Autor: rafaeljimenezasensio

¿QUIÉN PRESTARÁ LOS SERVICIOS SOCIALES EL 1 DE ENERO DE 2016?

En las últimos días, ante la proximidad del 31 de diciembre de 2015, se ha reabierto el debate sobre las competencias municipales en materia de servicios sociales. Un debate que se abrió tras la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, cuya disposición transitoria segunda preveía el traspaso de buena parte de esas prestaciones a las Comunidades Autónomas. Una fantasmagórica y absurda norma que llenó de inquietud a las entidades locales.

El nuevo presidente de la FEMP, en el primer discurso tras su elección, criticaba frontalmente esa Ley y, en particular, ese traspaso «automático» de tales servicios sociales tras la proximidad de la fatídica fecha. Un escenario apocalíptico en un año de elecciones múltiples: sobreactuación.

Cabe convenir, sin embargo, con el Presidente de la FEMP que la Ley fue -como reiteradamente censuré en su día- un error en gran parte de su contenido. Pero en este tema (servicios sociales) no fue tanto un error como una auténtica chapuza, propia de una ocurrencia de algún alto funcionario cuando (allá por febrero de 2013 en pleno proceso de redacción del enésimo borrador de anteproyecto) no cuadraban las cuentas del ahorro de los prometidos ocho mil millones de euros, ahora enterrados en el olvido. La “bombilla” se encendió: ¿Y por qué no traspasamos los servicios sociales de los municipios a las Comunidades Autónomas? Cuando el viento de la crisis soplaba más fuerte: irresponsabilidad y oportunismo barato. De ahí se pretendían “sacar” varias decenas de millones de euros. Ingenuidad de arbitristas.

En este aspecto la Ley es -como señaló acertadamente en su día el profesor Francisco Velasco- claramente inconstitucional. Las competencias de servicios sociales se ejercen en cada municipio según lo establecido por el legislador sectorial autonómico competente. Nada tiene que decir al respecto el legislador básico de régimen local. Esa competencia no es del Estado, ni con el «calzador» del artícuo 149.1.1 CE. Menos aún cuando el propio Ministerio asumió, tras algunas dudas iniciales, que las competencias propias de los ayuntamientos son las establecidas por la legislación estatal o autonómica de carácter sectorial. Las competencias en servicios sociales las definen los Parlamentos autonómicos a través de sus respectivas Leyes. Y, por tanto, las materias establecidas en el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local cumplen exclusivamente el papel de un mínimo de autonomía local garantizado a los municipios. Nada más. Ni nada menos.

Así las cosas, lo establecido en esa polémica disposición transitoria segunda LRSAL pierde cualquier sentido y queda en el marco de esa ley como una piedra normativa incoherente y hasta cierto punto absurda, pendiente de que el Tribunal Constitucional dentro de «unos años» se despierte y declare su inconstitucionalidad o se descuelgue con una «interpretación conforme» que sería, caso de adoptarse, una solución disconforme con la evidencia.

Pero si el esperpento ya era obvio, ha contribuido a magnificarlo la «carta» del Ministerio del ramo (del Secretario de Estado) que viene a «aplazar» la muerte súbita de esa norma indicando que ese «traspaso» no es efectivo hasta que se modifiquen las leyes de financiación autonómica y locales. Mejor le valdría reconocer lo obvio: que la norma es rotundamente inconstitucional y, sobre todo, que nunca se va a aplicar. El sentido común así lo confirma (aunque apelar a esas cosas en este país tiene sus riesgos). Pero, en cualquier caso, tampoco hacía falta «ninguna carta» para acallar el ruido (FEMP incluida) que desde muchas instituciones se estaba generando.

La disposición transitoria segunda de la LRSAL establece una doble condicionalidad para ese imposible traspaso: una «formal» (la fecha de 31 de diciembre de 2015) y otra «material» («en los términos en las normas reguladoras» del sistema de financiación autonómico y local). La condicionalidad dominante es la material. Por tanto, al no haberse aprobado tales normas de financiación  (otra cosa es el sentido que tiene una «ocurrencia» de ese cariz, a todas luces disparatada), el plazo del 31 de diciembre pierde todo tipo de efecto. Se transforma en adjetivo, por mucho que algunos magnifiquen “la letra” de la Ley.

Con mayor precisión es lo que defendí de forma extensa en un Informe publicado hace algunos meses en la página Web de la Federación de Municipios de Cataluña (http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=11982&id2=1), que puede ser consultado por aquellas personas que tengan interés en el tema. El informe está en catalán, pero a quien le interese también les puedo hacer llegar esa parte del informe en la versión castellana. Las limitaciones de un post me impiden entrar en más detalles.

Mi tesis ha sido siempre que esa «ocurrencia» no iba a llegar a ningún sitio. Fue fruto de un contexto que hasta el propio Gobierno –con la boca pequeña- quiere pasar página. Ni las (menguantes) Comunidades Autónomas gobernadas hoy en día por el PP apoyarían una solución disparatada como la escrita «negro sobre blanco» en el BOE. No digamos el resto. El Ministerio en esa carta-testamento no quiere reconocer el error cometido. Esto de enmendar es un verbo que no se conjuga.

Pero nadie en su sano juicio se pondrá a activar una disposición que no solo es inconstitucional, sino además un “soberano” (ahora que está de moda esta expresión) disparate por las implicaciones de gestión y despilfarro de recursos  que conllevaría traspasar equipamientos, personas y recursos de miles de municipios a unas Comunidades Autónomas, para después -como llegó a reconocer sorprendentemente el propio Ministro en el Senado a finales de 2013- «delegarlas» de nuevo en los ayuntamientos. Un viaje de ida y vuelta para retornar a ninguna parte. La noria de los necios. Miento: para despilfarrar el dinero público de un país endeudado hasta las cejas.

La sensatez se terminará imponiendo, más aún en un tiempo en el que los servicios sociales municipales y, en su caso, de algunas diputaciones, son los que amortiguan los devastadores efectos que ha producido la crisis sobre un importante número de ciudadanos. Que no cunda el pánico. Nadie será tan insensato de caminar por esa senda llena de minas que puede considerarse -creo no equivocarme- absolutamente cerrada. Pero estamos donde estamos: en año electoral. Y el exceso de política se palpa por todos los costados. Mal escenario para debates que requieren mucha serenidad y no poca cordura.

