Autor: rafaeljimenezasensio

LIDERAZGOS POLÍTICOS: PODER, PERSONALIDAD Y PSICOPATÍA.

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“En sus últimos años, Tito recordó lo que le había dicho Churchill al final de la guerra: ‘Lo que cuenta es el poder, y el poder otra vez, y el poder de una vez por todas”

(Ian Kershaw, Personalidad y poder. Forjadores y destructores de la Europa moderna, Crítica, 2022, p. 326)

Presentación

Ian Kershaw es historiador, no psicólogo; pero se ha adentrado en su último libro en llevar a cabo una radiografía de la personalidad de doce políticos europeos que, según reza el subtítulo de su espléndida monografía, han sido “forjadores y destructores de la Europa moderna”. Por cierto, todos hombres, salvo una mujer (Margaret Thatcher). También todos con una mezcla de perfiles dictatoriales y conservadores liberales, con ausencia de socialistas u hombres de izquierda. Sin duda, son todos los que están (algunos en muy pequeña medida); pero no están todos los que son, como reconoce el propio autor.

El análisis de los doce perfiles biográficos tiene el mismo y ordenado esquema de desarrollo. Kershaw, autor (entre otras muchas obras) de una monumental biografía sobre Adolf Hitler, dibuja magistralmente a todos los personajes, aunque sus fuentes de información sean la mayor parte de las veces indirectas (obras ya escritas por otros autores sobre esos mismos líderes políticos). Se ha documentado muy bien, y pone asimismo de relieve análisis previos sobre el liderazgo político y la profesión de la política (desde Tolstoi o Marx hasta Weber, pasando por Carlyle y Burckhardt, entre otros), aunque con ausencias injustificables (como las de Isaiah Berlin y Hanna Arendt, por poner solo dos ejemplos).

La lectura del libro es, en todo caso, apasionante; sumerge al lector en un tormentoso siglo como fue el pasado, y le pone frente al espejo de personalidades complejas, cuyo denominador común es el apetito de poder, y con muy pocas excepciones con perfiles psicológicos marcados por el autoritarismo, el narcisismo psicopático y ególatra o, en el peor de los casos, el desprecio hacia los demás; carentes también, en no pocos retratos, de auténtica empatía (propia de los psicópatas) y, en muchos casos, sin ninguna pizca de compasión.  Hay excepciones, sin duda, pues dentro de esos dibujos generalmente sombríos apunta alguna brizna de liderazgo de persuasión (Gorbachov), que contrasta con esa concepción del líder fuerte que tan bien estudió Archie Brown, por cierto elogiosamente citado en esta obra.

Reseñar el contenido de este libro sería impertinente por mi parte. Las complejidades del contexto en el que se mueve cada personaje (desde Rusia o la Unión Soviética al Reino Unido, pasando por la Alemania nazi que rompe el país, luego reconstruido y después reunificado, sin olvidar la Francia de la Resistencia y de la IV y V Repúblicas, la Italia fascista o la España totalitaria/autoritaria, así como, la anécdota de la Yugoslavia unida y más tarde fracturada) son muy bien tratadas por quien es un historiador con largo oficio.

En estos momentos me interesa más destacar el inquietante análisis psicológico que lleva a cabo el autor de quienes llegaron a disponer de un poder casi absoluto (Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco o Tito) y, salvo la excepción del primero, con larguísimas estancias en la primera línea de mando, o de quienes ejercieron también un poder transcendental en determinados momentos históricos excepcionales, aunque fueran breves y en contextos muy diferenciados (Churchill, Gorbachov), o prolongaron su ejercicio durante varios mandatos en distintos sistemas democrático-liberales (fue también el caso de Churchill, pero sobre todo de Adenauer, De Gaulle, Thatcher o Kohl).  

Sin ser, por tanto, un psicólogo, Ian Kershaw retrata la personalidad de esos liderazgos con especial destreza. Pone el foco en esos liderazgos carismáticos, en ocasiones de personalidades autoconstruidas por una maquinaria de propaganda aplastante (mercadotecnia política avant la lettre), donde se destacan atributos inexistentes que las masas (ese “cortejo de creyentes” como diría Weber) terminan interiorizando o padeciendo; pero, especialmente,  el autor pone también énfasis en ciertos atributos, encantos o atractivos (algunos evidentes y otros más bien ocultos) que tales líderes poseían para garantizar el culto a su figura, el seguimiento político o, en fin, la aceptación convencida o fingida de su poder de liderazgo. Bien es cierto que el contexto institucional es radicalmente diferente en un régimen totalitario, fascista o en una dictadura (por mucho que pretenda ser del proletariado) frente al sistema democrático-liberal, donde por esencia el poder es limitado (salvo circunstancias de excepción constitucional). El liderazgo político en ambas circunstancias poco o nada tiene que ver. Aún así las coincidencias de carácter son más frecuentes de lo deseable.

Doce perfiles de liderazgo y personalidad: inquietantes elementos comunes, matices y una excepción

Lenin, por ejemplo, era un individuo obsesivo, intolerante e inflexible con quien discutía sus puntos de vista. Su delicada salud le conducía a veces a “buscar alivio en volcánicas explosiones de rabia”. La construcción leninista, como expone el autor, sentó los cimientos de la desviada evolución ulterior de la URSS, aunque no sea una tesis siempre compartida. Mussolini, por su parte, tenía una personalidad despótica, era “terco e intolerante (también) a cualquier parecer contrario al suyo”, vengativo y defensor de la violencia como método político.  Se caracterizaba por su doblez política, sus habilidades tácticas y el sentido de oportunismo; aun así, fue, frente a Hitler, un dictador débil, causante de “la desastrosa gestión de la guerra”. Lo que “dejó tras de sí fue un país en ruinas”.

Hitler, a quien Kershaw conoce muy bien, era inicialmente el arquetipo “de hombre sin cualidades”. Fue siempre “un individuo autoritario, colérico, intolerante y egocéntrico”; de comportamiento antihumano y expresión viva “del odio racial”, que “no dejó tras de sí nada constructivo”, sino una monumental devastación y un horrible Holocausto, entre otros ejemplos de un legado que prácticamente nadie reclama. Por su parte, el sello que Stalin imprimió a su régimen “fue el del terror”: el número de personas ejecutadas, encarceladas o confinadas en condiciones inhumanas “se cuenta por millones”. Con un marcado desorden de personalidad y un temperamento paranoico, “veía traiciones (cuando no trotskistas) por todas las esquinas”. Era “una persona profundamente vengativa” e inmisericorde con sus víctimas (aquí las personalidades de Stalin y Hitler se entrecruzan, pues ambos fueron la expresión más sombría “de la importancia que puede llegar a tener el individuo en la historia): “La vida humana carecía de valor a sus ojos”.

El contexto institucional y la cultura democrática en la que emergió el diletante político que fue Churchill, era radicalmente distinto. En sus rasgos de personalidad “era extremadamente egotista”, con una inquebrantable confianza en sí mismo “y una arraigada tendencia al autoritarismo”, con tendencias innatas dictatoriales. Asumió el poder a los sesenta y cinco años de edad. Y el contexto de la Segunda Guerra Mundial lo encumbró a las más altas cotas del liderazgo político, al menos durante esos años. Su lema preferido fue el de “Tomar medidas hoy mismo”. Como señala Kreshaw, tal como les ocurre “a muchos de los líderes que prueban el elixir del poder, también Churchill se resistió a dejarlo”. Volvió al poder con setenta y siete años. Pero ya no era el mismo, ni tampoco las condiciones. Al otro lado del canal, sobre quien fuera Presidente de la V República francesa, se construyó lo que el autor denomina como “el mito de De Gaulle”. Era un tipo, tal como lo sufrieron quienes con él bregaron,  “soberbio, intolerante, áspero y bruscamente desdeñoso”. Con un “autoritarismo instintivo” que se mezclaba con un carácter dominante, si bien enmarcado en la Constitución (en especial en la que promovió y le ha sucedido). También era persona obstinada, con actitud altanera y de “modales frecuentemente desabridos”. Así no es de extrañar que chocara con Churchill, temperamentalmente muy próximo, si bien con flema británica. Su legado fue, sin duda, la duradera Constitución de la V República Francesa, hecha en buena medida a su imagen y semejanza, que acabó con el inestable régimen político de la IV República.

Adenauer, por su parte, pasó de ser alcalde de Colonia, durante la República de Weimar y tras sobrevivir al nazismo, a ser elegido Canciller, “por un solo voto … el suyo”. Llegó al poder con setenta y tres años y con la advertencia de su médico de que no podría permanecer en el mando más de un año. Estuvo catorce, hasta los 87 años. La reconstrucción de una Alemania Occidental devastada es en parte su gran legado. Hombre con particular ambición, fuerte personalidad, dotado de habilidad, perspicacia y determinación, pero también de rasgos mucho menos amables: “Era de lo más tenaz y mostraba una tendencia inequívocamente autoritaria”.  

Menos interés y trascendencia para el devenir de Europa tuvieron los perfiles de Franco y Tito, a quienes el autor dedica sendos capítulos. De Franco destaca su carácter “reservado y distante, frío desde el punto de vista emocional, cautelosamente calculador (…) y cruel con sus enemigos derrotados”. Además, señala, “era ambicioso”, con total falta de humanidad en el trato hacia sus enemigos políticos en España”. Fomentó un sistema “que se apoyaba en un nivel tremendo de corrupción y sobornos”, como argamasa que unía a la élite política y económica. Su legado, aunque el autor no es tan contundente, fue un total desastre. Una España más rota, que hubo de coserse de emergencia en los años de la transición. Quedaron muchas heridas sin curar y un sinfín de problemas abiertos. La personalidad de Tito, en el otro lado de la trinchera ideológica si bien en un marco también totalitario/autoritario, era la propia “de los dictadores (y en cierta medida de todos los líderes políticos): era implacable». Sin acercarse a la crueldad de Stalin (de quien escapó astutamente de sus garras), mostraba una dureza inflexible. Tenía “un carácter violento que se convertía en furia repentina”. Su autocracia comunista terminó siendo grotesca a los pretendidos ideales socialistas que decía defender: gozaba de un lujo obsceno y enfermizo. Su legado más que efímero fue inexistente. La Yugoslavia unida se fragmentó en “mil pedazos” aun pendiente de algunos ajustes.

Margaret Thatcher estuvo el en poder casi doce años. Su acceso, como en casi todos los casos, vino de la mano de las circunstancias. En un contexto de declive del Reino Unido, su imagen pública de persona inflexible le favorecía: “se desenvolvía bien en la discusión áspera y la disputa enconada”. Tenía un evidente vicio a “la arrogancia del poder”, que “le volvió funestamente impermeable a cualquier consejo que no le gustara”. Apadrinaba a los suyos («¿Es de los nuestros?, siempre preguntaba) y demonizaba o aplastaba a quien no comulgara con su ideario. Sagaz políticamente, tenía una cierta adaptación oportunista, lo que no desmentía su dureza. Fue conocida como la “Dama de Hierro”, y posiblemente con su marcada hostilidad a la profundización de la integración europea se ha convertido, pasados los años y ya “desde la tumba”, en “la madrina del brexit”, También, con su marcado sello neoliberal, puede ser considerada como la precursora de la polarización política y del populismo de derechas.

Gorbachov, a juicio de Kreshaw, “fue, a todas luces, el personaje europeo más sobresaliente de la segunda mitad del siglo XX” (juicio que agradará sin duda a mi buen colega en inquietudes públicas Jesús López-Medel, estudioso atento del personaje). El perfil de la personalidad de Gorbachov que dibuja el autor es bastante más amable: de inextinguible autoconfianza, optimismo ingenuo, capacidades de persuasión e inagotable energía. Se tuvo que enfrentar a una tarea hercúlea. En su juventud, “fue un muchacho seguro de sí mismo, muy inteligente y sumamente resuelto (…) y con una notable habilidad para someter a los demás a su voluntad”. Aun así, lo apostó todo al cambio político y no al económico (luego reconoció el error), lo que le mereció críticas muy duras del líder chino Deng. Su estilo de liderazgo era, en efecto, muy distinto a los antes expuestos: “Combinaba el entusiasmo y el optimismo natural con el encanto personal, la elocuencia y una inteligencia manifiesta. Se valía de la persuasión, no de la imposición”. Aún así, “tenía en sí mismo una confianza que rayaba en la arrogancia”. Tal como concluye el autor: “cabe decir rotundamente que (a pesar de su escaso tiempo en el poder) un individuo cambió la historia, y fue para bien”.

Y el libro se cierra con el semblante de Helmut Kohl, “canciller de la unidad, impulsor de la integración europea”. Frente a la talla política de sus predecesores (Brandt o Schmidt), parecía una figura un tanto mediocre y carente de carisma. Sin embargo, “tenía una insaciable ansia de poder político. Y para él el gobierno era un vehículo de poder personalizado”, como lo es todavía para líderes políticos más cercanos. Su estilo era anticuado, y “cada vez más autoritario”. Patoso en las relaciones exteriores, fue corrigiendo gradualmente esos efectos, hasta triangular bien con Gorbachov y con Reagan. Tuvo la suerte de coincidir históricamente con el primero que le allanó el camino a la gloria política de la reunificación de Alemania, así como con la colaboración de Bush (padre) en ese objetivo. Ese fue su gran legado.

Preocupa, en fin, dentro de las grandes distancias, las relativas coincidencias en muchos de estos perfiles de liderazgo de rasgos de personalidad marcados por la intolerancia, el autoritarismo o la soberbia, que en algunos casos se mezclan con un culto totémico a la personalidad narcisista y en otros con evidentes rasgos de psicopatía (más común de lo deseable en los liderazgos políticos), hoy en día también arraigados en la política española. Como bien dice Kershaw, “el caso de Gorbachov es, en cierto modo anómalo”. En todo caso, al menos los líderes de los sistemas democrático-liberales tienen mandatos limitados y deben sujetarse a restricciones en su ejercicio del poder, propias del juego del principio democrático y de separación de poderes. Pero es cierto, como concluye el autor, que,  incluso en las democracias liberales con sistemas de pesos y contrapesos, un ejercicio continuado del poder tiene el potencial de erosionar esos límites constitucionales y ofrecer rasgos despóticos. En algunos casos, es más, en mandatos cortos (como vimos con Trump, entre otros malos ejemplos) también se intenta, erosionando gravemente la estabilidad constitucional de un país. Y la sentencia de Ian Kershaw es muy ilustrativa: “La concentración del poder mejora las perspectivas del impacto potencial del individuo, aunque muchas veces con consecuencias negativas, a veces catastróficas” (cursiva del autor).

