“La política se moviliza más por el rechazo que por el proyecto, por la desconfianza que por la adhesión”
(Daniel Innerarity, “El futuro y sus enemigos. Una defensa de la esperanza política”, Paidós, 2009)

Los resultados de las recientes elecciones municipales están poniendo de relieve crudamente algo que ya sabíamos: ganar las elecciones no es igual a gobernar. En una forma parlamentaria de gobierno es algo que puede suceder. Y de hecho, sucedía. Lo que puede variar, el próximo 13 de junio, es el número de casos en que esa situación se puede producir.

Esa variación encuentra su clave explicativa, por un lado, en la notable mutación que se está produciendo del sistema de partidos políticos; y, por otro, en el prácticamente nulo potencial de colación que manifiesta el hasta la fecha partido mayoritario, así como por el afán de recuperar poder perdido por parte del segundo partido en el ámbito estatal.

A todo ello se añade el protagonismo (relativo) que han adquirido algunas candidaturas de nuevo cuño, que, si bien han logrado la mayoría minoritaria en algún ayuntamiento emblemático, pretenden –con el discurso de que las cosas han cambiado- gobernar ciudades en las que son segunda fuerza política o facilitar que gobiernen tales instituciones otras fuerzas políticas que no han ganado en tales municipios.

Parece, en cualquier caso, que nos adentramos en un escenario de compleja gobernabilidad en parte de las instituciones locales. Esto puede tener costes elevados para la continuidad de determinadas políticas o simplemente para tejer consensos mínimamente sólidos que articulen cambios razonables en esas políticas. La parálisis y el desorden se pueden convertir en compañeros de viaje de no pocas estructuras de gobierno. Y eso, en política municipal como en todos los ámbitos de gobierno, se paga caro a medio o largo plazo. La inmediatez de la conquista del poder puede obnubilar a sus promotores y producir perversos efectos.

Ciertamente, en el sistema de gobierno municipal hay un correctivo importante que puede amortiguar algunas consecuencias: si no se obtiene mayoría absoluta en la sesión constitutiva se proclama Alcalde al candidato de la lista más votada. Por tanto, para evitar que gobierne el partido que represente la mayoría minoritaria se requiere un acuerdo expreso de las minorías dispersas (que sume una mayoría absoluta) para apoyar a un candidato alternativo, ya sea mediante pacto de gobierno, pacto de apoyo externo o simple acuerdo de votar la elección.

Luego habrá que explicar a la ciudadanía cómo se han tejido esos acuerdos o pactos y de qué manera van a influir en el devenir cotidiano de los asuntos municipales y en la marca de la ciudad. Probablemente algunos ciudadanos no entenderán que de la lista más votada no salga la persona titular de la Alcaldía. Y eso hay que explicarlo de forma convincente.

Las minorías que sumen mayorías alternativas solo deberían gobernar con acuerdos o programas consistentes de coalición que dieran estabilidad a las instituciones. Y aquí nos tropezamos con la baja cultura política de gobiernos de coalición que tenemos en cualquier esfera de poder y en particular en los municipios, aspecto atentamente analizado recientemente por Antonio Díaz Méndez (Acceder al post), así como con las dificultades adicionales que conllevará configurar esos gobiernos con determinadas candidaturas de “arco iris político” que, adoptarán sus decisiones mediante complejos mecanismos de coordinación o a través de sistemas asamblearios o círculos participativos. Está por ver cuál será su funcionalidad futura en la puesta en marcha y ejecución de las políticas públicas locales, así como en el funcionamiento del propio gobierno municipal.

Lo razonable en nuestro sistema de gobierno municipal sería que, salvo acuerdos muy sólidos que se basen en programas de mandato pactados de forma clara, precisa y transparente, gobernara (aunque sea en “minoría absoluta”) la fuerza política más votada por los ciudadanos. Esa es, tal vez, la consecuencia más obvia del principio democrático y la que comprende mejor la ciudadanía.

El deber institucional del gobierno en “minoría absoluta o relativa” es buscar consensos para sacar adelante su programa político, sus propuestas normativas o acuerdos que requieran la aprobación del Pleno, así como los propios presupuestos municipales.

El papel institucional de la oposición es controlar al gobierno y, en supuestos extremos, articular una mayoría alternativa a través de una moción de censura cuando las políticas impulsadas por el gobierno municipal conduzcan claramente a situaciones críticas para el devenir presente y futuro de la ciudad y de sus ciudadanos.

El sistema de gobierno municipal, por tanto, prevé mecanismos formales que atenúan los efectos disfuncionales de la mala política. También provee de instituciones para gobernar en minoría los ayuntamientos (cuestión de confianza, por ejemplo). Lo razonable es que se usen tales mecanismos y, en consecuencia, salvo la formación de mayorías absolutas conformadas por diferentes partidos o fuerzas políticas alrededor de un programa de gobierno que se pueda trasladar para su conocimiento a la ciudadanía, gobiernen inicialmente quienes han ganado las elecciones.

Ese binomio ganar/gobernar, sin embargo, todo apunta que se romperá en no pocos ayuntamientos (algunos de significación específica). Veremos las consecuencias internas y externas que tales decisiones tienen a corto, medio y largo plazo. En el plazo corto o medio se deberán explicar muy bien con el objeto de que no tengan efectos indeseables para algunos partidos en las próximas elecciones legislativas. O simplemente reviertan, paradójicamente, en un fortalecimiento de aquel partido al que todos parecen denostar y algunos dan incluso por políticamente muerto.

En perspectiva a más largo plazo habrá que observar atentamente qué consecuencias tienen para la vida y la imagen institucional de las ciudades. Si son gobiernos de minorías absolutas e incapaces de tejer acuerdos, la parálisis será una de las notas dominantes de la vida municipal. Y sus efectos letales. Si son gobiernos de coalición veremos cómo influyen esas coaliciones múltiples de carácter multicolor en su funcionamiento y cómo se distribuyen las áreas de poder y las responsabilidades públicas (o los “cargos”).

Algunos primeros signos no son precisamente alentadores. La política de la demagogia puede dañar irreparablemente las instituciones locales. Pero eso (por ejemplo, el pésimamente planteado asunto de las retribuciones del personal político y directivo municipal) debe ser objeto de análisis en otra entrada ulterior de este Blog.

Ahora simplemente cabe constatar que nos encontramos en un momento de cambio no se sabe muy bien hacia dónde, con instituciones fragmentadas (así lo han querido los electores) y que se palpa un tiempo político “nuevo”, algo enrarecido, muy enredado y que requerirá altas dosis de prudencia, sensatez y templanza, pero sobre todo mucho sentido institucional, para poder ser gobernado cabalmente. Veremos quién o quiénes acreditan tales virtudes. Y, si no, más temprano que tarde seremos testigos (de primera mano) de sus consecuencias. Algunas secuelas, como la imagen intangible de una ciudad, probablemente puedan ser irreparables a corto plazo.