INSTITUCIONES

MUJICA: LA AUTENTICIDAD DE LA POLÍTICA

“El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son” (Pepe Mujica)

Cuando la zozobra y la impotencia parecen arraigar en el escenario de la política española, asimismo cuando el liderazgo político parece estar de vacaciones o vestirse de oportunismo táctico, tal vez convenga volver la mirada a quien fuera un político excepcional y aprender algo de sus enseñanzas, ideas o formas de comportarse en el siempre complejo tablero de la política.

Quien fuera presidente de Uruguay, Pepe Mujica, ha sido (y, en cierta medida, sigue siendo) objeto de una atención mediática extraordinaria. Desde su inicio de mandato se multiplicaron las entrevistas, sus discursos fueron difundidos por doquier y sus acertados juicios adquirieron asimismo una resonancia extraordinaria. Son muchos, también algunos responsables políticos de primer nivel, quienes han calificado a Mujica de “sabio”. Él mismo, sin embargo, es muy claro al respecto: “No me creo un genio ni mucho menos. Para mí el genio es noventa por ciento sudor”.

Pero sabio sí que es. Acumula experiencia, una vida irrepetible, una larguísima estancia en prisión en condiciones infrahumanas de las que salió indemne tras rozar la locura gracias a la reflexión y a los libros. Mujica es Mujica. Y quien pretenda reeditarlo se equivoca.

Llegó al poder con una edad que él mismo sitúa en la vejez, pero acumulando experiencia, reflexión y un sinfín de lecturas. Dice las mismas cosas que los filósofos clásicos, pero de forma mucho más accesible. La edad no es condición limitadora, a su juicio, para el ejercicio de las máximas responsabilidades, sino todo lo contrario. Sus palabras son diáfanas: “De joven te da la pujanza y también la bobera. De viejo sos más débil pero ves mucho más lejos”.

En esta breve entrada solo se puede traer a colación alguna de las líneas de pensamiento de esta “oveja negra” que llegó a la política y cautivó a los suyos (alcanzo la presidencia con más del 52 por ciento de los votos y se despidió de ella con un apoyo superior al 70 por ciento) y también fue ensalzado por buena parte del mundo.

Ahora que estamos tan ayunos de liderazgo en esta Europa desconcertada o en esta España que, país de charlatanes (“chamanes”, como diría Víctor Lapuente), habla de (mala) política más de la cuenta, tal vez convenga repasar algunas de sus ilustres frases recogidas en un buen número de libros o entrevistas que circulan desde hace algún tiempo. Esta es solo una selección de diez ideas-fuerza, sesgada e incompleta, pero que debería hacer pensar a quienes se dedican al digno oficio de la política, antes de que lo bastardeen del todo.

1) “El odio no construye”
2) “Soy apasionado pero no fanático, y así voy a gobernar. Con mucho diálogo y tratando de involucrar a todos los que pueda”.
3) “Lo peor es cuando la matriz ideológica no te permite percibir la realidad como es. Hace tiempo que abandoné eso y me di cuenta de la importancia de los matices (…) Olvidar no, porque no olvidás un carajo. ¡Cómo mierda voy a olvidar todo lo que pasé! El asunto es superar”.
4) “Prefiero leer mucho y pensar. Trato de interpretar al máximo lo que leo. Y cuando tengo tiempo, escribo para arreglarme la cabeza. Te ordena un poco las ideas”.
5) “Ojo yo tengo una manera de ser, pero no le reprocho a nadie que no viva como yo. Lo que yo siempre digo es: Trata de vivir como piensas porque si no pensarás como vives”.
6) “Los gobernantes deben vivir con sobriedad, como la inmensa mayoría del pueblo que les votó”.
7) “El descreimiento en la política es también la falta de un discurso atractivo de los que ocupan los principales lugares”.
8) “El órgano más sensible que hay es el bolsillo”.
9) “Los hombres al frente de los países tienen que ser pragmáticos. Hay que tener mucho sentido común, esa es la mejor ideología”.
10) “En ciertas decisiones hay que mirar mucho más lejos de lo que vaya a ocurrir en las próximas elecciones”.

Una selección absolutamente incompleta de las innumerables citas que se pueden extraer de este político-sabio, ávido lector, con una capacidad extraordinaria de reflexión y de una moralidad intachable, aunque también cometió errores como lo reconoce en no pocos momentos (“La cagué, la cagué”, es una de sus expresiones favoritas en algunos casos).

Su visión del mundo y los retos a los que se enfrenta es mucho más amplia que la perspectiva limitada aquí recogida.
Pero si algo cabe destacar en estos momentos de este lector de la filosofía griega, de Confucio y de otros tantos pensadores clásicos, amante de la música, descreído por edad de las tecnologías de la información, es ante todo su calidad moral, honestidad, ejemplaridad y responsabilidad, así como su afán por buscar el acuerdo, sus buenas relaciones con algunos opositores y con mandatarios muy alejados de su forma de ser y pensar (como Sebastián Piñera, por ejemplo). Unas lecciones muy sencillas en su enunciado (más difíciles al parecer de practicar) que algunos de nuestros políticos deberían aprender. Falta nos hace.

CÓDIGOS DE CONDUCTA: EL CASO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO

 

“Como conocemos que los incentivos, las oportunidades y los riesgos pueden provocar conductas inmorales hasta en personas decentes, es preciso establecer normas, procesos y órganos dentro de cada organización pública que prevengan conductas inmorales y promuevan la ética”

(M. Villoria y A. Izquierdo, Ética Pública y Buen Gobierno, Tecnos, 2016, p. 202)

Uno de los elementos clave de lo que Pierre Rosanvallon ha definido recientemente como “la democracia de confianza” es, sin duda, la apuesta por la integridad (“Le bon gouvernement”, Seuil, 2015). Es cierto que, por parte de algunos intelectuales como Bauman, se está defendiendo “la crisis de la democracia como el colapso de la confianza”. Fruto de ese contexto, las exigencias de integridad hacia los responsables públicos se han incrementado en los últimos años como consecuencia de la proliferación de casos de corrupción, pero el cambio cualitativo radica en que –como también señala Rosanvallon- hemos pasado de una “política de programas a una política de las personas”.

La ciudadanía escruta cada vez con más intensidad cuál es la conducta y el comportamiento de sus responsables públicos. Esa “institución invisible” que es la confianza se asienta especialmente en algo tan relevante como es la integridad; esto es, en las conductas y comportamientos públicos (así como aquellos privados con trascendencia pública) de las personas que desarrollan su actividad en las instituciones públicas (dimensión subjetiva). Pero, asimismo, la dimensión objetiva de la integridad (los impactos que sobre la institución tienen esas conductas de los cargos y empleados públicos) son cada vez más importantes.

En efecto, en ese proceso –al cual contribuye también la transparencia bien entendida; esto es, como medio de control democrático del poder- cobra especial importancia la calidad de los actores del mundo político. Schumpeter ya hizo hincapié en su día en que “la idoneidad del material humano es especialmente importante para el éxito del gobierno democrático”. La rendición de cuentas se proyecta cada vez más sobre las conductas de los gobernantes.

