BUEN GOBIERNO

“EL ALCALDE EN PATINETE” (SOBRE LA FALTA DE CONSIDERACIÓN INSTITUCIONAL Y LA AUSENCIA DE INCENTIVOS PARA ASUMIR CARGOS PÚBLICOS)

“Todo cargo público gratuito y de gran responsabilidad es esencialmente inmoral. Quien no cobra, se cobra, y casi siempre con daño grave de la justicia y del interés público”

(Santiago Ramón y Cajal, “Charlas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias”, Espasa Calpe, 2000, Madrid, p. 177).

No se asuste. En ningún caso voy a proponer que los desplazamientos de los cargos públicos locales (o los que fuere) se deban hacer a partir de ahora en semejante vehículo, aunque algunos en su delirio hasta lo avalarían. Es una metáfora que pretende resaltar el sinsentido que está adquiriendo el cúmulo desordenado de limitaciones o restricciones que se anudan en nuestros tiempos recientes al ejercicio de un cargo público.

Otra oportuna cita de quien fuera uno de nuestros más insignes científicos, Ramón y Cajal, nos lo advertía hace muchas décadas: “Nada más fácil que diferenciar en el orden político un inglés de un español. El primero cree que su primordial deber es mantener al Estado; mientras que el segundo cree que el Estado debe mantenerle a él”.

Esa vieja y desviada concepción de las instituciones y del papel que cumplen en la sociedad sigue plenamente vigente entre nosotros en nuestros días. Cierto que el país, desde aquellas fechas, ha cambiado mucho. Se ha modernizado de fachada. Pero las cosas son como son. Todavía hoy quien ejerce un cargo público, sea este el que fuere, es un “chorizo” en potencia (lo cual no quiere decir que, para desgracia nuestra, no los haya). Y la forma de corregir esa “tendencia natural” es bastardear la política y el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva en el sector público hasta extremos insólitos, que rayan con lo pintoresco y representan (fruto de la extraña concepción de lo público existente en este país) una grotesca excepción “hispana” frente a lo que ocurre en las democracias avanzadas de nuestro entorno.

A los ciudadanos les parece bien (incluso lo aplauden con fervor) que los políticos o altos cargos cobren poco. También les entusiasma que viajen en clase turista, se les desprovea de móviles de última generación, se les suprima o reduzcan los coches oficiales, se desplacen en metro, autobús, tranvía o bicicleta, coman de menú (a ser posible el más discreto) y no dispongan de patrimonio ni bienes, lo cual quiere decir que vivan con lo puesto.

No se llamen a engaño. Quien asuma un cargo público en estos momentos debe ser consciente de muchas cosas. Primero, salvo excepciones (que las hay), debe asumir que percibirá unas retribuciones por lo común muy por debajo de las que ofrece el sector privado. Segundo, las prebendas que antaño tenía ser cargo público, y que en cierta medida compensaban (o paliaban) tales limitaciones retributivas, están despareciendo o a punto de hacerlo. Y tercero, tendrá que cumplir estrictamente un régimen de incompatibilidades que se proyectará también sobre actividades futuras en el ámbito profesional o empresarial.

Y son solo algunos ejemplos de restricciones que se han ido imponiendo en la legislación, en los códigos de conducta o por la vía de hecho. Algunas de ellas son razonables y necesarias (impedir los conflictos de interés o fomentar conductas ejemplares). Otras son más discutibles, al menos en su intensidad.

Hace más de dos décadas, el sociólogo Juan José Linz predijo sabiamente que un severo régimen de incompatibilidades o la propia falta de incentivos podía desviar de asumir responsabilidades públicas a buena parte de los profesionales de cierto prestigio y a las personas con talento y proyección. Algo de esto sucede en la actualidad. Y se corre el riesgo de que este mal se enquiste para siempre. No tiene ningún sentido que un alto cargo de la Administración (o un político que ejerce las máximas responsabilidades en la estructura gubernamental) cobre menos que algunos (o muchos) funcionarios. Ya hay un buen número de casos en los que altos funcionarios o profesionales del sector privado declinan asumir cargos directivos de libre nombramiento porque las condiciones retributivas son menores o, en el mejor de los casos, iguales, así como por la dureza del régimen de incompatibilidades (sobre todo “ex post”) que se planea en tales cargos. Para algunos, no es broma, representa “la muerte civil” tras el cese. No podrán volver a sus ocupaciones anteriores. Con ello se pretende evitar “el tráfico de influencias”, pero realmente tan insigne objetivo no se está evitando (menos aún en la alta función pública) y lo que se está fomentando, guste o no guste, es una huída de las responsabilidades públicas de personas con talento.