LA “BUENA” POLÍTICA: CUATRO ENSAYOS

“Para que un Estado pueda mantenerse, sus asuntos públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían por la razón como por la pasión, no puedan sentirse inducidos a ser desleales o a actuar de mala fe”

(Spinoza, Tratado Político”, Alianza Editorial, 1986, p. 82)

En un año plagado de convocatorias electorales, todas ellas importantes y algunas existenciales, es obvio que hoy en día tenemos –como afirmó Julián Marías- un “exceso de política”, lo cual no es ningún dato positivo. Y menos aún lo es cuando ese exceso de política viene acompañado por una “mala política” y por un déficit clamoroso de gobierno en algunos casos, así como deficiente en no pocos. Todos quieren ganar las elecciones y nadie sabe muy bien luego qué hacer con el poder conquistado, aparte de colocar a los suyos. Como si eso de gobernar fuera cosa adjetiva. Debería ser el centro de la actividad política. Pero aquí se sigue entendiendo la política en clave exclusiva de “ganar elecciones” y “repartir prebendas”.

Por eso se agradece que, con una relativa coincidencia en el tiempo, se hayan publicado cuatro ensayos cuyo punto en común es reivindicar la “buena política” y el “mejor gobierno” como único medio de salir de ese complejo atolladero en el que las sociedades occidentales se encuentran. Mucho más serio es aún el marco en el que se desarrolla la política en España, donde los problemas son tan ingentes, la mirada política tan pobre y los gobiernos están tan desorientados, que la “buena política” y el “mejor gobierno” son más necesarios que nunca.

Cuatro ensayos cuya lectura se recomienda, sobre todo a aquellos que ejercen la actividad política o pretenden ejercerla. También a quienes la estudian o están interesados por ella. Cabe sugerir a nuestros políticos que “pierdan (algo) el tiempo” leyendo, para así decir cosas sensatas en sus mítines e intervenciones públicas (y no impregnarse de una retórica que insulta a la inteligencia) o para ejercer las tareas de gobernación con tino y juicio. Estos cuatro libros les ayudarán a tener mirada estratégica y a no volar –como decía Pepe Mujica- como las perdices, cortito y rápido.

El primer ensayo, publicado en 2014, es un libro aparentemente divulgativo, pero no menos profundo (David Runciman, Política, Turner 2014). Ruciman, profesor de la Universidad de Cambridge, inicia su relato con una comparación entre Dinamarca y Siria: ¿dónde preferiría usted vivir? Escrito mucho antes de la actual tragedia de los refugiados sirios, el autor parte de que lo que diferencia a uno u otro país es la política y el control de esta. Donde no hay buena política ni control efectivo de las instituciones, los países no funcionan. Con apoyo en Hobbes, pero también en Weber y Constant, Runciman describe magistralmente en qué consiste la política, pero también lo que no debe ser: “La política no puede consistir en largos períodos de indiferencia salpicados de breves arrebatos de furia”. La política es una actividad que requiere capacidades complejas de acreditar, que no todos poseen, ni siquiera aquellos que son “profesionales de la política”, menos aún quienes pretenden serlo. Conseguir que funcione la política, además, es algo muy difícil. La “mala política” se contagia fácil. Pero la política, la buena política, es más necesaria hoy que nunca. Así afirma: “Las sociedades incapaces de adaptarse a los desafíos a los que se enfrentan acaban desintegrándose”. Como bien sentencia este autor: “contar con que el precipicio está lejos es propio de políticas suicidas”. “La política –concluye- todavía importa”.

El ensayo de John Micklethwait y Adrian Wooldridge (La cuarta revolución. La carrera para reinventar el Estado, Galaxia Gutenberg, 2015), tiene una factura diferente. No es tanto un libro de política como de “mejor gobierno” o de “buena gobernanza”. Uno de los déficit más relevantes y escandalosos de los gobiernos de nuestro entorno. Compara también la situación de los países occidentales (Estados Unidos y Europa) con potencias emergentes como China o el modelo de Singapur. La crisis de los Estados occidentales solo puede resolverse cabalmente a través de “hacer gobierno de una manera mejor”. Es la cuarta revolución pendiente: “Los países que puedan dotarse de ‘buena gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades de proporcionar a sus ciudadanos niveles de vida decentes. Aquellos que no puedan hacerlo, estarán condenados a la decadencia y la disfunción”. La política se ha convertido en muchos países occidentales en una suerte de “entretenimiento cómico”. Se polariza de forma irresponsable, haciendo cada vez más difícil la gobernación. El poder se fragmenta y los gobiernos de coalición se convierten en regla (véase asimismo el importante libro de Moisés Naim, El fin del poder, Debate, 2013). El diagnóstico es impecable, otra cosa son las soluciones que se proponen. Se puede compartir plenamente que “una mejor gestión y el uso inteligente de la tecnología” harán avanzar a los países occidentales, lo contrario no. La orientación neoliberal de los autores (no en vano son periodistas cualificados del semanario The Economist) les conducen a apostar por un menor Estado que sea más eficiente, en lógica con la sobredemanda que los Estados actuales soportan y las imposibilidades financieras de atenderlas. El secreto está –a su juicio- en “reinventar el Estado”, reformar la democracia y las actitudes políticas: limitar el gobierno, mediante formas efectivas de control, así como no desatar las pasiones humanas, sino controlarlas. En ello está el secreto del buen gobierno.

Daniel Innerarity ha publicado recientemente un libro imprescindible para evaluar la importancia que tiene la política en nuestros días, o mejor dicho la “buena política” (La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutemberg, 2015). Desde un enfoque filosófico, pero en nada alejado de lo práctico, con un lenguaje accesible, Innerarity adopta una posición valiente de defensa de la política y de su necesidad en nuestros días, frente al linchamiento colectivo que en algunos casos se produce. Un libro plagado de ideas-fuerza de las que solo puedo retener aquí unas pocas. La singularidad de la actividad política, basada en la praxis, así como el tiempo político o el discurso político, dejan paso a un interesante análisis de las emociones en la política y al criticable papel del populismo, que ha irrumpido en la escena europea y también española: “El populismo es precisamente una reacción a la falta de política”. Transcendental es la opinión del autor sobre el papel de la política: “la búsqueda de espacios de encuentro, el compromiso y la implicación de otros”. Rechaza los planteamientos binarios, tan al uso en nuestra política de baja calidad y de pésimos resultados. Lleva a cabo una defensa, asimismo muy cabal y razonable, de las instituciones de la democracia representativa, mostrando las innumerables limitaciones que ofrecen las herramientas de participación directa, nunca sustitutivas de las anteriores. Se opone, por tanto, a esas “mentalidades antipolíticas, porque –sentencia- no hay política sin representación”. Aboga –y este es un punto importante- por un mayor y mejor control de la política. Tras una mirada escéptica hacia los resultados de la transparencia y del papel de moralizar la política, identifica genialmente dónde están los problemas actuales de la política: en su déficit estratégico. Los partidos piensan mucho en cómo hacerse con el poder y muy poco (o nada) en qué hacer con él cuando gobiernan. Vuelve la necesidad de “una gobernanza inteligente”, que ponga en el centro la acción de un mejor gobierno. Y termina con estas palabras: “Nunca vamos tan rápidos como cuando no sabemos a dónde vamos”. Así van buena parte de nuestros gobiernos, a la deriva.

