“El gobierno local suele considerarse con demasiada frecuencia como un pasatiempo de las clases acomodadas y de las personas que se han retirado de la vida activa. Pocos hombres y mujeres jóvenes y capaces llegan a interesarse en los asuntos locales. Si se quiere remediar esto, el gobierno local debe convertirse en una carrera remunerada, por las mismas razones por las que se paga a los miembros del Parlamento”

(Bertrand Russell, “Autoridad e Individuo”, FCE, 1949)

 

“Nadie ha sabido revelar mejor que Kraus, en su lucha encarnizada contra los periodistas, las leyes ocultas del espectáculo, ‘los hechos que producen noticias y las noticias que son culpables de los hechos’”

(Giorgio Agamben, Medios sin fin. Notas sobre la política. Pre-textos, 2010)

 

La política es en la actualidad una actividad sometida a un intenso escrutinio. En una sociedad democrática la rendición de cuentas está en la base de toda política. Pero algo falla cuando en el debate público y mediático se cuela de rondón la demagogia. En la sociedad del espectáculo, de la que hablara providencialmente Debord en 1967, multiplicado su eco hoy en día por las redes sociales, lo que “más gusta” a esos espectadores del foro público es el escándalo o todo lo que pueda asimilarse con él. Y a todo ello se presta, como anillo al dedo, la cuestión de las retribuciones de los políticos.

La política está demonizada en los últimos años. La pérdida de confianza por parte de la ciudadanía es general, pero en nuestro entorno adquiere rasgos de venganza primitiva o, incluso, tribal. Es más, la política nunca ha gozado de prestigio en una sociedad carente, como es la nuestra, de las más mínimas raíces de cultura institucional. Bien es cierto que a su desprestigio ha contribuido de forma sobresaliente un inaceptablemente amplio elenco de políticos corruptos que han hecho un daño atroz a las instituciones y a la propia política.

Pero nos guste más o menos, sin políticos no podemos vivir. Habrá que acostumbrarse a ello, aunque a algunos les disguste. Y si se quiere una política de calidad, con dignidad democrática y alejada diametralmente de la corrupción, no hay otra opción que, tal como hacen todas las democracias avanzadas, mejorar los controles y retribuir convenientemente a nuestros gobernantes.

Las retribuciones de los políticos despiertan debates apasionados y, por lo común, alejados de una deliberación bajo parámetros de racionalidad. Conviene precisar de inmediato que el mero hecho de que se retribuya el desempeño de cargos públicos es una conquista (por cierto relativamente tardía) del Estado democrático (más aún en el ámbito local). El primer liberalismo estuvo marcado por lo que Bernard Manin acuñó con la expresión de «aristocracia democrática», basada en «el principio de distinción». Dicho en otras palabras: solo aquellos varones que tenían rentas (propiedades) o capacidades especiales eran los llamados a gobernar o representar al común de los mortales.

Quien mejor expresó esa idea fue ese oráculo del Estado liberal llamado Benjamín Constant. En su espléndida obra de «Escritos políticos» (CEC, 1989), imprescindible en todos sus capítulos salvo quizás en este, Constant afirmaba que quienes estaban condenados a trabajar todos los días o no disponían del ocio indispensable para adquirir ilustración y rectitud de juicio (esto es, quienes no eran propietarios) no podían estar llamados al ejercicio del poder, por tanto a la representación ni al gobierno de la cosa pública. Tampoco al voto.

Esa idea se marcó con letra fuerte por esa corriente denominada el liberalismo doctrinario, que tuvo particular eco en la España decimonónica. François Guizot lo reflejaba de forma muy precisa, cuando se refería, en su libro “La democracia en Francia”, a que «la idolatría democrática es el mal que yo ataco». La legislación electoral y su inmovilismo censal mientras fue primer ministro antes de la revolución democrática de 1848 en Francia, así lo atestiguaron.