Es verdad, se me objetará con razón, que los cargos públicos han sido y todavía están siendo pasto de unas clientelas políticas cuyo única obsesión es apoderarse de una poltrona y de un sueldo en la Administración Pública. No se acredita mérito para acceder a tales puestos ni se evalúan objetivamente competencias profesionales. Pero es preciso diferenciar. Los cargos públicos representativos se deben a la confianza del electorado, que es quien valorará las aptitudes y la credibilidad que cada candidato ofrezca y le votará o no. Aún así rodear de restricciones el ejercicio de tales cargos públicos supone poner barreras de acceso a un buen número de personas que, junto al desprestigio de la actividad, ven cómo no hay estímulo alguno (salvo un acentuado y, por lo común, no generalizado compromiso de servicio público) que ayude a asumir esas responsabilidades.

Diferente es quien ocupa cargos ejecutivos o directivos en el sector público. En este caso si las restricciones retributivas, de condiciones de ejercicio o de incompatibilidades son excesivas, no cabe duda que tales puestos solo atraerán a militantes o simpatizantes de partido sin oficio ni beneficio, a funcionarios mediocres o a profesionales sin expectativas en su ámbito de actividad. Algo de esto ha pasado en nuestra frágil democracia en los últimos treinta y cinco años. Como bien expuso el también sociólogo José Cazorla en 1996, “personas de cualificaciones muy bajas y conocimientos culturales modestos –oportunistas- alcanzaron a través de la carrera política posiciones que, en su vertiente profesional, jamás hubieran soñado, gracias al control de los recursos públicos”.

Si se quiere cambiar esa tendencia que derechamente nos ha conducido a la ineficiencia, cuando no a la corrupción, convendría –no nos queda otra- comenzar a replantearse si no se han de dignificar las condiciones de ejercicio de los cargos públicos representativos y ejecutivos, así como directivos, incrementando, eso sí, los test de escrutinio y la rendición de cuentas, siendo impecables con los corruptos, pero alimentando el buen gobierno y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones directivas en el sector público.

Necesitamos políticos y directivos públicos competentes profesionalmente, así como ejemplares en sus conductas y no personas que practiquen una austeridad mal entendida. Y eso no se promueve con medidas absurdas cargadas de demagogia, con restricciones hipócritas o con la estandarización de conductas cínicas. Si se quieren responsables públicos competentes e íntegros habrá que pagarles y ofrecerles condiciones de trabajo en consonancia con la entidad de sus funciones. Gobernar o dirigir el sector público es tarea -como diría Ramón y Cajal- de gran responsabilidad. En caso contrario, el talento huirá del sector público (ya está pasando) y nuestros gobernantes y directivos seguirán siendo personas de bajo perfil que cultivarán el “doroteísmo” del que hablara Caciagli; esto es, gestionarán el poder sin ideas ni proyectos, con la única voluntad de mantenerse en el mismo. Nada recomendable.

 

BUENA GOBERNANZA: UN RETO PARA LOS NUEVOS GOBIERNOS

“La transferencia de poder, la participación y la división en la toma de decisiones son los elementos clave de la gobernanza inteligente; capaces de reconciliar la democracia informada con la meritocracia responsable” (Berggruen/Gardels, “Gobernanza inteligente para el siglo XXI, Taurus, 2012, 46-47).

“Los países que puedan dotarse de ‘buena gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades de proporcionar a sus ciudadanos niveles de vida decentes. Aquellos que no puedan hacerlo, estarán condenados a la decadencia y la disfunción” (Micklethwait/Wooldridge, “La cuarta revolución. La carrera global para reinventar el Estado”, Galaxia Gutenberg, 2015, p. 13).

En un reciente libro editado por la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL (Ejes de la Política Local Vasca 2015-2019: http://www.eudel.eus/destacados/formacionpolitica/), la “Buena Gobernanza” se configura como uno de los ejes estratégicos del presente mandato en los gobiernos locales. Por su parte, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa han hecho una apuesta evidente también por nuclear el cambio institucional sobre esa noción de “Gobernanza”, reflejando esta idea en sus propias estructuras gubernamentales (con rango de Departamento foral en Gipuzkoa y con nivel de Dirección General cualificada en Bizkaia).

También la Transparencia, como elemento central de la noción de Gobernanza, ha sido uno de los puntos fuertes de los Ayuntamientos vascos, de alguna de sus Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco. Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao fue premiado en 2011 por el Instituto Europeo de Administración Pública por un programa de gestión del sector público. Y el de Ermua ha impulsado recientemente una experiencia de profesionalización de niveles gerenciales. La Red Vasca de Transparencia de los Ayuntamientos Vascos también está dando su fruto. Y el Programa Basque Score Card (autoevaluación en materia de integridad institucional con el apoyo del Consejo de Europa) en quince ayuntamientos vascos fue asimismo (aunque planteado como programa piloto) una experiencia también pionera.