Y, en fin, el cuarto ensayo que quiero comentar brevemente es el sugerente y también valiente libro de Víctor Lapuente (El retorno de los chamanes. Los charlatanes que amenazan el bien común y los profesionales que pueden salvarnos, Península, 2015). Tiene un enfoque muy distinto a los anteriores, pero asimismo no pocas coincidencias con los mensajes antes resaltados. Sin abandonar del todo el (transcendente) papel de las instituciones en el funcionamiento mejor o peor de un país, la tesis central del autor es la siguiente: “El éxito de las políticas es el resultado de cómo las discutimos. De cómo enmarcamos el debate de los problemas colectivos”. Una cuestión de “marco”. A partir de este presupuesto de partida, contrapone dos visiones y dos formas de hacer política. La primera es la de “los chamanes”, con una retórica de “cosmovisión” de la política, “una política grande” (o grandilocuente), “radical” (en el peor de los sentidos), cargada de tópicos, mensajes vacuos pero efectistas en su llegada al público, que toma el cielo (el poder) no por consenso sino por asalto y que luego, una vez huelen esas mieles del poder no saben qué hacer con él o, peor aún, llevan a cabo unas políticas ineficientes sin reforma alguna de las agotadas políticas incrementales, así como de las igualmente caducas estructuras burocráticas y de gestión. Grandes propuestas para ningún remedio. Una crítica durísima, pero acertada, del populismo y sus letales consecuencias, así como del modo de hacer política (y de formatearla en los medios) en algunos países mediterráneos (sin más señas). La segunda visión es la de los “exploradores”; un enfoque radicalmente diferente de la política: en este caso se opta por una retórica más abierta, pluralista y tolerante (y no excluyente como en el caso anterior), donde no se enfrentan ideales sino datos. Política pragmática, política que se basa en la razón, que “no es la antítesis de la emoción”. Una apuesta decida y convincente por la micro política, por la política eficiente, que da resultados tangibles y mejora la vida de la ciudadanía. Una política –aspecto nada menor- que se desarrolla en “un ambiente creativo donde los profesionales trabajando con, pero no para, los políticos- puedan desarrollar iniciativas propias basadas en su experiencia y conocimiento experto.

No cabe ser muy incisivo para identificar en qué países se lleva a cabo esa buena política a juicio del profesor de la Universidad de Gotemburgo (países nórdicos), frente a aquellos otros que estamos ahogados en la mala versión la política. Pero la esperanza remota que siempre nos queda es que, al igual que explicaba Runciman en el primer ensayo comentado, no siempre las cosas fueron así en aquellos países que ahora funcionan bien, como se explica en esas obras.

Siempre hay recorrido de mejora y trazado para mejorar la política y la gestión (el gobierno). Siempre, obviamente, que se sepa a dónde se quiere ir y se erradiquen esas malas o pésimas formas de hacer política. Siempre que haya liderazgo, una cualidad escasa o inexistente en estos convulsos momentos. No será fácil. Algunas cosas poco a poco y muy lentamente se están moviendo en esa línea de Buena Gobernanza (por ejemplo, en Euskadi; aunque todavía de forma muy incipiente). Menos pasos se están dando, por no decir ninguno, en la mejora de la política. No pocos gobernantes o aspirantes a serlo aún no se han enterado de por dónde va el mundo o, peor aún, no quieren enterarse, porque ello enterraría de una palada su pobre y aferrada concepción de la política como máquina de reparto. Problema de enorme seriedad, sobre el cual mejor no hacer broma alguna. Es algo que nos debería preocupar muchísimo (síntomas para preocuparse ya existen por doquier), sobre todo porque esa política irresponsable nos aproxima inconscientemente al precipicio. Que se tiren ellos, pero que no nos arrastren a nosotros. Solo la buena política nos salvará de la mala política. A ver si va apareciendo. El tiempo corre en contra.

EL DECLIVE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

“Desde el punto de vista de las personas que trabajan en la Administración Pública, toda motivación reside en la seguridad de “un empleo para toda la vida”. Esa motivación tiene el efecto de atraer a personas capaces y desaparece al día siguiente de haber obtenido la plaza por oposición” (Pascual Montañés Duato, “Inteligencia Política”, Prentice Hall, 2011, p. 126)

Tiempo costará calibrar cuáles han sido, entre nosotros, los impactos de la larga y profunda crisis fiscal sobre la institución de función pública. Para empezar, la pretendida emergencia de la nueva institución del “empleo público” ha terminado ahogándose antes de nacer. Los años de plomo se la han llevado por delante.

Se intuye que, en cualquier caso, la función pública ha envejecido hasta límites poco soportables estos últimos años. También se advierte que no incorpora talento joven ni espíritus emprendedores. Se airea la innovación pública y la moda electrónica en el sector público, pero todo eso apenas tapa la agonía en que la institución se encuentra. La política sigue corroyendo las vigas de la institución. Y los sindicatos hacen el resto. La función pública vuelve al viejo esquema dual (funcionarios/laborales) y se muestra –ante los ojos de la sociedad y de la política- como una institución débil. No tiene nadie que la defienda.

Politizada o corporativizada por la zona alta, ocupada por los sindicatos en sus estratos medios y bajos, la institución está en uno de sus peores momentos desde que fue creada. Su prestigio es más que dudoso. La sociedad mira con recelo aquello que goza de protección sublime y blindaje permanente. Fuera hace mucho frío. Y los de dentro, apenas parecen percibirlo. Están a lo suyo. Hasta que alguien, de nuevo, cuestione su existencia y su statu quo. No tardará.

Pero no ha sido solo la crisis. La función pública española lleva sin política de empleo público al menos desde 2007. Año en que se aprobó el EBEP y, nada más publicarse esa Ley nunca aplicada, su Ministro impulsor fue cesado por razones nunca cabalmente explicadas. A partir de entonces, se acabó lo que se daba. Lo que hizo hasta ese momento un gobierno de un color político nunca lo asumió el gobierno del mismo color político. Paradojas políticas que solo de miserias humanas entiende. Y los que vinieron después optaron por el duro ajuste y se olvidaron de las (necesarias) reformas. Se impuso una “racionalización” que escondía un recorte. Había que consolidar las cuentas públicas, pese a quien pese (siempre “pesa” a los mismos).

