Autor: rafaeljimenezasensio

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: COMPETENCIA, LEALTAD E IMPARCIALIDAD

(A propósito de la renovación parcial del TC)

legitimidad democrática

“La democracia como forma de sociedad descansa en el desarrollo de instituciones reflexivas e imparciales” (Pierre Rosanvallon)

El insólito bloqueo y monumental enredo en la renovación del CGPJ ha terminado por agotar la paciencia gubernamental en el proceso de cobertura de los dos Magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional, junto a los otros dos que deben serlo por el CGPJ (y que aún andan entre trapisondas negociadoras en eso que se llama sin sonrojo alguno “el bloque progresista y el conservador”, con trasfondo también indecentemente político); unos nombramientos que abrirán (o eso al menos cree quien los promueve) la puerta a la renovación de la presidencia del Tribunal Constitucional, cargo para el cual ya ha sido ungido por el dedo de la presidencia del Ejecutivo uno de los miembros que actualmente forma parte del órgano constitucional.

Hasta aquí todo conocido y convenientemente aireado por los medios de comunicación. Menos se debate de asuntos más existenciales sobre el papel de una institución tan relevante para el Estado Social y Democrático de Derecho como es el Tribunal Constitucional. Y de todos es conocido que las instituciones las conforman personas, por lo que la elección o selección del “material humano” –como diría Schumpeter- de quién o quiénes compondrán ese órgano constitucional se torna una decisión capital. 

Solo los observadores atentos a la evolución de la composición del Tribunal Constitucional habrán advertido cómo en las últimas renovaciones, si bien con precedentes que hunden sus raíces en el tiempo, el perfil profesional de las personas que han sido nombradas como Magistrados del TC ha ido cayendo en picado. En efecto, si se compara la composición profesional de los primeros Tribunales Constitucionales, o incluso de los de la década de los noventa, con la de los últimos años, inclusive de las dos últimas décadas, se podrá advertir que priman más las propuestas de personas leales (o de observancia estricta, si me apuran) a los partidos que les apadrinan y encumbran a tan altas magistraturas, frente a la búsqueda de perfiles profesionales altamente cualificados que no se caractericen por seguir a pies juntillas las directrices de quienes les colocan en tales cargos públicos, o simplemente que puedan tener criterio propio para apartarse del dictado político imperante.

Pero esto no es de ahora, viene de lejos. Los dos partidos centrales del sistema político derivado de la Constitución de 1978 lo han hecho siempre (unos de forma más aseada y otros zafiamente), pero antes (si bien con excepciones sonadas) se cuidaban más las formas y las apariencias, proponiendo por lo común para el nombramiento a personas con trayectorias académicas, jurisdiccionales o de otra naturaleza jurídica que fueran solventes y acreditadas. Aun así, se metió la pata de forma estrepitosa en algunos nombramientos, que ahora tampoco pretendo airear. Hoy en día  los partidos ya buscan denodadamente y sin descaro alguno fieles o leales sea con el poder gubernamental o con el partido de la oposición. Se persigue nombrar a quien no se aparte ni un ápice de la línea oficial del partido que le promueve. No se quieren sustos, como hubo algunos anteriormente, de magistrados que en sus votos particulares o, peor aún, en su alineamiento con mayorías “contra natura”,  se aparten de la línea oficial a la que se les pretendía siempre encadenados.  

Me dirán que esto ha sido siempre así, y que lo sigue siendo. La naturaleza de este órgano constitucional con un peso político innegable en sus resoluciones lo hace especialmente apto para intentar por todos los medios la captura política más descarnada. En un Estado clientelar de partidos, como es el existente actualmente en España, no hay ya rubor alguno para proponer lo que sea con tal de que las instituciones de control estén efectivamente controladas por quienes deben ser controlados por ellas (y no es un juego de palabras). Realmente, los frenos constitucionales a este tipo de nombramientos son muy poco efectivos, si es que lo son algo hoy en día. En efecto, que se exija a los candidatos propuestos quince años de ejercicio profesional (que en algún caso pasado fue incluso discutible que los acreditaran) y ser juristas de reconocida competencia, una noción de contornos tan vagos que prácticamente es imposible no justificar su inclusión en ella a cualquier jurista que se precie, no evita que se hayan producido incluso nombramientos insólitos de personas que nunca debieron formar parte de ese órgano constitucional. Solo una cultura institucional sólida por parte de los partidos políticos, hoy completamente ausente, podría minimizar los riesgos descritos y garantizar que la lealtad institucional (tan grata y querida por la jurisprudencia del TC) sea más fuerte que la lealtad al partido que le propuso y al que está unido por un cordón umbilical que muy pocos Magistrados lo han sabido romper.

Lo he citado tantas veces que me produce pudor hacerlo de nuevo. Hay una obra, publicada hace más catorce años (la edición francesa es de 2008), que analiza perfectamente cuál es el papel de las instituciones de control en el Estado democrático constitucional. Me refiero al ensayo de Pierre Rosanvallon, La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad (Paidós, 2010). Conviene leerlo con atención, también por aquellos que hacen política o periodismo “de oído”. Allí se contiene un impecable análisis sobre el papel de esas instituciones de control, también de la justicia constitucional, como pilares de la legitimidad democrática. Y, en ese ensayo el autor advierte de la impotencia que genera la captura de tales órganos por los partidos políticos, destruyendo así el propio ADN de tales instituciones y erosionando su papel en el Estado Constitucional, y concluye del siguiente modo: “Una Corte Constitucional debe encarnar estructuralmente una capacidad de reflexividad e imparcialidad que quedaría destruida por la inscripción en un orden partidario” (cursiva del autor).

Se objetará a lo anterior que la Constitución española de 1978 admite la militancia política de los Magistrados del TC, no así el ejercicio de cargos directivos en los partidos; pero un elemental criterio de decencia y prudencia institucional exigiría (algo que no se cumple) que quienes sean propuestos a Magistrados del TC no tengan vínculos partidistas como militantes, pero tampoco hayan desempeñado cargos públicos por propuesta o designación partidista (menos aún de forma reciente), pues en estos casos las apariencias de imparcialidad, tan importantes en el ejercicio de la función jurisdiccional (en este caso constitucional) quedarían rotas en pedazos y la (ya maltrecha) confianza de la ciudadanía en sus instituciones resultaría asimismo gravemente afectada.

Pero eso no es todo. Hay más: nombrar a quienes han ejercido cargos gubernamentales en el Ejecutivo que los promueve (una práctica que tampoco es nueva, ni mucho menos, en la cobertura de cargos públicos en instituciones de control), puede ser, salvo que se abstengan en el conocimiento de no pocos asuntos, objeto ulterior de una cadena de recusaciones (por asuntos menos graves se apartaron, de forma discutible, a Magistrados del conocimiento de determinados asuntos) cuando el Tribunal Constitucional deba deliberar y fallar sobre leyes, reales decretos o decisiones en las que tales Magistrados participaron en su gestación o conocieron de las mismas por medio de informes o en el proceso de deliberación interno en el Ejecutivo o en la formación de la voluntad de la Administración. La imparcialidad es una situación no un estatus; pero forma parte existencial de la función jurisdiccional. Esta intensificación de la politización de los miembros del TC, entendida aquí la expresión politización como búsqueda de personas leales férreamente a las directrices del partido que les propuso (da igual que se vistan con el manto de académicos, jueces o abogados), es la peor noticia para la legitimidad democrática de este órgano constitucional.

La solución, que nunca se aplicará en España (y ojala me equivoque) pasa, como bien expuso Rosanvallon, por “reducir (cursiva suya) la politización de tales instituciones, en particular a través de reformas del sistema de nominación de sus miembros”. Nada de esto se barrunta en el horizonte, sino todo lo contrario. Con una concepción del ejercicio del poder o de la oposición marcadamente basada en pautas de clientelismo político y de ocupación de las instituciones, los actuales gobernantes y quienes se les oponen, pretenden hacernos creer vanamente que la Constitución de 1978 consagra esas formas de actuar, que son propias de países subdesarrollados institucionalmente, como por desgracia es el nuestro. Qué ciegos están los partidos por el poder o por el ansía de obtenerlo. La siguiente pregunta es para qué. Dedúzcanlo ustedes.

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

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(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz. Reservados los derechos de reproducción)

“Es preciso recordar que no es lo mismo tener veinte años de experiencia que un año de experiencia repetido veinte veces”

(Pascual Montañés, Inteligencia Política. El poder creador en las organizaciones2003, p. 114)

En estos tiempos tan convulsos, al menos por lo que parece o nos cuentan, la experiencia es un atributo (como tantos otros) en declive. En verdad, sigue teniendo vigencia aquello de que “la experiencia es un grado”; pero la realidad más prosaica suele despreciar esa lectura. Y tal forma de proceder, como en tantas otras cosas, proviene de que no se ha querido comprender correctamente qué es la experiencia. O, todavía peor: en determinados ámbitos molesta, es cara (costes laborales) o sencillamente se confunde interesadamente con otras cosas. De esto último me quiero ocupar aquí.

Pero antes quisiera traer a colación la conocida jerarquía de capacidades que recogió en dos libros sucesivos (2008 y 2012), Gary Hamel. Bien es cierto que tal jerarquía estaba orientada exclusivamente hacia la empresa privada. En ella no salía muy beneficiada la experiencia, si bien aún mantenía un razonable peso en términos comparativos; aunque Hamel, como luego hicieron otros, daba más transcendencia a la implicación en el proyecto o en el propósito (pasión), a la creatividad (antesala de la innovación) o, en fin, a la iniciativa, que a la propia experiencia fruto de las destrezas adquiridas (puestas en acción) a través del intelecto (conocimiento). A saber:

CapacidadesPeso porcentual
Pasión (Implicación)35 %
Creatividad25 %
Iniciativa20 %
Experiencia/Intelecto15 %
Diligencia5 %
Obediencia0 %
TOTAL100 %

Hay que entender que la construcción de Gary Hamel partía de qué era realmente lo que creaba valor a las organizaciones del futuro. Y, en ese sentido, la obediencia y diligencia se presumían en una organización que quisiera sobrevivir, mientras que las palancas de transformación eran la implicación y la creatividad, jugando un rol intermedio la iniciativa y la experiencia. La dicotomía conceptual giraba en torno a organizaciones que apostaban por la adaptación y aquellas otras que solo pretendían mantener el statu quo o eran sencillamente incapaces de evolucionar y acoplarse a los nuevos tiempos.

Por no divagar de un lado para otro, centraré el foco de atención en el sector público, aunque algunas de estas reflexiones también convoquen a determinadas conductas existentes en el sector privado. Y, bajo ese punto de vista, es obvio que en las organizaciones públicas la implicación con el propósito o proyecto, la creatividad o el desarrollo de la capacidad de  iniciativa, al margen de compromisos individuales que siempre se dan y hacen que el sistema no se derrumbe o de contextos organizativos absolutamente excepcionales, apenas cotizan de modo efectivo, al menos desde una perspectiva sistémica: las Administraciones Públicas y el resto de entidades del ecosistema público estimulan entre muy poco y nada tales capacidades; e incluso la mayor parte de las veces las ignoran.

Como las administraciones públicas son estructuras que están diseñadas institucionalmente para que quien entre a servir en ellas como funcionario o empleado público esté allí toda la vida activa y quien lo haga de cargo público pretenda asimismo vivir de (o en) lo público el plazo más largo que sea posible (siquiera sea transitando desordenadamente por diferentes posiciones de poder), tales organizaciones cabría suponer que se abonarían decididamente a poner en valor la experiencia como su rasgo diferencial. Sin embargo, eso tampoco es así: la proliferación en las altas estructuras de la función pública o en los cargos directivos, respectivamente, de los procedimientos de libre designación (función pública) o de libre nombramiento (cargos directivos), con su contrapunto en ambos casos del libre cese (algo más limitada, pero con poco vigor, esa facultad discrecional en el ámbito de la función pública), comporta que ambos sistemas de provisión/nombramiento, en su lado negativo, supriman de un plumazo el valor de la experiencia (mediante los consabidos y practicados ceses cuando hay cambios políticos o personales en la dirección gubernamental) . Dicho de otro modo, como organizaciones institucionalmente estúpidas tiran por la borda el conocimiento y las destrezas acumuladas, y vuelven una y otra vez a empezar de cero o al manido síndrome de la hoja en blanco o al famoso tejer y destejer del vestido de Penélope. El tiempo y el dinero que se pierde con este (mal) diseño institucional es alarmante. 

Más grave aún es cuando se pretende usar torticeramente “la experiencia” como capacidad que justifica la prioridad que unas personas o determinados colectivos tienen para acceder al empleo público. En otras palabras, cuando se pervierte el sentido y finalidad de lo que la experiencia implica. La RAE es muy explícita al respecto cuando recoge en su segunda acepción que por experiencia cabe entender aquella “práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”. En ese sentido, la experiencia es una capacidad acumulativa de conocimientos y destrezas que permite añadir valor diferencial no solo funcional o de tarea sino también organizativo e institucional conforme el tiempo pasa. Pero la clave está en que, generalmente (salvo excepciones puntuales), el acceso a la función pública es la puerta de entrada no a un puesto de trabajo específico, sino a un abanico más o menos amplio o amplísimo a veces de posiciones estructurales y funcionales en la organización. Y este punto es importante.

