ALTOS CARGOS

INTEGRIDAD INSTITUCIONAL: TRES EXPERIENCIAS

“Para mantener unos estándares de ética pública elevados no solo se requiere unos servidores públicos ejemplares, sino también unos ciudadanos decentes y conscientes de sus derechos y de sus obligaciones” (Adriá Albareda/Francisco Longo, Administración con valores, INAP, 2015).

 Algo se mueve, siquiera sea lentamente, en el ámbito de la integridad del sector público. La pretensión de este Post no es otra que dar noticia de tres recientes casos, dos de buenas prácticas y otro de una Ley que exige aprobar códigos de conducta a los municipios (no es la primera, pues antes lo hizo la Ley catalana 19/2014, pero con un esquema diferente basado en sanciones). Los tres casos son de procedencia vasca, sin duda el ámbito territorial donde más se ha avanzado en este terreno durante los últimos años. Cada uno de ellos aplicable a un nivel de gobierno, lo que significa que en el tejido institucional vasco todos los ámbitos de poder están siendo permeables a esta tendencia imparable de la integridad institucional.

No son los únicos casos. Recientemente el gobierno de la Generalitat valenciana, también en desarrollo de su Ley de Transparencia, ha aprobado por decreto un código ético para los altos cargos de esa Administración, si bien su esquema dista de ser asimilable a los modelos puestos en marcha en Euskadi, inspirados estos en las propuestas de la OCDE de construcción de Marcos de Integridad Institucional.

Es posible que a esas experiencias sigan otras, pues en las Cortes de Aragón se está tramitando un proyecto de ley de Integridad y Ética Pública, que se comentará cuando vea la luz. Tiene aspectos de interés (por ejemplo, un enfoque “integral” de la integridad), aunque ofrece puntos a la crítica en algunos ámbitos (la distinción entre código de buen gobierno de altos cargos, recogido en la Ley, y códigos de conducta solo aplicables a empleados públicos).

También hay algunos códigos de diferentes instituciones en proceso de elaboración, sobre ellos habrá que volver en este espacio. Pues creo que es interesante comenzar a contraponer lo que es una concepción de la ética institucional como modelo de autorregulación y de prevención (modelo OCDE), con lo que ya comienza a ser -aunque a algunos no les guste la expresión- el «modelo hispano» (o contaminado por la Ley 19/2013) de configurar la ética pública como buen gobierno (ecuación incorrecta o, al menos, incompleta) y que pone el peso del sistema en un régimen sancionador, que rara vez se aplicará, si es que se aplica.

El primer ejemplo es la regulación del artículo 35 de la reciente Ley de Instituciones Locales  de Euskadi (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/16015), donde se prevé expresamente la obligación que tienen los gobiernos locales de aprobar Códigos de Conducta aplicables a los cargos representativos y que pueden ser extendidos al personal directivo (aspecto ya comentado en su día en NovaGob por Campos Acuña). Estos Códigos pueden incorporar un sistema de seguimiento y evaluación. Por tanto,  a partir de ellos se pueden construir Marcos de Integridad Institucional (tal como he hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao), lo cual es muy recomendable para evitar que se conviertan en papel mojado.

Llevar a cabo esa tarea de elaboración y gestión de los Códigos de Conducta de forma ordenada requerirá una participación activa de EUDEL (asociación de municipios vascos) en ese proceso, que -si bien la Ley no la cita expresamente- su concurso se torna imprescindible para elaborar un Código-Típo que aúne valores y normas de conducta comunes, así como establezca un órgano de garantía común (Comisión de Ética) que unifique las pautas interpretativas y resuelva los dilemas y quejas con criterios homogéneos. Lo contrario podría conducir a la fragmentación nada recomendable de un proceso que requiere ser conducido con tino y mesura. Hay mucho en juego.

Por su parte, la Diputacción Foral de Gipuzkoa aprobó en marzo de 2016 un Sistema de Integridad  (http://www.novagob.org/file/view/175241/sistema-de-integridad-institucional-de-la-diputacion-foral-de-gipuzkoa) que lleva a cabo un enfoque novedoso del problema, pues huye de poner solo el foco de la integridad en la zona alta de la Administración, sino que se inclina por una concepción integral de los problemas éticos, abarcando en su planteamiento a los empleados públicos y yendo, incluso, más lejos. En efecto, la Diputación Foral apuesta por extender -en línea con las corrientes más avanzadas que está pergeñando la OCDE- también a la sociedad civil (por ejemplo, al prever la extensión de ese marco de integridad a contratistas, concesionarios o entidades que perciban subvenciones). En efecto, difícilmente puede salvaguardarse la ética de las instituciones públicas con una ciudadanía que no preserve asimismo esos valores, tal como se indica en la cita que abre este comentario.

Asimismo, como primer paso de construcción del Sistema de Integridad institucional la Diputación guipuzcoana aprobó un innovador Código de Conducta y Buenas prácticas de cargos públicos, que adopta el enfoque de un modelo preventivo y crea una Comisión de Ética (con más presencia de externos que de internos, lo que refuerza la garantía de imparcialidad) como órgano de garantía que resuelve las consultas, dilemas éticos y quejas o denuncias. Esta Comisión aprobará  también Guías aplicativas. En suma, se trata sin duda del modelo más avanzado hasta la fecha existente en España.

Pero esa buena práctica bebe sin duda del pionero Código Ético y de Conducta de altos cargos aprobado por el Gobierno Vasco en 2013, así como de las importantes resoluciones de su Comisión de Ética, que aporta casi tres años de experiencia. En este sentido, la tercera buena práctica de la que queremos hacernos eco en esta entrada es la publicación de la Memoria de la Comisión de Ética del Gobierno Vasco correspondiente al año 2015 (http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/comision_etica_publica/es_def/adjuntos/Memoria_comision_etica_2015.pdf,).

Este importante documento arranca con una justa censura a la incomprensión de los problemas de ética institucional por parte de las instituciones centrales del Estado (algo que ha terminado por influir negativamente en algunos modelos autonómicos, como se ha dicho). La experiencia, también pionera (aunque incompleta y ya derogada) del Código de Buen Gobierno de los altos cargos de la AGE, constituyó un claro ejemplo de mal entendimiento de la ética como «cosmética», algo que ya denunció Manuel Villoria en un libro publicado en el año 2012. La legislatura 2011-2015 fue, por su parte, testimonio de la de incomprensión absoluta de lo que es la Ética Institucional y qué papel cumple. La derogación del Código de Buen Gobierno y su sustitución por unos paupérrimos principios éticos en la Ley 3/2015, del estatuto del alto cargo, son la prueba de esa incomprensión aludida.

Frente a ese modelo de apariencias, el Código vasco ha sido un instrumento aplicativo, con diferentes resoluciones y con propuestas de modificación planteadas también por la propia Comisión de Ética, que han conducido a la adaptación constante de su contenido; lo que ha configurado al Código vasco como un work in process y ha evitado la petrificación de la regulación de contenidos éticos, que por lo demás es una de las consecuencias obvias de la regulación de esta materia por leyes.

