Mes: noviembre 2015

EXCESO DE POLÍTICA, DÉFICIT DE GESTIÓN

“Se equivocan aquellos que piensan que la historia es un interruptor” (Alberto Barrera)

“Importan lo pequeño, las reformas, los cambios, no los grandes proyectos globales de perfección absoluta”

(Rafael del Águila, Crítica de las Ideologías. El peligro de los ideales, Tecnos, 2008, p. 179)

El año 2015 será recordado por la entronización de la política. Por un exceso o borrachera de política. Cuatro procesos electorales han retroalimentado ese exceso. Hemos llegado a la conclusión, por activa o por pasiva, que todos los problemas que tenemos se resuelven con un volantazo, con un cambio radical de política. Todo son grandes remedios para pequeños o grandes males. Nadie repara que los grandes males solo se resuelven con pequeños, pero constantes remedios. Con buena gobernanza, con buena gestión. Que es buena política.

La “politización” de la sociedad española comenzó hace algún tiempo. Tal como recordaba Julían Marías, esa politización ha simplificado lo real, hasta transformarlo en «meros rótulos o etiquetas». A ello ha contribuido una política espectáculo, deplorable como ejemplo para una ciudadanía responsable, auspiciada por algunos medios de comunicación, periodistas inquisitoriales y “debates” encastillados o vacuas “deliberaciones de frontón”. También se ha alimentado de nuevos iconos que, bajo la pátina de una aparente novedad y juventud, dicen (pero no hacen) que van a cambiar los modos de hacer política. También a todo lo anterior se suma el derrumbamiento del sistema institucional y el cuestionamiento de los partidos tradicionales, con liderazgos debilitados e incluso insignificantes. El remate, lo ha dado la “cuestión catalana”, donde la política travestida de independentismo es la redención absoluta de todos los males. Una sociedad laica donde las haya ha redescubierto una nueva religión, que hasta ahora multiplica adeptos.

Pero esa entronización absolutista de la política esconde la impotencia para resolver de forma razonable y cabal los innumerables problemas que nos aquejan. La buena gestión de los asuntos públicos es algo que no interesa a esa política de “cosmovisión” –como la denominó acertadamente Víctor Lapuente. Lo importante es decir que vamos a hacer política, lo adjetivo es cómo, con qué recursos y a través de qué medios. Ahora todos prometen soluciones mágicas como si fueran prestidigitadores. Unos se desdicen de lo que hicieron o dijeron. Otros pretenden embaucarnos con promesas inalcanzables y a todas luces imposibles. Y los hay que quieren “recrearlo” todo o buena parte. Adanismo constitucional. Como si de la Constitución pendieran todos nuestros males. ¡Cuánta ignorancia! Nos tratan como estúpidos.

El Gobierno central lleva tiempo confundiendo gobernar con legislar (o con manchar el BOE de leyes y decretos-leyes). Desprecio absoluto a la gestión. La “brigada Aranzadi” -como así la acuñó felizmente Enric Juliana- gobierna y dirige las riendas de la Administración Pública con un desdén a la buena gestión pública y un desconocimiento absoluto de lo que es la gobernanza (no está en los temarios de oposiciones). Para ese escuadrón de Abogados del Estado y otros altos funcionarios que ahora nos gobiernan, la “Ley” es el único referente. La única guía. El único faro.

Nadie en su sano juicio pondrá en duda la importancia del Estado Constitucional de Derecho y el cumplimiento de la Ley. Donde aquel desfallece, ningún sistema democrático crecerá a su alrededor. Será pura apariencia. Pero eso es un presupuesto básico para hacer política, no la política misma. Quien así razona, yerra. Y están por ver aún las trascendentales consecuencias que tendrá para España (algunas ya son muy visibles) haber dejado las riendas de la política a altos funcionarios que poco o nada saben de aquella, como también haber entregado la dirección pública a quienes son profesionales de la función pública, pero absolutos profanos en el arte de dirigir organizaciones y personas.