En la misma línea, el Gobierno Vasco está liderando desde hace algún tiempo un Modelo Avanzado de Gestión (Aurrerabide) que traslada alguno de los elementos centrales de la idea de Gobernanza (por ejemplo, la Transparencia, Eficiencia, Buen Gobierno o la Rendición de Cuentas) e impulsa como eje singular la Innovación. También ha iniciado un proceso de planificación estratégica de recursos humanos (Plan de Empleo) ciertamente innovador, donde diagnostica certeramente las consecuencias del envejecimiento de plantillas y de la pérdida de conocimiento en la Administración Pública, aportando algunos remedios. Si a ello se suma la apuesta decidida que el propio Ejecutivo vasco adoptó en su día por la construcción de un Sistema de Integridad Institucional mediante la aprobación del Código Ético y de Conducta, bien se puede concluir que algo importante se está moviendo en Euskadi desde la perspectiva de mejora institucional y de la gestión pública.

No parece que, al menos hasta la fecha, ese empuje de cambio institucional y de gestión disponga de réplicas marcadas en otros contextos estatales, aunque algunas estructuras de gobierno locales y autonómicas están dando pasos en esa dirección. La Administración del Estado (con algunas excepciones de iniciativas impulsadas desde el INAP) sigue, sin embargo, anclada en su formato más convencional. Cierto es que “la moda” de la Transparencia (desarrollada en buena parte tras la aprobación de la Ley básica estatal) sí que ha arraigado con fuerza (al menos en términos normativos) en diferentes Comunidades Autónomas (por ejemplo, en Cataluña), así como en determinados gobiernos locales (donde se están llevando a cabo experiencias de interés: Ayuntamientos de Alcobendas, Gavà o Sant Cugat del Vallès, por poner algunos ejemplos). Pero, en otras facetas, las respuestas están siendo más tímidas o, incluso, menos consistentes. La ética institucional, la eficiencia o la propia noción de gobierno abierto, no terminan de pasar –salvo excepciones singulares que ahora no pueden ser citadas- el estadio programático para convertirse en una acción central y efectiva de las diferentes políticas gubernamentales.

La noción de Gobernanza tiene, sin embargo, largo recorrido. No es igual, pese a nuestra evidente confusión legal, al Buen Gobierno. Aquella engloba a este. En verdad, los postulados iniciales de la Gobernanza eran limitados y han venido enriqueciéndose con el paso del tiempo. Así, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea de 2001 se asentaba sobre cinco pilares o principios: participación; transparencia; rendición de cuentas; eficacia y coherencia. Más adelante, en un importante documento del Consejo de Europa sobre Estrategia para promover la Innovación y la Buena Gobernanza en el nivel local de gobierno, esos principios se enriquecieron hasta un total de doce.

Lo realmente importante en el diseño de una Política de Buena Gobernanza en las instituciones públicas radica en comprender bien el concepto. A ello ayuda alguna que otra contribución doctrinal (por ejemplo: La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia, obra publicada en 2005 por el INAP y coordinada por A. Cerrillo).

La gobernanza –como expuso en su día Renate Mayntz- no es otra cosa que “una nueva manera de gobernar, diferente del modelo de control jerárquico”. Pero ese cambio no puede ser retórico. Representa un paso más (aunque complementario y no excluyente) frente a la implantación efectiva del modelo burocrático profesional y a las medidas impulsadas en su momento por la Nueva Gestión Pública (New Public Management). Esta puso el foco de atención sobre aspectos intraorganizativos, centrándose en objetivos y resultados; mientras que aquélla (la Gobernanza) reexamina, según el profesor Rhodes, “la caja de herramientas del Gobierno” y persigue dar respuesta a escenarios más complejos y redes interorganizacionales, como estudió en su día Joan Prats o puso de relieve hace años en una interesante contribución el profesor mexicano Luis F. Aguilar (“Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones, Cuadernos de Liderazgo 17, Esade, 2008).

Pero, la gobernanza inteligente exige asimismo una apuesta decidida por la integridad institucional, minimizar la política cortoplacista, impulsar una meritocracia efectiva y construir canales óptimos de participación ciudadana (o de “multitudes inteligentes”). En esto las redes sociales son una ventana de oportunidad y un enorme reto, pero también hay que ser conscientes que una mala aplicación de tales redes puede provocar efectos no deseados. Como expusieron Berggruen y Gardels, “sin frenos ni contrapesos, la democracia directa propulsada por la energía del ciberespacio podría socavar la buena gobernanza en lugar de reforzarla”.

En efecto, no me centraré aquí (lo estoy haciendo en otro lugar) en uno de los puntos débiles (o si se prefiere, peor resueltos) de la Gobernanza: la rendición de cuentas. La “horizontalidad” de la Gobernanza combina mal con la todavía articulación “vertical” de las responsabilidades en las estructuras gubernamentales y administrativas. La Gobernanza, por definición, pretende situar en un mismo plano “deliberación” y “representación”. Pero algo falla en la arquitectura del modelo cuando la rendición de cuentas (accountability) por los resultados de esas políticas solo puede ser endosada a quienes ejercen tareas representativas o ejecutivas.