La Memoria de la Comisión de Ética del Gobierno Vasco de 2015 además, pone de relieve la importancia de la propia Comisión como mecanismo preventivo o de resolución de dilemas éticos que plantean a través de consultas los propios altos cargos y las personas sometidas a su ámbito de aplicación (por cierto, ámbito que se ha visto ampliado en una reforma del propio Código). También nos muestra que los trece asuntos conocidos por la Comisión en 2015 varios de ellos se refieren a problemas de conflictos de intereses, aunque la entrada en vigor de la normativa básica aprobada por el Parlamento Vasco (Ley 1/2014) ha atenuado mucho los problemas que debe resolver la Comisión en estas materias. Se pueden consultar todos los casos analizados y sus respectivas resoluciones en el siguiente enlace:

En fin, tres experiencias, casos o buenas prácticas -con distinto alcance e intensidad- de los cuales convendría que se tomara nota y se analizará hasta qué punto pueden ser trasladadas a otros contextos. Algo difícil, sin duda, sobre todo cuando la sensibilidad política por estos temas es prácticamente inexistente aún en muchos ámbitos territoriales de este país. O también difícil por la atracción taumatúrgica que existe (en unas administraciones colonizadas por un discurso jurídico-formal) de regular estas cuestiones en la Ley.

Tiempo habrá para que, unos y otros, recapaciten, si es que realmente quieren luchar de modo efectivo por la integridad institucional. La ética institucional, por su carácter esencialmente preventivo, debe mirar siempre al futuro. Para lo que se haya hecho mal ya está el Derecho como medio de represión o, en su caso, de reparación, sin perjuicio de que las normas jurídicas sancionadoras cumplan también un papel disuasorio. La integridad institucional no se alcanzará solo llenando los boletines oficiales de códigos que se publican, pero que realmente no se aplican. Apostar por la integridad es, en verdad, otra cosa. A ver si de una vez por todas se comienza a entender el alcance del problema.

EL MAL GOBIERNO

“Una ejecución débil no es sino otra manera de designar una ejecución mala; y un gobierno que ejecuta mal, sea lo que fuere en teoría, en la práctica tiene que resultar un mal gobierno” (Hamilton, “El Federalista”, Fondo de Cultura Económica, LXX, México, 1998, p.. 197)

Cuando la zozobra política parece haberse instalado entre nosotros tal vez sea hora de volver la mirada, una vez más, a esa obra monumental del pensamiento político que es El Federalista. Allí, principalmente Hamilton, hacía hincapié reiteradamente en una noción que ahora parece estar de moda por doquier: el Buen Gobierno.

En efecto, ya desde sus inicios (I, p. 3), Hamilton se interroga sobre si el pueblo de Estados Unidos será capaz de establecer “un buen gobierno”. La experiencia y el talento de sus dirigentes (“de sus mejores hombres”) es una necesidad objetiva para tal fin, que precisamente hoy no abunda (“la experiencia es la madre de la sabiduría”, LXXII, p. 308). Pero este autor también subraya que el presupuesto de un buen gobierno es una buena administración. Estas eran sus palabras: “La verdadera prueba de un buen gobierno es su aptitud y tendencia a producir una buena administración”. Algo que, por lo que a nosotros concierne, también nos falta.

No interesa aquí reiterar los beneficiosos efectos de esa noción de moda que es el “buen gobierno”, ahora muchas veces reconvertida en “buena gobernanza”. Nadie duda de que, bien aplicada, sus atributos mejoran la calidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía. Pero, frente a tanto eslogan, tal vez conviene descubrir el lado desnudo del poder: por lo común, especialmente en nuestro caso, es raro que un Ejecutivo y una Administración Pública acrediten la existencia de un “Buen Gobierno”, lo más frecuente es que se gobierne mal o simplemente que no se gobierne (“Estado sin cabeza”, que diría Pierre Rosanvallon) o se levite en el poder sin apenas hacer nada realmente importante. Cautivo de los medios. Y del qué dirán.

Una vez más la clave nos la dio Hamilton: “Al definir un buen gobierno, uno de los elementos salientes debe ser la energía del Ejecutivo”. Pues, en caso contrario, tal como expone la cita que abre este comentario, se instalará fácilmente “un mal gobierno”. Dicho en términos más contundentes y por el mismo autor: “Un Ejecutivo débil significa una ejecución débil del gobierno”.

Y estamos tan habituados a esa debilidad, que normalmente es de carácter (políticos pusilánimes, acomodaticios o “arrugados”), pero que también resulta de la misma fragmentación del poder y de la imposibilidad de articular mayorías estables (impotencia de “acordar transversalmente”) que solidifiquen una estructura gubernamental que actúe con el coraje debido en la resolución de los innumerables problemas a los que debe hacer frente el poder en un momento tan crítico como el actual. Una sociedad sin nadie que le gobierne realmente. Patético.

Ya lo dijo Innerarity de forma precisa: hay un “déficit estratégico en la política”. Se impone, según este autor, “la tiranía del corto plazo en la que chapotean nuestros sistemas políticos” (La política en tiempos de indignación, 2015, p. 335). También lo expresaron de forma diáfana, Berggruen y Gardels, “la política se ha convertido en algo que gira en torno a las próximas elecciones en lugar de la próxima generación” (Gobernanza inteligente para el siglo XXI, Taurus, 2012, pp. 68-69). Mirada corta, soluciones contingentes. Ninguna visión. Ceguera política. Alta factura que pagaremos todos.

Pero siendo lo anterior muy importante, no lo son menos sus consecuencias inmediatas. Algunas son muy obvias. Retornemos al gran monumento de la ciencia política que es El Federalista: “Se han hecho nombramientos escandalosos –denunciaba Hamilton- para ocupar puestos de importancia” (LXX, p. 301). El desacierto en la designación de los cargos públicos y especialmente de quienes son llamados a dirigir la Administración es probablemente una de las causas más evidentes del mal gobierno. Y de ello también advirtió Stuart Mill: “No hay acto que más imperiosamente exija ser cumplido bajo el peso de una gran responsabilidad personal, que la provisión de los destinos públicos”. O siglos antes también se hacía eco de esta idea el ilustre valenciano Furió Ceriol: “Por ninguna manera del mundo se elija a un ‘consejero’ sin que haga primero examen de su habilidad y suficiencia”. Sin embargo, buena parte de nuestra clase política no aprende nada, porque poco lee y apenas piensa: “actúa”. Y, además, mal, de forma precipitada, con el hemisferio derecho del cerebro, nunca con el izquierdo. Así nos va.

La Administración Pública de amateurs que anegó buena parte de la evolución de las democracias avanzadas ya se erradicó en su día (al menos en las democracias avanzadas; que no en la nuestra), primero en la función pública, después en la alta administración. En esto último, las rotaciones del poder y la conformación de gobiernos frágiles, andamos muy huérfanos: están plagadas nuestras Administraciones Públicas de “peligrosos” cargos directivos que ni saben dirigir ni tienen los conocimientos básicos para ello. Alta factura se paga por ello (o se pagará). Las viejas y nuevas hornadas de gobiernos autonómicos y locales no han cambiado esos hábitos, en algunos casos los han multiplicado. Práctica arraigada. Es cierto que hay excepciones; por ejemplo, algún Ayuntamiento como es el caso del de Madrid ha provisto buena parte de los cargos directivos con criterios profesionales, lo cual es de agradecer; pero en otros esos mismos directivos se eligen “democráticamente por los ‘círculos’” (sic) o entre personas (todas) que nunca han cotizado a la seguridad social. Y no es broma, aunque lo parezca. No seré más explícito.