Por su parte, los Gobiernos autonómicos están, en su mayor parte, recomponiendo su guión político. Tejer y destejer tras un proceso electoral. Cambiar siglas, cambiar caras, cambiar políticas. La política entendida como interruptor, como reza la cita del inicio: cada nuevo gobierno apaga la luz de todas las habitaciones (de lo hecho hasta entonces) y comienza a iluminarlas de nuevo con su nueva luz, que en nada se parece a la anterior (o, al menos, eso quieren hacernos creer). Política sectaria de letales consecuencias. Organizaciones sin memoria ni continuidad. Organizaciones estúpidas.

Ya se sabe, los seis últimos meses de mandato no se gobierna. Y los seis primeros se comienza a pergeñar lo que se hará en ese nuevo mandato. Además, con los importantes cambios habidos y, si no, con los gobiernos en minoría que hay, la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas tendrán (ya están teniendo) una gobernabilidad compleja. Inactividad o inoperancia. Por no decir un escenario más que probable de ingobernabilidad. La política de chalaneo, de la ocurrencia o la precariedad de los gobiernos, serán la regla. Medidas de política pantalla, que nada arreglan, salvo una comunicación instantánea. Leyes que -como decia Bismarck- se transforman en salchichas, tras su paso por un Parlamento cuarteado donde todos meten mano. En ese escenario la buena gestión no cuenta. Está amortizada. A no ser que algún gobierno vislumbre la importancia que tiene. Será un visionario. Y tendrá resultados, a poco que se empeñe.

Eso es algo que, al menos, está intentado hacer el Gobierno Vasco y otras instituciones vascas, en menor medida el gallego, no acuciados de momento por las apreturas electorales, que llegarán el año próximo. En el ámbito vasco la apuesta por la buena gobernanza o la gestión avanzada se vende al menos como hoja de ruta. La ciudadanía inteligente valora mucho la buena gestión de los asuntos y servicios públicos. Eso tiene premio. La mala gestión. castigo. Véanse, si no, los resultados de mayo de 2015 en Euskadi. Algunos, creo, han aprendido la lección, aunque el aprendizaje haya sido caro.

En Cataluña esa alternativa, al parecer, no computa: la política existencial ha ahogado el gobierno, hasta hacerlo superfluo. Sorprende cómo en los últimos años un sector público referente en gestión pública se haya transformado en un alumno torpe y desfasado. Desconocido. De los últimos de clase. Ya no hay administración pública ni pulso innovador desde hace más de un año. Y eso se contagia a las demás instituciones del país. Se reproduce el caso belga, pero en este país había al menos una dirección pública profesional que amortiguó el vacío de gobierno. Se gobierna con hechos, no con palabras ni con promesas de paraísos en la tierra. Con buena gobernanza y gestión. Estas refuerzan la identidad y suman adeptos. Quien no lo vea es ciego, sea de lo que fuere. Lo contrario no es una opción gratuita, sino de altos costes. Ya se irán dando cuenta. Los liderazgos corales y asamblearios, sirven para lo que sirven, para todo menos para gobernar eficientemente. Lean algo de la Revolución francesa y de sus directorios. Está todo inventado, aunque algunos descubran la pólvora a cada paso que dan.

En los gobiernos locales el vuelco también ha sido considerable. La precariedad de las mayorías la regla. Se ganó por la “gran política” o la política grandilocuente y se sigue gobernando del mismo modo. Hasta que no dé más de sí, que será pronto. La apuesta por la por la buena gobernanza es algo nada o poco visible en el nivel local. Aún así, todavía en pocos sitios, alguna cosa se mueve. En los demás, cuando los equipos de gobierno se empiecen a enterar se les habrá “pasado el arroz” (acabado el mandato). Y serán sacados a patadas por los votos de los ciudadanos en las próximas elecciones. Se les ha llamado para que resuelvan problemas, no para que los creen. La retórica de la política surte efectos en un primer momento, luego se desvanece, pues nada real ofrece. El entusiasmo en política es fruto perecedero.

