes son instrumentos normativos excepcionales, por lo que su uso habitual perturba su sentido y finalidad, pero además tiene serias consecuencias institucionales. Algo de eso pasa cuando, hasta hoy en 2026, el Parlamento español ha aprobado 3 leyes orgánicas y 4 leyes ordinarias, mientras que el Gobierno ha hecho uso de sus potestades normativas excepcionales de aprobar decretos-leyes en 27 casos. El Gobierno legisla casi cuatro veces más que el propio Parlamento. Y eso no es normal, salvo que estemos en situación de excepción, lo que no es el caso.

Los decretos-leyes tradicionalmente, sobre todo en momentos autoritarios o dictatoriales, eran disposiciones normativas inflamadas de ideología en sus preámbulos y también en buena parte de sus medidas normativas. En verdad, los decretos-leyes han sido expresión de lo que Ernst Fraenkel denominó en su magnífico libro (El Estado dual) como el Estado de medidas. Frente a él, este mismo autor oponía el Estado de normas. Ambas expresiones convivían en una tensión interna evidente, pero con perjuicio evidente del Estado de normas, sobre todo cuando las medidas terminaban devorando o cercenando las leyes y (mal) ocupando y desplazando su propio espacio. Pues bien, salvando las distancias, que son muchísimas, dado que Fraenkel construyó esa distinción en el período Entreguerras y tras la llegada al poder de Hitler, lo cierto es que en España en estos últimos años, aun manteniéndose formalmente un sistema “parlamentario”, se puede advertir un Estado legislativo parlamentario en franco retroceso, que se manifiesta en una contracción del espacio de la Ley y, por tanto, en el abandono -con muy pocos matices- de la regulación sistemática y ordenada con vocación de permanencia en el tiempo que implica la Ley parlamentaria, aprobada con sosiego por dos Cámaras, deliberación y publicidad, frente a la nocturnidad, aceleración y secretismo del decreto-ley. Al mismo tiempo, se ha producido una multiplicación de medidas normativas excepcionales con fuerza de ley de origen gubernamental, que dan respuesta inmediata a problemas o necesidades coyunturales (aunque no pocas veces también “estructurales” ante la impotencia de transaccionar nada parlamentariamente y en un debate plural), cuando no a meros caprichos o pactos espurios. La nota determinante de este modo de respuesta normativa instantánea (muy al tono con los tiempos volátiles que nos rodean y el juego del relato político enrevesado para sorprender a los enemigos) es atender la palpitación política dominante a través de remedos continuos de las leyes vigentes que son objeto de múltiples e infinitos zurcidos hasta hacerlas prácticamente irreconocibles en su pretensión regulatoria inicial.

Este modo regulatorio excepcional y por medidas fragmentarias recogidas en decretos-leyes que disparan, cual francotirador, a un sinfín de leyes, ya venía acompañado muchas veces por preámbulos delirantes o, al menos, sobrecargados de literatura vacua. Hay numerosos ejemplos. La culpa, en cierta medida, la tiene el Tribunal Constitucional que, para la acreditación del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad siempre defendió que era una opción política legítima y cuando más se explicara (que no es lo mismo que justificara) en la exposición de motivos de la norma excepcional la concurrencia de tal elemento mejor para superar el juicio de constitucionalidad en lo que afecta al presupuesto de hecho. Los preámbulos de los decretos leyes se fueron haciendo, así, cada vez más extensos, y también más diarreicos, hasta el punto de que el Real Decreto-ley 26/2026 un tercio casi de su paginación total se condensa en una disparatada y poco sistemática exposición de motivos. Mas esta norma excepcional está sobrecargada en su preámbulo de guiños permanente a la demagogia con algunos evidentes tics de remover las emociones, haciendo incluso varias referencias a la persona que sufrió el desahucio (con nombre, apellidos e, incluso, denominándola en el BOE como Maricarmen) y despertó las iras de un movimiento, que se está expandiendo como una mancha de aceite por el país. La política de las emociones plasmada en el diario oficial. Los magos de Moncloa ya no saben qué inventar para tapar sus fracasos, incluso los personales.

Sin duda, en tales decretos-leyes se advierte que, junto a la impronta ideológica claramente reflejada y la visión maniquea de una simpleza atronadora del país entre buenos (los inquilinos) y malos (los arrendadores o propietarios), cuya entronización del disparate la llevó a cabo la torpe ministra de Vivienda que habló de “pymes buitre” para extender tales fondos más allá de sus contornos razonables, hay no solo una carga demagógica sino un cálculo político muy diáfano: es obvio que tales decretos-leyes, redactados en poco más de 48 horas, probablemente no pretendían resolver ni siquiera aliviar el problema de la vivienda, pues esa era una tarea imposible. Hace ya muchos años el constitucionalista portugués Gomes Canothilo ya advirtió del uso oportunista de la figura del decreto-ley desde el plano político-normativo. Estos dos casos son un buen ejemplo. Sus objetivos no eran tanto modificar el cuadro normativo vigente (en un caso muy difícil y en el otro de imposible apoyo parlamentario), sino retratar a quienes se opusieran, calentar la calle, crear una cortina de humo que tapara sus recientes desmanes y fracasos y, de paso, movilizar a un electorado que le iba abandonando como a la tierra quemada. Cálculo político frío. Y les puede salir bien, el problema será el coste institucional, que tres pitos les importa. El objetivo, por tanto, era obvio:  se pretendía abordar una demanda social clara y evidente, así como un problema estructural de solución compleja, con una receta demagógicamente sencilla, consiguiendo desbrozar el terreno para un adelanto electoral y cerrar filas tras el presidente del Gobierno, convertido así en defensor de la justa causa. Y de paso tapar o eclipsar Ceuta como foco de atención y de sus propios males.

El uso de los decretos-leyes como cortina de humo

En fin, una política de ficción convertida en prestidigitación con resultados tangibles. Sabemos que ese complejo problema de la vivienda requiere medidas concertadas y de amplio espectro para poder encauzarse (ni siquiera resolverse). Y sobre todo también de mucho tiempo. Sin suelo, sin constructores o promotores, sin personal técnico o de oficios, sin nuevas construcciones de edificios, en fin, sin inversión pública y privada, liberación de suelo y otros múltiples factores que ahora no cabe citar (véase esta reflexión de Jon González difundida en las redes por Diego Gómez: https://lapromesageneracional.substack.com/p/un-desahucio-dos-decretos-ley-cero) no hay posibilidad alguna de que la crisis de la vivienda entre por raíles razonables de solución. Y sin una coordinación y colaboración efectiva y leal de los poderes públicos tampoco, pues los tres niveles básicos de gobierno (estatal, autonómico y locales) disponen de competencias al efecto. Así que habrá que armarse de paciencia. La demagogia política siempre ha existido, el populismo ahora está en sus momentos álgidos. Solo hay que leer con paciencia (pues son muchas páginas) y un mínimo de sentido crítico, el extenso y en algunos pasajes disparatado preámbulo del decreto-ley 26/2026 (pues el del decreto-ley 27/2026 es más escueto, dado que tuvo que redactarse deprisa y corriendo una vez aprobado en precario en el Consejo de Ministros: no dio tiempo a muchas florituras, aunque su dimensión ideológica es clara), para darse cuenta que el “legislador de urgencia”, sin sosiego alguno, con precipitación manifiesta y ayuno de técnica legislativa elemental, frente a un problema real y que requería medidas concretas, ha sido contaminado de un populismo barato y una demagogia sin par, con el fin de provocar lo que ya se sabía de antemano: que determinadas fuerzas políticas no comulgarían con ruedas de molino y eso abría la puerta de par en par a la convocatoria más tarde o más temprano de un proceso electoral con un marcado sello plebiscitario de naturaleza cesarista por quien se hace emisario y portavoz sobrevenido de todas las dignas causas, aunque algunas de ellas las tuviera en el olvido en sus ocho años de mandato.

Como se ha dicho, todo ello es un modo obvio de tapar las miserias (políticas de vivienda incluidas) que rodean una “legislatura” fallida que ha sido configurada como etapa de resistencia o permanencia blindada en el poder para dar el salto en 2031, a mayores glorias, incluso republicanas. Tal vez su apuesta final le dé réditos, y agrupe tanto voto en torno suyo que le dé la mayoría. Otra cosa es que gobierne. Lo que venga después, en 2027, 2031, 2035, o cuando sea, si es algo distinto, tampoco será nada mejor, pues los herederos opositores de esa forma de hacer política ya saben de antemano que, una vez en el poder, todo vale. Nunca han sido o fueron excesivamente respetuosos con las instituciones de control del poder, que también las colonizaron con descaro. Los hay incluso nada respetuosos con el pluralismo político y la diversidad territorial. En fin, las instituciones son patrimonio de quien alcanza el poder y más tarde o temprano terminarán colonizándolas vergonzantemente, como se ha hecho siempre, y estos últimos años con descaro sin par. Así que lección aprendida. Dicho esto, no cabe extrañarse de que la destrucción del sistema político-constitucional de 1978 y del propio liberalismo democrático en una España que nunca lo ha abrazado de verdad, es cuestión de meses o años. Lamento no traer buenas noticias, pero es así y no creo equivocarme en exceso (aunque ojalá sucediera). El populismo iliberal, sea de un signo u otro, será nuestro futuro. El cesarismo, sin embargo, es más difícil de implantar en una sociedad que está rota en dos pedazos irreconciliables, fractura que los meses y años venideros ahondarán mucho más. Al tiempo.     

(Fotografía cedida por Fernando Escorza; reservados los derechos de reproducción)

Introducción

En los últimos seis años, desde la irrupción de la pandemia, se han incrementado las situaciones de crisis extremas, debidas a un complejo y variado haz de causas o circunstancias. Sorprende que, en un contexto tan evidente y duro como este, tales crisis extremas aún no hayan merecido un tratamiento o análisis desde las debilidades inherentes tanto de nuestro peculiar modo de hacer (mala) política como del desarticulado sistema territorial, institucional u organizativo a la hora de enfrentarse a tan complejos fenómenos. Tampoco hemos identificado (ni paliado) los innumerables déficits de gestión y de capacidades ejecutivas o administrativas de nuestro sector público (estatal, autonómico y local). Menos aún se han prevenido los potenciales efectos de tan desgarradoras crisis (que son y serán pauta común en el futuro). Todo ello denota unos agujeros negros en la gestión pública impropios de un Estado que es la cuarta potencia de la UE, en el que la anticipación y la buena capacidad de gestión deberían ser sus buques insignias. 

Con el fin de llevar a cabo una primera, breve e incompleta reflexión sobre tales crisis, es necesario poner el foco en una serie de elementos que ayudan a entender holísticamente el porqué de los reiterados fracasos a la hora de prevenir, gestionar, resolver y rendir cuentas de esos complejos contextos de crisis extremas, y en no pocos casos con efectos devastadores y mayúsculos que además pone en entredicho la legitimación de las instituciones públicas ante los ojos de una castigada ciudadanía. Es cierto que hay lecturas para todos los gustos, que oscilan desde el catastrofismo a la reiterada exculpación de unas responsabilidades que apenas nunca o casi nunca se depuran de forma mínimamente convincente.

Ni que decir tiene que las crisis extremas se caracterizan por su gravedad, por sus efectos letales y, no pocas veces, por las innumerables dificultades de ser gestionadas y reconducidas con los instrumentos ordinarios de la dirección política y gestión de los asuntos públicos. Tienen, por tanto, mucho de contextos sobrevenidos, catástrofes manifiestas o concatenación de circunstancias multifactoriales. A título simplemente ejemplificativo, amén de la compleja realidad vivida con la crisis Covid19 (en la que quedó manifiestamente de relieve la impotencia de la política y las bajas capacidades de gestión de las organizaciones tradicionales y sus sistemas burocráticos) de la que nada apenas aprendimos y menos aplicamos, de las sucesivas crisis extremas -con distinta intensidad y efectos- vividas en los últimos años tampoco hemos aprendido nada. Recordemos aquí de forma incompleta las lluvias torrenciales (por ejemplo, Dana), los incendios de sexta generación que están devastando cada vez más zonas del territorio español, los fallos catastróficos en el sistema de gestión de infraestructuras de transporte (Adamuz), la caída del sistema eléctrico dejando a un país desarrollado a oscuras o, en fin, los terribles sucesos acaecidos en la ciudad autónoma de Ceuta desde finales de julio hasta la actualidad (invasión inicial de más de 70.000 personas, con los complejísimos problemas migratorios, humanitarios, de seguridad, defensa o la situación de excepción que viven los habitantes de esa ciudad desde entonces, limitados en el ejercicio de sus derechos y en su tranquilidad existencial por la permanencia aún de un número indeterminado de “migrantes”). Podríamos extraer más ejemplos, pero estos son suficientes para comprender cómo las instituciones políticas y gubernamentales, los poderes públicos, sus estructuras organizativas, los responsables y directivos, así como las Administraciones públicas involucradas y su personal,  no han estado, por lo común y salvo excepciones, a la altura que tales acontecimientos críticos exigían a la hora de prevenir, dirigir y gestionar eficientemente, o garantizar la tranquilidad ciudadana a quienes en esos delicados contextos han perdido todo (incluso la vida), parte o al menos su confianza en las instituciones públicas  Ya les adelanto que, al igual que escribí reiteradamente durante la pandemia, el balance que sigue no da para muchas alegrías.

