“Bien quisiera, a propósito de teorías, que el señor Cánovas hubiera demostrado aquella tan peregrina que expuso acerca de la imposibilidad de gobernar con principios fijos, casi me hubiera contentado con saber cómo son los principios que no son fijos y para qué sirven” (Clarín)

3.- Los valores y principios en política no aportan nada…

Clarín, como reza la cita, se mofaba del preboste conservador y de su peregrina idea de los “principios fijos”. Y como también escribió en una de sus piezas políticas estelares (“El Regenerador”): “La moral es un mito”. Alas era también, además de escritor y periodista, filósofo moral. ¿Cómo resuenan estas ideas cuándo uno se aproxima a la figura del actual presidente? Lo expresó con tino y dureza Arias Maldonado en una de sus últimas columnas periodísticas.

Los principios en la presidencia de Sánchez han sido muy volátiles, como se verá en estas líneas. Sus bandazos, apremiado por su propia supervivencia política, nunca se asían en principios fijos, sino en circunstancias a las que había de adaptarse en cada momento. Su frágil interiorización de los valores, principios y controles era una muestra del incordio permanente que impide gobernar con manos libres. O mejor dicho su concepción democrática acotada a espacios ideológicos compartidos (a veces por pura necesidad existencial), es una pésima interiorización del valor constitucional del pluralismo político como pieza básica de un Estado democrático. Pero no es el único ejemplo. Hay otros tantos más que veremos de inmediato o en entradas ulteriores.

4.- El trampantojo de la soberanía popular

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. La letra constitucional es esa, la música política otra. Hemos visto y oído en los últimos años, especialmente en esta legislatura fallida que ahora agoniza, cómo se ha defendido por parte del Gobierno y de su “mayoría” que el Parlamento (más bien el Congreso de los Diputados) es soberano, rememorando a los revolucionarios franceses o los viejos principios de la revolución inglesa en su lucha por una monarquía limitada. Mas aquí el problema es otro: esa soberanía parlamentaria se ha llegado a esgrimir frente a la primacía de la Constitución, lo que en sí mismo es un dislate iliberal. Y no una vez, sino varias. El Congreso es un órgano de representación, sin duda de extracción democrática por su (relativa) composición proporcional, pero no es ni puede ser un órgano soberano. Eso es desconocer las reglas más básicas del constitucionalismo liberal.

También hemos escuchado recientemente de boca del presidente invocaciones al sentir del pueblo (o de la mayoría del pueblo) que legitimaría incluso considerar equivocadas determinadas decisiones parlamentarias por su naturaleza antisocial (como, por ejemplo, no convalidar sus decretos-leyes de alquileres por el pleno del Congreso) o, en fin, justificar la adopción del indulto al Fiscal General del Estado con base en esa misma sensibilidad popular ante la injusticia de su condena por el Tribunal Supremo. Este modo de actuar es propio de una presidencia iliberal y populista de otras latitudes, pero no de una democracia liberal europea que se pretende avanzada. El respeto y equilibrio constitucional e institucional hacia los otros poderes en un Estado Democrático de Derecho es uno pilar básico de la Constitución. Afectarlo es muy grave. 

5.- Una monarquía parlamentaria travestida fácticamente en falso sistema presidencial

Según la Constitución, España es una monarquía parlamentaria. Mas esa idea está teñida en el texto constitucional por la existencia de una robusta presidencia del Gobierno investida por el Congreso, más aún en un contexto de fragmentación y polarización política como el actual. En tal marco, investido un candidato, lo complejo es “desvestirlo” de su poder, pues la censura constructiva “prolonga indefinidamente la vida de gobiernos débiles” (Rubio Llorente). Esa tendencia imparable de reforzar los poderes presidenciales ha terminado por calar hondo y hacer mutar el principio de “monarquía parlamentaria” hacia una suerte de monarquía presidencialista, cuyo adjetivo se ha ido reforzando en los ocho años de presidencia Sánchez; hasta el punto de que, dado el bloqueo político parlamentario para activar moción de censura alguna, y aun gobernando en minoría absoluta, la figura del presidente se hizo omnipresente en el panorama institucional español e internacional. Esta tendencia se multiplicó cuando incluso llegó a proponer gobernar sin el Parlamento. De lo que se hablará en la siguiente entrada. En buena medida lo ha hecho tomando como rehén a la Cámara baja, con un control estricto con mando a distancia de la Presidencia del Congreso (cuya presidenta es una suerte de títere de Moncloa), e ignorando supina y reiteradamente la labor del Senado y su papel institucional (cámara controlada por el principal partido de la oposición, que la ha utilizado también espuriamente para sus propios intereses políticos). O, todo lo más, considerando al Congreso de los Diputados como cámara de convalidación de su hiperbólico y enfermizo populismo instantáneo de legislar vía excepción (decretos-leyes).

