TRANSPARENCIA, ¿Y AHORA QUÉ?

“En una democracia ocular (…) la transparencia se revelará así como una estrategia de regeneración  que no está a la altura de lo que promete e, incluso, en ciertas ocasiones, como una verdadera distracción democrática” (Daniel Innerarity, “La política en tiempos de indignación”, 2015).

La ola de transparencia, como tantas otras que afectan a nuestro sector público, la cogimos tarde, muy tarde. Y, además, lo hicimos tras un proceso legislativo lento y que fue incapaz de sumar los amplios consensos que una ley institucional de estas características debería tener. Mal comienzo.

A partir de esa Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se abrió un largo tiempo de descuento para dar “efectividad” a una Ley que iba a “regenerar” nuestro sistema democrático. Como si la renovación institucional pudiera diferirse alegremente. Siempre confiando en los poderes taumatúrgicos de la Ley y el BOE. No aprendemos.

Sin embargo, la crisis institucional fue haciéndose cada vez más intensa y descarnada, el proceso de desafección de la ciudadanía se vehiculó en buena parte hacia nuevas formaciones políticas y la transparencia tomó bríos como una suerte de solución mágica o pócima con poderes extraordinarios que todo lo resuelve. Entramos de lleno, a partir de entonces, en lo que Daniel Innerarity ha denominado como “el fervor” de la transparencia.

Han aparecido innumerables leyes de transparencia y normas u ordenanzas que pretenden el mismo fin. Otras están en camino. El “fervor” normativo es, por tanto, innegable. La fecha de plena aplicación, tras dos años de moratoria, está cerca: el 10 de diciembre de 2015. Unos se han adelantado, otros van con retraso. Tampoco se llamen a engaño: somos especialistas en manchar los boletines oficiales de leyes que se publican y no se aplican.

Pero, junto a ese fervor normativo, se ha despertado también un “fervor político”. Y dejemos ahora el “fervor del negocio”, que también lo hay. Ahora todo el mundo sabe de transparencia, cuando hace unos días éramos unos analfabetos. La transparencia ha pasado a ocupar un papel estelar en los programas electorales y en los planes de gobierno de todas las instituciones. No hay gobierno que se precie que no haya incluido entre sus objetivos políticos o ejes de actuación del mandato el impulso de la transparencia en su organización. Ahora, no hay nadie que no transite por esa dirección. El fervor de la transparencia se ha convertido en auténtica procesión de nuevos creyentes que se arrodillan ante los poderes sobrenaturales de tan gráfica noción.

El discurso oficial nos lo sabemos todos. El martilleo de los mensajes sobre las virtudes de la transparencia lleva ya un buen tiempo con nosotros. La academia ha vestido a la transparencia con ropajes solemnes. Y, en muchas cosas, razón no le falta. Cierto es que una transparencia bien entendida y mejor aplicada aporta un instrumento de control al ejercicio del poder, limita por tanto la arbitrariedad, frena las intenciones de sortear la legalidad o de incurrir en conductas éticamente reprobables, así como puede hacer más efectiva la rendición de cuentas mediante la exigencia de determinadas explicaciones a quienes nos gobiernan o administran sobre el buen o mal uso de sus facultades y de los recursos de la institución. Y todo ello con el noble objetivo de reforzar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Más vale que confiáramos más en nosotros mismos, como diría Emerson. Pero así son las cosas.

Con frecuencia se olvida que la transparencia es un instrumento o medio, que como tal tiene sus enormes limitaciones, pues requiere sobre todo un cambio radical de actitud y una nueva forma de hacer las cosas tanto políticas como administrativas. Sin este cambio, hablar de transparencia es jugar al escondite. La política se resiste (y se resistirá siempre) a enterrar sus arcana. Carl Schmitt lo describió con su particular clarividencia: “la política es una especie de doctrina esotérica”, que envuelve “secretos de Estado” que, a su juicio, no difieren de los secretos industriales o del secreto comercial. Hay cosas que no sabremos nunca de la política y esa “discreción democrática” –como la llama Innerarity- puede ser incluso, en algunos momentos, saludable o, al menos, necesaria, por mucho que se escandalice más de uno.

La transparencia es, antes que todo, un Valor, un Principio de actuación y una Política. Pero a todo ello se le debe añadir un Marco de Gestión. Quien se crea la transparencia debe interiorizar este juego plural que tiene tal noción. Lo demás, es distraer.

La transparencia es, además, un proceso, que pretende llevarnos desde el oscurantismo a la luz. Pero es un proceso plagado de dificultades, pues las resistencias culturales y orgánicas serán (ya lo son) hercúleas. Lo mismo que el mal uso de la transparencia que se comienza a hacer por parte de determinados “ciudadanos” y de algunos medios de comunicación. La transparencia como medio para “escandalizarse” (transparencia de “cotillas”) de los sueldos y condiciones de la política. Transparencia de escaparate. Sin contenido democrático. Vacua. Nada ganaremos si tras la puesta en práctica de esa política de transparencia solo alimentamos una “democracia de espectadores” (en palabras de Byung Chul-Han) o de curiosos guiados exclusivamente por el morbo. Eso no es transparencia

La política de transparencia requiere enmarcarse en un sistema de buena gobernanza para ser creíble. No se puede hacer “transparencia” aisladamente, si esta no viene acompañada de marcos de integridad institucional, de una sincera apuesta por el gobierno abierto y la interactuación con la ciudadanía, de un sistema de gestión eficiente de los recursos y procedimientos, así como, en fin, de un depurado modelo de rendición de cuentas que nunca olvide –tampoco en un escenario de buena gobernanza- quiénes son “los conductores” (políticos, directivos y funcionarios) que responden en última instancia ante la ciudadanía. Pero los valores también importan: son el presupuesto para que eso funcione mínimamente.

La definición de la política de transparencia es, por tanto, tarea de gobierno. Sin pretender ser exhaustivo en el planteamiento, esa política puede construirse sobre tres escenarios: a) Una transparencia “efectiva”; b) Una transparencia “de cumplimiento de legalidad”; y c) Una transparencia “limitada, aparente o mentirosa”.

Ni que decir tiene que la inmensa mayoría de los gobiernos se apuntarán al primer escenario, al menos de boquilla. Pero la realidad nos revelará que en su práctica totalidad navegarán –como puedan- por el escenarios segundo y tercero.

El valor fundamental de la transparencia es su papel instrumental como herramienta de control del poder. Es ahí donde, en efecto, puede radicar su fortaleza futura. Pero para que alcance esa importante función se necesitarán quemar muchas etapas de ese largo proceso que conduce a la madurez democrática de la ciudadanía y a un verdadero fortalecimiento de la calidad de nuestras instituciones y de las personas que las pueblan. Algo tremendamente difícil a corto plazo. Todo es comenzar, pero que nadie se haga grandes ilusiones. Se han puesto demasiadas expectativas sobre una política que exige para su efectiva realización muchas cosas que aún no poseemos.

(Resumen de la ponencia presentada con el mismo título en un Curso organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y el Gobierno de Aragón, celebrado en Huesca, el 24 de septiembre de 2015)

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