Las respuestas de la política

La política ha fracasado a la hora de afrontar tales crisis extremas. Es un juicio rotundo, pero obvio. Sin mirada estratégica ni capacidad de articular sistemas efectivos de prevención, los diferentes gobiernos (estatal, autonómicos y locales) están sentados en un polvorín, que el día menos pensado estalla. A ello se suma la enfermiza polarización política, también extrema, que ha roto todos los puentes de transacción o pacto entre la política, echándose recíprocamente las culpas de unos a otros (Gobierno central a los gobiernos autonómicos y estos a aquel), y sobre todo huyendo de sus responsabilidades públicas, que nadie asume. La rendición de cuentas en España es una mentira piadosa. No existe. Y, como se escribió en su día por el filósofo Alain, “el poder sin control enloquece”. En ese punto estamos.

Llenas las nóminas de la política partidista y gubernamental de amateurs, muchos de ellos sin la preparación necesaria para asumir responsabilidades en temas tan serios y claves como la estrategia, la prevención, la dirección pública, la coordinación o, en fin, la gestión de situaciones críticas (a veces tampoco para enfrentarse a la gestión ordinaria), bastante poco pasa a veces para lo que podía suceder. No se puede nombrar, por ejemplo, a un responsable de emergencias o de infraestructuras ferroviarias que poco o nada saben de ello, o tener un ministro, consejero o delegado del Gobierno incompetente. El resultado será siempre malo o catastrófico. La provisión de puestos directivos por criterios profesionales está ninguneada por el clientelismo, abundan por doquier en niveles de responsabilidad estómagos agradecidos que ni en el mejor de sus sueños pueden enfrentarse a situaciones de mínima complejidad. La huyen, pero a veces les atrapa. Vacan cuando no hay que hacerlo o se ponen el chaleco y el mono para aparentar. La buena política no es eso. No hay crisis extrema que se gestione a distancia o en la impostura.

Las debilidades del sistema de organización territorial del poder

En un reciente librito (Falsos cimientos. La fragilidad de las instituciones en España; Tirant lo Blanch, 2026) ya advertí que el sistema de organización territorial del poder había terminado configurándose como una suerte de adosado de comunidades autónomas con un funcionamiento autárquico, incomunicadas entre sí y pretendidamente autosuficientes, que gestionan (o pretenden hacerlo) ámbitos geográficos acotados, como si la realidad conociera de fronteras artificiales, menos aun cuando lanza sus desgarradores efectos.  Es una estupidez pretender que el agua o las llamas no superen el linde administrativo de un territorio. Cuarteado el “modelo” de gestión territorial con esas claves solo cabe encomendarse a la suerte o los dioses para que el desastre no vaya a más. Si a ello añadimos los surrealistas sistemas de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, los sempiternos déficits de funcionamiento de coordinación, cooperación y colaboración entre niveles de gobierno y administraciones públicas, el desaguisado y sus letales consecuencias ya está servido. Ese desbarajuste competencial es campo fértil para que las responsabilidades sean siempre del otro. 

Unas estructuras organizativas obsoletas para hacer frente a tales crisis

Si la política ofrece prestaciones tan bajas y el modelo territorial de gestión hace aguas por todos los costados, no peor es el estado de unas estructuras organizativas obsoletas y preñadas de clientelismo político allá donde estén, que ofrecen disfunciones múltiples y limitaciones evidentes para hacer frente a problemas extremos que requieren ductilidad frente a la anquilosis, innovación ante la parálisis y adaptación continua si se quiere dar respuesta transversal a crisis que ya apenas respetan los estrechos y periclitados modelos organizativos departamentales o ministeriales. La pobre respuesta de los mecanismos de coordinación tradicionales (mando único o la perversión de la cogobernanza, barbarismo ideado para eludir responsabilidades en estructuras de gobierno multinivel), ya de nada sirven. Los problemas actuales han dinamitado las soluciones organizativas tradicionales hasta convertirlas en inútiles. Y los hechos lo demuestran un día sí y otro también en innumerables crisis que tienen su razón de ser en el complejo fenómeno del cambio climático o, más recientemente, en el multifactorial (aunque con efectos migratorios letales) crítico caso de la ciudad autónoma de Ceuta. En España, los modelos organizativos por misiones o proyectos son pío deseo. Gusta más el enfrentamiento cainita entre responsables departamentales o entre gobiernos “enemigos”. Carnaza.

Tampoco sirve tirar la piedra y esconder la mano. El diseño organizativo, más viejo que el crimen, de crear por doquier entidades del sector público estatal, autonómicas y locales, ya no da más de sí. Configurado como una suerte de arquitectura organizativa edificada para huir de los controles tradicionales de la Administración pública y cuya finalidad principal (nunca confesada) es dar alpiste a los amigos políticos del poder gubernamental respectivo en términos de cargos, sinecuras, contratos públicos o favores varios, el sistema institucional y organizativo del sector público requiere refundarse sobre elementos radicalmente nuevos. La corrupción, como las termitas, ha terminado apoderándose y afectando a sus cimientos. Pero no menos grave es que el sistema de gestión haya asimismo mostrado con crudeza sus enormes limitaciones con muy serias consecuencias incluso sobre muchas vidas humanas (Dana, Adamuz, invasión en Ceuta).

El déficit de capacidades ejecutivas o administrativas

Este es un punto determinante. La Comisión Europea en 2023 lanzó el programa “Compact” para reforzar las capacidades ejecutivas de las Administraciones de los estados de la UE. El diagnóstico, que en origen partía de la gestión de fondos estructurales, había descubierto que buena parte de los estados miembros tenían servicios administrativos sin las suficientes capacidades de gestión. Si eso era así para asuntos ordinarios, no digamos nada por lo que concierne a los supuestos de crisis extremas. España, tanto a nivel central como territorial, lo ha acreditado con creces. La Administración del Estado parecía tener un sistema administrativo con mejores herramientas; pero esa imagen se ha roto en pedazos en las sucesivas crisis extremas (Covid19, grandes catástrofes, Adamuz y, ahora, de forma muy graves y notoria, en Ceuta). Más limitaciones ha ofrecido aún el sector público estatal, cuyo funcionamiento es cada día peor y sometido a escándalos de corrupción y clientelismo. Su imagen está totalmente degradada.

Muy mala o peor aún es también la capacidad administrativa de las Administraciones territoriales, autonómicas y locales. Los gobiernos locales, al menos, por la proximidad de las crisis y su afectación directa a los vecinos, han movilizado más y mejor sus escasos recursos tanto políticos (papel de los alcaldes y concejales) como técnicos y de personal, con empeño incluso de sus propios vecinos. Pero es una lucha desigual y sin poderes efectivos: la autonomía local en España es hoy un pío deseo. Las Administraciones autonómicas tienen severas carencias en sus prestaciones y capacidades ejecutivas en tiempo ordinario o en situaciones normales (las quejas por el mal funcionamiento de los servicios públicos están cada vez más extendidas, también en la Administración central). Si esto es así en contextos de normalidad, no digamos nada lo que se tensa esa situación cuando se produce una crisis extrema y sorpresiva. Sin dirección profesional, la gestión hace aguas por todos los costados. Salvo los servicios de emergencias que tienen sus protocolos (de mejor o peor factura), los servicios técnicos y administrativos no saben a veces cómo enfrentarse a tales circunstancias extremas. Y no digamos nada cuando esas tensiones o catástrofes se producen en tiempos estivales o en períodos vacacionales. Las capacidades de respuesta de la gestión (tanto política como administrativa) se resienten muchísimo, e incluso explican la tardanza en adoptar medidas inmediatas con resultados a veces durísimos, incluso en vidas humanas. Hay períodos del año, por mucha digitalización que se predique, en los que la Administración Pública está prácticamente cerrada por vacaciones: con las plantillas en cuadro, vacando mientras las garras de la catástrofe atenazan a una derrotada ciudadanía. Pasó en la Dana, pasó en algunas catástrofes estivales y ha pasado también en Ceuta. La legislación de empleo público no está adaptada para tales eventualidades y a la necesidad de movilizar al mayor número de efectivos propios, al margen de las ayudas externas y con las limitadas excepciones (no siempre tales) de los casos de defensa y policía, o retenes de bomberos.

Los fallos de prevención y sus ulteriores lamentos

A modo de coda final hay que subrayar algo obvio: la multiplicación de crisis extremas en los últimos años nos muestra la complejidad de los fenómenos a los que se enfrenta España, pero también nos advierten de la enorme debilidad de los sistemas de prevención de catástrofes o de adopción de medidas paliativas frente a situaciones que desbordan cualquier mal vaticinio. En las catástrofes medioambientales aparece con fuerza reincidente la desatención o abandono de medidas preventivas, con unos costes elevadísimos; mientras que en otras situaciones críticas también emerge la impotencia de diseñar previamente estrategias y acciones que palien los enormes destrozos humanos y de otra naturaleza que provocan tales circunstancias. Nos hemos hecho expertos en aprobar decretos-leyes que intentan amortiguar mediante ayudas, subvenciones, créditos o cantos de sirena dirigidos a la aceleración de procedimientos de gestión que apenas funcionan (porque la maquinaria burocrática está rota) y que someten a la ciudadanía, empresas o personas afectadas a una tensión adicional sin resultados apenas tangibles. Todo se fía a paliar efectos adversos, lo que no se consigue, y nada a prevenir y evitar, o al menos intentarlo, los terribles arañazos que sobre el tejido social y la naturaleza o sus infraestructuras tales crisis extremas alcanzan. El fracaso del modelo político y de gestión es evidente. Y frente a esto nadie responde de nada, tampoco nadie propone nada, haciendo ver que todo se arreglará por los hados del destino. Una política agotada, irresponsables e inútil, una Administración sin capacidades efectivas de gestión, encerrada en su endogamia y autocomplacencia o zona de confort, y, en fin, una ciudadanía roma en la exigencia y defensa de sus derechos y en la censura radical a los poderes públicos de sus desmanes, es el peor cóctel que acompaña a este país llamado España; donde, junto a un auténtico declive de gestión, crece el sectarismo y emerge incluso una crisis moral. Así las cosas, el futuro se tiñe de negro.

“Todo poder sin control enloquece” (Alain)

Se había hecho otras veces, cierto, pero con una muestra tan amplia no lo parece. Tras la noticia aparecida hace días en un medio digital, de las que se han hecho eco unos medios sí y otros no tanto o casi nada, sigue llamando la atención que en 2026 un Gobierno que a sí mismo se predica, un día sí y otro también, como “progresista” cometa tal atropello contra derechos fundamentales tan básicos como la protección de datos personales, y a otros por añadidura. El señalamiento es burdo e ilegal, y malo es que pudiera ser la antesala para -como decía Hanna Arendt- “borrar del mundo” de las subvenciones a algunos medios o eliminar de la parrilla de medios públicos a los enemigos, dando así patente de corso a los amigos políticos.  

Pero siendo eso importante, no lo es menos que el autodenominado “documento técnico” por parte del Ministerio de Interior (en otros términos, una auténtica chapuza de escaso rigor, con sesgada información, en no pocos casos errónea o disparatada), por medio del cual se “clasificaba” a determinados periodistas y opinadores en función de su ideología política y de su mayor o menor afinidad al Gobierno de turno, se sumerja en una esfera tan clara y determinantemente prohibida como la de tratar datos personales discriminados sobre la ideología política de un amplio y arbitrario colectivo (que ni de lejos son todos los que están ni están todos los que son) de profesionales que participa en los medios escritos y en tertulias radiofónicas o televisivas o en programas de entretenimiento y desinformación en el ámbito de lo que el escritor Juan Valera ya definió como la “política palpitante” y Benito Pérez Galdós la “política menuda”. En fin, visto lo visto, algunos miembros de este Gobierno actúan como verdaderos liliputienses de la política; calificativo, muy ilustrativo, por cierto, empleado en su día por Tocqueville y, entre los nuestros, por el propio Clarín en sus satíricos artículos periodísticos.

No hace falta ser un lince jurídico para saber que, en efecto, tratar datos personales sobre la ideología política de tales sujetos es una acción generalmente prohibida por la actual Ley Orgánica de Protección de Datos personales y de garantía de los derechos digitales de 2018 (artículo 9, en relación con el artículo 72, que la tipifica como infracción muy grave). Una ley, por cierto, de las tempranamente aprobadas durante el primer gobierno Sánchez. Eso lo sabían perfectamente, por muy escasa cultura institucional y legal que parezcan haber demostrado los responsables políticos del ministerio regentado por el señor Grande-Marlaska, un juez de carrera ahora metido a político del poder de turno (antes anduvo dorando la píldora al principal partido de la oposición). Tiene bemoles que sea precisamente un político proveniente de la condición de juez profesional quien promueva tan flagrante vulneración de derechos fundamentales. Y cabe preguntarse por qué. Pues, en efecto, el propio ministro, sus altos cargos y asesores conocían perfectamente que no podían sobrepasar esa línea roja, y aun así lo han hecho y de forma descarada (¿no les advirtió el Delegado de Protección de Datos del ministerio que tal documento era absolutamente ilegal, o prestaron oídos sordos?). Las causas de este modo de proceder son muchas y, sin duda, entre ellas, cabe destacar la pérdida por desmemoria y falta de uso de los presupuestos básicos de una democracia liberal de estos últimos años en no pocas esferas de la política gubernamental. Una democracia liberal tiene como presupuesto básico el control del poder para evitar el despotismo y los abusos en los que este con frecuencia incurre. A un marco liberal-democrático le repugna que sea el poder quien se oponga o quien señale a las voces discordantes con aquel. Y dentro de esos mecanismos de control del poder, uno de los más clásicos es el que tradicionalmente ha venido ejerciendo la prensa (o, mejor dicho, los medios de comunicación). Sin garantía de una libertad de expresión y de información, y en este caso sin la salvaguarda de la protección de datos personales especialmente sensibles, ni tampoco de unos controles efectivos al poder por los medios, los atropellos a la democracia y libertades ciudadanas pueden multiplicarse. En suma, la pregunta básica, reitero, es, sabiendo como sabían todo lo anterior, por qué lo han hecho.