EL FRACASO DEL EMPLEO PÚBLICO COMO INSTITUCIÓN

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(Imagen cedida por Fernando Escorza Muñoz, reservados los derechos de reproducción)

“La naturaleza de las instituciones burocráticas es igual o incluso más importante que la naturaleza de las instituciones políticas”

(Dahlström y Lapuente, Organizando el Leviatán, Deusto, 2018, p. 243)  

De la Función Pública al Empleo Público

Cuando han transcurrido más de quince años desde la aparición normativa de esa institución bastarda denominada Empleo Público (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; hoy en día, TREBEP), bien se puede concluir que su inserción se ha saldado, en términos analíticos, como un rotundo fracaso.

Desdibujada la institución secular de la Función Pública y sumergida en los evanescentes contornos de lo que es esa entidad emergente del Empleo Público, que ya se ha extendido –rompiendo las costuras normativas del propio TREBEP- al sector público empresarial y fundacional (algo que ya hicieron las leyes de PGE de la anterior crisis, y han reforzado la Ley 20/2021, el Real Decreto-Ley 32/2021 y el reciente Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI), el foco de la nueva institución se puso en la dimensión subjetiva (el empleado público), que  se convierte así en el punto determinante del problema, y, por tanto, la finalidad de la institución se reduce a la mejora de las condiciones laborales (muy superiores, por lo común, a las del sector privado), más retribuciones, y más derechos de los empleados públicos. Las responsabilidades, la ética del servicio público o el viejo concepto de los deberes, son cosas del pasado. Ya no interesan. El empleo público ha laboralizado hasta los tuétanos la función pública, difuminando su rol institucional. El paralelismo empresarial trasladado al sector público resulta grotesco.

La tradicional institución de la Función Pública, como su propio enunciado indica, tiene su fundamento histórico en ser una institución del Estado cuya legitimidad democrática implica servir a la ciudadanía como razón última de su existencia. En efecto, en un Estado democrático y social de Derecho en el ADN de la institución de Función Pública está la idea de servicio público efectivo, pues la ciudadanía es su razón existencial. El Empleo Público (creado por el Estatuto Básico del empleado público), sin olvidar retóricamente esos fines, pone por delante la necesidad existencial de atender primero a las exigencias y reivindicaciones de quienes deben prestar tales servicios (empleados); legítimas, pero no existencialmente determinantes. El ciudadano pasa a ser, así, un mero receptor anónimo y pasivo de tales servicios, abandonando su posición central de fuente última de legitimidad del poder burocrático en un Estado democrático, así como de patrono efectivo de quienes prestan tales servicios públicos, pues al fin y a la postre sus emolumentos proceden en última instancia de las contribuciones fiscales de la ciudadanía. En Empleo Público los patronos son los políticos, con los cuales se trata de trenzar una comunión espuria de intereses (partidos-sindicatos) al margen de la ciudadanía. La Administración se traviste de “empresa”, con la gran ventaja de que vive enchufada a los presupuestos públicos y de cuyos resultados nadie al parecer rinde cuentas.

Los subsistemas de empleo público en la AGE y en las administraciones territoriales.  

Bien es cierto que la institución de la Función Pública derivó en diferentes momentos de nuestra historia administrativa en corporativismo, hoy en día aún existente, por ejemplo, en diferentes cuerpos de élite de la Administración General del Estado. La alta función pública de la AGE tiene, en efecto, algunos problemas endémicos de notable gravedad (sistemas de acceso basados en algunos parámetros obsoletos, lejanía y falta de expresión de la diversidad territorial, social y lingüística de España, acantonamiento corporativo en estructuras cerradas e incomunicadas, etc.), que no son precisamente menores, aún así representa en estos momentos el último vestigio de lo que fue una institución tradicional de Función Pública en fase de extinción, lo que es un incentivo más para plantear también su necesaria reforma.

Las Administraciones territoriales (Comunidades Autónomas y entidades locales, entre otras), aparentemente guiadas por un isomorfismo institucional, en la práctica han construido subsistemas de empleo público vicarios en buena medida del poder político de turno, dotados de una evidente falta de capacidades ejecutivas y asimismo de una más que notable imposibilidad fáctica de atraer talento a su sector público, conformando –con mayor o menor intensidad, según los casos- burocracias administrativas generosas en su número y condiciones (mejores que las de la AGE), volcadas al trámite o gestión departamental o sectorial,  a las que se accede  en algunos casos (lo cual es un fuerte déficit) sin especiales exigencias técnicas (tampoco idiomáticas, salvo sus lenguas propias donde las haya), no fomentando, salvo excepciones puntuales y como tampoco lo hace la AGE, la creatividad, la innovación, incluso de la capacidad de iniciativa, por no citar en algunos casos la perversa tendencia a una baja implicación, solo limitada por el esfuerzo siempre generoso de algunos funcionarios clave. El resultado son subsistema de empleo público planos alejados de los desafíos actuales y de la inevitable transformación de lo público. Dicho en palabras más llanas: inservibles, amén de caros, para lo que España y sus territorios necesitan y necesitarán en los próximos años.

Además, el empleo público como institución se retroalimenta a sí mismo. Crea burocracia y cargas administrativa para justificar su propia esterilidad existencial. Lo importante a sus efectos es que haya empleados públicos, cuantos más mejor, lo que hagan y cómo lo hagan pasa a ser una cuestión adjetiva, puesto que atender los servicios públicos, en ese enfoque hoy día dominante, es cuestión de número, no de calidad de las prestaciones ni menos aún de gestión de la diferencia. Sorprende así que en el reciente Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito el pasado 19 de octubre de 2022, cuando ya hemos entrado de lleno en la tercera década de este siglo, se hable de “retener y potenciar el talento”, pero no se haga ninguna mención a cómo atraerlo y menos aún a cómo captarlo, como si tal atributo fuera un don de la humanidad en general y de la juventud en particular. El relevo generacional se viste de “juventud”, condición necesaria, pero en ningún momento se habla de atraer a los mejores. Hablar de talento público se ha convertido hoy en día en un mito o eslogan vacío, más aún cuando el sesgo dominante de los actuales procesos de incorporación de efectivos al sector público (unos por exceso formal y la mayor parte por defecto material) van precisamente por el camino contrario. La atracción de la función pública de élite en la AGE convence sobre todo a hijos de altos funcionarios (por razones de estatus), a aquellos que pretenden utilizar el acceso a un cuerpo como trampolín al enriquecimiento en el sector privado o a quienes quieren vivir de la nómina pública el resto de sus días. También los hay que son llamados por la idea de servicio público, pero no tantos como debiera. En el empleo público territorial, la opción dominante es por la comodidad existencial (proximidad) y por la seguridad que proporciona trabajar en lo público, con bajas o inexistentes exigencias de acceso. Tengan claro que nunca habrá talento en el sector público si el acceso está reñido con la gestión de la diferencia y la promoción del mérito. Nada se retiene y menos aún se promueve, cuando no existe. El llamado talento público es expresión hoy en día fortuita de una individualidad, algunas veces incluso extravagante e incómoda en estructuras planas e inservibles, no es una política de recursos humanos de la función pública. No nos engañemos.

Un modelo fracasado. Tres ejemplos: Digitalización, gestión de fondos europeos y (falta de) continuidad de los servicios públicos.

Hay muchos ámbitos donde el fracaso de la institución del Empleo Público se palpa de modo diáfano. Uno de ellos es la digitalización mal entendida, proyectada esencialmente en clave endógena (más recursos tecnológicos para la Administración “electrónica” y más competencias digitales para su personal), con el efecto placebo de mejorar (aparentemente) la eficacia de los servicios internos, pero que, sin darse cuenta, está configurando en muchos casos  una Administración distante  y antipática como fortín inaccesible a la ciudadanía que, tras la fría pantalla y la despersonalización del trato maquinal, está empezando a ofrecer rasgos de fuerte deslegitimación y, por añadidura, también hacia quienes a ella dicen servir. Una Administración Pública que funciona de modo intermitente a pleno rendimiento escasamente siete meses al año, mientras que en el resto del período anual (por cierto, casi toda a la vez) buena parte de su plantilla vaca, disfruta de permisos y licencias, o se construye “puentes o acueductos”, difícilmente puede garantizar el también tópico de la continuidad de los servicios públicos. Guste más o guste menos, con excepciones que sin duda las hay, y por muchas más razones que no se pueden sintetizar aquí, los servicios públicos a la ciudadanía funcionan cada día peor, por mucho de que, tras más de treinta años, se siga insistiendo en la persistencia inútil de modernizarlos (expresión, por cierto, gastada ad nauseam).

Los ejemplos se podrían multiplicar. Pero el más lacerante en estos momentos se halla en el fracaso de conducción y gestión que están suponiendo los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación. Tras casi año y medio desde la aprobación del PRTR por la Comisión, parece obvio resaltar que los fallos de gestión  son clamorosos. Como ya indiqué en su momento, las posibilidades de que tal gestión se atragantara era un riesgo evidente, que parece confirmarse. La Administración General del Estado se echó bajo sus espaldas un pesado fardo de gestión (con evidentes intenciones políticas de rentabilizarlo políticamente en el próximo año electoral), articulando un modelo de Gobernanza cuarteado en Departamentos y con un liderazgo ejecutivo orientado a la fiscalización de los recursos, pero sin apenas liderazgo coordinador efectivo. Además, la AGE pretendía modificar su estructura de funcionamiento a través de la multiplicación de las unidades provisionales de gestión departamental de fondos que tenían como misión captar talento interno en una materia en la que los recursos personales de gestión no abundaban y que más bien había que crearlos ex novo con programas formativos, que han sido impulsados con notable tibieza. Pero lo más serio es que se olvidaba que la AGE  podía tal vez ser una organización con fuertes atributos de concepción y coordinación, pero sin apenas músculo ejecutivo (salvo en departamentos puntuales). Gestionar fondos europeos sin capacidades ejecutivas detectadas, tal como advirtió Mariana Mazzucato, se  convertía así en una misión imposible. Que es lo que está pasando. Unos (AGE) echan la culpa a otros (CCAA) y estos a aquellos. Y la casa sin barrer.

El enorme retraso en el proceso de gestión de fondos europeos se ha pretendido resolver en algunos casos puntuales con el recurso fácil de la externalización. En otros casos se ha acudido a la búsqueda inútil  de “talento externo” (contrataciones) o la captación de directivos temporales provenientes del sector privado (lo mismo que meter un pulpo en un garaje). Llama así la atención que, tanto en la Administración General del Estado como en numerosas Comunidades Autónomas (en algunos casos de forma muy reciente), se haya llegado a la lapidaria conclusión de que no existen recursos personales internos (esto es, que no hay el tan manoseado talento interno del RDL 36/2020) para llevar a cabo tal gestión de fondos europeos. Si una institución de función pública o de empleo público es incapaz de proveer del talento y de la capacidad de gestión necesaria para afrontar un desafío contingente en el que el país se juega parte de su futuro existencial, sencillamente cabe concluir que no sirve para los fines que fue creada.

Los desafíos pendientes y la oportunidad perdida: ¿Reconstruir la Función Pública?

El reiterado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, aboga por reformas en el marco legislativo actualmente existente para insertar las mejoras  en el estatuto  de los propios empleados públicos. La visión estratégica de este Acuerdo es muy limitada y timorata. Da la impresión de que se ha perdido una oportunidad histórica para llevar a cabo un verdadero diálogo social estratégico, que pusiera frente al espejo los verdaderos problemas por los que atraviesa esa institución que se rebautizó con el enunciado de Empleo Público. Tal vez ha llegado el momento de repensarla por completo y abrir un proceso de reflexión estratégica que redefina su inevitable transformación para que las Administraciones Públicas se enfrenten a los enormes desafíos que se plantean en esta tercera década del siglo XXI, ya que con este destartalado empleo público actual nunca se podrán abordar de forma cabal.

Algo habrá que hacer para afrontar, entre otras muchas cosas, la recuperación económica y la necesaria resiliencia de nuestro sector público, amén de su inaplazable transformación; la revolución tecnológica y sus inmediatos impactos en su afectación tanto al número como al perfil de los empleos (funciones y tareas) que requerirá la Administración Pública antes de 2030; el imparable relevo generacional que implica un desafío de magnitudes estratosféricas frente al cual las Administraciones Públicas, conducidas por una política miope, no tienen aún ni siquiera una hoja de ruta clara sobre cómo enfrentarse a ese problema; y en fin, por no seguir, cómo encarará el sector público los monumentales desafíos, que ya no son amenaza sino realidad palpable, de los devastadores efectos del cambio climático o de la propia gestión de los ODS de la Agenda 2030, cuya transversalidad exige una organización distinta, mucho más flexible y adaptable, que trabaje por misiones (véase, por ejemplo, el interesante caso del Ayuntamiento de Valencia: Misión Climática 2030), module el rol de los silos o departamentos, y, por lo que ahora nos convoca, que disponga de servidores públicos con una mirada, un marco conceptual, así como unas herramientas de gestión absolutamente distintas y distantes de las que actualmente manifiesta un empleo público que, como institución, se muestra obsoleto, caro e incapaz, por lo menos hasta ahora, para dar una respuesta  mínimamente convincente a todos y cada uno de los problemas expuestos.  En suma, se constata fehacientemente el fracaso de un modelo.

CRISIS INSTITUCIONAL Y SEPARACION DE PODERES EN UN ESTADO “CLIENTELAR” DE PARTIDOS

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(Foto cedida por Fernando Escorza Muñoz, reservados los derechos de reproducción)

“El poder del político para designar al personal de los organismos públicos, si se emplea de una manera implacable, bastará a menudo por sí mismo para corromper dicha función supervisora”

(Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y democracia, vol. II, Página Indómita, 2015)

Degradación institucional y papel de los partidos

El deterioro institucional de las instituciones en España viene de lejos, aunque se haya agudizado recientemente por la confluencia, principalmente, de dos elementos: en primer lugar, la polarización política extrema que, rotos los escasos puentes existentes, ha conducido a insensatas políticas de bloqueo o de manifiesta incapacidad negociadora, pero también a una concepción cada vez más acentuada de que las instituciones son “un cortijo” propiedad del Gobierno de turno y del partido mayoritario de la oposición; y, en segundo lugar, paradójicamente, el cada vez más bajo sentido institucional de representantes, gobernantes y cargos institucionales, que extraídos, por lo común, de menguantes nóminas de militantes y de fieles, dependientes o “independientes”, de los partidos en liza, ha contribuido a que esas instituciones se desangren y pierdan altas dosis de credibilidad ciudadana.