Sin embargo, conforme el Estado fue ampliando su base electoral y se transformó de liberal en democrático, la retribución de los cargos y representantes públicos (en todos los ámbitos de poder) fue asentándose de forma definitiva. Como bien dice Manin, «la extensión del derecho de voto y desaparición del requisito de riqueza para ser representante» allanó el camino para que las clases menos pudientes de la sociedad pudieran acceder al poder y ejercer sus funciones con dignidad democrática. Así, el principio democrático sustentó también el ejercicio retribuido de cualesquiera funciones públicas, con carácter general. Algo que ahora, imprudentemente, se discute o se matiza.

Conviene recordar tanta obviedad cuando en este país, hundido desde tiempos inmemoriales en un subdesarrollo institucional notable del que parece no saldremos jamás, es debate y noticia lo que no debía serlo, o al menos aquello no lo es en el resto de democracias avanzadas: el “sueldo” de los políticos. Cabe decir de entrada que las retribuciones de los Ministros y del propio Presidente del Gobierno central son mucho menores en términos comparativos de las que tienen la mayor parte de los países democráticos. Es una anomalía que no hemos sabido corregir. Sorprende, sin embargo, cómo (dejemos de lado el caso de los Secretarios de Estado) otros órganos constitucionales del Estado o de creación legal, cuyos emolumentos se reflejan también en los Presupuestos Generales del Estado, sus miembros perciban retribuciones muy superiores: ¿Qué justifica ese trato discriminatoria? Nada.

Es cierto que hay políticos autonómicos y algunos locales que superan (o superaban) esos umbrales retributivos mínimos establecidos para los Ministros. Pero no cabe olvidar (por mucho que siempre se olvide) que esos niveles de gobierno gozan de autonomía política. Ello implica discrecionalidad para implantar les retribuciones que consideren pertinentes siempre que quienes adopten tales decisiones respondan políticamente (esto es, las justifiquen) ante la ciudadanía. Luego esta valorará si son acertadas o no.

Pero eso es algo que el propio Gobierno central se ha encargado, paradójicamente, de desmentir. La reforma local que se aprobó en 2013 (con plenos efectos a partir de la constitución de los nuevos ayuntamientos en junio de 2015) proyectó una larga sombra de duda sobre la Política Local, al marcar unos límites retributivos máximos según la dimensión poblacional del municipio. Flaco favor a una (por lo común) abnegada actividad política local: un alcalde o alcaldesa representa a su municipio y debe estar en plena dedicación los siete días de la semana. En fin, echar más leña al fuego de forma irresponsable. De aquellos polvos vienen (algunos de) esos lodos

Más tarde, políticos de «nueva generación» han recuperado ese discurso fácil, tal vez arrastrados por “el estilo Mújica» (ex presidente de Uruguay), persona de alta consideración moral y auténtico ejemplo de ejercicio ético de la política, que renunció (por razones estrictamente personales y en circunstancias particulares que ahora no es menester entrar) a buena parte de su sueldo para dedicarlo a acciones sociales. Pero Mújica solo hay uno, además él predicó con el ejemplo, no con el efecto mediático de anunciar a bombo y platillo que iba a ser ejemplar, ni tampoco dedicó esos recursos sobrantes –digámoslo todo- para alimentar «la caja» de su propio partido o conglomerado electoral.