El EBEP, además, llegó en el peor momento. Como diría Julián Marías, propio de nuestro “desnivel” (España siempre se apunta a las reformas con 15 o 20 años de retraso), el Estatuto no solo llegó tarde, sino además llegó mal. Pero con ser eso serio, mucho más lo es que nadie se lo creyó. Las grandes líneas de reforma que entonces el EBEP pretendía impulsar, al menos como línea de tendencia, se han quedado ocho años después en aguas de borrajas. Nadie las defiende, en un país huérfano de liderazgos políticos y directivos.

Y eso que el EBEP intuía cosas. Pero no supo ponerlas negro sobre blanco. La integridad institucional (ética pública) se tomó a broma y se convirtió en un elemento decorativo, como si esto de la corrupción fuera un juego de niños. La evaluación del desempeño fue orillada de inmediato: nadie se la tomó en serio, ni políticos ni funcionarios ni menos aún los sindicatos.

La carrera profesional fue leída de inmediato como incremento retributivo, a ser posible lineal, pues lo que tiene carácter curvo nunca gusta a mentes cartesianas formadas en el principio de igualdad de retribuciones, tanto al que trabaja como al que no (alguien tiene que mantener a este, suprimidas como han sido las entidades públicas de beneficiencia hace décadas). Y, en fin, esto de la dirección pública profesional era, tanto para la política como para los altos cuerpos y los sindicatos, un chiste de mal gusto. Que lo hayan implantado las democracias avanzadas (así como recientemente en Portugal) solo testimonia que los bárbaros del norte (o del oeste) aún existen. Mejor seguir blindados en la confianza política que todo lo arropa y siempre protege, como cualquier Virgen que se precie.

Así la cosas, tiempo costará que esa institución secular de la función pública vuelva por sus fueros y recupere (o palie) su prestigio perdido, si es que algún día retorna a casa semejante imagen. La crisis ha hecho mucho daño y habrá que evaluarlo. Pero la inactividad, la desidia y “los regalos” de una política irresponsable han hecho el resto. Que nadie se llame a engaño, sin una función pública que desarrolle el talento, fortalezca la neutralidad leal, la creatividad, la innovación y el cambio, no hay futuro.

Una administración sin cabeza, tendrá tal vez mucho cuerpo. Pero siempre andará desnortada o capturada por quienes ofrecen ese conocimiento perdido a precio de mercado, muy alejado por cierto del precio de saldo. Y si quien ofrece esos servicios “son de los nuestros”, que vinieron no para quedarse sino como estación de tránsito, mejor que mejor. Todo se queda en casa, aunque esta se confunda en sus lindes con unos cuerpos que encogen en lo público y se estiran en lo privado.

INCONTINENCIA LEGISLATIVA

El objetivo del movimiento contra el poder arbitrario consistió, desde un principio, en implantar el Estado de Derecho” (F. A. Hayek, “Los fundamentos de la libertad”, Madrid, 1991, p. 243)  

Quien la cita escribe no es sospechoso de ser precisamente de izquierdas. Parece que es obvio. Es importante por lo que sigue. No es un problema ideológico, sino funcional, estético y ético. También transversal, ha manchado a (casi) todos los gobiernos. Pero hay algunos excesos.

La producción legislativa del final del mandato de las Cortes Generales está siendo motorizada: se han aprobado en las últimas semanas leyes de diferente calado, unas transcendentales (y discutibles) para la arquitectura constitucional o jurídica del Estado y otras auténticos pastiches con regalos a todo tipo de hipotéticos votantes (empleados públicos incluidos).

Ese frenesí legislativo confunde las cosas. Gobernar no es manchar el BOE de leyes, es algo más difícil; pues muchas de esas leyes –para nuestra desgracia- se publican pero no se aplican. Pasan inadvertidas o, peor aún, ignoradas. Un Estado de Derecho perforado por la desidia y el desdén. Hay gobiernos eficientes que legislan poco. Solo lo necesario. Un exceso de política o de legislación esconde un déficit clamoroso de gobierno o de dirección real del país.

Pero lo grave de todo esto reside en que con frecuencia se olvida que “las formas” son muy importantes en el ejercicio del poder. La democracia, como señaló en su día el profesor Moreso, no es solo contar votos, sino también procedimiento. Sin respeto a las formas la democracia se transforma en algo vacío.

Si comenzamos el mandato con un auténtico aluvión de Decretos-leyes, lo hemos terminado con un Parlamento convidado de piedra, que asiste a la aprobación de leyes por procedimientos de urgencia o de forma acelerada, sin deliberación ni debate, apenas se admiten enmiendas (en algunas leyes, ninguna), pues lo importante es llegar a ver la norma negro sobre blanco en el altar del Boletín Oficial.

Algo muy importante en democracia se rompe cuando se orilla una de las funciones típicas del Parlamento: ser órgano de deliberación y debate, también cuando elabora leyes. La Ley no solo se diferencia del resto de normas por estar reservada su aprobación al Parlamento (reserva de órgano), también se singulariza por la reserva procedimiento y, en algunos casos, de materia. Y el procedimiento parlamentario exige publicidad, deliberación y búsqueda de acuerdos. Eso es la política (Innerarity). Si el procedimiento se cumple de forma aparente, pero se hurta en su sustancia, las Cámaras se tornan instituciones esperpénticas, sin función real alguna.

En el próximo mandato esta pésima praxis esperemos que se corrija por la propia composición de las Cámaras. Pero la huella dejada no será fácil de borrar. Y sus efectos, algunos letales, tampoco. Hay algunos precedentes más tibios, pero no menos preocupantes, que anunciaban lo que ha llegado. En eso nadie se salva. Esperemos que no lo haga para quedarse.

Tal vez esa sintomatología sea una muestra de cómo se (mal) ejerce el poder en este país. Sobre eso es mejor no hablar, pues nadie saldría “de rositas”. En todo caso, no es bueno caer en una incontinencia o, más groseramente, en la pura “diarrea” normativa. La prudencia y la mesura también son necesarias a la hora de legislar. Sorprende que se predique a gritos en las nuevas leyes (39 y 40/2015) que nuestro sector público se regirá por la better regulation o la smart regulation, que con frecuencia orillamos o contradecimos, pero –frente a esas magnas declaraciones- somos incapaces de cumplir los principios más básicos del sistema de producción de leyes en una democracia.

TRANSPARENCIA, ¿Y AHORA QUÉ?