Cuanto menos militancia y predicamento en la sociedad civil tienen los partidos, más cerrados y oligárquicos se están volviendo. Alejados cada vez más de la sociedad (Piero Ignazi, Partido y democracia, 2021), su continuidad existencial depende en última instancia de seguir viviendo enchufados a los presupuestos públicos y de disponer de un abanico de poltronas (representativas, institucionales o de cargos directivos en la administración y en su sector público) para repartir presupuesto entre los suyos y sus allegados. Ese parece ser el pegamento ideológico que da cohesión hoy en día a unos partidos que, como reconoció Peter Mair (Gobernando el vacío, 2015), viven adosados al Estado, y hacen del populismo y la demagogia sus señas actuales de identidad. Que nadie se sorprenda, por tanto, si la ciudadanía les vuelve la espalda y la antipolítica crece.

El intento de control de las instituciones por los partidos es una tendencia general, pero en España adquiere tintes descarados. Tampoco es de ahora, aunque ahora se advierta más, o muestre su rostro  más feo. En este país, los problemas anudados a tal patología institucional se multiplican también por dos tipos de circunstancias: por un lado, en términos cuantitativos la ocupación partidista de las instituciones y administraciones públicas adquiere unas dimensiones estratosféricas, que son desconocidas en las democracias avanzadas de nuestro entorno; y, por otro, debido a nuestro pesado legado histórico y al secular desprecio por el papel las instituciones, la cultura institucional está en caída libre. El sentido institucional brilla por su ausencia. Apenas cotiza.

El principio de separación de poderes entre legitimidad democrática, corporativismo e imparcialidad

La carencia de cultura institucional implica que prácticamente por ningún líder ni fuerza política se advierta que el constitucionalismo es, en esencia, un límite al ejercicio del poder, y de que una pieza esencial del funcionamiento institucional de un sistema de separación de poderes radica en diseñar y aplicar de forma adecuada mecanismos efectivos de pesos y contrapesos como frenos del poder, pues tales límites o restricciones son –según reconoce Fukuyama- “una especie de póliza de seguros” del Estado Constitucional (El liberalismo y sus desencantados, 2022), que le diferencia de las autocracias, donde los límites institucionales al poder apenas existen.

Bien es cierto que la separación de poderes convive necesariamente con la legitimidad democrática. Sin embargo, fue antes el huevo que la gallina. Suman, no restan. La arquitectura institucional de pesos y contrapesos nació ante que el Estado democrático, como un diseño institucional encaminado a limitar el poder despótico. El fundamento exclusivo en la legitimidad democrática de los nombramiento de cargos o de personal directivo, sin enmarcarlo adecuadamente en la estructura institucional en la que opera, conduce inevitablemente a la politización de las instituciones y de su propio funcionamiento, supone la quiebra la continuidad institucional (siempre vicaria de la contingencia del poder político de turno) y traspasa el campo de batalla de la lucha política descarnada, tal como estamos viendo a menudo, a las instituciones de control, reguladoras o a la alta Administración. Todo se resume en el nocivo dilema de “si es uno de los nuestros”.

En un contexto de alta polarización, la incidencia de la política sobre las instituciones puede ser letal. Efectivamente, los poderes y su pretendida división y control se difuminan en el juego de mayorías/minorías o en el enfrentamiento de bloques, reduciendo la vida institucional a una prolongación de la dicotomía schmittiana entre “amigo/enemigo” político. O dicho de otro modo, quien gana las elecciones se lleva todo (especialmente en aquellas instituciones que se renuevan al ritmo o en los plazos de cada mandato político), pero la legitimidad del sistema sangra sin parar. Así, sin contrapesos efectivos, la fuerza del poder (sea este de derechas o izquierdas), se transforma fácilmente, como describió magistralmente Montesquieu (siempre tan citado y pocas veces leído o comprendido), así como por el oráculo de Ciencia Política que fue El Federalista, en abuso flagrante, despotismo benigno (Tocqueville) o, inclusive, en pura tiranía. Donde no hay frenos institucionales, el poder tiende al abuso. Está en la naturaleza de las cosas.

Pero conviene advertir de inmediato que tampoco la separación de poderes se salvaguarda, ni muchísimo menos ahogándola en el corporativismo. El péndulo español de nuestra historia político-constitucional nos ha dado un largo período de liberalismo aparente o formal, junto a varias décadas de predominio corporativo. Somos hijos de ese perverso enfoque bipolar: politización/corporativismo. El saldo, es un fracaso rotundo del país en términos de estabilidad constitucional y gubernamental o administrativa. Por tanto, la despolitización de las instituciones no se garantiza con un mayor peso del corporativismo hasta el punto de hacerlo dominante (sea en el gobierno del Poder Judicial, sea en la alta Administración Pública o sea en cualesquiera otras instituciones permeables a tal patología), sino que se asienta en un justo equilibrio entre legitimidad democrática y articulación efectiva de un sistema de contrapesos,  que comporte no solo dotar de garantía orgánica de independencia o autonomía funcional a las estructuras institucionales, sino también proveerlas de perfiles personales en su composición que salvaguarden y hagan efectivos los principios de profesionalidad, imparcialidad e integridad en el desarrollo de sus atribuciones y en el funcionamiento de las instituciones como órganos de control, reguladores, de gobierno o de dirección pública. Todo ello adaptado al tipo y sentido de cada institución.

En efecto, no es lo mismo proveer de nombramientos para el Tribunal Constitucional, el CGPJ, la CNMC u otras autoridades independientes o para la alta Administración Pública; pues el rol institucional de cada órgano en el esquema de división de poderes y de control del poder es muy distinto, por lo que el peso de la discrecionalidad política (asentada en el principio de legitimidad democrática) juega en el marco de los contrapesos de la limitación del poder y, por tanto, debería ser decreciente conforme el papel de las instituciones fuera, por ejemplo, predominantemente de control y regulador, donde esas garantías deberían ser máximas; o consistiera en funciones de Gobierno de un poder del Estado (como es el Consejo General del Poder Judicial), donde esas garantías deberían ser también muy reforzadas con la finalidad de evitar la politización de la justicia, su dependencia del poder político y, por consiguiente, la puesta en duda de su  actuación imparcial, atributo sobre el que se asienta la confianza ciudadana en ese poder del Estado; o, en fin,  en la provisión de cargos directivos en la alta Administración, donde tales garantías deben estar presentes también, pudiendo estar combinadas (si bien no necesariamente) con un razonable margen de discrecionalidad, que solo debería desplegarse una vez acreditados tales perfiles profesionales (competencias) ante una autoridad independiente de nombramientos (como es el caso de la CRESAP, en Portugal) por quienes aspiran a esos niveles de responsabilidad. En España estamos a años luz de tales experiencias y algunos intentos (salvo en el mundo de la cultura) se han saldado con estrepitosos fracasos por el pésimo diseño procedimental y el manoseo político indecente (RTVE). Si el mérito no funciona y la designación pura política se impone, la captura de las instituciones por los partidos es un hecho inevitable, salvo que se rescate del baúl de la historia el mecanismo de elección por sorteo (Bernard Manin).

España como paradigma de un Estado clientelar de partidos

Lo cierto es que difícilmente puede actuar como contrapeso del poder (y, por tanto, de forma imparcial, profesional e íntegra)  quien es amigo del Gobierno o de los partidos que le han promovido y que en no pocos casos ha sido colocado en las instituciones de control para actuar como correa de transmisión del partido que le propuso. Como expuso Pierre Rosanvallon en el que es probablemente el mejor libro para comprender el papel de los órganos de control en un sistema constitucional (La legitimidad democrática, 2010), “la imparcialidad es una cualidad y no un estatus”. Sin instituciones de control independientes e imparciales, pero sobre todo sin personas que las compongan que actúen bajo las premisas de la profesionalidad, imparcialidad, reflexividad e integridad, el sistema constitucional se aproximará cada vez más a una oligarquía constitucional; un régimen que echó raíces profundas en España y que denunció Joaquín Costa hace más de 120 años. ¿Ha cambiado algo desde entonces? No lo parece. España sigue anclada en ese oscuro pasado en el que, tal como se dijo, “el caciquismo (hoy clientelismo) no es (solo) un vicio del Gobierno; es una enfermedad del Estado (y de la sociedad)” (Altamira, Buylla, Posada y Sela; “Observaciones” al informe de Costa sobre Oligarquía y caciquismo como la forma actual de Gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla II, Guara, 1982, pp. 81-82).

Tampoco parece de recibo que se pretendan utilizar las instituciones de control del poder, pervirtiendo su naturaleza y función, como medio de hacer oposición política partidista por vías paralelas cuando no se dispone de la mayoría, ya sea para bloquear esta (vetocracia), o ya sea en prevención de que el poder se pueda perder a corto o medio plazo con la finalidad de hacer la vida política más incómoda al gobernante de turno. Esa estrategia política chusca con efectos instantáneos o diferidos (practicada por doquier), comporta empujar a las instituciones al barro político. Por consiguiente, a la destrucción de su legitimidad institucional y condenarlas al desprecio ciudadano.

España no tiene ni ha tenido tradición democrática liberal en la aplicación efectiva del principio de separación de poderes. Y esa cultura no se adquiere en pocos años ni siquiera en pocas décadas, sino que se asienta con el gradual, equilibrado y correcto ejercicio del poder en el marco de los límites de la política institucional. Incumplir procedimientos daña seria y profundamente la credibilidad e imagen institucional; pero  ofrecer un constante espectáculo de “reparto de cromos” entre el cártel de los partidos (Katz) también afecta  gravemente a la confianza ciudadana y erosiona la democracia.

El hecho evidente es que España, con las profundas raíces de un histórico caciquismo hoy día mutado en clientelismo voraz, representa en estos momentos el vivo paradigma de lo que se puede calificar sin ambages como un Estado clientelar de partidos. El manoseo institucional, más o menos grosero, ha formado parte de la política española desde los primeros pasos del Estado Liberal y se ha practicado con empeño creciente desde 1978 a nuestros días, momento en el que el deterioro institucional amenaza ruina. La clave diferencial radica en que antes, por lo común, los nombramientos recaían sobre personas de cierto prestigio académico o profesional, mientras que en los últimos tiempos se buscan perfiles vicarios, fieles o férreos guardianes de la política del partido que se traslada sin rubor a esos espacios institucionales como prolongación de la política partidista. Hablar en este contexto de separación de poderes y de confianza ciudadana en sus instituciones, es una mera ficción de burdos ilusionistas políticos, en los que ya pocos creen. Y no es buena noticia, precisamente. Tampoco para ellos.

CAMINOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

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“La inteligencia artificial está invadiendo silenciosamente nuestras vidas”

(José Ignacio Latorre, Ética para las máquinas, Ariel, 2019, p. 225)

“En vérité, l’idéologie libérale qui les irrigue depuis leur origine jusqu’à aujourd’hui les rend aveugles à d’autres enjeux cependant connexes. Aucune autre motif que le respect de la vie privée, ne les préoccupe”

(Éric Sadin, L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle. Anatomie d’un antihumanisme radical, Éditions l’Échapée, París, 2018, p. 233)

Felipe Gómez-Pallete y Paz de Torres han escrito un libro –con prólogo de Antonio Garrigues Walker y epílogo de Fernando Gonzáles Urbaneja- que califican de divulgativo, pero que es bastante más que eso, aunque también lo sea. Muy bien escrito, con pulso narrativo mantenido y una excelente sistemática, también muy trabajada, Que los árboles no te impidan ver el bosque  (ACCD/Círculo Rojo, 2022) tiene un subtítulo (Caminos de la Inteligencia artificial) que es realmente el objeto de la monografía, pues se ocupa “de uno de los fenómenos más complejos e influyentes de nuestro tiempo, la así llamada inteligencia artificial” (IA), e intenta desbrozar para el lector profano cuáles son los inciertos senderos por lo que tal noción, tan popular y desconocida al mismo tiempo, podrá transitar.

Arrancan los autores de las dificultades que comporta acotar qué sea realmente la IA, cuando –como bien dicen- ni aún hemos conseguido el consenso científico necesario para definir qué es la inteligencia humana. En verdad, con la noción IA lo que se pretende es, al fin y a la postre, imitar lo humano e incluso superarlo, llegando a ese estadio en el que las máquinas vayan más lejos de lo que hacemos las personas y abriendo esa todavía incierta etapa del transhumanismo, tan bien estudiada en sus múltiples incertidumbres y consecuencias por Luc Ferry cuando trata los problemas éticos, jurídicos y sociales del perfeccionamiento humano a través de la ciencia y la tecnología (La revolución transhumanista, Alianza, 2017), donde ya anuncia –como hacen también los autores-  sobre el posible crecimiento de la desigualdad social que esa concepción aumentada puede implicar. Las palabras de Ferry enlazan perfectamente con la obra reseñada: “Aunque estuviéramos convencidos que la IA fuerte solo es una utopía, la IA débil, que ahora supera, y de muy lejos, algunas capacidades intelectuales de los simples mortales, no deja de plantear problemas muy reales”.

Con el objetivo de acotar qué es y en qué se plasma (y en qué se podrá tal vez plasmar en el futuro) eso que denominamos como IA, los autores se acompañan de muy buenos guías intelectuales, tanto de Margaret A. Boden como de Éric Sadin, así como de Ramón López de Mántaras y Manuel Alfonseca, entre otros muchos. 

De la concepción filosófica de Sadin, toman las tres características de la era antropomórfica de la técnica en la que nos hallamos: 1) El antropomorfismo aumentado; 2) El antropomorfismo parcelario; y 3) El antropomorfismo emprendedor. Las inquietudes que abre ese escenario de sustitución, superador del actual enfoque de complemento, no abandona nunca el hilo de reflexión de este sugerente y estimulante libro que aquí se comenta, en cuyo capítulo final (“Implicaciones sociales de la IA”) muestran su verdadera apuesta por que “el desarrollo tecnológico es una creación social” y, por tanto, “no es neutral en modo alguno”. Un discurso y una tesis que atraviesa todo el desarrollo argumental de su trabajo, huyendo de las concepciones deterministas que, con cínica neutralidad aparente, se invocan tan a menudo como argumento legitimador de la IA.  