En la política de nombramientos, como también señalaba Hamilton, “los méritos no pueden pasar inadvertidos”. Quien puede proponer y nombrar incompetentes sin rendir cuentas a nadie, amparado en esa discrecionalidad absoluta que tapa todas las vergüenzas, actúa sin frenos y, además, tiende, por la naturaleza de las cosas, a corromper el ejercicio del poder. Si además de nombrar un incompetente, se designa a un necio, el problema se multiplica. Y pasa más de una vez. La ignorancia se intenta suplir con el velo del cargo (“con los galones”, como decía mi buen amigo Manuel Zafra) y la burda arrogancia.

Recientemente Fukuyama ha puesto de relieve la transcendencia que tiene el parentesco y la proximidad (clientelismo) en la provisión de cargos públicos cuando de humanos se trata. Estados patrimoniales, trasunto de la tribu. Pero eso ya se resaltó en El Federalista, cuando se advertía de “la multiplicación de los males que nacen del favoritismo” (LXXVII, p. 330).

En estos tiempos en que de “Buen Gobierno” se alardea por doquier, conviene decir muy alto que para alcanzar esa excelencia en la gestión gubernamental se requiere necesariamente erradicar las prácticas clientelares, el nepotismo y el amiguismo que anegan la vida pública española. Es necesario profesionalizar la Administración Pública a todos sus niveles, también en el directivo. Por más que se elucubre, no hay atajos.

Víctor Lapuente, en un interesante ensayo, por lo demás muy difundido, se hacía eco de la siguiente reflexión: “Cuesta en el resto del mundo encontrar diferencias tan grandes como las existentes (…) entre Comunidades Autónomas españolas como Andalucía y el País Vasco”(El retorno de los chamanes, 2015, p. 296). Podía haber también buscado otros referentes geográficos. La constatación evidente es que hay una brecha cada vez más intensa entre buen y mal gobierno. También territorial. Al menos en algunos lugares. La brecha se amplía, cada vez más. Y el tiempo, salvo que algo se haga para evitarlo (lo que hasta ahora no se advierte), lo irá confirmando. Para mal de algunos. Y bien de otros.

CÓDIGOS DE CONDUCTA EN LA LEY CATALANA DE TRANSPARENCIA: APLICACIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES

“La verdadera prueba de la excelencia personal radica en la atención que prestamos a los pequeños detalles de la conducta, la cual con tanta frecuencia descuidamos” (Epícteto)

“Se obedece de buena gana a quien gobierna con rectitud” (Séneca).

La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTC), regula en el Capítulo I del Título V, lo que denomina como “Código de Conducta de los altos cargos”. También el Título IV, al abordar el tema “Del registro de intereses”, se ocupa de los códigos de conducta de los grupos de intereses (artículo 49, 1 c), así como del contenido mínimo que debe tener ese código de conducta de tales grupos (artículo 51). No acaban ahí las referencias al código de conducta, puesto que en el régimen de infracciones en las que pueden incurrir los “altos cargos” también se tipifica como infracción muy grave el incumplir los principios éticos y las reglas de conducta a las que hace referencia el artículo 55.1 de la Ley (artículo 77, 3 d) y como falta grave establece asimismo “incumplir los principios de buena conducta establecidos por las leyes y los códigos de conducta, siempre que no constituyan una infracción muy grave” (artículo 78, 3 g).

Esta obligación de aprobar códigos de conducta por las entidades locales, aunque relativa a los “altos cargos”, no se incluye –salvo error u omisión por mi parte- en ninguna ley vigente. El discutible Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LT), estableció unos gaseosos principios “generales” y “de conducta” aplicables a los “altos cargos locales”, pero no previó una obligación a las entidades locales de aprobar tales códigos. En fin, un concepto de corto alcance de buen gobierno, orientado esencialmente hacia el contenido sancionador que impregna ese título de la LT, lo que ciertamente está alejado de lo que es un Marco de Integridad Institucional cuya finalidad principal es crear infraestructura ética y prevenir aquellas conductas que puedan erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.

Ese estrecho concepto del legislador básico ha sido reconfigurado con un carácter más abierto por el legislador catalán (al incluir una noción de buen gobierno algo más rica, pero aún muy insuficiente), si bien este último ha incurrido en errores de concepto que pueden caracterizarse también (al igual que los cometidos por el legislador estatal) “de libro”. El más grave, sin duda, ha sido el mezclar de forma desordenada códigos de conducta con régimen sancionador. Algo que, en cierta medida, ya hizo el EBEP (artículo 52) y repitió la LT (artículo 26), cuando indica lo siguiente: “Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título”.

En todo caso, el legislador catalán, contaminado por esa normativa expuesta, ha ido más lejos; puesto que la interrelación entre códigos de conducta y régimen sancionador se ha terminado constituyendo no como una suerte de continuum, sino más bien como parte integrante de un mismo sistema; esto es, de la lectura de la ley puede dar la impresión que el incumplimiento de los valores, principios o normas de conducta de tales códigos de conducta deben terminar, siempre y en todo caso, en sanciones (o en aplicación del régimen disciplinario).

No hay, ciertamente, muchas experiencias de gobiernos locales que hayan apostado hasta ahora por crear tales Marcos de Integridad Institucional. Tampoco en otros niveles de gobierno. El caso del Gobierno Vasco es ya muy conocido. Algo en esa misma dirección están haciendo otros gobiernos autonómicos y las Diputaciones Forales, también alguna diputación de régimen común. En el ámbito local hay que resaltar, sin duda como buena práctica, el reciente Código Ético del Ayuntamiento de Bilbao, que ya fue objeto de atención en este mismo Blog (https://rafaeljimenezasensio.com/2016/01/13/codigos-de-conducta-el-caso-del-ayuntamiento-de-bilbao/). Bien es cierto que, el marco normativo vasco (tanto la Ley 1/2014, de código de conducta y conflictos de intereses de los cargos públicos, como el proyecto de Ley Municipal de Euskadi), está apostando de forma decidida por vincular los códigos de conducta con esos marcos de integridad institucional.

Estos precedentes pueden ofrecer algunas soluciones interesantes para buscar una interpretación razonable del marco jurídico catalán en materia de códigos de conducta en las entidades locales, tal y como se han regulado en la propia LCT. Si, tal como parece, la ley catalana pretende reforzar “el buen gobierno” a través de estos instrumentos de autorregulación que son los códigos de conducta de altos cargos, parece razonable que las entidades locales inserten esos códigos en los citados marcos de integridad de acuerdo con las exigencias de la OCDE; y, por otro (tal como aboga, por ejemplo, el proyecto de Ley Municipal de Euskadi), es oportuno que las asociaciones de municipios sean quienes promuevan un código de conducta-tipo y un sistema de integridad común. De cumplirse ambas exigencias, el paso que se daría en la pretensión de reforzar la integridad institucional de los entes locales sería, sin duda, de gigante. Una forma de suplir, así, las deficiencias que el marco legal ofrece en esta materia.