El exceso de política invade nuestra realidad cotidiana e inmediata. La fragmentación política y la ineptitud de la política para alcanzar acuerdos transversales, si no se corrige (al menos esta última), conducirán al fracaso inmediato de la propia política. La sobredemanda ciudadana hacia la política (nutrida por ella misma) no augura nada bueno. Quienes lleguen al poder poco o nada podrán hacer. Retornemos de nuevo a Julián Marías, pues se advierte en el horizonte (en muchos sitios ya lo hay) un «parlamentarismo excesivo que impide a un poder ejecutivo fuerte enfrentarse con los problemas». Preludio de algo. De nada bueno.

Ninguna de las fuerza políticas en liza en las próximas elecciones generales propone nada mínimamente serio en relación con una política de buena gobernanza, con la profesionalización de la alta administración o con la renovación moral del sector público. Tampoco hablan de adaptar la desvencijada función pública a las necesidades del momento o de alinear correctamente la máquina administrativa con la propia política (algo que exige como premisa despolitizar la Administración Pública y las instituciones reguladoras, frenar el poder del corporativismo y rediseñar las relaciones laborales en el sector público).

Son, entre otros muchos, temas incómodos que no dan votos. El gran problema de la política actual -como bien señalaba Innerarity- es que invierte casi todo en ganar elecciones y nada o apenas nada en gobernar. Cuando llegan al poder no saben qué hacer con él. Prometieron mucho, pueden cumplir poco y se encuentran desorientados pilotando máquinas desgastadas, desmotivadas, inadaptadas y abandonadas, que nadie arregla, pues para esa legión de ignorantes eso no es hacer política. Gobernar en esas condiciones es tarea hercúlea, condenada en cualquier caso al más estrepitoso de los fracasos o, en el mejor de los supuestos, dirigida a salvar los muebles. Tiempo perdido, política fracasada. Augura, más tarde o más temprano, cambios. La mala gestión también acaba con los gobiernos. Afortunadamente, la democracia funciona, aunque implique en no pocas ocasiones experimentar fracasos y acumular decepciones.

¿QUIÉN PRESTARÁ LOS SERVICIOS SOCIALES EL 1 DE ENERO DE 2016?

En las últimos días, ante la proximidad del 31 de diciembre de 2015, se ha reabierto el debate sobre las competencias municipales en materia de servicios sociales. Un debate que se abrió tras la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, cuya disposición transitoria segunda preveía el traspaso de buena parte de esas prestaciones a las Comunidades Autónomas. Una fantasmagórica y absurda norma que llenó de inquietud a las entidades locales.

El nuevo presidente de la FEMP, en el primer discurso tras su elección, criticaba frontalmente esa Ley y, en particular, ese traspaso «automático» de tales servicios sociales tras la proximidad de la fatídica fecha. Un escenario apocalíptico en un año de elecciones múltiples: sobreactuación.

Cabe convenir, sin embargo, con el Presidente de la FEMP que la Ley fue -como reiteradamente censuré en su día- un error en gran parte de su contenido. Pero en este tema (servicios sociales) no fue tanto un error como una auténtica chapuza, propia de una ocurrencia de algún alto funcionario cuando (allá por febrero de 2013 en pleno proceso de redacción del enésimo borrador de anteproyecto) no cuadraban las cuentas del ahorro de los prometidos ocho mil millones de euros, ahora enterrados en el olvido. La “bombilla” se encendió: ¿Y por qué no traspasamos los servicios sociales de los municipios a las Comunidades Autónomas? Cuando el viento de la crisis soplaba más fuerte: irresponsabilidad y oportunismo barato. De ahí se pretendían “sacar” varias decenas de millones de euros. Ingenuidad de arbitristas.

