“La adoración del poder es uno de los peores tipos de idolatría humana, un resabio del tiempo de las cadenas, de la servidumbre y de la esclavitud” (Karl Popper)

Introducción

En España, como escribió Larra, tenemos cuasi-instituciones. Más preciso, Galdós reiteró en sus Episodios Nacionales que sin sólidas instituciones el país nunca saldría adelante. Tras más de dos siglos de tormentosa inestabilidad institucional, y un pobre Estado liberal construido durante el siglo XIX y primeras décadas del XX con mimbres casi exclusivos del liberalismo conservador doctrinario, con un liberalismo progresista preterido, largos períodos de dictadura, en el ínterin una breve y tormentosa Segunda República que finalizó con un golpe militar y una terrible Guerra Civil (que cerraba el ciclo de las guerras carlistas del XIX), la llegada tras la larga boche del franquismo de la Constitución de 1978 abrió una puerta a la esperanza de concordia y a la presumible estabilidad democrática e institucional. Así lo pareció tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (luego UE). Sin embargo, un Estado no muta sus viejas patologías por una nueva barrera de pergamino, expresión propia de El Federalista al referirse a la Constitución estadounidense de 1787. El retorno de las instituciones democráticas se hizo de la mano de las prácticas antaño presentes en la política española: la concepción patrimonial del poder, el caciquismo (reinventado a través de una nueva organización territorial del poder), el clientelismo político y la sociedad del favor, así como el regreso (si alguna vez se fueron) del nepotismo y del amiguismo, así como de la persistente corrupción. Pronto, por tanto, esas patologías adheridas durante más de dos siglos echaron raíces en esa España clientelar de partidos que comenzaba a emerger. También retornaron a su vieja concepción oligárquica. En el fondo, nada había cambiado; aunque el final de la dictadura franquista era suficiente motivo de alborozo para tapar esas y otras muchas patologías que se fueron multiplicando también durante ese largo período de autoritarismo.

Efectivamente, al poco tiempo de inaugurarse la España del 78, las flamantes instituciones democráticas comenzaron a ofrecer grietas en su funcionamiento efectivo (Consejo General del Poder Judicial, tensiones en el TC con la sentencia RUMASA, primeros casos de corrupción política, prácticas clientelares y de ocupación partidista de la alta Administración y de los órganos de control del poder, etc.), pero eran síntomas aún muy prematuros. Todo parecía funcionar cabalmente. Aunque ya entonces a la sazón el flamante vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, dictó sentencia: “Montesquieu ha muerto”. Se le olvido decir que tal principio de separación de poderes en España nunca había nacido o jamás fue entendido. Con la llegada del siglo XXI, incluso antes, se dieron las primeras señales de alarma. Los partidos centrales del sistema fueron incrementando su letal control sobre las instituciones de control del poder, incorporando paulatinamente a sus nombramientos de tales órganos de control cada vez más fieles soldaditos afines a las respectivas causas partidistas, y no como en sus primeros momentos a profesionales de prestigio acreditado y con una relativa independencia de criterio. El control del órgano de gobierno del poder judicial (y, a través de este, de los nombramientos al TS) y de la fiscalía, ya sin disimulo y no sin tensiones, eran piezas codiciadas de los gobernantes de turno. El clientelismo siguió haciendo estragos en las Administraciones territoriales y en su sector público, y la concepción patrimonial del poder de los respectivos gobernantes, centrales o territoriales (caciques de campanario, como les llamó Clarín), se fue agudizando como reflejo de una España que ya miraba políticamente más al siglo XIX que al XXI. El sectarismo político fue in crescendo, y se fraguó a fuego lento eso que conocemos hoy como polarización política. El segundo gobierno Aznar y su pésimo cierre, así como las políticas de quiebra de las tímidas expresiones de “consenso” por parte del presidente Rodríguez Zapatero, allanaron el camino a la resurrección de las dos Españas y al reverdecer de la denominada “España plurinacional”. Ni que decir tiene que la crisis financiera de 2008 y su prolongación en el tiempo, sus hondas secuelas en la sociedad española, el impulso del 15M y su llamada a una regeneración política que nunca se produjo, las reformas estructurales obligadas por la UE, así como la travesía en el desierto de un PSOE que no encontraba su sitio en el tablero político nacional tras su salida del poder, con un evidente déficit de liderazgo, conformaban un cuadro político complejo. El contexto estaba cambiando aceleradamente (o eso parecía): la emergencia de partidos de la nueva política que en un plis plas se hizo más vieja que el crimen, y unos gobiernos notablemente indolentes del PP en la era Rajoy, tras una primera legislatura de rodillo con mayoría absoluta, con el culmen del procés catalán, su ensayo chapucero de ruptura constitucional y la lenta y torpe respuesta de las instituciones centrales, así como la persistencia de la corrupción política, crearon el caldo de cultivo para que un atormentado PSOE hallara finalmente la solución a sus nuevos males en la figura de Pedro Sánchez, primero aupado al liderazgo del partido, luego destronado y finalmente retornado por unas primarias a su condición de líder del partido (2017). Finalmente, entronizado como jefe del Gobierno, tras una calculada moción de censura (y un pacto a casi todas las bandas) cuyo objeto principal era -se decía- acabar con la corrupción del partido del poder.