NOTA: Este Post es un breve resumen del texto de un Estudio sobre “Integridad Institucional como paradigma de la Buena Gobernanza. A propósito de los Códigos de Conducta en la Ley catalana de transparencia y su aplicación a las entidades locales”. Este trabajo puede consultarse en: https://rafaeljimenezasensio.com/documentos/

CÓDIGOS DE CONDUCTA: EL CASO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO

 

“Como conocemos que los incentivos, las oportunidades y los riesgos pueden provocar conductas inmorales hasta en personas decentes, es preciso establecer normas, procesos y órganos dentro de cada organización pública que prevengan conductas inmorales y promuevan la ética”

(M. Villoria y A. Izquierdo, Ética Pública y Buen Gobierno, Tecnos, 2016, p. 202)

Uno de los elementos clave de lo que Pierre Rosanvallon ha definido recientemente como “la democracia de confianza” es, sin duda, la apuesta por la integridad (“Le bon gouvernement”, Seuil, 2015). Es cierto que, por parte de algunos intelectuales como Bauman, se está defendiendo “la crisis de la democracia como el colapso de la confianza”. Fruto de ese contexto, las exigencias de integridad hacia los responsables públicos se han incrementado en los últimos años como consecuencia de la proliferación de casos de corrupción, pero el cambio cualitativo radica en que –como también señala Rosanvallon- hemos pasado de una “política de programas a una política de las personas”.

La ciudadanía escruta cada vez con más intensidad cuál es la conducta y el comportamiento de sus responsables públicos. Esa “institución invisible” que es la confianza se asienta especialmente en algo tan relevante como es la integridad; esto es, en las conductas y comportamientos públicos (así como aquellos privados con trascendencia pública) de las personas que desarrollan su actividad en las instituciones públicas (dimensión subjetiva). Pero, asimismo, la dimensión objetiva de la integridad (los impactos que sobre la institución tienen esas conductas de los cargos y empleados públicos) son cada vez más importantes.

En efecto, en ese proceso –al cual contribuye también la transparencia bien entendida; esto es, como medio de control democrático del poder- cobra especial importancia la calidad de los actores del mundo político. Schumpeter ya hizo hincapié en su día en que “la idoneidad del material humano es especialmente importante para el éxito del gobierno democrático”. La rendición de cuentas se proyecta cada vez más sobre las conductas de los gobernantes.

En esa línea cabe enmarcar la gradual aparición en la escena pública de los Códigos de Conducta, también en un país como el nuestro tan alejado inicialmente de esa cultura. Esa aparición no solo se ha dado en el ámbito autonómico, sino que también esa tendencia empieza a cuajar en algún gobierno local. El Gobierno central y la Administración del Estado nada han entendido sobre esta cuestión.

Ciertamente, en España el proceso de implantación está siendo lento, pues el espacio de la autorregulación que dejan las leyes –como ha expuesto recientemente Victoria Camps- no es precisamente amplio. Esta opción legal implica, tal como reconocieron Longo y Albareda, optar por “la ruta fácil” de las medidas represivas o sancionadoras, mientras que por el contrario una política de integridad debería inclinarse por la prevención y la mejora de la infraestructura ética de las instituciones, con la finalidad de desarrollar la Gobernanza Ética. Como también señaló Yves Mény, cuando el código penal entra en escena el mal ya está hecho y reparar los destrozos institucionales que la corrupción ha ocasionado no es tarea precisamente fácil en ese contexto.

En la esfera local de gobierno es preciso resaltar en estos momentos la aprobación reciente del Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromisos con la Calidad Institucional del Ayuntamiento de Bilbao, que representa un buen ejemplo de cómo un municipio elabora un Código inserto en un Marco de Integridad Institucional a través de la configuración de una Comisión de Ética (con presencia de dos asesores externos) que interpretará el alcance de los principios y normas de conducta, resolverá los dilemas éticos, pudiendo promover una serie de medidas con el fin de garantizar la efectividad del citado Código (entre ellas las de apercibimiento o, incluso, propuestas de cese o renuncia). Se huye, como diría Adela Cortina, de la ética como “estética” (aprobación meramente “formal” de un Código sin otras consecuencias) y se opta por una ética o integridad “efectiva”.

Se trata, en efecto, de impulsar una política de integridad institucional –y esto es importante- con carácter “preventivo”, no “reactivo”; esto es, los estándares de conducta en la política vasca, independientemente de cuál sea la fuerza política que gobierne o haya gobernado, son elevados (o, por lo menos, muy razonables), por lo que no se trata de aprobar un Código para “quitar presión” mediática o ciudadana sobre malas prácticas, sino de impulsar la mejora continua de esos estándares de comportamiento institucional.

El Código del Ayuntamiento de Bilbao se aplica a los cargos públicos representativos de la entidad y al personal titular de los órganos directivos, así como a los máximos responsables de las entidades del sector público. Entre sus características más relevantes se encuentra el de ser –al igual que el Código Ético y de Conducta del Gobierno Vasco- “un instrumento vivo”, que tiene por tanto la finalidad de adaptarse a los tiempos. El papel de la Comisión de Ética es clave en este punto.

La apuesta del Ayuntamiento de Bilbao es un paso que, hasta la fecha, han dado pocas entidades locales. Evidentemente, hay aspectos que deberán desarrollarse y mejorarse conforme se planteen cuestiones, problemas o dilemas éticos (para eso está la propia Comisión de Ética), pero al estar el Código de Conducta inserto en un Marco de Integridad Institucional es obvio que con ello se persigue principalmente la prevención a través de la internalización –como expuso también Victoria Camps- de los principios y normas de conducta y, en particular, por medio de la mejora del clima ético de la entidad.

Si algo caracteriza al Código del Ayuntamiento de Bilbao, como propusiera en su día EUDEL, es que no solo contiene principios y normas de conducta éticas y de buen gobierno, sino que también incorpora unos compromisos institucionales que asumen tanto los miembros del equipo de gobierno como los concejales de la oposición, siempre, claro está, que se produzca el acto de adhesión de estos a las previsiones del citado Código. En este sentido, como mera sugerencia, tal vez sería oportuno explorar una futura adecuación de la composición de la Comisión de Ética a través de algún medio al ámbito subjetivo de aplicación (por ejemplo ratificando por el Pleno o consensuando los asesores propuestos como miembros de la Comisión), que se extiende, como se ha dicho, también a todos los concejales.

En todo caso, la Integridad Institucional no puede limitarse al espacio político-directivo, sino que debe predicarse de toda la institución en su conjunto. Aunque nadie puede discutir que quienes ejercen funciones de representación política o de carácter directivo en el sector público deben desarrollar un liderazgo ético y predicar –como bien recordaba Javier Gomá- con el ejemplo.

Los Códigos son solo una modesta herramienta para restaurar esa dañada confianza en las instituciones públicas, pero si se insertan en una Política de Integridad Institucional del Gobierno municipal pueden ser una palanca efectiva para mejorar la confianza o, al menos, con el objetivo de paliar su erosión o colapso. Es digno subrayar, por último, que Bilbao ha dado un importante paso. Este avance cabe presumir que servirá de ejemplo para otros ayuntamientos. La imagen y la credibilidad de la institución gana, pero también la marca de ciudad. Temas nada menores en un mundo en el que la competitividad institucional es la regla. Esperemos que el resto de gobiernos locales (al menos los vascos) tomen nota.