En cualquier caso, los que ahora importa es que la noción de Gobernanza se ha venido enriqueciendo con el paso del tiempo. Lo que sí parece obvio a estas alturas –y de ello nuestros gobernantes deberían tomar nota- es que el futuro de nuestras instituciones públicas, el “mejor gobierno”, la sostenibilidad del modelo y de las prestaciones públicas a los ciudadanos, así como de la propia democracia, depende estrechamente de que cada nivel de gobierno sea capaz de armar una agenda coherente y creíble de Buena Gobernanza e Innovación con la vista puesta en los próximos diez años. Quien lo haga, sentará las bases del futuro. Quien no se dé por enterado, condenará a sus organizaciones al letargo, cuando no a la decadencia. Lean (con sentido crítico) los sugerentes libros de los que se extraen las citas expuestas en el encabezamiento de esta entrada y ratificarán (presumo) este lapidario juicio.

CÓDIGOS DE CONDUCTA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL. UN EJE CENTRAL DE LA POLÍTICA FUTURA

«La corrupción sitúa en peligro los valores mismos del sistema: la democracia es golpeada en el corazón»
(D. Della Porta, Y. Mény, «Démocratie et corrupción en Europe», La Découverte, 1995, p. 13)

«Nadie está obligado a ocupar puestos directivos o a hacer carrera política. Cabe presumir que quien accede a alguno de estos cargos lo hace por propia voluntad y acepta implícitamente unos determinados estándares de diligencia. Ello explicaría por qué a los políticos se les suele demandar una conducta, pública y privada, más escrupulosa que a los ciudadanos comunes»
(L. M. Díez-Picazo, «La criminalidad de los gobernantes», Crítica, 1996, p. 28)

Conforme la política y el ámbito de lo público se han visto sumidos en una cadena de escándalos de corrupción, la revalorización de la conducta de los gobernantes, directivos y funcionarios ha pasado a ocupar un lugar estelar en las estrategias de las estructuras gubernamentales que apuestan por la Buena Gobernanza. Sin embargo, esa estrategia por la renovación moral de lo público dista mucho entre nosotros aún de ser general y, más todavía, de ser sincera; esto es, de interiorizarse como un elemento central del funcionamiento cotidiano de la política y de la propia función pública.

En la mayor parte de los países de la OCDE que se han implicado seriamente en la construcción de Sistemas de Integridad Institucional, el proceso siempre se ha iniciado por lo común de forma reactiva (es decir, como respuesta a una cadena de casos de corrupción que han erosionado la confianza de los ciudadanos en sus instituciones) y, asimismo, a través de la construcción de Sistemas o Marcos de integridad Institucional (Villoria, 2012). (más…)

NUEVOS GOBIERNOS, VIEJOS HÁBITOS

“La combinación de altos cargos fue laboriosa. Ay! Si no existieran hijos, yernos y cuñados, cuántos disgustos se ahorrarían los jefes de gobierno” (Conde de Romanones, “Notas de una vida”, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 390)

“La vida tronando contra el caciquismo, y los propios tronadores son los más infames caciques capaces de las más inmundas pillerías” (Ricardo Matías Picavea, “EL problema nacional”, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p.152)

Tal vez lo que sigue pueda ser calificado como un juicio prematuro o equivocado. Lo primero lo es, pero ya hay –según se verá- algunos fuertes indicios que marcan tendencia. Si, por otro lado, fuera un juicio equivocado, no duden que el primero en alegrarme sería yo mismo.

Ya se han formado buena parte de los gobiernos locales y comienzan su andadura, todavía en fase incipiente, los primeros gobiernos autonómicos. Sin duda, en apariencia al menos, han cambiado mucho las cosas. No cabe duda que los cambios comienzan a ser drásticos: desparecen las corbatas y los trajes (o simplemente se arrinconan), emergen las camisas y las camisetas, sobre todo estas últimas, la estética alternativa se adentra en las instituciones locales y se bajan los sueldos hasta ser los políticos, en algunos casos extremos, quienes menos cobran del respectivo ayuntamiento, se arrinconan algunos coches oficiales y se entroniza la bicicleta o el transporte público como medio de desplazamiento de alguna de esa “nueva” clase política. Los actores políticos se transmutan en ciudadanos “normales y corrientes”. Se rompe el manido “alejamiento”. Dejémoslo aquí. Constatemos solo que las formas han cambiado o están cambiando.

