“Cabe contraponer una ‘actitud política de Estado’ frente a una ‘actitud política de partido”

(Carl Schmitt, El concepto de la política)

Vamos a ver si de una vez por todas nos enteramos: la gestión de los fondos europeos NGEU no va únicamente de la pretendida e inaplazable recuperación del país, va sobre todo de política. También de gestión, pero antes que nada de política. Sólo así podremos entender lo que está pasando y lo que queda por pasar, que es mucho y será -intuyo- un camino lleno de sorpresas y no pocas tensiones.

En una política preñada, como es la nuestra, de la confrontación amigo/enemigo, la política de partido -como recordaba el propio Schmitt- se caracteriza por “la falta de objetividad, inevitable en toda decisión política”, que adopta entonces “la forma mísera y el pobre horizonte de una política de prebendas”. Son riesgos que se corren cuando decisiones transcendentales que pueden ser objetivables por naturaleza se dejan en manos exclusivas de la política, sin ningún otro instrumento moderador.  

Probablemente, la larga y pesada pandemia (fatiga pandémica, se llama) nos está haciendo perder la perspectiva de muchas cosas. Ahora ya valoramos como normal lo que es excepcional, y el juicio crítico palidece, ciñéndose en la mayor parte de los casos a un griterío ensordecedor que nade resuelve. Los gobiernos quieren aparecer como amortiguadores de tensiones o vendedores de soluciones mágicas, que nunca existen. Mejor dar que quitar. Esa es la política que se lleva. La pandemia, se dice, ha puesto en primer lugar el protagonismo del sector público. En verdad, lo que ha dejado patente es que quien está fuera del paraguas de lo público se moja, y mucho. Está a la intemperie. Todos buscan su protección.

Lo público crece, se expande y, a su vez, se enreda en un tejido administrativo denso, espeso y nada funcional. El protagonismo de la gestión de los fondos y de la recuperación -se nos dice- lo liderará el sector público, actuando sólo o acompañado (colaboración público/privada). Habrá que esperar resultados, antes de emitir juicios. Pero en mal estado de revista se encuentra lo público para semejante viaje. En verdad, tras esta crisis, el dualismo público/privado es cada vez más insoportable. Dos mundos paralelos. Se trata de estar dentro o fuera. Y no es baladí. Dentro están quienes viven de la política, quienes sirven a la Administración, quienes tienen pensiones públicas, y ahora quienes viven enchufados a lo público por ayudas, subvenciones, IMV, ERTES, o cualquier tipo de crédito, exención o prestación personal o empresarial proveniente de los poderes públicos. También todos aquellos, que son legión, que quieren entrar bajo el amparo del paraguas público. Todo se cubre con unos magros presupuestos públicos que tendrán que vivir muchos años encadenados a una ascendente deuda pública y a las ayudas europeas, siempre que estas se gestionen adecuadamente. Luego vendrán los eufemísticamente denominados “planes de reequilibrio”. Pero sobre eso, mejor no hablar. Y menos ahora. Nos encanta vivir al día, sin sobresaltos futuros. Gastamos lo de ayer, hoy y mañana. Ya vendrá alguien milagrosamente a pagar los platos rotos. Quien los haya roto, ya entonces estará lejos. Los cargos gubernamentales son efímeros, por mucho que algunos pretendan eternizarse. 

En todo caso, la oportunidad lo merece, habrá una inyección de recursos públicos, que deberán incrementarse pronto, pues la tercera ola ya está llamando a la puerta, y la clave de la política y la gestión de los fondos europeos NGEU está en tres preguntas principalmente: quién los reparte, a quién se reparten y para qué se reparten.

La cuestión sobre quién reparte los fondos ya ha quedado clara en el borrador de proyecto de decreto ley y en los futuros presupuestos generales del Estado: el Gobierno y sus respectivos departamentos. Se ha optado por un modelo en el que la decisión está centralizada y los réditos políticos se los pretende llevar quien directa o indirectamente asigne tales recursos. El modelo de Gobernanza de la gestión de fondos descansa sobre el Gobierno central principalmente. Lo demás es coreografía, salvo el papel (veremos cuál) de la Conferencia Sectorial. Y, si me apuran, el principal molino está en Moncloa. Allí, se decide hacia dónde va la harina. Los riesgos de que el clientelismo político o las malas prácticas actúen por doquier son elevados. No sólo allí, sino en todos los lados. Por ello, reforzar los sistemas de integridad y también los controles externos es una necesidad imperiosa.