Por consiguiente, la pretendida ecuación aplicada por doquier en esos procesos selectivos tanto “ordinarios” de facto (concurso-oposición) como “extraordinarios” o “excepcionales” de mentira, como son los de estabilización, hoy en día tan de moda, de que experiencia es igual a antigüedad (o al tiempo que se lleva calentando la silla) parte de premisas absolutamente falsas; por mucho que se intente revestir la antigüedad con el eufemismo de servicios efectivamente prestados a las Administraciones Públicas (1). Si luego además esos mismos criterios se aplican “los restos” (o residuos) de quienes no superan esos singulares procesos para incorporarlos, dado el origen de los procesos que nada acreditan, en bolsas de trabajo basura que nutrirán las futuras necesidades de las Administraciones Públicas, el mal sistémico se multiplica en el tiempo con efectos demoledores (en el sentido literal del término), que no se advertirán hasta los próximos años o décadas. Captar pretendido talento así, es jugar al escondite o a la ruleta rusa. Elijan.

Lo dice muy bien la cita que abre esta entrada. La confusión entre experiencia y antigüedad tiene efectos letales, como por lo demás ha estudiado con atención la doctrina (Jorge Fondevila, entre otros). Y en este caso concreto supone además un autoengaño: quienes invocan esa antigüedad como pretendida experiencia acreditativa de ese valor diferencial, pronto advertirán (en cuanto sean asignados a un puesto de trabajo distinto o concursen a él) que sus pretendidas fortalezas o capacidades (saber hacer una cosa) se transformarán con facilidad en debilidades manifiestas. Los servicios públicos (o los ciudadanos) lo pagarán con creces.

En efecto, los impactos sobre la prestación de servicios, también económicos como institucionales, que tales forma de actuar tienen (provisión/nombramientos y acceso), aunque sean de difícil valoración a priori, son y serán sin duda muy elevados. Pero, además, tal modo de (mal) entender y aplicar (peor) lo que son las imprescindibles capacidades ejecutivas de la Administración Pública explica en buena medida el retraso secular y la imposibilidad de transformar o reformar que muestran la política y la Administración española, un déficit en el que hoy en día todos coinciden en que debe corregirse (hasta el éxito o el fracaso del propio Plan de Recuperación depende en buena medida de ello), ya que el desarrollo efectivo de tales capacidades es existencialmente necesario para que este país salga adelante.  No parece que se haya querido entender nada del problema real. Como tantas otras veces, la contingencia manda.

(1) Eso es lo que hace, por ejemplo, la reciente Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública (14 de noviembre de 2021) en un documento de Orientaciones sobre la ejecución de los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, dirigidas a los propios órganos de selección de la Administración General del Estado. Intenta, eso sí, acotar porcentualmente el peso de esa antigüedad (o del eufemismo de servicios efectivos prestados); pero esa concepción periclitada de que antigüedad es igual a experiencia en los puestos de trabajo ejercidos sigue siendo el pilar central del procedimiento excepcional «selectivo» de concurso o de la descafeinada fase de concurso de méritos en los procedimientos de concurso-oposición en los procesos de estabilización; pero también en los demás; aparte de otros aspectos sobre las que ahora no procede ocuparse.

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¿PATOLOGÍA SIN CURA?: LA DIRECCIÓN PÚBLICA EN UN ESTADO CLIENTELAR

FOTO FERNANDO ESCORZA

(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz. Reservados los derechos de reproducción)

«Los problemas insolubles de un régimen son a menudo la obra de sus élites»

(Juan J. Linz, La quiebra de las democracias, Alianza, 2021, p. 159)

«Los buenos subordinados no se convierten en buenos dirigentes»

(L.J. Peter y R. Hull, El principio de Peter, Plaza y Janes, 1985, p. 88)

Esta entrada -rompiendo el estilo habitual de este Blog- tiene un sello personal, por lo que diré después. La primera vez que publiqué un trabajo sobre la procelosa cuestión de la Dirección Pública fue hace treinta años; se trataba de un artículo editado en el número 32 de la Revista Vasca de Administración Pública (RVAP 32 POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN RJA). La inquietud por este tema me provino al analizar los avances que en otros contextos comparados se estaban produciendo en relación con la profesionalización de los niveles directivos en sus respectivas Administraciones Públicas y descubrir algo que con el paso del tiempo ha ido in crescendo: el altísimo grado de ocupación política de la Alta Administración en España en relación con la situación existente en otras democracias avanzadas. Fruto de ello nació años después una monografía: Altos cargos y directivos públicos. Un estudio sobre las relaciones entre política y Administración en España (IVAP, 2ª edición ampliada 1998, 1ª en 1996), a la que, por razones que no vienen al caso, tengo especial cariño; además está dedicada, junto a mi hija que nació aquel año, a Francisco Tomás y Valiente, asesinado vilmente cuando me encontraba ultimando el texto de ese libro en un encierro en el Monasterio de Valvanera.     

La continuidad en el estudio de este objeto se concretó, ulteriormente, en la publicación de dos monografías menores: Directivos Públicos (IVAP, 2006) y  El personal directivo en la Administración Local (CEMICAL, 2011). Asimismo, vio la luz un libro escrito conjuntamente con los profesores Manuel Villoria y Alberto Palomar, La Dirección Pública profesional en España, donde exploro un nuevo enfoque del problema centrado exclusivamente en el análisis de una institución (Dirección Pública Profesional) que encontraba resistencias sinfín para ser implantada en nuestro sistema político-administrativo. Ni qué decir tiene que a estas obras acompañaron un buen número de artículos en Revistas especializadas y en obras colectivas, algunas coordinadas por los profesores Luis Ortega y Miguel Sánchez Morón.

Lo cierto es que, por agotamiento y parálisis del tema, a partir de 2011 fue un tema que dejé de abordar monográficamente, salvo alguna incursión accidental para satisfacer compromisos académicos o profesionales. Retomé el pulso al análisis de la Dirección Pública a través de algunas entradas en el Blog personal de La Mirada Institucional (búsquese por “Dirección Pública” o “directivos públicos”), en las que me he ocupado de aspectos del problema desde diferentes perspectivas, pero principalmente a través del enfoque institucional u organizativo, de liderazgo y competencias directivas, y las menos de las veces desde la perspectiva jurídica.

Y ese abandono de la vía jurídica requiere una explicación. Tras más de tres décadas dedicado intermitentemente al análisis de este nudo institucional que nadie quiere o sabe muy bien cómo desatar, y tras inmiscuirme de nuevo en una de mis aficiones diletantes como es el estudio de la Historia y de sus instituciones (también de la historia de la función pública sobre la que hice mi tesis hace más de treinta años), a lo que se une en estos últimos años el proyecto aún no acabado (por motivos varios) de publicar una obra sobre Benito Pérez Galdós y de su profunda mirada política y burocrática de la España decimonónica (con el pesado legado institucional que nos ha sido transmitido), así como tras releer las obras clásicas y leer las más recientes sobre los partidos políticos y sus relaciones con el Estado, la conclusión a la que llego es que España es un Estado clientelar de partidos en cuyo contexto es prácticamente imposible que emerja y se asiente una Dirección Pública Profesional como institución que cubra ese tercer espacio entre la Política y la Administración.

Tan solo un fuerte shock que mueva los cimientos del Estado sería capaz de sacar a los partidos políticos actuales (todos, sin excepción) de esa lógica clientelar que tiene como objetivo último ocupar la práctica totalidad de las instituciones del Estado (también, por descontado, las de control y regulación o de gobierno del poder judicial) y, asimismo, colonizar todo lo que sea posible la Alta Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los entes locales y de sus respectivas entidades que conforman el sector público; no disponiendo además, como inteligentemente se ha dicho, de cantera de cuadros directivos suficientes en sus nóminas partidistas para tales menesteres (Gómez Yáñez y Navarro, 2019). Unos partidos, además, discutidos (precisamente por esas malas prácticas) por buena parte de la ciudadanía, aunque imprescindibles para que el sistema democrático de alternancia en el poder funcione, con una militancia cada vez más encogida, donde la disidencia al dictado del partido se convierte en herejíaLa gran paradoja consiste –por cierto, muy bien explicada por Mair, Ignazi y Katz- en que cuanto más débiles son los partidos políticos de más poder disponen, pues su existencia depende en última instancia de su permanencia en el poder y de las prebendas que les otorgan los presupuestos públicos.

Quien quiera explicaciones más detalladas sobre esta poliédrica cuestión puede acudir a la lectura de este trabajo que se adjunta en PDF [1]. La tesis que empujó su redacción es muy obvia: los marcos normativos existentes (de una debilidad y precariedad manifiestas), así como las pautas institucionales que han explorado esa figura de la Dirección Pública Profesional, están totalmente hipotecados por un fuerte legado histórico marcado de patología que da continuidad al caciquismo decimonónico, reconvertido ahora en clientelismo político voraz. A esa lacra se le pretende contraponer, fruto de nuestra historia política propia, primero, del Estado liberal doctrinario que se comenzó a pergeñar durante el período isabelino (1843-1868) y se instaló durante el Sistema Político de la Restauración (1875-1923) y, después, de los dos períodos dictatoriales en la España del siglo XX que fueron el de Primo de Rivera (1923-1930) y el de Franco (1939-1975), lo que al final de todo ese largo proceso arraigó fue un fuerte corporativismo, cuya impronta sobre la Administración Pública también ha sido determinante.

En ese péndulo de tensión entre clientelismo político y corporativismo se mueve la alta Administración en España. En esa dicotomía no parece caber ningún tercer espacio (la Dirección Pública Profesional). En estos momentos, gana por goleada la opción del clientelismo partidista, cuyos límites se amplían constantemente, salvo en la Administración General del Estado donde, tras la reforma de 1997 (LOFAGE), se impuso un sistema de clientelismo de sello corporativo, una mixtura que divide a los miembros de los cuerpos de la alta Administración en función de sus sensibilidades políticas (lo que permitirá que sean libremente nombrados o designados por unos u otros) creando silos de amigos/enemigos político-corporativos de notable incomunicación (a pesar de ser “compañeros” de cuerpo; espíritu que siempre une, aunque no evita a veces el cainismo). Pero nada está escrito, al menos en la AGE, pues puede retornar la visión corporativa más pronto que tarde o equilibrar fuerzas.

En las Administraciones territoriales, sean regiones, nacionalidades o las ahora denominadas naciones, la impronta patológica clientelar es absolutamente dominante (transformada en caciquismo territorial, como su esencia manda), habiendo importado de forma acrítica y burda todo lo peor del modelo matriz. Tan solo algunas  timoratas leyes autonómicas de función pública han pretendido limitar esa entrada de la politización descarnada al ámbito profesional que, con mayor o menor intensidad según los casos, se ha vehiculado siempre por medio de la “libre designación” (y el libre cese). Pero la amplia y extensa figura hispánica de los «altos cargos», permanece intocable; pues no es terreno regulador para las leyes de empleo público. En fin, poco o nada han conseguido. No es fácil poner puertas al mar, menos aún cuando las olas están empujadas por un tsunami político que cada vez soporta menos los controles y los límites. Ni que se le tosa en el ejercicio de sus nombramientos discrecionales. Nada de esto sucede en las democracias avanzadas de nuestro entorno que tanto se invocan en estos días. En este tema, la política clientelar esconde la cabeza debajo del ala; pues con las cosas de comer no se juega. En el fondo, la escalada de corrupción que ha existido (y aún existe) en nuestro entorno institucional público, también se explica en buena medida por esta debilidad consustancial de las instituciones de control y de la alta Administración para reorientar o reducir los impulsos a veces irracionales de una política desenfrenada, que busca desactivar tales controles o convertirlos en meramente formales. Lo explicó en términos contundentes Don Benito Pérez Galdós: «Esto no tiene remedio por ahora, ni hay alquimista que de esta basura haga oro puro». Pero debe quedar claro que si no hay capacidades directivas ejecutivas en el sector público, ni este país ni sus numerosas administraciones públicas saldrán adelante. De ser así, volveremos una vez más a perder el tren de la Historia. 

LA DP EN EL ESTADO CLIENTELAR DE PARTIDOS FINAL -1

[1] El PDF adjunto contiene el texto de un artículo sobre la Dirección Pública en España solicitado expresamente por los editores de una Revista, cuyo nombre no viene al caso. Tras mutilar el trabajo inicial con el fin de que ajustara a los límites en el número de palabras exigido (lo que implicó eliminar la parte histórica y la parte comparada), y tras las dudas iniciales que manifesté a los editores de que el texto por su enfoque tal vez no encajara en la Revista (de corte jurídico), entregué el texto, pues era lo que me exigieron encarecidamente. Mis dudas se confirmaron (uno ya es viejo y sabe de qué va todo esto). Sometido el artículo a esa  modalidad de “evaluadores ciegos”, se me emplazó a que, antes de su edición, modificara -por exigencia de los evaluadores- algunos extremos del trabajo incorporando citas expresas y un análisis de las distintas leyes autonómicas que regulaban la (descafeinada) DPP y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre libre designación y sobre nombramientos de Directores Generales entre personal no funcionario; lo que alteraba radicalmente el enfoque institucional que inspiraba al texto y, además, a mi juicio, nada añadía realmente a sus tesis. Más discutible incluso me pareció la observación de que en un epígrafe diferenciado o en el propio texto se delimitara el concepto de “Estado clientelar de partidos”. Los términos lo dicen todo. No requieren explicación adicional para un lector medio. Como no pretendía hacer ninguna de las dos cosas,  procedí a comunicar que no publicaría el trabajo en tal Revista, pues tales exigencias rompían literalmente el encuadre y finalidad del estudio. Y ahí quedó todo. Esta es la razón por la cual lo difundo en paralelo, porque a pesar de las innumerables limitaciones (jurídico formales y de otro tipo) que pueda tener a ojos de algunos, creo pertinente que se conozca en sus propios términos, sin perjuicio de que le buscaré mejor ubicación sea en un proyecto más amplio (libro) o publicado en los mismos términos o con algunos cambios a través de otros medios. El lector, si tiene interés y tiempo, sacará sus propias conclusiones.   

