Introducción

En los últimos seis años, desde la irrupción de la pandemia, se han incrementado las situaciones de crisis extremas, debidas a un complejo y variado haz de causas o circunstancias. Sorprende que, en un contexto tan evidente y duro como este, tales crisis extremas aún no hayan merecido un tratamiento o análisis desde las debilidades inherentes tanto de nuestro peculiar modo de hacer (mala) política como del desarticulado sistema territorial, institucional u organizativo a la hora de enfrentarse a tan complejos fenómenos. Tampoco hemos identificado (ni paliado) los innumerables déficits de gestión y de capacidades ejecutivas o administrativas de nuestro sector público (estatal, autonómico y local). Menos aún se han prevenido los potenciales efectos de tan desgarradoras crisis (que son y serán pauta común en el futuro). Todo ello denota unos agujeros negros en la gestión pública impropios de un Estado que es la cuarta potencia de la UE, en el que la anticipación y la buena capacidad de gestión deberían ser sus buques insignias. 

Con el fin de llevar a cabo una primera, breve e incompleta reflexión sobre tales crisis, es necesario poner el foco en una serie de elementos que ayudan a entender holísticamente el porqué de los reiterados fracasos a la hora de prevenir, gestionar, resolver y rendir cuentas de esos complejos contextos de crisis extremas, y en no pocos casos con efectos devastadores y mayúsculos que además pone en entredicho la legitimación de las instituciones públicas ante los ojos de una castigada ciudadanía. Es cierto que hay lecturas para todos los gustos, que oscilan desde el catastrofismo a la reiterada exculpación de unas responsabilidades que apenas nunca o casi nunca se depuran de forma mínimamente convincente.

Ni que decir tiene que las crisis extremas se caracterizan por su gravedad, por sus efectos letales y, no pocas veces, por las innumerables dificultades de ser gestionadas y reconducidas con los instrumentos ordinarios de la dirección política y gestión de los asuntos públicos. Tienen, por tanto, mucho de contextos sobrevenidos, catástrofes manifiestas o concatenación de circunstancias multifactoriales. A título simplemente ejemplificativo, amén de la compleja realidad vivida con la crisis Covid19 (en la que quedó manifiestamente de relieve la impotencia de la política y las bajas capacidades de gestión de las organizaciones tradicionales y sus sistemas burocráticos) de la que nada apenas aprendimos y menos aplicamos, de las sucesivas crisis extremas -con distinta intensidad y efectos- vividas en los últimos años tampoco hemos aprendido nada. Recordemos aquí de forma incompleta las lluvias torrenciales (por ejemplo, Dana), los incendios de sexta generación que están devastando cada vez más zonas del territorio español, los fallos catastróficos en el sistema de gestión de infraestructuras de transporte (Adamuz), la caída del sistema eléctrico dejando a un país desarrollado a oscuras o, en fin, los terribles sucesos acaecidos en la ciudad autónoma de Ceuta desde finales de julio hasta la actualidad (invasión inicial de más de 70.000 personas, con los complejísimos problemas migratorios, humanitarios, de seguridad, defensa o la situación de excepción que viven los habitantes de esa ciudad desde entonces, limitados en el ejercicio de sus derechos y en su tranquilidad existencial por la permanencia aún de un número indeterminado de “migrantes”). Podríamos extraer más ejemplos, pero estos son suficientes para comprender cómo las instituciones políticas y gubernamentales, los poderes públicos, sus estructuras organizativas, los responsables y directivos, así como las Administraciones públicas involucradas y su personal,  no han estado, por lo común y salvo excepciones, a la altura que tales acontecimientos críticos exigían a la hora de prevenir, dirigir y gestionar eficientemente, o garantizar la tranquilidad ciudadana a quienes en esos delicados contextos han perdido todo (incluso la vida), parte o al menos su confianza en las instituciones públicas  Ya les adelanto que, al igual que escribí reiteradamente durante la pandemia, el balance que sigue no da para muchas alegrías.

Las respuestas de la política

La política ha fracasado a la hora de afrontar tales crisis extremas. Es un juicio rotundo, pero obvio. Sin mirada estratégica ni capacidad de articular sistemas efectivos de prevención, los diferentes gobiernos (estatal, autonómicos y locales) están sentados en un polvorín, que el día menos pensado estalla. A ello se suma la enfermiza polarización política, también extrema, que ha roto todos los puentes de transacción o pacto entre la política, echándose recíprocamente las culpas de unos a otros (Gobierno central a los gobiernos autonómicos y estos a aquel), y sobre todo huyendo de sus responsabilidades públicas, que nadie asume. La rendición de cuentas en España es una mentira piadosa. No existe. Y, como se escribió en su día por el filósofo Alain, “el poder sin control enloquece”. En ese punto estamos.