En este aspecto la Ley es -como señaló acertadamente en su día el profesor Francisco Velasco- claramente inconstitucional. Las competencias de servicios sociales se ejercen en cada municipio según lo establecido por el legislador sectorial autonómico competente. Nada tiene que decir al respecto el legislador básico de régimen local. Esa competencia no es del Estado, ni con el «calzador» del artícuo 149.1.1 CE. Menos aún cuando el propio Ministerio asumió, tras algunas dudas iniciales, que las competencias propias de los ayuntamientos son las establecidas por la legislación estatal o autonómica de carácter sectorial. Las competencias en servicios sociales las definen los Parlamentos autonómicos a través de sus respectivas Leyes. Y, por tanto, las materias establecidas en el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local cumplen exclusivamente el papel de un mínimo de autonomía local garantizado a los municipios. Nada más. Ni nada menos.

Así las cosas, lo establecido en esa polémica disposición transitoria segunda LRSAL pierde cualquier sentido y queda en el marco de esa ley como una piedra normativa incoherente y hasta cierto punto absurda, pendiente de que el Tribunal Constitucional dentro de «unos años» se despierte y declare su inconstitucionalidad o se descuelgue con una «interpretación conforme» que sería, caso de adoptarse, una solución disconforme con la evidencia.

Pero si el esperpento ya era obvio, ha contribuido a magnificarlo la «carta» del Ministerio del ramo (del Secretario de Estado) que viene a «aplazar» la muerte súbita de esa norma indicando que ese «traspaso» no es efectivo hasta que se modifiquen las leyes de financiación autonómica y locales. Mejor le valdría reconocer lo obvio: que la norma es rotundamente inconstitucional y, sobre todo, que nunca se va a aplicar. El sentido común así lo confirma (aunque apelar a esas cosas en este país tiene sus riesgos). Pero, en cualquier caso, tampoco hacía falta «ninguna carta» para acallar el ruido (FEMP incluida) que desde muchas instituciones se estaba generando.

La disposición transitoria segunda de la LRSAL establece una doble condicionalidad para ese imposible traspaso: una «formal» (la fecha de 31 de diciembre de 2015) y otra «material» («en los términos en las normas reguladoras» del sistema de financiación autonómico y local). La condicionalidad dominante es la material. Por tanto, al no haberse aprobado tales normas de financiación  (otra cosa es el sentido que tiene una «ocurrencia» de ese cariz, a todas luces disparatada), el plazo del 31 de diciembre pierde todo tipo de efecto. Se transforma en adjetivo, por mucho que algunos magnifiquen “la letra” de la Ley.

Con mayor precisión es lo que defendí de forma extensa en un Informe publicado hace algunos meses en la página Web de la Federación de Municipios de Cataluña (http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=11982&id2=1), que puede ser consultado por aquellas personas que tengan interés en el tema. El informe está en catalán, pero a quien le interese también les puedo hacer llegar esa parte del informe en la versión castellana. Las limitaciones de un post me impiden entrar en más detalles.

Mi tesis ha sido siempre que esa «ocurrencia» no iba a llegar a ningún sitio. Fue fruto de un contexto que hasta el propio Gobierno –con la boca pequeña- quiere pasar página. Ni las (menguantes) Comunidades Autónomas gobernadas hoy en día por el PP apoyarían una solución disparatada como la escrita «negro sobre blanco» en el BOE. No digamos el resto. El Ministerio en esa carta-testamento no quiere reconocer el error cometido. Esto de enmendar es un verbo que no se conjuga.

Pero nadie en su sano juicio se pondrá a activar una disposición que no solo es inconstitucional, sino además un “soberano” (ahora que está de moda esta expresión) disparate por las implicaciones de gestión y despilfarro de recursos  que conllevaría traspasar equipamientos, personas y recursos de miles de municipios a unas Comunidades Autónomas, para después -como llegó a reconocer sorprendentemente el propio Ministro en el Senado a finales de 2013- «delegarlas» de nuevo en los ayuntamientos. Un viaje de ida y vuelta para retornar a ninguna parte. La noria de los necios. Miento: para despilfarrar el dinero público de un país endeudado hasta las cejas.