Si algo cabe resaltar sobremanera de este libro es su claridad sistemática y conceptual. Digna de aplauso. Los autores abordan cuáles son los motores tecnológicos de la  IA, resumiéndolos en cuatro: hardware, software, big data y robótica. Como bien dicen, “nada nuevo bajo el sol”; ya que, además, la IA “es sobre todo la manifestación de una ancestral pulsión humana: la que nos mueve a crear seres a nuestra imagen y semejanza”, que “nos ayuden tanto a superar nuestras propias limitaciones (…) como a deshacernos de trabajos que impliquen monotonía o peligro”. En fin, la IA, concluyen, es la cara moderna “de un impulso atávico”. Se puede ver como mejora (que lo es), pero también como perfección (que lo pretende) o incluso como sustitución (a la que algunos aspiran).

En efecto, tras un sugerente repaso de cuáles son los actores institucionales que interactúan en la IA, De Torres y Gómez-Pallete se adentran en el estimulante ámbito de las dimensiones de la IA y de sus mapas mentales, concluyendo que la IA debe analizarse en su relación con los procesos de decisión a través del siguiente continuum: ayuda, inducción, decisión y actuación; dado que se trata de un “espectro que va desde la IA como mero facilitador, apoyo o soporte de la acción humana hasta la IA como prótesis de nuestra soberanía”, que podría incluso alcanzar “nuestra autoexpulsión, irrelevancia” o, incluso, prescindir de nosotros mismos, lo que los autores califican como prescindencia, a la que dedican unas importantes reflexiones epilogares. Todo ello levanta sospechas evidentes a quienes escriben, pues efectivamente se advierte un “empeño adanista por presentar a la IA como un fenómeno disruptivo”, cuyos efectos finales aún están plagados de sombras e incógnitas.

Y en este punto la claridad estructural del discurso ayuda al lector a comprender los plurales efectos que cosa tan ambigua aún como la IA pueda llegar a producir en nuestras sociedades y, especialmente, a las personas. La superación radical de ese mundo analógico para llegar al paraíso artificial, tras una transición más o menos larga (según quien opine) de profundización digital en las tecnologías disruptivas, está, sin embargo, empedrada de innumerables sombras.

Los apóstoles de la singularidad apuestan por una IA aumentada (mayor o superior que la inteligencia humana, IH). Hay, en cambio, quienes más prudentemente se mueven en que IA y IH son diferentes, lo que no implica que puedan ser complementarias (IH + IA), cooperen y sumen esfuerzos. Mientras que hay, por último, opiniones que abogan por una IA que siempre será menor  o inferior a la IH. Las diferencias descritas los autores las sintetizan en cuatro grandes posturas: a) Superación; b) Hibridación; c) Semejanza; y d) Completitud.

Pero, quizás, dónde los retos de la IA se plantean de modo más crudo es, por un lado, en el déficit innegable de regulación (el Derecho, desgraciadamente, va siempre por detrás de la realidad) que hoy en día existe, tanto en la UE como especialmente en España; por otro, en los complejos aspectos éticos que se plantean en torno al desarrollo imparable y acelerado de la IA, que deberían ser abordados a partir de un enfoque de riesgos preventivo desde el diseño a su aplicación, como obligación del investigador y, en su caso, de la empresa que comercialice tales programas, debiendo contrastar sus actuaciones y previsibles resultados a través de comités de ética (al igual que sucede en la biomedicina); y, en fin, en lo que los autores tratan con especial atención como son “las implicaciones sociales de la IA”, donde contraponen, una vez más, la visión del determinismo tecnológico frente a la apuesta del constructivismo social, que defienden lúcidamente.

Partiendo de ese esquema dicotómico, la obra se cierra con unas sucintas reflexiones sobre las que giran los debates entre determinismo y constructivismo social ante la evolución de la tecnología, como son los siguientes:

En primer lugar, el debate de la inteligencia, que abre, sin duda, la incógnita de hasta qué punto el progreso de la IA no conllevará el debilitamiento de las capacidades físicas y mentales del ser humano, lo cual ya fue advertido en su día por el neurocientífico italiano Lamberto Maffei.

El segundo debate es el de la presencia, que conlleva la inquietud y el temor a que el propio ser humano sea finalmente expulsado de sí mismo, lo que podría conducir a la irrelevancia e incluso –como antes advertíamos- a abrir de par en par “las puertas a una nueva desigualdad entre las personas”

En tercer lugar está el debate –del que algo ya se ha dicho- de la regulación. No basta con decir que la IA respete la dignidad humana y los derechos fundamentales, lo que va de suyo en un Estado constitucional democrático y social de Derecho, sino en concretar qué límites se ponen desde el marco regulador a los sistemas de IA que pueden investigarse y desarrollarse. Y acertadamente los autores apuestan “por la regulación en los primeros estadios de la cadena de valor”. Iniciar ese control regulador, como defiende Alfonseca, en la cabecera del proyecto investigador se torna capital. Pero también lo es –como defendió, entre otros muchos, el profesor de Física Teórica José Ignacio Latorre- garantizar, en el marco de los principios éticos, el código abierto y, por tanto, la trazabilidad de quienes han programado tales programas.

Y, en fin, está el debate de cierre, que no es otro que el que se debería producir (y apenas se produce) en la sociedad española. Abrir un debate desde las organizaciones de la sociedad civil (debilidad intrínseca de España) que supere el enfoque actual, necesario si bien insuficiente, del mundo académico (acantonado en áreas de conocimiento o especialidades incomunicadas entre sí). Ello es muy importante en estos momentos. Sin embargo, la sociedad española, abducida por los desarrollos tecnológicos que compra y aplica sin límite ni prudencia cabal, apenas advierte en estos momentos hacia dónde vamos ni menos aún en qué puede terminar (o hacia donde se encamina) el imparable desarrollo de la IA. Afortunadamente, estamos en la UE, que protege los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero también hay que ser consciente de que juega en un mercado globalizado del que no puede descolgarse. Este último es tal vez el flanco más débil frente a la IA.

En suma, la pregunta, como bien se hacen los propios autores, es cómo abrir un debate honesto y amplio sobre la IA, aprovechando sus efectos sin duda beneficiosos para el desarrollo económico y social, que armonice cabalmente el desarrollo tecnológico con la persona, y lo que es capital identificando y regulando sus inevitables peligro. Tal como ponen los autores en palabras de Margaret A. Boden “antes de que resulte demasiado tarde”.

Un libro, por tanto, que llama a la implicación ciudadana en este debate y del que cabe recomendar su lectura a toda persona que tenga inquietudes en torno a la IA, pero asimismo de todo aquel que quiera comprender mejor qué es y cómo puede evolucionar en los próximos tiempos esa llamada inteligencia maquinal, que en puridad no es humana ni –al menos eso creo- podrá serlo nunca, salvo que el individuo termine siendo finalmente esclavo de “su ciencia”.

ANEXO: Entrevista a Felipe Gómez-Pallete en el diario El País 9 de septiembre de 2022: https://elpais.com/tecnologia/2022-09-07/felipe-gomez-pallete-presidente-de-calidad-y-cultura-democraticas-estamos-jugando-a-ser-dios-con-la-inteligencia-artificial.html

DE NUEVO SOBRE LA SELECCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

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(Foto cedida por Fernando Escorza Muñoz, reservados los derechos de imagen)

“Aquellos que poseen las cualidades de reconocer los problemas, de imaginación e intuición, cualidades esenciales para el futuro, se encuentran, sino apartados de todo puesto de responsabilidad importante, sí, al menos, fuertemente penalizados en su carrera futura”

(Michel Crozier, La crisis de la inteligencia. Ensayo sobre la incapacidad de las élites para reformarse. INAP, pp. 140-141)

Como uno no puede reinventarse todos los días, utilizaré como base de partida para esta entrada un esquema ya dibujado en 2018 que partía por enunciar 12 tesis y 6 hipótesis sobre la selección de empleados públicos y su futuro, con las necesarias precisiones y adaptaciones, así como con la inevitable advertencia de que el futuro que entonces dibujaba ya es presente; y de que también nada apenas se ha avanzado: los mismos problemas de entonces siguen siendo los de ahora. Pero no repetiré lo ya expuesto; el lector interesado puede consultarlo (aquí) (aquí) y (aquí).

El relevo silente de una generación de funcionarios y empleados públicos que se está jubilando en masa ya está plenamente en marcha (y, al parecer, a casi nadie importa que ese conocimiento se vaya al garete), pero la entrada de ese relevo generacional manifestado en un talento joven tan ansiado y apetecido por discursos gubernamentales que no tienen traslado en la práctica, no termina nunca por llegar. El tapón de la  estabilización de centenares de miles de interinos tiene devoradas las energías gestoras (pues no las hay de otro tipo) en las Administraciones Públicas españolas. La planificación estratégica en el ámbito de la selección ni se asoma. Y ello seguirá siendo así, salvo sorpresas, por unos cuantos años. Que nadie se llame a engaño. Luego, en el peor de los casos, a “tirar de bolsas” de esos procesos basura (pues nada realmente miden) para cubrir las necesidades del sector público con los residuos de la estabilización.

Esa será la tónica dominante en la inmensa mayoría de las administraciones territoriales. No así en la Administración General del Estado, donde aún permanecen incólumes (aunque con algunos desgarros) las oposiciones libres a la vieja usanza. En estos casos, la arquitectura de estos procesos obedece a pautas decimonónicas con ajustes realizados el pasado siglo, basados en pesados temarios, muchas veces destartalados en su configuración por añadidos derivados de los irrefrenables y constantes cambios normativos, sobre los cuales pretendidamente se medirán los conocimientos (y, en el mejor de los casos, alguna destreza) por órganos de selección cuya medida de las cosas (para atenuar la siempre difusa discrecionalidad técnica) radica en una plantilla o “respuesta-patrón” (necesaria  e inevitable en las pruebas test y extensiva, aunque no siempre, a las pruebas de conocimientos y destrezas). En verdad, salvo situaciones muy puntuales, las oposiciones en la AGE siguen girando en torno a un peso excesivo de la memorización de datos e informaciones puntuales, con escasa atención (salvo en cuerpos muy singulares)  a la inteligencia del sistema o al marco conceptual en el que se mueven tales exigencias de conocimientos, promoviendo, así, la selección de funcionarios de tramitación con innegables recursos aplicativos y ejecutivos, pero mucho menos orientados hacia la concepción e innovación, que habitualmente se penaliza por la propia lógica de un sistema periclitado.  Las pruebas de aptitudes y actitudes están ausentes.

Los cambios de modelos selectivos nunca son fáciles. Y probablemente haya que adoptar medidas de prudencia en su incorporación, por muchas causas que ahora no pueden ser citadas, pero entre ellas no cabe olvidar que la cultura burocrática es un legado cuya alteración no es precisamente fácil de alterar. No hay nada mejor para comprobarlo que la salida en tromba que se produjo por parte de determinadas asociaciones de altos funcionarios de la AGE o de respuestas incluso procedentes del mundo académico (con olvido sobre cómo se selecciona allí a su profesorado)  frente a un documento que promovió el entonces Ministerio de Política Territorial y Función Pública en mayo de 2021 (Orientaciones para el cambio de selección en la Administración General del Estado). Las propuestas allí contenidas son, en general, razonables, con un sensato objetivo (aspiración también del “viejo” EBEP) de homologar nuestros procesos selectivos a los existentes en las democracias avanzadas (pues hoy en día, en nuestro caso, son procedimientos obsoletos, escasamente ágiles y con déficits evidentes de reflejar la diversidad y de captar auténtico talento), aunque en su comunicación se cometieron errores de bulto. Otra cosa es el timing de su aplicación y sobre todo su ritmo o intensidad.

Las resistencias de las élites a transformar los procesos selectivos tienen causas muy variadas. Interviene, sin duda, una concepción corporativa y conservadora; pero también presiones de esa figura infausta de “los preparadores” o de las “academias privadas”. Un modelo ancestral y que abona la desigualdad y castra la transformación, cuando no resulta éticamente (y jurídicamente) altamente discutible (percepciones “en negro” de los preparadores). Pero, también sabemos que en este país los amplios espacios de discrecionalidad en una materia tan sensible cómo la selección de personas que ingresarán con vocación de estabilidad en las nóminas públicas, han sido siempre “el portillo” por el que se han cometido innumerables tropelías, atropellos, cacicadas y terreno expedito para que el clientelismo, cuando no el amiguismo o el nepotismo, afloren por doquier (argumentos siempre esgrimidos por los defensores de las oposiciones tradicionales: léase, a tal efecto, el preámbulo de la Ley orgánica provisional del Poder Judicial de 1870, sí, del siglo XIX; donde se encontrarán las mismas razones hoy esgrimidas por los defensores a ultranza de las oposiciones tradicionales). De ahí nació la exigencia de temarios, los sorteos o “bolas” que se debían desarrollar, y la memorización literal de contenidos, requisitos y sobre todo datos y enunciados legales. Así se objetivaron los procesos selectivos en España y se puso coto (relativo) al enchufismo. Y allí nos quedamos.

La clave está, sin embargo, en cómo buscar un sano equilibrio, siempre necesario, entre seleccionar a los mejores candidatos en procesos abiertos y competitivos, evitando que sólo o preferentemente midamos conocimientos memorísticos aplicados a datos adjetivos o informaciones cuya mera reproducción no incorporan realmente valor añadido. No cabe, en  ningún caso, despreciar la memoria, siempre necesaria para una correcta inteligencia de los problemas y su contexto. Uno de los errores actuales de nuestro sistema educativo consiste precisamente en demonizarla gratuitamente. El conocimiento exige esfuerzo, estudio y aplicación memorística. Pero, para ser funcionario se requieren además muchas otras cosas, y no solo esa (aunque esa también). En particular, aptitudes y actitudes.