LIDERAZGOS POLÍTICOS: PODER, PERSONALIDAD Y PSICOPATÍA.

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“En sus últimos años, Tito recordó lo que le había dicho Churchill al final de la guerra: ‘Lo que cuenta es el poder, y el poder otra vez, y el poder de una vez por todas”

(Ian Kershaw, Personalidad y poder. Forjadores y destructores de la Europa moderna, Crítica, 2022, p. 326)

Presentación

Ian Kershaw es historiador, no psicólogo; pero se ha adentrado en su último libro en llevar a cabo una radiografía de la personalidad de doce políticos europeos que, según reza el subtítulo de su espléndida monografía, han sido “forjadores y destructores de la Europa moderna”. Por cierto, todos hombres, salvo una mujer (Margaret Thatcher). También todos con una mezcla de perfiles dictatoriales y conservadores liberales, con ausencia de socialistas u hombres de izquierda. Sin duda, son todos los que están (algunos en muy pequeña medida); pero no están todos los que son, como reconoce el propio autor.

El análisis de los doce perfiles biográficos tiene el mismo y ordenado esquema de desarrollo. Kershaw, autor (entre otras muchas obras) de una monumental biografía sobre Adolf Hitler, dibuja magistralmente a todos los personajes, aunque sus fuentes de información sean la mayor parte de las veces indirectas (obras ya escritas por otros autores sobre esos mismos líderes políticos). Se ha documentado muy bien, y pone asimismo de relieve análisis previos sobre el liderazgo político y la profesión de la política (desde Tolstoi o Marx hasta Weber, pasando por Carlyle y Burckhardt, entre otros), aunque con ausencias injustificables (como las de Isaiah Berlin y Hanna Arendt, por poner solo dos ejemplos).

La lectura del libro es, en todo caso, apasionante; sumerge al lector en un tormentoso siglo como fue el pasado, y le pone frente al espejo de personalidades complejas, cuyo denominador común es el apetito de poder, y con muy pocas excepciones con perfiles psicológicos marcados por el autoritarismo, el narcisismo psicopático y ególatra o, en el peor de los casos, el desprecio hacia los demás; carentes también, en no pocos retratos, de auténtica empatía (propia de los psicópatas) y, en muchos casos, sin ninguna pizca de compasión.  Hay excepciones, sin duda, pues dentro de esos dibujos generalmente sombríos apunta alguna brizna de liderazgo de persuasión (Gorbachov), que contrasta con esa concepción del líder fuerte que tan bien estudió Archie Brown, por cierto elogiosamente citado en esta obra.

Reseñar el contenido de este libro sería impertinente por mi parte. Las complejidades del contexto en el que se mueve cada personaje (desde Rusia o la Unión Soviética al Reino Unido, pasando por la Alemania nazi que rompe el país, luego reconstruido y después reunificado, sin olvidar la Francia de la Resistencia y de la IV y V Repúblicas, la Italia fascista o la España totalitaria/autoritaria, así como, la anécdota de la Yugoslavia unida y más tarde fracturada) son muy bien tratadas por quien es un historiador con largo oficio.

En estos momentos me interesa más destacar el inquietante análisis psicológico que lleva a cabo el autor de quienes llegaron a disponer de un poder casi absoluto (Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco o Tito) y, salvo la excepción del primero, con larguísimas estancias en la primera línea de mando, o de quienes ejercieron también un poder transcendental en determinados momentos históricos excepcionales, aunque fueran breves y en contextos muy diferenciados (Churchill, Gorbachov), o prolongaron su ejercicio durante varios mandatos en distintos sistemas democrático-liberales (fue también el caso de Churchill, pero sobre todo de Adenauer, De Gaulle, Thatcher o Kohl).  

Sin ser, por tanto, un psicólogo, Ian Kershaw retrata la personalidad de esos liderazgos con especial destreza. Pone el foco en esos liderazgos carismáticos, en ocasiones de personalidades autoconstruidas por una maquinaria de propaganda aplastante (mercadotecnia política avant la lettre), donde se destacan atributos inexistentes que las masas (ese “cortejo de creyentes” como diría Weber) terminan interiorizando o padeciendo; pero, especialmente,  el autor pone también énfasis en ciertos atributos, encantos o atractivos (algunos evidentes y otros más bien ocultos) que tales líderes poseían para garantizar el culto a su figura, el seguimiento político o, en fin, la aceptación convencida o fingida de su poder de liderazgo. Bien es cierto que el contexto institucional es radicalmente diferente en un régimen totalitario, fascista o en una dictadura (por mucho que pretenda ser del proletariado) frente al sistema democrático-liberal, donde por esencia el poder es limitado (salvo circunstancias de excepción constitucional). El liderazgo político en ambas circunstancias poco o nada tiene que ver. Aún así las coincidencias de carácter son más frecuentes de lo deseable.

Doce perfiles de liderazgo y personalidad: inquietantes elementos comunes, matices y una excepción

Lenin, por ejemplo, era un individuo obsesivo, intolerante e inflexible con quien discutía sus puntos de vista. Su delicada salud le conducía a veces a “buscar alivio en volcánicas explosiones de rabia”. La construcción leninista, como expone el autor, sentó los cimientos de la desviada evolución ulterior de la URSS, aunque no sea una tesis siempre compartida. Mussolini, por su parte, tenía una personalidad despótica, era “terco e intolerante (también) a cualquier parecer contrario al suyo”, vengativo y defensor de la violencia como método político.  Se caracterizaba por su doblez política, sus habilidades tácticas y el sentido de oportunismo; aun así, fue, frente a Hitler, un dictador débil, causante de “la desastrosa gestión de la guerra”. Lo que “dejó tras de sí fue un país en ruinas”.

Hitler, a quien Kershaw conoce muy bien, era inicialmente el arquetipo “de hombre sin cualidades”. Fue siempre “un individuo autoritario, colérico, intolerante y egocéntrico”; de comportamiento antihumano y expresión viva “del odio racial”, que “no dejó tras de sí nada constructivo”, sino una monumental devastación y un horrible Holocausto, entre otros ejemplos de un legado que prácticamente nadie reclama. Por su parte, el sello que Stalin imprimió a su régimen “fue el del terror”: el número de personas ejecutadas, encarceladas o confinadas en condiciones inhumanas “se cuenta por millones”. Con un marcado desorden de personalidad y un temperamento paranoico, “veía traiciones (cuando no trotskistas) por todas las esquinas”. Era “una persona profundamente vengativa” e inmisericorde con sus víctimas (aquí las personalidades de Stalin y Hitler se entrecruzan, pues ambos fueron la expresión más sombría “de la importancia que puede llegar a tener el individuo en la historia): “La vida humana carecía de valor a sus ojos”.

El contexto institucional y la cultura democrática en la que emergió el diletante político que fue Churchill, era radicalmente distinto. En sus rasgos de personalidad “era extremadamente egotista”, con una inquebrantable confianza en sí mismo “y una arraigada tendencia al autoritarismo”, con tendencias innatas dictatoriales. Asumió el poder a los sesenta y cinco años de edad. Y el contexto de la Segunda Guerra Mundial lo encumbró a las más altas cotas del liderazgo político, al menos durante esos años. Su lema preferido fue el de “Tomar medidas hoy mismo”. Como señala Kreshaw, tal como les ocurre “a muchos de los líderes que prueban el elixir del poder, también Churchill se resistió a dejarlo”. Volvió al poder con setenta y siete años. Pero ya no era el mismo, ni tampoco las condiciones. Al otro lado del canal, sobre quien fuera Presidente de la V República francesa, se construyó lo que el autor denomina como “el mito de De Gaulle”. Era un tipo, tal como lo sufrieron quienes con él bregaron,  “soberbio, intolerante, áspero y bruscamente desdeñoso”. Con un “autoritarismo instintivo” que se mezclaba con un carácter dominante, si bien enmarcado en la Constitución (en especial en la que promovió y le ha sucedido). También era persona obstinada, con actitud altanera y de “modales frecuentemente desabridos”. Así no es de extrañar que chocara con Churchill, temperamentalmente muy próximo, si bien con flema británica. Su legado fue, sin duda, la duradera Constitución de la V República Francesa, hecha en buena medida a su imagen y semejanza, que acabó con el inestable régimen político de la IV República.

Adenauer, por su parte, pasó de ser alcalde de Colonia, durante la República de Weimar y tras sobrevivir al nazismo, a ser elegido Canciller, “por un solo voto … el suyo”. Llegó al poder con setenta y tres años y con la advertencia de su médico de que no podría permanecer en el mando más de un año. Estuvo catorce, hasta los 87 años. La reconstrucción de una Alemania Occidental devastada es en parte su gran legado. Hombre con particular ambición, fuerte personalidad, dotado de habilidad, perspicacia y determinación, pero también de rasgos mucho menos amables: “Era de lo más tenaz y mostraba una tendencia inequívocamente autoritaria”.  

Menos interés y trascendencia para el devenir de Europa tuvieron los perfiles de Franco y Tito, a quienes el autor dedica sendos capítulos. De Franco destaca su carácter “reservado y distante, frío desde el punto de vista emocional, cautelosamente calculador (…) y cruel con sus enemigos derrotados”. Además, señala, “era ambicioso”, con total falta de humanidad en el trato hacia sus enemigos políticos en España”. Fomentó un sistema “que se apoyaba en un nivel tremendo de corrupción y sobornos”, como argamasa que unía a la élite política y económica. Su legado, aunque el autor no es tan contundente, fue un total desastre. Una España más rota, que hubo de coserse de emergencia en los años de la transición. Quedaron muchas heridas sin curar y un sinfín de problemas abiertos. La personalidad de Tito, en el otro lado de la trinchera ideológica si bien en un marco también totalitario/autoritario, era la propia “de los dictadores (y en cierta medida de todos los líderes políticos): era implacable». Sin acercarse a la crueldad de Stalin (de quien escapó astutamente de sus garras), mostraba una dureza inflexible. Tenía “un carácter violento que se convertía en furia repentina”. Su autocracia comunista terminó siendo grotesca a los pretendidos ideales socialistas que decía defender: gozaba de un lujo obsceno y enfermizo. Su legado más que efímero fue inexistente. La Yugoslavia unida se fragmentó en “mil pedazos” aun pendiente de algunos ajustes.

Margaret Thatcher estuvo el en poder casi doce años. Su acceso, como en casi todos los casos, vino de la mano de las circunstancias. En un contexto de declive del Reino Unido, su imagen pública de persona inflexible le favorecía: “se desenvolvía bien en la discusión áspera y la disputa enconada”. Tenía un evidente vicio a “la arrogancia del poder”, que “le volvió funestamente impermeable a cualquier consejo que no le gustara”. Apadrinaba a los suyos («¿Es de los nuestros?, siempre preguntaba) y demonizaba o aplastaba a quien no comulgara con su ideario. Sagaz políticamente, tenía una cierta adaptación oportunista, lo que no desmentía su dureza. Fue conocida como la “Dama de Hierro”, y posiblemente con su marcada hostilidad a la profundización de la integración europea se ha convertido, pasados los años y ya “desde la tumba”, en “la madrina del brexit”, También, con su marcado sello neoliberal, puede ser considerada como la precursora de la polarización política y del populismo de derechas.

Gorbachov, a juicio de Kreshaw, “fue, a todas luces, el personaje europeo más sobresaliente de la segunda mitad del siglo XX” (juicio que agradará sin duda a mi buen colega en inquietudes públicas Jesús López-Medel, estudioso atento del personaje). El perfil de la personalidad de Gorbachov que dibuja el autor es bastante más amable: de inextinguible autoconfianza, optimismo ingenuo, capacidades de persuasión e inagotable energía. Se tuvo que enfrentar a una tarea hercúlea. En su juventud, “fue un muchacho seguro de sí mismo, muy inteligente y sumamente resuelto (…) y con una notable habilidad para someter a los demás a su voluntad”. Aun así, lo apostó todo al cambio político y no al económico (luego reconoció el error), lo que le mereció críticas muy duras del líder chino Deng. Su estilo de liderazgo era, en efecto, muy distinto a los antes expuestos: “Combinaba el entusiasmo y el optimismo natural con el encanto personal, la elocuencia y una inteligencia manifiesta. Se valía de la persuasión, no de la imposición”. Aún así, “tenía en sí mismo una confianza que rayaba en la arrogancia”. Tal como concluye el autor: “cabe decir rotundamente que (a pesar de su escaso tiempo en el poder) un individuo cambió la historia, y fue para bien”.

Y el libro se cierra con el semblante de Helmut Kohl, “canciller de la unidad, impulsor de la integración europea”. Frente a la talla política de sus predecesores (Brandt o Schmidt), parecía una figura un tanto mediocre y carente de carisma. Sin embargo, “tenía una insaciable ansia de poder político. Y para él el gobierno era un vehículo de poder personalizado”, como lo es todavía para líderes políticos más cercanos. Su estilo era anticuado, y “cada vez más autoritario”. Patoso en las relaciones exteriores, fue corrigiendo gradualmente esos efectos, hasta triangular bien con Gorbachov y con Reagan. Tuvo la suerte de coincidir históricamente con el primero que le allanó el camino a la gloria política de la reunificación de Alemania, así como con la colaboración de Bush (padre) en ese objetivo. Ese fue su gran legado.