La sensatez se terminará imponiendo, más aún en un tiempo en el que los servicios sociales municipales y, en su caso, de algunas diputaciones, son los que amortiguan los devastadores efectos que ha producido la crisis sobre un importante número de ciudadanos. Que no cunda el pánico. Nadie será tan insensato de caminar por esa senda llena de minas que puede considerarse -creo no equivocarme- absolutamente cerrada. Pero estamos donde estamos: en año electoral. Y el exceso de política se palpa por todos los costados. Mal escenario para debates que requieren mucha serenidad y no poca cordura.

LA “BUENA” POLÍTICA: CUATRO ENSAYOS

“Para que un Estado pueda mantenerse, sus asuntos públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían por la razón como por la pasión, no puedan sentirse inducidos a ser desleales o a actuar de mala fe”

(Spinoza, Tratado Político”, Alianza Editorial, 1986, p. 82)

En un año plagado de convocatorias electorales, todas ellas importantes y algunas existenciales, es obvio que hoy en día tenemos –como afirmó Julián Marías- un “exceso de política”, lo cual no es ningún dato positivo. Y menos aún lo es cuando ese exceso de política viene acompañado por una “mala política” y por un déficit clamoroso de gobierno en algunos casos, así como deficiente en no pocos. Todos quieren ganar las elecciones y nadie sabe muy bien luego qué hacer con el poder conquistado, aparte de colocar a los suyos. Como si eso de gobernar fuera cosa adjetiva. Debería ser el centro de la actividad política. Pero aquí se sigue entendiendo la política en clave exclusiva de “ganar elecciones” y “repartir prebendas”.

Por eso se agradece que, con una relativa coincidencia en el tiempo, se hayan publicado cuatro ensayos cuyo punto en común es reivindicar la “buena política” y el “mejor gobierno” como único medio de salir de ese complejo atolladero en el que las sociedades occidentales se encuentran. Mucho más serio es aún el marco en el que se desarrolla la política en España, donde los problemas son tan ingentes, la mirada política tan pobre y los gobiernos están tan desorientados, que la “buena política” y el “mejor gobierno” son más necesarios que nunca.

Cuatro ensayos cuya lectura se recomienda, sobre todo a aquellos que ejercen la actividad política o pretenden ejercerla. También a quienes la estudian o están interesados por ella. Cabe sugerir a nuestros políticos que “pierdan (algo) el tiempo” leyendo, para así decir cosas sensatas en sus mítines e intervenciones públicas (y no impregnarse de una retórica que insulta a la inteligencia) o para ejercer las tareas de gobernación con tino y juicio. Estos cuatro libros les ayudarán a tener mirada estratégica y a no volar –como decía Pepe Mujica- como las perdices, cortito y rápido.

El primer ensayo, publicado en 2014, es un libro aparentemente divulgativo, pero no menos profundo (David Runciman, Política, Turner 2014). Ruciman, profesor de la Universidad de Cambridge, inicia su relato con una comparación entre Dinamarca y Siria: ¿dónde preferiría usted vivir? Escrito mucho antes de la actual tragedia de los refugiados sirios, el autor parte de que lo que diferencia a uno u otro país es la política y el control de esta. Donde no hay buena política ni control efectivo de las instituciones, los países no funcionan. Con apoyo en Hobbes, pero también en Weber y Constant, Runciman describe magistralmente en qué consiste la política, pero también lo que no debe ser: “La política no puede consistir en largos períodos de indiferencia salpicados de breves arrebatos de furia”. La política es una actividad que requiere capacidades complejas de acreditar, que no todos poseen, ni siquiera aquellos que son “profesionales de la política”, menos aún quienes pretenden serlo. Conseguir que funcione la política, además, es algo muy difícil. La “mala política” se contagia fácil. Pero la política, la buena política, es más necesaria hoy que nunca. Así afirma: “Las sociedades incapaces de adaptarse a los desafíos a los que se enfrentan acaban desintegrándose”. Como bien sentencia este autor: “contar con que el precipicio está lejos es propio de políticas suicidas”. “La política –concluye- todavía importa”.