Si la AGE está encontrando escollos sinfín para modificar sus sistemas de acceso, que, por lo demás, son casi los únicos que siguen manteniendo como principio vector la oposición libre, muchas administraciones territoriales se están dando un auténtico empacho de preterir el acceso libre y ya sólo se ingresa en ellas pasando por el peaje de la condición de “meritorio/interino” a la que se accede por un sistema de espurias “bolsas de trabajo” (en el mejor de los casos) o por medio de enchufes encubiertos o nombramientos de urgencia mal justificada. Allí el sistema de acceso está pervertido de raíz y mucho costará, si algún día se consigue, enderezarlo.

Por ello resulta refrescante que al menos alguna Comunidad Autónoma recobre la cordura y sea consciente de que, sin función pública profesional cualificada, no hay ni habrá buenos servicios a la ciudadanía y menos aún capacidad ejecutiva de la propia política. El Informe que elaboró un grupo de trabajo sobre Medidas para la innovación en los procesos de selección de personal al servicio de la Administración de la Generalitat en la Comunidad Valenciana, es, en efecto, un soplo de aire fresco, al margen de que algunas de sus propuestas puntuales pudieran ser discutidas en su diseño y en su (más que compleja) ejecución.  Son propuestas nuevas, de cierta valentía y sobre todo mayoritariamente sensatas para llevar a cabo una evolución gradual desde un subsistema de función pública envenenado por la temporalidad y la desprofesionalización hacia otro que redescubra el talento y apueste por captarlo de forma adecuada en beneficio de los intereses públicos. Bien es cierto que a ello ayuda que la propia Ley de Función Pública de la Comunidad valenciana (Ley 4/2021) haya puesto un umbral mínimo del 50 % de las plazas que se convoquen para ser cubiertas por medio de la oposición libre. Algo es algo, y en este caso (viendo el panorama comparado) es mucho.

La clave de bóveda está –como bien expone el documento- en cómo diseñar los procesos selectivos, cómo ejecutarlos y, también, en cómo dotar de órganos de selección que efectivamente puedan llevar a cabo esas tareas (el verdadero talón de Aquiles del cambio de modelo selectivo). Tampoco hay una solución fácil sobre cómo seleccionar cuando el modelo (por decisión del legislador básico) de función pública es híbrido (cuerpos/puestos de trabajo), que hipoteca todo el sistema de gestión de personas, particularmente la fase de selección.  Es quizás más discutible esa preterición, hoy en día tan de moda, de los conocimientos memorísticos (no confundir el dato adjetivo con la información necesaria para disponer de un adecuado marco conceptual que anticipe y resuelva los problemas, que hoy en día está tan abandonado). Más aún cuando la paradoja consiste en que las interesantes pruebas de habilitación que se prevén desarrollar (“tipo MIR”; aunque mucho habría que hablar sobre ello) descansan inicialmente sobre unos test, que por lo común volverán a poner el peso en la información o el dato adjetivo o circunstancial, pues es infinitamente complejo elaborar un test sólido de conocimientos que tenga por finalidad comprobar el adecuado marco conceptual de los aspirantes en esa materia. Lo más fácil cuando de elaborar test se refiere, y a lo cual siempre se acude (también por “seguridad jurídica”; esto es, para evitar impugnaciones), es ir al dato puro, que se debe memorizar por tanto. Mucho habrá que trabajar para mejorar esas trabas hoy en día existentes y arraigadas en la cultura de los test de acceso a los cuerpos y escalas de funcionarios (también, lo cual es más llamativo, del subgrupo A1). Solo mejorando eso ya se habrá dado un gran paso. Los ejercicios de composición y destrezas deben tener también otro enfoque. Si bien el plato fuerte del modelo radica en un período de prácticas y también se presume que formativo en el que se pretenden evaluar las competencias, antes del acceso definitivo a la plaza. El proyecto es innovador y, por tanto, habrá que ver cuáles son sus resultados. 

En fin, mucho habría que hablar también de esas pruebas de habilitación, dado que, como cualquier novedad en este país generará resistencias y suscitarán (ojala me equivoque) infinitos problemas aplicativos en la práctica, salvo que su diseño y desarrollo reglamentario o sus respectivas bases eviten u orillen tales nudos o cuellos de botella. El acceso a los altos cuerpos de la función pública (esto es, a quienes van a ser la élite de la Administración durante toda su vida profesional) debe venir en todo caso acompañado de pruebas de acceso exigentes que midan las capacidades de comprensión y aplicación de los marcos conceptuales, las destrezas escritas y orales, así como el conocimiento preceptivo de al menos una lengua extranjera (inglés, preferentemente)  y de acreditar las competencias digitales necesarias. Sin ese mínimo nunca se captará talento. Los test son un filtro muy relativo y a veces equívoco.  A todo ello habrá que añadir las habilidades y soft skills  oportunas y necesarias. Bien es cierto que valorar tales habilidades choca siempre contra el muro de los tribunales de justicia, cuya incomprensión de los procesos selectivos innovadores es manifiesta, dado que no cabe olvidar que los jueces en este país se seleccionan por los métodos más arcaicos que puedan imaginarse. Ni siquiera tienen ejercicios prácticos en la oposición (sí luego en la Escuela Judicial), pero tampoco prueba alguna psicotécnica  (lo que contrasta con otros modelos comparados). Pero para ellos que, han atravesado así el Jordán y besado la Tierra Prometida, los procesos memorísticos puros son los ”válidos”. Los demás, bajo sospecha. 

Debe quedar claro que transformar los procesos selectivos de la función pública exige avanzar decididamente en unos objetivos marcados en una hoja de ruta (estrategia), pero su aplicación debe ser gradual, ensayando innovaciones puntuales y, una vez contrastadas, asentándolas para siempre. Las instituciones como la función pública se mueven siempre en una tensión entre continuidad y cambio, que debe gestionarse bien.  La reforma radical de los procesos selectivos no parece factible o estará plagada de innumerables dificultades: la política no la entiende, el corporativismo  se opone, los sindicatos la ignoran y los aspirantes a plazas de la Administración viven atrapados aún en esa vieja cultura de “la oposición” como encierro memorístico.  A mi juicio, no hay otro camino que el gradualismo, dar pequeños y decididos pasos y tener mucha constancia en su aplicación, si no se quiere seguir inmerso en este infinito estancamiento en el que se encuentra lo público en este país. La parálisis es lo contrario a la transformación. Y caminar hacia un escenario transformador requiere también que las élites, políticas y funcionariales, lean correctamente el momento y adopten las mejores soluciones. Lo que no parece que esté pasando en nuestro días, salvo honrosas excepciones que esperemos tengan éxito.

2022: EL PACTO VERDE EUROPEO TRES AÑOS DESPUÉS

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(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz, reservados los derechos de imagen)

“La atmósfera se está calentando, y el clima cambia de año en año” (Pacto Verde Europeo)

No puede ser más certera esa afirmación que aparece en las primeras líneas del Pacto Verde Europeo (2019). El Pacto, hijo de una pesada herencia y un preocupante contexto, de la Agenda 2030 y del Acuerdo de País de 2015, es una mirada estratégica hacia un futuro plagado de desafíos, que pretendía imbuir dosis de optimismo por quien lidera la lucha contra el cambio climático, y que el duro acontecer cotidiano está desmintiendo un día sí y otro también. Es increíble cómo envejecen a velocidad del rayo propuestas sensatas en esta década plagada de incertidumbres y sobresaltos sinfín.

En España, el Pacto Verde es mucho más citado que conocido. Y menos aún aplicado. Siempre en este país ha existido una tendencia general a hacer como que se hace, pero realmente a hacer muy poco o nada. Transformar la economía y la sociedad, tal como pretende el Pacto Verde, en línea con la estrategia de crecimiento y competitividad que alumbra su trazado futuro, no es precisamente un objetivo sencillo de cumplir, sino todo lo contrario. En una reciente Comunicación de la Comisión (Directrices sobre ayudas estables en materia de clima, protección del Medio Ambiente y energía 2022) se reconoce que el reto inversor para llevar a cabo tal transformación es lisa y llanamente estratosférico (más de 500.000 millones de euros hasta 2030). Ahí es nada. Por  mucho que se rieguen de subvenciones y “ayudas” esa pretendida transición hacia el Edén  de la neutralidad climática en lo que a gases de efecto invernadero respecta, el optimismo inicial (con el contexto geopolítico y económico actual) puede convertirse en una decepción relativa o, en el peor de los escenarios, absoluta. Como el mismo Pacto Verde indica, no está sólo en manos de la Unión tal giro; pues el cambio climático es un problema global, en sus causas y consecuencias. Está muy bien convertirse en adalides de la diplomacia ecológica o climática; pero la UE es lo que es en la escena global. Y no irá a más.

Lo cierto es que la sensibilidad ciudadana y política sobre el cambio climático únicamente se advierte cuando las garras del desafío existencial devastan su propio entorno. Y en 2022 muchos países y no pocas personas lo están comprobando en sus propias carnes. Parece obvio constatar ese calentamiento acelerado de la atmósfera y ese cambio climático que cada año (mejor dicho cada verano, por cierto también cada vez más extenso) se hace trágica realidad, por las muertes que comporta, la pérdida de calidad de vida y, especialmente, los devastadores incendios, la escasez de recursos hídricos y la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, por no hablar de la afectación directa o indirecta a la economía y al bienestar general. El drama está ya en la puerta de casa. No es sólo una amenaza existencial, es una tozuda realidad presente. Y viene a echar raíces.

El Pacto Verde tiene, en efecto, una mirada sensata sobre cómo hacer frente desde Europa a ese reto global. Desde su aprobación en noviembre de 2019, ha conseguido –lo cual no es poco- hacer efectivos los compromisos escritos de aprobar un abanico de estrategias sectoriales u horizontales, que son documentos sólidos (aunque no exentos de cierta retórica autocomplaciente) para hacer frente a un devastador fenómeno que tiene mil caras, ninguna de ellas precisamente amable. Pero en esos tres años han pasado y están pasando tantas cosas que es difícil armar cabalmente una estrategia de lucha contra el cambio climático ni siquiera a medio plazo. Las dificultades se hacen aún mayores cuando el horizonte es a 2030 o 2050. Los sobresaltos son constantes, más aún en esta dura e incómoda década que además es determinante para cumplir los objetivos marcados.

En efecto, las interesantes líneas de trabajo hacia una energía limpia que comporte el abandono paulatino de los combustibles fósiles  (no se olvide que el consumo de energía representa el 75 % de las emisiones de la UE) se está viniendo abajo por motivos de sobra conocidos. El diagnóstico es muy claro: “Ahorrar más energía y utilizar más energías renovables es un factor clave para el empleo, el crecimiento y la reducción de emisiones”. Los problemas comienzan cuando de la letra se ha de pasar a la acción, más en el actual contexto. La transición “justa” hacia un modelo energético sostenible tiene visos de hacerse cada vez más cuesta arriba. Siempre habrá ganadores y perdedores. Los objetivos a medio plazo (2030, 55 %) y largo plazo (2050) de neutralidad climática están teniendo dificultades adicionales, al menos de forma inmediata. La nueva Ley del Clima Europea fue aprobada en 2021 concretando los retos que se recogerían en la Comunicación Objetivo 55: cumplimiento el objetivo climático hacia la neutralidad climática. Previamente, se diseñó el programa de los fondos Next Generation EU y también se previeron diferentes fondos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 orientados a ese mismo objetivo (transición ecológica), a los que se han añadido recursos adicionales para poder hacer efectiva ese complejo reto dibujado por el Pacto Verde y en sus diferentes Estrategias.

A inicios de 2021, con la premisa de la Comunicación de la Comisión Forjar una Europa resiliente al cambio climático, el Consejo aprobó las Conclusiones relativas a La nueva Estrategia de adaptación del cambio climático en la UE, donde aplaude la línea emprendida por la Comisión. Asimismo, en junio de 2021, se aprobó el crucial Reglamento (UE) 2021/1119, sobre marco para lograr la neutralidad climática (más conocido como Ley del Clima Europea), donde se emplaza a los Estados miembros a diseñar estrategias alineadas con la propia de la UE. Siendo todas ellas iniciativas muy relevantes, como lo es sin duda la aprobación en 2022 del VIII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030, da la impresión de que todo ese esfuerzo reflexivo y propositivo no termina de producir efectos tangibles, pues, muy a pesar de las opiniones institucionales, de que los factores extremos son muy frecuentes (incendios, inundaciones, períodos de sequía, etc.), lo cierto es que los denominados “factores de evolución lenta” ya han dejado de ser tales y cada año son más tangibles, mostrando en el verano de 2022 su peor cara.

Se extiende, por consiguiente, una cierta sensación de impotencia. Las políticas que afectan al desarrollo del Pacto Verde Europeo deben tener un enfoque integral y desplegarse en un escenario –como dice el Programa de Medio Ambiente para 2030- altamente descentralizado y de gobernanza multinivel, marcada por un enfoque colaborativo. Y es en este punto donde nuestras debilidades son enormes. Se mostraron plenamente en la crisis Covid19, se están mostrando en la aplicación de la Agenda 2030 y sus diferentes ODS, y si nadie lo remedia se mostrarán también en la puesta en marcha de la estrategia de adaptación al cambio climático.

Somos –como indica la propia Comisión- la última generación que aún puede actuar a tiempo. Ojala fuera cierta esa afirmación, pero cada año que pasa el temor de que estemos perdiendo el tren se acrecienta. La década de la acción a favor de la Agenda 2030, y en particular de su ODS 13, la estamos quemando sin apenas realizaciones efectivas. La propia Comisión reconoce dramáticamente que “lo que logremos en el próximo decenio determinará el futuro de nuestros hijos”. No cabe insistir que estamos jugando, nunca peor dicho tras un verano dramático, con fuego. El tiempo se agota y las posibilidades de reacción se encogen. Mientras tanto, algo muy serio lleva tiempo pasando en este planeta, y sólo nos percibimos de ello cuando las siempre olvidadas amenazas “teóricas” de lo siempre incómodos científicos entran en nuestras vidas y perturban nuestra existencia hasta hacerla insufrible o, ciertamente, mucho más inhabitable que antaño. Tan duro contexto existencial, que irá in crescendo en los próximos años, no se resuelve ni con propuestas contingentes ni menos aún con retórica o gestos vacuos.  No es, aunque haya sensibilidades diferenciadas, un problema de izquierdas ni derechas, como bien apuntó en su día Bruno Latour. Al final todos están o estarán emplazados a resolverlo. Y habrá soluciones integrales o no habrá nada. La política tiene ante sí un reto mayúsculo. ¿Sabrá enfrentarse a semejante desafío? Pronto saldremos de dudas. Si en esto tampoco pactan ni trabajan de consuno, nada habrá que hacer. Convendrá que, si fracasan, se lo expliquen a las “próximas generaciones”. Y, de hacerlo, estas no lo entenderían.