EL CUARTO OSCURO DE LA POLÍTICA

“El caciquismo, planta que en maraña espesa y litigante domina el suelo español, no desaparecerá en un año ni en diez; tiene las raíces muy hondas, y estas raíces no son como vulgarmente se creen los hombres que han gobernado; esas raíces están arraigadas en todo el ámbito nacional y en todas sus clases” (Conde de Romanones, “Breviario de Política Experimental”, Editorial Plus Ultra, Madrid, 1974, p. 101)

Todo el mundo identifica a la corrupción como el cuarto oscuro de la política. Nada que objetar a tal juicio. Pocos, sin embargo, consideran el clientelismo político como la auténtica y verdadera patología política del país. Quienes no lo computan dentro de tal lastre son, sin duda, los propios partidos políticos. Los viejos y los nuevos. Los primeros no han tomado nota de nada o nada han aprendido (que es peor). Los segundos están sumidos en un “aprendizaje avanzado», que no augura nada bueno.

La cita del Conde de Romanones es apropiada. Un liberal que ejerció de cacique. El libro que la contiene es un breviario para políticos a la vieja usanza, pero sus máximas y aforismos los compartirían hoy en día –desgraciadamente- buena parte de nuestra clase política. Algunas lecciones tienen interés, pero la carga de “realismo político” (y también de cinismo) es acusada en esas líneas.

El caciquismo es el gran problema; no es preciso resucitar o citar a Costa. Lo demás, coreografía. Tras casi cien días desde la constitución de los gobiernos locales y autonómicos, observamos entre perplejos y consternados que absolutamente nada ha cambiado en esos perversos usos. Pero no se trata de señalar con el dedo a nadie, sino a todos. Las nóminas de las administraciones locales y autonómicas se han poblado de amigos, parientes (más o menos próximos) y, sobre todo, de personas fieles al partido o a la coalición o agrupación. No pondré ejemplos, porque todos (sí, sí, todos) tienen unos cuantos escándalos poco edificantes en su reciente haber.

Hace unos meses escribí una entrada en este mismo Blog (“Asesores que no asesoran”) que los recientes hechos han confirmado su vigencia. No insistiré en el argumento, pues nada se consigue. Tampoco el entierro anunciado que hice en su día de la función directiva profesional tras esas últimas elecciones se ha contradicho un ápice. La inmensa mayoría de los gobiernos locales y autonómicos –con algunas singulares excepciones, que las hay, para fortuna de todos- han seguido con las mismas “tradiciones” o “usos”: nombrar directivos y asesores a los “amigos políticos” y desterrar al ostracismo a quienes consideraban (juicio subjetivo donde los haya) “enemigos políticos”. Política sectaria, pero sobre todo ineficiente y estúpida. Eso del “mérito” es propio de los pueblos que se encuadran dentro de esa categoría -tan alejada de los usos mediterráneos- de los “bárbaros del Norte”.

No hay remedio alguno para una sociedad que se niega a aprender de las evidencias. Lamento decirlo. Hace casi veinte años se publicó un excelente libro de varios autores (que, como todos los libros en este país, pasó prácticamente desapercibido) en el que se diagnosticaba el problema de forma diáfana (Política en penumbra. Política y clientelismo políticos en la España contemporánea, Siglo XXI, 1996): el viejo caciquismo español plenamente vigente en el siglo XIX se había transmutado en un clientelismo político atroz e intensivo durante el siglo XX y, en particular, aunque no solo, durante la vigencia del actual régimen constitucional. El problema es que esa lacra (repito la expresión) ha llegado hasta nuestros días. Es una auténtica metástasis, que todo lo invade (no solo la política). Reformen ustedes todas las Constituciones que quieran, pues a través de ellas cambiarán el decorado, pero hasta que no resolvamos definitivamente ese problema este país seguirá sumido en el subdesarrollo institucional más profundo. Lamento ser tan conciso y tan cáustico. Pero es un post y no un libro.

“EL ALCALDE EN PATINETE” (SOBRE LA FALTA DE CONSIDERACIÓN INSTITUCIONAL Y LA AUSENCIA DE INCENTIVOS PARA ASUMIR CARGOS PÚBLICOS)

Todo cargo público gratuito y de gran responsabilidad es esencialmente inmoral. Quien no cobra, se cobra, y casi siempre con daño grave de la justicia y del interés público”

(Santiago Ramón y Cajal, “Charlas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias”, Espasa Calpe, 2000, Madrid, p. 177).

No se asuste. En ningún caso voy a proponer que los desplazamientos de los cargos públicos locales (o los que fuere) se deban hacer a partir de ahora en semejante vehículo, aunque algunos en su delirio hasta lo avalarían. Es una metáfora que pretende resaltar el sinsentido que está adquiriendo el cúmulo desordenado de limitaciones o restricciones que se anudan en nuestros tiempos recientes al ejercicio de un cargo público.

Otra oportuna cita de quien fuera uno de nuestros más insignes científicos, Ramón y Cajal, nos lo advertía hace muchas décadas: “Nada más fácil que diferenciar en el orden político un inglés de un español. El primero cree que su primordial deber es mantener al Estado; mientras que el segundo cree que el Estado debe mantenerle a él”.

Esa vieja y desviada concepción de las instituciones y del papel que cumplen en la sociedad sigue plenamente vigente entre nosotros en nuestros días. Cierto que el país, desde aquellas fechas, ha cambiado mucho. Se ha modernizado de fachada. Pero las cosas son como son. Todavía hoy quien ejerce un cargo público, sea este el que fuere, es un “chorizo” en potencia (lo cual no quiere decir que, para desgracia nuestra, no los haya). Y la forma de corregir esa “tendencia natural” es bastardear la política y el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva en el sector público hasta extremos insólitos, que rayan con lo pintoresco y representan (fruto de la extraña concepción de lo público existente en este país) una grotesca excepción “hispana” frente a lo que ocurre en las democracias avanzadas de nuestro entorno.

A los ciudadanos les parece bien (incluso lo aplauden con fervor) que los políticos o altos cargos cobren poco. También les entusiasma que viajen en clase turista, se les desprovea de móviles de última generación, se les suprima o reduzcan los coches oficiales, se desplacen en metro, autobús, tranvía o bicicleta, coman de menú (a ser posible el más discreto) y no dispongan de patrimonio ni bienes, lo cual quiere decir que vivan con lo puesto.

No se llamen a engaño. Quien asuma un cargo público en estos momentos debe ser consciente de muchas cosas. Primero, salvo excepciones (que las hay), debe asumir que percibirá unas retribuciones por lo común muy por debajo de las que ofrece el sector privado. Segundo, las prebendas que antaño tenía ser cargo público, y que en cierta medida compensaban (o paliaban) tales limitaciones retributivas, están despareciendo o a punto de hacerlo. Y tercero, tendrá que cumplir estrictamente un régimen de incompatibilidades que se proyectará también sobre actividades futuras en el ámbito profesional o empresarial.