Preocupa, en fin, dentro de las grandes distancias, las relativas coincidencias en muchos de estos perfiles de liderazgo de rasgos de personalidad marcados por la intolerancia, el autoritarismo o la soberbia, que en algunos casos se mezclan con un culto totémico a la personalidad narcisista y en otros con evidentes rasgos de psicopatía (más común de lo deseable en los liderazgos políticos), hoy en día también arraigados en la política española. Como bien dice Kershaw, “el caso de Gorbachov es, en cierto modo anómalo”. En todo caso, al menos los líderes de los sistemas democrático-liberales tienen mandatos limitados y deben sujetarse a restricciones en su ejercicio del poder, propias del juego del principio democrático y de separación de poderes. Pero es cierto, como concluye el autor, que,  incluso en las democracias liberales con sistemas de pesos y contrapesos, un ejercicio continuado del poder tiene el potencial de erosionar esos límites constitucionales y ofrecer rasgos despóticos. En algunos casos, es más, en mandatos cortos (como vimos con Trump, entre otros malos ejemplos) también se intenta, erosionando gravemente la estabilidad constitucional de un país. Y la sentencia de Ian Kershaw es muy ilustrativa: “La concentración del poder mejora las perspectivas del impacto potencial del individuo, aunque muchas veces con consecuencias negativas, a veces catastróficas” (cursiva del autor).

EL FRACASO DEL EMPLEO PÚBLICO COMO INSTITUCIÓN

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(Imagen cedida por Fernando Escorza Muñoz, reservados los derechos de reproducción)

“La naturaleza de las instituciones burocráticas es igual o incluso más importante que la naturaleza de las instituciones políticas”

(Dahlström y Lapuente, Organizando el Leviatán, Deusto, 2018, p. 243)  

De la Función Pública al Empleo Público

Cuando han transcurrido más de quince años desde la aparición normativa de esa institución bastarda denominada Empleo Público (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; hoy en día, TREBEP), bien se puede concluir que su inserción se ha saldado, en términos analíticos, como un rotundo fracaso.

Desdibujada la institución secular de la Función Pública y sumergida en los evanescentes contornos de lo que es esa entidad emergente del Empleo Público, que ya se ha extendido –rompiendo las costuras normativas del propio TREBEP- al sector público empresarial y fundacional (algo que ya hicieron las leyes de PGE de la anterior crisis, y han reforzado la Ley 20/2021, el Real Decreto-Ley 32/2021 y el reciente Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI), el foco de la nueva institución se puso en la dimensión subjetiva (el empleado público), que  se convierte así en el punto determinante del problema, y, por tanto, la finalidad de la institución se reduce a la mejora de las condiciones laborales (muy superiores, por lo común, a las del sector privado), más retribuciones, y más derechos de los empleados públicos. Las responsabilidades, la ética del servicio público o el viejo concepto de los deberes, son cosas del pasado. Ya no interesan. El empleo público ha laboralizado hasta los tuétanos la función pública, difuminando su rol institucional. El paralelismo empresarial trasladado al sector público resulta grotesco.

La tradicional institución de la Función Pública, como su propio enunciado indica, tiene su fundamento histórico en ser una institución del Estado cuya legitimidad democrática implica servir a la ciudadanía como razón última de su existencia. En efecto, en un Estado democrático y social de Derecho en el ADN de la institución de Función Pública está la idea de servicio público efectivo, pues la ciudadanía es su razón existencial. El Empleo Público (creado por el Estatuto Básico del empleado público), sin olvidar retóricamente esos fines, pone por delante la necesidad existencial de atender primero a las exigencias y reivindicaciones de quienes deben prestar tales servicios (empleados); legítimas, pero no existencialmente determinantes. El ciudadano pasa a ser, así, un mero receptor anónimo y pasivo de tales servicios, abandonando su posición central de fuente última de legitimidad del poder burocrático en un Estado democrático, así como de patrono efectivo de quienes prestan tales servicios públicos, pues al fin y a la postre sus emolumentos proceden en última instancia de las contribuciones fiscales de la ciudadanía. En Empleo Público los patronos son los políticos, con los cuales se trata de trenzar una comunión espuria de intereses (partidos-sindicatos) al margen de la ciudadanía. La Administración se traviste de “empresa”, con la gran ventaja de que vive enchufada a los presupuestos públicos y de cuyos resultados nadie al parecer rinde cuentas.

Los subsistemas de empleo público en la AGE y en las administraciones territoriales.  

Bien es cierto que la institución de la Función Pública derivó en diferentes momentos de nuestra historia administrativa en corporativismo, hoy en día aún existente, por ejemplo, en diferentes cuerpos de élite de la Administración General del Estado. La alta función pública de la AGE tiene, en efecto, algunos problemas endémicos de notable gravedad (sistemas de acceso basados en algunos parámetros obsoletos, lejanía y falta de expresión de la diversidad territorial, social y lingüística de España, acantonamiento corporativo en estructuras cerradas e incomunicadas, etc.), que no son precisamente menores, aún así representa en estos momentos el último vestigio de lo que fue una institución tradicional de Función Pública en fase de extinción, lo que es un incentivo más para plantear también su necesaria reforma.

Las Administraciones territoriales (Comunidades Autónomas y entidades locales, entre otras), aparentemente guiadas por un isomorfismo institucional, en la práctica han construido subsistemas de empleo público vicarios en buena medida del poder político de turno, dotados de una evidente falta de capacidades ejecutivas y asimismo de una más que notable imposibilidad fáctica de atraer talento a su sector público, conformando –con mayor o menor intensidad, según los casos- burocracias administrativas generosas en su número y condiciones (mejores que las de la AGE), volcadas al trámite o gestión departamental o sectorial,  a las que se accede  en algunos casos (lo cual es un fuerte déficit) sin especiales exigencias técnicas (tampoco idiomáticas, salvo sus lenguas propias donde las haya), no fomentando, salvo excepciones puntuales y como tampoco lo hace la AGE, la creatividad, la innovación, incluso de la capacidad de iniciativa, por no citar en algunos casos la perversa tendencia a una baja implicación, solo limitada por el esfuerzo siempre generoso de algunos funcionarios clave. El resultado son subsistema de empleo público planos alejados de los desafíos actuales y de la inevitable transformación de lo público. Dicho en palabras más llanas: inservibles, amén de caros, para lo que España y sus territorios necesitan y necesitarán en los próximos años.

Además, el empleo público como institución se retroalimenta a sí mismo. Crea burocracia y cargas administrativa para justificar su propia esterilidad existencial. Lo importante a sus efectos es que haya empleados públicos, cuantos más mejor, lo que hagan y cómo lo hagan pasa a ser una cuestión adjetiva, puesto que atender los servicios públicos, en ese enfoque hoy día dominante, es cuestión de número, no de calidad de las prestaciones ni menos aún de gestión de la diferencia. Sorprende así que en el reciente Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito el pasado 19 de octubre de 2022, cuando ya hemos entrado de lleno en la tercera década de este siglo, se hable de “retener y potenciar el talento”, pero no se haga ninguna mención a cómo atraerlo y menos aún a cómo captarlo, como si tal atributo fuera un don de la humanidad en general y de la juventud en particular. El relevo generacional se viste de “juventud”, condición necesaria, pero en ningún momento se habla de atraer a los mejores. Hablar de talento público se ha convertido hoy en día en un mito o eslogan vacío, más aún cuando el sesgo dominante de los actuales procesos de incorporación de efectivos al sector público (unos por exceso formal y la mayor parte por defecto material) van precisamente por el camino contrario. La atracción de la función pública de élite en la AGE convence sobre todo a hijos de altos funcionarios (por razones de estatus), a aquellos que pretenden utilizar el acceso a un cuerpo como trampolín al enriquecimiento en el sector privado o a quienes quieren vivir de la nómina pública el resto de sus días. También los hay que son llamados por la idea de servicio público, pero no tantos como debiera. En el empleo público territorial, la opción dominante es por la comodidad existencial (proximidad) y por la seguridad que proporciona trabajar en lo público, con bajas o inexistentes exigencias de acceso. Tengan claro que nunca habrá talento en el sector público si el acceso está reñido con la gestión de la diferencia y la promoción del mérito. Nada se retiene y menos aún se promueve, cuando no existe. El llamado talento público es expresión hoy en día fortuita de una individualidad, algunas veces incluso extravagante e incómoda en estructuras planas e inservibles, no es una política de recursos humanos de la función pública. No nos engañemos.

Un modelo fracasado. Tres ejemplos: Digitalización, gestión de fondos europeos y (falta de) continuidad de los servicios públicos.

Hay muchos ámbitos donde el fracaso de la institución del Empleo Público se palpa de modo diáfano. Uno de ellos es la digitalización mal entendida, proyectada esencialmente en clave endógena (más recursos tecnológicos para la Administración “electrónica” y más competencias digitales para su personal), con el efecto placebo de mejorar (aparentemente) la eficacia de los servicios internos, pero que, sin darse cuenta, está configurando en muchos casos  una Administración distante  y antipática como fortín inaccesible a la ciudadanía que, tras la fría pantalla y la despersonalización del trato maquinal, está empezando a ofrecer rasgos de fuerte deslegitimación y, por añadidura, también hacia quienes a ella dicen servir. Una Administración Pública que funciona de modo intermitente a pleno rendimiento escasamente siete meses al año, mientras que en el resto del período anual (por cierto, casi toda a la vez) buena parte de su plantilla vaca, disfruta de permisos y licencias, o se construye “puentes o acueductos”, difícilmente puede garantizar el también tópico de la continuidad de los servicios públicos. Guste más o guste menos, con excepciones que sin duda las hay, y por muchas más razones que no se pueden sintetizar aquí, los servicios públicos a la ciudadanía funcionan cada día peor, por mucho de que, tras más de treinta años, se siga insistiendo en la persistencia inútil de modernizarlos (expresión, por cierto, gastada ad nauseam).

Los ejemplos se podrían multiplicar. Pero el más lacerante en estos momentos se halla en el fracaso de conducción y gestión que están suponiendo los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación. Tras casi año y medio desde la aprobación del PRTR por la Comisión, parece obvio resaltar que los fallos de gestión  son clamorosos. Como ya indiqué en su momento, las posibilidades de que tal gestión se atragantara era un riesgo evidente, que parece confirmarse. La Administración General del Estado se echó bajo sus espaldas un pesado fardo de gestión (con evidentes intenciones políticas de rentabilizarlo políticamente en el próximo año electoral), articulando un modelo de Gobernanza cuarteado en Departamentos y con un liderazgo ejecutivo orientado a la fiscalización de los recursos, pero sin apenas liderazgo coordinador efectivo. Además, la AGE pretendía modificar su estructura de funcionamiento a través de la multiplicación de las unidades provisionales de gestión departamental de fondos que tenían como misión captar talento interno en una materia en la que los recursos personales de gestión no abundaban y que más bien había que crearlos ex novo con programas formativos, que han sido impulsados con notable tibieza. Pero lo más serio es que se olvidaba que la AGE  podía tal vez ser una organización con fuertes atributos de concepción y coordinación, pero sin apenas músculo ejecutivo (salvo en departamentos puntuales). Gestionar fondos europeos sin capacidades ejecutivas detectadas, tal como advirtió Mariana Mazzucato, se  convertía así en una misión imposible. Que es lo que está pasando. Unos (AGE) echan la culpa a otros (CCAA) y estos a aquellos. Y la casa sin barrer.

El enorme retraso en el proceso de gestión de fondos europeos se ha pretendido resolver en algunos casos puntuales con el recurso fácil de la externalización. En otros casos se ha acudido a la búsqueda inútil  de “talento externo” (contrataciones) o la captación de directivos temporales provenientes del sector privado (lo mismo que meter un pulpo en un garaje). Llama así la atención que, tanto en la Administración General del Estado como en numerosas Comunidades Autónomas (en algunos casos de forma muy reciente), se haya llegado a la lapidaria conclusión de que no existen recursos personales internos (esto es, que no hay el tan manoseado talento interno del RDL 36/2020) para llevar a cabo tal gestión de fondos europeos. Si una institución de función pública o de empleo público es incapaz de proveer del talento y de la capacidad de gestión necesaria para afrontar un desafío contingente en el que el país se juega parte de su futuro existencial, sencillamente cabe concluir que no sirve para los fines que fue creada.

Los desafíos pendientes y la oportunidad perdida: ¿Reconstruir la Función Pública?

El reiterado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, aboga por reformas en el marco legislativo actualmente existente para insertar las mejoras  en el estatuto  de los propios empleados públicos. La visión estratégica de este Acuerdo es muy limitada y timorata. Da la impresión de que se ha perdido una oportunidad histórica para llevar a cabo un verdadero diálogo social estratégico, que pusiera frente al espejo los verdaderos problemas por los que atraviesa esa institución que se rebautizó con el enunciado de Empleo Público. Tal vez ha llegado el momento de repensarla por completo y abrir un proceso de reflexión estratégica que redefina su inevitable transformación para que las Administraciones Públicas se enfrenten a los enormes desafíos que se plantean en esta tercera década del siglo XXI, ya que con este destartalado empleo público actual nunca se podrán abordar de forma cabal.