LA POLÍTICA “DE AYER” O LA HUELLA DE UN LEGADO

(Una mirada galdosiana)

bodas reales

“Esto no era más que ‘continuar la historia de España’, y bien tonto sería el que creyese que tal historia podía sufrir interrupción”

(Benito Pérez Galdós, Bodas reales, Alianza, 1985, p. 67) 

(PRELIMINAR: Finalizado este post y antes de su edición, me comunican el fallecimiento de Eliseo Aja, constitucionalista especialmente atento a la historia constitucional de este país, entre sus múltiples focos de atención doctrinal. En un libro escrito conjuntamente con Jordi Solé Tura, Constituciones y períodos constituyentes en España, (Siglo XXI, 1982, 9ª edición), y en relación con el período histórico que se analiza en esta entrada, ambos autores ponen de relieve la fractura del liberalismo progresista que se produce en la regencia de Espartero, y cómo moderados y progresistas no gubernamentales, unidos sólo por la oposición a Espartero, establecen, tras varios pronunciamientos, un gobierno provisional, que dará lugar a una década moderada (1844-1854) capitalizada en su favor por los moderados, que inician –sobre todo bajo el mando de Narváez- una etapa de dura represión del liberalismo progresista (pp. 38-39). Quizás estos precipitados y sobrevenidos apuntes sobre esa importante contribución del profesor Aja, ayuden al lector a contextualizar mejor lo que a continuación se expone.

Vaya este modesto post dedicado a su memoria, y de apoyo a su mujer, Anna, e hija, Júlia, en estos difíciles momentos. Descanse en paz.) 

Nada tiene que ver el contexto de la realidad española de hace dos siglos con el de ahora. Sin embargo, no dejan de ser curiosos determinados paralelismos, pues tal vez nos dibujan que, de forma subterránea a lo que fue una pretendida modernización o transformación radical de este país llamado España sobrevivían comportamientos, conductas, hábitos y formas de hacer política bastante comunes entre quienes gobernaron entonces, lo hicieron después o nos gobiernan ahora.

Para confirmar lo expuesto traeré a colación algunos pasajes del libro Bodas reales de Benito Pérez Galdós, que  cierra la tercera serie de sus Episodios Nacionales. En la extensa obra del autor canario, fruto de su magnífica capacidad de observador y analista, tanto de la realidad en la que vivió como de la histórica, se encuentran numerosas reflexiones sobre la política y los políticos, ese siempre difícil binomio que marida la actividad política con quienes la ejercen.

Ciertamente, la obra citada, especialmente en su primera parte, lleva a cabo una excelente descripción de ese doble fenómeno, con la mezcla siempre genial entre realidad y ficción, aunque cabe reconocer que la pulsión política se proyecta sobre el turbulento período que tuvo lugar en la España de hace casi ciento ochenta años (1843-1844), que conllevó la caída en desgracia de Espartero, el harakiri del progreso tibio y el retorno de los cangrejos, que daría lugar a la llamada (amablemente) década moderada (lo que Josep Fontana denominara como “la contrarrevolución moderada”), años en el que liberalismo progresista, además de perseguido, estuvo ausente del poder, e incluso optó por el retraimiento.

El momento era muy crítico. En efecto, cuando tras el final de la primera guerra carlista tocaba reconstruir política, económica y socialmente un país con parte del edificio constitucional a medio hacer o incluso en ruinas, lo que se advertía era impotencia pura, con dosis evidentes de sectarismo, de quienes tenían  o podían ejercer las riendas del poder. Como describiera Galdós, en la política de aquel momento “todo es pequeño, vulgar, con una mezcla repugnante de candor y de malicia solapada. Los ataques y las defensas de palabra y por escrito revelan afectación y mentira; se hacen y sostienen afirmaciones en que nadie cree”. Los grandes fines programáticos de la actividad política se reducían, así, a la garrulería propia de los intereses personales: “El móvil supremo que late aquí y allí no es más que la necesidad de alimentarse medianamente, la persecución de un cocido y de unas sopas de ajo, ambiciones tras las cuales despuntan otras más altas, anhelos de comodidades y distinciones honoríficas”. Móviles o motores que siempre han sido, más hoy en día, determinantes para iniciar e instalarse en el sendero profesional de la actividad política.

Unos y otros se echaban en cara “las gravísimas corrupciones de la política, que hace a los hombres desvariar ridículamente y decir mil necedades sin creer en ellas”. La sentencia no podía ser más contundente: “La historia de todo gran hombre político (…) no es más que una serie de enmiendas de sí mismo”. Y así giraba la acción política, con mucho ruido y pocas nueces, entretenidos todos los actores en zarandearse unos a otros, sin que las necesidades reales del país merecieran más atención que la puramente anecdótica, pues rara vez (alguna vez lo hubo), se gobernaba cabalmente. Lo normal era la cruda y fatigante batalla dialéctica: “Se pasan la vida entre acusaciones frenéticas y actos de contrición, flaqueza natural en donde las obras son nulas y las palabras excesivas, en donde se disimula la esterilidad de los hechos con el escribir sin tasa y el hablar a chorros”. Y eso que la comunicación política (que hoy en día todo lo cubre, hasta el hartazgo) aún estaba en pañales.

Lo curioso del caso, es que esa clase política de entonces, a diferencia de la actual, estaba plagada (dada la naturaleza oligárquica del primer liberalismo, que se acentuaría en sus limitaciones censales en los períodos de gobiernos “moderados”), de personalidades notables, muchos de ellos ilustrados, si bien una vez que tocaban el poder se transformaban. Y así apareció “una pléyade funesta: hombres de talento en gran número, de brillantez exterior y fecundos en palabra, (pero) enteramente vacíos de voluntad y de rectitud”. De ese modo, como “contrapunto” a los defectos de la Administración esparteril, que a través de su cohorte de aduladores (los ayacuchos) premiaban a sus fieles y castigaban  a sus enemigos políticos, se trajo a España (si no estaba ya) “el imperio sistemático de las camarillas, del caciquismo (hoy travestido en clientelismo), del pandillaje, de las asoladoras tribus de amigos, con desprecio de toda ley”. Todo ese cóctel de políticos del período, de diversa procedencia ideológica (liberales progresistas, moderados centrados y, la mayor parte a partir de entonces, moderados conservadores o, incluso, absolutistas embozados) “nada grande fundaron, ningún antiguo mal destruyeron”.

Lo más relevante, como legado, fue –como expone Galdós- que abrieron la hasta entonces poco transitada profesionalización de la política en España: “Entre todos hicieron de la vida política una ocupación profesional y socorrida, entorpeciendo y aprisionando el vivir elemental de la nación, trabajo, libertad, inteligencia, tendidas de un confín a otro las mallas del favoritismo, para que ningún latido de actividad se les escapase”. En fin, una auténtica tela de araña, eso será a partir de entonces el ejercicio del poder; pero siempre para beneficio de unos pocos. El análisis del magistral autor de los Episodios nacionales incrementa en algunos pasajes su dureza hacia esa clase política y hacia esa forma de hacer política que se prolongó en España durante toda su vida (Galdós, como se sabe, falleció en 1920). Y así concluye: “Las aguas donde todos debíamos beber las revolvieron y enturbiaron, dejándolas tan sucias que ya tienen para un rato las generaciones que se esfuerzan en aclararlas”. No siempre será así, hubo excepciones, que el autor recoge en otros episodios, pero fueron experiencias huérfanas y sin apenas continuidad.

Los hechos y personajes públicos que sagaz e inteligentemente trata el autor en esa obra tuvieron lugar hace casi ciento ochenta años. Bodas Reales, sin embargo, fue escrita en 1900. Para esas fechas, ya con el sistema político de la Restauración en curva descendente tras el shock nacional del 98, poco o nada había cambiado de la descripción que hace el autor de la política y de los políticos (algunos de ellos los conocería con vida el propio Galdós, pues siguieron siendo testigos de la malhadada Historia de España del XIX). Los perfiles que  en este episodio dibuja de determinados políticos de entonces (Joaquín María López, Olózaga, Nárvaez, González Bravo o el propio Espartero) son –con escasos matices- demoledores. Sobre todos ellos volverá en otros episodios, sin que se desdibuje su primer juicio.

La rueda política de los cambios aparentes y cosméticos había dado comienzo. Se consagró también entonces la frase, en boca de quienes llegaban al poder o lo estaban ejerciendo, de hacer país. O dicho de otro modo: “Siempre que  entraban en el poder estos o aquellos, se encontraban el país deshecho, y unos gobernando detestablemente, otros conspirando a maravilla, lo deshacían más de lo que estaba”. Un país que se tejía y destejía según quien mandara no era un buen augurio de futuro.

En fin, menos mal que este es un relato veraniego de una España de hace casi dos siglos. Afortunadamente muy alejado en el tiempo a la España actual. La duda que siempre cabe es si esa concepción de la política “de ayer” no supuso en verdad un pesado legado histórico, que se ha ido trasladando sin solución de continuidad hasta nuestros días y nadie ha sabido cabalmente quebrar. Sobre ello habrá que volver, pues quien haya llegado hasta aquí podrá comprobar (repasando los incisos entrecomillados y en cursiva de esta entrada) que el impecable análisis galdosiano no está exento de innegables ecos que aún resuenan con fuerza en la política española de esta tercera década del siglo XXI.  

LOS PARTIDOS ANTE EL ESPEJO: ¿PARTIDO EN EL GOBIERNO O GOBIERNO EN EL PARTIDO?

cartelización partidos

“En otras palabras, no es tanto que los partidos hayan llegado a penetrar excesivamente en el Estado, o que el Estado haya llegado a controlar excesivamente a estos, sino que ambos han llegado a compenetrarse hasta tal punto que la frontera entre ellos se ha vuelto difusa” (p.209)

Richard S. Katz/Peter Mair, Democracia y cartelización de los partidos políticos, Catarata, 2022.

1.- Preliminar

Sólo la casualidad ha querido que, cuando estaba elaborando una reseña sobre el libro que aparece en la cita inicial, se haya cruzado la expeditiva resolución de la “crisis dirigida” desde la Presidencia del Gobierno del cambio de (parte) de la cúpula del PSOE por quien acumula también el cargo de Secretario General del partido.

Ríos de caracteres, que ya no de tinta, está provocando ese reajuste en los diferentes medios de comunicación. No me interesa entrar en los detalles de lo que es un pretendido cambio de estrategia o tal vez también el penúltimo golpe a quienes acompañaron al resistente desde sus primeros e inciertos pasos en la carrera por renovar su liderazgo político en el partido, lo que ya ha recibido un primer análisis disonante (no falto de argumentos) por parte de un conocido diputado socialista (aquí). El poder tiene esas cosas, y más todavía si quien lo ejerce lo hace de forma desnuda, por mucho que se intente vestir con ropa de domingo y revestir como decisión de un órgano colegiado.

2.- La «cartelización de los partidos

En realidad, inicialmente pensaba orientar la reseña del libro citado a un enfoque nuevo que antes no había transitado en otros comentarios o entradas anteriores dedicados a la profesionalización de la política (aquí y aquí), a la relación entre partidos e instituciones (aquí) y la deslegitimación de los partidos (aquí) o, en fin, a los partidos de cargos públicos (aquí). En efecto, pretendía ocuparme de un aspecto central del libro citado (y algo diré) como es la gradual conversión de los partidos (al menos, de los que los autores denominan “partidos centrales”) en una suerte de cártel. Unos partidos cada vez más alejados de la sociedad (Piero Ignazi) y más mimetizados con el Estado, sus instituciones y sus administraciones públicas (Peter Mair), a las cuales en no pocos casos vampirizan. Unos partidos que también terminan siendo plataformas efectivas (o agencias de colocación) para que sus responsables y cargos internos, también  sus militantes, acudan a “la política como fuente principal de ingresos” y se mantengan «activos» (o pasivos) en ella; esto es, como dijera Max Weber, para vivir cada vez más de la política y no para la política

Unos partidos que, además, recurren constantemente “a las subvenciones estatales” para su subsistencia; siendo incluso tales partidos cártel (aunque en ese juego también entran los partidos populistas) los que se caracterizan –como ya advirtiera Von Beyme- “por ser el único sector de la élite que determina sus propios ingresos”, así como son también los propios partidos los que establecen “la mejora de las circunstancias financieras y laborales de la clase política” (nombramientos, salarios, pensiones e indemnizaciones incluidas). Como se señala contundentemente en el libro reseñado: “Los partidos son únicos en el sentido de que tienen la capacidad de diseñar su propio entorno legal (y no sólo legal)”. En síntesis, los partidos cártel y sus miembros se protegen entre sí, estén en el Gobierno o en la oposición, mediante reparto de sinecuras y privilegios mayores o menores (dedicaciones, dietas, etc.). La tesis de los autores es que “el proceso de cartelización (de los partidos) podría considerarse antidemocrático”, y que ha contribuido claramente al auge de un populismo antipartidos. La duda que cabe plantearse es si esa concepción cártel de los partidos no terminará también engullendo a esos partidos y movimientos populistas, pues no son pocos sus miembros que, sin profesión u oficio conocido, también viven o quieren vivir de la política. La nómina de cargos públicos se amplía sin medida, ya que pasar por tales responsabilidades parece ser también patente de corso para vivir eternamente en los aledaños del poder una vez que se ha dejado este o este le ha abandonado (consultores, grupos de intereses, asesores en «asuntos públicos», etc.), haciendo del poder de influencia el medio de vida de no pocos expolíticos que son fichados así por grandes despachos y empresas del sector. Las puertas del poder no se abren igual para todos.   