Sin la legitimación directa de una votación popular de corte presidencial, Sánchez ha pretendido vestir una y otra vez al sistema constitucional con el traje de un presidencialismo de facto. En su fuero interno le encantaría convertirse en presidente de la III República española y emular así a Azaña, aunque la figura intelectual del alcalaíno deje muy empequeñecido al mandatario actual. Se le ha querido ver, asimismo, un cierto paralelismo, con Napoleon Le Petit, como definiera Víctor Hugo al emperador del Segundo Imperio. Pero las diferencias son muchas, y no solo de estatura física, pues en política populista el francés le da sopas con ondas a nuestro aspirante de bonapartismo castizo. Sí es cierto que este apunta algunos tics iliberales, que iremos viendo. Si Napoleón III atacó la prensa y el pluralismo político, algo ha intentado también nuestro actual mandatario, con más empeño que resultado en lo que a medios afecta (salvo su “éxito” en ocupar RTVE), y con clara contundencia en su afán de reducir a la nada a sus enemigos políticos (cuyo frágil liderazgo se lo ha puesto muy fácil). Rasgos bonapartistas del presidente podrían hallar ejemplo, asimismo, en la doctrina-camaleón de Napoleón III (Nere Basade). Sus constantes y radicales cambios de opinión reforzarían esa idea. Ya se sabe, donde dije digo, digo Diego. Para eso está su jefe de Gabinete, doctor en enredar el relato con el arte del engaño.

El recorrido plebiscitario bonapartista, sin embargo, no lo ha transitado (sus mayorías han sido siempre exiguas e inestables frente a los atronadores resultados electorales, manipulación aparte, de Luis Bonaparte), salvo en la práctica interna de su propio partido y en su último intento electoral. Mas peccata minuta frente a los excesos plebiscitarios de Napoleon Le Petit. Sí que, según se verá, sus tics iliberales han ido in crescendo: legislar ordinariamente por decreto-ley más que por leyes formales; gobernar una “legislatura” (casi) entera sin iniciar siquiera la tramitación de los presupuestos anuales; invertir, orillar o diferir el control parlamentario en asuntos de Estado; ocupar sistemáticamente con amigos políticos y desactivar así las instituciones de control del poder; no considerarse él, ni su Gobierno o ministros (salvo que la campaña electoral apriete) responsables políticamente de nada; intentar deslegitimar con persistencia al poder judicial y quebrar así el freno institucional que ello implica; politizar extensivamente la alta Administración y el sector público estatal (con resultados en este último caso devastadores en fechas recientes); crear estructuras elefantiásicas de asesores (magos de la comunicación en La Moncloa), etc. Mas hay notables distancias que aún justifican que España no sea una democracia iliberal. El presidente, aunque tensa hasta el infinito, no ha roto formalmente con el sistema constitucional. De seguir en el poder, tal vez ensaye desprenderse gradualmente de algunas de esas cortapisas. Vienen efemérides centenarias que rememorarán la república y su trágico final. Podría ser, si se diera tal circunstancia, el momento de apretar. 

Se escribió que nuestra forma de gobierno es “parlamentaria de dominio presidencial” (Fernández Sarasola). Hoy los términos están ya invertidos. Incluso la representación simbólica del Estado quisiera ser disputada por la presidencia del Consejo de Ministros, y así parece serlo en algunos momentos. El Parlamento, por su parte, ha tenido un papel más adjetivo, obturado por mayorías inciertas y por una versión castiza y narcisista de un cesarismo de canciller, cuyo titular ha querido proyectarse y engrandecer su imagen en el exterior como redentor de las causas más justas y en el interior (ignorando no pocas exigencias constitucionales básicas) como pretendido escudo de desfavorecidos y baluarte de quienes viven del presupuesto y de sus respectivas clientelas. En fin, populistas e iliberales de izquierda o de derecha, a pesar de sus enormes distancias ideológicas, nunca difirieron mucho en tales empeños. Se objetará que es cuestión de a quiénes benefician. Sin duda. Pero, en el ámbito institucional, los daños causados por el populismo serán sin duda replicados o aumentados por quienes ejerzan poder gubernamental en el futuro.  Si hubiera alternancia, no tardaríamos en comprobarlo.