En esa línea cabe enmarcar la gradual aparición en la escena pública de los Códigos de Conducta, también en un país como el nuestro tan alejado inicialmente de esa cultura. Esa aparición no solo se ha dado en el ámbito autonómico, sino que también esa tendencia empieza a cuajar en algún gobierno local. El Gobierno central y la Administración del Estado nada han entendido sobre esta cuestión.

Ciertamente, en España el proceso de implantación está siendo lento, pues el espacio de la autorregulación que dejan las leyes –como ha expuesto recientemente Victoria Camps- no es precisamente amplio. Esta opción legal implica, tal como reconocieron Longo y Albareda, optar por “la ruta fácil” de las medidas represivas o sancionadoras, mientras que por el contrario una política de integridad debería inclinarse por la prevención y la mejora de la infraestructura ética de las instituciones, con la finalidad de desarrollar la Gobernanza Ética. Como también señaló Yves Mény, cuando el código penal entra en escena el mal ya está hecho y reparar los destrozos institucionales que la corrupción ha ocasionado no es tarea precisamente fácil en ese contexto.

En la esfera local de gobierno es preciso resaltar en estos momentos la aprobación reciente del Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromisos con la Calidad Institucional del Ayuntamiento de Bilbao, que representa un buen ejemplo de cómo un municipio elabora un Código inserto en un Marco de Integridad Institucional a través de la configuración de una Comisión de Ética (con presencia de dos asesores externos) que interpretará el alcance de los principios y normas de conducta, resolverá los dilemas éticos, pudiendo promover una serie de medidas con el fin de garantizar la efectividad del citado Código (entre ellas las de apercibimiento o, incluso, propuestas de cese o renuncia). Se huye, como diría Adela Cortina, de la ética como “estética” (aprobación meramente “formal” de un Código sin otras consecuencias) y se opta por una ética o integridad “efectiva”.

Se trata, en efecto, de impulsar una política de integridad institucional –y esto es importante- con carácter “preventivo”, no “reactivo”; esto es, los estándares de conducta en la política vasca, independientemente de cuál sea la fuerza política que gobierne o haya gobernado, son elevados (o, por lo menos, muy razonables), por lo que no se trata de aprobar un Código para “quitar presión” mediática o ciudadana sobre malas prácticas, sino de impulsar la mejora continua de esos estándares de comportamiento institucional.

El Código del Ayuntamiento de Bilbao se aplica a los cargos públicos representativos de la entidad y al personal titular de los órganos directivos, así como a los máximos responsables de las entidades del sector público. Entre sus características más relevantes se encuentra el de ser –al igual que el Código Ético y de Conducta del Gobierno Vasco- “un instrumento vivo”, que tiene por tanto la finalidad de adaptarse a los tiempos. El papel de la Comisión de Ética es clave en este punto.

La apuesta del Ayuntamiento de Bilbao es un paso que, hasta la fecha, han dado pocas entidades locales. Evidentemente, hay aspectos que deberán desarrollarse y mejorarse conforme se planteen cuestiones, problemas o dilemas éticos (para eso está la propia Comisión de Ética), pero al estar el Código de Conducta inserto en un Marco de Integridad Institucional es obvio que con ello se persigue principalmente la prevención a través de la internalización –como expuso también Victoria Camps- de los principios y normas de conducta y, en particular, por medio de la mejora del clima ético de la entidad.

Si algo caracteriza al Código del Ayuntamiento de Bilbao, como propusiera en su día EUDEL, es que no solo contiene principios y normas de conducta éticas y de buen gobierno, sino que también incorpora unos compromisos institucionales que asumen tanto los miembros del equipo de gobierno como los concejales de la oposición, siempre, claro está, que se produzca el acto de adhesión de estos a las previsiones del citado Código. En este sentido, como mera sugerencia, tal vez sería oportuno explorar una futura adecuación de la composición de la Comisión de Ética a través de algún medio al ámbito subjetivo de aplicación (por ejemplo ratificando por el Pleno o consensuando los asesores propuestos como miembros de la Comisión), que se extiende, como se ha dicho, también a todos los concejales.

En todo caso, la Integridad Institucional no puede limitarse al espacio político-directivo, sino que debe predicarse de toda la institución en su conjunto. Aunque nadie puede discutir que quienes ejercen funciones de representación política o de carácter directivo en el sector público deben desarrollar un liderazgo ético y predicar –como bien recordaba Javier Gomá- con el ejemplo.

Los Códigos son solo una modesta herramienta para restaurar esa dañada confianza en las instituciones públicas, pero si se insertan en una Política de Integridad Institucional del Gobierno municipal pueden ser una palanca efectiva para mejorar la confianza o, al menos, con el objetivo de paliar su erosión o colapso. Es digno subrayar, por último, que Bilbao ha dado un importante paso. Este avance cabe presumir que servirá de ejemplo para otros ayuntamientos. La imagen y la credibilidad de la institución gana, pero también la marca de ciudad. Temas nada menores en un mundo en el que la competitividad institucional es la regla. Esperemos que el resto de gobiernos locales (al menos los vascos) tomen nota.

GOBERNAR SOBRE “UNA PIRÁMIDE DE BOLAS DE BILLAR”

 

“Cuando los Gobiernos son tan inestables como lo fueron en Francia desde 1871 hasta el derrumbamiento de 1940, su atención tiene que estar casi monopolizada por una tarea que es similar a la de tratar de construir una pirámide con bolas de billar” (Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, II, Página Indómita, Barcelona, 2015, p. 95)

 

Nadie, a mi juicio, ha descrito de forma más gráfica que Schumpeter los problemas que implica la falta de estabilidad gubernamental. La reflexión es de hace más de setenta años, pero tiene una vigencia fuera de lo común. Más en nuestro complejo contexto político.

 

En efecto, tras las elecciones autonómicas, forales y municipales, así como tras las elecciones catalanas, la fragmentación se implantó en las diferentes instituciones y la gobernabilidad se tornó más compleja, en algunos casos casi imposible. Hubo que acudir a acuerdos de investidura, algunos de legislatura o de mandato y, en menos casos, a articular gobiernos de coalición que garantizaran la mayoría absoluta. En algún caso (Cataluña), los riesgos de convocar nuevas elecciones son ya más que evidentes (cosa de días u horas, si nadie lo remedia). Las elecciones legislativas del 20 de diciembre han reafirmado esa tendencia: una mutación del sistema de partidos que altera las esencias del sistema institucional diseñado a partir de la transición política.

 

La forma de gobierno (sistema electoral y régimen parlamentario), asentada sobre un bipartidismo “protegido” ha entrado en crisis. La gobernabilidad se convierte, así, en una tarea difícil de alcanzar. Es la cuarta crisis. Se suma a las tres anteriores: la económico-financiera (con algunos efectos aún devastadores en el campo del empobrecimiento y el paro), la fiscal (de la que aún nos queda largo recorrido para salir de ella), así como de la institucional (probablemente la más grave de todas y de solución más compleja).