Se abría, así, a mediados de 2018, una nueva era en la política española. Roto en pedazos el ya frágil consenso político, autodestruida la efímera fortaleza de Ciudadanos, emergiendo con fuerza Podemos desde 2014 como exponente de la “nueva izquierda” hasta su también posterior autodestrucción desde el poder, encogido el Partido Popular bajo el liderazgo de Casado y su zafia sustitución, y con un PSOE (que nunca superó por sí solo los 123 escaños) abrazado a los nacionalismos/independentismos periféricos como nueva mayoría democrático-gubernamental del llamado Estado plurinacional, España y sus instituciones entraban en una era hasta entonces desconocida. Se iniciaba, así, una espiral de descomposición política acelerada: la del gradual imperio del populismo iliberal sin remilgos, tanto desde el poder como en no poca medida desde la oposición. El escenario político-institucional había mutado, sin duda. Nuevos tiempos.

Y esa presidencia Sánchez, que, hoy por hoy, se extiende desde mediados de 2018 hasta finales de noviembre de 2026 es el objeto principal -no exclusivo- de la serie de entradas que ahora comienza. Este análisis, cabe advertir, se centra exclusivamente en la esfera institucional. Por tanto, es una mirada parcial a la obra de un presidente que ha cumplimentado hasta ahora dos legislaturas (esta última a falta de 8 meses) y de menos de un año la primera. Veremos si ese legado institucional tiene continuidad en el tiempo o acaba, final o temporalmente, tras el 29 N.

Preliminar. Las instituciones ya estaban rotas, si bien su derrumbe se ha acelerado

España ha maltratado secularmente sus instituciones. No es nada nuevo. Los viejos demonios derivados de las patologías decimonónicas de un Estado Liberal “normativo” (Luis Castells), pero no efectivo (casi nunca lo hubo), las tensiones absolutismo/liberalismo, los largos períodos de liberalismo doctrinario, la escasa presencia temporal del liberalismo progresista en el poder y los periodos de dictadura,  configuraron una España políticamente inestable, con visiones muy sectarias y escasa tradición democrática, pues el Estado se construyó con otros mimbres. Y, en fin, el complejo contexto se cerraba con una ciudadanía muy dada a los extremos y enfrentamientos cainitas, además con una cultura liberal muy pobre.

No me extenderé en tales cuestiones críticas, pues están analizadas en buena parte de los estudios que sobre la cuestión institucional de España he ido publicando en estos últimos diez años (Los frenos del poder, Instituciones rotas y Falsos cimientos) o en la trilogía sobre literatura decimonónica y el fracaso del liberalismo español (El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su ‘cuarto oscuro’ en España; Juan Valera: liberalismo político en la España de los turrones o, en fin, Clarín, republicano de las letras). Al lector interesado, si es que lo hay, allí le remito.

La tesis de todos esos trabajos, por lo que ahora interesa, se puede resumir en breves palabras: España no ha logrado en estos dos siglos conformar un sistema institucional democrático-liberal y disponer de una cultura político-institucional estable y equilibrada. En 1978 se abrió, como se decía, una ventana a la esperanza, hoy ya quebrada por completo. Las instituciones españolas se fueron degradando desde los primeros pasos del nuevo régimen constitucional, pero el proceso se agravó tras el cambio de siglo y se ha acelerado peligrosamente en la última década (tanto con el final de la presidencia Rajoy como, especialmente, con la presidencia Sánchez).