6. El mito de la separación de poderes. Nunca hubo contrapesos en este país

Este principio es el más preterido o ignorado. Pero no es nueva esa actitud, aunque se haya acrecentado. En este punto me detuve tanto en Los frenos del poder como en Instituciones rotas (en abierto aquí:   ). Más recientemente lo he hecho en el capítulo II de Falsos cimientos. Resumo mi tesis: España no ha tenido nunca cultura institucional de separación de poderes, menos aún bajo las premisas de los sistemas de checks and balances. División de poderes formal ha habido en algunos momentos de nuestra historia, pero sin aquella concepción de equilibrio y contrapesos anglosajona entre poderes. Tampoco ha florecido con la Constitución de 1978, que ni siquiera recoge expresamente este principio, aunque implícitamente la organización del poder se haga bajo esos parámetros. Con estas premisas, no es justo expresar que la presidencia Sánchez haya roto los sistemas de contrapesos del poder existentes, pues ya antes se habían quebrado por todos los gobernantes que le precedieron (incluidos, como es obvio, los líderes de gobiernos del PP). Sí que es cierto que, mediante determinadas prácticas de nuevo cuño que se verán, ha debilitado más aún de lo que ya estaban los escasos frenos con los que contaba el sistema constitucional. En España tradicionalmente el poder por excelencia ha sido el Ejecutivo: nuestra tradición política de conservadurismo doctrinario y más tardía de autoritarismo dictatorial así lo confirma. De aquellos polvos vienen estos lodos. Y es obvio que en estos momentos el presidencialismo de corte cesarista ahonda en esa tendencia. Sus tics iliberales populistas erosionan los escasos pilares aún existentes del principio de separación de poderes. Ello se advierte, por ejemplo, en el feroz y sistemático ataque que desde presidencia y desde el propio Gobierno se ha dirigido contra el poder judicial, y las permanentes denuncias de lawfare, por obstruir este poder los ejes gubernamentales de actuación y perseguirles políticamente. Eso es mala noticia, pero también buena: pues, al menos, frente a pulsiones iliberales hay alguien en el escenario constitucional que actúa de freno, aunque se diga desde el Gobierno que es de forma políticamente interesada (casos puntuales ha habido, pero no pueden generalizarse).

7. Amantes del poder sin frenos: colonizar sin rubor las instituciones de control

Donde sí que se han incrementado las pulsiones gubernamentales de desactivar los escasos mecanismos de control del poder, es en el asalto gubernamental sistemático a tales instituciones, sin que apenas hoy en día haya ningún órgano de control (el último en caer fue la AIREF) que no deje de estar controlado por personas cercanas al Gobierno (o a los partidos que le apoyan) y. más concretamente, por presidencia del Gobierno. No es, sin embargo, una tendencia nueva. Como se ha dicho, los partidos gubernamentales y los de la oposición política han ejercido durante décadas ese heterodoxo, constitucionalmente hablando, control de las instituciones de control, incorporando fieles o incluso militantes a tales órganos, desmintiendo la regla de oro que estableció Pierre Rosanvallon para que tales instituciones de control funcionen con los imprescindibles criterios existenciales de imparcialidad y autonomía frente a la política: a juicio de este autor, quienes son designados como miembros de esas instituciones de control del poder deben manifestar en sus actuaciones puntuales un deber de ingratitud frente a quienes les han propuesto o designado. Aquí, en España, muestran descaradamente la actitud contraria. Véase, por ejemplo, el caso del actual Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial (aunque este con alguna excepción puntual), donde las votaciones reproducen sistemáticamente los bloques políticos de los que proceden (7-5 en el TC y 10-10 en el CGPJ, aquí con matices). Por tanto, los miembros de estos y otros órganos de control manifiestan un permanente deber de gratitud (estómagos agradecidos) ante quienes les nombraron; a veces, incluso, con el pintoresco argumento de que están haciendo política gubernativa (como en el caso del CGPJ). Pero lo grave es que esto lo hacen tanto los designados o propuestos por el Gobierno y su presidente como los nombrados por la oposición. Ya se anuncia que, por ejemplo, si en el próximo Senado las fuerzas políticas que hoy están en la oposición logran una mayoría de 3/5, designarán como miembros en la próxima renovación (previamente bloqueada políticamente con el fin espurio de dejar abierta esa puerta a la esperanza) de 4 magistrados del TC (y, cuando proceda, de los 10 vocales del CGPJ) a soldaditos fieles (como se ha venido haciendo hasta ahora) a sus respectivas siglas, con el fin de cambiar la orientación ideológica de estos órganos de control o de gobierno del Poder Judicial, respectivamente. Nada nuevo, por cierto. Pero no por ello menos preocupante. Los políticos en España no han querido entender cuál es la razón existencial de esos órganos de control del poder.