“En una democracia ocular (…) la transparencia se revelará así como una estrategia de regeneración  que no está a la altura de lo que promete e, incluso, en ciertas ocasiones, como una verdadera distracción democrática” (Daniel Innerarity, “La política en tiempos de indignación”, 2015).

La ola de transparencia, como tantas otras que afectan a nuestro sector público, la cogimos tarde, muy tarde. Y, además, lo hicimos tras un proceso legislativo lento y que fue incapaz de sumar los amplios consensos que una ley institucional de estas características debería tener. Mal comienzo.

A partir de esa Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se abrió un largo tiempo de descuento para dar “efectividad” a una Ley que iba a “regenerar” nuestro sistema democrático. Como si la renovación institucional pudiera diferirse alegremente. Siempre confiando en los poderes taumatúrgicos de la Ley y el BOE. No aprendemos.

Sin embargo, la crisis institucional fue haciéndose cada vez más intensa y descarnada, el proceso de desafección de la ciudadanía se vehiculó en buena parte hacia nuevas formaciones políticas y la transparencia tomó bríos como una suerte de solución mágica o pócima con poderes extraordinarios que todo lo resuelve. Entramos de lleno, a partir de entonces, en lo que Daniel Innerarity ha denominado como “el fervor” de la transparencia. (más…)

EL CASO GÜRTEL: UNA “PARCIALIDAD” DE LIBRO

«Justice must not only be done: it must also be seen to be done»

Es obvio que la cultura de imparcialidad en el Poder Judicial tiene todavía mucho camino por recorrer para asentarse de forma definitiva. La judicatura española está formada en la reivindicación del principio de independencia, pues esta es una conquista muy tardía y aún hoy en día con fuertes borrones en su haber.

Y ello no debe extrañar, pues en los sistemas constitucionales continentales, de patrón derivado de la Revolución francesa, el Poder Judicial ha sido por lo común más Administración de Justicia que Poder, ha vivido siempre maniatado al Poder Ejecutivo y su papel se ha visto limitado –hasta la aparición en escena de la jurisdicción constitucional- a la aplicación de la Ley, sin poder siquiera cuestionar la inconstitucionalidad de la obra del Legislativo.

Tampoco hay mucho recorrido para la sorpresa cuando la propia Constitución española de 1978 omite de forma clamorosa el principio de imparcialidad de los jueces, mientras que, paradojas de la vida, lo prevé expresamente en el caso del Ministerio Fiscal y de los propios funcionarios públicos al servicio de la Administración. Quien ha de ser el más imparcial (el juez) es al que la Constitución menos se lo exige. Paradojas constitucionales. (más…)

EL CUARTO OSCURO DE LA POLÍTICA

“El caciquismo, planta que en maraña espesa y litigante domina el suelo español, no desaparecerá en un año ni en diez; tiene las raíces muy hondas, y estas raíces no son como vulgarmente se creen los hombres que han gobernado; esas raíces están arraigadas en todo el ámbito nacional y en todas sus clases” (Conde de Romanones, “Breviario de Política Experimental”, Editorial Plus Ultra, Madrid, 1974, p. 101)

Todo el mundo identifica a la corrupción como el cuarto oscuro de la política. Nada que objetar a tal juicio. Pocos, sin embargo, consideran el clientelismo político como la auténtica y verdadera patología política del país. Quienes no lo computan dentro de tal lastre son, sin duda, los propios partidos políticos. Los viejos y los nuevos. Los primeros no han tomado nota de nada o nada han aprendido (que es peor). Los segundos están sumidos en un “aprendizaje avanzado», que no augura nada bueno.

La cita del Conde de Romanones es apropiada. Un liberal que ejerció de cacique. El libro que la contiene es un breviario para políticos a la vieja usanza, pero sus máximas y aforismos los compartirían hoy en día –desgraciadamente- buena parte de nuestra clase política. Algunas lecciones tienen interés, pero la carga de “realismo político” (y también de cinismo) es acusada en esas líneas.

El caciquismo es el gran problema; no es preciso resucitar o citar a Costa. Lo demás, coreografía. Tras casi cien días desde la constitución de los gobiernos locales y autonómicos, observamos entre perplejos y consternados que absolutamente nada ha cambiado en esos perversos usos. Pero no se trata de señalar con el dedo a nadie, sino a todos. Las nóminas de las administraciones locales y autonómicas se han poblado de amigos, parientes (más o menos próximos) y, sobre todo, de personas fieles al partido o a la coalición o agrupación. No pondré ejemplos, porque todos (sí, sí, todos) tienen unos cuantos escándalos poco edificantes en su reciente haber.

Hace unos meses escribí una entrada en este mismo Blog (“Asesores que no asesoran”) que los recientes hechos han confirmado su vigencia. No insistiré en el argumento, pues nada se consigue. Tampoco el entierro anunciado que hice en su día de la función directiva profesional tras esas últimas elecciones se ha contradicho un ápice. La inmensa mayoría de los gobiernos locales y autonómicos –con algunas singulares excepciones, que las hay, para fortuna de todos- han seguido con las mismas “tradiciones” o “usos”: nombrar directivos y asesores a los “amigos políticos” y desterrar al ostracismo a quienes consideraban (juicio subjetivo donde los haya) “enemigos políticos”. Política sectaria, pero sobre todo ineficiente y estúpida. Eso del “mérito” es propio de los pueblos que se encuadran dentro de esa categoría -tan alejada de los usos mediterráneos- de los “bárbaros del Norte”.

No hay remedio alguno para una sociedad que se niega a aprender de las evidencias. Lamento decirlo. Hace casi veinte años se publicó un excelente libro de varios autores (que, como todos los libros en este país, pasó prácticamente desapercibido) en el que se diagnosticaba el problema de forma diáfana (Política en penumbra. Política y clientelismo políticos en la España contemporánea, Siglo XXI, 1996): el viejo caciquismo español plenamente vigente en el siglo XIX se había transmutado en un clientelismo político atroz e intensivo durante el siglo XX y, en particular, aunque no solo, durante la vigencia del actual régimen constitucional. El problema es que esa lacra (repito la expresión) ha llegado hasta nuestros días. Es una auténtica metástasis, que todo lo invade (no solo la política). Reformen ustedes todas las Constituciones que quieran, pues a través de ellas cambiarán el decorado, pero hasta que no resolvamos definitivamente ese problema este país seguirá sumido en el subdesarrollo institucional más profundo. Lamento ser tan conciso y tan cáustico. Pero es un post y no un libro.