 

Cuando la solidez del Gobierno es más necesaria que nunca en el marco de una democracia “ejecutiva” y de “confianza” (como la ha denominado Pierre Rosanvallon), cuando aún se han de llevar a cabo reformas estructurales e institucionales de enorme magnitud y que requieren valentía y coraje político (por tanto, de mayorías sólidas), o cuando “el crédito país” (las inversiones y el crecimiento económico) dependen en buena medida de la existencia de estructuras gubernamentales estables y de políticas económicas con amplio respaldo, aquí hemos “redescubierto” con fervor de nuevos inquilinos la fragmentación política, la inestabilidad parlamentaria y, por tanto, el equilibrio imposible que supone gobernar sobre “una pirámide de bolas de billar”. Como si el pluralismo político fuera “cuartear” el país o los territorios en bandas rivales e irreconciliables.

 

Ha sido la voluntad ciudadana, en efecto. Traducir esa voluntad en gobierno estable es una tarea –seamos honestos- hoy por hoy casi imposible. Pero no lo es porque la tarea supere las exigencias habituales de esa actividad que es la política (pues para eso está), sino lo es sobre todo porque entre nosotros se ha impuesto una política sectaria y sorda, nada dada a los acuerdos transversales, ajena a la argumentación y al cambio sensato de impresiones o de proyectos, y muy dada al griterío ensordecedor, la trinchera o la demagogia (solo hace falta ver algunos programas infumables de “debate político” en algunos canales televisivos o tertulias radiofónicas). Un sectarismo del que hizo bandera el gobierno saliente durante su gestión “absoluta” (cuasitotalitaria, en algunos momentos) en el mandato anterior, al que se ha unido ahora una oposición cainita, virginal, redentora o, simplemente, repetitiva. Nadie da su brazo a torcer. Como si ese inmovilismo bochornoso o ese rancio dogmatismo periclitado nos arregle la vida a los ciudadanos. Tendrá elevados costes sobre nuestra vida, tranquilidad y futuro, pues en caso contrario la política no serviría para nada. Ya no se trata de mala política es algo peor: anomia política. Políticos que, al parecer, no saben hacer política. Algo serio. Nadie, como señalara Paco Longo, ha hablado de qué hacer en el Gobierno: todo son líneas rojas, vetos o llamadas “angelicales” al pacto, para que algún partido pueda seguir lamiendo las mieles del poder y continuar repartiendo prebendas entre los suyos y sus clientelas. Sumar, ¿para qué? Alguien nos lo debería explicar.

 

Es cierto que el escenario político está cambiando por completo. No solo aquí, en toda Europa. Pero el cambio en España parece haber adquirido velocidad de vértigo. El problema, cuando se corre, es saber hacia dónde se va. Si se opta por el parlamentarismo fragmentado, todos sabemos donde ha conducido si no hay una correcta gestión política: al precipicio. No es menester traer a colación los innumerables casos en que así ha sido (recuérdese la cita inicial de Schumpeter, el período de entreguerras o la inestabilidad crónica, entre otros, del sistema político italiano durante décadas). ¿Aprenderán algo nuestros políticos de tantas lecciones que la historia nos ha enseñado? Los primeros pasos en la larga gestión del aún incipiente proceso de formación de un Gobierno no han podido ser más lamentables, por unos y por otros.

 

La política, como recordaba recientemente Innerarity, es llegar a acuerdos. Para eso, como bien expuso el ex-presidente de Uruguay, Pepe Mujica, no hay otra salida que negociar, negociar y negociar. Y eso requiere tesón, pero también conciencia clara de que solo cediendo (algunas veces cosas importantes) se llega a acuerdos. De no ser así, este país pasará a la historia por “repetir elecciones” (como si eso fuera gratis y sin consecuencia alguna).

 

Un alumno repetidor es un mal estudiante, unos políticos que son incapaces de alcanzar acuerdos y nos obligan a ir una y otra vez a las urnas (hasta que la ciudadanía se canse) son unos pésimos políticos. Como también recordaba Schumpeter, debemos impedir que “tontos y charlatanes”, así como corruptos e incompetentes, nos gobiernen. En nuestra mano está echarlos a patadas y, si es preciso, a la basura. Pues ese será su “digno” sitio si son incapaces de resolver absolutamente ninguna de las cuestiones más básicas que forman parte de “su oficio”. Y por el que, por cierto, cobran. Que no sigan abusando de nuestra confianza. Además, nos lo ponen fácil: rendir cuentas (nuevas elecciones) a los pocos meses de haber demostrado su supina incompetencia para formar gobierno tras un proceso electoral, nos los pone “en bandeja de plata”. Pueden terminar dándose más de un susto.

EL MAL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO CONDUCTA CONTRAPRODUCTIVA

 

“Se trata de una batalla apasionante que va a tener lugar en los años venideros, y en la cual está en juego nada menos que nuestro principal recurso intelectual: la atención” (R. Casati, Elogio el papel. Contra el colonialismo digital, Ariel, 2015, p. 42).

Esta entrada probablemente no despierte pasiones en las redes sociales, pero considero necesario plantear un problema real, no ficticio. En efecto, a pesar de ser un fenómeno extendido y en auge continuo, el mal uso de las redes sociales como conducta “contraproductiva” no ha sido objeto hasta ahora de excesiva atención. Sin embargo, parece obvio que su impacto sobre la forma de trabajar (o de no hacerlo o de hacerlo de forma inadecuada) es indudable.

Nadie puede dudar de la utilidad de las redes sociales, también en el ámbito del sector público. Hay incluso redes sociales específicas de Administración Pública, como por ejemplo Novagob o páginas como la Administración al Día del INAP, que aportan valor añadido en cuanto a información pública se refiere. Abundan los portales, las páginas Web o los Blog con inabarcable información pública y con comentarios de todo tipo. Todo ese caudal de información está disponible en tiempo real y puede ser buscada, visualizada, bajada, compartida, en algunos casos leída o comentada incluso, en horas de trabajo. Ese caudal de datos e información puede ser útil, adjetiva o también prescindible. También esa práctica puede ser nociva, ayudar a procrastinar o representar una pérdida de tiempo y de recursos. Esto último es lo preocupante.

Ha habido notables contribuciones sobre el importante papel de las redes sociales en la actividad administrativa. Valgan como ejemplo el libro coordinado por Criado y Rojas sobre Las redes sociales digitales en la gestión y las políticas públicas (EAPC, 2013) o el de Díaz y Cortés sobre Gestión inteligente de las redes sociales en la Administración Pública (IVAP, 2014). En este último, de forma incidental, ya se advertía sobre “las malas prácticas”. Y entre ellas destacaban la navegación compulsiva, la pérdida de tiempo o “el abandono a la multitarea continua con la dificultad para la concentración”.

No cabe dudar de la necesidad que todo directivo o empleado público tiene de disponer de información actualizada con la finalidad de desarrollar mejor sus funciones y tareas. En la sociedad del conocimiento, esa disponibilidad de información es sin duda necesaria. Pero cabe advertir de inmediato que información no es conocimiento, por mucho que la primera pueda ser en ciertos casos premisa de la segunda

El propio Roberto Casati ya nos advertía en su espléndido y sugerente libro de las radicales diferencias entre información y acceso al conocimiento. “Tener acceso al enunciado del teorema de Pitágoras –decía esta autor– no quiere decir leerlo (en este caso, hay que leerlo); leer no quiere decir entender (hay que prestar atención a lo que se lee, elaborarlo, relacionarlo con lo que se sabe), y entender no significa conocer (hay que estudiar, experimentar, demostrar, ejercitar, dominar)”. En las redes sociales abunda, como también indicaba, el “picoteo digital”, muy alejado de un marco cognitivo inteligente o apropiado para el desarrollo de tareas profesionales que requieren un mínimo de atención y, asimismo, concentración para su desarrollo.