Abandonemos las formas y entremos, sin embargo, en la sustancia de la Política, en su núcleo duro: las políticas públicas y el reparto de cargos y sinecuras. En lo que afecta al primer punto todavía todo son promesas vacuas. Habrá que esperar. En lo que afecta al segundo tema, pues el corazón de las ambiciones políticas (“la combinación” que se decía antaño) siempre está en el reparto de cargos, las cosas son algo distintas, por no decir que iguales o peores a la situación de partida. Veamos. (más…)

EL «SUELDO» DE LOS POLÍTICOS

“El gobierno local suele considerarse con demasiada frecuencia como un pasatiempo de las clases acomodadas y de las personas que se han retirado de la vida activa. Pocos hombres y mujeres jóvenes y capaces llegan a interesarse en los asuntos locales. Si se quiere remediar esto, el gobierno local debe convertirse en una carrera remunerada, por las mismas razones por las que se paga a los miembros del Parlamento”

(Bertrand Russell, “Autoridad e Individuo”, FCE, 1949)

 

“Nadie ha sabido revelar mejor que Kraus, en su lucha encarnizada contra los periodistas, las leyes ocultas del espectáculo, ‘los hechos que producen noticias y las noticias que son culpables de los hechos’”

(Giorgio Agamben, Medios sin fin. Notas sobre la política. Pre-textos, 2010)

 

La política es en la actualidad una actividad sometida a un intenso escrutinio. En una sociedad democrática la rendición de cuentas está en la base de toda política. Pero algo falla cuando en el debate público y mediático se cuela de rondón la demagogia. En la sociedad del espectáculo, de la que hablara providencialmente Debord en 1967, multiplicado su eco hoy en día por las redes sociales, lo que “más gusta” a esos espectadores del foro público es el escándalo o todo lo que pueda asimilarse con él. Y a todo ello se presta, como anillo al dedo, la cuestión de las retribuciones de los políticos.

La política está demonizada en los últimos años. La pérdida de confianza por parte de la ciudadanía es general, pero en nuestro entorno adquiere rasgos de venganza primitiva o, incluso, tribal. Es más, la política nunca ha gozado de prestigio en una sociedad carente, como es la nuestra, de las más mínimas raíces de cultura institucional. Bien es cierto que a su desprestigio ha contribuido de forma sobresaliente un inaceptablemente amplio elenco de políticos corruptos que han hecho un daño atroz a las instituciones y a la propia política.

Pero nos guste más o menos, sin políticos no podemos vivir. Habrá que acostumbrarse a ello, aunque a algunos les disguste. Y si se quiere una política de calidad, con dignidad democrática y alejada diametralmente de la corrupción, no hay otra opción que, tal como hacen todas las democracias avanzadas, mejorar los controles y retribuir convenientemente a nuestros gobernantes.

Las retribuciones de los políticos despiertan debates apasionados y, por lo común, alejados de una deliberación bajo parámetros de racionalidad. Conviene precisar de inmediato que el mero hecho de que se retribuya el desempeño de cargos públicos es una conquista (por cierto relativamente tardía) del Estado democrático (más aún en el ámbito local). El primer liberalismo estuvo marcado por lo que Bernard Manin acuñó con la expresión de «aristocracia democrática», basada en «el principio de distinción». Dicho en otras palabras: solo aquellos varones que tenían rentas (propiedades) o capacidades especiales eran los llamados a gobernar o representar al común de los mortales.

Quien mejor expresó esa idea fue ese oráculo del Estado liberal llamado Benjamín Constant. En su espléndida obra de «Escritos políticos» (CEC, 1989), imprescindible en todos sus capítulos salvo quizás en este, Constant afirmaba que quienes estaban condenados a trabajar todos los días o no disponían del ocio indispensable para adquirir ilustración y rectitud de juicio (esto es, quienes no eran propietarios) no podían estar llamados al ejercicio del poder, por tanto a la representación ni al gobierno de la cosa pública. Tampoco al voto.

Esa idea se marcó con letra fuerte por esa corriente denominada el liberalismo doctrinario, que tuvo particular eco en la España decimonónica. François Guizot lo reflejaba de forma muy precisa, cuando se refería, en su libro “La democracia en Francia”, a que «la idolatría democrática es el mal que yo ataco». La legislación electoral y su inmovilismo censal mientras fue primer ministro antes de la revolución democrática de 1848 en Francia, así lo atestiguaron.

Sin embargo, conforme el Estado fue ampliando su base electoral y se transformó de liberal en democrático, la retribución de los cargos y representantes públicos (en todos los ámbitos de poder) fue asentándose de forma definitiva. Como bien dice Manin, «la extensión del derecho de voto y desaparición del requisito de riqueza para ser representante» allanó el camino para que las clases menos pudientes de la sociedad pudieran acceder al poder y ejercer sus funciones con dignidad democrática. Así, el principio democrático sustentó también el ejercicio retribuido de cualesquiera funciones públicas, con carácter general. Algo que ahora, imprudentemente, se discute o se matiza.