Y son solo algunos ejemplos de restricciones que se han ido imponiendo en la legislación, en los códigos de conducta o por la vía de hecho. Algunas de ellas son razonables y necesarias (impedir los conflictos de interés o fomentar conductas ejemplares). Otras son más discutibles, al menos en su intensidad.

Hace más de dos décadas, el sociólogo Juan José Linz predijo sabiamente que un severo régimen de incompatibilidades o la propia falta de incentivos podía desviar de asumir responsabilidades públicas a buena parte de los profesionales de cierto prestigio y a las personas con talento y proyección. Algo de esto sucede en la actualidad. Y se corre el riesgo de que este mal se enquiste para siempre. No tiene ningún sentido que un alto cargo de la Administración (o un político que ejerce las máximas responsabilidades en la estructura gubernamental) cobre menos que algunos (o muchos) funcionarios. Ya hay un buen número de casos en los que altos funcionarios o profesionales del sector privado declinan asumir cargos directivos de libre nombramiento porque las condiciones retributivas son menores o, en el mejor de los casos, iguales, así como por la dureza del régimen de incompatibilidades (sobre todo “ex post”) que se planea en tales cargos. Para algunos, no es broma, representa “la muerte civil” tras el cese. No podrán volver a sus ocupaciones anteriores. Con ello se pretende evitar “el tráfico de influencias”, pero realmente tan insigne objetivo no se está evitando (menos aún en la alta función pública) y lo que se está fomentando, guste o no guste, es una huída de las responsabilidades públicas de personas con talento.

Es verdad, se me objetará con razón, que los cargos públicos han sido y todavía están siendo pasto de unas clientelas políticas cuyo única obsesión es apoderarse de una poltrona y de un sueldo en la Administración Pública. No se acredita mérito para acceder a tales puestos ni se evalúan objetivamente competencias profesionales. Pero es preciso diferenciar. Los cargos públicos representativos se deben a la confianza del electorado, que es quien valorará las aptitudes y la credibilidad que cada candidato ofrezca y le votará o no. Aún así rodear de restricciones el ejercicio de tales cargos públicos supone poner barreras de acceso a un buen número de personas que, junto al desprestigio de la actividad, ven cómo no hay estímulo alguno (salvo un acentuado y, por lo común, no generalizado compromiso de servicio público) que ayude a asumir esas responsabilidades.

Diferente es quien ocupa cargos ejecutivos o directivos en el sector público. En este caso si las restricciones retributivas, de condiciones de ejercicio o de incompatibilidades son excesivas, no cabe duda que tales puestos solo atraerán a militantes o simpatizantes de partido sin oficio ni beneficio, a funcionarios mediocres o a profesionales sin expectativas en su ámbito de actividad. Algo de esto ha pasado en nuestra frágil democracia en los últimos treinta y cinco años. Como bien expuso el también sociólogo José Cazorla en 1996, “personas de cualificaciones muy bajas y conocimientos culturales modestos –oportunistas- alcanzaron a través de la carrera política posiciones que, en su vertiente profesional, jamás hubieran soñado, gracias al control de los recursos públicos”.

Si se quiere cambiar esa tendencia que derechamente nos ha conducido a la ineficiencia, cuando no a la corrupción, convendría –no nos queda otra- comenzar a replantearse si no se han de dignificar las condiciones de ejercicio de los cargos públicos representativos y ejecutivos, así como directivos, incrementando, eso sí, los test de escrutinio y la rendición de cuentas, siendo impecables con los corruptos, pero alimentando el buen gobierno y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones directivas en el sector público.

Necesitamos políticos y directivos públicos competentes profesionalmente, así como ejemplares en sus conductas y no personas que practiquen una austeridad mal entendida. Y eso no se promueve con medidas absurdas cargadas de demagogia, con restricciones hipócritas o con la estandarización de conductas cínicas. Si se quieren responsables públicos competentes e íntegros habrá que pagarles y ofrecerles condiciones de trabajo en consonancia con la entidad de sus funciones. Gobernar o dirigir el sector público es tarea -como diría Ramón y Cajal- de gran responsabilidad. En caso contrario, el talento huirá del sector público (ya está pasando) y nuestros gobernantes y directivos seguirán siendo personas de bajo perfil que cultivarán el “doroteísmo” del que hablara Caciagli; esto es, gestionarán el poder sin ideas ni proyectos, con la única voluntad de mantenerse en el mismo. Nada recomendable.

 

CÓDIGOS DE CONDUCTA E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL. UN EJE CENTRAL DE LA POLÍTICA FUTURA

«La corrupción sitúa en peligro los valores mismos del sistema: la democracia es golpeada en el corazón»
(D. Della Porta, Y. Mény, «Démocratie et corrupción en Europe», La Découverte, 1995, p. 13)

«Nadie está obligado a ocupar puestos directivos o a hacer carrera política. Cabe presumir que quien accede a alguno de estos cargos lo hace por propia voluntad y acepta implícitamente unos determinados estándares de diligencia. Ello explicaría por qué a los políticos se les suele demandar una conducta, pública y privada, más escrupulosa que a los ciudadanos comunes»
(L. M. Díez-Picazo, «La criminalidad de los gobernantes», Crítica, 1996, p. 28)

Conforme la política y el ámbito de lo público se han visto sumidos en una cadena de escándalos de corrupción, la revalorización de la conducta de los gobernantes, directivos y funcionarios ha pasado a ocupar un lugar estelar en las estrategias de las estructuras gubernamentales que apuestan por la Buena Gobernanza. Sin embargo, esa estrategia por la renovación moral de lo público dista mucho entre nosotros aún de ser general y, más todavía, de ser sincera; esto es, de interiorizarse como un elemento central del funcionamiento cotidiano de la política y de la propia función pública.

En la mayor parte de los países de la OCDE que se han implicado seriamente en la construcción de Sistemas de Integridad Institucional, el proceso siempre se ha iniciado por lo común de forma reactiva (es decir, como respuesta a una cadena de casos de corrupción que han erosionado la confianza de los ciudadanos en sus instituciones) y, asimismo, a través de la construcción de Sistemas o Marcos de integridad Institucional (Villoria, 2012). (más…)

NUEVOS GOBIERNOS, VIEJOS HÁBITOS

“La combinación de altos cargos fue laboriosa. Ay! Si no existieran hijos, yernos y cuñados, cuántos disgustos se ahorrarían los jefes de gobierno” (Conde de Romanones, “Notas de una vida”, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 390)

“La vida tronando contra el caciquismo, y los propios tronadores son los más infames caciques capaces de las más inmundas pillerías” (Ricardo Matías Picavea, “EL problema nacional”, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p.152)

Tal vez lo que sigue pueda ser calificado como un juicio prematuro o equivocado. Lo primero lo es, pero ya hay –según se verá- algunos fuertes indicios que marcan tendencia. Si, por otro lado, fuera un juicio equivocado, no duden que el primero en alegrarme sería yo mismo.