Las conductas contraproductivas están muy estudiadas en el campo de las organizaciones públicas, especialmente por la Psicología. Mikel Gorriti, en diferentes trabajos suyos, siguiendo a Sackett y Devore, se ha hecho eco del citado concepto como “todo comportamiento intencional de un miembro de la organización, contrario a los legítimos intereses de ésta”. Entre tales conductas antiproductivas Gorriti ha incluido algunas que son muy usuales en el ámbito del trabajo en el sector público, tales como el uso del correo electrónico para fines personales o el uso de Internet para fines no relacionados con el trabajo, así como la pérdida de tiempo durante el trabajo,

Sin duda entre esas conductas contraproductivas ha adquirido un papel estelar en estos momentos el mal uso o el uso inadecuado de las redes sociales durante el tiempo de trabajo. Sumidos como estamos, en palabras de Paul Virilio, en un mundo de “la conectividad instantánea” (La administración del miedo, Barataria, 2012) y dominados por infinidad de dispositivos propios de la organización en la que prestamos servicios o simplemente personales (smartphones, IPAD, etc.), utilizando      -como utilizamos- masivamente el WhatsApp), así como participando –como participamos- es diferentes redes (como Facebook, Twitter o Linkedin, entre otras), no resulta fácil diferenciar el plano del ámbito o espacio físico y temporal del trabajo con la vida privada y las relaciones sociales o “paraprofesionales” del espacio electrónico.

Con más facilidad de la habitual estas relaciones privadas y públicas a través de las redes se solapan y se confunden. Malo es que lo hagan “fuera del trabajo”, por la extensión de la actividad profesional a momentos de necesario ocio y las nefastas consecuencias que ello produce en las personas, como ya puso de manifiesto Buyng-Chul Han en diferentes obras (por ejemplo, La sociedad del cansancio y En el enjambre, Herder 2012 y 2014, respectivamente), pero peor lo es aún –porque en este caso sí que es una conducta contraproductiva- que tales interferencias se produzcan durante las horas de trabajo profesional. Y esto comienza a ser una epidemia.

Mi experiencia como docente en diferentes cursos de formación en el sector público me pone de relieve cómo, en efecto, hay un (mal) uso constante de las redes sociales por parte de algunas personas cuando se está desarrollando una actividad profesional (pues la formación lo es). Tal vez haya que empezar las presentaciones con ese consejo que también Careti nos daba: “La presencia en clase no es solamente física, sino también psicofísica”. Si esto pasa en las aulas, qué pasará en entornos cerrados.

La falta de atención va unida a esa “multitarea” tan propia del mal uso de las redes. Y todo ello conlleva una falta de concentración, una dispersión en el trabajo y, asimismo, unos pobres resultados en los productos finales. No puede ser de otro modo. Quien deba desarrollar un trabajo que requiera un mínimo de atención (y la mayor parte de las tareas profesionales así lo exigen) no puede estar inmerso en la distracción permanente, en las respuesta inmediata a los correos o conversaciones e imágenes de WahtsApps, a las fotos de Instagram o a los videos de Youtube.

Montaigne ya advertía de que la atención es una cualidad imprescindible en el desarrollo de la vida humana, no digamos nada en la profesional. Ese mal uso de las redes sociales en los ámbitos profesionales debe merecer también una atención de cualquier política integral de Recursos Humanos en nuestras organizaciones públicas. Creo sinceramente que es una necesidad inaplazable. Se abre el debate.

«ATADO Y BIEN ATADO»

«ATADO Y BIEN ATADO»

“En general, el Derecho Constitucional se ha establecido, en los Estados modernos a modo de una conquista lograda a menudo en momentos históricos determinados y críticos, decisivos” (Adolfo Posada, Tratado de Derecho Político, Comares, Granada, 2003, p. 491; negrita del autor).

Los más viejos del lugar recordarán el título de esta entrada. De los resultados electorales del 20 de diciembre se pueden extraer cinco ideas-fuerza desde el punto de vista exclusivamente institucional que nos muestran el vigor actual de esa expresión:

Primera. Las reglas electorales de la transición política (sistema electoral en el Congreso y Senado) e institucionales (papel del Senado) han hecho abortar antes de nacer la segunda transición. El diseño del sistema constitucional e institucional de 1978 es mucho más fuerte de lo que algunos presumían. Todo quedó “atado y bien atado”. Y no fue Franco el que lo hizo.

Segunda. La reforma constitucional tan aireada por distintos ángulos políticos será compleja de transitar. Cualquier reforma constitucional, sea esta ordinaria o agravada, necesita del apoyo del partido que “ha ganado” las elecciones o, en el caso de una reforma ordinaria, de una “constelación” de partidos no fácil de alcanzar. Además, solo un acuerdo transversal amplísimo podría aunar apoyos para una reforma agravada. Olvídense de esta. No se hará. El blindaje de determinadas partes de la Constitución (título preliminar, núcleo duro de los derechos fundamentales y Corona) no es propio de “cláusulas pétreas”, pero es de acero. Si se transita hacia una reforma constitucional, esta será de radio limitado. Atado y bien atado.

Tercera. El Senado, controlado por el primer partido, se puede convertir en una Cámara de resistencia con una composición y un diseño constitucional del pleistoceno. El Senado es una viva muestra de la aplicación “castiza” del checks and balances a la española pergeñado en la transición (en la propia Ley de Reforma Política de 1976 y luego trasladado en parte a la Constitución). Su papel es secundario, pero sigue manteniendo protagonismo en ciertas materias (reforma constitucional, nombramientos magistrados TC y vocales CGPJ, artículo 155 CE, etc.). Una vez más, atado y bien atado.

Cuarta. Aprobar leyes orgánicas (mayoría absoluta Congreso Diputados) promovidas por el gobierno de turno, se convertirá en un calvario de negociaciones multilaterales. Dificultades, por tanto, para reformar el pétreo edificio de leyes orgánicas construido en la anterior legislatura. Legislar “excepcionalmente” por decreto-ley tendrá también recorrido complejo. Tampoco aprobar “leyes ordinarias” será tarea fácil. Reformar una injusta ley electoral, por ejemplo, tarea hercúlea. Nudo gordiano, que también se trenzó en la transición.

Quinto. Formar Gobierno será asimismo tarea plagada de dificultades. Pero si alguien lo consigue, gobernar no será misión más sencilla. Se abre un escenario de ingobernabilidad con mucho ruido ambiente en un Parlamento que, si no cambian los usos, seguirá siendo un gallinero (esta vez con voces que elevarán el tono apocalíptico). Derrocar al Gobierno, si este se forma, será cuestión más compleja, pues formar gobiernos alternativos con mayoría absoluta no es fácil en un escenario tan fragmentado. Nacionalistas e independentistas vuelven a tener un papel bisagra, pero más descafeinado. Hay otras opciones, según los casos. Pero continúan teniendo un importante papel. En ciertos casos, clave.

