I.- PRECEDENTES Y ARRANQUE

“La adoración del poder es uno de los peores tipos de idolatría humana, un resabio del tiempo de las cadenas, de la servidumbre y de la esclavitud” (Karl Popper)

Introducción

En España, como escribió Larra, tenemos cuasi-instituciones. Más preciso, Galdós reiteró en sus Episodios Nacionales que sin sólidas instituciones el país nunca saldría adelante. Tras más de dos siglos de tormentosa inestabilidad institucional, y un pobre Estado liberal construido durante el siglo XIX y primeras décadas del XX con mimbres casi exclusivos del liberalismo conservador doctrinario, con un liberalismo progresista preterido, largos períodos de dictadura, en el ínterin una breve y tormentosa Segunda República que finalizó con un golpe militar y una terrible Guerra Civil (que cerraba el ciclo de las guerras carlistas del XIX), la llegada, tras el larguísimo paréntesis del franquismo, de la Constitución de 1978 abrió una puerta a la esperanza de concordia y a la presumible estabilidad democrática e institucional. Así lo pareció tras el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (luego UE). Sin embargo, un Estado no muta sus viejas patologías por una nueva barrera de pergamino, expresión propia de El Federalista al referirse a la Constitución estadounidense de 1787. El retorno de las instituciones democráticas se hizo de la mano de las prácticas antaño presentes en la política española: la concepción patrimonial del poder, el caciquismo (reinventado a través de una nueva organización territorial del poder), el clientelismo político y la sociedad del favor, así como el regreso (si alguna vez se fueron) del nepotismo y del amiguismo, así como de la persistente corrupción. Pronto, por tanto, esas patologías adheridas durante más de dos siglos echaron raíces en esa España clientelar de partidos que comenzaba a emerger. En el fondo, nada había cambiado; aunque el final de la dictadura franquista era suficiente motivo de alborozo para tapar esas y otras muchas patologías que se fueron multiplicando también durante ese largo período de autoritarismo.

Efectivamente, al poco tiempo de inaugurarse la España del 78, las flamantes instituciones democráticas comenzaron a ofrecer grietas en su funcionamiento efectivo (Consejo General del Poder Judicial, tensiones en el TC con la sentencia RUMASA, primeros casos de corrupción política, prácticas clientelares y de ocupación partidista de la alta Administración y de los órganos de control del poder, etc.), pero eran síntomas aún muy prematuros. Todo parecía funcionar cabalmente. Aunque ya entonces a la sazón el flamante vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, dictó sentencia: “Montesquieu ha muerto”. Se le olvido decir que tal principio de separación de poderes en España nunca había nacido o jamás fue entendido. Con la llegada del siglo XXI, incluso antes, se dieron las primeras señales de alarma. Los partidos centrales del sistema fueron incrementando su letal control sobre las instituciones de control del poder, incorporando paulatinamente a sus nombramientos de tales órganos de control cada vez más fieles soldaditos afines a las respectivas causas partidistas, y no como en sus primeros momentos a profesionales de prestigio acreditado y con una relativa independencia de criterio. El control del órgano de gobierno del poder judicial (y, a través de este, de los nombramientos al TS) y de la fiscalía, ya sin disimulo y no sin tensiones, eran piezas codiciadas de los gobernantes de turno. El clientelismo siguió haciendo estragos en las Administraciones territoriales y en su sector público, y la concepción patrimonial del poder de los respectivos gobernantes, centrales o territoriales (caciques de campanario, como les llamó Clarín), se fue agudizando como reflejo de una España que ya miraba políticamente más al siglo XIX que al XXI.

El sectarismo político fue in crescendo, y se fraguó a fuego lento eso que conocemos hoy como polarización política. El segundo gobierno Aznar y su pésimo cierre, así como las políticas de quiebra de las tímidas expresiones de “consenso” por parte del presidente Rodríguez Zapatero, allanaron el camino a la resurrección de las dos Españas y al reverdecer de la denominada “España plurinacional”. Ni que decir tiene que la crisis financiera de 2008 y su prolongación en el tiempo, con hondas secuelas en la sociedad española, el impulso del 15M y su llamada a una regeneración política que nunca se produjo, las reformas estructurales obligadas por la UE, así como la travesía en el desierto de un PSOE que no encontraba su sitio en el tablero político nacional tras su salida del poder, con un evidente déficit de liderazgo, conformaban un cuadro político complejo. El contexto estaba cambiando aceleradamente (o eso parecía): la emergencia de partidos de la nueva política que en un visto y no visto se hizo más vieja que el crimen, y unos gobiernos notablemente indolentes del PP en la era Rajoy, tras una primera legislatura de rodillo con mayoría absoluta, con el culmen del procés catalán, su ensayo chapucero de ruptura constitucional y la lenta y torpe respuesta de las instituciones centrales, así como la persistencia de la corrupción política, crearon el caldo de cultivo para que un atormentado PSOE hallara finalmente la solución a sus nuevos males en la figura de Pedro Sánchez, primero aupado al liderazgo del partido, luego destronado y finalmente retornado por unas primarias a su condición de líder del partido (2017). Finalmente, entronizado como jefe del Gobierno, tras una calculada moción de censura (y un pacto a casi todas las bandas) cuyo objeto principal era -se decía- acabar con la corrupción del partido del poder.

Se abría, así, a mediados de 2018, una nueva era en la política española. Roto en pedazos el ya frágil consenso político, autodestruida la efímera fortaleza de Ciudadanos, emergiendo con fuerza Podemos desde 2014 como exponente de la “nueva izquierda” hasta su también posterior autodestrucción desde el poder, encogido el Partido Popular bajo el liderazgo de Casado y su zafia sustitución, y con un PSOE (que nunca superó por sí solo los 123 escaños) abrazado a los nacionalismos/independentismos periféricos como nueva mayoría democrático-gubernamental del llamado Estado plurinacional, España y sus instituciones entraban en una era hasta entonces desconocida. Se iniciaba, así, una espiral de descomposición política acelerada: la del gradual imperio del populismo iliberal sin remilgos, tanto desde el poder como en no poca medida desde la oposición. El escenario político-institucional había mutado, sin duda. Nuevos tiempos.

Y esa presidencia Sánchez, que, hoy por hoy, se extiende desde mediados de 2018 hasta finales de noviembre de 2026 es el objeto principal -no exclusivo- de la serie de entradas que ahora comienza. Este análisis, cabe advertir, se centra exclusivamente en la esfera institucional. Por tanto, es una mirada parcial a la obra de un presidente que ha cumplimentado hasta ahora dos legislaturas (esta última a falta de 8 meses) y de menos de un año la primera. Veremos si ese legado institucional tiene continuidad en el tiempo o acaba, final o temporalmente, tras el 29 N.

Preliminar. Las instituciones ya estaban rotas, si bien su derrumbe se ha acelerado

España ha maltratado secularmente sus instituciones. No es nada nuevo. Los viejos demonios derivados de las patologías decimonónicas de un Estado Liberal “normativo” (Luis Castells), pero no efectivo (casi nunca lo hubo), las tensiones absolutismo/liberalismo, los largos períodos de liberalismo doctrinario, la escasa presencia temporal del liberalismo progresista en el poder y los periodos de dictadura,  configuraron una España políticamente inestable, con visiones muy sectarias y escasa tradición democrática, pues el Estado se construyó con otros mimbres. Y, en fin, el complejo contexto se cerraba con una ciudadanía muy dada a los extremos y enfrentamientos cainitas, además con una cultura liberal muy pobre.