Algo habrá que hacer para afrontar, entre otras muchas cosas, la recuperación económica y la necesaria resiliencia de nuestro sector público, amén de su inaplazable transformación; la revolución tecnológica y sus inmediatos impactos en su afectación tanto al número como al perfil de los empleos (funciones y tareas) que requerirá la Administración Pública antes de 2030; el imparable relevo generacional que implica un desafío de magnitudes estratosféricas frente al cual las Administraciones Públicas, conducidas por una política miope, no tienen aún ni siquiera una hoja de ruta clara sobre cómo enfrentarse a ese problema; y en fin, por no seguir, cómo encarará el sector público los monumentales desafíos, que ya no son amenaza sino realidad palpable, de los devastadores efectos del cambio climático o de la propia gestión de los ODS de la Agenda 2030, cuya transversalidad exige una organización distinta, mucho más flexible y adaptable, que trabaje por misiones (véase, por ejemplo, el interesante caso del Ayuntamiento de Valencia: Misión Climática 2030), module el rol de los silos o departamentos, y, por lo que ahora nos convoca, que disponga de servidores públicos con una mirada, un marco conceptual, así como unas herramientas de gestión absolutamente distintas y distantes de las que actualmente manifiesta un empleo público que, como institución, se muestra obsoleto, caro e incapaz, por lo menos hasta ahora, para dar una respuesta  mínimamente convincente a todos y cada uno de los problemas expuestos.  En suma, se constata fehacientemente el fracaso de un modelo.

CRISIS INSTITUCIONAL Y SEPARACION DE PODERES EN UN ESTADO “CLIENTELAR” DE PARTIDOS

oregano comido (1)

(Foto cedida por Fernando Escorza Muñoz, reservados los derechos de reproducción)

“El poder del político para designar al personal de los organismos públicos, si se emplea de una manera implacable, bastará a menudo por sí mismo para corromper dicha función supervisora”

(Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y democracia, vol. II, Página Indómita, 2015)

Degradación institucional y papel de los partidos

El deterioro institucional de las instituciones en España viene de lejos, aunque se haya agudizado recientemente por la confluencia, principalmente, de dos elementos: en primer lugar, la polarización política extrema que, rotos los escasos puentes existentes, ha conducido a insensatas políticas de bloqueo o de manifiesta incapacidad negociadora, pero también a una concepción cada vez más acentuada de que las instituciones son “un cortijo” propiedad del Gobierno de turno y del partido mayoritario de la oposición; y, en segundo lugar, paradójicamente, el cada vez más bajo sentido institucional de representantes, gobernantes y cargos institucionales, que extraídos, por lo común, de menguantes nóminas de militantes y de fieles, dependientes o “independientes”, de los partidos en liza, ha contribuido a que esas instituciones se desangren y pierdan altas dosis de credibilidad ciudadana.

Cuanto menos militancia y predicamento en la sociedad civil tienen los partidos, más cerrados y oligárquicos se están volviendo. Alejados cada vez más de la sociedad (Piero Ignazi, Partido y democracia, 2021), su continuidad existencial depende en última instancia de seguir viviendo enchufados a los presupuestos públicos y de disponer de un abanico de poltronas (representativas, institucionales o de cargos directivos en la administración y en su sector público) para repartir presupuesto entre los suyos y sus allegados. Ese parece ser el pegamento ideológico que da cohesión hoy en día a unos partidos que, como reconoció Peter Mair (Gobernando el vacío, 2015), viven adosados al Estado, y hacen del populismo y la demagogia sus señas actuales de identidad. Que nadie se sorprenda, por tanto, si la ciudadanía les vuelve la espalda y la antipolítica crece.

El intento de control de las instituciones por los partidos es una tendencia general, pero en España adquiere tintes descarados. Tampoco es de ahora, aunque ahora se advierta más, o muestre su rostro  más feo. En este país, los problemas anudados a tal patología institucional se multiplican también por dos tipos de circunstancias: por un lado, en términos cuantitativos la ocupación partidista de las instituciones y administraciones públicas adquiere unas dimensiones estratosféricas, que son desconocidas en las democracias avanzadas de nuestro entorno; y, por otro, debido a nuestro pesado legado histórico y al secular desprecio por el papel las instituciones, la cultura institucional está en caída libre. El sentido institucional brilla por su ausencia. Apenas cotiza.

El principio de separación de poderes entre legitimidad democrática, corporativismo e imparcialidad

La carencia de cultura institucional implica que prácticamente por ningún líder ni fuerza política se advierta que el constitucionalismo es, en esencia, un límite al ejercicio del poder, y de que una pieza esencial del funcionamiento institucional de un sistema de separación de poderes radica en diseñar y aplicar de forma adecuada mecanismos efectivos de pesos y contrapesos como frenos del poder, pues tales límites o restricciones son –según reconoce Fukuyama- “una especie de póliza de seguros” del Estado Constitucional (El liberalismo y sus desencantados, 2022), que le diferencia de las autocracias, donde los límites institucionales al poder apenas existen.

Bien es cierto que la separación de poderes convive necesariamente con la legitimidad democrática. Sin embargo, fue antes el huevo que la gallina. Suman, no restan. La arquitectura institucional de pesos y contrapesos nació ante que el Estado democrático, como un diseño institucional encaminado a limitar el poder despótico. El fundamento exclusivo en la legitimidad democrática de los nombramiento de cargos o de personal directivo, sin enmarcarlo adecuadamente en la estructura institucional en la que opera, conduce inevitablemente a la politización de las instituciones y de su propio funcionamiento, supone la quiebra la continuidad institucional (siempre vicaria de la contingencia del poder político de turno) y traspasa el campo de batalla de la lucha política descarnada, tal como estamos viendo a menudo, a las instituciones de control, reguladoras o a la alta Administración. Todo se resume en el nocivo dilema de “si es uno de los nuestros”.

En un contexto de alta polarización, la incidencia de la política sobre las instituciones puede ser letal. Efectivamente, los poderes y su pretendida división y control se difuminan en el juego de mayorías/minorías o en el enfrentamiento de bloques, reduciendo la vida institucional a una prolongación de la dicotomía schmittiana entre “amigo/enemigo” político. O dicho de otro modo, quien gana las elecciones se lleva todo (especialmente en aquellas instituciones que se renuevan al ritmo o en los plazos de cada mandato político), pero la legitimidad del sistema sangra sin parar. Así, sin contrapesos efectivos, la fuerza del poder (sea este de derechas o izquierdas), se transforma fácilmente, como describió magistralmente Montesquieu (siempre tan citado y pocas veces leído o comprendido), así como por el oráculo de Ciencia Política que fue El Federalista, en abuso flagrante, despotismo benigno (Tocqueville) o, inclusive, en pura tiranía. Donde no hay frenos institucionales, el poder tiende al abuso. Está en la naturaleza de las cosas.

Pero conviene advertir de inmediato que tampoco la separación de poderes se salvaguarda, ni muchísimo menos ahogándola en el corporativismo. El péndulo español de nuestra historia político-constitucional nos ha dado un largo período de liberalismo aparente o formal, junto a varias décadas de predominio corporativo. Somos hijos de ese perverso enfoque bipolar: politización/corporativismo. El saldo, es un fracaso rotundo del país en términos de estabilidad constitucional y gubernamental o administrativa. Por tanto, la despolitización de las instituciones no se garantiza con un mayor peso del corporativismo hasta el punto de hacerlo dominante (sea en el gobierno del Poder Judicial, sea en la alta Administración Pública o sea en cualesquiera otras instituciones permeables a tal patología), sino que se asienta en un justo equilibrio entre legitimidad democrática y articulación efectiva de un sistema de contrapesos,  que comporte no solo dotar de garantía orgánica de independencia o autonomía funcional a las estructuras institucionales, sino también proveerlas de perfiles personales en su composición que salvaguarden y hagan efectivos los principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad en el desarrollo de sus atribuciones y en el funcionamiento de las instituciones como órganos de control, reguladores, de gobierno o de dirección pública. Todo ello adaptado al tipo y sentido de cada institución.

En efecto, no es lo mismo proveer de nombramientos para el Tribunal Constitucional, el CGPJ, la CNMC u otras autoridades independientes o para la alta Administración Pública; pues el rol institucional de cada órgano en el esquema de división de poderes y de control del poder es muy distinto, por lo que el peso de la discrecionalidad política (asentada en el principio de legitimidad democrática) juega en el marco de los contrapesos de la limitación del poder y, por tanto, debería ser decreciente conforme el papel de las instituciones fuera, por ejemplo, predominantemente de control y regulador, donde esas garantías deberían ser máximas; o consistiera en funciones de Gobierno de un poder del Estado (como es el Consejo General del Poder Judicial), donde esas garantías deberían ser también muy reforzadas con la finalidad de evitar la politización de la justicia, su dependencia del poder político y, por consiguiente, la puesta en duda de su  actuación imparcial, atributo sobre el que se asienta la confianza ciudadana en ese poder del Estado; o, en fin,  en la provisión de cargos directivos en la alta Administración, donde tales garantías deben estar presentes también, pudiendo estar combinadas (si bien no necesariamente) con un razonable margen de discrecionalidad, que solo debería desplegarse una vez acreditados tales perfiles profesionales (competencias) ante una autoridad independiente de nombramientos (como es el caso de la CRESAP, en Portugal) por quienes aspiran a esos niveles de responsabilidad. En España estamos a años luz de tales experiencias y algunos intentos (salvo en el mundo de la cultura) se han saldado con estrepitosos fracasos por el pésimo diseño procedimental y el manoseo político indecente (RTVE). Si el mérito no funciona y la designación pura política se impone, la captura de las instituciones por los partidos es un hecho inevitable, salvo que se rescate del baúl de la historia el mecanismo de elección por sorteo (Bernard Manin).

España como paradigma de un Estado clientelar de partidos

Lo cierto es que difícilmente puede actuar como contrapeso del poder (y, por tanto, de forma imparcial, profesional e íntegra)  quien es amigo del Gobierno o de los partidos que le han promovido y que en no pocos casos ha sido colocado en las instituciones de control para actuar como correa de transmisión del partido que le propuso. Como expuso Pierre Rosanvallon en el que es probablemente el mejor libro para comprender el papel de los órganos de control en un sistema constitucional (La legitimidad democrática, 2010), “la imparcialidad es una cualidad y no un estatus”. Sin instituciones de control independientes e imparciales, pero sobre todo sin personas que las compongan que actúen bajo las premisas de la profesionalidad, imparcialidad, reflexividad e integridad, el sistema constitucional se aproximará cada vez más a una oligarquía constitucional; un régimen que echó raíces profundas en España y que denunció Joaquín Costa hace más de 120 años. ¿Ha cambiado algo desde entonces? No lo parece. España sigue anclada en ese oscuro pasado en el que, tal como se dijo, “el caciquismo (hoy clientelismo) no es (solo) un vicio del Gobierno; es una enfermedad del Estado (y de la sociedad)” (Altamira, Buylla, Posada y Sela; “Observaciones” al informe de Costa sobre Oligarquía y caciquismo como la forma actual de Gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla II, Guara, 1982, pp. 81-82).

Tampoco parece de recibo que se pretendan utilizar las instituciones de control del poder, pervirtiendo su naturaleza y función, como medio de hacer oposición política partidista por vías paralelas cuando no se dispone de la mayoría, ya sea para bloquear esta (vetocracia), o ya sea en prevención de que el poder se pueda perder a corto o medio plazo con la finalidad de hacer la vida política más incómoda al gobernante de turno. Esa estrategia política chusca con efectos instantáneos o diferidos (practicada por doquier), comporta empujar a las instituciones al barro político. Por consiguiente, a la destrucción de su legitimidad institucional y condenarlas al desprecio ciudadano.

España no tiene ni ha tenido tradición democrática liberal en la aplicación efectiva del principio de separación de poderes. Y esa cultura no se adquiere en pocos años ni siquiera en pocas décadas, sino que se asienta con el gradual, equilibrado y correcto ejercicio del poder en el marco de los límites de la política institucional. Incumplir procedimientos daña seria y profundamente la credibilidad e imagen institucional; pero  ofrecer un constante espectáculo de “reparto de cromos” entre el cártel de los partidos (Katz) también afecta  gravemente a la confianza ciudadana y erosiona la democracia.

El hecho evidente es que España, con las profundas raíces de un histórico caciquismo hoy día mutado en clientelismo voraz, representa en estos momentos el vivo paradigma de lo que se puede calificar sin ambages como un Estado clientelar de partidos. El manoseo institucional, más o menos grosero, ha formado parte de la política española desde los primeros pasos del Estado Liberal y se ha practicado con empeño creciente desde 1978 a nuestros días, momento en el que el deterioro institucional amenaza ruina. La clave diferencial radica en que antes, por lo común, los nombramientos recaían sobre personas de cierto prestigio académico o profesional, mientras que en los últimos tiempos se buscan perfiles vicarios, fieles o férreos guardianes de la política del partido que se traslada sin rubor a esos espacios institucionales como prolongación de la política partidista. Hablar en este contexto de separación de poderes y de confianza ciudadana en sus instituciones, es una mera ficción de burdos ilusionistas políticos, en los que ya pocos creen. Y no es buena noticia, precisamente. Tampoco para ellos.

CAMINOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

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“La inteligencia artificial está invadiendo silenciosamente nuestras vidas”

(José Ignacio Latorre, Ética para las máquinas, Ariel, 2019, p. 225)

“En vérité, l’idéologie libérale qui les irrigue depuis leur origine jusqu’à aujourd’hui les rend aveugles à d’autres enjeux cependant connexes. Aucune autre motif que le respect de la vie privée, ne les préoccupe”

(Éric Sadin, L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un antihumanisme radical, Éditions l’Échapée, París, 2018, p. 233)

Felipe Gómez-Pallete y Paz de Torres han escrito un libro –con prólogo de Antonio Garrigues Walker y epílogo de Fernando Gonzáles Urbaneja- que califican de divulgativo, pero que es bastante más que eso, aunque también lo sea. Muy bien escrito, con pulso narrativo mantenido y una excelente sistemática, también muy trabajada, Que los árboles no te impidan ver el bosque  (ACCD/Círculo Rojo, 2022) tiene un subtítulo (Caminos de la Inteligencia artificial) que es realmente el objeto de la monografía, pues se ocupa “de uno de los fenómenos más complejos e influyentes de nuestro tiempo, la así llamada inteligencia artificial” (IA), e intenta desbrozar para el lector profano cuáles son los inciertos senderos por lo que tal noción, tan popular y desconocida al mismo tiempo, podrá transitar.