En suma, el 20-D nos ha dejado (¿alguien dudaba de ello?) una estabilidad constitucional garantizada, que todo lo más padecerá algún retoque por medio de reformas institucionales pactadas por los dos principales partidos o, quizás (algo necesario en el actual contexto) de forma más amplia, ya que unánime no se advierte. Las grandes reformas quedan para otro momento. La losa de la transición política es muy pesada y no deja abrir el paso a la tan cacareada “segunda transición”. Cierto que la frustración puede abrir paso a que se aireen propuestas (en términos schmittianos) de “destrucción constitucional”. Algunas ya circulan por el mercado político e institucional.

Esta última cita electoral también nos deja un panorama de atomización o fragmentación política y un horizonte (salvo sorpresas agradables) de ingobernabilidad o de gobernabilidad ciertamente compleja. Veremos qué opinan y cómo nos miran desde Bruselas. El ajuste de cuentas públicas pendiente corre riesgo de volar por los aires. Tiempo de responsabilidades compartidas y de mucha cintura política. Tiempo de pactos transversales de naturaleza institucional (“pactos de estado”): con el imperioso objetivo de renovar la confianza y asentar “el buen gobierno” (integridad, transparencia y democracia de ejercicio, como apunta Rosanvallon; véase la reseña adjunta en este Blog sobre su importante libro Le bon gouvernement). O están todos los líderes y partidos a la altura de los retos o la más que previsible parálisis institucional y económica solo hará que agravar nuestra ya precaria situación de partida. Nada fácil.

EL BUEN GOBIERNO EN LA «DEMOCRACIA DE EJERCICIO»

EL BUEN GOBIERNO EN LA «DEMOCRACIA DE EJERCICIO»

(A propósito del libro de Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernment, Seuil, París, 2015)

“Ce à quoi renvoi la notion même de démocratie d’exercise dont la mise en oeuvre constitue pour cela le coeur de la nouvelle révolution démocratique à accomplir” (P. Rosanvallon, p. 391)

Cuando ya se ha certificado por parte de Pierre Rosanvallon que la “democracia representativa” ha dado paso a una “democracia ejecutiva” (condicionada ahora fuertemente por una «democracia de ejercicio», aún por construir), irrumpe con fuerza entre nosotros la idea de que el Parlamento se ha revitalizado como actor institucional principal tras las elecciones legislativas del 20-D. En verdad, lo único que se ha “revitalizado” en nuestro caso es la multiplicación de la partidocracia y la fragmentación de la representación. Veremos qué resultados da semejante fotografía electoral en términos de buen (o mal) gobierno.

Dejemos de lado nuestra realidad, volvamos la mirada al libro y a su autor. Quienes gobiernen o aspiren a hacerlo deberían leer esta importante obra. Rosanvallon se adentra –como bien señala- en un ámbito de análisis poco estudiado desde la dimensión político-constitucional, por las inherentes dificultades de acotar sus múltiples funciones: el Poder Ejecutivo y el Gobierno como centro de atención de este.

La sacralización de la Ley y el papel predominante del Parlamento en el falsamente enunciado principio de separación de poderes durante la Revolución Francesa, marcaron el inicio de lo que el autor denomina “una historia problemática del Poder Ejecutivo”. En sus inicios predominó la idea-fuerza de crear un “poder ejecutivo sin cabeza” como brazo de la Asamblea, luego se transito por la fórmula del “directorio” o del “triunvirato”, pero al final se impuso el Primer Cónsul y luego el Imperio. Napoleón Bonaparte lo explicitó de forma diáfana: “Había una fatiga de Asambleas”. Luego, tras la caída de Napoleón, retornó el vigor parlamentario y la debilidad de un Ejecutivo que no terminaba de encontrar su sitio. Las cosas eran distintas en Inglaterra y también lo fueron con el paso del tiempo en Estados Unidos.

La cuestión cambia radicalmente con la extensión del campo de la acción pública y el declive de la Ley (y la irrupción en escena de la legislación de excepción). Las misiones del Estado se multiplican y el Gobierno comienza a adquirir un protagonismo estelar en el panorama institucional. Surgen, como señala Rosanvallon, las “dos tentaciones” para hacer frente a ese desbordamiento funcional y a la democracia de masas: por un lado, la visión tecnocrática o despolitizada del Ejecutivo; por otro, la autonomización de ese poder mediante el uso sistemático del “estado de excepción” (la cita de Schmitt aquí es obligada). Algo de todo eso emerge en los últimos años.

En todo caso, superadas tras grandes dificultades y dos guerras mundiales esas dos tentaciones, la impronta presidencialista de las democracias occidentales (sea esta republicana o de canciller) ya fue imparable, aunque hubo momentos de paréntesis o duda.

A partir de entonces se impone lo que el autor denomina como la democracia de apropiación: la relación entre gobernantes y gobernados (a diferencia de la existente entre representantes y representados) muestra una clara asimetría estructural. La ciudadanía participa de forma intermitente en unos procesos electorales que han sido calificados de “democracia furtiva”, pero deploran el mal gobierno o el uso partidista de este. Exigen, cada vez más, “la calidad democrática del Gobierno”. Y ello a través de tres cauces: “lisibilité” (es decir, algo que puede ser descifrado con facilidad, lo que se relaciona con la visibilidad, pero sobre todo con el derecho a saber y la rendición de cuentas), responsabilidad (entendida no solo como “responsabilidad política” ante el Parlamento, sino especialmente como “responsabilidad de los gobernantes de explicar sus actos y actuaciones); y, en fin, reactividad (la escucha activa y la democracia interactiva como medio de superar “la falta de receptividad de los gobernantes y una expresión de ciudadanía atrofiada”).

Para enterrar esa asentada desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones, el autor se adentra en la parte final del libro en lo que denomina Democracia de confianza, uno de cuyos pilares básicos es el Buen Gobierno. Y en esa reflexión recupera “la importancia de las personas”, o si se prefiere “la calidad de los actores del mundo político” en el asentamiento definitivo de esa idea-fuerza de Buen Gobierno y en el fortalecimiento de esa institución invisible que es la confianza. Es el retorno, sin duda, al talento y a las virtudes del gobernante, que ensalzara en su día –entre otros muchos- Adam Smith al definir al “gran estadista” como persona que reúne “la mejor cabeza unida al mejor corazón” (Teoría de los sentimientos morales, Alianza Editorial).

Rosanvallon defiende, así, el retorno a la sinceridad y la autenticidad en la comunicación política por parte de los gobernantes (“parler vrai”), para evitar que la “palabra pública (discurso público)” siga siendo –como dijo el propio Manuel Valls- “una lengua muerta”. Sin credibilidad ni aceptación.

La calidad de los actores públicos, sin embargo, descansa sobre todo en la integridad. La exigencia de la integridad de los gobernantes se ha instalado en el mundo occidental como cortafuegos frente a la corrupción y el descrédito institucional que conlleva. La legitimidad institucional se desmorona si no se practica realmente la integridad por nuestros gobernantes. Las instituciones para garantizar la integridad son instituciones de prevención. La República francesa ha visto en los últimos años multiplicarse esas soluciones institucionales a partir de los Informes “Jospin” (2012) y “Nadal” (2015), que el propio autor cita. En otros lugares apenas ni se han enterado.