No me extenderé en tales cuestiones críticas, pues están analizadas en buena parte de los estudios que sobre la cuestión institucional de España he ido publicando en estos últimos diez años (Los frenos del poder, Instituciones rotas y Falsos cimientos) o en la trilogía sobre literatura decimonónica y el fracaso del liberalismo español (El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su ‘cuarto oscuro’ en España; Juan Valera: liberalismo político en la España de los turrones o, en fin, Clarín, republicano de las letras). Al lector interesado, si es que lo hay, allí le remito.

La tesis de todos esos trabajos, por lo que ahora interesa, se puede resumir en breves palabras: España no ha logrado en estos dos siglos conformar un sistema institucional democrático-liberal y disponer de una cultura político-institucional estable y equilibrada. En 1978 se abrió, como se decía, una ventana a la esperanza, hoy ya quebrada por completo. Las instituciones españolas se fueron degradando desde los primeros pasos del nuevo régimen constitucional, pero el proceso se agravó tras el cambio de siglo y se ha acelerado peligrosamente en la última década (tanto con el final de la presidencia Rajoy como, especialmente, con la presidencia Sánchez).

De todos modos, las instituciones ya estaban rotas o dañadas, si se quiere gravemente. Los partidos habían abrazado el sectarismo más ancestral, se habían convertido en máquinas oligárquicas de populismo iliberal, que solo buscaban el poder por el poder refugiados en sus propias trincheras. El fanatismo, la intolerancia y el odio fueron creciendo sin pausa (terreno propicio para la emergencia de fuerzas políticas etnocentristas de derecha extrema, tanto en el ámbito español como en los nacionalismos periféricos o la proliferación de expresiones de la izquierda extrema, que ahora parece no existir en el lenguaje mediático). Pero, por lo que aquí importa, el débil sentido institucional de los partidos gubernamentales o de la oposición se hizo cada vez más manifiesto en estos diez últimos años: bloqueo de la renovación del CGPJ durante 5 años por parte del Partido Popular, asalto medido al Tribunal Constitucional para cambiar su anterior monopolio conservador, grosero manoseo por parte del Gobierno de la renovación de la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos, con sentencias del Tribunal Supremo poniendo las cosas en su sitio, y el espectáculo eterno y lamentable en la renovación del Consejo de Administración y de la presidencia de Radio Televisión Española, auténtico culebrón político partidista por etapas del peor cariz, entre otros muchos. Muchas de estas y otras lindezas gubernamentales y partidistas se produjeron ya en plena presidencia Sánchez. Pero, a mediados de 2018, las instituciones de control del poder estaban ya colonizadas desde tiempos inmemoriales, el TC fracturado entre “conservadores” y “progresistas”, el CGPJ dividido siempre en dos bandos político-judiciales rivales, y la alta Administración del Estado y su sector público politizadas hasta los tuétanos. La presidencia Sánchez, y su clara consigna de eludir cualquier pacto con la derecha conservadora (tras la emergencia de Vox, reconducida al papel de derecha extrema por el poder gubernamental) fomentó, sin duda y con plena conciencia, la restauración de una España dividida en dos bandos irreconciliables. Eso facilitaba su discurso político inmediato, pero la factura final de tal táctica reconvertida en estrategia suicida está aún por determinar. Al menos para la sociedad española, rota en dos pedazos y sin aparente remedio.

1.- España es formalmente un Estado liberal-democrático sin liberales ni demócratas

Este punto ya ha sido explicado más arriba. Mas conviene insistir sucintamente en que España es un país ayuno de cultura liberal democrática. Hubo liberales, sí, pero siempre jugaron un papel secundario en el teatro político español. Las Constituciones decimonónicas de sello progresista (muy precarias en su vigencia) o las de factura conservadora doctrinaria (que duraron mucho más tiempo), fueron cascarones vacíos ante el empuje del caciquismo y del falseamiento electoral, una constante en la España del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, alcanzando incluso a la Segunda República. Un liberalismo conservador pujante, con fuertes pulsiones autoritarias y nada amigo (o poco) de la alternancia política, fue caldo de cultivo de esas patologías, denunciadas en su día por Joaquín Costa, entre otros muchos. Aunque su regeneracionismo hidráulico -como lo llamaba Clarín- resultara un fracaso estrepitoso.

Luis Castells, en sendos trabajos recientes, ha puesto de relieve las limitaciones que siempre tuvo el Estado Liberal en España, visión que, desde el punto de vista de un historiador, refuerza las hipótesis que mantuve en los diferentes libros citados. La España decimonónica no fue liberal, sino muy parcialmente, menos aún liberal-democrática. El predominio del liberalismo doctrinario de base censitaria, y las enormes dificultades de implantación del sufragio universal masculino (la “cocina económica”, que decía Clarín para negar aquello de “un hombre, un voto” y sustituirlo por “un hombre, un plato”; dada la compra del sufragio), así como la existencia de un liberalismo progresista con escaso tiempo de poder efectivo y luego acomodado al “turno pacífico”, y un republicanismo troceado en mosaicos de partidos enfrentados entre sí, hicieron prácticamente inviable el asentamiento del liberalismo democrático en España. Y en la Segunda República tampoco se dieron las condiciones objetivas para ello: los partidos republicanos burgueses o pequeño-burgueses, con cultura democrático liberal, y asimismo sus propios líderes (con muy contadas excepciones), acabaron devorados por la polarización política de dos bloques enfrentados que terminó siendo la antesala del final del que fuera tal vez el ensayo más serio que había tenido España de intentar construir una República democrática. Hubo en el período republicano líderes y ciudadanos con sensibilidad democrático-liberal en ambos bloques políticos, pero fueron minoría. El PSOE tenía en sus filas algunos líderes liberal-demócratas, amén de socialistas (Indalecio Prieto o Besteiro), pero tras el estallido de la Guerra Civil y la larga noche del franquismo tales sensibilidades se opacaron por otras más ortodoxas. Como expone Luis Castells, esas sensibilidades renacieron durante la secretaría general y las presidencias de Felipe González (1982-1996), donde no pocos de sus ministros comulgaban con ese ideario que combinaba liberalismo democrático con socialdemocracia. Esos tiempos pasaron. No fue un cambio instantáneo, pero sí gradual y persistente. Hasta desvanecerse.

A mediados de 2018, cuando Pedro Sánchez llega al poder tras la moción de censura, las huellas de esa mixtura entre socialdemocracia y liberalismo democrático estaban ya en mínimos históricos. A finales de 2026 ya prácticamente no quedan ni rescoldos de aquello: un populismo iliberal se ha hecho omnipresente en las políticas de izquierdas en España, aunque a veces se intenten vestir forzadamente de políticas socialdemócratas lo que son lisa y llanamente políticas subvencionales. Un dramático ejemplo: mejor apadrinar el bono ferroviario de jóvenes que dedicar recursos a la inversión. Concepciones de populismo iliberal que, con precedentes en gobiernos de todos los colores políticos (incluso periféricos), se han hecho generalizadas.

El primer legado de la era presidencial de Sánchez es, por tanto, el práctico abandono por parte del PSOE de su más reciente tradición liberal-democrática sustituida por un enfoque populista iliberal cada vez más escorado hacia un radicalismo de izquierdas (ocupando espacios y discursos de la izquierda extrema) y con la connivencia ideológica circunstancial e interesada (por motivos de continuidad en el poder) con partidos etnonacionalistas periféricos. El PSOE gubernamental ha ido edulcorando esa orientación populista con algunos discursos y políticas de cariz socialdemócrata (con ministros que aún defienden tales premisas), si bien con políticas subvencionales a determinados colectivos que son el “granero electoral”: pensionistas, empleados públicos, desempleados y personas sin ingresos; el “escudo social” iniciado en el Covid19). Lo dijo Tocqueville: “No hay nada más difícil de gobernar que un pueblo de solicitantes”. La hipoteca sobre las futuras generaciones será probablemente muy pesada.