Arrancan los autores de las dificultades que comporta acotar qué sea realmente la IA, cuando –como bien dicen- ni aún hemos conseguido el consenso científico necesario para definir qué es la inteligencia humana. En verdad, con la noción IA lo que se pretende es, al fin y a la postre, imitar lo humano e incluso superarlo, llegando a ese estadio en el que las máquinas vayan más lejos de lo que hacemos las personas y abriendo esa todavía incierta etapa del transhumanismo, tan bien estudiada en sus múltiples incertidumbres y consecuencias por Luc Ferry cuando trata los problemas éticos, jurídicos y sociales del perfeccionamiento humano a través de la ciencia y la tecnología (La revolución transhumanista, Alianza, 2017), donde ya anuncia –como hacen también los autores-  sobre el posible crecimiento de la desigualdad social que esa concepción aumentada puede implicar. Las palabras de Ferry enlazan perfectamente con la obra reseñada: “Aunque estuviéramos convencidos que la IA fuerte solo es una utopía, la IA débil, que ahora supera, y de muy lejos, algunas capacidades intelectuales de los simples mortales, no deja de plantear problemas muy reales”.

Con el objetivo de acotar qué es y en qué se plasma (y en qué se podrá tal vez plasmar en el futuro) eso que denominamos como IA, los autores se acompañan de muy buenos guías intelectuales, tanto de Margaret A. Boden como de Éric Sadin, así como de Ramón López de Mántaras y Manuel Alfonseca, entre otros muchos. 

De la concepción filosófica de Sadin, toman las tres características de la era antropomórfica de la técnica en la que nos hallamos: 1) El antropomorfismo aumentado; 2) El antropomorfismo parcelario; y 3) El antropomorfismo emprendedor. Las inquietudes que abre ese escenario de sustitución, superador del actual enfoque de complemento, no abandona nunca el hilo de reflexión de este sugerente y estimulante libro que aquí se comenta, en cuyo capítulo final (“Implicaciones sociales de la IA”) muestran su verdadera apuesta por que “el desarrollo tecnológico es una creación social” y, por tanto, “no es neutral en modo alguno”. Un discurso y una tesis que atraviesa todo el desarrollo argumental de su trabajo, huyendo de las concepciones deterministas que, con cínica neutralidad aparente, se invocan tan a menudo como argumento legitimador de la IA.  

Si algo cabe resaltar sobremanera de este libro es su claridad sistemática y conceptual. Digna de aplauso. Los autores abordan cuáles son los motores tecnológicos de la  IA, resumiéndolos en cuatro: hardware, software, big data y robótica. Como bien dicen, “nada nuevo bajo el sol”; ya que, además, la IA “es sobre todo la manifestación de una ancestral pulsión humana: la que nos mueve a crear seres a nuestra imagen y semejanza”, que “nos ayuden tanto a superar nuestras propias limitaciones (…) como a deshacernos de trabajos que impliquen monotonía o peligro”. En fin, la IA, concluyen, es la cara moderna “de un impulso atávico”. Se puede ver como mejora (que lo es), pero también como perfección (que lo pretende) o incluso como sustitución (a la que algunos aspiran).

En efecto, tras un sugerente repaso de cuáles son los actores institucionales que interactúan en la IA, De Torres y Gómez-Pallete se adentran en el estimulante ámbito de las dimensiones de la IA y de sus mapas mentales, concluyendo que la IA debe analizarse en su relación con los procesos de decisión a través del siguiente continuum: ayuda, inducción, decisión y actuación; dado que se trata de un “espectro que va desde la IA como mero facilitador, apoyo o soporte de la acción humana hasta la IA como prótesis de nuestra soberanía”, que podría incluso alcanzar “nuestra autoexpulsión, irrelevancia” o, incluso, prescindir de nosotros mismos, lo que los autores califican como prescindencia, a la que dedican unas importantes reflexiones epilogares. Todo ello levanta sospechas evidentes a quienes escriben, pues efectivamente se advierte un “empeño adanista por presentar a la IA como un fenómeno disruptivo”, cuyos efectos finales aún están plagados de sombras e incógnitas.

Y en este punto la claridad estructural del discurso ayuda al lector a comprender los plurales efectos que cosa tan ambigua aún como la IA pueda llegar a producir en nuestras sociedades y, especialmente, a las personas. La superación radical de ese mundo analógico para llegar al paraíso artificial, tras una transición más o menos larga (según quien opine) de profundización digital en las tecnologías disruptivas, está, sin embargo, empedrada de innumerables sombras.

Los apóstoles de la singularidad apuestan por una IA aumentada (mayor o superior que la inteligencia humana, IH). Hay, en cambio, quienes más prudentemente se mueven en que IA y IH son diferentes, lo que no implica que puedan ser complementarias (IH + IA), cooperen y sumen esfuerzos. Mientras que hay, por último, opiniones que abogan por una IA que siempre será menor  o inferior a la IH. Las diferencias descritas los autores las sintetizan en cuatro grandes posturas: a) Superación; b) Hibridación; c) Semejanza; y d) Completitud.

Pero, quizás, dónde los retos de la IA se plantean de modo más crudo es, por un lado, en el déficit innegable de regulación (el Derecho, desgraciadamente, va siempre por detrás de la realidad) que hoy en día existe, tanto en la UE como especialmente en España; por otro, en los complejos aspectos éticos que se plantean en torno al desarrollo imparable y acelerado de la IA, que deberían ser abordados a partir de un enfoque de riesgos preventivo desde el diseño a su aplicación, como obligación del investigador y, en su caso, de la empresa que comercialice tales programas, debiendo contrastar sus actuaciones y previsibles resultados a través de comités de ética (al igual que sucede en la biomedicina); y, en fin, en lo que los autores tratan con especial atención como son “las implicaciones sociales de la IA”, donde contraponen, una vez más, la visión del determinismo tecnológico frente a la apuesta del constructivismo social, que defienden lúcidamente.

Partiendo de ese esquema dicotómico, la obra se cierra con unas sucintas reflexiones sobre las que giran los debates entre determinismo y constructivismo social ante la evolución de la tecnología, como son los siguientes:

En primer lugar, el debate de la inteligencia, que abre, sin duda, la incógnita de hasta qué punto el progreso de la IA no conllevará el debilitamiento de las capacidades físicas y mentales del ser humano, lo cual ya fue advertido en su día por el neurocientífico italiano Lamberto Maffei.

El segundo debate es el de la presencia, que conlleva la inquietud y el temor a que el propio ser humano sea finalmente expulsado de sí mismo, lo que podría conducir a la irrelevancia e incluso –como antes advertíamos- a abrir de par en par “las puertas a una nueva desigualdad entre las personas”

En tercer lugar está el debate –del que algo ya se ha dicho- de la regulación. No basta con decir que la IA respete la dignidad humana y los derechos fundamentales, lo que va de suyo en un Estado constitucional democrático y social de Derecho, sino en concretar qué límites se ponen desde el marco regulador a los sistemas de IA que pueden investigarse y desarrollarse. Y acertadamente los autores apuestan “por la regulación en los primeros estadios de la cadena de valor”. Iniciar ese control regulador, como defiende Alfonseca, en la cabecera del proyecto investigador se torna capital. Pero también lo es –como defendió, entre otros muchos, el profesor de Física Teórica José Ignacio Latorre- garantizar, en el marco de los principios éticos, el código abierto y, por tanto, la trazabilidad de quienes han programado tales programas.

Y, en fin, está el debate de cierre, que no es otro que el que se debería producir (y apenas se produce) en la sociedad española. Abrir un debate desde las organizaciones de la sociedad civil (debilidad intrínseca de España) que supere el enfoque actual, necesario si bien insuficiente, del mundo académico (acantonado en áreas de conocimiento o especialidades incomunicadas entre sí). Ello es muy importante en estos momentos. Sin embargo, la sociedad española, abducida por los desarrollos tecnológicos que compra y aplica sin límite ni prudencia cabal, apenas advierte en estos momentos hacia dónde vamos ni menos aún en qué puede terminar (o hacia donde se encamina) el imparable desarrollo de la IA. Afortunadamente, estamos en la UE, que protege los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero también hay que ser consciente de que juega en un mercado globalizado del que no puede descolgarse. Este último es tal vez el flanco más débil frente a la IA.

En suma, la pregunta, como bien se hacen los propios autores, es cómo abrir un debate honesto y amplio sobre la IA, aprovechando sus efectos sin duda beneficiosos para el desarrollo económico y social, que armonice cabalmente el desarrollo tecnológico con la persona, y lo que es capital identificando y regulando sus inevitables peligro. Tal como ponen los autores en palabras de Margaret A. Boden “antes de que resulte demasiado tarde”.

Un libro, por tanto, que llama a la implicación ciudadana en este debate y del que cabe recomendar su lectura a toda persona que tenga inquietudes en torno a la IA, pero asimismo de todo aquel que quiera comprender mejor qué es y cómo puede evolucionar en los próximos tiempos esa llamada inteligencia maquinal, que en puridad no es humana ni –al menos eso creo- podrá serlo nunca, salvo que el individuo termine siendo finalmente esclavo de “su ciencia”.

ANEXO: Entrevista a Felipe Gómez-Pallete en el diario El País 9 de septiembre de 2022: https://elpais.com/tecnologia/2022-09-07/felipe-gomez-pallete-presidente-de-calidad-y-cultura-democraticas-estamos-jugando-a-ser-dios-con-la-inteligencia-artificial.html

DE NUEVO SOBRE LA SELECCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

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(Foto cedida por Fernando Escorza Muñoz, reservados los derechos de imagen)

“Aquellos que poseen las cualidades de reconocer los problemas, de imaginación e intuición, cualidades esenciales para el futuro, se encuentran, sino apartados de todo puesto de responsabilidad importante, sí, al menos, fuertemente penalizados en su carrera futura”

(Michel Crozier, La crisis de la inteligencia. Ensayo sobre la incapacidad de las élites para reformarse. INAP, pp. 140-141)

Como uno no puede reinventarse todos los días, utilizaré como base de partida para esta entrada un esquema ya dibujado en 2018 que partía por enunciar 12 tesis y 6 hipótesis sobre la selección de empleados públicos y su futuro, con las necesarias precisiones y adaptaciones, así como con la inevitable advertencia de que el futuro que entonces dibujaba ya es presente; y de que también nada apenas se ha avanzado: los mismos problemas de entonces siguen siendo los de ahora. Pero no repetiré lo ya expuesto; el lector interesado puede consultarlo (aquí) (aquí) y (aquí).

El relevo silente de una generación de funcionarios y empleados públicos que se está jubilando en masa ya está plenamente en marcha (y, al parecer, a casi nadie importa que ese conocimiento se vaya al garete), pero la entrada de ese relevo generacional manifestado en un talento joven tan ansiado y apetecido por discursos gubernamentales que no tienen traslado en la práctica, no termina nunca por llegar. El tapón de la  estabilización de centenares de miles de interinos tiene devoradas las energías gestoras (pues no las hay de otro tipo) en las Administraciones Públicas españolas. La planificación estratégica en el ámbito de la selección ni se asoma. Y ello seguirá siendo así, salvo sorpresas, por unos cuantos años. Que nadie se llame a engaño. Luego, en el peor de los casos, a “tirar de bolsas” de esos procesos basura (pues nada realmente miden) para cubrir las necesidades del sector público con los residuos de la estabilización.

Esa será la tónica dominante en la inmensa mayoría de las administraciones territoriales. No así en la Administración General del Estado, donde aún permanecen incólumes (aunque con algunos desgarros) las oposiciones libres a la vieja usanza. En estos casos, la arquitectura de estos procesos obedece a pautas decimonónicas con ajustes realizados el pasado siglo, basados en pesados temarios, muchas veces destartalados en su configuración por añadidos derivados de los irrefrenables y constantes cambios normativos, sobre los cuales pretendidamente se medirán los conocimientos (y, en el mejor de los casos, alguna destreza) por órganos de selección cuya medida de las cosas (para atenuar la siempre difusa discrecionalidad técnica) radica en una plantilla o “respuesta-patrón” (necesaria  e inevitable en las pruebas test y extensiva, aunque no siempre, a las pruebas de conocimientos y destrezas). En verdad, salvo situaciones muy puntuales, las oposiciones en la AGE siguen girando en torno a un peso excesivo de la memorización de datos e informaciones puntuales, con escasa atención (salvo en cuerpos muy singulares)  a la inteligencia del sistema o al marco conceptual en el que se mueven tales exigencias de conocimientos, promoviendo, así, la selección de funcionarios de tramitación con innegables recursos aplicativos y ejecutivos, pero mucho menos orientados hacia la concepción e innovación, que habitualmente se penaliza por la propia lógica de un sistema periclitado.  Las pruebas de aptitudes y actitudes están ausentes.