LA POLÍTICA: LOCURA Y PASIÓN

“Siempre he pensado que en las revoluciones los locos, no aquéllos a quienes se da ese nombre por metáfora, sino a los verdaderos, han desempeñado un papel político muy considerable” (A. De Tocqueville, “Recuerdos de la Revolución de 1848”, Trotta, Madrid, 1994, p. 138).

 

“En cuanto a la tercera característica de los partidos, a saber, que son máquinas de fabricar pasiones colectivas, está tan clara que no necesita demostración” (Simone Weil, “Ensayo sobre la supresión de los partidos políticos”, Confluencias, 2015, Salamanca, p. 47).

 

Una reflexión breve, pues se basa solo en dos lejanos testimonios. Uno muy distante, el otro un poco más próximo. Los dos inquietantes. Dan que pensar. Tal vez, dada la distancia remota o casi remota en que fueron escritos tales juicios u opiniones nadie identifique semejantes palabras con nuestras miserias más próximas. Se equivoca. El propio Tocqueville lo expresó con meridiana claridad en una de sus mejores obras (El Antiguo Régimen y la Revolución): “La historia es una galería de cuadros donde hay pocos originales y muchas copias”. Insuperable.

 

A Tocqueville lo he leído y releído en numerosas ocasiones. Siempre aprendo. No algo, mucho. Sin embargo, desconocido para mí, debo reconocer que el opúsculo de Simone Weil me ha hecho reflexionar. Hay mucha carga de profundidad en muy pocas páginas. Y de alguien que se comprometió con las causas más nobles y marginales.

 

Pero a lo que vamos: uno habla de “locura” y la otra de “pasión”, ambos atributos predicados de la política y de los partidos políticos. Es lo que hoy interesa. Comencemos por la locura y terminemos por la pasión.

 

¿Es posible que un pueblo quieto o cuerdo enloquezca? La historia nos dice que sí. El desorden puede que no esté en los hechos, pero como recuerda Tocqueville se puede hallar en los espíritus. Estamos durmiendo sobre un volcán y no nos damos cuenta. Las revoluciones nacen de las cosas más nimias. En política –como bien añade- “la comunidad de los odios constituye casi siempre el fondo de todas las amistades” (¿les recuerda a algo?). Una sociedad desordenada y confusa es el preludio de las revoluciones, aunque sean silenciosas. Ya lo dijo ese mismo autor (y acabo con esta cita): “(…) convenía tratar al pueblo francés como a esos locos a los que no se debe atar, por miedo a que se pongan furiosos al verse sujetos”. Abogaba el autor francés por gobiernos que pudieran cambiarse y no eternos: por la reforma y no por el inmovilismo. Algo muy reñido con la petrificación y la totalidad, que parecen estar omnipresente en nuestras vidas. Una tesis alejada del adanismo.

 

La pasión en sí no es buena. Así lo afirma Compte-Sponville. Un filósofo que respeto y me agrada. No es una virtud, es distinta del coraje o la valentía. Pero, además, en política la pasión -mal encauzada- puede ser fuente de desmanes y despropósitos. Simone Weil, en ese incendiario opúsculo contra los partidos políticos, ya lo advertía: “Un partido es una máquina de fabricar pasión colectiva”. Y la pasión colectiva es -según ella- la única energía que tienen los partidos. Hoy en día azuzados por su desprestigio los partidos se transforman en movimientos que se disfrazan de lagarterana y hacen suyas las viejas pasiones. Lo duro del diagnóstico de Weil es que, lacónica, sentencia que “tomar partido ha sustituido a la obligación de pensar”. Una lepra, según ella. Que solo se solucionará suprimiendo los propios partidos. Su sentencia era diáfana: “El objetivo reconocido de la propaganda es convencer y no arrojar luz”. Siempre la oscuridad fue preferible a la claridad, al menos en política.

 

No parece una solución cabal eso de suprimir los partidos. El paso del tiempo le ha dado la espalda. Pero ambas reflexiones de dos insignes e inigualables ensayistas nos ponen de relieve que los años, las décadas y los siglos pasan, pero las actitudes y comportamientos siguen. Esto de que la historia y los cuadros se repiten lo debemos grabar con fuego. Lo tenemos tan cerca … Una vez más, el gran Tocqueville lo bordó: “todo el mundo quería salir de la constitución”. Así no hay reforma, solo “destrucción” o “supresión” de la Constitución. Mejor no volver la mirada hacia Carl Schmitt, hoy –por motivos inconfesables- tan de moda. Es cierto, que eran otros tiempos …

 

“EL ALCALDE EN PATINETE” (SOBRE LA FALTA DE CONSIDERACIÓN INSTITUCIONAL Y LA AUSENCIA DE INCENTIVOS PARA ASUMIR CARGOS PÚBLICOS)

“Todo cargo público gratuito y de gran responsabilidad es esencialmente inmoral. Quien no cobra, se cobra, y casi siempre con daño grave de la justicia y del interés público”

(Santiago Ramón y Cajal, “Charlas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias”, Espasa Calpe, 2000, Madrid, p. 177).

No se asuste. En ningún caso voy a proponer que los desplazamientos de los cargos públicos locales (o los que fuere) se deban hacer a partir de ahora en semejante vehículo, aunque algunos en su delirio hasta lo avalarían. Es una metáfora que pretende resaltar el sinsentido que está adquiriendo el cúmulo desordenado de limitaciones o restricciones que se anudan en nuestros tiempos recientes al ejercicio de un cargo público.

Otra oportuna cita de quien fuera uno de nuestros más insignes científicos, Ramón y Cajal, nos lo advertía hace muchas décadas: “Nada más fácil que diferenciar en el orden político un inglés de un español. El primero cree que su primordial deber es mantener al Estado; mientras que el segundo cree que el Estado debe mantenerle a él”.

Esa vieja y desviada concepción de las instituciones y del papel que cumplen en la sociedad sigue plenamente vigente entre nosotros en nuestros días. Cierto que el país, desde aquellas fechas, ha cambiado mucho. Se ha modernizado de fachada. Pero las cosas son como son. Todavía hoy quien ejerce un cargo público, sea este el que fuere, es un “chorizo” en potencia (lo cual no quiere decir que, para desgracia nuestra, no los haya). Y la forma de corregir esa “tendencia natural” es bastardear la política y el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva en el sector público hasta extremos insólitos, que rayan con lo pintoresco y representan (fruto de la extraña concepción de lo público existente en este país) una grotesca excepción “hispana” frente a lo que ocurre en las democracias avanzadas de nuestro entorno.