2.- Prietas las filas. Retorna el fanatismo político y la intolerancia: de muros, enemigos acérrimos y odios cainitas

La tan manida polarización política, fenómeno universal que, en España, aunque siempre presente, echa fuertes raíces sobre todo a partir del simplista mensaje del No es no como línea de actuación del nuevo líder socialista español, con precedentes, tras las primarias de 2017. Una línea de acción luego reforzada ya en el poder desde 2018. Y años después por su gráfica imagen del muro que, como su propio nombre indica, busca evitar a toda costa la alternancia en el poder; esto es, que gobierne en este país la derecha y la extrema derecha (siempre juntas en el mismo pack), lo que comporta alianzas de todo tipo (incluso contra natura) con el fin de evitar ese acceso de los enemigos políticos al poder, como así se dio tras las elecciones de 2023 y ahora se quiere reeditar en 2026. Excluir la alternancia política porque no gusta la orientación ideológica conservadora o incluso reaccionaria de algunos partidos adversarios, no es, sin embargo, una conducta liberal democrática madura sino una tendencia de fuerte componente autoritario, y sobre todo que abre la puerta a un larvado enfrentamiento civil, con no pocas dosis de guerracivilismo, transportándonos a tiempos pretéritos. Algunos muy lejanos. Otros no tanto.

Tras más de ocho años en el poder, el actual líder del partido socialista, se ha caracterizado por construir un partido vicarial a su proyecto y eliminar cualquier resquicio de disidencia interna al discurso dominante: en el PSOE, como partido de cargos públicos que es, discrepar con el líder implica perder todas las prebendas y dejar de vivir de la política. Un cambio existencial, más para quien no tiene alternativas profesionales a la política. Y ese cierre hermético de filas comporta, además, otros efectos externos: tiene en su haber (o debe) principal el alimentar el frentismo y promover un contexto polarizador en el que, “involuntariamente”, ha crecido de forma inusitada la extrema derecha (de presencia insignificante cuando arribó al poder), cuyo techo no se advierte, destruyendo de paso el peso electoral del partido conservador (al parecer su gran objetivo, para extremar la polarización), a cuyo actual líder siempre ninguneó. Tal táctica, convertida en estrategia, no solo circunscribe el pluralismo a la circunstancial y oportunista “mayoría parlamentaria” (aquel somos más de julio de 2023), hoy rota parcialmente, sino que, como ha recordado el profesor Víctor J. Vázquez, esa exclusión vulnera un valor constitucional esencial como es el pluralismo político. Y ello impacta gravemente en el contexto político vigente, pues supone un serio y desestabilizador regreso de la intolerancia, del fanatismo y del odio entre españoles, antesala de terribles enfrentamientos que azotaron a nuestro convulso pasado histórico, con esa actitud tan cainita de resolver, así, los conflictos existenciales. En España, como estudió Juan Valera y después Azaña, admirador el egabrense, la intolerancia hizo estragos desde el siglo XV hasta el siglo XX, particularmente en aquella guerra que Unamuno llamó “incivil”. La intolerancia y el fanatismo se apropiaron entonces de los españoles, y, como decía un alter ego de Azaña en La velada en Benicarló: “Ninguna política puede fundarse en la decisión de exterminar al adversario. Es locura, y en todo caso irrealizable”. Concluyendo: “El enemigo de un español es siempre otro español” ¡Qué malo es el olvido!

II.- PRINCIPIOS, ¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS? QUEBRANDO LOS FRENOS DEL PODER

“Bien quisiera, a propósito de teorías, que el señor Cánovas hubiera demostrado aquella tan peregrina que expuso acerca de la imposibilidad de gobernar con principios fijos, casi me hubiera contentado con saber cómo son los principios que no son fijos y para qué sirven” (Clarín)

3.- Los valores y principios en política no aportan nada…

Clarín, como reza la cita, se mofaba del preboste conservador y de su peregrina idea de los “principios fijos”. Y como también escribió en una de sus piezas políticas estelares (“El Regenerador”): “La moral es un mito”. Alas era también, además de escritor y periodista, filósofo moral. ¿Cómo resuenan estas ideas cuándo uno se aproxima a la figura del actual presidente? Lo expresó con tino y dureza Arias Maldonado en una de sus últimas columnas periodísticas.

Los principios en la presidencia de Sánchez han sido muy volátiles, como se verá en estas líneas. Sus bandazos, apremiado por su propia supervivencia política, nunca se asían en principios fijos, sino en circunstancias a las que había de adaptarse en cada momento. Su frágil interiorización de los valores, principios y controles era una muestra del incordio permanente que impide gobernar con manos libres. O mejor dicho su concepción democrática acotada a espacios ideológicos compartidos (a veces por pura necesidad existencial), es una pésima interiorización del valor constitucional del pluralismo político como pieza básica de un Estado democrático. Pero no es el único ejemplo. Hay otros tantos más que veremos de inmediato o en entradas ulteriores.

4.- El trampantojo de la soberanía popular

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. La letra constitucional es esa, la música política otra. Hemos visto y oído en los últimos años, especialmente en esta legislatura fallida que ahora agoniza, cómo se ha defendido por parte del Gobierno y de su “mayoría” que el Parlamento (más bien el Congreso de los Diputados) es soberano, rememorando a los revolucionarios franceses o los viejos principios de la revolución inglesa en su lucha por una monarquía limitada. Mas aquí el problema es otro: esa soberanía parlamentaria se ha llegado a esgrimir frente a la primacía de la Constitución, lo que en sí mismo es un dislate iliberal. Y no una vez, sino varias. El Congreso es un órgano de representación, sin duda de extracción democrática por su (relativa) composición proporcional, pero no es ni puede ser un órgano soberano. Eso es desconocer las reglas más básicas del constitucionalismo liberal.

También hemos escuchado recientemente de boca del presidente invocaciones al sentir del pueblo (o de la mayoría del pueblo) que legitimaría incluso considerar equivocadas determinadas decisiones parlamentarias por su naturaleza antisocial (como, por ejemplo, no convalidar sus decretos-leyes de alquileres por el pleno del Congreso) o, en fin, justificar la adopción del indulto al Fiscal General del Estado con base en esa misma sensibilidad popular ante la injusticia de su condena por el Tribunal Supremo. Este modo de actuar es propio de una presidencia iliberal y populista de otras latitudes, pero no de una democracia liberal europea que se pretende avanzada. El respeto y equilibrio constitucional e institucional hacia los otros poderes en un Estado Democrático de Derecho es uno pilar básico de la Constitución. Afectarlo es muy grave.

5.- Una monarquía parlamentaria travestida fácticamente en falso sistema presidencial

Según la Constitución, España es una monarquía parlamentaria. Mas esa idea está teñida en el texto constitucional por la existencia de una robusta presidencia del Gobierno investida por el Congreso, más aún en un contexto de fragmentación y polarización política como el actual. En tal marco, investido un candidato, lo complejo es “desvestirlo” de su poder, pues la censura constructiva “prolonga indefinidamente la vida de gobiernos débiles” (Rubio Llorente). Esa tendencia imparable de reforzar los poderes presidenciales ha terminado por calar hondo y hacer mutar el principio de “monarquía parlamentaria” hacia una suerte de monarquía presidencialista, cuyo adjetivo se ha ido reforzando en los ocho años de presidencia Sánchez; hasta el punto de que, dado el bloqueo político parlamentario para activar moción de censura alguna, y aun gobernando en minoría absoluta, la figura del presidente se hizo omnipresente en el panorama institucional español e internacional. Esta tendencia se multiplicó cuando incluso llegó a proponer gobernar sin el Parlamento. De lo que se hablará en la siguiente entrada. En buena medida lo ha hecho tomando como rehén a la Cámara baja, con un control estricto con mando a distancia de la Presidencia del Congreso (cuya presidenta es una suerte de títere de Moncloa), e ignorando supina y reiteradamente la labor del Senado y su papel institucional (cámara controlada por el principal partido de la oposición, que la ha utilizado también espuriamente para sus propios intereses políticos). O, todo lo más, considerando al Congreso de los Diputados como cámara de convalidación de su hiperbólico y enfermizo populismo instantáneo de legislar vía excepción (decretos-leyes).