Y la respuesta es obvia: se sienten impunes. Y si examinamos la legislación aplicable no debería ser así. Pero lo es. Si tratar datos sobre la ideología política de las personas es una conducta radicalmente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, que conlleva, de ser aplicada, sanciones mayúsculas en el caso de que fueran empresas quienes impulsaran tal tratamiento de datos y los reflejaran en un “listado”, el hecho de que quien lo haga sea una Administración Pública abre una brecha de (relativa) impunidad, puesto que las consecuencias sancionadoras de semejantes conductas ilegales y de vulneración de los derechos de la ciudadanía se solventan, por lo común, con una admonición pública (resolución de la Agencia Española de Protección de Datos) de tal vulneración, y una mera amonestación por tal conducta. Todo lo más, si se identifica quién o quiénes fueron los promotores de tal desaguisado, se incluirá su nombre, apellidos y cargo institucional en la resolución que se publique en el BOE, admitiendo, en último caso, que la propia Agencia inste la incoación de un procedimiento sancionador a tales promotores, en los términos que prevea la legislación que sea aplicable (tal como prevé el artículo 77 LOPDGDD). Un régimen sancionador que llena de impotencia a la AEPD para frenar de modo efectivo el incumplimiento muy grave de la propia LOPDGDD por las administraciones públicas y sus cargos públicos.

En fin, como tales promotores y ejecutores de tal captura y difusión ilícita de datos no serán, por lo común, funcionarios públicos, quienes tienen un régimen sancionador establecido y se habrán puesto a salvo de tan torpe disparate, tal previsión legal se convertirá en pío deseo. Pues, efectivamente: ¿Qué régimen sancionador se le aplicará al ministro del ramo o a sus altos cargos ministeriales, así como a su personal asesor? No hay uno específico, debiendo echar mano -si es que se activa por el propio Gobierno tal procedimiento (y no se muere por el camino) a instancias de la AEPD- de la Ley 19/2013. En en este texto normativo, en su título II, se recoge genéricamente unas infracciones generales muy graves allí tipificadas, haciendo alusión incidental a que los altos cargos no podrán llevar a cabo actuaciones de discriminación por razón de “convicciones” (cabe presumir que también ideológicas), pero cuyas sanciones no dejan de ser un canto a la nada, pues nunca en verdad (al menos que se sepa) se han aplicado y menos aún se conoce -salvo error u omisión por mi parte- que tras trece años de vigencia de la Ley se haya cesado como consecuencia de tal infracción y de un procedimiento sancionador a ningún alto cargo por estos motivos. Hasta ahora, por tanto, un brindis al sol. La Ley 13/2019, se aprobó, en su día, para que, en un contexto de «regeneración democrática» (con la boca pequeña), parecer que se hacía algo (garantizar la integridad de los gobernantes), y no hacer en verdad nada. Humo normativo, que surge de un fuego que nunca se apaga. Y ahí sigue y seguirá, sin utilizarse, tapándolo todo. Si quien debe incoar el expediente es el Gobierno (o un ministerio) y a la hora de inculpar a algún alto cargo del departamento (nombrado políticamente), las dificultades u obstrucciones, cuando no la inacción, serán palpables. Siempre lo han sido.

Dicho en términos más llanos, desde el punto de vista sancionador propio del Derecho Administrativo (dejo de lado ahora si cabe activar la vía civil o penal al caso) y de la LOPDGDD, vulnerar por una Administración Pública y por sus cargos públicos el derecho fundamental a los datos personales y la prohibición legal expresa de que no se podrán tratar los datos relativos a la ideología política, en este caso de quienes actúan ejerciendo su libertad de expresión e información en los medios, comporta de facto pírricos efectos jurídicos sancionadores (si es que arrastra alguno) cuando quien lo hace es un ministerio y sobre todo quiénes en él desempeña las mayores responsabilidades (ministros y altos cargos).  En el ecosistema público -sobre todo en altos cargos- esas conductas ilegales de notable gravedad quedan acogidas por una suerte de inmunidad de facto, que no deriva (no tiene nada que ver) como es obvio de una prerrogativa jurídico-institucional propia de la posición del privilegio de autotutela de la Administración Pública, sino lisa y llanamente es una muestra más (como tantas otras, aún por analizarse y difundirse) de que el poder político en las leyes y en su (in)aplicación práctica opta por la autoprotección y desprecia soberanamente los principios y normas de garantía de la libertad que predica para los demás (ciudadanía y empresas), que con descaro evidente no los practica para sí mismo en ninguno de los casos, e incluso estimula, mediante ardides normativos y abandono ejecutivo, su incumplimiento. Lo analicé técnicamente hace años (2019) en el libro Introducción al nuevo marco normativo de la protección de datos personales en el sector público IVAP, 2019), y lo recuerdo ahora. Y añado: el Estado clientelar de partidos (que en este caso actúa como un verdadero cártel) no permite fisuras que pueda poner en riesgo el blindaje de ningún político gubernamental ni abrirá la veda para que alguno de ellos caiga en sus redes sancionadoras. Con tal estado de cosas que nadie se llame a engaño: Grande-Marlaska, sus altos cargos y asesores, tras ese atropello de derechos fundamentales, duermen a pierna suelta sin ningún temor, dado que saben que si quiebran gravemente la ley o la ignoran supinamente nada apenas les sucederá. En este ámbito el nuestro es un Estado de Derecho cojo, sin efectivo remedio paliativo alguno, que protege burdamente a quienes desempeñar circunstancialmente el poder.

El poder gubernamental hace tiempo que enloquece paulatinamente, ayuno por captura y anulación institucional de no pocos controles internos y de organismos “independientes”. Nada afortunado estuvo el presidente del Gobierno cuando dijo que fue “muy poco apropiada” la elaboración de ese “listado” señalando a los enemigos y reconociendo a los amigos del Ejecutivo en los medios. En verdad, tal tratamiento prohibido expresamente de datos supuso una vulneración potencialmente gravísima de derechos fundamentales de numerosas personas; una conducta que al parecer les saldrá gratis, o casi. Pues, aquí, nadie responde políticamente de nada y el régimen sancionador existente en esa materia es meramente decorativo en la práctica. Mucha letra y poca esencia. Todo lo más se producirá un tirón de orejas (probablemente duro en términos formales, pues la infracción es muy grave) por la resolución que dicte AEPD, con un reflejo instantáneo mediático, que pronto se olvidará. Y después de eso, a otra cosa mariposa…     

Encuadre

Esta reflexión ofrece una mirada alejada de los análisis al uso, ya que pretende no solo mostrar unos síntomas, sino identificar algunas de las posibles causas de los males derivados de una situación coyuntural explosiva manifestada hace más de cinco semanas en la ciudad autónoma de Ceuta. Ideas que surgen tras la relectura parcial de la obra ya clásica de Mintzberg, El poder en la organización; libro que, paradójicamente, apenas trata de la Administración, pero cuyo contenido sugiere muchas cosas aplicables a nuestro ecosistema público.

Las instituciones y las organizaciones son espacios de poder y de lucha por el poder. No es ninguna novedad. La política no se entiende sin el poder. Mas la Administración pública es un locus en el que, por su posición vicarial, se manifiestan innumerables tensiones y conflictos, que muchas veces muestran auténticas guerras de poder. Cuando política y administración van de la mano, y ambas respetan recíprocamente sus respectivos espacios y competencias, los roces se atemperan y los conflictos se reconducen, evitando estallidos. Pero ese combate por el poder, más en unas organizaciones públicas como las españolas en las que la política tiene una marcada tendencia patrimonial y clientelar, con su búsqueda permanente de anular o controlar la Administración Pública como institución imparcial y meritocrática, nunca cesa. En ocasiones, esa tensión se revela de modo descarnado. Y ello se da cuando el sentido institucional se disipa, y las estructuras organizativas ante su permanente abandono político muestran su obsolescencia.

Algo de eso está pasando desde hace décadas en España, aunque incrementado su impacto en los últimos años. La crisis extrema por la invasión orquestada en Ceuta ha puesto de relieve la desnudez de la política gubernamental española, absolutamente incapaz de prevenir ni tampoco de gestionar un conflicto de tales magnitudes. Tal situación crítica deslegitima el papel del Gobierno, pero arrastra también -factor preocupante por afectar al nervio estable del Estado- el de la Administración y de otras instituciones, que solo han podido responder con la impotencia. La transformación de la Administración es siempre tarea pendiente. Y este Gobierno la ha ninguneado irresponsablemente hasta meter en un cajón su proyecto más acabado de adaptación: Consenso por una Administración Abierta, que no se lo creyó nunca. Todo impostura.

Cabe resaltar que “el poder se distribuye entre mucha gente, pero el poder de la presidencia solo lo ostenta una persona” (Mintzberg). Gracián, en su obra El Político, expuso que “la capacidad es el fundamento de la política. La incapacidad crea monstruos”. Ceuta es uno de ellos. Ha sido creado, en efecto, por zombis gubernamentales que, anulados por el calor, por su incompetencia o por pactos ocultos, en plena vacancia estival y sin liderazgo ni coordinación efectivas, han dado la imagen de no saber qué hacer con sus atribuciones. La soberanía estatal y el ejercicio de sus funciones no vacan. El Estado, salvo que se quiera regresar a la España sin pulso de Silvela, no admite interrupciones en su funcionamiento. Menos cuando hay una gran crisis.

Según la tesis de Mintzberg, los compromisos con la organización y sus valores se incrementan conforme son más elevadas las responsabilidades jerárquicas en tales estructuras. De ser así, la vinculación con los valores públicos debería ser más intensa en los niveles político-directivos del Gobierno y de la Administración del Estado. Eso aquí no es ni ha sido así (casi) nunca. Con unas estructuras tan porosas a la política clientelar, parece obvio que el sentido institucional se ha evaporado en sede gubernamental. Aunque ha aparecido, con sus limitaciones, en la función pública. La estrategia gubernamental actual ha sido promover con descaro el imperio de la politización bajo la pretensión de quebrar así un hipotético poder corporativo, en vez de reforzar el estatuto de imparcialidad y la profesionalización, así como su diversidad, de la alta función pública del Estado. Ello no impide reconocer que, en la propia Administración, también por tendencia histórica, impulso o apoyo de la política “del otro lado”, no pocas veces el corporativismo impera con fuerza, y tales estructuras funcionariales se conforman en ese caso como organizaciones cerradas o burocráticas. La tensión entre politización y corporativismo en la Administración del Estado ha sido una constante, con resultados muy dispares según el tiempo histórico. Ahora la política aprieta, y luego se querrá restaurar el poder político-corporativo. Ese desgarro secular que padece la alta Administración nadie lo sabe superar con una sana reforma.

Un contexto de crisis de “arena política total”

Las luchas por el poder en las organizaciones son, en efecto, una constante. Mintzberg hace uso de la noción arena política, que califica como un “espectáculo circense con muchos escenarios”. Según sus palabras, la organización toma la forma de “una arena política” cuando es “un sistema atrapado en sus propios conflictos”. Si el conflicto se manifiesta en su punto más álgido, el autor utiliza la expresión de arena política total. Es ese el caso que aquí interesa, y se da cuando la organización se halla inmersa en una grave crisis, en la que la jerarquía de autoridad se tambalea, ya sea porque pierde el control o ya sea por negligencia o por incompetencia. La cuestión es cómo influye ese contexto crítico sobre la organización o la Administración del Estado.

Ni que decir tiene que, conforme el conflicto se muestra mayor intensidad, la organización puede quedar incapacitada o bloqueada, hasta tal punto de no “conseguir objetivo alguno”, pudiendo llegar incluso a la parálisis, situación en la que todo el mundo “parece salir perjudicado”. Si la crisis se anquilosa y se prolonga, como consecuencia de decisiones ejecutivas tardías o aplazadas, los efectos son letales: “pocas son las organizaciones que pueden soportar por un plazo largo de tiempo un conflicto intenso”. Solo lo pueden hacer cuando el conflicto se modera. Si las tensiones no cesan “las arenas políticas totales pueden terminar fácilmente con la existencia de la organización”. Ciertamente, el análisis de Mintzberg está pensando en empresas y no en organizaciones públicas cuya perennidad (aunque en declive obvio y con deslegitimación evidente) está (casi) garantizada. Reconducir el conflicto “al orden preexistente” en este caso resulta complejo, pues la solución tradicional (reparto) puede generar un efecto llamada multiplicador y desatar peores escenarios futuros. Nudo de una complejidad extrema.