3.- Partidos-base, partidos-aparato y partidos-cargos públicos: los partidos en (el Gobierno) o el Gobierno en (los) partidos

El libro de Katz y Mair tiene, afortunadamente, muchas lecturas. Y permite servir de base para analizar lo que hoy está pasando. Una de sus tesis, de fuerte impronta weberiana y reiterada por otros muchos autores, es que “la mayoría de los partidos importantes o duraderos dentro de las democracias establecidas se orientan, de forma rutinaria, hacia la ocupación de cargos públicos”. Los partidos, así, subsisten mal en la oposición, más si ese período se prolonga en el tiempo. Por tanto, la concepción tradicional del partido en (la) base ha desparecido prácticamente (incluso los intentos de restauración de esta fórmula por fuerzas políticas populistas han fracasado también) a favor de los partidos en cargos públicos, que sólo es matizada esta tendencia por la pervivencia cada vez más limitada de partidos en (de) aparato, que controlan, dirigen y equilibran, según los casos, el poder de los cargos públicos mediante sus estructuras de poder interno (la manifestación más viva que aún se mantiene de esa orientación es el PNV/EAJ, que alguna otra fuerza política, con menos claridad estatutaria, más confusión y mucho menos recorrido, pretende emular).

Lo que me parece importante de esa triple distinción (partidos en la base, partidos en el aparato y partidos en cargos públicos) es que –según sus conclusiones- “en las democracias consolidadas el peso del poder dentro del partido ha pasado a estar mucho más firmemente en manos del partido en cargos públicos”. Sin embargo, siendo cierta esta evolución de los partidos hacia las paredes protectoras del Estado, se advierten algunos movimientos actuales que introducen significados matices.

En efecto, comienza a manifestarse con fuerza, y no solo (aunque también) en la reciente (mini) “crisis” del PSOE, una marcada tendencia que se concreta a trasladar el punto de inflexión hacia el partido en (el) Gobierno o, incluso, como una manifestación patológica, en la fórmula Gobierno en (el) partido. La mímesis entre cargos gubernamentales de primer nivel y cargos orgánicos del partido abre la enorme incógnita (al margen de cómo van a compatibilizar en el tiempo cabalmente tales funciones ejecutivas; pues algunas de ellas saldrán dañadas) de qué sucede cuando el partido (sea el que fuere) pierde el poder gubernamental. En este último caso, la vitalidad orgánica (si que hubiere alguna) queda absolutamente fagocitada, y perdida la política gubernamental el trasiego por la oposición puede resultar eterno (ejemplos los hay), al carecer de estrategias políticas alternativas diferenciadas de su cohabitación en el Gobierno y en las propias estructuras del partido. Aunque, como partidos cártel, intenten minimizar la importancia entre estar fuera y dentro del gobierno, la transformación de una organización política en partido en (el Gobierno) o Gobierno en (el) partido abre, en efecto, la incógnita de qué sucederá cuándo el poder gubernamental, sea central o territorial, se erosione o desaparezca. Lo que más tarde o temprano sucederá.

4.- Cierre

En fin, los partidos no atraviesan por buen momento. La confianza ciudadana en ellos está cada vez más erosionada. Como dicen con particular dureza los autores, “los partidos han visto, durante mucho tiempo, el sector público como un tesoro al que saquear para su propio beneficio”. Y ello ha sido, también según estos autores, caldo de cultivo para el crecimiento del populismo extremo y la proliferación de movimientos políticos que pretenden ser sustitutivos de los partidos, olvidando que en política (y en sus expresiones organizativas) impera siempre “la ley del pequeño número” (Weber) o las tendencias oligárquicas (Michels, Ostrogorski), aunque  en nuestros días también revestidas de un liderazgo cesarista o redentor, encarnación de una pretendida identificación entre liderazgo/pueblo, de funestos efectos como se ha comprobado históricamente y los estamos viendo hoy en día en algunos países.

Como se concluye en este libro, ese total alejamiento de los partidos de la sociedad “hace a los ciudadanos más vulnerables a los llamamientos populistas y demagógicos”, más aún en tiempos de crisis. No refundar los partidos (así como democratizar sus propias estructuras y funcionamiento interno) y hacerlos más permeables a la sociedad y en contacto con ella, tarea que resulta hercúlea si bien inaplazable, puede comportar su propia sentencia de muerte. Katz y Mair lo dejan muy claro: “En lugar de la dicotomía ‘democracia pluralista de partidos vs. populismo’, se podría plantear una tricotomía, ‘populismo, tecnocracia y democracia de partidos”.  La apuesta de los autores es por la tercera opción. La que ningún partido transita de forma efectiva, ni sabe muy bien cómo hacerlo. Ellos verán. Aunque nos afecte a todos.

ESPAÑA ABRASADA

(LAS TIMORATAS REACCIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO)

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“Ante trastornos de semejante magnitud, una sociedad sólo puede reaccionar constructivamente o limitarse a padecerlos”

(Philippe Blom, Lo que está en juego, Anagrama, 2021, p. 187)

Hace casi un año, tras unos episodios climatológicos extremos y algunos incendios desbocados (de “sexta” generación), Phillip Blom escribió un impactante artículo en el diario El País: “2021, un verano sin esperanza”. Allí reflexionaba sobre la aceleración de los letales efectos del cambio climático y la impotencia absoluta de la política nacional e internacional para hacer frente a ese fenómeno global. 2022, en su primer mes estival, apunta peor.

En efecto, hemos llenado el mundo de la política mundial, europea o nacional, de eslóganes e ideas fuerza muy bonitos, pero bastante vacuos, tales como “no dejar a nadie atrás”, Europa o España Verde, sostenibilidad medioambiental, salvar el planeta, los ODS de la Agenda 2030, economía circular, contaminación cero, y un largo etcétera; mientras que día tras día, mes tras mes y año tras año, España es menos verde, menos sostenible, se están quedando atrás innumerables ciudadanos, la huella de carbono no cesa y la transición ecológica es mucho más dura y difícil de lo que nos habían contado los complacientes discursos europeos, nacionales, autonómico o locales. La sostenibilidad es una idea que, de gastada, corre el riesgo de quemarse también. Como también decía Blom, “el lavado de imagen ecologista se ha convertido en una industria lucrativa”.

La política está mostrando, efectivamente, unas elevadas dosis de inefectividad y una evidente demostración de impotencia para resolver o siquiera sea atenuar los zarpazos cada vez más intensos del cambio climático sobre una España literalmente abrasada por temperaturas insufribles, pero también por incendios año tras año, cuando no –yéndonos al otro extremo- por inundaciones por doquier. La situación empeora por momentos. El 2022 está siendo hasta ahora durísimo. Las olas de calor se anticipan en el tiempo y perduran más; se eternizan, para desconsuelo de una desarmada ciudadanía, que padece como puede sus consecuencias.

Frente a un fenómeno aparentemente silente, pero ya evidente, la política, en efecto, ofrece un abanico de soluciones plasmadas en declaraciones de intenciones que apenas nunca se cumplen. El contexto manda, y el actual marco sanitario, económico, térmico y geopolítico no ayuda precisamente. En el reciente debate sobre el estado de la nación, el cambio climático y sus efectos sobre España han merecido una atención anecdótica, al margen de puntuales propuestas de resolución que se ligaban directa o indirectamente a este fenómeno. El aire acondicionado del Congreso de los Diputados, de sus vehículos, despachos o domicilios, han hecho olvidar fácilmente a los políticos cómo afrontan el común de los mortales esas olas de calor, esos incendios o las innumerables consecuencias que tales fenómenos provocan. Sólo quienes están en primera línea de fuego o especialmente afectados, se involucran. Y los padecen. No queda otra. Pero ya es tarde, el mal está hecho.

España en los próximos años (no hay que esperar, como luego diré, al 2050) padecerá en su mayor parte unos efectos todavía más devastadores como resultado del cambio climático. Y de esta tendencia, con impronta desigual, prácticamente ningún territorio se librará. El fenómeno es muy diferente al de la España vaciada, aunque allí se recrudezca por el abandono de montes y bosques, consecuencia del evidente fracaso de las políticas de prevención en el análisis de riesgos medioambientales y de incendios. La España abrasada más tarde o temprano afectará a todo el territorio. Ninguno quedará al margen, por mucho que la comparación siempre a algunos alivie, al esgrimir que quienes tengan temperaturas estivales de más de 50 grados no será lo mismo que quienes padezcan 40 grados. En fin, consuelo de tontos. Los recursos hídricos escasearán. Y el turismo terminará “aterrizando” en zonas más habitables. Este mismo verano da lástima observar cómo no pocos turistas padecen las altas temperaturas en su ansiado e idílico viaje estival. Sólo hay que ver sus caras.

Si la política no está teniendo capacidad de enfrentarse realmente a este problema, al margen de los instrumentos retóricos tan queridos por una comunicación de mentiras, la Administración tampoco ofrece instrumentos de gestión que puedan dar soluciones adecuadas para atenuar los efectos de tales olas de calor. El recurso a las “recomendaciones” es escasamente efectivo. Si no hay capacidad política, tampoco la hay ejecutiva. El enfoque preventivo de las políticas (tanto en materia de protección civil, salud pública, consumo energético y alimentario responsable, movilidad sostenible, comportamientos adecuados en el monte, etc.) es escaso, tardío, aislado sectorialmente, con recursos financieros y humanos limitadísimos, y carente de una visión holística e integral, fragmentado por unas administraciones territoriales que funcionan como compartimentos estanco frente a un problema que no conoce fronteras, ni límites nacionales, autonómicos o locales. Un complejo mosaico de competencias no facilita la tarea. También en cada Administración las responsabilidades se encuentran atomizadas en silos departamentales (cuando no de DDGG) que se ocupan cada uno de ellos de un fragmento del problema (protección civil, seguridad, salud pública, consumo, energía, movilidad, agricultura y alimentación, etc.). Está claro que, con los mimbres arcaicos de hacer política y de gestionar la Administración Pública, enfrentarse a problemas de las magnitudes que comporta el cambio climático es prácticamente imposible. Sin otra visión más integral, transversal o propia de misiones o proyectos compartidos, con liderazgos ejecutivos reforzados por las situaciones de emergencia, nada se podrá conseguir. Todo lo más sobrellevar el problema.

El nuevo régimen climático, del que hablara Bruno Latour en 2017, ya está aquí, en plena efervescencia. Y nos ha cogido sin haber hecho los deberes de la Agenda 2030, con sus ODS olvidados o utilizados como adorno de documentos, discursos, normas y políticas, sin efectividad alguna. La década de la acción de la Agenda 2030 (2021-2030) está consumiendo su primer tercio sin que apenas nada se haya hecho. Un balance hasta ahora paupérrimo. La pandemia atrasó su puesta en marcha. Pero, la recuperación, asentada en esos pilares que dibujó el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el PRTR español, se ahoga en decenas de miles de acciones micro cuarteadas a las que es francamente difícil buscarles un hilo conductor que promueva en verdad el cambio de modelo productivo y energético que enderece la sostenibilidad medioambiental y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, hoy en día prácticamente imposible de revertir. Cunde el pesimismo.

Mientras tanto, la ciudadanía tampoco se caracteriza precisamente por encarar el problema con conciencia efectiva, responsabilidad y tesón. Hay un núcleo ciudadano activo y limitado; pero la mayoría sobrevive al problema y lo olvida en cuanto la crisis pasa. La España abrasada se padece como una suerte de mal bíblico, en la que su población se busca la vida para salir lo menos damnificada posible de una situación en muchos casos insostenible. Los medios de comunicación construyen reportajes banales con opiniones ciudadanas a cual más estúpida sobre cómo combatir los calores extremos. En esta sociedad individualista y consumista, egoísta hasta el infinito y solidaria solo de boquilla, lo importante es vivir el día a día. A nadie (o a muy pocos) le importa el futuro, mucho más abrasador e inhabitable de lo que ahora sólo se anuncia. No quieren oír malas noticias, tampoco que nadie les cuente que tendrán que adoptar sacrificios sinfín (vivir peor y con muchas menos comodidades que las actuales) si quieren contribuir a que esto pueda tener algún remedio por pequeño que sea, y no dejar un mundo inhabitable a las próximas generaciones, como todo apunta. Nos estamos cargando, antes de construirlo, el “pacto intergeneracional”, uno de los pilares del nuevo contrato social que defendiera Minouche Shafik. Luego no pidamos que las generaciones jóvenes y las futuras sean solidarias con las más mayores: les estamos endosando un mundo inhóspito, además –singularidad hispánica- una deuda astronómica de todas nuestras alegrías presentes que deberán pagar las generaciones venideras en el futuro. Disfrutamos nuestro bienestar inmediato, para generar su malestar futuro. Si se rompe más el equilibrio intergeneracional, la sociedad española se fracturará sin remedio. Y hay culpables.

En un documento prospectivo aireado en su momento y olvidado de inmediato en la gestión política cotidiana, Estrategia España 2050, ya se hacía hincapié en que las temperaturas que tendrá España en 2050 serían muy elevadas: Madrid, por ejemplo, tendría entonces la temperatura media que hoy en día tiene Marrakech y Barcelona la de Túnez. La desertización crecerá, la deforestación, fruto asimismo de los incendios, también; la biodiversidad está en entredicho; mientras que los recursos hídricos serán muy escasos, si bien las inundaciones crecerán por esporádicas lluvias torrenciales. Más de 20.000 personas morirán anualmente por las temperaturas extremas. Ya están empezando a morir, también los animales. Todo esto lo sabemos, pero nada hacemos. Probablemente, esa mirada prospectiva, tal como avanzan las temperaturas, la crisis climática y el duro contexto geopolítico, se quede muy corta. Si seguimos así, ya hay quien afirma que ese escenario infernal se podrá producir en poco más de una década. Lo padecerán quienes ahora lo ignoran. Y se preguntarán: ¿Qué ha pasado?

Me desconcierta e irrita ese afán de la política por meter debajo de la alfombra unos problemas que son sencillamente inocultables. Esa pretensión de esconder la realidad futura con golosinas para el presente, es la viva muestra de una política irresponsable que solo busca contentar puntualmente a una ciudadanía, también inmadura y amante de la subvención, con regalos inmediatos de estrecho cálculo electoral, sin otro objeto último que garantizar su propia supervivencia existencial. Blom es muy duro con los políticos, los tacha de timoratos y arrugados. Sin coraje político el cambio climático seguirá su curso inapelable. Sin unas dosis necesarias de regreso (la modernidad, tras la globalización, está condenada; como sentencia Latour), y no de progreso de pancarta, no se detendrá la huella climática.