De todos modos, las instituciones ya estaban rotas o dañadas, si se quiere gravemente. Los partidos habían abrazado el sectarismo más ancestral, se habían convertido en máquinas oligárquicas de populismo iliberal, que solo buscaban el poder por el poder refugiados en sus propias trincheras. El fanatismo, la intolerancia y el odio fueron creciendo sin pausa (terreno propicio para la emergencia de fuerzas políticas etnocentristas de derecha extrema, tanto en el ámbito español como en los nacionalismos periféricos o la proliferación de expresiones de la izquierda extrema, que ahora parece no existir en el lenguaje mediático). Pero, por lo que aquí importa, el débil sentido institucional de los partidos gubernamentales o de la oposición se hizo cada vez más manifiesto en estos diez últimos años: bloqueo de la renovación del CGPJ durante 5 años por parte del Partido Popular, asalto medido al Tribunal Constitucional para cambiar su anterior monopolio conservador, grosero manoseo por parte del Gobierno de la renovación de la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, con sentencias del Tribunal Supremo poniendo las cosas en su sitio, y el espectáculo eterno y lamentable en la renovación del Consejo de Administración y de la Presidencia de Radio Televisión Española, auténtico culebrón político partidista por etapas del peor cariz, entre otros muchos. Muchas de estas y otras lindezas gubernamentales y partidistas se produjeron ya en plena Presidencia Sánchez. Pero, a mediados de 2018, las instituciones de control del poder estaban colonizadas desde tiempos inmemoriales, el TC fracturado entre “conservadores” y “progresistas”, el CGPJ dividido siempre en dos bandos político-judiciales rivales, y la alta Administración del Estado y su sector público politizadas hasta los tuétanos. La presidencia Sánchez, y su clara consigna de eludir cualquier pacto con la derecha conservadora (tras la emergencia de Vox, reconducida al papel de derecha extrema por el poder gubernamental) fomentó, sin duda y con plena conciencia, la restauración de una España dividida en dos bandos irreconciliables. Eso facilitaba su discurso político inmediato, pero la factura final de tal táctica reconvertida en estrategia suicida está aún por determinar. Al menos para la sociedad española, rota en dos pedazos y sin aparente remedio.

1.- España es formalmente un Estado liberal-democrático sin liberales ni demócratas

Este punto ya ha sido explicado más arriba. Mas conviene insistir sucintamente en que España es un país ayuno de cultura liberal democrática. Hubo liberales, sí, pero siempre jugaron un papel secundario en el teatro político español. Las Constituciones decimonónicas de sello progresista (muy precarias en su vigencia) o las de factura conservadora doctrinaria (que duraron mucho más tiempo), fueron cascarones vacíos ante el empuje del caciquismo y del falseamiento electoral, una constante en la España del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, alcanzando incluso a la Segunda República. Un liberalismo conservador pujante, con fuertes pulsiones autoritarias y nada amigo (o poco) de la alternancia política, fue caldo de cultivo de esas patologías, denunciadas en su día por Joaquín Costa, entre otros muchos. Aunque su regeneracionismo hidráulico -como lo llamaba Clarín- resultara un fracaso estrepitoso.

Luis Castells, en sendos trabajos recientes, ha puesto de relieve las limitaciones que siempre tuvo el Estado Liberal en España, visión que, desde el punto de vista de un historiador, refuerza las hipótesis que mantuve en los diferentes libros citados. La España decimonónica no fue liberal, sino muy parcialmente, menos aún liberal-democrática. El predominio del liberalismo doctrinario de base censitaria, y las enormes dificultades de implantación del sufragio universal masculino (la “cocina económica”, que decía Clarín para negar aquello de “un hombre, un voto” y sustituirlo por “un hombre, un plato”; dada la compra del sufragio), así como la existencia de un liberalismo progresista con escaso tiempo de poder efectivo y luego acomodado al “turno pacífico”, y un republicanismo troceado en mosaicos de partidos enfrentados entre sí, hicieron prácticamente inviable el asentamiento del liberalismo democrático en España. Y en la Segunda República tampoco se dieron las condiciones objetivas para ello: los partidos republicanos burgueses o pequeño-burgueses, con cultura democrático liberal, y asimismo sus propios líderes (con muy contadas excepciones), acabaron devorados por la polarización política de dos bloques enfrentados que terminó siendo la antesala del final del que fuera tal vez el ensayo más serio que había tenido España de intentar construir una República democrática. Hubo en el período republicano líderes y ciudadanos con sensibilidad democrático-liberal en ambos bloques políticos, pero fueron minoría. El PSOE tenía en sus filas algunos líderes liberal-demócratas, amén de socialistas (Indalecio Prieto o Besteiro), pero tras el estallido de la Guerra Civil y la larga noche del franquismo tales sensibilidades se opacaron por otras más ortodoxas. Como expone Luis Castells, esas sensibilidades renacieron durante la secretaría general y las presidencias de Felipe González (1982-1996), donde no pocos de sus ministros comulgaban con ese ideario que combinaba liberalismo democrático con socialdemocracia. Esos tiempos pasaron. No fue un cambio instantáneo, pero sí gradual y persistente. Hasta desvanecerse.