A quién se reparten es cuestión más compleja y aún incierta. Son varios los pilares y diferentes sus destinos. Competencialmente, gran parte de los proyectos de inversión que se lleven a cabo caen dentro de las atribuciones autonómicas y también locales. Y la doctrina jurisprudencial sobre subvenciones, también europeas, está muy delimitada. Para evitar líos se ha dicho que el reparto será aproximadamente al 50 por ciento entre Estado y Comunidades Autónomas; como si las competencias se pudieran dividir de forma salomónica. Luego están las inyecciones que vayan o puedan ir directamente a empresas, al parecer directamente muy poco. La puja política en todos estos temas será de muchos decibelios. Quien esté cerca del poder (¿por qué se arriman tantos ahora?) tendrá merecido premio, quien se aleje, castigo. Una distribución injusta territorial, económica o socialmente puede abrir heridas profundas.

Y la clave está en para qué se reparten. Sin dudad, para estimular o multiplicar el crecimiento económico. Esa es la respuesta canónica. Ya hay ámbitos de inversión fijados por la Comisión Europea, pero aún faltan muchos detalles que se deben definir normativamente. Entre nosotros, tras las vagas diez palancas definidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, todos los poderes públicos se han lanzado a una alocada carrera de diseñar proyectos de inversión que encajen directa o indirectamente en tales ámbitos. Por cierto, el hermetismo en tales procesos es la regla, la falta de transparencia el pecado, mientras que la participación ciudadana resulta la bicha que nadie menta. El Gobierno abierto se ha diluido en una opacidad propia de épocas medievales. Con el dinero no se juega, amigo; con el poder menos.

Pronto el Gobierno dará a luz ese decreto-ley cuya concepción extraordinaria y urgente ha costado parir prácticamente seis meses. Una norma con rango de ley de trascendencia inusitada que entra en el ordenamiento jurídico por la puerta de atrás sin debate político alguno. Nadie, salvo los grandes despachos y grandes consultoras (cuya “grandeza”, en ambos casos, está en la facturación), sabe prácticamente nada de lo que allí se cocina, salvo ese borrador de proyecto de real decreto-ley que, un mes antes de su aprobación, se filtró interesada o desinteresadamente. Presumo que cuando se vista de largo en el BOE irá muy cambiado, ya que,  en caso contrario, nada justificaría estirar el tiempo de prórroga extraordinario y la simulada urgencia hasta las fechas navideñas.

La preparación de esa norma excepcional, que nadie -a pesar del tiempo transcurrido en la gestación- ha tenido la osadía de debatir en nuestras hoy en día inertes e inservibles Cortes Generales, se ha dilatado más de lo razonable, dejando al descubierto las letales consecuencias institucionales y sociales de esta pandemia con efectos adormecedores. Una decisión tan vital para la economía y la sociedad española, así como para la devaluada política, no se ha discutido públicamente. Quienes opinamos, nos hemos guiado sólo por la intuición o por una información totalmente fragmentaria, pues apenas nada se sabe ni se conoce de este proceso de reparto de panes y peces. El oscurantismo, la falta de transparencia, la inexistencia de reglas ni procedimientos determinados, la indefinición, así como las amplísimas dosis de discrecionalidad (por no ir más lejos) que anidan en este aún non nato sistema de gestión de fondos europeos, no augura nada bueno sobre lo que inmediatamente viene ni tampoco sobre lo que vendrá después.

Hay, en efecto, un enorme problema de falta de capacidad de gestión o absorción de fondos, que es trascendental solucionarlo si no queremos que esos recursos públicos se pierdan por las enormes fugas de las cañerías políticas y burocráticas, o peor aún que crezca inusitadamente la corrupción. Pero hay un problema previo del que muy poco se habla: cuál es el modelo de Gobernanza de los fondos, y sobre todo quién y cómo elegirá los proyectos favorecidos por el maná europeo, y en especial a partir de qué procedimiento y con qué reglas objetivas serán seleccionados. Sobre todo esto, el mutismo es absoluto. 

Sólo la casualidad o el azar (aunque también puede estar premeditado) ha querido que un primer mojón de ese futuro riego de miles de millones de euros sobre el secarral económico hispano (la publicación del decreto-ley) se ponga previsiblemente en marcha coincidiendo con el sorteo de navidad. O, si se despistan un poco más, con el de reyes. Siempre fiamos nuestro destino a la suerte. También, al parecer, en este caso. Ahora a la suerte política que, si es de partido, estará sesgada hacia la inevitable arbitrariedad que rige la política cuando esta se asienta en la dicotomía amigo/enemigo. Tiempo habrá de comprobarlo. Pero, no se escandalicen ni personalicen culpables. El problema no es de ahora, sino de siempre. Al poder, sea este el que fuere, hay que ponerle reglas, límites y controles. Montesquieu les llamaba frenos. Cuando estos no existen o están averiados, no pidan que el coche se detenga antes del atropello. Nunca lo hará. Y, cuando se levante el cadáver, ya será tarde.