El ensayo de John Micklethwait y Adrian Wooldridge (La cuarta revolución. La carrera para reinventar el Estado, Galaxia Gutenberg, 2015), tiene una factura diferente. No es tanto un libro de política como de “mejor gobierno” o de “buena gobernanza”. Uno de los déficit más relevantes y escandalosos de los gobiernos de nuestro entorno. Compara también la situación de los países occidentales (Estados Unidos y Europa) con potencias emergentes como China o el modelo de Singapur. La crisis de los Estados occidentales solo puede resolverse cabalmente a través de “hacer gobierno de una manera mejor”. Es la cuarta revolución pendiente: “Los países que puedan dotarse de ‘buena gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades de proporcionar a sus ciudadanos niveles de vida decentes. Aquellos que no puedan hacerlo, estarán condenados a la decadencia y la disfunción”. La política se ha convertido en muchos países occidentales en una suerte de “entretenimiento cómico”. Se polariza de forma irresponsable, haciendo cada vez más difícil la gobernación. El poder se fragmenta y los gobiernos de coalición se convierten en regla (véase asimismo el importante libro de Moisés Naim, El fin del poder, Debate, 2013). El diagnóstico es impecable, otra cosa son las soluciones que se proponen. Se puede compartir plenamente que “una mejor gestión y el uso inteligente de la tecnología” harán avanzar a los países occidentales, lo contrario no. La orientación neoliberal de los autores (no en vano son periodistas cualificados del semanario The Economist) les conducen a apostar por un menor Estado que sea más eficiente, en lógica con la sobredemanda que los Estados actuales soportan y las imposibilidades financieras de atenderlas. El secreto está –a su juicio- en “reinventar el Estado”, reformar la democracia y las actitudes políticas: limitar el gobierno, mediante formas efectivas de control, así como no desatar las pasiones humanas, sino controlarlas. En ello está el secreto del buen gobierno.

Daniel Innerarity ha publicado recientemente un libro imprescindible para evaluar la importancia que tiene la política en nuestros días, o mejor dicho la “buena política” (La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutemberg, 2015). Desde un enfoque filosófico, pero en nada alejado de lo práctico, con un lenguaje accesible, Innerarity adopta una posición valiente de defensa de la política y de su necesidad en nuestros días, frente al linchamiento colectivo que en algunos casos se produce. Un libro plagado de ideas-fuerza de las que solo puedo retener aquí unas pocas. La singularidad de la actividad política, basada en la praxis, así como el tiempo político o el discurso político, dejan paso a un interesante análisis de las emociones en la política y al criticable papel del populismo, que ha irrumpido en la escena europea y también española: “El populismo es precisamente una reacción a la falta de política”. Transcendental es la opinión del autor sobre el papel de la política: “la búsqueda de espacios de encuentro, el compromiso y la implicación de otros”. Rechaza los planteamientos binarios, tan al uso en nuestra política de baja calidad y de pésimos resultados. Lleva a cabo una defensa, asimismo muy cabal y razonable, de las instituciones de la democracia representativa, mostrando las innumerables limitaciones que ofrecen las herramientas de participación directa, nunca sustitutivas de las anteriores. Se opone, por tanto, a esas “mentalidades antipolíticas, porque –sentencia- no hay política sin representación”. Aboga –y este es un punto importante- por un mayor y mejor control de la política. Tras una mirada escéptica hacia los resultados de la transparencia y del papel de moralizar la política, identifica genialmente dónde están los problemas actuales de la política: en su déficit estratégico. Los partidos piensan mucho en cómo hacerse con el poder y muy poco (o nada) en qué hacer con él cuando gobiernan. Vuelve la necesidad de “una gobernanza inteligente”, que ponga en el centro la acción de un mejor gobierno. Y termina con estas palabras: “Nunca vamos tan rápidos como cuando no sabemos a dónde vamos”. Así van buena parte de nuestros gobiernos, a la deriva.