Y a todo lo anterior se une el imperativo de la transparencia. Se analizan tres manifestaciones de la transparencia (utopía, ideología e instrumental). La dimensión instrumental de la transparencia no solo es una técnica de control preventivo, sino también “una forma de ejercicio de un poder ciudadano”. “La transparencia por la integridad –a juicio del autor- se ha convertido en una de las formas de la soberanía del pueblo”. Enriquece el papel del ciudadano, que ya no se limita a votar cada cierto período de tiempo, sino que puede ejercer continuamente el control del poder. Hay, tal vez, un punto de sobreestimación del papel de la Transparencia, que anuda el autor a la creación en 2013 de la Alta Autoridad de la Transparencia en la Vida Pública y a la exposición de una innumerable cantidad de información pública (actividades y patrimonio) de más de nueve mil cargos públicos de la República francesa.

Asimismo, en un breve capítulo conclusivo, ensaya incluso cuáles deberían ser las instituciones (constitucionalizando algunas de ellas) que una auténtica democracia de ejercicio debería tener. Sugerente propuesta, que deja inacabada. Anuncia, no obstante, un nuevo libro. Habrá que estar atentos a su salida.

Cabe concluir que Le bon gouvernement es una de las obras de ensayo político-constitucional más importantes que se han escrito en los últimos años. Algunas de las ideas-fuerza que allí se contienen las trato –obviamente con un enfoque y alcance distinto, así como también mucho más modesto- en un libro que aparecerá publicado próximamente: Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones. Su última versión, previa a remitirla a imprenta, se ha visto enriquecida, sin duda, por muchas de las aportaciones recogidas en el último libro de este gran ensayista. Gracias, por tanto, a Pierre Rosanvallon por su extraordinaria lucidez.

¿QUIÉN PRESTARÁ LOS SERVICIOS SOCIALES EL 1 DE ENERO DE 2016?

En las últimos días, ante la proximidad del 31 de diciembre de 2015, se ha reabierto el debate sobre las competencias municipales en materia de servicios sociales. Un debate que se abrió tras la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, cuya disposición transitoria segunda preveía el traspaso de buena parte de esas prestaciones a las Comunidades Autónomas. Una fantasmagórica y absurda norma que llenó de inquietud a las entidades locales.

El nuevo presidente de la FEMP, en el primer discurso tras su elección, criticaba frontalmente esa Ley y, en particular, ese traspaso «automático» de tales servicios sociales tras la proximidad de la fatídica fecha. Un escenario apocalíptico en un año de elecciones múltiples: sobreactuación.

Cabe convenir, sin embargo, con el Presidente de la FEMP que la Ley fue -como reiteradamente censuré en su día- un error en gran parte de su contenido. Pero en este tema (servicios sociales) no fue tanto un error como una auténtica chapuza, propia de una ocurrencia de algún alto funcionario cuando (allá por febrero de 2013 en pleno proceso de redacción del enésimo borrador de anteproyecto) no cuadraban las cuentas del ahorro de los prometidos ocho mil millones de euros, ahora enterrados en el olvido. La “bombilla” se encendió: ¿Y por qué no traspasamos los servicios sociales de los municipios a las Comunidades Autónomas? Cuando el viento de la crisis soplaba más fuerte: irresponsabilidad y oportunismo barato. De ahí se pretendían “sacar” varias decenas de millones de euros. Ingenuidad de arbitristas.

En este aspecto la Ley es -como señaló acertadamente en su día el profesor Francisco Velasco- claramente inconstitucional. Las competencias de servicios sociales se ejercen en cada municipio según lo establecido por el legislador sectorial autonómico competente. Nada tiene que decir al respecto el legislador básico de régimen local. Esa competencia no es del Estado, ni con el «calzador» del artícuo 149.1.1 CE. Menos aún cuando el propio Ministerio asumió, tras algunas dudas iniciales, que las competencias propias de los ayuntamientos son las establecidas por la legislación estatal o autonómica de carácter sectorial. Las competencias en servicios sociales las definen los Parlamentos autonómicos a través de sus respectivas Leyes. Y, por tanto, las materias establecidas en el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local cumplen exclusivamente el papel de un mínimo de autonomía local garantizado a los municipios. Nada más. Ni nada menos.

Así las cosas, lo establecido en esa polémica disposición transitoria segunda LRSAL pierde cualquier sentido y queda en el marco de esa ley como una piedra normativa incoherente y hasta cierto punto absurda, pendiente de que el Tribunal Constitucional dentro de «unos años» se despierte y declare su inconstitucionalidad o se descuelgue con una «interpretación conforme» que sería, caso de adoptarse, una solución disconforme con la evidencia.

Pero si el esperpento ya era obvio, ha contribuido a magnificarlo la «carta» del Ministerio del ramo (del Secretario de Estado) que viene a «aplazar» la muerte súbita de esa norma indicando que ese «traspaso» no es efectivo hasta que se modifiquen las leyes de financiación autonómica y locales. Mejor le valdría reconocer lo obvio: que la norma es rotundamente inconstitucional y, sobre todo, que nunca se va a aplicar. El sentido común así lo confirma (aunque apelar a esas cosas en este país tiene sus riesgos). Pero, en cualquier caso, tampoco hacía falta «ninguna carta» para acallar el ruido (FEMP incluida) que desde muchas instituciones se estaba generando.

La disposición transitoria segunda de la LRSAL establece una doble condicionalidad para ese imposible traspaso: una «formal» (la fecha de 31 de diciembre de 2015) y otra «material» («en los términos en las normas reguladoras» del sistema de financiación autonómico y local). La condicionalidad dominante es la material. Por tanto, al no haberse aprobado tales normas de financiación  (otra cosa es el sentido que tiene una «ocurrencia» de ese cariz, a todas luces disparatada), el plazo del 31 de diciembre pierde todo tipo de efecto. Se transforma en adjetivo, por mucho que algunos magnifiquen “la letra” de la Ley.

Con mayor precisión es lo que defendí de forma extensa en un Informe publicado hace algunos meses en la página Web de la Federación de Municipios de Cataluña (http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=11982&id2=1), que puede ser consultado por aquellas personas que tengan interés en el tema. El informe está en catalán, pero a quien le interese también les puedo hacer llegar esa parte del informe en la versión castellana. Las limitaciones de un post me impiden entrar en más detalles.

Mi tesis ha sido siempre que esa «ocurrencia» no iba a llegar a ningún sitio. Fue fruto de un contexto que hasta el propio Gobierno –con la boca pequeña- quiere pasar página. Ni las (menguantes) Comunidades Autónomas gobernadas hoy en día por el PP apoyarían una solución disparatada como la escrita «negro sobre blanco» en el BOE. No digamos el resto. El Ministerio en esa carta-testamento no quiere reconocer el error cometido. Esto de enmendar es un verbo que no se conjuga.

Pero nadie en su sano juicio se pondrá a activar una disposición que no solo es inconstitucional, sino además un “soberano” (ahora que está de moda esta expresión) disparate por las implicaciones de gestión y despilfarro de recursos  que conllevaría traspasar equipamientos, personas y recursos de miles de municipios a unas Comunidades Autónomas, para después -como llegó a reconocer sorprendentemente el propio Ministro en el Senado a finales de 2013- «delegarlas» de nuevo en los ayuntamientos. Un viaje de ida y vuelta para retornar a ninguna parte. La noria de los necios. Miento: para despilfarrar el dinero público de un país endeudado hasta las cejas.