Los cambios de modelos selectivos nunca son fáciles. Y probablemente haya que adoptar medidas de prudencia en su incorporación, por muchas causas que ahora no pueden ser citadas, pero entre ellas no cabe olvidar que la cultura burocrática es un legado cuya alteración no es precisamente fácil de alterar. No hay nada mejor para comprobarlo que la salida en tromba que se produjo por parte de determinadas asociaciones de altos funcionarios de la AGE o de respuestas incluso procedentes del mundo académico (con olvido sobre cómo se selecciona allí a su profesorado)  frente a un documento que promovió el entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública en mayo de 2021 (Orientaciones para el cambio de selección en la Administración General del Estado). Las propuestas allí contenidas son, en general, razonables, con un sensato objetivo (aspiración también del “viejo” EBEP) de homologar nuestros procesos selectivos a los existentes en las democracias avanzadas (pues hoy en día, en nuestro caso, son procedimientos obsoletos, escasamente ágiles y con déficits evidentes de reflejar la diversidad y de captar auténtico talento), aunque en su comunicación se cometieron errores de bulto. Otra cosa es el timing de su aplicación y sobre todo su ritmo o intensidad.

Las resistencias de las élites a transformar los procesos selectivos tienen causas muy variadas. Interviene, sin duda, una concepción corporativa y conservadora; pero también presiones de esa figura infausta de “los preparadores” o de las “academias privadas”. Un modelo ancestral y que abona la desigualdad y castra la transformación, cuando no resulta éticamente (y jurídicamente) altamente discutible (percepciones “en negro” de los preparadores). Pero, también sabemos que en este país los amplios espacios de discrecionalidad en una materia tan sensible cómo la selección de personas que ingresarán con vocación de estabilidad en las nóminas públicas, han sido siempre “el portillo” por el que se han cometido innumerables tropelías, atropellos, cacicadas y terreno expedito para que el clientelismo, cuando no el amiguismo o el nepotismo, afloren por doquier (argumentos siempre esgrimidos por los defensores de las oposiciones tradicionales: léase, a tal efecto, el preámbulo de la Ley orgánica provisional del Poder Judicial de 1870, sí, del siglo XIX; donde se encontrarán las mismas razones hoy esgrimidas por los defensores a ultranza de las oposiciones tradicionales). De ahí nació la exigencia de temarios, los sorteos o “bolas” que se debían desarrollar, y la memorización literal de contenidos, requisitos y sobre todo datos y enunciados legales. Así se objetivaron los procesos selectivos en España y se puso coto (relativo) al enchufismo. Y allí nos quedamos.

La clave está, sin embargo, en cómo buscar un sano equilibrio, siempre necesario, entre seleccionar a los mejores candidatos en procesos abiertos y competitivos, evitando que sólo o preferentemente midamos conocimientos memorísticos aplicados a datos adjetivos o informaciones cuya mera reproducción no incorporan realmente valor añadido. No cabe, en  ningún caso, despreciar la memoria, siempre necesaria para una correcta inteligencia de los problemas y su contexto. Uno de los errores actuales de nuestro sistema educativo consiste precisamente en demonizarla gratuitamente. El conocimiento exige esfuerzo, estudio y aplicación memorística. Pero, para ser funcionario se requieren además muchas otras cosas, y no solo esa (aunque esa también). En particular, aptitudes y actitudes.

Si la AGE está encontrando escollos sinfín para modificar sus sistemas de acceso, que, por lo demás, son casi los únicos que siguen manteniendo como principio vector la oposición libre, muchas administraciones territoriales se están dando un auténtico empacho de preterir el acceso libre y ya sólo se ingresa en ellas pasando por el peaje de la condición de “meritorio/interino” a la que se accede por un sistema de espurias “bolsas de trabajo” (en el mejor de los casos) o por medio de enchufes encubiertos o nombramientos de urgencia mal justificada. Allí el sistema de acceso está pervertido de raíz y mucho costará, si algún día se consigue, enderezarlo.

Por ello resulta refrescante que al menos alguna Comunidad Autónoma recobre la cordura y sea consciente de que, sin función pública profesional cualificada, no hay ni habrá buenos servicios a la ciudadanía y menos aún capacidad ejecutiva de la propia política. El Informe que elaboró un grupo de trabajo sobre Medidas para la innovación en los procesos de selección de personal al servicio de la Administración de la Generalitat en la Comunidad Valenciana, es, en efecto, un soplo de aire fresco, al margen de que algunas de sus propuestas puntuales pudieran ser discutidas en su diseño y en su (más que compleja) ejecución.  Son propuestas nuevas, de cierta valentía y sobre todo mayoritariamente sensatas para llevar a cabo una evolución gradual desde un subsistema de función pública envenenado por la temporalidad y la desprofesionalización hacia otro que redescubra el talento y apueste por captarlo de forma adecuada en beneficio de los intereses públicos. Bien es cierto que a ello ayuda que la propia Ley de Función Pública de la Comunidad valenciana (Ley 4/2021) haya puesto un umbral mínimo del 50 % de las plazas que se convoquen para ser cubiertas por medio de la oposición libre. Algo es algo, y en este caso (viendo el panorama comparado) es mucho.

La clave de bóveda está –como bien expone el documento- en cómo diseñar los procesos selectivos, cómo ejecutarlos y, también, en cómo dotar de órganos de selección que efectivamente puedan llevar a cabo esas tareas (el verdadero talón de Aquiles del cambio de modelo selectivo). Tampoco hay una solución fácil sobre cómo seleccionar cuando el modelo (por decisión del legislador básico) de función pública es híbrido (cuerpos/puestos de trabajo), que hipoteca todo el sistema de gestión de personas, particularmente la fase de selección.  Es quizás más discutible esa preterición, hoy en día tan de moda, de los conocimientos memorísticos (no confundir el dato adjetivo con la información necesaria para disponer de un adecuado marco conceptual que anticipe y resuelva los problemas, que hoy en día está tan abandonado). Más aún cuando la paradoja consiste en que las interesantes pruebas de habilitación que se prevén desarrollar (“tipo MIR”; aunque mucho habría que hablar sobre ello) descansan inicialmente sobre unos test, que por lo común volverán a poner el peso en la información o el dato adjetivo o circunstancial, pues es infinitamente complejo elaborar un test sólido de conocimientos que tenga por finalidad comprobar el adecuado marco conceptual de los aspirantes en esa materia. Lo más fácil cuando de elaborar test se refiere, y a lo cual siempre se acude (también por “seguridad jurídica”; esto es, para evitar impugnaciones), es ir al dato puro, que se debe memorizar por tanto. Mucho habrá que trabajar para mejorar esas trabas hoy en día existentes y arraigadas en la cultura de los test de acceso a los cuerpos y escalas de funcionarios (también, lo cual es más llamativo, del subgrupo A1). Solo mejorando eso ya se habrá dado un gran paso. Los ejercicios de composición y destrezas deben tener también otro enfoque. Si bien el plato fuerte del modelo radica en un período de prácticas y también se presume que formativo en el que se pretenden evaluar las competencias, antes del acceso definitivo a la plaza. El proyecto es innovador y, por tanto, habrá que ver cuáles son sus resultados. 

En fin, mucho habría que hablar también de esas pruebas de habilitación, dado que, como cualquier novedad en este país generará resistencias y suscitarán (ojala me equivoque) infinitos problemas aplicativos en la práctica, salvo que su diseño y desarrollo reglamentario o sus respectivas bases eviten u orillen tales nudos o cuellos de botella. El acceso a los altos cuerpos de la función pública (esto es, a quienes van a ser la élite de la Administración durante toda su vida profesional) debe venir en todo caso acompañado de pruebas de acceso exigentes que midan las capacidades de comprensión y aplicación de los marcos conceptuales, las destrezas escritas y orales, así como el conocimiento preceptivo de al menos una lengua extranjera (inglés, preferentemente)  y de acreditar las competencias digitales necesarias. Sin ese mínimo nunca se captará talento. Los test son un filtro muy relativo y a veces equívoco.  A todo ello habrá que añadir las habilidades y soft skills  oportunas y necesarias. Bien es cierto que valorar tales habilidades choca siempre contra el muro de los tribunales de justicia, cuya incomprensión de los procesos selectivos innovadores es manifiesta, dado que no cabe olvidar que los jueces en este país se seleccionan por los métodos más arcaicos que puedan imaginarse. Ni siquiera tienen ejercicios prácticos en la oposición (sí luego en la Escuela Judicial), pero tampoco prueba alguna psicotécnica  (lo que contrasta con otros modelos comparados). Pero para ellos que, han atravesado así el Jordán y besado la Tierra Prometida, los procesos memorísticos puros son los ”válidos”. Los demás, bajo sospecha. 

Debe quedar claro que transformar los procesos selectivos de la función pública exige avanzar decididamente en unos objetivos marcados en una hoja de ruta (estrategia), pero su aplicación debe ser gradual, ensayando innovaciones puntuales y, una vez contrastadas, asentándolas para siempre. Las instituciones como la función pública se mueven siempre en una tensión entre continuidad y cambio, que debe gestionarse bien.  La reforma radical de los procesos selectivos no parece factible o estará plagada de innumerables dificultades: la política no la entiende, el corporativismo  se opone, los sindicatos la ignoran y los aspirantes a plazas de la Administración viven atrapados aún en esa vieja cultura de “la oposición” como encierro memorístico.  A mi juicio, no hay otro camino que el gradualismo, dar pequeños y decididos pasos y tener mucha constancia en su aplicación, si no se quiere seguir inmerso en este infinito estancamiento en el que se encuentra lo público en este país. La parálisis es lo contrario a la transformación. Y caminar hacia un escenario transformador requiere también que las élites, políticas y funcionariales, lean correctamente el momento y adopten las mejores soluciones. Lo que no parece que esté pasando en nuestro días, salvo honrosas excepciones que esperemos tengan éxito.

2022: EL PACTO VERDE EUROPEO TRES AÑOS DESPUÉS

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(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz, reservados los derechos de imagen)

“La atmósfera se está calentando, y el clima cambia de año en año” (Pacto Verde Europeo)

No puede ser más certera esa afirmación que aparece en las primeras líneas del Pacto Verde Europeo (2019). El Pacto, hijo de una pesada herencia y un preocupante contexto, de la Agenda 2030 y del Acuerdo de País de 2015, es una mirada estratégica hacia un futuro plagado de desafíos, que pretendía imbuir dosis de optimismo por quien lidera la lucha contra el cambio climático, y que el duro acontecer cotidiano está desmintiendo un día sí y otro también. Es increíble cómo envejecen a velocidad del rayo propuestas sensatas en esta década plagada de incertidumbres y sobresaltos sinfín.

En España, el Pacto Verde es mucho más citado que conocido. Y menos aún aplicado. Siempre en este país ha existido una tendencia general a hacer como que se hace, pero realmente a hacer muy poco o nada. Transformar la economía y la sociedad, tal como pretende el Pacto Verde, en línea con la estrategia de crecimiento y competitividad que alumbra su trazado futuro, no es precisamente un objetivo sencillo de cumplir, sino todo lo contrario. En una reciente Comunicación de la Comisión (Directrices sobre ayudas estables en materia de clima, protección del Medio Ambiente y energía 2022) se reconoce que el reto inversor para llevar a cabo tal transformación es lisa y llanamente estratosférico (más de 500.000 millones de euros hasta 2030). Ahí es nada. Por  mucho que se rieguen de subvenciones y “ayudas” esa pretendida transición hacia el Edén  de la neutralidad climática en lo que a gases de efecto invernadero respecta, el optimismo inicial (con el contexto geopolítico y económico actual) puede convertirse en una decepción relativa o, en el peor de los escenarios, absoluta. Como el mismo Pacto Verde indica, no está sólo en manos de la Unión tal giro; pues el cambio climático es un problema global, en sus causas y consecuencias. Está muy bien convertirse en adalides de la diplomacia ecológica o climática; pero la UE es lo que es en la escena global. Y no irá a más.

Lo cierto es que la sensibilidad ciudadana y política sobre el cambio climático únicamente se advierte cuando las garras del desafío existencial devastan su propio entorno. Y en 2022 muchos países y no pocas personas lo están comprobando en sus propias carnes. Parece obvio constatar ese calentamiento acelerado de la atmósfera y ese cambio climático que cada año (mejor dicho cada verano, por cierto también cada vez más extenso) se hace trágica realidad, por las muertes que comporta, la pérdida de calidad de vida y, especialmente, los devastadores incendios, la escasez de recursos hídricos y la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, por no hablar de la afectación directa o indirecta a la economía y al bienestar general. El drama está ya en la puerta de casa. No es sólo una amenaza existencial, es una tozuda realidad presente. Y viene a echar raíces.

El Pacto Verde tiene, en efecto, una mirada sensata sobre cómo hacer frente desde Europa a ese reto global. Desde su aprobación en noviembre de 2019, ha conseguido –lo cual no es poco- hacer efectivos los compromisos escritos de aprobar un abanico de estrategias sectoriales u horizontales, que son documentos sólidos (aunque no exentos de cierta retórica autocomplaciente) para hacer frente a un devastador fenómeno que tiene mil caras, ninguna de ellas precisamente amable. Pero en esos tres años han pasado y están pasando tantas cosas que es difícil armar cabalmente una estrategia de lucha contra el cambio climático ni siquiera a medio plazo. Las dificultades se hacen aún mayores cuando el horizonte es a 2030 o 2050. Los sobresaltos son constantes, más aún en esta dura e incómoda década que además es determinante para cumplir los objetivos marcados.