Tiempo atrás, bien es cierto, los miembros de los órganos de control se designaban entre personas de prestigio profesional o académico contrastado, aunque tuvieran simpatías políticas hacia quienes les promovían a tales cargos. Esto se vio sobre todo en el Tribunal Constitucional o, más tardíamente, en la AIREF (y algo menos en otros órganos de control como el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, la AEPD o Consejo de Transparencia). Sin embargo, por lo que al TC respecta, esa línea de actuación se vio quebrada radicalmente. El ejemplo más evidente del declive institucional de un órgano constitucional de control tan importante como el Tribunal Constitucional se ha visto con evidencia en los últimos diez años, aunque tiene precedentes anteriores. No se puede comparar, en efecto, la extracción y reconocimiento profesional de los magistrados de los primeros Tribunales Constitucionales con la existente en estos últimos años, tanto en lo que respecta a los propuestos por el Gobierno de turno como por la oposición. Como hubo en su día algunos magistrados, ciertamente no muchos, que se desligaron circunstancialmente del mandato político de quienes les propusieron (Ollero, Jiménez de Parga y Manuel Aragón, entre otros), cada vez más se estrechó el círculo de la dependencia o fidelidad política para ser designar miembros a ese órgano constitucional, abogando por nombramientos de perfiles profesionales cada vez más bajos o con un prestigio mínimo, que siempre son más fácilmente manipulables, o se buscaron, en su caso, perfiles profesionales personales duros de presidentes muy alineados políticamente con sus promotores (Pérez Cobos o Conde Pumpido, más tibiamente en apariencia González Trevijano). Además, se incrementó la tendencia de nombrar a magistrados del Tribunal Supremo (incluso de tribunales inferiores) como magistrados del Constitucional (pretiriendo otros perfiles, como los académicos), (casi) siempre adscritos a las dos asociaciones judiciales correa de transmisión de los partidos (APM y JJpD).

Mas la vuelta de tuerca al modelo vino, sin duda, de la mano de la inclusión desmesurada de ex altos cargos gubernamentales o institucionales (de claro compromiso y alineamiento político) y, finalmente, de exministros que han sido recolocados, paradojas de la vida política española, en órganos de control del poder gubernamental, para lo cual, como es obvio, están absolutamente inhabilitados. La primera tendencia (nombrar ex altos cargos) ya se había manifestado en épocas pretéritas en diferentes órganos constitucionales, también en el TC, en el CGPJ, en la AEPD, en el Defensor del Pueblo o en el Consejo de Transparencia,  y la presidencia Sánchez (con las excepciones hoy de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y más tardíamente tras sucesivas chapuzas previas, en la AEPD) ha agudizado esa tendencia, designando, por ejemplo, como magistrada del TC a una ex alto cargo de Presidencia del Gobierno o para la presidencia de la AIREF a otra que había sido hasta entonces alto cargo del Ministerio de Hacienda (lo del zorro y las gallinas). Ni que decir tiene que la actual oposición política había también uso de tales atajos, designando personas con perfiles profesionales poco consistentes, pero que habían prestado servicios al partido en otros frentes (Enrique López, Alcubilla, etc.) o de quienes eran militantes del partido (Pérez de los Cobos, que llegó a ser presidente del TC entre 2015 y 2018). Pero el salto más fuerte en la erosión de la imparcialidad e independencia de estos órganos de control durante la presidencia Sánchez se ha dado, sin duda, en el segundo caso: el nombramiento de miembros o presidentes de tales órganos de control de personas que habían tenido previamente la condición de ministros de sus respectivos gabinetes gubernamentales. Ese fue el caso del nombramiento como magistrado del TC del exministro Juan Carlos Campo, con una vida profesional como juez muy limitada temporalmente y en posiciones discretas de la estructura judicial, pero con larga dedicación a cargos del PSOE o designado por este (vocal CGPJ). También se nombró como Fiscal General del Estado, tras ser Ministra de Justicia, a Dolores Delgado. O presidente del Banco de España a José Luis Escrivá, doblemente ministro con Sánchez. Y, en fin, aunque más alejado en el tiempo, el nombramiento de Gabilondo como Defensor del Pueblo también entra en esa línea (ministro de Educación con Zapatero y líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, habiendo sido candidato a la presidencia de esa Comunidad). Y otros casos sonados fueron la designación de Magdalena Valerio (exministra) como presidenta del Consejo de Estado, nombramiento anulado por el Tribunal Supremo y luego, tras recolocarla como consejera permanente del mismo órgano (salió ganando), sustituida en la presidencia del Consejo de Estado por Carmen Calvo, exvicepresidenta el Gobierno Sánchez. En fin, un tránsito constante, nunca visto, de exministros del Gobierno socialista a miembros de órganos de control del poder o de asesoramiento del propio Ejecutivo. Además, esa tendencia imparable abre otras incógnitas, como son las relativas a si, con esa operación de desembarco político y de control de los órganos de control del poder, no se pretende también hipotecar un gobierno futuro de sus enemigos políticos, estrangulando o dificultando la acción ejecutiva a través de órganos de control de extracción ideológica muy alejada de sus premisas. Esto es pronto para saberlo, pero la polarización política no ayuda. En fin, como ha escrito Elisa Beni, «la voracidad partidista ha socavado la institución y, lo que es peor, no hay visos de que no siga haciéndolo en el futuro más cercano»