La sensatez se terminará imponiendo, más aún en un tiempo en el que los servicios sociales municipales y, en su caso, de algunas diputaciones, son los que amortiguan los devastadores efectos que ha producido la crisis sobre un importante número de ciudadanos. Que no cunda el pánico. Nadie será tan insensato de caminar por esa senda llena de minas que puede considerarse -creo no equivocarme- absolutamente cerrada. Pero estamos donde estamos: en año electoral. Y el exceso de política se palpa por todos los costados. Mal escenario para debates que requieren mucha serenidad y no poca cordura.

LA “BUENA” POLÍTICA: CUATRO ENSAYOS

“Para que un Estado pueda mantenerse, sus asuntos públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían por la razón como por la pasión, no puedan sentirse inducidos a ser desleales o a actuar de mala fe”

(Spinoza, Tratado Político”, Alianza Editorial, 1986, p. 82)

En un año plagado de convocatorias electorales, todas ellas importantes y algunas existenciales, es obvio que hoy en día tenemos –como afirmó Julián Marías- un “exceso de política”, lo cual no es ningún dato positivo. Y menos aún lo es cuando ese exceso de política viene acompañado por una “mala política” y por un déficit clamoroso de gobierno en algunos casos, así como deficiente en no pocos. Todos quieren ganar las elecciones y nadie sabe muy bien luego qué hacer con el poder conquistado, aparte de colocar a los suyos. Como si eso de gobernar fuera cosa adjetiva. Debería ser el centro de la actividad política. Pero aquí se sigue entendiendo la política en clave exclusiva de “ganar elecciones” y “repartir prebendas”.

Por eso se agradece que, con una relativa coincidencia en el tiempo, se hayan publicado cuatro ensayos cuyo punto en común es reivindicar la “buena política” y el “mejor gobierno” como único medio de salir de ese complejo atolladero en el que las sociedades occidentales se encuentran. Mucho más serio es aún el marco en el que se desarrolla la política en España, donde los problemas son tan ingentes, la mirada política tan pobre y los gobiernos están tan desorientados, que la “buena política” y el “mejor gobierno” son más necesarios que nunca.

Cuatro ensayos cuya lectura se recomienda, sobre todo a aquellos que ejercen la actividad política o pretenden ejercerla. También a quienes la estudian o están interesados por ella. Cabe sugerir a nuestros políticos que “pierdan (algo) el tiempo” leyendo, para así decir cosas sensatas en sus mítines e intervenciones públicas (y no impregnarse de una retórica que insulta a la inteligencia) o para ejercer las tareas de gobernación con tino y juicio. Estos cuatro libros les ayudarán a tener mirada estratégica y a no volar –como decía Pepe Mujica- como las perdices, cortito y rápido.

El primer ensayo, publicado en 2014, es un libro aparentemente divulgativo, pero no menos profundo (David Runciman, Política, Turner 2014). Ruciman, profesor de la Universidad de Cambridge, inicia su relato con una comparación entre Dinamarca y Siria: ¿dónde preferiría usted vivir? Escrito mucho antes de la actual tragedia de los refugiados sirios, el autor parte de que lo que diferencia a uno u otro país es la política y el control de esta. Donde no hay buena política ni control efectivo de las instituciones, los países no funcionan. Con apoyo en Hobbes, pero también en Weber y Constant, Runciman describe magistralmente en qué consiste la política, pero también lo que no debe ser: “La política no puede consistir en largos períodos de indiferencia salpicados de breves arrebatos de furia”. La política es una actividad que requiere capacidades complejas de acreditar, que no todos poseen, ni siquiera aquellos que son “profesionales de la política”, menos aún quienes pretenden serlo. Conseguir que funcione la política, además, es algo muy difícil. La “mala política” se contagia fácil. Pero la política, la buena política, es más necesaria hoy que nunca. Así afirma: “Las sociedades incapaces de adaptarse a los desafíos a los que se enfrentan acaban desintegrándose”. Como bien sentencia este autor: “contar con que el precipicio está lejos es propio de políticas suicidas”. “La política –concluye- todavía importa”.

El ensayo de John Micklethwait y Adrian Wooldridge (La cuarta revolución. La carrera para reinventar el Estado, Galaxia Gutenberg, 2015), tiene una factura diferente. No es tanto un libro de política como de “mejor gobierno” o de “buena gobernanza”. Uno de los déficit más relevantes y escandalosos de los gobiernos de nuestro entorno. Compara también la situación de los países occidentales (Estados Unidos y Europa) con potencias emergentes como China o el modelo de Singapur. La crisis de los Estados occidentales solo puede resolverse cabalmente a través de “hacer gobierno de una manera mejor”. Es la cuarta revolución pendiente: “Los países que puedan dotarse de ‘buena gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades de proporcionar a sus ciudadanos niveles de vida decentes. Aquellos que no puedan hacerlo, estarán condenados a la decadencia y la disfunción”. La política se ha convertido en muchos países occidentales en una suerte de “entretenimiento cómico”. Se polariza de forma irresponsable, haciendo cada vez más difícil la gobernación. El poder se fragmenta y los gobiernos de coalición se convierten en regla (véase asimismo el importante libro de Moisés Naim, El fin del poder, Debate, 2013). El diagnóstico es impecable, otra cosa son las soluciones que se proponen. Se puede compartir plenamente que “una mejor gestión y el uso inteligente de la tecnología” harán avanzar a los países occidentales, lo contrario no. La orientación neoliberal de los autores (no en vano son periodistas cualificados del semanario The Economist) les conducen a apostar por un menor Estado que sea más eficiente, en lógica con la sobredemanda que los Estados actuales soportan y las imposibilidades financieras de atenderlas. El secreto está –a su juicio- en “reinventar el Estado”, reformar la democracia y las actitudes políticas: limitar el gobierno, mediante formas efectivas de control, así como no desatar las pasiones humanas, sino controlarlas. En ello está el secreto del buen gobierno.

Daniel Innerarity ha publicado recientemente un libro imprescindible para evaluar la importancia que tiene la política en nuestros días, o mejor dicho la “buena política” (La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutemberg, 2015). Desde un enfoque filosófico, pero en nada alejado de lo práctico, con un lenguaje accesible, Innerarity adopta una posición valiente de defensa de la política y de su necesidad en nuestros días, frente al linchamiento colectivo que en algunos casos se produce. Un libro plagado de ideas-fuerza de las que solo puedo retener aquí unas pocas. La singularidad de la actividad política, basada en la praxis, así como el tiempo político o el discurso político, dejan paso a un interesante análisis de las emociones en la política y al criticable papel del populismo, que ha irrumpido en la escena europea y también española: “El populismo es precisamente una reacción a la falta de política”. Transcendental es la opinión del autor sobre el papel de la política: “la búsqueda de espacios de encuentro, el compromiso y la implicación de otros”. Rechaza los planteamientos binarios, tan al uso en nuestra política de baja calidad y de pésimos resultados. Lleva a cabo una defensa, asimismo muy cabal y razonable, de las instituciones de la democracia representativa, mostrando las innumerables limitaciones que ofrecen las herramientas de participación directa, nunca sustitutivas de las anteriores. Se opone, por tanto, a esas “mentalidades antipolíticas, porque –sentencia- no hay política sin representación”. Aboga –y este es un punto importante- por un mayor y mejor control de la política. Tras una mirada escéptica hacia los resultados de la transparencia y del papel de moralizar la política, identifica genialmente dónde están los problemas actuales de la política: en su déficit estratégico. Los partidos piensan mucho en cómo hacerse con el poder y muy poco (o nada) en qué hacer con él cuando gobiernan. Vuelve la necesidad de “una gobernanza inteligente”, que ponga en el centro la acción de un mejor gobierno. Y termina con estas palabras: “Nunca vamos tan rápidos como cuando no sabemos a dónde vamos”. Así van buena parte de nuestros gobiernos, a la deriva.