Una aplicación la invasión de la ciudad autónoma de Ceuta

Las instituciones en España están sufriendo -como consecuencia de ese grave contexto- un acelerado y serio proceso de erosión. La política ha entrado en bancarrota y la Administración se muestra impotente, incapaz -por desdén o incapacidad gubernamental- de ofrecer soluciones cabales a una ciudad rota y de prestar sus servicios y funciones de forma mínimamente aceptable y digna.  Obviamente, tras esa gravísima crisis, el primer y más evidente descrédito ha sido, al margen de la pésima imagen de España como país, el de la presidencia y de su gobierno, incapaces de prevenir y evitar la invasión y también impotentes de gestionarla una vez producida; con fallos estrepitosos y continuados en el tiempo. Un problema enquistado de tal magnitud no se resuelve con un refuerzo del relato, como pretenden vendedores de humo de una comunicación de pura bisutería política; sino con liderazgo efectivo, alineamiento política-gestión, rigor político y buena gestión. La presidencia del Gobierno y el Ejecutivo no solo no han desplegado decisiones adecuadas, sino que han creado condiciones adversas (por omisión y a veces por acción), pretiriendo incluso que las Administraciones públicas ejerzan cabalmente sus responsabilidades públicas, y sometiendo a ese territorio y su población a una situación de abandono y de estrés existencial insostenible.

El resultado de esa cadena de errores mayúsculos es que se ha creado una arena política total (inmenso pantano enmohecido de mala política e incapacidad gestora), cuya salida no se visualiza a corto plazo, menos aún con una política polarizada hasta extremos inconcebibles, y donde nadie regala nada, pues solo se quiere ver la muerte súbita o a plazos del enemigo político. La polarización desgarra la propia Administración, pues pretende que, como soldadito parcial, el funcionario esté en una de las trincheras, quebrando su imparcialidad, objetividad y profesionalidad. De ahí al colapso y deslegitimación de los servicios públicos solo hay un paso, que si no se da aún es porque una parte importante de la función pública actúa con profesionalidad y sentido de pertenencia, aunque han surgido ya brotes de burocracia defensiva.

La presencia del Estado en la ciudad autónoma se ha tambaleado y sus efectos siguen siendo aún devastadores. Y eso es muestra de debilidad extrema. Difícilmente la situación podrá remontarse sin una clara asunción de responsabilidades y un enérgico, consensuado y coordinado plan de choque en el que intervengan de consuno todos los actores políticos e institucionales. Escenario improbable a día de hoy, pues se suma un gobierno incapaz, una Administración cuestionada y desapoderada, así como una oposición que solo busca atajos y descarta complejas soluciones de reparto “temporal”. Salida tampoco compartida por la UE. Si grave es la crisis, no lo es menos el dilema.

Final

Esto viene de lejos. Atrapada entre dos trincheras ideológicas incomunicadas (“el muro”), la política lleva tiempo renunciando a que en España haya una Administración íntegra, eficiente e imparcial. Los actuales gobernantes, además, han errado en su estrategia, si por tal se entiende el descrédito continuo de la alta función pública del Estado. En este caso, han ido más lejos: para atenuar o salvar sus responsabilidades políticas, han cuestionado (e incluso culpabilizado) directamente a instituciones del Estado que tienen como misión esencial prestar los servicios de información vinculados con la defensa del Estado (CNI), la seguridad pública a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o la impartición de justicia (Tribunal Supremos y Audiencia Nacional). No es la primera vez, pero en este complejo y sensible contexto internacional debilitar más de lo que están (que ya es mucho) la Administración del Estado y el poder judicial, es un error de cálculo político mayúsculo, que pone en entredicho no solo la legitimidad del propio Estado (quien lo gobierna, la erosiona), sino que enfrenta cainitamente política y gestión, y que, en un conflicto enquistado de tal gravedad, requiere alineamiento y no colisión frontal o sumisión inaceptable. Rota la expectativa de pacto político y roto el imprescindible alineamiento entre política y gestión, así no se saldrá nunca de esa empantanada arena política total en la que España está inmersa. Quienes vengan, tras esta pasión por la politización descarada, restaurarán el poder corporativo funcionarial en su dimensión de tradicional contubernio con las estructuras políticas gobernantes. Tampoco eso resolverá los sempiternos problemas de la Administración española que, tras el síntoma de Ceuta, nos muestran fehacientemente (algo que ya sabíamos) que están enquistados. La impotencia de un Estado cada vez más frágil seguirá manifestándose mientras no se capte de una vez por todas que solo una política capaz, responsable e íntegra y una función púbica profesional, imparcial e inclusiva, ambas correcta y respetuosamente alineadas, podrán sacar a España del túnel en el que se halla desde hace más de un siglo.

“Los lugares y los libros que vuelvo a ver me sonríen siempre con nueva frescura” (Montaigne)

“Seamos francos. Si nosotros, los que escribimos, hiciéramos votos de no hacerlo hasta que se nos ocurriera algo nuevo, verdaderamente nuevo, que escribir, nos pasaríamos la vida en perpetua holganza” (Juan Valera)

Relectura diletante

El verano es tiempo de lectura. Siempre lo ha sido, aunque ahora -pese a lo que se dice- se lea menos. Como es habitual, en estos meses estivales me he sumergido en la lectura. Miento, sobre todo en la relectura. Leo sobre todo ensayos, también cuando toca algo de novela. Mi espacio doméstico para libros apenas tiene huecos, ya no admite novedades. He optado, por tanto, por el préstamo bibliotecario que, dados los plazos precarios, exige disciplina en la lectura y rapidez en las anotaciones. Así, salvo algún caso significativo, eludo comprar libros sin antes catarlos. Desconfío cada día más de las impactantes novedades, como ya lo he expresado en otra reciente entrada sobre dos libros prosaicos. Ni el espacio ni el bolsillo ni menos aún mi impaciencia lectora admite ya muchos errores en la compra bibliográfica, como no pocas veces tuve antaño. 

Mis estímulos actuales se dirigen a la relectura. Disfruto con ella muchísimo y descubro o redescubro ideas que no brotaron con la fuerza necesaria en la primera o incluso en una segunda aproximación a tales libros. Ciertamente, no puedo compartir el juicio de Royer-Collard, cuando afirmaba: “Yo no leo nunca, releo”. Pero, tal y como van mis decepciones sobre la nueva literatura y especialmente con buena parte del ensayo actual, cada vez me aproximo más a esa idea. Debo confesar que una de mis pasiones lectoras en estas tardes tórridas de estío, es sentarme con buena música y una columna de libros por lo común ya leídos antaño (algunos incluso leídos inicialmente hace 30 o 40 años) de distinto signo y calado, sobre los que picoteo capítulos alternos sin solución de continuidad, y que voy cerrando y abriendo durante varios días. Con este caos de relectura disfruto lo indecible. Y no tengo inconveniente en pasar de la novela al cuento o a la poesía, del ensayo histórico o filosófico a libros de ciencia política, teoría del Estado o Derecho Público, cuando no de economía, sociología u otros temas prosaicos. Y, sin duda, frecuento las biografías, que habitualmente me enganchan (ahora estoy con varias), aunque más de una golpee pronto la puerta del abandono. Hay algunos autorretratos egocéntricos e infames.

Este diletantismo lector siempre me ha agradado. No lo puedo evitar. Bien es cierto que tal desorden (relativo) en las lecturas cede en ocasiones puntuales cuando retomo la relectura de una obra que por segunda, tercera o enésima vez me atrapa. Pondré solo algunos ejemplos recientes. Este año me sucedió con Maquiavelo, del que releí (en algún caso por cuarta o quinta vez) tanto alguna de sus biografías como sus afamadas obras El Príncipe, Discursos sobre la primera década de Tito Livio y sus Escritos políticos. Siempre aparecen cosas nuevas. Lo mismo me ocurrió con El arte de la prudencia de Baltasar Gracián (no digamos nada con El Político, que mi buen amigo Jesús Colás me regaló hace años), y también me pasa con Montaigne y sus Ensayos, o con el amigo de este último Étienne de la Boétie, y su Discurso sobre la servidumbre voluntaria, un alegato contra la tiranía. Sobre este tipo de libros vuelvo siempre que puedo.

En este deambular caótico me he sumergido en Carré de Malberg y otros teóricos del Estado europeos (tengo pendientes aún dos recientes libros publicados sobre Carl Schmitt, que solo he hojeado), en obras históricas sobre la Administración y función pública, pero sobre todo en una relectura de parte mínima de la abundantísima bibliografía sobre el fanatismo y la intolerancia, enfermedad común (y, al parecer, irresoluble) del pueblo español. La guerra civil española y nuestro particular cainismo también atrae mi atención. Analizadas en su día las guerras carlistas y sus devastadores efectos a través de los Episodios nacionales de don Benito (El legado de Galdós, libro reimpreso hace un par de meses por Catarata), he vuelto a los prolegómenos y desarrollo de la guerra incivil, como la llamó Unamuno. Herida aún no cerrada y que en este país corre riesgo siempre de abrirse de nuevo. Analicé las interesantes Memorias de Martínez Barrio y leí y reseñé la reciente obra de Chaves Nogales, Guerra total, tras releer parte de sus obras completas, que no son tales, y me sumergí también en el periodismo de Gaziel y Josep Pla, así como en diferentes ensayos sobre ese período (ahora estoy, un tanto tarde, con Fuego cruzado y la biografía sobre Hitler de Weber). Mi obsesión por la creciente intolerancia y fanatismo que nos invade me ha llevado también a releer a Locke (Escritos sobre la tolerancia), Voltaire (Tratado de la tolerancia), el magnífico opúsculo de Julián Marías (La guerra civil. Cómo pudo ocurrir) o, entre otros muchos libros, el de Clara Campoamor, La revolución española vista por una republicana o La velada en Benicarló, de Manuel Azaña, por no hablar de los fascinantes ensayos de Juan Valera Del influjo de la Inquisición y del fanatismo religioso en la decadencia de la literatura española o Historia de los heterodoxos españoles. También he revisitado algunas contribuciones de Amos Oz (Contra el fanatismo o Queridos fanáticos). Sin duda he vuelto a las obras de Hanna Arendt y Popper, entre otros.Pero eso, de lo que ya algo dije, sobre una España fanatizada, mejor tratarlo monográficamente en otra ocasión. El desorden lector de este verano se ha detenido asimismo en algunos opúsculos del gran Jonathan Swift, recordado recientemente por la interesante reseña de Daniel Gascón sobre Los viajes de Gulliver. He disfrutado esta vez con sus Pensamientos y otras obras cortas, así como con sus Instrucciones a los sirvientes, ambas editadas en México. Y ese disfrute lo he compartido también con la relectura de Carta sobre el entusiasmo y Sensus communis (ensayo sobre la libertad de ingenio y el humor), del conde de Shaftesbury.

La estatura intelectual de Heinrich Heine y otras lecturas y relecturas

Y, en fin, por no aburrir en demasía, no expondré ahora nada más sobre las desordenadas y múltiples lecturas que he realizado y aún estoy haciendo, en ese trasiego caótico que tanto me seduce. Pero lo cierto es que también con la relectura se abren puertas nuevas, al menos algunas que en mi caso nunca había franqueado, lo que es una viva muestra de mi gran ignorancia. Con la tercera relectura de la magnífica obra de Stefan Zweig, Erasmo de Rotterdam. Triunfo y tragedia de un humanista (aunque no supera su magistral Castiello contra Calvino),se me abrieron las puertas a su estimulante obra Adagios del poder, en la que me he sumergido con mi particular desorden lector. Erasmo construyó una ética del poder que quedó oscurecida por la coincidencia temporal con El Principe. Una pena, pues sus Adagios (una obra abierta) son muy instructivos, aunque no les prestaran demasiada atención los gobernantes en su día. De los estudios introductorios a los Adagios me interesó sobremanera el seguimiento que Erasmo hacía de la construcción tipográfica de sus obras, que me recuerda al Clarín soberanamente tratado por Botrel en su reciente libro Escribir y crear: Clarín adentro. Una figura literaria, la de Alas, hoy en día bastante olvidada que algunos batallan porque siga aún viva. Como lo he pretendido, con más voluntad que resultado, con mi Clarín, republicano de las letras.

Buceando en el pensamiento europeo del XIX, me surgió la estimulante lectura del egregio Heine, sobre quien el profesor Jiménez-Blanco reseñó hace unos meses una importante obra, La herida Heine, de Mariano Zubía. Comencé por el final y por lo aparentemente más fácil, sus Confesiones y Memorias, un libro magnífico, de un personaje poliédrico, difícil de encasillar, un intelectual sobresaliente, ensayista comprometido, pero a la vez independiente, un excelente poeta (sobre el cual se explaya en algunos momentos la Correspondencia de Juan Valera; y que fue profusamente citado, por cierto, en los ensayos de crítica literaria y artículos periodísticos por Alas, Clarín). A Heine, incluso, se le han encontrado ciertos paralelismos en su labor crítica de periodista con Larra (Max Aub), pero menos con un posterior Clarín (del que habría que rastrear su influencia), un autor que, salvando las distancias, en su periodismo literario y político bebió sin duda del malogrado escritor madrileño y también del propio Heine. He leído sobre este autor un buen perfil dibujado por la interesante obra de Max Aub (realmente, una conferencia impartida en México en el centenario de su muerte) sobre el amigo circunstancial de Karl Marx (donde ofrece algunas claves para entender la persona y su obra), que viene precedida de un interesante y clarificador estudio de Mercedes Figueras sobre la trayectoria vital de Heine. Engels, en un libro que he disfrutado mucho (El gentelman comunista), dijo de aquel, que “el más eminente poeta alemán se ha unido a nuestras filas”. No fue para tanto. Adorno lo clavó: “En términos políticos, Heine fue un compañero poco fiable, también para el socialismo”. Heine no se casaba con nadie. Las Confesiones y memorias de este ensayista me han seducido (máxime al estar escritas, o mejor dictadas, en 1854, en sus años de postración como enfermo de ELA que fue, tiempo en el que mantuvo su potencia intelectual ante un cuerpo inerte). Allí zanja cuentas con su pasado hegeliano. Y rectifica algunas de sus radicales posiciones de antaño como las mantenidas en su magnífico y estimulante ensayo Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania, donde lleva a cabo un esclarecedor y didáctico análisis de la historia de la filosofía alemana y sus precedentes religiosos, escrito por un judío formado de adolescente en el catolicismo que luego abrazó un protestantismo abierto. La historia de la religión y de la filosofía en Alemania contada para franceses, es un gran libro. Sus amores por Napoleón (y su despecho hacia Madame de Stäel y su idealista visión de Alemania) vienen de ahí, pues el emperador le permitió descubrir el respeto a la libertad de conciencia en una Alemania muy poco dada entonces a tales ensayos. El estudio introductorio de Velasco es sencillamente clarificador sobre tan insigne poeta y ensayista. Como dice este autor: trató “de aunar la filosofía revolucionaria alemana y la política revolucionaria francesa, esto es, acercar el mundo cultural alemán a Francia y exportar el entramado político y social de ésta a Alemania”. Tengo aún pendiente la biografía de Max Brod sobre ese escritor, de la que leído varias y encomiásticas reseñas.