Y, en fin, el cuarto ensayo que quiero comentar brevemente es el sugerente y también valiente libro de Víctor Lapuente (El retorno de los chamanes. Los charlatanes que amenazan el bien común y los profesionales que pueden salvarnos, Península, 2015). Tiene un enfoque muy distinto a los anteriores, pero asimismo no pocas coincidencias con los mensajes antes resaltados. Sin abandonar del todo el (transcendente) papel de las instituciones en el funcionamiento mejor o peor de un país, la tesis central del autor es la siguiente: “El éxito de las políticas es el resultado de cómo las discutimos. De cómo enmarcamos el debate de los problemas colectivos”. Una cuestión de “marco”. A partir de este presupuesto de partida, contrapone dos visiones y dos formas de hacer política. La primera es la de “los chamanes”, con una retórica de “cosmovisión” de la política, “una política grande” (o grandilocuente), “radical” (en el peor de los sentidos), cargada de tópicos, mensajes vacuos pero efectistas en su llegada al público, que toma el cielo (el poder) no por consenso sino por asalto y que luego, una vez huelen esas mieles del poder no saben qué hacer con él o, peor aún, llevan a cabo unas políticas ineficientes sin reforma alguna de las agotadas políticas incrementales, así como de las igualmente caducas estructuras burocráticas y de gestión. Grandes propuestas para ningún remedio. Una crítica durísima, pero acertada, del populismo y sus letales consecuencias, así como del modo de hacer política (y de formatearla en los medios) en algunos países mediterráneos (sin más señas). La segunda visión es la de los “exploradores”; un enfoque radicalmente diferente de la política: en este caso se opta por una retórica más abierta, pluralista y tolerante (y no excluyente como en el caso anterior), donde no se enfrentan ideales sino datos. Política pragmática, política que se basa en la razón, que “no es la antítesis de la emoción”. Una apuesta decida y convincente por la micro política, por la política eficiente, que da resultados tangibles y mejora la vida de la ciudadanía. Una política –aspecto nada menor- que se desarrolla en “un ambiente creativo donde los profesionales trabajando con, pero no para, los políticos- puedan desarrollar iniciativas propias basadas en su experiencia y conocimiento experto.

No cabe ser muy incisivo para identificar en qué países se lleva a cabo esa buena política a juicio del profesor de la Universidad de Gotemburgo (países nórdicos), frente a aquellos otros que estamos ahogados en la mala versión la política. Pero la esperanza remota que siempre nos queda es que, al igual que explicaba Runciman en el primer ensayo comentado, no siempre las cosas fueron así en aquellos países que ahora funcionan bien, como se explica en esas obras.

Siempre hay recorrido de mejora y trazado para mejorar la política y la gestión (el gobierno). Siempre, obviamente, que se sepa a dónde se quiere ir y se erradiquen esas malas o pésimas formas de hacer política. Siempre que haya liderazgo, una cualidad escasa o inexistente en estos convulsos momentos. No será fácil. Algunas cosas poco a poco y muy lentamente se están moviendo en esa línea de Buena Gobernanza (por ejemplo, en Euskadi; aunque todavía de forma muy incipiente). Menos pasos se están dando, por no decir ninguno, en la mejora de la política. No pocos gobernantes o aspirantes a serlo aún no se han enterado de por dónde va el mundo o, peor aún, no quieren enterarse, porque ello enterraría de una palada su pobre y aferrada concepción de la política como máquina de reparto. Problema de enorme seriedad, sobre el cual mejor no hacer broma alguna. Es algo que nos debería preocupar muchísimo (síntomas para preocuparse ya existen por doquier), sobre todo porque esa política irresponsable nos aproxima inconscientemente al precipicio. Que se tiren ellos, pero que no nos arrastren a nosotros. Solo la buena política nos salvará de la mala política. A ver si va apareciendo. El tiempo corre en contra.