Sin la legitimación directa de una votación popular de corte presidencial, Sánchez ha pretendido vestir una y otra vez al sistema constitucional con el traje de un presidencialismo de facto. En su fuero interno le encantaría convertirse en presidente de la III República española y emular así a Azaña, aunque la figura intelectual del alcalaíno deje muy empequeñecido al mandatario actual. Se le ha querido ver, asimismo, un cierto paralelismo, con Napoleon Le Petit, como definiera Víctor Hugo al emperador del Segundo Imperio. Pero las diferencias son muchas, y no solo de estatura física, pues en política populista el francés le da sopas con ondas a nuestro aspirante de bonapartismo castizo. Sí es cierto que este apunta algunos tics iliberales, que iremos viendo. Si Napoleón III atacó la prensa y el pluralismo político, algo ha intentado también nuestro actual mandatario, con más empeño que resultado en lo que a medios afecta (salvo su “éxito” en ocupar RTVE), y con clara contundencia en su afán de reducir a la nada a sus enemigos políticos (cuyo frágil liderazgo se lo ha puesto muy fácil). Rasgos bonapartistas del presidente podrían hallar ejemplo, asimismo, en la doctrina-camaleón de Napoleón III (Nere Basade). Sus constantes y radicales cambios de opinión reforzarían esa idea. Ya se sabe, donde dije digo, digo Diego. Para eso está su jefe de Gabinete, doctor en enredar el relato con el arte del engaño.

El recorrido plebiscitario bonapartista, sin embargo, no lo ha transitado (sus mayorías han sido siempre exiguas e inestables frente a los atronadores resultados electorales, manipulación aparte, de Luis Bonaparte), salvo en la práctica interna de su propio partido y en su último intento electoral. Mas peccata minuta frente a los excesos plebiscitarios de Napoleon Le Petit. Sí que, según se verá, sus tics iliberales han ido in crescendo: legislar ordinariamente por decreto-ley más que por leyes formales; gobernar una “legislatura” (casi) entera sin iniciar siquiera la tramitación de los presupuestos anuales; invertir, orillar o diferir el control parlamentario en asuntos de Estado; ocupar sistemáticamente con amigos políticos y desactivar así las instituciones de control del poder; no considerarse él, ni su Gobierno o ministros (salvo que la campaña electoral apriete) responsables políticamente de nada; intentar deslegitimar con persistencia al poder judicial y quebrar así el freno institucional que ello implica; politizar extensivamente la alta Administración y el sector público estatal (con resultados en este último caso devastadores en fechas recientes); crear estructuras elefantiásicas de asesores (magos de la comunicación en La Moncloa), etc. Mas hay notables distancias que aún justifican que España no sea una democracia iliberal. El presidente, aunque tensa hasta el infinito, no ha roto formalmente con el sistema constitucional. De seguir en el poder, tal vez ensaye desprenderse gradualmente de algunas de esas cortapisas. Vienen efemérides centenarias que rememorarán la república y su trágico final. Podría ser, si se diera tal circunstancia, el momento de apretar.

Se escribió que nuestra forma de gobierno es “parlamentaria de dominio presidencial” (Fernández Sarasola). Hoy los términos están ya invertidos. Incluso la representación simbólica del Estado quisiera ser disputada por la presidencia del Consejo de Ministros, y así parece serlo en algunos momentos. El Parlamento, por su parte, ha tenido un papel más adjetivo, obturado por mayorías inciertas y por una versión castiza y narcisista de un cesarismo de canciller, cuyo titular ha querido proyectarse y engrandecer su imagen en el exterior como redentor de las causas más justas y en el interior (ignorando no pocas exigencias constitucionales básicas) como pretendido escudo de desfavorecidos y baluarte de quienes viven del presupuesto y de sus respectivas clientelas. En fin, populistas e iliberales de izquierda o de derecha, a pesar de sus enormes distancias ideológicas, nunca difirieron mucho en tales empeños. Se objetará que es cuestión de a quiénes benefician. Sin duda. Pero, en el ámbito institucional, los daños causados por el populismo serán sin duda replicados o aumentados por quienes ejerzan poder gubernamental en el futuro.  Si hubiera alternancia, no tardaríamos en comprobarlo.

6. El mito de la separación de poderes. Nunca hubo contrapesos en este país

Este principio es el más preterido o ignorado. Pero no es nueva esa actitud, aunque se haya acrecentado. En este punto me detuve tanto en Los frenos del poder como en Instituciones rotas (en abierto aquí:   ). Más recientemente lo he hecho en el capítulo II de Falsos cimientos. Resumo mi tesis: España no ha tenido nunca cultura institucional de separación de poderes, menos aún bajo las premisas de los sistemas de checks and balances. División de poderes formal ha habido en algunos momentos de nuestra historia, pero sin aquella concepción de equilibrio y contrapesos anglosajona entre poderes. Tampoco ha florecido con la Constitución de 1978, que ni siquiera recoge expresamente este principio, aunque implícitamente la organización del poder se haga bajo esos parámetros. Con estas premisas, no es justo expresar que la presidencia Sánchez haya roto los sistemas de contrapesos del poder existentes, pues ya antes se habían quebrado por todos los gobernantes que le precedieron (incluidos, como es obvio, los líderes de gobiernos del PP). Sí que es cierto que, mediante determinadas prácticas de nuevo cuño que se verán, ha debilitado más aún de lo que ya estaban los escasos frenos con los que contaba el sistema constitucional. En España tradicionalmente el poder por excelencia ha sido el Ejecutivo: nuestra tradición política de conservadurismo doctrinario y más tardía de autoritarismo dictatorial así lo confirma. De aquellos polvos vienen estos lodos. Y es obvio que en estos momentos el presidencialismo de corte cesarista ahonda en esa tendencia. Sus tics iliberales populistas erosionan los escasos pilares aún existentes del principio de separación de poderes. Ello se advierte, por ejemplo, en el feroz y sistemático ataque que desde presidencia y desde el propio Gobierno se ha dirigido contra el poder judicial, y las permanentes denuncias de lawfare, por obstruir este poder los ejes gubernamentales de actuación y perseguirles políticamente. Eso es mala noticia, pero también buena: pues, al menos, frente a pulsiones iliberales hay alguien en el escenario constitucional que actúa de freno, aunque se diga desde el Gobierno que es de forma políticamente interesada (casos puntuales ha habido, pero no pueden generalizarse).