El boom del ensayo periodístico: demasiados libros, pocos buenos.

Tengo, asimismo, abiertos varios libros de historia, ensayo, novela, filosofía e instituciones (uno de mis terrenos predilectos). Tampoco me extenderé sobre los libros “nuevos” (esto es, los que han sido editados en los últimos años) que he leído recientemente. Algunos ejemplos. Leí dos de Martínez Pisón sobre Dos tardes con Benito Pérez Galdós (un opúsculo sin pretensiones y alguna cosa matizable) y su obra autobiográfica Ropa de casa, espléndidamente escrita como magnifico escritor que es, aunque sin demasiadas cosas que contar. Resalto también el libro de Enrique Murillo, que sinceramente me atrajo (Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición), y al que ya me referí en esta Web. De Orwell disfruté un reciente librito que aúna escritos suyos sobre la guerra civil española (La historia se detuvo en 1936), y que me llevó a releer su Rebelión en la granja, picotear 1984, y retornar a Por qué es importante Orwell, de Hitchens, y al brillante ensayo Churchill y Orwell, de Ricks. Su singular mirada socialista y liberal-democrática, así como antiautoritaria, siempre me ha atraído.

Por empuje del contexto y su amplia difusión, me adentré en la lectura de algunos ensayos periodísticos, género que hoy invade el mercado editorial, y que, dado sus reconocidos autores, se venden bien. He leído algunos, pendientes otros y aparcados sine die los demás. Preñados de contingencia política o incluso (en el peor de los casos) de cierto sesgo ideológico coyuntural, su lectura, en buena parte de los casos, me ha dejado frío. Esperaba más. Un buen columnista puede tener madera de ensayista. O no. Periodistas novelistas y ensayistas ha habido muchos, algunos de gran nombradía. Pero no siempre es así. Actualmente, pocos parecen “cavar hondo”, una expresión de Azaña aplicada a las excelsas cualidades ensayísticas de Juan Valera. Y eso desluce un ensayo, que siempre es otra cosa. Lo expresó bien Carmen Martín Gaite, al afirmar: “El ensayo no perdona. En la novela puedes esconder las imprecisiones detrás de los personajes, puedes disimular la vaguedad con la atmósfera. Pero en el ensayo estás tú solo, desnudo, con tus ideas. O sabes lo que dices. O quedas en evidencia.” La cita es de Máximo Pradera en sus autodenominadas Memorias, más bien “recuerdos” familiares; obra a la que me aproximé, estimulado por la lectura de la excelente biografía Sánchez Mazas. El falangista que nació tres veces, de Fuentes Codera. El libro de Pradera (hijo) describe algunas anécdotas apreciables (otras menos) de destacados miembros de su reconocida familia (me quedo con la genial estampa de Rafael Sánchez Ferlosio); pero su autorretrato -preñado por distanciarse ideológicamente de sus ancestros, se desdibuja, pues es un ejercicio siempre mucho más complejo, como escribió Heine.  

Del resto de ensayos periodísticos, nada diré. De uno de ellos he elaborado una recensión académica puesto que aporta una mirada nueva (aunque limitada y parcial) sobre los conflictos de interés en una parte de alta función pública. En ese boom de ensayos periodísticos hay aportaciones puntuales interesantes y otras bastante menos. El buen ensayo no es un género fácil. Ni es una columna de opinión ni tampoco un reportaje ampliado. Es, como decía, otra cosa.

Queda, no obstante, demasiado por leer. No pasamos de ser, yo el primero, meros aprendices. Son muchísimas las obras que, de entrada, alimentan la curiosidad intelectual. Deberíamos ser capaces de saber desbrozar lo que se puede eludir (que es mucho, aunque a veces sea, paradójicamente, lo que más se difunde y vende) de lo que resulta, cuando menos, interesante, novedoso y estimulante. En fin, para gustos los colores. Pero, al margen de lo anterior, un poco más de criterio en la edición de algunas obras sería aconsejable. Y podría poner numerosos ejemplos de libros que pertenecen a esa categoría de prescindibles y que, gracias al préstamo bibliotecario he podido acercarme a ellos y leerlos (y algunos abandonarlos, que también se ha dado el caso) para tener un juicio más acertado de lo que esas páginas contienen. Como me dijo uno de mis libreros de confianza: “Rafael, más del ochenta por ciento de los ensayos que se publican y nos llegan a escaparates y estanterías de las librerías, carecen de interés”.  No andaba desencaminado. Tal juicio, se podría extender también a otro tipo de géneros. Hay un buen número de novelas y ensayos, con ventas espectaculares, de baja calidad. No pocos libros buenos, que los hay, quedan a veces enterrados entre centenares de textos publicados. Sellos editoriales antaño consagrados publican, cada vez más, mediocres novedades. Eso también desincentiva la lectura. Y eso hoy, no es buena noticia.  

“El pensamiento precede a la acción como el rayo al trueno”

(Heine, Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania, Alianza, 2008, p. 209)

Preliminar

Son dos libros que distan más de diez años. El primero (El Manual), es el más reciente: publicado en 2026, ha tenido una difusión atronadora en los medios. El segundo (La perestroika…), data de 2015, y tuvo una difusión discreta. Sus autores respectivos son Iván Redondo y Jaime Miquel, este último fallecido hace más de un año. Muchas cosas les unían, otras tantas les separaban. Pero el libro de Redondo bebe mucho del de Miquel (no solo en la paternidad de la idea de España como Estado plurinacional y como pretendida solución a nuestros males), aunque se aparten demasiado en la forma de exponer (más pulcra la de este y más heterodoxa la de aquel). Los dos proceden del mundo de la consultoría y el análisis electoral, aunque de generaciones distintas y con miradas diferentes.  Si se quiere tener una visión de la crisis de la política española (y sobre todo de su sistema de partidos), ambos libros ofrecen miradas complementarias, aunque no se compartan sus polémicos y a veces oportunistas puntos de vista, cuando no sus diagnósticos equivocados y sus autoalabanzas (abusivas en el primero y discretas en el segundo).

El Manual

Leer El Manual, teniendo en cuenta los límites del préstamo bibliotecario, supuso interrumpir mis lecturas veraniegas. El libro de Redondo es sobre todo un ejercicio de autobombo autobiográfico de una persona que apenas ha cumplido los 45 años, y que airea haber triunfado en el ámbito de la comunicación política y de la estrategia electoral desde edad temprana. Curiosamente, entre las lecturas interrumpidas estaban algunos ensayos de ese magistral escritor que fue Heinrich Heine. En su fascinante libro Confesiones y memorias, dictado en sus últimos años de vida, aquejado de ELA, Heine se sinceraba, siendo consciente de que cualquier autorretrato suele dar una impresión falsa de lo que uno realmente es. Estas eran sus palabras:

“La composición de un autorretrato sería un trabajo no sólo enormemente ilusorio, sino incluso imposible. Sería un presumido vanidoso si aquí aumentara todo lo bueno que supiera decir de mí, y sería un gran necio si expusiera a la vista de todo el mundo los delitos de los que también soy consciente… Y, por otro lado, ni con la mejor voluntad de fidelidad, puede una persona decir la verdad sobre sí misma. Además, hasta ahora nadie lo ha conseguido, ni San Agustín ni el ginebrino Jean Jacques Rousseau, y mucho menos este último, que se denominaba a sí mismo hombre de la verdad y de la naturaleza, cuando, en el fondo, era más falso y menos natural que sus coetáneos”.

La lectura del libro que aquí se comenta me ha recordado esta impecable reflexión, pues Redondo -amén de otros muchos deslices- incurre aquí en esa condición de “presumido vanidoso” de la que se hacía eco Heine. El Manual, obsceno por autocomplaciente autorretrato, rezuma por los cuatro costados aires de grandeza y no poco autobombo en sus actuaciones públicas más conocidas (Badalona, Euskadi y su período en la Junta de Extremadura, con el PP; Telde; su inmersión como comentarista político en los medios; su fichaje por Pedro Sánchez cuando era candidato; “su” exitosa moción de censura y el desembarco en la ansiada Moncloa como Director de Gabinete del presidente en 2018; su salida en 2021, que él la enmarca en un problema grave de salud; y, en fin, su colaboración en dos tiempos con “el Ministro” (así lo cita) candidato, y a la segunda presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa. Tal es su jactancia que llega hasta el punto de insinuar veladamente que la historia de España hubiese sido otra en estos últimos diez años sin su presencia en la arena política.

El Manual cuenta lo que le interesa y calla aquello que no quiere narrar. Aun así, la foto dibujada (por muy velada que esté) ayuda a explicar algunas cosas de lo que ha pasado en España en los diez últimos años, y sirve, asimismo, para comprender por qué las instituciones en este país se hallan tan degradadas tras ese tsunami que produjo en 2018 la moción de censura triunfante en un contexto parlamentario de suma debilidad de un entonces PSOE que se venía desangrando desde hacía años en su tradicional peso electoral. Redondo se vanagloria de que ya en 2017, en Expansión, había escrito que el líder de la oposición (a quien Podemos disputaba tal condición), Pedro Sánchez, llegaría al poder por medio de una moción de censura. Un desenlace de lo que él llama estrategia política, aunque en realidad era resultado de un maquiavélico pacto hecho entre bastidores. El Gobierno Rajoy II, tras el procés y sus consecuencias inmediatas, así como sobre todo acosado por casos de corrupción, vivía momentos de angustia. Y la tecla correcta, según Redondo, era esa: plantear una moción de censura y asumir el poder con el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independentistas y del resto de los partidos de izquierda, Podemos incluido. Se trataba de tomar, así, la delantera y dejar a la derecha y a la luego asentada extrema derecha (que emergió en 2019), sin espacio para gobernar de forma efectiva, enviándola así al ostracismo político. Para ello, el PSOE debía mutar de lo que fue a lo que será. La travesía en el desierto del partido había terminado. La plurinacionalidad se imponía, sino de iure, sí de facto. Llegar así al poder exigía una alta capacidad de maniobra y no poca cintura para ceder ante sus socios lo que fuera menester. Pocos votos son muchos, como repite el autor. Según Redondo, el apoyo de los independentistas catalanes (curioso que apenas hable de los vascos) a la moción de censura enterró para siempre el procés. Una vez sepultado, tras la mano dura, se trataba de encajarlos en España mediante indultos, luego la amnistía (según él fue quien la propuso mucho antes de 2023), y tras ello diseñar un nuevo encaje “constitucional” asimétrico que diera satisfacción a sus demandas de creación de un Estado propio dentro de una España confederal.

Nada nos dice el autor sobre qué le ha impulsado a escribir este extenso autorretrato profesional (apenas personal). Se intuyen muchas razones, y otras tantas se han barajado en los medios. La más plausible es que busca un protagonismo perdido. No descarta volver a la política (en varios pasajes deja la puerta entreabierta). Por eso no hace apenas sangre. También se ha escrito que está promocionándose como consultor electoral para hacer caja en el futuro. En fin, el hecho real es que el libro lo ha escrito en el ecuador de su vida y sus razones tendrá para ello.

El sueño del Director (así se autodenomina, además con mayúsculas) fue, según dice, llegar a La Moncloa, como jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Incluso llega a afirmar que, tras sus éxitos iniciales como consultor electoral, recibió innumerables demandas para prestar servicios a políticos en países del extranjero. Sin embargo -añade, renunció a su internacionalización para centrarse domésticamente en el que era su gran objetivo. Utilizando siempre esa cargante forma impersonal (hablando de sí en tercera persona), escribe: “Nada de eso jamás estuvo en su mente, solo tenía sitio para una meta: ganar la Moncloa”. En verdad, el libro es un canto a ese objetivo y una difusión de que tal meta se alcanzó, de la mano de quien será su gran valedor: Pedro Sánchez; quien, por cierto, sale entronizado y prácticamente inmaculado del relato. Los únicos reproches son hacia decisiones del presidente que no se adaptaron a las propuestas de su jefe de Gabinete, y que, según dice, se equivocó.