Conviene recordar tanta obviedad cuando en este país, hundido desde tiempos inmemoriales en un subdesarrollo institucional notable del que parece no saldremos jamás, es debate y noticia lo que no debía serlo, o al menos aquello no lo es en el resto de democracias avanzadas: el “sueldo” de los políticos. Cabe decir de entrada que las retribuciones de los Ministros y del propio Presidente del Gobierno central son mucho menores en términos comparativos de las que tienen la mayor parte de los países democráticos. Es una anomalía que no hemos sabido corregir. Sorprende, sin embargo, cómo (dejemos de lado el caso de los Secretarios de Estado) otros órganos constitucionales del Estado o de creación legal, cuyos emolumentos se reflejan también en los Presupuestos Generales del Estado, sus miembros perciban retribuciones muy superiores: ¿Qué justifica ese trato discriminatoria? Nada.

Es cierto que hay políticos autonómicos y algunos locales que superan (o superaban) esos umbrales retributivos mínimos establecidos para los Ministros. Pero no cabe olvidar (por mucho que siempre se olvide) que esos niveles de gobierno gozan de autonomía política. Ello implica discrecionalidad para implantar les retribuciones que consideren pertinentes siempre que quienes adopten tales decisiones respondan políticamente (esto es, las justifiquen) ante la ciudadanía. Luego esta valorará si son acertadas o no.

Pero eso es algo que el propio Gobierno central se ha encargado, paradójicamente, de desmentir. La reforma local que se aprobó en 2013 (con plenos efectos a partir de la constitución de los nuevos ayuntamientos en junio de 2015) proyectó una larga sombra de duda sobre la Política Local, al marcar unos límites retributivos máximos según la dimensión poblacional del municipio. Flaco favor a una (por lo común) abnegada actividad política local: un alcalde o alcaldesa representa a su municipio y debe estar en plena dedicación los siete días de la semana. En fin, echar más leña al fuego de forma irresponsable. De aquellos polvos vienen (algunos de) esos lodos

Más tarde, políticos de «nueva generación» han recuperado ese discurso fácil, tal vez arrastrados por “el estilo Mújica» (ex presidente de Uruguay), persona de alta consideración moral y auténtico ejemplo de ejercicio ético de la política, que renunció (por razones estrictamente personales y en circunstancias particulares que ahora no es menester entrar) a buena parte de su sueldo para dedicarlo a acciones sociales. Pero Mújica solo hay uno, además él predicó con el ejemplo, no con el efecto mediático de anunciar a bombo y platillo que iba a ser ejemplar, ni tampoco dedicó esos recursos sobrantes –digámoslo todo- para alimentar «la caja» de su propio partido o conglomerado electoral.

Esa pretensión de que la actividad política debe ser retribuida con estándares propios de una actividad profesional no cualificada ha sido sobredimensionada por algunos medios de comunicación y aplaudida por unas huestes de ciudadanos para los que denostar la política y a los políticos es su motivo principal en estos momentos de hartazgo colectivo. No de otro modo se entiende que se divulgue y se aplauda de forma acrítica que un Alcalde o Alcaldesa, los concejales o gerentes y el personal directivo de designación política de una gran ciudad cobren como máximo 2.200 euros brutos al mes. Una cosa es que un cargo público renuncie a su retribución, pues es un derecho y no una obligación, otra distinta es que generalice un sistema que pretende convertir el ejercicio del cargo en una prestación onerosa o sin ningún tipo de incentivos en relación con el mercado. ¿Qué dignidad representativa y democrática se ejercerá desde esos cargos con esa retribución?, ¿cómo convivirán esas retribuciones con otras de altos funcionarios cualificados que multiplican por dos o por tres tales emolumentos?, ¿qué incentivo tendrá para esos altos funcionarios o para profesionales externos de prestigio desempeñar el puesto de Gerente de Urbanismo o Economía, por poner dos ejemplos?, ¿serán estos puestos directivos cubiertos por profesionales con experiencia acreditada o entre activistas políticos o sociales sin experiencia alguna? Si es así, pobre ciudad, pobres ciudadanos.

Tampoco es de recibo airear (siempre en un mitin, lugar impropio para cualquier debate razonable) que el Presidente de una Comunidad Autónoma debe cobrar como máximo tres veces el salario mínimo interprofesional. Ese es un debate que no existe en ninguna otra parte del mundo civilizado. Solo propio de una sociedad descreída con la política, alimentada irresponsablemente por discursos cargados de demagogia y de inmadurez democrática.