Esto ya no da más de sí, aunque se intente hasta el último suspiro. Tal vez haya que comenzar a decirle a la población que toca hacer sacrificios, vivir peor. No queda otra. ¿Quién se atreve? De nuestros políticos actuales, ninguno. Lo demás es puro espejismo, que pronto se borrará cuando las altas temperaturas, los problemas abastecimiento de agua y alimentos o de energía, las lluvias torrenciales, las inundaciones o, por solo exponer algunos problemas, los devastadores incendios, vayan creciendo. Nada bueno se avecina. Y la naturaleza, siempre sabia, nos lo viene anunciando, como recogiera hace décadas Miguel Delibes. Aun así somos incapaces de adoptar medida alguna, salvo reconocer que este calor es insoportable y que los incendios son de sexta generación, o que los recursos hídricos se agotan. Algo estamos haciendo muy mal, y al parecer a nadie importa. Como una vez más afirmó Blom, “si las sociedades se niegan a pensar en el futuro, es porque todo irá a peor”. Por esa senda caminamos.

SALIENDO Y ENTRANDO

(La compleja transición del relevo generacional en la función pública española)

“¡Ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás!” (p. 17)

 (Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana y otros artículos, Ediciones 29, Barcelona, 1990)

Introducción

Lo cierto es que no podía suceder en peor momento. Una vez más, la improvisación y la carencia absoluta de estrategia y de planificación en lo que a previsión y necesidad de efectivos respecta, han llevado el estado de la cuestión a un punto insostenible.

Cuanto más inteligencia y capacidad ejecutiva inmediata necesitan las Administraciones Públicas, menos valor añadido parecen ofrecer tales organizaciones para afrontar el complejo contexto en el que nos encontramos. Enfrentarse a la gestión extraordinaria de los fondos europeos derivada de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a un contexto inflacionario galopante, a una anunciada crisis fiscal agravada por una recesión económica que ya está dando golpes en la puerta de entrada, así como a los enormes desafíos del cambio climático y de la perdida u olvidada Agenda 2030, a la crisis demográfica o a los retos de la digitalización y de las tecnologías disruptivas o, en fin, al necesario pacto intergeneracional, con un subsistema de empleo público en situación de shock integral, no parece ser el mejor escenario para que el país salga adelante. Más teniendo en cuenta que ese ajuste de piezas entre quienes se van, quienes se quedan y quienes esperan entrar, será muy largo temporalmente hablando, todo apunta a que será improvisado o chapucero y con toda probabilidad generará unos efectos distorsionadores de primera importancia para el funcionamiento, ya muy deficiente, de buena parte de los servicios públicos.

Los que están saliendo

En efecto, con un empleo público en buena parte en situación de salida (esto es, con más de un millón de personas que se jubilan en esta década, lo que representa en torno al 35 % por ciento del total), lo que implica para tales funcionarios en muchos casos una menor tensión laboral ante la expectativa (en no pocas ocasiones, incluso ansiedad) de salir y pasar a la condición de jubilado, y con otra parte del personal (aproximadamente casi otro millón de personas como temporales o interinos) “concursando” u “opositando” o haciendo como que lo hacen, y por tanto, al menos en parte, desconectados mentalmente de las obligaciones inmediatas frente a su preocupación dominante por lograr una estabilización o pelear, en su defecto, por las indemnizaciones y por la continuidad, a través de las perversas “bolsas de trabajo” como personal interino, el escenario de lo público que se dibuja para los próximos años es más que sombrío.

La situación se agrava porque quienes se marchan son personas que dejan tras de sí, al menos en algunos casos del estrato técnico, un dilatado bagaje de conocimientos y destrezas de más de treinta o cuarenta años que no serán fáciles de transferir a quienes se quedarán, pues es una cuestión que apenas a nadie importa. De hecho, ya está pasando: la gente se jubila y lo que se transfiere es el despacho, la mesa, la silla y el ordenador, convenientemente vaciado de la información previa. Las organizaciones públicas están perdiendo conocimiento a raudales, sin que, en el marco de esta política de populismo cortoplacista que la inmensa mayoría de las estructuras gubernamentales y parlamentarias ejercen, se adopte medida efectiva alguna para paliar unas consecuencias que pueden ser (ya lo están siendo) limitativas de las capacidades estratégicas y ejecutivas de las Administraciones Públicas. En este constante Carpe diem en el que vive la política y la administración en nuestro país, lo que pase en el mañana es algo que no interesa. Es más, incluso se desprecia o ignora. El mañana no existe.

Los que se quedan 

Frente a los que se marchan o tienen altas expectativas de salir a corto/medio, están los que se quedan. Si nos referimos a los funcionarios o empleados públicos laborales estables que no se jubilarán esta década, cabe señalar que estos representan aproximadamente otro tercio del empleo público total. La mayor parte con edades avanzadas, muchos de ellos con empleos rutinarios o de trámite, que vivirán en sus últimos años la tensión añadida de una digitalización y revolución tecnológica que irá dejando los puestos de trabajo que cubren (¡por favor, no “sus” puestos!) gradualmente reducidos de cometidos funcionales, con la tensión existencial que ello comporta y la necesidad de adaptarse cuando la edad de esas personas ya es avanzada. No lo pasarán bien.

El personal técnico «de carrera» (estable) que se quede, al margen de su previsible obsolescencia tecnológica sobrevenida, tendrá una sobrecarga de trabajo brutal, pues ante la marcha gradual del talento  más senior/senior y la insuficiencia competencial de la inmensa mayoría del personal estabilizado para desarrollar funciones que vayan más allá de las que ejercen, con mayor o menor dignidad, en los puestos de trabajo que cubren temporalmente, apenas habrá en las organizaciones públicas recursos internos técnicos especializados y transversales para sentar criterio experto o conducir las organizaciones públicas. La plétora de la externalización, que ya estamos viviendo, de las tareas de planificación estratégica, diseños institucionales y organizativos, soluciones innovadoras, proyectos normativos avanzados y programas de gestión tecnológica, por no hablar de la digitalización (casi totalmente entregada al sector privado), se multiplicará por doquier hasta convertirse en un auténtico tsunami. La pregunta es si es conocimiento experto ausente en el ecosistema público se encuentra, sin embargo, en el sector privado. Salvo en aspectos muy puntuales, como el tecnológico, no lo tengo tan claro.

Los que esperan entrar

¿Y qué ocurre con los que esperan entrar a las Administraciones Públicas? Este colectivo se divide en dos grandes ámbitos. Por un lado, se encuentran los que ya están en posiciones de interinidad o temporalidad, esperando una estabilización devaluada que, con el permiso de los tribunales (Tribunal Constitucional incluido),  llegará en los próximos años (en teoría, antes del 31 de diciembre de 2024; en la práctica ya veremos), así como quienes participen en los concursos “regalados” o los concursos-oposición “blandos” de las pruebas de estabilización y se queden en lista de espera (“bolsas de trabajo), que serán legión, que más tarde o temprano, tras volver a ocupar plazas de interinos, se aplantillarán por vías blandas también (cuyas convocatorias se prolongarán a través de toda esta década). Quienes así accedan a la condición de funcionarios de carrera y personal laboral fijo habrán resuelto “su” problema; pero el endoso al subsistema de empleo público será enorme, pues al no fijarse exigencias reales de comprobación ni de aprendizaje (a través de la formación como parte del proceso selectivo) de conocimientos ni destrezas (salvo en el caso del concurso-oposición, que por lo común serán “de mentiras”), tampoco de aptitudes ni actitudes, ese nuevo personal estable acreditará, todo lo más, saber ejercer las funciones y tareas de “su” puesto de trabajo (ese «su», hoy en día tan extendido, denota un sesgo patrimonial ajeno al modelo burocrático como tipo ideal expuesto por Max Weber), pero no dispondrá de la necesaria perspectiva (“saber especializado”, también en la terminología weberiana) que sólo el estudio sistemático y holístico, así como el esfuerzo continuado del ejercicio profesional en diferentes posiciones, proporcionan. Y quien no sabe, porque no ha estudiado, difícilmente resolverá los complejos problemas a los que se deberá enfrentar la Administración del futuro. En el sector público no hay espacio a la improvisación, menos a la ocurrencia. Una Administración de amateurs es la peor inversión que puede realizar una sociedad plagada de desafíos disruptivos. Fiarlo todo a la formación continua o el aprendizaje permanente, es jugar a la ruleta rusa. En cierta medida, aunque con elementos aun de mayor gravedad, hemos retornado a los tiempos del spoil system y de las cesantías.

Tales procesos de estabilización subjetivos, propios de una política paternalista y populista, olvidan, sin embargo, los impactos objetivos de tales medidas benefactoras dirigidas a las clientelas y a los sindicatos del sector público, o simplemente a los que ya están, como medio de paliar un fraude de Ley con un empleo vitalicio. Así, no se puede prescindir de un diagnóstico tan obvio como preterido: las Administraciones Públicas, por razones obvias del contexto y del entorno, estarán sujetas en los próximos años a presiones persistentes para llevar a cabo un proceso de transformación aceleradísimo, también  estructural y organizativo, lo que obligarán a mutar hacia formas mucho más versátiles de ejercicio funcional y de desarrollo contingente de tareas (Gorriti), aunque nadie desde dentro parezca percibirse realmente de tales desafíos. En esa presión transformadora, la polivalencia y la transversalidad, basadas en conocimientos y destrezas horizontales, así como en fuertes competencias digitales, serán la pauta.  La clave se encuentra en sí con los mimbres actualmente existentes de competencias profesionales, chatas o limitadas a un puesto o incluso tarea o abanico reducido de tareas, todo lo más a un ámbito o sector, serán capaces las organizaciones públicas de superar los enormes retos planteados.

Los nuevos directivos o responsables: la huida o amortización del talento en el sector público

Hay algo que no se percibe con claridad. En una Administración Pública en la que la antigüedad o la discrecionalidad son, con escasos matices, los únicos asideros firmes de promoción profesional interna, los nuevos empleados públicos estabilizados, amortizados los que salen y jubilados gradualmente los funcionarios que están, serán el colectivo llamado a ejercer las funciones directivas de la alta función pública o los puestos de responsabilidad en sus respectivas organizaciones durante las próximas décadas; pero, careciendo, en gran medida, de las competencias (especialmente, de los conocimientos y destrezas) requeridas para el desempeño de esas nuevas responsabilidades. Habrá, sin duda, personas que con esfuerzo y tesón palien esas limitaciones. Pero, no hay que llamarse a engaño, una vez en zona de confort (estabilidad), serán las menos. Quien ha conseguido sin ningún esfuerzo ni comprobación objetiva alguna el acceso a un empleo o franquear la puerta de entrada (siempre la más difícil) en la Administración, cree tener –según su criterio, dominado por la antigüedad o por estar allí en el momento oportuno- la vía expedita para ascender en la carrera funcionarial sin techo alguno. Este personal estabilizado, en la primera, segunda o tercera oleada (porque de todo habrá) será, en consecuencia, quien “lidere” las organizaciones públicas territoriales (CCAA y entes locales), administraciones prestadoras de servicios públicos esenciales a la ciudadanía por excelencia, frente a lo cual el escaso personal (al menos al principio) que ingresará por medio de procesos selectivos abiertos (el llamado “talento joven” que potencialmente debe atraer una Administración Pública vetusta y envejecida, no solo en edad, sino también en formas y procedimientos, en competencia con el sector privado) ocupará una posición vicarial o dependiente frente al personal estabilizado, pues con el actual marco normativo los “cuadros” futuros de esas organizaciones públicas territoriales se nutrirán ya sea por el favor político o discrecional (libre designación) o por la antigüedad acreditada. Ese nuevo talento joven, recién incorporado (la gran esperanza blanca para algunos, un tanto ingenuamente, de transformación de la Administración Pública), pronto caerá en el desánimo o en la acomodación a las eternas patologías del ecosistema administrativo, pues la impronta –como señaló en su día el profesor Alejandro Nieto- de las leyes de bronce en la función pública es inexorable: los funcionarios tienden a reproducir los vicios que observan y reducen su rendimiento a los estándares comparativos de la incompetencia observada con quienes se comparan o les dirigen, y sobre todo adecuan su rendimiento al de quienes cobran retribuciones superiores por esos desempeños a todas luces insuficientes.

Conclusión

Este contexto sumariamente descrito también provocará, de no adoptarse medidas de transformación muy serias y enérgicas del sistema administrativo y del subsistema de función pública, unas organizaciones públicas, salvo excepciones muy singulares (o islas de relativa excelencia), sin capacidades estratégicas ni ejecutivas, incompetentes, inefectivas y carentes de las respuestas necesarias que una sociedad en proceso de aceleración y volatilidad continua exigirá. Bien es cierto que esto puede tal vez no ser así en todas las Administraciones, ya que en la AGE y en algunas otras organizaciones territoriales la presencia de la temporalidad es mucho más baja, y las posibilidades de reordenar o reformar el subsistema de función pública y los procesos de acceso y provisión de puestos de trabajo son cuantitativamente mejores, aunque no está nada claro que tales procesos de transformación (siempre anunciados y nunca concretados) se pongan en marcha, menos aún en estructuras tan rígidas y corporativas como las existentes.   

En conclusión, teniendo en cuenta la salida masiva gradual de empleados públicos en esta tercera década y en la siguiente, los efectos paralizantes para la acción pública que (como mínimo) hasta 31 de diciembre de 2024 tendrán los procesos de estabilización de personal temporal, las consecuencias de arrastre durante varios años más de las bolsas resultantes de los procesos de estabilización y la necesidad de estabilizar, como el pez que se muerde la cola, a ese nuevo personal interino en los plazos estipulados legalmente, partiendo asimismo de la exasperante lentitud de los procesos selectivos abiertos y libres allí donde se convocan, así como viendo que el año 2023 es tiempo electoral (tiempo muerto), con lo que las maquinarias político-administrativas se paralizan y sus arranques son exasperantemente lentos, no cabe ser muy incisivos para poder concluir que la Administración Pública española tiene todos los boletos de la rifa para perder uno tras otro los trenes que hagan frente a los grandes desafíos inmediatos y mediatos que tiene entre manos. Es lo mismo que decir que el país saldrá muy malparado. Una política impotente y polarizada con una Administración inefectiva es un cóctel letal para nuestro futuro y, sobre todo, para el de las próximas generaciones. Las decisiones políticas populistas y demagógicas, a las que se han apuntado todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y estructuras gubernamentales, arrastran consecuencias mucho más graves de lo que nadie, al tomarlas alegremente, imagina. Tales efectos los padeceremos en los años venideros, salvo que este diagnóstico esté equivocado, lo cual sería un alivio general, también para quien esto escribe.