El autor nos habla, por tanto, como si hubiese sido el director in péctore desde su más tierna infancia; pues para él tocar el cielo profesional consistió, antes de llegar a los cuarenta, en ser nombrado responsable del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Un sueño cumplido. Y en el que (si nos creemos lo que cuenta) triunfó por completo. En su hiperbólica visión, ese cargo era el más importante del Ejecutivo tras el presidente del Gobierno. Así lo cree, y lo deja claro muy a lo largo del texto. Los ministros eran piezas de ajedrez de menor importancia. Se produjo así un matrimonio político de dos grandes narcisistas y megalómanos del poder. Conjunción perfecta. Su idilio no fue fácil. Tras la exitosa moción de censura, y una vez nombrado, el director construyó un “Gabinete total”, esto es, una estructura de asesoramiento elefantiásica que no dejó de crecer desde entonces, más de lo que aún era. Vinieron tiempos difíciles, pero la argamasa del poder da votos.  Y en las elecciones de 2019, eso dice, sacó al PSOE de su subsuelo electoral (85 escaños) y lo situó en 123, un falso techo hasta ahora nunca superado. Abrazarse a la bandera de España dio réditos. Aun así, quedaban muy lejos las mayorías anteriores a 2011, y se repitieron las elecciones -algo que el director desaconsejaba- y el resultado fue algo peor. Se salvaron los muebles. Atravesó el Covid19 (aunque había anunciado su prevista marcha en junio de 2020, que retrasó por sentido de responsabilidad), y en esa etapa se llega a calificar incluso como gran gestor; pero fue más bien un gran propagandista: diseñó una gestión de fondos europeos centralizada para reforzar la imagen de su presidente con el maná procedente de Bruselas, afirmando incluso que con esos fondos a este país no lo iba a reconocer ni la madre que le parió. Nada de eso sucedió, como es obvio. La convulsa vida política española y las elecciones autonómicas del 19 (el batacazo de Madrid, el fracaso de la moción de Murcia, etc.), tensaron su paz política en Moncloa. Había quienes le movían su silla. Y llegó la enfermedad coronaria. Que dice estar en el fondo de su decisión de marcharse en 2021, con la crisis de Gobierno. Recibió, también según él, muchas presiones para continuar, incluso de su propio equipo (pues algunos, no se sabe nunca quiénes, veían con su marcha frustradas sus expectativas de progresión profesional). La Jefatura del Gabinete pasó al partido (nunca le perdonaron al autor no ser afiliado y menos aún haber sido asesor del PP). Y luego, tras una fallida y gris experiencia de jefatura de Gabinete del partido, volvió el cargo a una persona del anterior equipo del director, con perfil más discreto, de sólida formación, pero con parecidas obsesiones: la política como relato, las instituciones como pieza de caza política mayor y el exterminio de la oposición. Según Redondo, hubo un momento en que el presidente renunció a la apuesta plurinacional. Y ahí también se equivocó. Pero, propio del oportunismo versátil característico del presidente, hizo de la necesidad virtud, pues apoyos son amores. Esto último no lo cuenta.  

En este pretendido autorretrato profesional y político, prescinde el autor también de citar por sus nombres y apellidos a todas las personas y políticos con los que se cruza (e incluso con los que ajusta cuentas) en esos importantes años de su vida. Ni siquiera a su mujer, a quien despacha con la expresión “la Capitana”. Lenguaje opaco, en clave. Para entendidos…, por decir algo.  

La perestroika de Felipe VI

El primer libro me condujo al segundo. Redondo no hubiese llegado a “sus” conclusiones sobre la naturaleza plurinacional del Estado español sin la atenta lectura del libro de Jaime Miquel, La perestroika de Felipe VI (RBA, 2015), como algunos comentaristas ya expusieron en su día. La pretendida solución “institucional” del director de involucrar a la Corona en un juego de alternancia política entre izquierda y derecha con base exclusiva en las fuerzas políticas territoriales (catalanas y vascas, principalmente), parten de las tesis del análisis político-electoral de Miquel. El director intenta justificar su autoría al afirmar que fue el libro de Anselmo Carretero, Las nacionalidades españolas, el que le abrió los ojos a esa idea. En verdad, fue Jaime Miquel, quien, en una entrevista a un diario, reconoció la paternidad de la idea y su “compra” por el director. De hecho, una vez nombrado jefe de Gabinete, Redondo incorporó a Miquel como asesor en su elefantiásico equipo monclovita.; justa recompensa para quien le había provisto de tan importante munición y era un fino y consagrado analista electoral.

El libro de Miquel ha influido y mucho en El Manual. Creo que sin él no lo habría escrito, al menos así. De hecho, las tesis de Redondo fueron adelantadas en numerosas y reiterativas columnas de opinión de los lunes en La Vanguardia tras su salida del Gobierno. Antes le valieron incluso para construir la idea del “muro”, propia de una política excluyente (muy alejada de los píos deseos que incluye en su libro), que le permitiría blindar el poder desnudo de Pedro Sánchez tras alcanzar el poder: los aliados del Gobierno (ya de coalición con Podemos a partir de 2020, y luego reducida a escombros esa fuerza política, sustituida por la complaciente y anodina Sumar) eran claramente las fuerzas políticas independentistas de la España periférica. Esa pinza, formulada como lección de “estrategia política”, no la destruiría nadie. Electoralmente (esa fue la gran intuición de Miquel) la izquierda así (aunque este no pensaba en el PSOE) podía ser imbatible, aunque con dos condiciones: que la izquierda del socialismo creciera hasta ser hegemónica y que las cesiones a los poderes territoriales catalán y vasco no cesaran. El primer objetivo no se cumplió, por la mutación acelerada del PSOE hacia el populismo tras la segundo y definitivo liderazgo de Sánchez. La ayuda de una derecha desnortada y fracturada de liderazgos débiles (y la emergencia cada vez con más fuerza de Vox, un balón de oxígeno para esa estrategia electoral que había que engordar desde el poder), hacía el resto. Aunque la idea fuerza de Miquel era otra: según su tesis, la única opción de supervivencia de la España constitucional del 78 era transitar hacia la fórmula confederal, conducción en la que el monarca tenía su papel; pero eso fue antes del procés. Tal apuesta confederal, mal explicada con los modelos belga y suizo, era la excusa. La ventana de oportunidad del director, alimentada en un cálculo electoral,era más precisa: encerrando a la derecha en el extremo, las dificultades de alternancia eran evidentes.

El ensayo de Jaime Miquel tiene también una factura autobiográfica y de autobombo (aunque mucho más templada en este último aspecto, si bien también “se vende”, pues estaba en el mercado); pero sobre todo es un sugerente e interesante análisis político-electoral de la democracia española de 1978 hasta 2015, con especial dedicación a los últimos años entre 2011 y 2015 cuando el sistema de partidos centrales en la democracia española del 78 entra en barrena, y de cuyo fenómeno y contingencia electoral extrae el autor consecuencias demasiado osadas que los hechos históricos ulteriores han desmentido casi por completo. Es una consecuencia de poner el foco en el momento presente y no cavar más hondo. Los problemas de la mala articulación político-institucional de España no venían solo del franquismo ni de la transición, ni de ese denostado por el autor sistema burocrático-político enfermo, sino de mucho tiempo atrás. La España actual no se puede entender sin el siglo XIX y primeras décadas del XX. Tampoco sin una referencia expresa al Desastre del 98. Algo que Miquel no huele y Redondo menos aún. El libro de Miquel está mejor escrito y no se esconde en referencias impersonales. Pone siempre nombres y apellidos. Es fruto de un buen analista electoral, con años de oficio y ciertos errores, pero con certezas y propuestas bienintencionadas en otros muchos casos. Trabaja el dato y eso le avala. Le puede su dogmatismo y su cerrazón conceptual, si bien a veces se muestra paradójicamente flexible y moderado. En suma, de La perestroika de Felipe VI (título muy impreciso pues la apuesta de Gorbachov por reconducir el modelo territorial de la antigua URSS hacia una confederación acabó como el rosario de la autora), es de donde Redondo ha tomado su pretendida idea de la plurinacionalidad de España y del papel del monarca para refundar así la Constitución de 1978 cuando el sistema político derivado de esta Carta Magna ofrecía signos de evidente agotamiento. Felipe VI, como es obvio, ni está ni puede estar en esa clave, pues su evidente apoyo social en las encuestas (que Miquel cita una y otra vez) se desmoronaría de transitar por esa estrecha e incierta senda que solo conduce al suicidio institucional. Mas eso no impide que, en estos difíciles años de equilibrio político-territorial haya incrementado su sensibilidad hacia esos problemas heredados por la España en los últimos 130 años. El PSOE tampoco está -de momento- en la senda confederal, pues -como también advirtió Miquel y confirma Redondo- en los años 2014 a 2016 defendió el modelo federal, y a partir de entonces, sobre todo tras su llegada al poder en 2018, ha ido configurando un rosario de cesiones políticas a las fuerzas políticas independentistas nacionalistas, acosado por las circunstancias y más aún por la debilidad parlamentaria sobre todo desde julio de 2023. Su balón de oxígeno para mantenerse en el poder haciendo equilibrios se asienta, como escribió Schumpeter, sobre una pirámide de bolas de billar (Congreso de los Diputados), en una “legislatura” fantasma (2023-2027). Pero el poder crea adición y permite soñar a quien lo ejerce temporalmente con su reproducción perpetua. Quien lo disfruta, nunca se ve fuera.

Jaime Miquel fue visionario antes que Redondo. Aunque erró (al menos hasta hoy) en el anunciado cambio del sistema de partidos y en el derrumbe de las fuerzas centrales del modelo, pues ignoró las pulsiones históricas clientelares y oligárquicas de los partidos en España, que terminarían devorando también a unas nuevas y bisoñas fuerzas políticas que irrumpieron como elefantes en cacharrería en el panorama político-electoral: Ciudadanos y Podemos. En todo caso, ¡qué bien cuenta Miquel esa irrupción! En 2015, escribió: “Todo parece indicar que en la legislatura que empieza este año se producirá una transformación profunda del actual Estado español”. No podía intuir el autor de ese vaticinio que tal transformación la llevaría a cabo un Pedro Sánchez (cuya imagen sale dañada en ese libro por su incapacidad de comprender entonces el problema del Estado plurinacional; a quien incluso, en sus primeros momentos, que nada le gustaría, el autor llega a comparar, un tanto exageradamente, con ¡Toni Cantó!), de la mano de su consejero áulico, Iván Redondo, bien pertrechado del argumentario de Miquel y con sus innegables dotes de oportunismo político-electoral y su concepción del poder desnudo. Realmente, ni cayó el sistema anterior, como había anunciado, ni se proclamó ese Estado plurinacional, que solo los restos de la izquierda radical en torno a Sumar y Podemos, y algunas fuerzas políticas nacionalistas-confederales, siempre como estadio de transición hacia la independencia, han defendido en estos últimos años. El PSOE sobre esto, hoy por hoy, calla.

Final: la Constitución del 78 y la pretendida solución confederal.

Todavía el PSOE no ha decidido formalmente qué hacer con el Estado de las autonomías. Las únicas huellas de tal confederación in nuce, lengua aparte, es hoy el silente avance competencial en Euskadi/Navarra y la pretensión de implantar una suerte de sistema de concierto económico en Cataluña, debido principalmente a contingencias políticas, pero con muy serios impactos potenciales sobre la estructura territorial del Estado. Esas pulsiones confederales, como bien apuntaba Miquel, no se pueden verbalizar ni menos aún programar electoralmente, pues una parte de su electorado les abandonaría. Por ello, el mensaje presidencial y gubernamental en esta era de incertidumbre, se apoya en otras ideas: el crecimiento económico, el miedo a la extrema derecha, y la defensa de las libertades democráticas, aderezado todo ello con los ataques al poder judicial. Redondo, además, mete en juego el creciente poder de Madrid DF, más allá de su “almendra”, como enemigo a batir. Por el contrario, alaba Cataluña, curiosamente por su “sentido institucional”. Miquel también muestra sus complejos territoriales: unos son los buenos (periféricos nacionalistas) y otros los malos (políticos y burócratas centrales). En esto muestran paralelismos: la “España muerta” versus “las demás Españas”, de Gaziel. El fanatismo y la intolerancia vistas solo desde un lado. Sin mirar, y menos analizar, lo que pasa en el otro.

Tiempo de centenarios: el 31 se aproxima y para el 36 quedan diez años. Se van calentando motores para ensayar una forma de gobierno republicana como otra alternativa a nuestros males. Los síntomas de agotamiento del sistema constitucional de 1978 no son tanto hoy de la ciudadanía como de los partidos: la Constitución del 78 cada vez tiene menos apoyos partidistas, y quienes dicen apoyarla no comulgan con el ideario liberal-democrático, hoy abandonado por la práctica totalidad de las fuerzas políticas. Pero Felipe VI no es Alfonso XIII. Es un borbón atípico, hasta ahora. Los años venideros pondrán a prueba la monarquía parlamentaria. Nada es eterno.  