A los ciudadanos les parece bien (incluso lo aplauden con fervor) que los políticos o altos cargos cobren poco. También les entusiasma que viajen en clase turista, se les desprovea de móviles de última generación, se les suprima o reduzcan los coches oficiales, se desplacen en metro, autobús, tranvía o bicicleta, coman de menú (a ser posible el más discreto) y no dispongan de patrimonio ni bienes, lo cual quiere decir que vivan con lo puesto.

No se llamen a engaño. Quien asuma un cargo público en estos momentos debe ser consciente de muchas cosas. Primero, salvo excepciones (que las hay), debe asumir que percibirá unas retribuciones por lo común muy por debajo de las que ofrece el sector privado. Segundo, las prebendas que antaño tenía ser cargo público, y que en cierta medida compensaban (o paliaban) tales limitaciones retributivas, están despareciendo o a punto de hacerlo. Y tercero, tendrá que cumplir estrictamente un régimen de incompatibilidades que se proyectará también sobre actividades futuras en el ámbito profesional o empresarial.

Y son solo algunos ejemplos de restricciones que se han ido imponiendo en la legislación, en los códigos de conducta o por la vía de hecho. Algunas de ellas son razonables y necesarias (impedir los conflictos de interés o fomentar conductas ejemplares). Otras son más discutibles, al menos en su intensidad.

Hace más de dos décadas, el sociólogo Juan José Linz predijo sabiamente que un severo régimen de incompatibilidades o la propia falta de incentivos podía desviar de asumir responsabilidades públicas a buena parte de los profesionales de cierto prestigio y a las personas con talento y proyección. Algo de esto sucede en la actualidad. Y se corre el riesgo de que este mal se enquiste para siempre. No tiene ningún sentido que un alto cargo de la Administración (o un político que ejerce las máximas responsabilidades en la estructura gubernamental) cobre menos que algunos (o muchos) funcionarios. Ya hay un buen número de casos en los que altos funcionarios o profesionales del sector privado declinan asumir cargos directivos de libre nombramiento porque las condiciones retributivas son menores o, en el mejor de los casos, iguales, así como por la dureza del régimen de incompatibilidades (sobre todo “ex post”) que se planea en tales cargos. Para algunos, no es broma, representa “la muerte civil” tras el cese. No podrán volver a sus ocupaciones anteriores. Con ello se pretende evitar “el tráfico de influencias”, pero realmente tan insigne objetivo no se está evitando (menos aún en la alta función pública) y lo que se está fomentando, guste o no guste, es una huída de las responsabilidades públicas de personas con talento.

Es verdad, se me objetará con razón, que los cargos públicos han sido y todavía están siendo pasto de unas clientelas políticas cuyo única obsesión es apoderarse de una poltrona y de un sueldo en la Administración Pública. No se acredita mérito para acceder a tales puestos ni se evalúan objetivamente competencias profesionales. Pero es preciso diferenciar. Los cargos públicos representativos se deben a la confianza del electorado, que es quien valorará las aptitudes y la credibilidad que cada candidato ofrezca y le votará o no. Aún así rodear de restricciones el ejercicio de tales cargos públicos supone poner barreras de acceso a un buen número de personas que, junto al desprestigio de la actividad, ven cómo no hay estímulo alguno (salvo un acentuado y, por lo común, no generalizado compromiso de servicio público) que ayude a asumir esas responsabilidades.

Diferente es quien ocupa cargos ejecutivos o directivos en el sector público. En este caso si las restricciones retributivas, de condiciones de ejercicio o de incompatibilidades son excesivas, no cabe duda que tales puestos solo atraerán a militantes o simpatizantes de partido sin oficio ni beneficio, a funcionarios mediocres o a profesionales sin expectativas en su ámbito de actividad. Algo de esto ha pasado en nuestra frágil democracia en los últimos treinta y cinco años. Como bien expuso el también sociólogo José Cazorla en 1996, “personas de cualificaciones muy bajas y conocimientos culturales modestos –oportunistas- alcanzaron a través de la carrera política posiciones que, en su vertiente profesional, jamás hubieran soñado, gracias al control de los recursos públicos”.

Si se quiere cambiar esa tendencia que derechamente nos ha conducido a la ineficiencia, cuando no a la corrupción, convendría –no nos queda otra- comenzar a replantearse si no se han de dignificar las condiciones de ejercicio de los cargos públicos representativos y ejecutivos, así como directivos, incrementando, eso sí, los test de escrutinio y la rendición de cuentas, siendo impecables con los corruptos, pero alimentando el buen gobierno y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones directivas en el sector público.

Necesitamos políticos y directivos públicos competentes profesionalmente, así como ejemplares en sus conductas y no personas que practiquen una austeridad mal entendida. Y eso no se promueve con medidas absurdas cargadas de demagogia, con restricciones hipócritas o con la estandarización de conductas cínicas. Si se quieren responsables públicos competentes e íntegros habrá que pagarles y ofrecerles condiciones de trabajo en consonancia con la entidad de sus funciones. Gobernar o dirigir el sector público es tarea -como diría Ramón y Cajal- de gran responsabilidad. En caso contrario, el talento huirá del sector público (ya está pasando) y nuestros gobernantes y directivos seguirán siendo personas de bajo perfil que cultivarán el “doroteísmo” del que hablara Caciagli; esto es, gestionarán el poder sin ideas ni proyectos, con la única voluntad de mantenerse en el mismo. Nada recomendable.

 

BUENA GOBERNANZA: UN RETO PARA LOS NUEVOS GOBIERNOS

“La transferencia de poder, la participación y la división en la toma de decisiones son los elementos clave de la gobernanza inteligente; capaces de reconciliar la democracia informada con la meritocracia responsable” (Berggruen/Gardels, “Gobernanza inteligente para el siglo XXI, Taurus, 2012, 46-47).

“Los países que puedan dotarse de ‘buena gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades de proporcionar a sus ciudadanos niveles de vida decentes. Aquellos que no puedan hacerlo, estarán condenados a la decadencia y la disfunción” (Micklethwait/Wooldridge, “La cuarta revolución. La carrera global para reinventar el Estado”, Galaxia Gutenberg, 2015, p. 13).

En un reciente libro editado por la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL (Ejes de la Política Local Vasca 2015-2019: http://www.eudel.eus/destacados/formacionpolitica/), la “Buena Gobernanza” se configura como uno de los ejes estratégicos del presente mandato en los gobiernos locales. Por su parte, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa han hecho una apuesta evidente también por nuclear el cambio institucional sobre esa noción de “Gobernanza”, reflejando esta idea en sus propias estructuras gubernamentales (con rango de Departamento foral en Gipuzkoa y con nivel de Dirección General cualificada en Bizkaia).