Ya se han formado buena parte de los gobiernos locales y comienzan su andadura, todavía en fase incipiente, los primeros gobiernos autonómicos. Sin duda, en apariencia al menos, han cambiado mucho las cosas. No cabe duda que los cambios comienzan a ser drásticos: desparecen las corbatas y los trajes (o simplemente se arrinconan), emergen las camisas y las camisetas, sobre todo estas últimas, la estética alternativa se adentra en las instituciones locales y se bajan los sueldos hasta ser los políticos, en algunos casos extremos, quienes menos cobran del respectivo ayuntamiento, se arrinconan algunos coches oficiales y se entroniza la bicicleta o el transporte público como medio de desplazamiento de alguna de esa “nueva” clase política. Los actores políticos se transmutan en ciudadanos “normales y corrientes”. Se rompe el manido “alejamiento”. Dejémoslo aquí. Constatemos solo que las formas han cambiado o están cambiando.

Abandonemos las formas y entremos, sin embargo, en la sustancia de la Política, en su núcleo duro: las políticas públicas y el reparto de cargos y sinecuras. En lo que afecta al primer punto todavía todo son promesas vacuas. Habrá que esperar. En lo que afecta al segundo tema, pues el corazón de las ambiciones políticas (“la combinación” que se decía antaño) siempre está en el reparto de cargos, las cosas son algo distintas, por no decir que iguales o peores a la situación de partida. Veamos. (más…)

EL «SUELDO» DE LOS POLÍTICOS

“El gobierno local suele considerarse con demasiada frecuencia como un pasatiempo de las clases acomodadas y de las personas que se han retirado de la vida activa. Pocos hombres y mujeres jóvenes y capaces llegan a interesarse en los asuntos locales. Si se quiere remediar esto, el gobierno local debe convertirse en una carrera remunerada, por las mismas razones por las que se paga a los miembros del Parlamento”

(Bertrand Russell, “Autoridad e Individuo”, FCE, 1949)

 

“Nadie ha sabido revelar mejor que Kraus, en su lucha encarnizada contra los periodistas, las leyes ocultas del espectáculo, ‘los hechos que producen noticias y las noticias que son culpables de los hechos’”

(Giorgio Agamben, Medios sin fin. Notas sobre la política. Pre-textos, 2010)

 

La política es en la actualidad una actividad sometida a un intenso escrutinio. En una sociedad democrática la rendición de cuentas está en la base de toda política. Pero algo falla cuando en el debate público y mediático se cuela de rondón la demagogia. En la sociedad del espectáculo, de la que hablara providencialmente Debord en 1967, multiplicado su eco hoy en día por las redes sociales, lo que “más gusta” a esos espectadores del foro público es el escándalo o todo lo que pueda asimilarse con él. Y a todo ello se presta, como anillo al dedo, la cuestión de las retribuciones de los políticos.

La política está demonizada en los últimos años. La pérdida de confianza por parte de la ciudadanía es general, pero en nuestro entorno adquiere rasgos de venganza primitiva o, incluso, tribal. Es más, la política nunca ha gozado de prestigio en una sociedad carente, como es la nuestra, de las más mínimas raíces de cultura institucional. Bien es cierto que a su desprestigio ha contribuido de forma sobresaliente un inaceptablemente amplio elenco de políticos corruptos que han hecho un daño atroz a las instituciones y a la propia política.

Pero nos guste más o menos, sin políticos no podemos vivir. Habrá que acostumbrarse a ello, aunque a algunos les disguste. Y si se quiere una política de calidad, con dignidad democrática y alejada diametralmente de la corrupción, no hay otra opción que, tal como hacen todas las democracias avanzadas, mejorar los controles y retribuir convenientemente a nuestros gobernantes.

Las retribuciones de los políticos despiertan debates apasionados y, por lo común, alejados de una deliberación bajo parámetros de racionalidad. Conviene precisar de inmediato que el mero hecho de que se retribuya el desempeño de cargos públicos es una conquista (por cierto relativamente tardía) del Estado democrático (más aún en el ámbito local). El primer liberalismo estuvo marcado por lo que Bernard Manin acuñó con la expresión de «aristocracia democrática», basada en «el principio de distinción». Dicho en otras palabras: solo aquellos varones que tenían rentas (propiedades) o capacidades especiales eran los llamados a gobernar o representar al común de los mortales.

Quien mejor expresó esa idea fue ese oráculo del Estado liberal llamado Benjamín Constant. En su espléndida obra de «Escritos políticos» (CEC, 1989), imprescindible en todos sus capítulos salvo quizás en este, Constant afirmaba que quienes estaban condenados a trabajar todos los días o no disponían del ocio indispensable para adquirir ilustración y rectitud de juicio (esto es, quienes no eran propietarios) no podían estar llamados al ejercicio del poder, por tanto a la representación ni al gobierno de la cosa pública. Tampoco al voto.

Esa idea se marcó con letra fuerte por esa corriente denominada el liberalismo doctrinario, que tuvo particular eco en la España decimonónica. François Guizot lo reflejaba de forma muy precisa, cuando se refería, en su libro “La democracia en Francia”, a que «la idolatría democrática es el mal que yo ataco». La legislación electoral y su inmovilismo censal mientras fue primer ministro antes de la revolución democrática de 1848 en Francia, así lo atestiguaron.

Sin embargo, conforme el Estado fue ampliando su base electoral y se transformó de liberal en democrático, la retribución de los cargos y representantes públicos (en todos los ámbitos de poder) fue asentándose de forma definitiva. Como bien dice Manin, «la extensión del derecho de voto y desaparición del requisito de riqueza para ser representante» allanó el camino para que las clases menos pudientes de la sociedad pudieran acceder al poder y ejercer sus funciones con dignidad democrática. Así, el principio democrático sustentó también el ejercicio retribuido de cualesquiera funciones públicas, con carácter general. Algo que ahora, imprudentemente, se discute o se matiza.

Conviene recordar tanta obviedad cuando en este país, hundido desde tiempos inmemoriales en un subdesarrollo institucional notable del que parece no saldremos jamás, es debate y noticia lo que no debía serlo, o al menos aquello no lo es en el resto de democracias avanzadas: el “sueldo” de los políticos. Cabe decir de entrada que las retribuciones de los Ministros y del propio Presidente del Gobierno central son mucho menores en términos comparativos de las que tienen la mayor parte de los países democráticos. Es una anomalía que no hemos sabido corregir. Sorprende, sin embargo, cómo (dejemos de lado el caso de los Secretarios de Estado) otros órganos constitucionales del Estado o de creación legal, cuyos emolumentos se reflejan también en los Presupuestos Generales del Estado, sus miembros perciban retribuciones muy superiores: ¿Qué justifica ese trato discriminatoria? Nada.

Es cierto que hay políticos autonómicos y algunos locales que superan (o superaban) esos umbrales retributivos mínimos establecidos para los Ministros. Pero no cabe olvidar (por mucho que siempre se olvide) que esos niveles de gobierno gozan de autonomía política. Ello implica discrecionalidad para implantar les retribuciones que consideren pertinentes siempre que quienes adopten tales decisiones respondan políticamente (esto es, las justifiquen) ante la ciudadanía. Luego esta valorará si son acertadas o no.