A la política y sus aledaños es obvio que no debe ir nadie a enriquecerse. Para ello nada mejor que ver con qué se llega y cómo se sale. Un test que habrá que hacer también a quienes se incorporan a tan noble actividad en estas fechas. La actividad política y más aún la dirección pública debe ser capaz de captar los mejores talentos, también debe atraer a profesionales de excelencia con vocación de servicio público y fuertes convicciones éticas de lo público, como así ocurre en los países que apuestan por instituciones sólidas y de calidad.

Las personas que dedican parte su vida, sus esfuerzos y su ilusión en servir a sus ciudades y pueblos, así como a sus ciudadanos, deben ver compensados sus esfuerzos y dedicación con salarios competitivos y dignos, también por elemental sentido democrático. No cabe proletarizar la política o hacer clientelismo “barato” de la actividad pública, asesora o directiva.

Cierto es que, como dice el colectivo «Politikon», hemos tenido en España (y todavía seguimos teniendo, mientras no se demuestre lo contrario) unas élites mediocres. Pero ese pretendido atajo de establecer con carácter general sueldos abismalmente alejados de la posición institucional que ocupa un representante o cargo público es sencillamente no tener el más mínimo sentido de lo que son las instituciones públicas y cuál es su papel.

En efecto, al no existir incentivos retributivos dignos, no es una solución institucional adecuada llenar la nómina del gobierno (sea cual fuere su nivel) de cargos públicos intermedios, asesores y directivos con personas sin experiencia profesional, de activistas sociales o de partidos o ciudadanos que acceden por vez primera a un empleo cotizado (en términos de seguridad social). Esta es una mala práctica que, en algunos ámbitos como en los de asesores, los “partidos tradicionales” han ejercido y sus nefastas consecuencias son visibles. Todo apunta que se extenderá ahora, por algunas “formaciones nuevas” también a la dirección pública.

Los efectos inmediatos de esa mala práctica pueden generar unas instituciones de baja calidad democrática, que no reforzarán (sino todo lo contrario) su limitado prestigio ante la ciudadanía y pueden ser focos de ineficiencia (lo que es particularmente grave) en sus resultados de gestión. Habrá que volver sobre ello cuando haya que hacer necesario balance de esa actividad «ejemplar» (en términos casi misionales) en la que pretenden convertir el ejercicio de la política y de la dirección pública algunos apóstoles de “la nueva política”. Caldo de cultivo, si no se remedia pronto e inteligentemente, para ensuciar más aún la vulnerable imagen de la política y la débil posición institucional de los puestos de asesores y de dirección pública. Por ahí se empieza. El final hace mucho que está escrito.

¿GANAR O GOBERNAR? POLÍTICA LOCAL EN TIEMPOS DE CAMBIO

“La política se moviliza más por el rechazo que por el proyecto, por la desconfianza que por la adhesión”
(Daniel Innerarity, “El futuro y sus enemigos. Una defensa de la esperanza política”, Paidós, 2009)

Los resultados de las recientes elecciones municipales están poniendo de relieve crudamente algo que ya sabíamos: ganar las elecciones no es igual a gobernar. En una forma parlamentaria de gobierno es algo que puede suceder. Y de hecho, sucedía. Lo que puede variar, el próximo 13 de junio, es el número de casos en que esa situación se puede producir.

Esa variación encuentra su clave explicativa, por un lado, en la notable mutación que se está produciendo del sistema de partidos políticos; y, por otro, en el prácticamente nulo potencial de colación que manifiesta el hasta la fecha partido mayoritario, así como por el afán de recuperar poder perdido por parte del segundo partido en el ámbito estatal.

A todo ello se añade el protagonismo (relativo) que han adquirido algunas candidaturas de nuevo cuño, que, si bien han logrado la mayoría minoritaria en algún ayuntamiento emblemático, pretenden –con el discurso de que las cosas han cambiado- gobernar ciudades en las que son segunda fuerza política o facilitar que gobiernen tales instituciones otras fuerzas políticas que no han ganado en tales municipios. (más…)

¿CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA LOS PARLAMENTARIOS?

“Es preciso estar recto, no que te pongan recto”
(Marco Aurelio, Meditaciones, Alianza Editorial, p.42)

Desde hace algún tiempo asistimos a la difusión mediática de determinadas conductas de parlamentarios que, se dicen, ajustadas a la legalidad, pero que cualquier ciudadano es plenamente consciente de que no cumplen los mínimos estándares éticos que debe acreditar quien es (o quien haya sido) un representante público. El último caso es el de Trillo y Martínez- Pujalte, bien conocido por la opinión pública.

En España seguimos anclados en la periclitada idea de que el cumplimiento de la legalidad exonera de cualquier responsabilidad política. Cuando, como es obvio, el cumplimiento de la legalidad por parte de un parlamentario o de un cargo del poder ejecutivo es sencillamente una premisa inexcusable. Un responsable público puede cumplir escrupulosamente la legalidad e incurrir en conductas moralmente reprobables, de las que se deberían derivar consecuencias políticas. La dignidad de la institución y del ejercicio del cargo está directamente vinculada con la integridad, ejemplaridad, honestidad, desinterés y la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones públicas asignadas.