7. Amantes del poder sin frenos: colonizar sin rubor las instituciones de control

Donde sí que se han incrementado las pulsiones gubernamentales de desactivar los escasos mecanismos de control del poder, es en el asalto gubernamental sistemático a tales instituciones, sin que apenas hoy en día haya ningún órgano de control (el último en caer fue la AIREF) que no deje de estar controlado por personas cercanas al Gobierno (o a los partidos que le apoyan) y. más concretamente, por presidencia del Gobierno. No es, sin embargo, una tendencia nueva. Como se ha dicho, los partidos gubernamentales y los de la oposición política han ejercido durante décadas ese heterodoxo, constitucionalmente hablando, control de las instituciones de control, incorporando fieles o incluso militantes a tales órganos, desmintiendo la regla de oro que estableció Pierre Rosanvallon para que tales instituciones de control funcionen con los imprescindibles criterios existenciales de imparcialidad y autonomía frente a la política: a juicio de este autor, quienes son designados como miembros de esas instituciones de control del poder deben manifestar en sus actuaciones puntuales un deber de ingratitud frente a quienes les han propuesto o designado. Aquí, en España, muestran descaradamente la actitud contraria. Véase, por ejemplo, el caso del actual Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial (aunque este con alguna excepción puntual), donde las votaciones reproducen sistemáticamente los bloques políticos de los que proceden (7-5 en el TC y 10-10 en el CGPJ, aquí con matices). Por tanto, los miembros de estos y otros órganos de control manifiestan un permanente deber de gratitud (estómagos agradecidos) ante quienes les nombraron; a veces, incluso, con el pintoresco argumento de que están haciendo política gubernativa (como en el caso del CGPJ). Pero lo grave es que esto lo hacen tanto los designados o propuestos por el Gobierno y su presidente como los nombrados por la oposición. Ya se anuncia que, por ejemplo, si en el próximo Senado las fuerzas políticas que hoy están en la oposición logran una mayoría de 3/5, designarán como miembros en la próxima renovación (previamente bloqueada políticamente con el fin espurio de dejar abierta esa puerta a la esperanza) de 4 magistrados del TC (y, cuando proceda, de los 10 vocales del CGPJ) a soldaditos fieles (como se ha venido haciendo hasta ahora) a sus respectivas siglas, con el fin de cambiar la orientación ideológica de estos órganos de control o de gobierno del Poder Judicial, respectivamente. Nada nuevo, por cierto. Pero no por ello menos preocupante. Los políticos en España no han querido entender cuál es la razón existencial de esos órganos de control del poder.

Tiempo atrás, bien es cierto, los miembros de los órganos de control se designaban entre personas de prestigio profesional o académico contrastado, aunque tuvieran simpatías políticas hacia quienes les promovían a tales cargos. Esto se vio sobre todo en el Tribunal Constitucional o, más tardíamente, en la AIREF (y algo menos en otros órganos de control como el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, la AEPD o Consejo de Transparencia). Sin embargo, por lo que al TC respecta, esa línea de actuación se vio quebrada radicalmente. El ejemplo más evidente del declive institucional de un órgano constitucional de control tan importante como el Tribunal Constitucional se ha visto con evidencia en los últimos diez años, aunque tiene precedentes anteriores. No se puede comparar, en efecto, la extracción y reconocimiento profesional de los magistrados de los primeros Tribunales Constitucionales con la existente en estos últimos años, tanto en lo que respecta a los propuestos por el Gobierno de turno como por la oposición. Como hubo en su día algunos magistrados, ciertamente no muchos, que se desligaron circunstancialmente del mandato político de quienes les propusieron (Ollero, Jiménez de Parga y Manuel Aragón, entre otros), cada vez más se estrechó el círculo de la dependencia o fidelidad política para ser designar miembros a ese órgano constitucional, abogando por nombramientos de perfiles profesionales cada vez más bajos o con un prestigio mínimo, que siempre son más fácilmente manipulables, o se buscaron, en su caso, perfiles de presidentes muy alineados políticamente con sus promotores (Pérez Cobos, que era incluso militante del PP o Conde Pumpido de forma diáfana, más tibiamente en apariencia González Trevijano). Además, se incrementó la tendencia de nombrar a magistrados del Tribunal Supremo (incluso de tribunales inferiores) como magistrados del Constitucional (pretiriendo otros perfiles, como los académicos), (casi) siempre adscritos a las dos asociaciones judiciales correa de transmisión de los partidos (APM y JJpD).

Mas la vuelta de tuerca al modelo vino, sin duda, de la mano de la inclusión desmesurada de ex altos cargos gubernamentales o institucionales (de claro compromiso y alineamiento político) y, finalmente, de exministros que han sido recolocados, paradojas de la vida política española, en órganos de control del poder gubernamental, para lo cual, como es obvio, están absolutamente inhabilitados. La primera tendencia (nombrar ex altos cargos) ya se había manifestado en épocas pretéritas en diferentes órganos constitucionales, también en el TC, en el CGPJ, en la AEPD, en el Defensor del Pueblo o en el Consejo de Transparencia,  y la presidencia Sánchez (con las excepciones hoy de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y más tardíamente tras sucesivas chapuzas previas, en la AEPD) ha agudizado esa tendencia, designando, por ejemplo, como magistrada del TC a una ex alto cargo de Presidencia del Gobierno o para la presidencia de la AIREF a otra que había sido hasta entonces alto cargo del Ministerio de Hacienda (lo del zorro y las gallinas). Ni que decir tiene que la actual oposición política había también uso de tales atajos, designando personas con perfiles profesionales poco consistentes o en algún caso impropios para forma parte de un Tribunal Constitucional, pero que habían prestado servicios al partido en otros frentes (Enrique López), u otros con marcado alineamiento político (Alcubilla).

La erosión de la imparcialidad e independencia de estos órganos de control durante la presidencia Sánchez se ha dado, sin duda, con el nombramiento de miembros o presidentes de tales órganos de control de personas que habían tenido previamente la condición de ministros de sus respectivos gabinetes gubernamentales. Ese fue el caso del nombramiento como magistrado del TC del exministro Juan Carlos Campo, con una vida profesional como juez muy limitada temporalmente y en posiciones discretas de la estructura judicial, pero con larga dedicación a cargos del PSOE o designado por este (vocal CGPJ). También se nombró como Fiscal General del Estado, tras ser Ministra de Justicia, a Dolores Delgado. O presidente del Banco de España a José Luis Escrivá, doblemente ministro con Sánchez. Y, en fin, aunque más alejado en el tiempo, el nombramiento de Gabilondo como Defensor del Pueblo también entra en esa línea (ministro de Educación con Zapatero y líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, habiendo sido candidato a la presidencia de esa Comunidad). Y otros casos sonados fueron la designación de Magdalena Valerio (exministra) como presidenta del Consejo de Estado, nombramiento anulado por el Tribunal Supremo y luego, tras recolocarla como consejera permanente del mismo órgano (salió ganando), sustituida en la presidencia del Consejo de Estado por Carmen Calvo, ex vicepresidenta el Gobierno Sánchez. En fin, un tránsito constante, nunca visto, de exministros del Gobierno socialista a miembros de órganos de control del poder o de asesoramiento del propio Ejecutivo. Además, esa tendencia imparable abre otras incógnitas, como son las relativas a si, con esa operación de desembarco político y de control de los órganos de control del poder, no se pretende también hipotecar un gobierno futuro de sus enemigos políticos, estrangulando o dificultando la acción ejecutiva a través de órganos de control de extracción ideológica muy alejada de sus premisas. Esto es pronto para saberlo, pero la polarización política no ayuda. En fin, como ha escrito Elisa Beni, «la voracidad partidista ha socavado la institución y, lo que es peor, no hay visos de que no siga haciéndolo en el futuro más cercano». No lo hay, en efecto. Y, cabe temer, que esa degradación institucional no se detendrá. Los precedentes son demoledores y sientan un pésimo estilo.

