ASESORES QUE NO ASESORAN: ¿MALA PRÁCTICA O PRÁCTICA CORRUPTA?

“Por ninguna manera del mundo se elija a un ‘consejero’ sin que haga primero examen de su habilidad y suficiencia” (Fadrique Furió Ceriol)

Hace algunos años un alto cargo autonómico, en un alarde de sinceridad, me dijo: “Necesito que me eches una mano en un tema puntual de contenido político, no es especialmente complejo, pero en el departamento han nombrado unos asesores que no asesoran porque no saben; son del partido, ya sabes”.

No siempre es así. En determinadas estructuras de gobierno los nombramientos de asesores recaen en personas cualificadas. Es una decisión inteligente de quien ejerce el poder: rodearse de los mejores. Así se ha podido comprobar recientemente en algún caso (con nombramientos acertados de asesores), pero también en fechas recientes ha saltado a los medios el nombramiento como asesor de un departamento de una persona que apenas tenía 25 años, con una retribución anual superior a 50.000 euros.

Pongamos las cosas claras y evitemos cualquier dosis, por pequeña que sea, de demagogia, pues en este tema se hace mucha. Los asesores son una suerte de “estado mayor” de los políticos. Son imprescindibles. Por su mesa pasan aquellos temas que deben cocinarse políticamente, han de proveer al político de ideas, discurso, orientarle, así como darle consejo en temas críticos y advertirle de los riesgos. Sus funciones son variadas, pero muy necesarias. Las más conocidas son las relativas a la comunicación y a la preparación de discursos o debates. No son, sin embargo, al menos a mi juicio, las más importantes.

En las democracias avanzadas los asesores presidenciales o ministeriales (también de los alcaldes) son personas con vínculos políticos directos o indirectos, pero altamente cualificadas, que desarrollan funciones nucleares en las estructuras de gobierno. Sólo hace falta echar un vistazo a modelos comparados, ya sean, por ejemplo, el estadounidense, el británico o el francés, sin ir más lejos. Los Gabinetes son centros de diseño, impulso y seguimiento de la política. Su papel principal es fortalecer la acción política del gobierno y reforzar, así, al político.

Entre nosotros el “asesor” se encuadra dentro de la denostada figura del “personal eventual”, mal diseñada y peor entendida, pues se ha confundido con la propia función pública, cuando su lugar natural es muy distinto y distante: la política. Su uso ha estado además plagado de patologías sinfín. Una figura que, en muchos casos, ha dado rienda suelta al clientelismo más rancio y que ha supuesto, también en no pocas ocasiones, usar fondos públicos para pagar nóminas sustantivas a personas que su única credencial era ser miembros de un partido y a los que, por una u otra razón, había que “colocarle”, “recolocarle” o pagarle algunos favores o servicios prestados.

Dicho en términos diáfanos: esa forma desviada de actuar es, a ojos de la ciudadanía, también una forma de corrupción. No se entendía, así, hasta ahora, pero los cada vez más altos estándares de exigencia hacia la denostada (mala) Política, ya lo están percibiendo de ese modo. No hay vuelta de hoja, Y así se calificará, nos guste más o menos, a partir de ahora.

En algunos países de nuestro entorno al personal asesor se le exige acreditar previamente determinadas cualidades profesionales y experiencia para ser nombrados. Nosotros, por lo común, no exigimos nada. También en diferentes sistemas comparados comienzan a proliferar los códigos de conducta que se aplican específicamente a este tipo de personal, dadas las singularidades de su función.

Durante este año 2015 de elecciones múltiples, se formarán un buen número de gobiernos, en su mayor parte en un marco de fragmentación política. Hay un riesgo evidente de que en esos futuros gobiernos de coalición las presiones para nombrar asesores se multipliquen y que el número de personal eventual se dispare. Nótese que sus nóminas se pagan con las contribuciones de todos los ciudadanos, por muy “de partido” que sean.

Se impone, por tanto, regular debidamente esta figura. Es una necesidad imperiosa que ningún gobierno quiere afrontar. Pero no cabe otra que hacerlo. Mientras tanto las fuerzas políticas deberían comprometerse a hacer un uso justificado, racional y ordenado del personal eventual, nombrando solo a aquellas personas que acrediten cualificación y experiencia para desarrollar las funciones asignadas. En este punto la Transparencia es un aspecto fundamental, tanto en su dimensión activa como pasiva. La ciudadanía responsable debe ejercer enérgicamente el derecho de acceso a la información pública y demandar que se exterioricen los criterios por los que se ha nombrado a un determinado asesor. Los políticos deberán rendir cuentas por cómo lo hayan hecho.

Además, todos los gobiernos (de cualquier nivel y condición) deberían aprobar nada más constituirse un acuerdo en el que se establecieran, siquiera fuera de modo transitorio, los criterios objetivos de nombramiento de este personal eventual, la regla de la transparencia en tales procesos y un código de conducta básico que les resulte aplicable (valores, principios y reglas de conducta), reforzado por un sistema de compliance o de seguimiento.

Los asesores, los buenos asesores, tanto profesional como éticamente, son necesarios para hacer una buena Política. Hay que erradicar de la vida pública española las malas prácticas (ya consideradas como prácticas corruptas) que implican nombrar como asesores a “pipiolos” recién salidos de la universidad (algunos incluso sin título) o a políticos “quemados”. Los gabinetes de asesores no son (no deberían ser) “lugares de prácticas retribuidas”, “escuelas de formación de futuros políticos” ni “cementerios de elefantes”. Son núcleos estratégicos para reforzar la Política y el papel de los políticos en una sociedad democrática.

Renovar la Política y ganar la credibilidad de los ciudadanos exige un cambio radical en el modo en el que todos los partidos políticos han venido utilizando la figura del personal eventual. No hay otro camino. Nombrar asesores por pertenecer a un partido que no asesoran porque no saben o tienen unos conocimientos muy limitados sobre lo que tienen que asesorar, cobrando sueldos públicos, es –cabe subrayarlo- una forma de abuso del poder y es vista ya como una modalidad de corrupción.

La sociedad es y será cada vez más exigente con ese mal uso de los fondos públicos, que revela además estulticia mayúscula por quien aplica tan mala práctica: pues, como deducía sensatamente aquel alto cargo autonómico del que hablaba al inicio, está echando piedras a su propio tejado.

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