Los Códigos de Conducta de las Cámaras parlamentarias son una realidad en buena parte de las democracias avanzadas desde hace varias décadas. El fenómeno tuvo su inicio en Estados Unidos y en otros países de la órbita anglosajona (tempranamente también en Alemania, por ejemplo). La extensión de tales Códigos se produce tras el Informe “Nolan” de 1995 en el Reino Unido, donde ya se criticaban abiertamente los conflictos de intereses que eran entonces moneda corriente en las Cámaras como consecuencia de las actividades de “consultoría” de muchos parlamentarios. (más…)

ASESORES QUE NO ASESORAN: ¿MALA PRÁCTICA O PRÁCTICA CORRUPTA?

“Por ninguna manera del mundo se elija a un ‘consejero’ sin que haga primero examen de su habilidad y suficiencia” (Fadrique Furió Ceriol)

Hace algunos años un alto cargo autonómico, en un alarde de sinceridad, me dijo: «Necesito que me eches una mano en un tema puntual de contenido político, no es especialmente complejo, pero en el departamento han nombrado unos asesores que no asesoran porque no saben; son del partido, ya sabes».

No siempre es así. En determinadas estructuras de gobierno los nombramientos de asesores recaen en personas cualificadas. Es una decisión inteligente de quien ejerce el poder: rodearse de los mejores. Así se ha podido comprobar recientemente en algún caso (con nombramientos acertados de asesores), pero también en fechas recientes ha saltado a los medios el nombramiento como asesor de un departamento de una persona que apenas tenía 25 años, con una retribución anual superior a 50.000 euros.

Pongamos las cosas claras y evitemos cualquier dosis, por pequeña que sea, de demagogia, pues en este tema se hace mucha. Los asesores son una suerte de «estado mayor» de los políticos. Son imprescindibles. Por su mesa pasan aquellos temas que deben cocinarse políticamente, han de proveer al político de ideas, discurso, orientarle, así como darle consejo en temas críticos y advertirle de los riesgos. Sus funciones son variadas, pero muy necesarias. Las más conocidas son las relativas a la comunicación y a la preparación de discursos o debates. No son, sin embargo, al menos a mi juicio, las más importantes. (más…)

SISTEMA INSTITUCIONAL DE GARANTÍAS DE LA TRANSPARENCIA: EL MODELO CATALÁN (1)

“En una sociedad que descansa sobre la confianza no surge ninguna exigencia penetrante de transparencia. La sociedad de la transparencia es una sociedad de la desconfianza y de la sospecha, que, a causa de la desaparición de la confianza, se apoya en el control” “Buyng-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Herder, 2013, p. 92)

Lo que se puede denominar el Sistema de Garantías de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTRCAT), descansa básicamente sobre tres piezas: a) Sistema de recursos y reclamaciones; b) Régimen disciplinario; y c) un Modelo o Sistema Institucional con funciones de “garantía” enormemente fragmentado.

Se ha de advertir que la LTRCAT no regula solo la Transparencia (activa y pasiva), sino que se adentra en otros muchos temas: Registro de grupos de interés (transparencia de lobbies); Buen Gobierno (Códigos de conducta; Cartas de Servicio; Evaluación de servicios públicos; Mejora de la calidad normativa; Gobierno Abierto y principios de participación ciudadana). Ley ambiciosa en sus objetivos.

El sistema institucional de la LTRCAT puede tener una dimensión “interna” (en la propia entidad) y “externa” (en el sistema institucional que ahora se detalla). (más…)

BUENA GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

“La desconfianza, ese veneno que destruye gradualmente hasta los organismos más fuertes” (Robert Michels, Los partidos políticos, I, Buenos Aires, 2008, p. 76)

“La transparencia es más que cumplir con la publicación de unos indicadores en las páginas Web y exige un cambio cultural, organizativo y estratégico muy ambicioso” (Manuel Villoria, “La transparencia como política pública en el nivel local”, Revista Democracia y Gobierno Local núm. 26/27)

El complejo contexto de crisis político-institucional y de valores en el que desarrolla sus funciones el sector público, así como las exigencia legales (que suelen ser, por desgracia, el motor de impulso de este tipo de actuaciones), obligan a invertir intensamente en el presente y futuro en políticas de Transparencia, así como en el diseño de marcos institucionales y de gestión para hacerla efectiva.

No obstante, algunas confusiones conceptuales se han instalado entre nosotros. La confusión procede en no distinguir lo que es Buena Gobernanza de lo que representa la Transparencia. La primera integra a la segunda y ésta última se inserta como una pieza más en un Sistema de Gobernanza que debería ser coherente e integral. (más…)