“EL ALCALDE EN PATINETE” (SOBRE LA FALTA DE CONSIDERACIÓN INSTITUCIONAL Y LA AUSENCIA DE INCENTIVOS PARA ASUMIR CARGOS PÚBLICOS)

Todo cargo público gratuito y de gran responsabilidad es esencialmente inmoral. Quien no cobra, se cobra, y casi siempre con daño grave de la justicia y del interés público”

(Santiago Ramón y Cajal, “Charlas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias”, Espasa Calpe, 2000, Madrid, p. 177).

No se asuste. En ningún caso voy a proponer que los desplazamientos de los cargos públicos locales (o los que fuere) se deban hacer a partir de ahora en semejante vehículo, aunque algunos en su delirio hasta lo avalarían. Es una metáfora que pretende resaltar el sinsentido que está adquiriendo el cúmulo desordenado de limitaciones o restricciones que se anudan en nuestros tiempos recientes al ejercicio de un cargo público.

Otra oportuna cita de quien fuera uno de nuestros más insignes científicos, Ramón y Cajal, nos lo advertía hace muchas décadas: “Nada más fácil que diferenciar en el orden político un inglés de un español. El primero cree que su primordial deber es mantener al Estado; mientras que el segundo cree que el Estado debe mantenerle a él”.

Esa vieja y desviada concepción de las instituciones y del papel que cumplen en la sociedad sigue plenamente vigente entre nosotros en nuestros días. Cierto que el país, desde aquellas fechas, ha cambiado mucho. Se ha modernizado de fachada. Pero las cosas son como son. Todavía hoy quien ejerce un cargo público, sea este el que fuere, es un “chorizo” en potencia (lo cual no quiere decir que, para desgracia nuestra, no los haya). Y la forma de corregir esa “tendencia natural” es bastardear la política y el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva en el sector público hasta extremos insólitos, que rayan con lo pintoresco y representan (fruto de la extraña concepción de lo público existente en este país) una grotesca excepción “hispana” frente a lo que ocurre en las democracias avanzadas de nuestro entorno.

A los ciudadanos les parece bien (incluso lo aplauden con fervor) que los políticos o altos cargos cobren poco. También les entusiasma que viajen en clase turista, se les desprovea de móviles de última generación, se les suprima o reduzcan los coches oficiales, se desplacen en metro, autobús, tranvía o bicicleta, coman de menú (a ser posible el más discreto) y no dispongan de patrimonio ni bienes, lo cual quiere decir que vivan con lo puesto.

No se llamen a engaño. Quien asuma un cargo público en estos momentos debe ser consciente de muchas cosas. Primero, salvo excepciones (que las hay), debe asumir que percibirá unas retribuciones por lo común muy por debajo de las que ofrece el sector privado. Segundo, las prebendas que antaño tenía ser cargo público, y que en cierta medida compensaban (o paliaban) tales limitaciones retributivas, están despareciendo o a punto de hacerlo. Y tercero, tendrá que cumplir estrictamente un régimen de incompatibilidades que se proyectará también sobre actividades futuras en el ámbito profesional o empresarial.

Y son solo algunos ejemplos de restricciones que se han ido imponiendo en la legislación, en los códigos de conducta o por la vía de hecho. Algunas de ellas son razonables y necesarias (impedir los conflictos de interés o fomentar conductas ejemplares). Otras son más discutibles, al menos en su intensidad.

Hace más de dos décadas, el sociólogo Juan José Linz predijo sabiamente que un severo régimen de incompatibilidades o la propia falta de incentivos podía desviar de asumir responsabilidades públicas a buena parte de los profesionales de cierto prestigio y a las personas con talento y proyección. Algo de esto sucede en la actualidad. Y se corre el riesgo de que este mal se enquiste para siempre. No tiene ningún sentido que un alto cargo de la Administración (o un político que ejerce las máximas responsabilidades en la estructura gubernamental) cobre menos que algunos (o muchos) funcionarios. Ya hay un buen número de casos en los que altos funcionarios o profesionales del sector privado declinan asumir cargos directivos de libre nombramiento porque las condiciones retributivas son menores o, en el mejor de los casos, iguales, así como por la dureza del régimen de incompatibilidades (sobre todo “ex post”) que se planea en tales cargos. Para algunos, no es broma, representa “la muerte civil” tras el cese. No podrán volver a sus ocupaciones anteriores. Con ello se pretende evitar “el tráfico de influencias”, pero realmente tan insigne objetivo no se está evitando (menos aún en la alta función pública) y lo que se está fomentando, guste o no guste, es una huída de las responsabilidades públicas de personas con talento.

Es verdad, se me objetará con razón, que los cargos públicos han sido y todavía están siendo pasto de unas clientelas políticas cuyo única obsesión es apoderarse de una poltrona y de un sueldo en la Administración Pública. No se acredita mérito para acceder a tales puestos ni se evalúan objetivamente competencias profesionales. Pero es preciso diferenciar. Los cargos públicos representativos se deben a la confianza del electorado, que es quien valorará las aptitudes y la credibilidad que cada candidato ofrezca y le votará o no. Aún así rodear de restricciones el ejercicio de tales cargos públicos supone poner barreras de acceso a un buen número de personas que, junto al desprestigio de la actividad, ven cómo no hay estímulo alguno (salvo un acentuado y, por lo común, no generalizado compromiso de servicio público) que ayude a asumir esas responsabilidades.

Diferente es quien ocupa cargos ejecutivos o directivos en el sector público. En este caso si las restricciones retributivas, de condiciones de ejercicio o de incompatibilidades son excesivas, no cabe duda que tales puestos solo atraerán a militantes o simpatizantes de partido sin oficio ni beneficio, a funcionarios mediocres o a profesionales sin expectativas en su ámbito de actividad. Algo de esto ha pasado en nuestra frágil democracia en los últimos treinta y cinco años. Como bien expuso el también sociólogo José Cazorla en 1996, “personas de cualificaciones muy bajas y conocimientos culturales modestos –oportunistas- alcanzaron a través de la carrera política posiciones que, en su vertiente profesional, jamás hubieran soñado, gracias al control de los recursos públicos”.

Si se quiere cambiar esa tendencia que derechamente nos ha conducido a la ineficiencia, cuando no a la corrupción, convendría –no nos queda otra- comenzar a replantearse si no se han de dignificar las condiciones de ejercicio de los cargos públicos representativos y ejecutivos, así como directivos, incrementando, eso sí, los test de escrutinio y la rendición de cuentas, siendo impecables con los corruptos, pero alimentando el buen gobierno y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones directivas en el sector público.

Necesitamos políticos y directivos públicos competentes profesionalmente, así como ejemplares en sus conductas y no personas que practiquen una austeridad mal entendida. Y eso no se promueve con medidas absurdas cargadas de demagogia, con restricciones hipócritas o con la estandarización de conductas cínicas. Si se quieren responsables públicos competentes e íntegros habrá que pagarles y ofrecerles condiciones de trabajo en consonancia con la entidad de sus funciones. Gobernar o dirigir el sector público es tarea -como diría Ramón y Cajal- de gran responsabilidad. En caso contrario, el talento huirá del sector público (ya está pasando) y nuestros gobernantes y directivos seguirán siendo personas de bajo perfil que cultivarán el “doroteísmo” del que hablara Caciagli; esto es, gestionarán el poder sin ideas ni proyectos, con la única voluntad de mantenerse en el mismo. Nada recomendable.

 

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