Esa pretensión de que la actividad política debe ser retribuida con estándares propios de una actividad profesional no cualificada ha sido sobredimensionada por algunos medios de comunicación y aplaudida por unas huestes de ciudadanos para los que denostar la política y a los políticos es su motivo principal en estos momentos de hartazgo colectivo. No de otro modo se entiende que se divulgue y se aplauda de forma acrítica que un Alcalde o Alcaldesa, los concejales o gerentes y el personal directivo de designación política de una gran ciudad cobren como máximo 2.200 euros brutos al mes. Una cosa es que un cargo público renuncie a su retribución, pues es un derecho y no una obligación, otra distinta es que generalice un sistema que pretende convertir el ejercicio del cargo en una prestación onerosa o sin ningún tipo de incentivos en relación con el mercado. ¿Qué dignidad representativa y democrática se ejercerá desde esos cargos con esa retribución?, ¿cómo convivirán esas retribuciones con otras de altos funcionarios cualificados que multiplican por dos o por tres tales emolumentos?, ¿qué incentivo tendrá para esos altos funcionarios o para profesionales externos de prestigio desempeñar el puesto de Gerente de Urbanismo o Economía, por poner dos ejemplos?, ¿serán estos puestos directivos cubiertos por profesionales con experiencia acreditada o entre activistas políticos o sociales sin experiencia alguna? Si es así, pobre ciudad, pobres ciudadanos.

Tampoco es de recibo airear (siempre en un mitin, lugar impropio para cualquier debate razonable) que el Presidente de una Comunidad Autónoma debe cobrar como máximo tres veces el salario mínimo interprofesional. Ese es un debate que no existe en ninguna otra parte del mundo civilizado. Solo propio de una sociedad descreída con la política, alimentada irresponsablemente por discursos cargados de demagogia y de inmadurez democrática.

A la política y sus aledaños es obvio que no debe ir nadie a enriquecerse. Para ello nada mejor que ver con qué se llega y cómo se sale. Un test que habrá que hacer también a quienes se incorporan a tan noble actividad en estas fechas. La actividad política y más aún la dirección pública debe ser capaz de captar los mejores talentos, también debe atraer a profesionales de excelencia con vocación de servicio público y fuertes convicciones éticas de lo público, como así ocurre en los países que apuestan por instituciones sólidas y de calidad.

Las personas que dedican parte su vida, sus esfuerzos y su ilusión en servir a sus ciudades y pueblos, así como a sus ciudadanos, deben ver compensados sus esfuerzos y dedicación con salarios competitivos y dignos, también por elemental sentido democrático. No cabe proletarizar la política o hacer clientelismo “barato” de la actividad pública, asesora o directiva.

Cierto es que, como dice el colectivo «Politikon», hemos tenido en España (y todavía seguimos teniendo, mientras no se demuestre lo contrario) unas élites mediocres. Pero ese pretendido atajo de establecer con carácter general sueldos abismalmente alejados de la posición institucional que ocupa un representante o cargo público es sencillamente no tener el más mínimo sentido de lo que son las instituciones públicas y cuál es su papel.

En efecto, al no existir incentivos retributivos dignos, no es una solución institucional adecuada llenar la nómina del gobierno (sea cual fuere su nivel) de cargos públicos intermedios, asesores y directivos con personas sin experiencia profesional, de activistas sociales o de partidos o ciudadanos que acceden por vez primera a un empleo cotizado (en términos de seguridad social). Esta es una mala práctica que, en algunos ámbitos como en los de asesores, los “partidos tradicionales” han ejercido y sus nefastas consecuencias son visibles. Todo apunta que se extenderá ahora, por algunas “formaciones nuevas” también a la dirección pública.

Los efectos inmediatos de esa mala práctica pueden generar unas instituciones de baja calidad democrática, que no reforzarán (sino todo lo contrario) su limitado prestigio ante la ciudadanía y pueden ser focos de ineficiencia (lo que es particularmente grave) en sus resultados de gestión. Habrá que volver sobre ello cuando haya que hacer necesario balance de esa actividad «ejemplar» (en términos casi misionales) en la que pretenden convertir el ejercicio de la política y de la dirección pública algunos apóstoles de “la nueva política”. Caldo de cultivo, si no se remedia pronto e inteligentemente, para ensuciar más aún la vulnerable imagen de la política y la débil posición institucional de los puestos de asesores y de dirección pública. Por ahí se empieza. El final hace mucho que está escrito.