Un aspecto singular (pues no se trata de un órgano de control sino de una corporación de medios públicos), pero con implicaciones políticas muy relevantes, ha sido el control de RTVE que la presidencia Sánchez ha ido reforzando gradualmente, hasta transformar, principalmente la primera cadena (luego extendida parcialmente a la segunda), en una suerte de medio dedicado de forma prioritaria a llenar la parrilla con programas de infoentretenimiento político con la finalidad de exponer una información sesgada, que ha sido incluso refutada en numerosas ocasiones por los periodistas del propio medio, con una dirección sumisa a los intereses monclovitas y, a veces, con unos mensajes impropios en redes sociales (el último sobre el fallecimiento de la exministra Bañez en el accidente ferroviario de Urda, que tuvieron que retirar ante lo ignominioso de su contenido). Fracasado el ensayo de seleccionar por mérito y capacidad mediante un procedimiento abierto y competitivo a la presidencia de RTVE, proceso que fue un absoluto despropósito (como expuso atinadamente en su día Jaime Nicolás, alto funcionario que concursó en ese procedimiento), la dirección, primero provisional (Rosa María Mateo como administradora provisional única mientras se resolvía el lío del concurso) y luego mediante pacto político Pérez Tornero (que dimitió a los 18 meses), terminó finalmente recayendo la presidencia del ente en José Pablo López, damnificado por Ayuso en la televisión madrileña, quien -con las heridas abiertas- fue cerrando filas cada vez más con el Gobierno, consiguiendo en 2024 una modificación por decreto-ley (convalidado al día después de la DANA) que dejaba atado y bien atado el nuevo modelo de control gubernamental exhaustivo de la Corporación, aunque no se haya molestado en dos años siquiera en adaptar los estatutos del ente, pues ello supondría rebajar los 15 miembros actuales (y el equilibrio político interno) a los 10 exigidos por la normativa de 2024.

Ciertamente, los medios de titularidad pública tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas se han caracterizado (casi) siempre por ser voceros del Ejecutivo de turno, quien controla sus órganos de dirección y, por tanto, su programación y sus mensajes. Pero las dimensiones, la estructura de medios, el presupuesto y el impacto de RTVE supera con creces a todos los demás. Su conversión en un complejo mediático vicarial de la estrategia comunicativa de Moncloa no es buena noticia precisamente para el pluralismo informativo, sino todo lo contrario. Mas peor aún es el precedente que crea. Quienes lleguen al poder asaltarán sin pudor (como siempre se hizo, pero en este caso con saña) la Corporación de RTVE, poniéndola enteramente y sin disimulo alguno al servicio del nuevo Ejecutivo. Una envenenada herencia. Muy lejos quedan aquellos intentos, que poco duraron y no cuajaron, del gobierno Zapatero por crear una RTVE de profesionalidad contrastada. Todo eso, como el concurso, se fue al garete.