Un aspecto singular (pues no se trata de un órgano de control sino de una corporación de medios públicos), pero con implicaciones políticas muy relevantes, ha sido el control de RTVE que la presidencia Sánchez ha ido reforzando gradualmente, hasta transformar, principalmente la primera cadena (luego extendida parcialmente a la segunda), en una suerte de medio dedicado de forma prioritaria a llenar la parrilla con programas de infoentretenimiento político con la finalidad de exponer una información sesgada, que ha sido incluso refutada en numerosas ocasiones por los periodistas del propio medio, con una dirección sumisa a los intereses monclovitas y, a veces, con unos mensajes impropios en redes sociales (el último sobre el fallecimiento de la exministra Bañez en el accidente ferroviario de Urda, que tuvieron que retirar ante lo ignominioso de su contenido). Fracasado el ensayo de seleccionar por mérito y capacidad mediante un procedimiento abierto y competitivo a la presidencia de RTVE, proceso que fue un absoluto despropósito (como expuso atinadamente en su día Jaime Nicolás, alto funcionario que concursó en ese procedimiento), la dirección, primero provisional (Rosa María Mateo como administradora provisional única mientras se resolvía el lío del concurso) y luego mediante pacto político Pérez Tornero (que dimitió a los 18 meses), terminó finalmente recayendo la presidencia del ente en José Pablo López, damnificado por Ayuso en la televisión madrileña, quien -con las heridas abiertas- fue cerrando filas cada vez más con el Gobierno, consiguiendo en 2024 una modificación por decreto-ley (convalidado al día después de la DANA) que dejaba atado y bien atado el nuevo modelo de control gubernamental exhaustivo de la Corporación, aunque no se haya molestado en dos años siquiera en adaptar los estatutos del ente, pues ello supondría rebajar los 15 miembros actuales (y el equilibrio político interno) a los 10 exigidos por la normativa de 2024.

Ciertamente, los medios de titularidad pública tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas se han caracterizado (casi) siempre por ser voceros del Ejecutivo de turno, quien controla sus órganos de dirección y, por tanto, su programación y sus mensajes. Pero las dimensiones, la estructura de medios, el presupuesto y el impacto de RTVE supera con creces a todos los demás. Su conversión en un complejo mediático vicarial de la estrategia comunicativa de Moncloa no es buena noticia precisamente para el pluralismo informativo, sino todo lo contrario. Mas peor aún es el precedente que crea. Quienes lleguen al poder asaltarán sin pudor (como siempre se hizo, pero en este caso con saña) la Corporación de RTVE, poniéndola enteramente y sin disimulo alguno al servicio del nuevo Ejecutivo. Una envenenada herencia. Muy lejos quedan aquellos intentos, que poco duraron y no cuajaron, del gobierno Zapatero por crear una RTVE de profesionalidad contrastada. Todo eso, como el concurso, se fue al garete.

III.- EL RELOJ PARADO ¿SOBREVIVIR O GOBERNAR?

«La Constitución es la ancha autopista sólo a través de la cual se puede disfrutar del verdadero progreso» (Franklin D. Roosevelt)

8.- Tributos y secuelas de gobernar en minoría absoluta

El primer mandato completo de Sánchez (dejemos de lado el de su acceso al poder), estuvo marcado en su origen por la pandemia y luego por la recuperación, con un Gobierno de coalición lejos de la mayoría absoluta, pero que con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas nacionalistas/independentistas de la moción de censura (y las consiguientes concesiones) consiguió (casi) agotar la legislatura, no sin efectos colaterales (la pérdida de varios bastiones autonómicos). El segundo mandato (2023-2026), como sabemos, supuso mayor debilidad parlamentaria (el PSOE fue el 2º partido en escaños), debilidad que se pretendió sortear con una ley de amnistía (previamente negada en campaña electoral), lo que salvó la investidura y le ancló en La Moncloa; pero abrió cuatro años de mayorías parlamentarias precarias. Las respectivas mayorías puntuales se lograron con un sinfín de concesiones a los partidos nacionalistas e independentistas. Esa precariedad tuvo efectos directos sobre la gobernabilidad del país: políticas improvisadas en función de la coyuntura y en sus relaciones con los demás poderes del Estado, que se fueron pervirtiendo hasta provocar destrozos institucionales evidentes e inestabilidad gubernamental. Legislatura fallida y Gobierno zombi. Ese es el resumen. La mayor parte de los temas aquí recogidos están tratados con mayor extensión en el librito Falsos Cimientos: la fragilidad de las instituciones en España (Tirant lo Blanch, 2026). Allí me remito.

9.- Gobernar sin presupuestos

Nunca hasta esta legislatura ya cerrada se había gobernado España sin presentar ni obviamente aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco ha habido casos así en los países de la UE. No cabe insistir en el incumplimiento manifiesto de la Constitución de 1978 (artículo 134 CE) y la gravedad que supone no aprobar en 4 años presupuestos (con efectos letales para las inversiones públicas y, también, con las no pocas desgracias vividas) y regirse por otros aprobados en la legislatura anterior. Mas esa conducta evasiva es profundamente iliberal: el Gobierno obvia así priorizar el gasto en función de las políticas estratégicas de mandato (que no se conocen) y elude de forma grosera el control del gasto público por el Parlamento (o lo limita a un juego de prestidigitación de transferencias entre partidas presupuestarias, siempre opaco; o, en fin, a la utilización de los fondos europeos para tapar agujeros de gasto). No olviden que la autorización créditos a las antiguas monarquías por parte de la representación está en el origen del propio parlamentarismo. A partir de ahora, España puede gobernarse sin presupuestos. Así lo ha afirmado incluso el actual ministro de Hacienda. Ver para creer. Precedente insólito.

10.- Empacho o embriaguez de decretos-leyes

El Parlamento no solo ha sido ninguneado en su función de discusión y aprobación de la Ley de Presupuestos (y en la función de control del gasto presupuestado), sino que prácticamente ha sido desprovisto de su función típica: la potestad legislativa a través de deliberar públicamente, enmendar y aprobar los proyectos o proposiciones de ley. La paradoja es que la potestad legislativa atribuida a las Cortes ha sido en buena medida preterida por la borrachera gubernamental despótica de aprobación de innumerables decretos-leyes gubernamentales (en el estilo más propio de los regímenes autoritarios que legislan por instrumentos normativos excepcionales).  Ciertamente, la convalidación de tales decretos-leyes (sin derecho de enmienda) por el Congreso se ha logrado en buena parte de los casos, no en todos (pues los decretos-leyes producen generalmente efectos al publicarse en el BOE). Convalidarlos ha conllevado ceder muchas contrapartidas a los grupos parlamentarios nacionalistas/independentistas por su apoyo, multiplicando las asimetrías fácticas entre CCAA o borrando la presencia del Estado en las comunidades beneficiadas por tan espurios intercambios.

El profesor Gabriel Doménech recogió en las redes sociales algunos datos que complementan los que recojo en el libro Falsos cimientos, y destaco aquí los siguientes:

Por períodos de presidencias del Gobierno y número de decretos-leyes aprobados:

Sánchez (8 años): 201; González (14 años): 129; Aznar (8 años): 127; Zapatero (7 años): 108; Rajoy (6 años): 107; Suárez (42); y Calvo Sotelo (37).

Por número de decretos-leyes al año, el ranking sería:

1º 2020 (Sánchez) 36; 2º 2021 (Sánchez) 32; 3º 2026 (Sánchez) 2026 32; 4º 2012 (Rajoy) 29.

Si se repara en el dato de que en los años 2020 (crisis económica) y 2020-2021 (Covid19) podía estar justificado el mayor uso de decretos-leyes (por razones de urgencia), sorprende que sea en un período de “normalidad constitucional”, como es 2026, cuando el repunte de decretos-leyes es tan elevado. Y aún se aprobarán varios DDLL más antes del 29N.

En suma, nunca en democracia se habían aprobados tanto decretos-leyes por un Gobierno. Habría que remontarse al franquismo. Y proporcionalmente, en relación con las leyes aprobadas por el Parlamento, han ido incrementándose hasta el punto de que 2026 es el año que corona este ranking, y aún creciendo, pues disueltas las Cortes el Gobierno -mediante la artimaña de la mayoría que tiene el Gobierno en la Diputación Permanente  para convalidarlos (que ya no tenía en el pleno del Congreso, por lo que disolvió las cámaras)- se está dando un auténtico festín de aprobación de decretos-leyes como arma electoral de populismo normativo en estas fechas en que la ciudadanía decide el voto.