Pero eso es algo que el propio Gobierno central se ha encargado, paradójicamente, de desmentir. La reforma local que se aprobó en 2013 (con plenos efectos a partir de la constitución de los nuevos ayuntamientos en junio de 2015) proyectó una larga sombra de duda sobre la Política Local, al marcar unos límites retributivos máximos según la dimensión poblacional del municipio. Flaco favor a una (por lo común) abnegada actividad política local: un alcalde o alcaldesa representa a su municipio y debe estar en plena dedicación los siete días de la semana. En fin, echar más leña al fuego de forma irresponsable. De aquellos polvos vienen (algunos de) esos lodos

Más tarde, políticos de «nueva generación» han recuperado ese discurso fácil, tal vez arrastrados por “el estilo Mújica» (ex presidente de Uruguay), persona de alta consideración moral y auténtico ejemplo de ejercicio ético de la política, que renunció (por razones estrictamente personales y en circunstancias particulares que ahora no es menester entrar) a buena parte de su sueldo para dedicarlo a acciones sociales. Pero Mújica solo hay uno, además él predicó con el ejemplo, no con el efecto mediático de anunciar a bombo y platillo que iba a ser ejemplar, ni tampoco dedicó esos recursos sobrantes –digámoslo todo- para alimentar «la caja» de su propio partido o conglomerado electoral.

Esa pretensión de que la actividad política debe ser retribuida con estándares propios de una actividad profesional no cualificada ha sido sobredimensionada por algunos medios de comunicación y aplaudida por unas huestes de ciudadanos para los que denostar la política y a los políticos es su motivo principal en estos momentos de hartazgo colectivo. No de otro modo se entiende que se divulgue y se aplauda de forma acrítica que un Alcalde o Alcaldesa, los concejales o gerentes y el personal directivo de designación política de una gran ciudad cobren como máximo 2.200 euros brutos al mes. Una cosa es que un cargo público renuncie a su retribución, pues es un derecho y no una obligación, otra distinta es que generalice un sistema que pretende convertir el ejercicio del cargo en una prestación onerosa o sin ningún tipo de incentivos en relación con el mercado. ¿Qué dignidad representativa y democrática se ejercerá desde esos cargos con esa retribución?, ¿cómo convivirán esas retribuciones con otras de altos funcionarios cualificados que multiplican por dos o por tres tales emolumentos?, ¿qué incentivo tendrá para esos altos funcionarios o para profesionales externos de prestigio desempeñar el puesto de Gerente de Urbanismo o Economía, por poner dos ejemplos?, ¿serán estos puestos directivos cubiertos por profesionales con experiencia acreditada o entre activistas políticos o sociales sin experiencia alguna? Si es así, pobre ciudad, pobres ciudadanos.

Tampoco es de recibo airear (siempre en un mitin, lugar impropio para cualquier debate razonable) que el Presidente de una Comunidad Autónoma debe cobrar como máximo tres veces el salario mínimo interprofesional. Ese es un debate que no existe en ninguna otra parte del mundo civilizado. Solo propio de una sociedad descreída con la política, alimentada irresponsablemente por discursos cargados de demagogia y de inmadurez democrática.

A la política y sus aledaños es obvio que no debe ir nadie a enriquecerse. Para ello nada mejor que ver con qué se llega y cómo se sale. Un test que habrá que hacer también a quienes se incorporan a tan noble actividad en estas fechas. La actividad política y más aún la dirección pública debe ser capaz de captar los mejores talentos, también debe atraer a profesionales de excelencia con vocación de servicio público y fuertes convicciones éticas de lo público, como así ocurre en los países que apuestan por instituciones sólidas y de calidad.

Las personas que dedican parte su vida, sus esfuerzos y su ilusión en servir a sus ciudades y pueblos, así como a sus ciudadanos, deben ver compensados sus esfuerzos y dedicación con salarios competitivos y dignos, también por elemental sentido democrático. No cabe proletarizar la política o hacer clientelismo “barato” de la actividad pública, asesora o directiva.

Cierto es que, como dice el colectivo «Politikon», hemos tenido en España (y todavía seguimos teniendo, mientras no se demuestre lo contrario) unas élites mediocres. Pero ese pretendido atajo de establecer con carácter general sueldos abismalmente alejados de la posición institucional que ocupa un representante o cargo público es sencillamente no tener el más mínimo sentido de lo que son las instituciones públicas y cuál es su papel.

En efecto, al no existir incentivos retributivos dignos, no es una solución institucional adecuada llenar la nómina del gobierno (sea cual fuere su nivel) de cargos públicos intermedios, asesores y directivos con personas sin experiencia profesional, de activistas sociales o de partidos o ciudadanos que acceden por vez primera a un empleo cotizado (en términos de seguridad social). Esta es una mala práctica que, en algunos ámbitos como en los de asesores, los “partidos tradicionales” han ejercido y sus nefastas consecuencias son visibles. Todo apunta que se extenderá ahora, por algunas “formaciones nuevas” también a la dirección pública.

Los efectos inmediatos de esa mala práctica pueden generar unas instituciones de baja calidad democrática, que no reforzarán (sino todo lo contrario) su limitado prestigio ante la ciudadanía y pueden ser focos de ineficiencia (lo que es particularmente grave) en sus resultados de gestión. Habrá que volver sobre ello cuando haya que hacer necesario balance de esa actividad «ejemplar» (en términos casi misionales) en la que pretenden convertir el ejercicio de la política y de la dirección pública algunos apóstoles de “la nueva política”. Caldo de cultivo, si no se remedia pronto e inteligentemente, para ensuciar más aún la vulnerable imagen de la política y la débil posición institucional de los puestos de asesores y de dirección pública. Por ahí se empieza. El final hace mucho que está escrito.

¿CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA LOS PARLAMENTARIOS?

“Es preciso estar recto, no que te pongan recto”
(Marco Aurelio, Meditaciones, Alianza Editorial, p.42)

Desde hace algún tiempo asistimos a la difusión mediática de determinadas conductas de parlamentarios que, se dicen, ajustadas a la legalidad, pero que cualquier ciudadano es plenamente consciente de que no cumplen los mínimos estándares éticos que debe acreditar quien es (o quien haya sido) un representante público. El último caso es el de Trillo y Martínez- Pujalte, bien conocido por la opinión pública.

En España seguimos anclados en la periclitada idea de que el cumplimiento de la legalidad exonera de cualquier responsabilidad política. Cuando, como es obvio, el cumplimiento de la legalidad por parte de un parlamentario o de un cargo del poder ejecutivo es sencillamente una premisa inexcusable. Un responsable público puede cumplir escrupulosamente la legalidad e incurrir en conductas moralmente reprobables, de las que se deberían derivar consecuencias políticas. La dignidad de la institución y del ejercicio del cargo está directamente vinculada con la integridad, ejemplaridad, honestidad, desinterés y la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones públicas asignadas.

Los Códigos de Conducta de las Cámaras parlamentarias son una realidad en buena parte de las democracias avanzadas desde hace varias décadas. El fenómeno tuvo su inicio en Estados Unidos y en otros países de la órbita anglosajona (tempranamente también en Alemania, por ejemplo). La extensión de tales Códigos se produce tras el Informe “Nolan” de 1995 en el Reino Unido, donde ya se criticaban abiertamente los conflictos de intereses que eran entonces moneda corriente en las Cámaras como consecuencia de las actividades de “consultoría” de muchos parlamentarios. (más…)