Y, en fin, el cuarto ensayo que quiero comentar brevemente es el sugerente y también valiente libro de Víctor Lapuente (El retorno de los chamanes. Los charlatanes que amenazan el bien común y los profesionales que pueden salvarnos, Península, 2015). Tiene un enfoque muy distinto a los anteriores, pero asimismo no pocas coincidencias con los mensajes antes resaltados. Sin abandonar del todo el (transcendente) papel de las instituciones en el funcionamiento mejor o peor de un país, la tesis central del autor es la siguiente: “El éxito de las políticas es el resultado de cómo las discutimos. De cómo enmarcamos el debate de los problemas colectivos”. Una cuestión de “marco”. A partir de este presupuesto de partida, contrapone dos visiones y dos formas de hacer política. La primera es la de “los chamanes”, con una retórica de “cosmovisión” de la política, “una política grande” (o grandilocuente), “radical” (en el peor de los sentidos), cargada de tópicos, mensajes vacuos pero efectistas en su llegada al público, que toma el cielo (el poder) no por consenso sino por asalto y que luego, una vez huelen esas mieles del poder no saben qué hacer con él o, peor aún, llevan a cabo unas políticas ineficientes sin reforma alguna de las agotadas políticas incrementales, así como de las igualmente caducas estructuras burocráticas y de gestión. Grandes propuestas para ningún remedio. Una crítica durísima, pero acertada, del populismo y sus letales consecuencias, así como del modo de hacer política (y de formatearla en los medios) en algunos países mediterráneos (sin más señas). La segunda visión es la de los “exploradores”; un enfoque radicalmente diferente de la política: en este caso se opta por una retórica más abierta, pluralista y tolerante (y no excluyente como en el caso anterior), donde no se enfrentan ideales sino datos. Política pragmática, política que se basa en la razón, que “no es la antítesis de la emoción”. Una apuesta decida y convincente por la micro política, por la política eficiente, que da resultados tangibles y mejora la vida de la ciudadanía. Una política –aspecto nada menor- que se desarrolla en “un ambiente creativo donde los profesionales trabajando con, pero no para, los políticos- puedan desarrollar iniciativas propias basadas en su experiencia y conocimiento experto.

No cabe ser muy incisivo para identificar en qué países se lleva a cabo esa buena política a juicio del profesor de la Universidad de Gotemburgo (países nórdicos), frente a aquellos otros que estamos ahogados en la mala versión la política. Pero la esperanza remota que siempre nos queda es que, al igual que explicaba Runciman en el primer ensayo comentado, no siempre las cosas fueron así en aquellos países que ahora funcionan bien, como se explica en esas obras.

Siempre hay recorrido de mejora y trazado para mejorar la política y la gestión (el gobierno). Siempre, obviamente, que se sepa a dónde se quiere ir y se erradiquen esas malas o pésimas formas de hacer política. Siempre que haya liderazgo, una cualidad escasa o inexistente en estos convulsos momentos. No será fácil. Algunas cosas poco a poco y muy lentamente se están moviendo en esa línea de Buena Gobernanza (por ejemplo, en Euskadi; aunque todavía de forma muy incipiente). Menos pasos se están dando, por no decir ninguno, en la mejora de la política. No pocos gobernantes o aspirantes a serlo aún no se han enterado de por dónde va el mundo o, peor aún, no quieren enterarse, porque ello enterraría de una palada su pobre y aferrada concepción de la política como máquina de reparto. Problema de enorme seriedad, sobre el cual mejor no hacer broma alguna. Es algo que nos debería preocupar muchísimo (síntomas para preocuparse ya existen por doquier), sobre todo porque esa política irresponsable nos aproxima inconscientemente al precipicio. Que se tiren ellos, pero que no nos arrastren a nosotros. Solo la buena política nos salvará de la mala política. A ver si va apareciendo. El tiempo corre en contra.

TRANSPARENCIA, ¿Y AHORA QUÉ?

“En una democracia ocular (…) la transparencia se revelará así como una estrategia de regeneración  que no está a la altura de lo que promete e, incluso, en ciertas ocasiones, como una verdadera distracción democrática” (Daniel Innerarity, “La política en tiempos de indignación”, 2015).

La ola de transparencia, como tantas otras que afectan a nuestro sector público, la cogimos tarde, muy tarde. Y, además, lo hicimos tras un proceso legislativo lento y que fue incapaz de sumar los amplios consensos que una ley institucional de estas características debería tener. Mal comienzo.

A partir de esa Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se abrió un largo tiempo de descuento para dar “efectividad” a una Ley que iba a “regenerar” nuestro sistema democrático. Como si la renovación institucional pudiera diferirse alegremente. Siempre confiando en los poderes taumatúrgicos de la Ley y el BOE. No aprendemos.

Sin embargo, la crisis institucional fue haciéndose cada vez más intensa y descarnada, el proceso de desafección de la ciudadanía se vehiculó en buena parte hacia nuevas formaciones políticas y la transparencia tomó bríos como una suerte de solución mágica o pócima con poderes extraordinarios que todo lo resuelve. Entramos de lleno, a partir de entonces, en lo que Daniel Innerarity ha denominado como “el fervor” de la transparencia. (más…)

EL CASO GÜRTEL: UNA “PARCIALIDAD” DE LIBRO

«Justice must not only be done: it must also be seen to be done»

Es obvio que la cultura de imparcialidad en el Poder Judicial tiene todavía mucho camino por recorrer para asentarse de forma definitiva. La judicatura española está formada en la reivindicación del principio de independencia, pues esta es una conquista muy tardía y aún hoy en día con fuertes borrones en su haber.

Y ello no debe extrañar, pues en los sistemas constitucionales continentales, de patrón derivado de la Revolución francesa, el Poder Judicial ha sido por lo común más Administración de Justicia que Poder, ha vivido siempre maniatado al Poder Ejecutivo y su papel se ha visto limitado –hasta la aparición en escena de la jurisdicción constitucional- a la aplicación de la Ley, sin poder siquiera cuestionar la inconstitucionalidad de la obra del Legislativo.

Tampoco hay mucho recorrido para la sorpresa cuando la propia Constitución española de 1978 omite de forma clamorosa el principio de imparcialidad de los jueces, mientras que, paradojas de la vida, lo prevé expresamente en el caso del Ministerio Fiscal y de los propios funcionarios públicos al servicio de la Administración. Quien ha de ser el más imparcial (el juez) es al que la Constitución menos se lo exige. Paradojas constitucionales. (más…)