11.- Gobierno elefantiásico

La inauguración en 2020 de los gobiernos de coalición en el ámbito estatal, comportó la multiplicación de vicepresidencias y de ministerios. Había que repartir responsabilidades, y al socio menor se le dieron habitualmente migajas (salvo Trabajo). Hubo hasta 4 (hoy en día 3) vicepresidencias y 22 ministerios, muchos de ellos cascarones vacíos con competencias propias realmente de una o dos direcciones generales. Un Gobierno central que solo tiene en muchos ámbitos competencias legislativas limitadas y apenas unos pocos ámbitos de gestión sectorial, se ha dotado de una estructura elefantiásica y, además, tremendamente ineficaz, pues los costes de transacción a la hora de abordar políticas transversales o crisis extremas (como, por ejemplo, Ceuta) manifiestan una evidente impotencia para hacer frente a tales retos.

12.- El poder del relato y la vacuidad de la política (de mentiras)

Los distintos Gobiernos de la presidencia Sánchez, y acentuadamente el de 2023-2027, han vivido del relato. Desde Iván Redondo hasta Diego Rubio, el Gabinete de Presidencia del Gobierno dejó de ser una estructura de apoyo y coordinación de departamentos y de políticas gubernamentales para transformarse en un complejo mastodóntico de construcción de un relato uniforme gubernamental para trasladar a ministros, partidos de la coalición y medios controlados o afines (propaganda política) con el fin de eludir siempre responsabilidades gubernamentales (solo operativas en época electoral), culpar siempre de los males a la oposición y vender humo a toneladas. Está por analizar aún el enorme daño que estos “magos del relato” con este formato de “comunicación política” de bisutería barata, basada en el arte del engaño o de la simulación, ha hecho a la política, a la imposibilidad de entendimiento transversal y a la propia sociedad española, amén al propio futuro del país. Pero no ha quedado ahí la cosa: los innumerables asesores presidenciales han llevado a cabo (muchos de ellos sabiendo que estaban haciendo trampas y vulnerando los principios y reglas constitucionales) interpretaciones forzadas que tensaban hasta desfigurarla la Ley de leyes, solo para otorgar más poder desnudo a una presidencia cesarista y a un gobierno y sus ministros mal orquestado que actúan como meros ejecutores o comparsas de las directrices lanzadas desde Moncloa. El reloj de la política está averiado. Se actúa a salto de mata. Y el país y la ciudadanía se resienten.

13.- Una alta Administración hiperpolitizada

A mayor elefantiasis departamental mucho más incremento de las estructuras de altos cargos y asesores. Los altos cargos han crecido por la parte superior (en particular en las Subsecretarías sectoriales; pues son de libre nombramiento político sin tener que recaer en funcionarios). Las Secretarías de Estado también se han politizado más aún en sus perfiles, mientras que las Direcciones Generales se cubren por criterios políticos entre funcionarios (con alguna excepción). Se ha impuesto una alta Administración al servicio de la presidencia de Gobierno y del relato de Moncloa, sin apenas autonomía funcional. Impera la disciplina férrea y el cierre de filas, nada extraordinario por otro lado, aunque en era de polarización más evidente. Los altos cargos intermedios con funciones directivas son nombrados y cesados políticamente, aunque deban recaer (algunos) en funcionarios A1. Hay resistencias y las direcciones generales se mutan en otras estructuras de cargos de libe nombramiento. Si los ministros son títeres de la presidencia, los altos cargos por partida doble.

14.- La cueva de “Alí Babá” del sector público estatal

El sector público estatal en España siempre ha estado penetrado por una alta politización en sus estructuras de gobierno y directivas. Sin embargo, la presidencia Sánchez ha llevado a cabo una colonización partidista intensiva de tales entidades controlando las presidencias de estas, así como los nombramientos del personal directivo. La Fundación Hay Derecho elaboró un completo informe al respecto. Pero la cadena de escándalos que han afectado los últimos años a algunas entidades del sector público estatal ha creado un daño reputacional indudable, al verse inmersas en casos de corrupción, nepotismo, favoritismo, cuando no de burdo clientelismo político, por no hablar de otras lindezas. La captura política y desbarajuste de gestión de entidades como ADIF ha tenido impactos personales, financieros y de imagen pública terribles.

15.- Impotencia reformadora: Administración del Estado

Un Gobierno cuya meta existencial es sobrevivir en el tiempo está atado a la contingencia política. Las políticas estratégicas a medio y largo plazo desaparecen de su campo de acción, aunque a veces emerjan por exigencias del guion como relato vacuo (esto es, sin concreciones efectivas: cambio climático, reformas ligadas a la recepción de fondos europeos, etc.). No han sido estos más de 8 años de la presidencia de Sánchez tiempo de reformas estructurales. Más bien ha sido una era de estancamiento de las inaplazables reformas que necesita el país. Las políticas populistas se adaptan al corto plazo y a las subvenciones o ayudas, aunque hipotequen el futuro. La reforma de la Administración del Estado se ha dejado, una vez más, aparcada. La elaborada Estrategia Consenso por una Administración Abierta se saldó con un desprecio político evidente frente a las medidas propuestas y con el cese fulminante de su impulsora, como “premio” a hacer las cosas bien. Las apuestas por la adaptación de las estructuras organizativas, profesionalización de directivos públicos, cambio del modelo selectivo, digitalización inclusiva, integridad pública y transparencia no se han llevado a cabo o se han quedado en meros parches.

16.- El fiasco de los fondos NEXT

Una parte del crecimiento del PIB desde 2020 se debe, sin duda, a transferencias de fondos NGEU. Finalizado en 2026 este programa temporal, del cual España solo ha utilizado una parte (contribuciones no reembolsables) y no otra (préstamos), la gran transformación social y económica del país no se ha producido. Buena parte de los fondos europeos extraordinarios (Covid19) han ido al propio sector público, en ocasiones para satisfacer necesidades endógenas o (más discutiblemente) presupuestarias. La gobernanza de los fondos Next se diseñó para que presidencia del Gobierno se llevara todas las medalla, mediante un sistema centralizado, no siendo conscientes de la impotencia gestora de la AGE. La evaluación de la correcta (o incorrecta) ejecución de los distintos proyectos por parte de la Comisión Europea está aún por definir y los riesgos de devolución (correcciones financieras) están encima de la mesa, además por cantidades nada despreciables (véase este artículo reciente de Agustín Valladolid: https://paralalibertad.org/carlos-cuerpo-tiene-un-problema-muy-serio-y-feijoo-tambien-pero-no-es-el-ferroviario/), con los letales efectos que provocaría sobre las finanzas públicas. Además, es dudoso que las reformas exigidas hayan cumplido lo que el PRTR establecía. Al menos en campos tales como la reforma de la función pública (pura cosmética y solo aplicable a la AGE), la reforma local (fuera de la agenda política desde hace más de diez años), la digitalización del sector público (mal entendida y peor aplicada) o las (inexistentes) inversiones en infraestructuras, es dudoso que así haya sido. La benevolencia de una desarmada Comisión Europea ha sido obvia.

17.- El ocaso de la alta función pública

Si la Administración del Estado se halla en un estado obsoleto, no menor es el existente en su subsistema de función pública. La reforma de 2023 es muy parcial (AGE) y solo afecta al 8 % del empleo público. Además, está paralizada en su aplicación. La relativa a directivos profesionales, en su faceta más innovadora, es norma decorativa. La alta función pública ha sido considerada durante la presidencia Sánchez como sospechosa de no ser amiga ideológica del Gobierno, sino de la oposición. La politización de la alta Administración y del sector público han implicado que la función pública sea cada vez más vicarial de la política y con menos espacio de autonomía funcional. Cuando un alto funcionario se le incapacita para decir no a un ministro (si hay razones profesionales para ello), y debe plegarse cada vez más a lo que le imponga el Gobierno, el papel de la institución pública se descompone. La imparcialidad y profesionalización de la alta función pública se ha erosionado a través del uso de la libre designación (y cese) al exigir alineamiento estricto, trasladando las brutales tensiones de la polarización política al funcionamiento de los altos cuerpos del Estado. La alta función pública vive su particular desgarro entre una politización cada vez más creciente y su tradicional refugio en el agotado corporativismo.