Llenas las nóminas de la política partidista y gubernamental de amateurs, muchos de ellos sin la preparación necesaria para asumir responsabilidades en temas tan serios y claves como la estrategia, la prevención, la dirección pública, la coordinación o, en fin, la gestión de situaciones críticas (a veces tampoco para enfrentarse a la gestión ordinaria), bastante poco pasa a veces para lo que podía suceder. No se puede nombrar, por ejemplo, a un responsable de emergencias o de infraestructuras ferroviarias que poco o nada saben de ello, o tener un ministro, consejero o delegado del Gobierno incompetente. El resultado será siempre malo o catastrófico. La provisión de puestos directivos por criterios profesionales está ninguneada por el clientelismo, abundan por doquier en niveles de responsabilidad estómagos agradecidos que ni en el mejor de sus sueños pueden enfrentarse a situaciones de mínima complejidad. La huyen, pero a veces les atrapa. Vacan cuando no hay que hacerlo o se ponen el chaleco y el mono para aparentar. La buena política no es eso. No hay crisis extrema que se gestione a distancia o en la impostura.

Las debilidades del sistema de organización territorial del poder

En un reciente librito (Falsos cimientos. La fragilidad de las instituciones en España; Tirant lo Blanch, 2026) ya advertí que el sistema de organización territorial del poder había terminado configurándose como una suerte de adosado de comunidades autónomas con un funcionamiento autárquico, incomunicadas entre sí y pretendidamente autosuficientes, que gestionan (o pretenden hacerlo) ámbitos geográficos acotados, como si la realidad conociera de fronteras artificiales, menos aun cuando lanza sus desgarradores efectos.  Es una estupidez pretender que el agua o las llamas no superen el linde administrativo de un territorio. Cuarteado el “modelo” de gestión territorial con esas claves solo cabe encomendarse a la suerte o los dioses para que el desastre no vaya a más. Si a ello añadimos los surrealistas sistemas de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, los sempiternos déficits de funcionamiento de coordinación, cooperación y colaboración entre niveles de gobierno y administraciones públicas, el desaguisado y sus letales consecuencias ya está servido. Ese desbarajuste competencial es campo fértil para que las responsabilidades sean siempre del otro. 

Unas estructuras organizativas obsoletas para hacer frente a tales crisis

Si la política ofrece prestaciones tan bajas y el modelo territorial de gestión hace aguas por todos los costados, no peor es el estado de unas estructuras organizativas obsoletas y preñadas de clientelismo político allá donde estén, que ofrecen disfunciones múltiples y limitaciones evidentes para hacer frente a problemas extremos que requieren ductilidad frente a la anquilosis, innovación ante la parálisis y adaptación continua si se quiere dar respuesta transversal a crisis que ya apenas respetan los estrechos y periclitados modelos organizativos departamentales o ministeriales. La pobre respuesta de los mecanismos de coordinación tradicionales (mando único o la perversión de la cogobernanza, barbarismo ideado para eludir responsabilidades en estructuras de gobierno multinivel), ya de nada sirven. Los problemas actuales han dinamitado las soluciones organizativas tradicionales hasta convertirlas en inútiles. Y los hechos lo demuestran un día sí y otro también en innumerables crisis que tienen su razón de ser en el complejo fenómeno del cambio climático o, más recientemente, en el multifactorial (aunque con efectos migratorios letales) crítico caso de la ciudad autónoma de Ceuta. En España, los modelos organizativos por misiones o proyectos son pío deseo. Gusta más el enfrentamiento cainita entre responsables departamentales o entre gobiernos “enemigos”. Carnaza.

Tampoco sirve tirar la piedra y esconder la mano. El diseño organizativo, más viejo que el crimen, de crear por doquier entidades del sector público estatal, autonómicas y locales, ya no da más de sí. Configurado como una suerte de arquitectura organizativa edificada para huir de los controles tradicionales de la Administración pública y cuya finalidad principal (nunca confesada) es dar alpiste a los amigos políticos del poder gubernamental respectivo en términos de cargos, sinecuras, contratos públicos o favores varios, el sistema institucional y organizativo del sector público requiere refundarse sobre elementos radicalmente nuevos. La corrupción, como las termitas, ha terminado apoderándose y afectando a sus cimientos. Pero no menos grave es que el sistema de gestión haya asimismo mostrado con crudeza sus enormes limitaciones con muy serias consecuencias incluso sobre muchas vidas humanas (Dana, Adamuz, invasión en Ceuta).