En efecto, las interesantes líneas de trabajo hacia una energía limpia que comporte el abandono paulatino de los combustibles fósiles  (no se olvide que el consumo de energía representa el 75 % de las emisiones de la UE) se está viniendo abajo por motivos de sobra conocidos. El diagnóstico es muy claro: “Ahorrar más energía y utilizar más energías renovables es un factor clave para el empleo, el crecimiento y la reducción de emisiones”. Los problemas comienzan cuando de la letra se ha de pasar a la acción, más en el actual contexto. La transición “justa” hacia un modelo energético sostenible tiene visos de hacerse cada vez más cuesta arriba. Siempre habrá ganadores y perdedores. Los objetivos a medio plazo (2030, 55 %) y largo plazo (2050) de neutralidad climática están teniendo dificultades adicionales, al menos de forma inmediata. La nueva Ley del Clima Europea fue aprobada en 2021 concretando los retos que se recogerían en la Comunicación Objetivo 55: cumplimiento el objetivo climático hacia la neutralidad climática. Previamente, se diseñó el programa de los fondos Next Generation EU y también se previeron diferentes fondos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 orientados a ese mismo objetivo (transición ecológica), a los que se han añadido recursos adicionales para poder hacer efectiva ese complejo reto dibujado por el Pacto Verde y en sus diferentes Estrategias.

A inicios de 2021, con la premisa de la Comunicación de la Comisión Forjar una Europa resiliente al cambio climático, el Consejo aprobó las Conclusiones relativas a La nueva Estrategia de adaptación del cambio climático en la UE, donde aplaude la línea emprendida por la Comisión. Asimismo, en junio de 2021, se aprobó el crucial Reglamento (UE) 2021/1119, sobre marco para lograr la neutralidad climática (más conocido como Ley del Clima Europea), donde se emplaza a los Estados miembros a diseñar estrategias alineadas con la propia de la UE. Siendo todas ellas iniciativas muy relevantes, como lo es sin duda la aprobación en 2022 del VIII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030, da la impresión de que todo ese esfuerzo reflexivo y propositivo no termina de producir efectos tangibles, pues, muy a pesar de las opiniones institucionales, de que los factores extremos son muy frecuentes (incendios, inundaciones, períodos de sequía, etc.), lo cierto es que los denominados “factores de evolución lenta” ya han dejado de ser tales y cada año son más tangibles, mostrando en el verano de 2022 su peor cara.

Se extiende, por consiguiente, una cierta sensación de impotencia. Las políticas que afectan al desarrollo del Pacto Verde Europeo deben tener un enfoque integral y desplegarse en un escenario –como dice el Programa de Medio Ambiente para 2030- altamente descentralizado y de gobernanza multinivel, marcada por un enfoque colaborativo. Y es en este punto donde nuestras debilidades son enormes. Se mostraron plenamente en la crisis Covid19, se están mostrando en la aplicación de la Agenda 2030 y sus diferentes ODS, y si nadie lo remedia se mostrarán también en la puesta en marcha de la estrategia de adaptación al cambio climático.

Somos –como indica la propia Comisión- la última generación que aún puede actuar a tiempo. Ojala fuera cierta esa afirmación, pero cada año que pasa el temor de que estemos perdiendo el tren se acrecienta. La década de la acción a favor de la Agenda 2030, y en particular de su ODS 13, la estamos quemando sin apenas realizaciones efectivas. La propia Comisión reconoce dramáticamente que “lo que logremos en el próximo decenio determinará el futuro de nuestros hijos”. No cabe insistir que estamos jugando, nunca peor dicho tras un verano dramático, con fuego. El tiempo se agota y las posibilidades de reacción se encogen. Mientras tanto, algo muy serio lleva tiempo pasando en este planeta, y sólo nos percibimos de ello cuando las siempre olvidadas amenazas “teóricas” de lo siempre incómodos científicos entran en nuestras vidas y perturban nuestra existencia hasta hacerla insufrible o, ciertamente, mucho más inhabitable que antaño. Tan duro contexto existencial, que irá in crescendo en los próximos años, no se resuelve ni con propuestas contingentes ni menos aún con retórica o gestos vacuos.  No es, aunque haya sensibilidades diferenciadas, un problema de izquierdas ni derechas, como bien apuntó en su día Bruno Latour. Al final todos están o estarán emplazados a resolverlo. Y habrá soluciones integrales o no habrá nada. La política tiene ante sí un reto mayúsculo. ¿Sabrá enfrentarse a semejante desafío? Pronto saldremos de dudas. Si en esto tampoco pactan ni trabajan de consuno, nada habrá que hacer. Convendrá que, si fracasan, se lo expliquen a las “próximas generaciones”. Y, de hacerlo, estas no lo entenderían.

LA POLÍTICA “DE AYER” O LA HUELLA DE UN LEGADO

(Una mirada galdosiana)

bodas reales

“Esto no era más que ‘continuar la historia de España’, y bien tonto sería el que creyese que tal historia podía sufrir interrupción”

(Benito Pérez Galdós, Bodas reales, Alianza, 1985, p. 67) 

(PRELIMINAR: Finalizado este post y antes de su edición, me comunican el fallecimiento de Eliseo Aja, constitucionalista especialmente atento a la historia constitucional de este país, entre sus múltiples focos de atención doctrinal. En un libro escrito conjuntamente con Jordi Solé Tura, Constituciones y períodos constituyentes en España, (Siglo XXI, 1982, 9ª edición), y en relación con el período histórico que se analiza en esta entrada, ambos autores ponen de relieve la fractura del liberalismo progresista que se produce en la regencia de Espartero, y cómo moderados y progresistas no gubernamentales, unidos sólo por la oposición a Espartero, establecen, tras varios pronunciamientos, un gobierno provisional, que dará lugar a una década moderada (1844-1854) capitalizada en su favor por los moderados, que inician –sobre todo bajo el mando de Narváez- una etapa de dura represión del liberalismo progresista (pp. 38-39). Quizás estos precipitados y sobrevenidos apuntes sobre esa importante contribución del profesor Aja, ayuden al lector a contextualizar mejor lo que a continuación se expone.

Vaya este modesto post dedicado a su memoria, y de apoyo a su mujer, Anna, e hija, Júlia, en estos difíciles momentos. Descanse en paz.) 

Nada tiene que ver el contexto de la realidad española de hace dos siglos con el de ahora. Sin embargo, no dejan de ser curiosos determinados paralelismos, pues tal vez nos dibujan que, de forma subterránea a lo que fue una pretendida modernización o transformación radical de este país llamado España sobrevivían comportamientos, conductas, hábitos y formas de hacer política bastante comunes entre quienes gobernaron entonces, lo hicieron después o nos gobiernan ahora.

Para confirmar lo expuesto traeré a colación algunos pasajes del libro Bodas reales de Benito Pérez Galdós, que  cierra la tercera serie de sus Episodios Nacionales. En la extensa obra del autor canario, fruto de su magnífica capacidad de observador y analista, tanto de la realidad en la que vivió como de la histórica, se encuentran numerosas reflexiones sobre la política y los políticos, ese siempre difícil binomio que marida la actividad política con quienes la ejercen.

Ciertamente, la obra citada, especialmente en su primera parte, lleva a cabo una excelente descripción de ese doble fenómeno, con la mezcla siempre genial entre realidad y ficción, aunque cabe reconocer que la pulsión política se proyecta sobre el turbulento período que tuvo lugar en la España de hace casi ciento ochenta años (1843-1844), que conllevó la caída en desgracia de Espartero, el harakiri del progreso tibio y el retorno de los cangrejos, que daría lugar a la llamada (amablemente) década moderada (lo que Josep Fontana denominara como “la contrarrevolución moderada”), años en el que liberalismo progresista, además de perseguido, estuvo ausente del poder, e incluso optó por el retraimiento.

El momento era muy crítico. En efecto, cuando tras el final de la primera guerra carlista tocaba reconstruir política, económica y socialmente un país con parte del edificio constitucional a medio hacer o incluso en ruinas, lo que se advertía era impotencia pura, con dosis evidentes de sectarismo, de quienes tenían  o podían ejercer las riendas del poder. Como describiera Galdós, en la política de aquel momento “todo es pequeño, vulgar, con una mezcla repugnante de candor y de malicia solapada. Los ataques y las defensas de palabra y por escrito revelan afectación y mentira; se hacen y sostienen afirmaciones en que nadie cree”. Los grandes fines programáticos de la actividad política se reducían, así, a la garrulería propia de los intereses personales: “El móvil supremo que late aquí y allí no es más que la necesidad de alimentarse medianamente, la persecución de un cocido y de unas sopas de ajo, ambiciones tras las cuales despuntan otras más altas, anhelos de comodidades y distinciones honoríficas”. Móviles o motores que siempre han sido, más hoy en día, determinantes para iniciar e instalarse en el sendero profesional de la actividad política.

Unos y otros se echaban en cara “las gravísimas corrupciones de la política, que hace a los hombres desvariar ridículamente y decir mil necedades sin creer en ellas”. La sentencia no podía ser más contundente: “La historia de todo gran hombre político (…) no es más que una serie de enmiendas de sí mismo”. Y así giraba la acción política, con mucho ruido y pocas nueces, entretenidos todos los actores en zarandearse unos a otros, sin que las necesidades reales del país merecieran más atención que la puramente anecdótica, pues rara vez (alguna vez lo hubo), se gobernaba cabalmente. Lo normal era la cruda y fatigante batalla dialéctica: “Se pasan la vida entre acusaciones frenéticas y actos de contrición, flaqueza natural en donde las obras son nulas y las palabras excesivas, en donde se disimula la esterilidad de los hechos con el escribir sin tasa y el hablar a chorros”. Y eso que la comunicación política (que hoy en día todo lo cubre, hasta el hartazgo) aún estaba en pañales.

Lo curioso del caso, es que esa clase política de entonces, a diferencia de la actual, estaba plagada (dada la naturaleza oligárquica del primer liberalismo, que se acentuaría en sus limitaciones censales en los períodos de gobiernos “moderados”), de personalidades notables, muchos de ellos ilustrados, si bien una vez que tocaban el poder se transformaban. Y así apareció “una pléyade funesta: hombres de talento en gran número, de brillantez exterior y fecundos en palabra, (pero) enteramente vacíos de voluntad y de rectitud”. De ese modo, como “contrapunto” a los defectos de la Administración esparteril, que a través de su cohorte de aduladores (los ayacuchos) premiaban a sus fieles y castigaban  a sus enemigos políticos, se trajo a España (si no estaba ya) “el imperio sistemático de las camarillas, del caciquismo (hoy travestido en clientelismo), del pandillaje, de las asoladoras tribus de amigos, con desprecio de toda ley”. Todo ese cóctel de políticos del período, de diversa procedencia ideológica (liberales progresistas, moderados centrados y, la mayor parte a partir de entonces, moderados conservadores o, incluso, absolutistas embozados) “nada grande fundaron, ningún antiguo mal destruyeron”.

Lo más relevante, como legado, fue –como expone Galdós- que abrieron la hasta entonces poco transitada profesionalización de la política en España: “Entre todos hicieron de la vida política una ocupación profesional y socorrida, entorpeciendo y aprisionando el vivir elemental de la nación, trabajo, libertad, inteligencia, tendidas de un confín a otro las mallas del favoritismo, para que ningún latido de actividad se les escapase”. En fin, una auténtica tela de araña, eso será a partir de entonces el ejercicio del poder; pero siempre para beneficio de unos pocos. El análisis del magistral autor de los Episodios nacionales incrementa en algunos pasajes su dureza hacia esa clase política y hacia esa forma de hacer política que se prolongó en España durante toda su vida (Galdós, como se sabe, falleció en 1920). Y así concluye: “Las aguas donde todos debíamos beber las revolvieron y enturbiaron, dejándolas tan sucias que ya tienen para un rato las generaciones que se esfuerzan en aclararlas”. No siempre será así, hubo excepciones, que el autor recoge en otros episodios, pero fueron experiencias huérfanas y sin apenas continuidad.

Los hechos y personajes públicos que sagaz e inteligentemente trata el autor en esa obra tuvieron lugar hace casi ciento ochenta años. Bodas Reales, sin embargo, fue escrita en 1900. Para esas fechas, ya con el sistema político de la Restauración en curva descendente tras el shock nacional del 98, poco o nada había cambiado de la descripción que hace el autor de la política y de los políticos (algunos de ellos los conocería con vida el propio Galdós, pues siguieron siendo testigos de la malhadada Historia de España del XIX). Los perfiles que  en este episodio dibuja de determinados políticos de entonces (Joaquín María López, Olózaga, Nárvaez, González Bravo o el propio Espartero) son –con escasos matices- demoledores. Sobre todos ellos volverá en otros episodios, sin que se desdibuje su primer juicio.

La rueda política de los cambios aparentes y cosméticos había dado comienzo. Se consagró también entonces la frase, en boca de quienes llegaban al poder o lo estaban ejerciendo, de hacer país. O dicho de otro modo: “Siempre que  entraban en el poder estos o aquellos, se encontraban el país deshecho, y unos gobernando detestablemente, otros conspirando a maravilla, lo deshacían más de lo que estaba”. Un país que se tejía y destejía según quien mandara no era un buen augurio de futuro.

En fin, menos mal que este es un relato veraniego de una España de hace casi dos siglos. Afortunadamente muy alejado en el tiempo a la España actual. La duda que siempre cabe es si esa concepción de la política “de ayer” no supuso en verdad un pesado legado histórico, que se ha ido trasladando sin solución de continuidad hasta nuestros días y nadie ha sabido cabalmente quebrar. Sobre ello habrá que volver, pues quien haya llegado hasta aquí podrá comprobar (repasando los incisos entrecomillados y en cursiva de esta entrada) que el impecable análisis galdosiano no está exento de innegables ecos que aún resuenan con fuerza en la política española de esta tercera década del siglo XXI.