EPÍLOGO 1: Poder Judicial: un poder sin la fuerza de las armas ni de la bolsa

Así lo definía El Federalista. Las relaciones entre el poder judicial y la presidencia Sánchez han venido marcadas por un creciente desencuentro. Los motivos son conocidos. El ensayo gubernamental del control del CGPJ, tras un pacto con el partido mayoritario en el Congreso que había bloqueado sin justificación de ningún tipo la renovación de ese órgano durante 5 años, salió el tiro por la culata. El asunto crítico de la imputación, continuidad en el cargo y sentencia condenatoria del Fiscal General del Estado (una institución cuya imagen ha quedado enormemente dañada), ha terminado por enrarecer más aún esas relaciones. El desencuentro entre la mayor parte de las asociaciones judiciales y el Gobierno ha ido in crescendo. Al Gobierno le han apoyado solo Jueces para la Democracia, que representan el diez por ciento o menos de la judicatura. En nada ha contribuido a la mejora de tales relaciones las constantes denuncias gubernamentales de lawfare, lanzadas incluso desde la presidencia del Gobierno, que han erosionado gravemente la legitimidad del poder judicial a ojos de la ciudadanía. La chapucera ampliación del censo electoral por una Instrucción de una Directora General (“Ley de nietos”) y las medidas cautelares adoptadas por el TS (ampliamente analizadas por Diego Gómez: https://www.derechoadministrativoyurbanismo.es/post/el-apercibimiento-del-tribunal-supremo-a-los-ministros-de-justicia-y-de-exteriores-del-art-112-ljca), se ha convertido en una suerte de frustrado pucherazo electoral 3.0. Los intentos de reforma legislativa -en algunos casos necesarias- del poder judicial por parte del Gobierno (reforma de una inadaptada Ley de Enjuiciamiento Criminal, acción popular, instrucción por la fiscalía, sistema de acceso a la judicatura, etc.) han sido vistos por parte de buena parte de los jueces como un ensayo gradual del Gobierno por desactivar y controlar al poder judicial. Ese enfrentamiento terminó incluso en una huelga de jueces y magistrados, un derecho fundamental de difícil encaje en el ejercicio de un poder del Estado, pero que se ha ejercido en no pocos casos. Ya se sabe, el derecho de huelga es ejercido en España (y no solo en este caso) más que por los “trabajadores” por los propios funcionarios y empleados públicos (siempre más protegidos). La debilidad del empleador lo explica todo.

EPÍLOGO 2: ¿Hacia un Estado confederal asimétrico?

También en el librito de Falsos cimientos me extiendo en el análisis de esta cuestión. El Estado autonómico (mal) configurado por la Constitución de 1978 y su (caótico) desarrollo estatutario, es un modelo agotado. Las CCAA se han configurado como una suerte compartimentos estanco cerradas entre sí, con un Senado (pésimamente diseñado) de rol institucional difuso, una débil presencia de los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración, así como con un papel muy desfigurado de la Administración del Estado en el terreno de la coordinación. El modelo territorial está desarticulado y eso se advierte sobre todo cuando debe abordar situaciones de crisis extrema o catástrofes que afectan a varias CCAA o a todas, incluso cuando solo deben interactuar los tres niveles de gobierno (Estado, CCAA y entes locales) en un ámbito territorial específico. La Gobernanza multinivel en estos casos ha fracasado de forma estrepitosa. Y la polarización política solo ha contribuido a echarse las culpas de una a otra Administración, ante la perplejidad de una ciudadanía que observa atónita la impotencia del sector público. La imagen de la democracia depende en gran medida de cómo se presten los servicios públicos. Y las Administraciones territoriales tienen una debilidad evidente de capacidades administrativa, contagiada hoy a la propia AGE.

La presidencia Sánchez no ha llegado al extremo de defender la transformación del Estado autonómico en un Estado confederal asimétrico (pues en las urnas los partidos del Gobierno saldrían duramente penalizados), pero la práctica caótica de pactos circunstanciales en función de las exigencias coyunturales de mayorías parlamentarias con partidos nacionalistas/independentistas ha terminado por acrecentar las asimetrías del Estado autonómico, aunque ha quedado pendiente el reconocimiento de privilegios fiscales (inspirados en el modelo del Concierto/Convenio) a Cataluña. En verdad, la configuración institucional de España como Estado confederal asimétrico se está imponiendo de forma silente. Lo que producirá a corto plazo tensiones territoriales evidentes, en particular en el delicado punto de la financiación. Como escribió Arias Maldonado, “nacionalismo y liberalismo fueron aliados antes de convertirse en enemigos”. En la era del populismo iliberal las alianzas gubernamentales se han tejido con otros hilos. Se pretende volver al Gaziel republicano que confrontaba la “España muerta” con la “otra España”. Esa dicotomía ya no existe, aunque haya también quienes pretendan retrotraer a España a tiempos del centralismo más zafio. Y otros a ese fracasado e imposible Estado confederal (fórmula transitoria). Ambos están equivocados. El tiempo lo dirá.

CODA DE CIERRE:

Cuando llegó al poder en 2018 el actual Presidente del Gobierno, las instituciones españolas llevaban tiempo en un estado bastante deplorable. Las razones, siquiera sea sucintamente se recogen en la primera entrada de esta serie, y más detenidamente en el reciente libro (cerrado en enero de 2026) Falsos cimientos ya citado, o previamente en este otro libro: Instituciones rotas (en abierto: https://rafaeljimenezasensio.com/instituciones-rotas/). En cualquier caso, el proceso de deterioro institucional se ha ido agravando en estos últimos ocho años, como se ha expuesto en estas páginas, además en aspectos muy sensibles del frágil (y casi de cartón piedra) funcionamiento del Estado democrático liberal español. La Constitución ha sido revisitada a veces tensando su contenido y en otras ocasiones vulnerando claramente su letra o su basamento de valores y principios. Los tics iliberales se han multiplicado estos últimos tiempos. El afán de poder desnudo a costa de lo que sea trae estos lodos. Y el legado de estos años de presidencia, siento decirlo, es muy poco saludable para el funcionamiento de las instituciones en un Estado Constitucional social y democrático de Derecho.

Quienes sean llamados a gobernar a partir del 29N, dirigidos por el mismo presidente u otro, por una coalición de partidos u otra, ya tiene muy definidas las pautas de actuación en relación con las instituciones públicas, sean estas los tres poderes clásicos del Estado, las instituciones de control del poder, el propio Gobierno y la Administración Pública, su sector público institucional o la institución de función pública, entre otras muchas. Dicho de otro modo, si nadie lo remedia, que nadie lo remediará, buena parte de esas prácticas de patología institucional se heredarán por quienes ejerzan en el futuro inmediato el poder, pues España -al parecer ya sin alternativa- es un Estado clientelar de partidos, con pulsión constante por quienes están enel poder de patrimonialización del espacio público (y, si pueden, del privado), promoviendo -como siempre- el clientelismo político exacerbado, la politización hasta los tuétanos de las instituciones y anulación (por aversión enfermiza) de cualquier sistema de frenos al poder (pesos y contrapesos). Así que nadie se extrañe de que la corrupción, como ha sucedido estos años, seguirá campando a sus anchas por el sector público español en tiempos venideros. Me encantaría estar equivocado. Mas mucho me temo que no será así.