En fin, no prolongaré más este largo comentario. Sobre la pretendida solución confederal en España ya me he ocupado en el reciente ensayo Falsos cimientos: la fragilidad de las instituciones en España (Tirant, 2026), y algunas alusiones hice al calor de la divulgación del libro de Redondo por los medios en este blog: https://rafaeljimenezasensio.com/2026/05/12/tras-la-senda-de-maquiavelo-el-asesor-aulico-y-el-estado-plurinacional/. Cuando escribí ambos textos, no había leído ni el libro de Miquel ni el de Redondo. Pero no tengo mucho más que añadir a lo que allí dije sobre la complejidad del problema expuesto: “Hacer compatible armonía e integración con asimetrías aceptables no puede hacerse quebrando la solidaridad, la lealtad y la cooperación (cimientos del Estado autonómico). La contingencia política imperante va por el camino contrario. Y la negación del problema en nada ayuda. Ambos son los peores remedios. Nada resolverán”. Y este es el páramo político en el que se mueve España. No hay otro. Mal pronóstico.

La crisis territorial que se abrió en España en 1898, tras el Desastre, que no se supo atajar después, tampoco en la original y discutida fórmula de la Constitución republicana de 1931, que impregnó en parte el modelo territorialmente abierto de 1978, nadie sabe cómo cerrarla. Y si no se pacta un modelo asimétrico y sostenible, el problema se pudrirá más aún. Con riesgos cada vez mayores. Lo sucedido en Ceuta (atentos a lo que Miquel decía en 2015 sobre esta ciudad autónoma), y lo que pueda pasar en Melilla, pueden abrir como efecto dominó una crisis constitucional territorial de dimensiones incalculables en España. Las soluciones que se apliquen en un futuro en esas “ciudades autónomas”, se pueden pretender trasladar simplista y absurdamente a otros lares, más aún en el ámbito territorial peninsular y de sus islas. Abrir irresponsablemente melones territoriales es muy fácil en letra impresa, incluso intentando darles la pátina de “soluciones institucionales” irreversibles (que nunca lo son). Tales experimentos con gaseosa confederal pueden arrastrar letales consecuencias en la prosaica vida cotidiana de un país y de sus ciudadanos, quebrando, así, la convivencia y haciendo pedazos la integridad territorial. De las historias pasadas se aprenden muchas cosas, si uno quiere.

“La clase política está cada vez más alejada de las preocupaciones de aquellos que dice representar”

«A pesar de las numerosas disfunciones relatadas (en este libro), me he encontrado hombres y mujeres formidables que no tenían otro objetivo que el de ponerse al servicio del ciudadano. Son numerosos, pero en la base de la pirámide…» (Philippe Pascot, Pilleurs d’Etat, París, 2015)

Es obvio que el devastador contexto climático, con sus desgarros permanentes y sus zarpazos inmediatos, irá a más. Y de forma acelerada. Si nadie lo remedia, dentro de diez años sus efectos serán mucho más letales, pudiendo convertir a España en un territorio parcial y temporalmente inhabitable.

Si se quiere afrontar algún día, cosa que dudo, ese mayúsculo problema, no cabe otra opción que hacer otra política. La que tenemos no vale. Ha mostrado su incapacidad y, peor aún, su ruindad moral: ha habido y habrá muertos, patrimonios arruinados, devastación, ansiedad, impotencia…

El cambio de política exige, en primer lugar, estrategia. Y esta llama a la prevención, al buen uso e incremento de los recursos y a una efectiva gestión, mas también a una coordinación eficiente y a la rendición de cuentas. Nada de eso se ve, ni tampoco se imagina. España, en demasiadas ocasiones, se desangra en su particular marasmo. Cuarteado el país en compartimentos estanco poco eficientes, y dividido en dos bandos políticamente enemigos, destrozada la vieja función pública profesional e imparcial, sin presupuestos generales del Estado durante una caótica y perdida “legislatura” ayuna paradójicamente en leyes y más aún en reformas estructurales, los problemas se acumulan y las soluciones nunca llegan. Ni así lo harán jamás.

La cultura de la prevención es despreciada por los políticos e ignorada por la Administración. La estrategia está ausente en una política capturada por el corto plazo y el regate corto, que no sabe conjugar el verbo planificar ni tampoco el de gestionar. Colonizados los niveles de “responsabilidad” (o de prebenda) directiva por los altos cargos de los partidos políticos (cuya incompetencia es manifiesta) y por funcionarios libremente designados que se columpian al viento que exige el poder de turno, en ambos colectivos «temporales» el lema claro: “Tomar el menor número de decisiones complejas para preservar ‘sus carreras’” (Pascot, 2015); esto es, sestear sin romper un plato ni cambiar nada. Así no puede funcionar cabalmente un país.

Y la gestión (¡ay de la gestión!), palabra con la que se le llena la boca a la política y se mal mastica por un desvertebrado mosaico de Administraciones incapaces de dar respuesta a problemas críticos que les desbordan (y poco capaces, asimismo, de resolver incluso las cuestiones más ordinarias). Con una función pública (ahora reconvertida en empleo público endogámico y vicarial) que recluta mal, defiende un igualitarismo imposible incapaz de gestionar la diferencia, que tampoco ofrece expectativas de desarrollo profesional efectivo, pero dota -eso sí, por presiones corporativo-sindicales- de una razonable zona de confort a quien allí ingresa.

Lo escribió Peter Drucker: “Las personas en las organizaciones tienden a comportarse como ven comportarse a los que son recompensados. Y, cuando las recompensas recaen en el no rendimiento, sobre el halago o simplemente la viveza, la organización pronto se inclinará al no rendimiento, al halago y a la viveza”. Así se comportan en España quienes viven de la política y así vegetan en algunos casos (afortunadamente, no todos) en ese improductivo mundo de la función pública no pocos empleados en este país. Con un sector público fragmentado y descoordinado, así como ayuno de estrategia directiva y gestión eficiente, pretender enfrentarse a las catástrofes de última generación, que asoman un día sí y otro también, es un pío deseo. Con relatos amables y vacuos, actos de fe impostada o falsas promesas nada se consigue, salvo enojar más todavía a una vapuleada y desamparada ciudadanía. Como también se dijo: “La responsabilidad es la clave”. Y en el sector público español ese principio brilla por su ausencia. Nadie responde por nada. Así nos va.

«Y no se trata solamente de llegar a alguna conclusión acerca del valor intrínseco de ese manuscrito. Además, debes tener en cuenta que el editor estará muy interesado, siempre, en saber si una vez publicado el manuscrito podrá encontrar lectores (…) Venden los libros que logran encontrar lectores que luego recomiendan a sus amigos lo que les ha gustado». (Enrique Murillo).

«La corrupción que el amaño de los premios representa se vive con tal naturalidad en los medios literarios que referirse a ellos es ganarse inmediatamente la vil condición de envidioso, resentido o frustrado. Quizá de ahí el mafioso silencio que acompaña a tan general práctica» (Constantino Bértolo, citado por Enrique Murillo)

Lo sustantivo: sobre el libro y su autor

Cualquier reseña de un libro debe partir de la novedad que tal obra representa en el mercado editorial. Bajo esta premisa, unas reflexiones sobre una obra publicada en 2025 y escritas en julio de 2026 carecen de sentido. Más aun, cuando, como es el caso, el interesante y detallado libro (lleno de confesiones y anécdotas) de Enrique Murillo, Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición (Trama, 2025), ha conocido al menos cuatro ediciones y fue objeto en su día de innumerables reseñas en periódicos y revistas, también de no pocas entrevistas en diferentes medios de comunicación, así como de celebradas y constantes referencias en las redes sociales. Por tanto, nada queda por decir que no se haya dicho de tan esperada (por anunciada) obra.

El autor se autodenomina “personaje secundario”, si bien lo fue bastante menos de lo que pretende. Al menos en el mundo editorial, en el que su brillo mate, siempre alejado de la primera fila de los focos, tuvo gran importancia. Conoció a los grandes literatos y editores de la España constitucional de 1978, aunque sus comienzos son anteriores. De sus manos salieron escritores afamados luego, reforzó otros ya lanzados y apostó en algunos casos por nóveles sobre los que pocos creían. Por mucho que vanaglorie a los escritores, el papel de los editores es clave para que aquellos emerjan. No pocos autores se pierden por el camino o no superan las caprichosas puertas de entrada en tal mundo. Lo describe muy bien el autor en una obra de contenido entre autobiográfico, memorialista y, en algunos pasajes, de denuncia de prácticas o conductas nada ortodoxas e incluso ilegales.

Conforme iba leyendo este libro más me seducía el personaje (su vida profesional me parece fascinante, propia de un hombre hecho a sí mismo, un autodidacta con muchísimo olfato, con una personalidad envidiable y un don de gentes notable), también descubría algunas afinidades existenciales (salvando las enormes distancias, siempre a favor de Murillo) en sus cambios de vida profesional (quien suscribe también se reinventó varias veces por necesidades del guion), y, en fin, más juicios compartía (en mi caso meras intuiciones) con el autor, asimismo, sobre sus concluyentes descubrimientos del oscuro mundo editorial que describe con una franqueza determinante.

Enrique Murillo despliega en este libro (que me sirve de excusa para exponer también como apéndice adjetivo algunas de mis andanzas por el pedregoso mundo editorial), una suerte de magnífica y extensa autobiografía que tiene a veces tono memorialista. Su vida profesional (la personal apenas aparece) fue -según cuenta- fascinante. Culo inquieto, intelectual hecho a sí mismo, que supo siempre buscarse salidas profesionales dignas e incluso de gran relieve ante momentos críticos de su vida, maltratado por el mundo editorial en unos casos (Anagrama, aunque fuera centro de su aprendizaje, lo tuvo más de diez años como falso autónomo) y encumbrado temporalmente en otros (Plaza y Janés, Planeta, Alfaguara) hasta sus (en algunos casos) sangrantes despidos, supo reconstruirse o rehacerse y continuar trabajando de lo que sabe hasta nuestros días, cuando con más de ochenta años sigue activo (lo que le deja la Seguridad Social, como es también mi caso). Vivió la precariedad, pero también el esplendor profesional. Fue capaz y eso es importante de recalar finalmente en sellos editoriales pequeños y obtener resultados razonables. Su mirada sobre esos sellos y sobre las distribuidoras que los alimentan (UDL, por ejemplo), es breve y muy limitada, pero interesante, pues describe descarnadamente que los grandes sellos editoriales (tres) monopolizan más del 50 por ciento de la edición. Pone grandes esperanzas en los sellos pequeños, que algunos se han profesionalizado.  El autor expone lo que tiene morbo en el mundo editorial: los grandes sellos y los grandes literatos españoles que fueron emergiendo con el paso del tiempo, con muchos de los cuales Enrique Murillo tuvo excelentes relaciones (por ejemplo, con Javier Marías; a quien consideró el mejor novelista español), con otros grandes literatos mantuvo buena sintonía y con los menos alguna relación tensa o desagradable. Sus choques frontales los tuvo con esos editores y directivos de mentalidad jerárquico-arribista y burocrática.

El autor denuncia sin ambages determinadas prácticas editoriales nada ortodoxas, e incluso algunas ilegales. No habrán caído bien sus palabras en determinados círculos del mundo editorial. La precariedad en la que se encontraban (y probablemente se encuentren aún) quienes colaboran en la producción del libro (desde traductores, correctores de pruebas, ortotipógrafos, diseñadores de cubiertas) e incluso los propios autores, que muchas veces carecen de información fiable sobre las ventas reales de sus libros. Pone el ejemplo, en su día muy aireado, de la ruptura por este motivo de Javier Marías con Anagrama, dando su propia versión, que no es coincidente, por cierto, con la de otros (Ignacio Martínez Pisón en su Ropa de casa). La Ley de 1987 no terminó de regularizar un problema que hasta cierto punto sigue abierto: el control de tiradas y las ventas realizadas. Por lo común, las editoriales son escrupulosas, pero las hay que menos.

Cuenta genialmente Enrique Murillo cómo los premios de los grandes sellos literarios (y no sé hasta qué punto también otros) están amañados. Y su relato sobre cómo se fabrican obras ganadoras y autores que ulteriormente serán de “prestigio” es, como se ha expuesto, franco y descorazonador. Aporta ejemplos magníficos de consagrados literatos que se negaron a ser utilizados en tan espurio sistema, pero también de otros -algunos tan alejados de esa corrupción moral- que terminaron comulgando con ruedas de molino. Mis presunciones reiteradas de la falsedad de esos premios, en los que colaboran los medios, los críticos e incluso los académicos, se han visto confirmadas por las confesiones de este sugerente editor. Una auténtica vergüenza nacional. En efecto, Murillo desnuda, en unas páginas memorables, cómo se cocinan o se amañan los premios literarios (algo que todos intuíamos y que algunos han denunciado, como él mismo cita). Las experiencias que cuenta son de gran interés. Pero se remontan a un momento de los premios en los que el decoro en la elección de la persona premiada era aún relativo. Hoy en día el escándalo con sordina es lo más corriente: se premian obras de quien no las ha escrito o cuya calidad literaria es sencillamente ínfima. Todo da igual con tal de vender. Los grandes grupos editoriales quieren eso: vender. Lo demás les es indiferente. Si eso es una apuesta cultural, que alguien nos lo explique.