El déficit de capacidades ejecutivas o administrativas

Este es un punto determinante. La Comisión Europea en 2023 lanzó el programa “Compact” para reforzar las capacidades ejecutivas de las Administraciones de los estados de la UE. El diagnóstico, que en origen partía de la gestión de fondos estructurales, había descubierto que buena parte de los estados miembros tenían servicios administrativos sin las suficientes capacidades de gestión. Si eso era así para asuntos ordinarios, no digamos nada por lo que concierne a los supuestos de crisis extremas. España, tanto a nivel central como territorial, lo ha acreditado con creces. La Administración del Estado parecía tener un sistema administrativo con mejores herramientas; pero esa imagen se ha roto en pedazos en las sucesivas crisis extremas (Covid19, grandes catástrofes, Adamuz y, ahora, de forma muy graves y notoria, en Ceuta). Más limitaciones ha ofrecido aún el sector público estatal, cuyo funcionamiento es cada día peor y sometido a escándalos de corrupción y clientelismo. Su imagen está totalmente degradada.

Muy mala o peor aún es también la capacidad administrativa de las Administraciones territoriales, autonómicas y locales. Los gobiernos locales, al menos, por la proximidad de las crisis y su afectación directa a los vecinos, han movilizado más y mejor sus escasos recursos tanto políticos (papel de los alcaldes y concejales) como técnicos y de personal, con empeño incluso de sus propios vecinos. Pero es una lucha desigual y sin poderes efectivos: la autonomía local en España es hoy un pío deseo. Las Administraciones autonómicas tienen severas carencias en sus prestaciones y capacidades ejecutivas en tiempo ordinario o en situaciones normales (las quejas por el mal funcionamiento de los servicios públicos están cada vez más extendidas, también en la Administración central). Si esto es así en contextos de normalidad, no digamos nada lo que se tensa esa situación cuando se produce una crisis extrema y sorpresiva. Sin dirección profesional, la gestión hace aguas por todos los costados. Salvo los servicios de emergencias que tienen sus protocolos (de mejor o peor factura), los servicios técnicos y administrativos no saben a veces cómo enfrentarse a tales circunstancias extremas. Y no digamos nada cuando esas tensiones o catástrofes se producen en tiempos estivales o en períodos vacacionales. Las capacidades de respuesta de la gestión (tanto política como administrativa) se resienten muchísimo, e incluso explican la tardanza en adoptar medidas inmediatas con resultados a veces durísimos, incluso en vidas humanas. Hay períodos del año, por mucha digitalización que se predique, en los que la Administración Pública está prácticamente cerrada por vacaciones: con las plantillas en cuadro, vacando mientras las garras de la catástrofe atenazan a una derrotada ciudadanía. Pasó en la Dana, pasó en algunas catástrofes estivales y ha pasado también en Ceuta. La legislación de empleo público no está adaptada para tales eventualidades y a la necesidad de movilizar al mayor número de efectivos propios, al margen de las ayudas externas y con las limitadas excepciones (no siempre tales) de los casos de defensa y policía, o retenes de bomberos.

Los fallos de prevención y sus ulteriores lamentos

A modo de coda final hay que subrayar algo obvio: la multiplicación de crisis extremas en los últimos años nos muestra la complejidad de los fenómenos a los que se enfrenta España, pero también nos advierten de la enorme debilidad de los sistemas de prevención de catástrofes o de adopción de medidas paliativas frente a situaciones que desbordan cualquier mal vaticinio. En las catástrofes medioambientales aparece con fuerza reincidente la desatención o abandono de medidas preventivas, con unos costes elevadísimos; mientras que en otras situaciones críticas también emerge la impotencia de diseñar previamente estrategias y acciones que palien los enormes destrozos humanos y de otra naturaleza que provocan tales circunstancias. Nos hemos hecho expertos en aprobar decretos-leyes que intentan amortiguar mediante ayudas, subvenciones, créditos o cantos de sirena dirigidos a la aceleración de procedimientos de gestión que apenas funcionan (porque la maquinaria burocrática está rota) y que someten a la ciudadanía, empresas o personas afectadas a una tensión adicional sin resultados apenas tangibles. Todo se fía a paliar efectos adversos, lo que no se consigue, y nada a prevenir y evitar, o al menos intentarlo, los terribles arañazos que sobre el tejido social y la naturaleza o sus infraestructuras tales crisis extremas alcanzan. El fracaso del modelo político y de gestión es evidente. Y frente a esto nadie responde de nada, tampoco nadie propone nada, haciendo ver que todo se arreglará por los hados del destino. Una política agotada, irresponsables e inútil, una Administración sin capacidades efectivas de gestión, encerrada en su endogamia y autocomplacencia o zona de confort, y, en fin, una ciudadanía roma en la exigencia y defensa de sus derechos y en la censura radical a los poderes públicos de sus desmanes, es el peor cóctel que acompaña a este país llamado España; donde, junto a un auténtico declive de gestión, crece el sectarismo y emerge incluso una crisis moral. Así las cosas, el futuro se tiñe de negro.