A mediados de 2018, cuando Pedro Sánchez llega al poder tras la moción de censura, las huellas de esa mixtura entre socialdemocracia y liberalismo democrático estaban ya en mínimos históricos. A finales de 2026 ya prácticamente no quedan ni rescoldos de aquello: un populismo iliberal se ha hecho omnipresente en las políticas de izquierdas en España, aunque a veces se intenten vestir forzadamente de políticas socialdemócratas lo que son lisa y llanamente políticas subvencionales. Un dramático ejemplo: mejor apadrinar el bono ferroviario de jóvenes que dedicar recursos a la inversión. Concepciones de populismo iliberal que, con precedentes en gobiernos de todos los colores políticos (incluso periféricos), se han hecho generalizadas.

El primer legado de la era presidencial de Sánchez es, por tanto, el práctico abandono por parte del PSOE de su más reciente tradición liberal-democrática sustituida por un enfoque populista iliberal cada vez más escorado hacia un radicalismo de izquierdas (ocupando espacios y discursos de la izquierda extrema) y con la connivencia ideológica circunstancial e interesada (por motivos de continuidad en el poder) con partidos etnonacionalistas periféricos. El PSOE gubernamental ha ido edulcorando esa orientación populista con algunos discursos y políticas de cariz socialdemócrata (con ministros que aún defienden tales premisas), si bien con políticas subvencionales a determinados colectivos que son el “granero electoral”: pensionistas, empleados públicos, desempleados y personas sin ingresos; el “escudo social” iniciado en el Covid19). Lo dijo Tocqueville: “No hay nada más difícil de gobernar que un pueblo de solicitantes”. La hipoteca sobre las futuras generaciones será probablemente muy pesada.

2.- Prietas las filas. Retorna el fanatismo político y la intolerancia: de muros, enemigos acérrimos y odios cainitas

La tan manida polarización política, fenómeno universal que, en España, aunque siempre presente, echa fuertes raíces sobre todo a partir del simplista mensaje del No es no como línea de actuación del nuevo líder socialista español, con precedentes, tras las primarias de 2017. Una línea de acción luego reforzada ya en el poder desde 2018. Y años después por su gráfica imagen del muro que, como su propio nombre indica, busca evitar a toda costa la alternancia en el poder; esto es, que gobierne en este país la derecha y la extrema derecha (siempre juntas en el mismo pack), lo que comporta alianzas de todo tipo (incluso contra natura) con el fin de evitar ese acceso de los enemigos políticos al poder, como así se dio tras las elecciones de 2023 y ahora se quiere reeditar en 2026. Excluir la alternancia política porque no gusta la orientación ideológica conservadora o incluso reaccionaria de algunos partidos adversarios, no es, sin embargo, una conducta liberal democrática madura sino una tendencia de fuerte componente autoritario, y sobre todo que abre la puerta a un larvado enfrentamiento civil, con no pocas dosis de guerracivilismo, transportándonos a tiempos pretéritos. Algunos muy lejanos. Otros no tanto.

Tras más de ocho años en el poder, el actual líder del partido socialista, se ha caracterizado por construir un partido vicarial a su proyecto y eliminar cualquier resquicio de disidencia interna al discurso dominante: en el PSOE, como partido de cargos públicos que es, discrepar con el líder implica perder todas las prebendas y dejar de vivir de la política. Un cambio existencial, más para quien no tiene alternativas profesionales a la política. Y ese cierre hermético de filas comporta, además, otros efectos externos: tiene en su haber (o debe) principal el alimentar el frentismo y promover un contexto polarizador en el que, “involuntariamente”, ha crecido de forma inusitada la extrema derecha (de presencia insignificante cuando arribó al poder), cuyo techo no se advierte, destruyendo de paso el peso electoral del partido conservador, a cuyo actual líder siempre ninguneó. Tal táctica, convertida en estrategia, no solo circunscribe el pluralismo a la circunstancial y oportunista “mayoría parlamentaria” (aquel somos más de julio de 2023), hoy rota parcialmente, sino que, como ha recordado el profesor Víctor J. Vázquez, esa exclusión vulnera un valor constitucional esencial como es el pluralismo político. Y ello impacta gravemente en el contexto político vigente, pues supone un serio y desestabilizador regreso de la intolerancia, del fanatismo y del odio entre españoles, antesala de terribles enfrentamientos que azotaron a nuestro convulso pasado histórico, con esa actitud tan cainita de resolver, así, los conflictos existenciales. En España, como estudió Juan Valera y después Azaña, admirador el egabrense, la intolerancia hizo estragos desde el siglo XV hasta el siglo XX, particularmente en aquella guerra que Unamuno llamó “incivil”. La intolerancia y el fanatismo se apropiaron entonces de los españoles, y, como decía un alter ego de Azaña en La velada en Benicarló: “Ninguna política puede fundarse en la decisión de exterminar al adversario. Es locura, y en todo caso irrealizable”. Concluyendo: “El enemigo de un español es siempre otro español” ¡Qué malo es el olvido!