Vivió circunstancialmente el mundo del periodismo, en el que se había diplomado e incluso (de una forma un tanto rocambolesca) doctorado, trabajando en El Europeo y en El País, cuyo suplemento cultural Babelia contribuyó a lanzar, aunque su marca nunca le satisfizo. Allí no terminó por encontrar la química necesaria y su salida le permitió que se le abrieran las puertas de las grandes editoriales, donde -entre otras cosas- se dedicó, también, por gajes del oficio, a publicar lo que denomina “libros-acontecimiento” e intentar promover best seller en una España poco dada (salvo limitados círculos) a la lectura de textos complejos. A pesar de no encajar en la burocrática y entonces socialdemócrata redacción de El País, su libro fue convenientemente recensionado décadas después en sus páginas (eso sí, sin hacer mención alguna a ese corto periodo de su vida profesional, del que no salió precisamente muy contento). Fue también temporalmente profesor de un máster de edición en la UPF (aquí también mis afinidades existenciales con el editor son claras y podía contar un largo anecdotario al respecto), aunque su paso por esa insigne Universidad fuera efímero, para recalar definitivamente en la UAB, donde aún despliega sus vastos conocimientos editoriales para beneficio del alumnado. Su precaria vida existencial y profesional inicial, contrasta con su despegue como editor en un mundo de tiburones, del que salió con algunas heridas profundas, pero nunca definitivas. Supo reconstruirse y, además, muy dignamente. Vivió intensamente y su libro de memorias así lo confirman. Quienes a él se acerquen disfrutarán mucho y se enterarán, además, de no pocos chascarrillos relacionados con los grandes literatos, sus egos inmensos, vanidades y celos, así como también sus miserias. Que de todo hubo. Muchos de esos autores superaron el triturador escrutinio, a veces salvaje, de los editores, y triunfaron, mientras que muchos más quedaron por el camino. Entre ellos un modesto servidor, que nunca fue literato, pero sí aprendiz de ensayista. Como se verá de inmediato (quien tenga paciencia de seguir leyendo una reflexión más adjetiva), con mucha persistencia y muy poco éxito, que siempre es un valor relativo; pero, si soy sincero, al igual del autor de esta obra que sirve de excusa a esta larga entrada, he aprendido mucho y disfrutando de lo que hice y hago. Lo cual ya es mucho. A veces todo.

Lo adjetivo: algunas experiencias personales con el mundo de la edición

Hace seis años (a la vejez viruelas) inicié una suerte de trilogía sobre la concepción del liberalismo político que tenían tres grandes literatos “decimonónicos”: Galdós (liberalismo progresista), Juan Valera (liberalismo conservador) y Leopoldo Alas, Clarín (liberalismo republicano). Una tríada de escritores que a Enrique Murillo probablemente le dejarán indiferente (solo una vez cita a Galdós en su obra, y para decirnos el escaso interés que sus novelas, Episodios Nacionales incluidos, le suscitaron). Pero Clarín, sin embargo, diferenció muy bien “la tienda” de “la trastienda” en la actividad comercial, también en la política, en su inmejorable pieza “El Regenerador”. No ha tomado de ahí Murillo el subtítulo, pero está bien traído. El autor del libro es un editor que, en sus años de formación (al final de la dictadura), quedó fascinado y lo justifica por la novela anglosajona y europea, y luego por la latinoamericana. Aunque en algunos pasajes de su obra emergen autores clásicos, los autores españoles de finales del XIX o principios del XX no forman parte de su interés, o al menos no se refleja. Mas eso ahora no importa.

Los problemas mayores aparecieron, en cambio, cuando a partir de que, en una edad madura, desencantado de las obras jurídico-públicas de vida más que mortecina y siempre temporal, me incliné por publicar esos ensayos «político-literarios», como he dicho antes. Las primeras dificultades surgieron cuando hube de buscar editor para El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su “cuarto oscuro” en España (2023). Llamé a la puerta de varias editoriales “comerciales”, pues pensaba ingenuamente que Galdós tenía tirón, sin caer en la cuenta de que quien lo escribía, como era mi caso, resultaba ser un perfecto desconocido en el mundo editorial ajeno al Derecho Público y a la Administración. Además, como se interrogó José María de Pereda cuando conoció a Galdós: ¿Cómo iba a triunfar en España alguien que se llamada Benito y se apellidaba Pérez? Aun así, triunfó y mucho, con el apellido vasco de su madre. Y el cántabro falló en su pronóstico. En mi caso era obvio que llamándome Rafael y apellidándome Jiménez, mis credenciales de entrada, amén de escritor entrado en años y en un género tan difícil de vender como el ensayo literario, las expectativas -confirmadas sobradamente por los hechos- serían aun peores.

Hubo, sin embargo, algo de suerte. Mi olfato y conocimiento relativo del mundo editorial (de mi etapa en un servicio institucional de estudios y publicaciones; así de mis más de veinte libro publicados en el ámbito del Derecho Público), infinitamente menor que el de Enrique Murillo, me aconsejaba racionalmente que un libro de ensayo tenía mala venta y que el editor, cualquiera que fuese, necesitaba no solo creer en la calidad del libro sino especialmente en su venta. Y ese libro, con mis modestas o inexistentes credenciales, no tenía salida comercial sin buscar antes un coeditor, que comprara un número de ejemplares y sufragara parte o toda la edición. Y así lo hice. Felizmente, encontré el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, pues Las Palmas fue la ciudad donde nació el insigne escritor. Gracias a los buenos oficios de algunas personas, se logró coeditar e hicimos un acto de presentación en la capital canaria. Ello facilitó que una editorial como Catarata me abriera de nuevo las puertas, pues allí había publicado antes un breve ensayo, también coeditado, Cómo luchar contra la corrupción (2017). Aquel tipo de ensayo sobre Galdós no encajaba demasiado en el sello Catarata y en su catálogo de publicaciones, pero lo editaron y ha sido incluso reimpreso recientemente.

Más dificultades encontré con el segundo de la saga, mi querido libro sobre Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones. En este, a diferencia del de Galdós, que giraba sobre su obra, me sumergí como un aprendiz de biógrafo en la apasionante vida del escritor egabrense, hoy en día prácticamente olvidado, con especial esmero en sus actividades político-diplomáticas, tomando como puerto seguro su fascinante y extensa Correspondencia (8 tomos). Buscar editor no fue fácil. Descartada inicialmente Catarata, al ser un escritor de factura más conservadora (y de raíces familiares aristócratas), y tras algunos tanteos frustrados topé, gracias al apoyo de un buen colega universitario, con el benevolente juicio de Athenaica y sus editores. Hubo que buscar coeditor, pero de ello se encargó la editorial, y el ayuntamiento de Córdoba se prestó felizmente a ello, ya que coincidía circunstancialmente la edición de la obra con el 200 aniversario del nacimiento del escritor egabrense. El libro, magníficamente editado, con un excelente y extenso prólogo de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, sobre la contribución de Valera a los discursos de la Academia, pasó sin pena ni gloria. Hubo, bien es cierto, razones familiares (hospitalización y fallecimiento de mi querida madre) que me impidieron dedicarme a su difusión. Así, esa biografía político-literaria y personal de ese auténtico erudito y bon vivant que fue Juan Valera, quedó literalmente enterrada -como libro de fondo- en esa inmensa montaña de novedades literarias que aparecieron a finales de 2024. Y ahí quedará, para siempre. Otro fracaso más.

Esta cadena mía de “éxitos editoriales” en el campo del ensayo literario culmina con las enormes dificultades con las que me enfrenté para colocar editorialmente la última entrega de esa trilogía: Clarín, republicano de las letras. Las calabazas de los editores, cuando no la mera conspiración del silencio (aún peor) tras el envío del manuscrito, fueron reiteradas, incluso por una editorial que lleva en su sello tan magna planta. A nadie le interesaba un libro sobre Clarín en estos tiempos y menos escrito por un autor tan desconocido y con tan bajas credenciales. Pedí consejo a mi editor anterior, Ignacio F. Garmendia, quien me respondió gentilmente que el manuscrito le había gustado, pero, en un ejercicio de sinceridad, añadió que no podían publicar otro libro de fondo -como el de Juan Valera- cuyas ventas, al parecer, fueron pírricas. Ignacio siempre se ha portado conmigo maravillosamente bien, escribiendo sendas elogiosas reseñas periodísticas de mis dos últimos libros “literarios”. Me sugirió acudir a Renacimiento y contacté con el editor Abelardo Linares, quien tuvo conmigo también un comportamiento exquisito. Me reconoció que editar ese libro de inmediato no podía hacerlo, a pesar de ofrecerle la compra de un buen número de ejemplares por mi parte. Con cierta pena me trasladó que esos libros de crítica literaria, aunque fuera una biografía como era el caso de Leopoldo Alas, no tenían apenas mercado hoy en día. Pero me buscó una solución: una editora de la órbita de Renacimiento que, finalmente, publicó el libro mediante una generosa compra por mi parte de ejemplares.

Como ven, nadie te viene a buscar si eres un perfecto desconocido, como es mi caso. Y si quieres publicar, ten contactos y pon dinero encima de la mesa. Nereyda Nodarse, con su reciente sello Ediciones Orígenes, publicó por fin impecablemente mi Clarín, republicano de las letras. Y ese complejo parto tuvo un alumbramiento feliz. El libro está en la calle y ahora se trata de difundirlo. Tarea hercúlea. Si un buen número de editores lo rechazaron o ignoraron, mal encaje tendrá -intuyo- en un público cada vez más teledirigido por las editoriales, sus críticos amigos y las sesgadas redes sociales. Como bien expuso Enrique Murillo, que un libro se difunda exige muchas “casualidades”. En España prima el “amiguismo” y (casi) nadie regala un bombo gratuito (sin contrapartidas), hay que “estar a la moda”, y ni Clarín lo estaba ni mucho menos yo. Bien es cierto que la agonía inicial se atemperó: comprometido ya el libro, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) mostró interés por publicar el manuscrito enviado. Y lo mismo hizo Marcial Pons Historia. Pero era tarde en ambos casos. Al menos me quedó el consuelo y el alivio de que interesaba a alguien. Y sobre todo a los descendientes del escritor (Leopoldo y Ana Cristina Tolivar Alas). Leopoldo hizo un magnífico prólogo, que agradezco mucho. También estímulos posteriores he recibido desde algunos de los prestigiosos estudiosos del genio literario que fue Clarín, como Botrel, Lissorgues y Ricardo Labra (quien me ha ayudado mucho en su confección), que han acogido el libro con moderada y discreta alegría por poner una vez más al escritor de Guimarán en el foco. También ha tenido alguna puntual y amable reseña de algún periodista (Laviana) o crítico (Garmendia) han hecho. Y en su querida Asturias la obra ha tenido un moderado y temprano eco. De algo sirve publicar. Retribuciones emocionales. Que, al fin y a la postre, son las que valen.

Si comento todas estas cuitas, tal vez de forma demasiado personal, es, sobre todo, para poner de relieve que el excelente libro de Enrique Murillo no ha hecho sino confirmar muchas cosas que sobre el mundo editorial ya intuía o, incluso, conocía. Entrar en ese circuito selecto, sobre todo en el campo de los grandes sellos o en editoriales medianas y grandes, exige tener mano, esto es, alguien que te abra la puerta. Nadie vendrá a buscarte. Además, hoy en día, a diferencia de la época en la que ejerció Murillo, pocas editoriales leen manuscritos no solicitados. Y quien lo hace pocas garantías ofrece, por lo común. Todo lo más, y en contadas ocasiones, los catan. Y si no vienen avalados por un nombre reconocido, enviar manuscritos para su lectura y evaluación, como hizo quien esto escribe en no pocos casos, es una soberana pérdida de tiempo. Una estupidez. Lección aprendida.

La tardía lectura de este importante libro me ha despertado innumerables inquietudes y confirmado algunas intuiciones que, ya desde hace cuarenta años, pululaban por mi cabeza. Como decía Juan Valera, para mí la escritura, más en esta edad avanzada, es una suerte de fe de vida. Me mantiene vivo a los ojos de los demás, me hace leer y estudiar, amén de que -como toda actividad profesional- creo modestamente que con más dedicación mejoran los resultados, aunque sea tímidamente. Pero esta ilustre y estimulante actividad me cuesta dinero. Y no poco. Otros se lo gastan en el gimnasio. Nada es gratis. Menos aún publicar. Que quede claro. Pero es estimulante. Y, al fin y a la postre, es lo que vale.

Coda: la herida abierta

Y ahora, para cerrar esta extensísima entrada de quien haya aguantado estoicamente hasta aquí, viene la herida abierta, esta en el campo de los premios literarios. La peor experiencia, relativamente reciente, por cierto, la tuve cuando el libro El legado de Galdós fue preseleccionado, sin que yo lo solicitara en ningún momento, por algún miembro del Jurado del premio nacional de Euskadi de literatura en castellano en 2024, y tras avatares internos que se me escapan, el propio Jurado lo declaró desierto por primera vez en su larga historia, justificando “su decisión” (y abochornándome gratuitamente de paso) en que ninguna obra (que ellos habían preseleccionado) tenía calidad literaria ni los temas tratados interés público alguno. ¿A quién le iba a interesar una obra «mal escrita» sobre el “desconocido” Galdós? La primera y complaciente lectura de El legado de Galdós por el Jurado tal vez orilló que este escritor fue poco amigo (por ser suave) del nacionalismo vasco emergente, declarado anticlerical y, tras Electra (1901), fustigador de los versátiles jesuitas muy afincados desde sus orígenes en tierras vascongadas, amén de republicano liberal progresista en los últimos años de su vida. Siempre pensé que habían elegido finalista a la obra sin leerla. Y los hechos finales lo confirmaron. Luego entró «la política» en acción. Un libro sobre Galdós, a pesar de su segundo apellido, no podía ser premiado por un nacionalismo vasco institucional -duele comprobarlo- culturalmente cada vez más endogámico y encogido. Y así fue.