También la Transparencia, como elemento central de la noción de Gobernanza, ha sido uno de los puntos fuertes de los Ayuntamientos vascos, de alguna de sus Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco. Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao fue premiado en 2011 por el Instituto Europeo de Administración Pública por un programa de gestión del sector público. Y el de Ermua ha impulsado recientemente una experiencia de profesionalización de niveles gerenciales. La Red Vasca de Transparencia de los Ayuntamientos Vascos también está dando su fruto. Y el Programa Basque Score Card (autoevaluación en materia de integridad institucional con el apoyo del Consejo de Europa) en quince ayuntamientos vascos fue asimismo (aunque planteado como programa piloto) una experiencia también pionera.

En la misma línea, el Gobierno Vasco está liderando desde hace algún tiempo un Modelo Avanzado de Gestión (Aurrerabide) que traslada alguno de los elementos centrales de la idea de Gobernanza (por ejemplo, la Transparencia, Eficiencia, Buen Gobierno o la Rendición de Cuentas) e impulsa como eje singular la Innovación. También ha iniciado un proceso de planificación estratégica de recursos humanos (Plan de Empleo) ciertamente innovador, donde diagnostica certeramente las consecuencias del envejecimiento de plantillas y de la pérdida de conocimiento en la Administración Pública, aportando algunos remedios. Si a ello se suma la apuesta decidida que el propio Ejecutivo vasco adoptó en su día por la construcción de un Sistema de Integridad Institucional mediante la aprobación del Código Ético y de Conducta, bien se puede concluir que algo importante se está moviendo en Euskadi desde la perspectiva de mejora institucional y de la gestión pública.

No parece que, al menos hasta la fecha, ese empuje de cambio institucional y de gestión disponga de réplicas marcadas en otros contextos estatales, aunque algunas estructuras de gobierno locales y autonómicas están dando pasos en esa dirección. La Administración del Estado (con algunas excepciones de iniciativas impulsadas desde el INAP) sigue, sin embargo, anclada en su formato más convencional. Cierto es que “la moda” de la Transparencia (desarrollada en buena parte tras la aprobación de la Ley básica estatal) sí que ha arraigado con fuerza (al menos en términos normativos) en diferentes Comunidades Autónomas (por ejemplo, en Cataluña), así como en determinados gobiernos locales (donde se están llevando a cabo experiencias de interés: Ayuntamientos de Alcobendas, Gavà o Sant Cugat del Vallès, por poner algunos ejemplos). Pero, en otras facetas, las respuestas están siendo más tímidas o, incluso, menos consistentes. La ética institucional, la eficiencia o la propia noción de gobierno abierto, no terminan de pasar –salvo excepciones singulares que ahora no pueden ser citadas- el estadio programático para convertirse en una acción central y efectiva de las diferentes políticas gubernamentales.

La noción de Gobernanza tiene, sin embargo, largo recorrido. No es igual, pese a nuestra evidente confusión legal, al Buen Gobierno. Aquella engloba a este. En verdad, los postulados iniciales de la Gobernanza eran limitados y han venido enriqueciéndose con el paso del tiempo. Así, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea de 2001 se asentaba sobre cinco pilares o principios: participación; transparencia; rendición de cuentas; eficacia y coherencia. Más adelante, en un importante documento del Consejo de Europa sobre Estrategia para promover la Innovación y la Buena Gobernanza en el nivel local de gobierno, esos principios se enriquecieron hasta un total de doce.

Lo realmente importante en el diseño de una Política de Buena Gobernanza en las instituciones públicas radica en comprender bien el concepto. A ello ayuda alguna que otra contribución doctrinal (por ejemplo: La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia, obra publicada en 2005 por el INAP y coordinada por A. Cerrillo).

La gobernanza –como expuso en su día Renate Mayntz- no es otra cosa que “una nueva manera de gobernar, diferente del modelo de control jerárquico”. Pero ese cambio no puede ser retórico. Representa un paso más (aunque complementario y no excluyente) frente a la implantación efectiva del modelo burocrático profesional y a las medidas impulsadas en su momento por la Nueva Gestión Pública (New Public Management). Esta puso el foco de atención sobre aspectos intraorganizativos, centrándose en objetivos y resultados; mientras que aquélla (la Gobernanza) reexamina, según el profesor Rhodes, “la caja de herramientas del Gobierno” y persigue dar respuesta a escenarios más complejos y redes interorganizacionales, como estudió en su día Joan Prats o puso de relieve hace años en una interesante contribución el profesor mexicano Luis F. Aguilar (“Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones, Cuadernos de Liderazgo 17, Esade, 2008).

Pero, la gobernanza inteligente exige asimismo una apuesta decidida por la integridad institucional, minimizar la política cortoplacista, impulsar una meritocracia efectiva y construir canales óptimos de participación ciudadana (o de “multitudes inteligentes”). En esto las redes sociales son una ventana de oportunidad y un enorme reto, pero también hay que ser conscientes que una mala aplicación de tales redes puede provocar efectos no deseados. Como expusieron Berggruen y Gardels, “sin frenos ni contrapesos, la democracia directa propulsada por la energía del ciberespacio podría socavar la buena gobernanza en lugar de reforzarla”.

En efecto, no me centraré aquí (lo estoy haciendo en otro lugar) en uno de los puntos débiles (o si se prefiere, peor resueltos) de la Gobernanza: la rendición de cuentas. La “horizontalidad” de la Gobernanza combina mal con la todavía articulación “vertical” de las responsabilidades en las estructuras gubernamentales y administrativas. La Gobernanza, por definición, pretende situar en un mismo plano “deliberación” y “representación”. Pero algo falla en la arquitectura del modelo cuando la rendición de cuentas (accountability) por los resultados de esas políticas solo puede ser endosada a quienes ejercen tareas representativas o ejecutivas.

En cualquier caso, los que ahora importa es que la noción de Gobernanza se ha venido enriqueciendo con el paso del tiempo. Lo que sí parece obvio a estas alturas –y de ello nuestros gobernantes deberían tomar nota- es que el futuro de nuestras instituciones públicas, el “mejor gobierno”, la sostenibilidad del modelo y de las prestaciones públicas a los ciudadanos, así como de la propia democracia, depende estrechamente de que cada nivel de gobierno sea capaz de armar una agenda coherente y creíble de Buena Gobernanza e Innovación con la vista puesta en los próximos diez años. Quien lo haga, sentará las bases del futuro. Quien no se dé por enterado, condenará a sus organizaciones al letargo, cuando no a la decadencia. Lean (con sentido crítico) los sugerentes libros de los que se extraen las citas expuestas en el encabezamiento de esta entrada y ratificarán (presumo) este lapidario juicio.