SALIENDO Y ENTRANDO

(La compleja transición del relevo generacional en la función pública española)

“¡Ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás!” (p. 17)

 (Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana y otros artículos, Ediciones 29, Barcelona, 1990)

Introducción

Lo cierto es que no podía suceder en peor momento. Una vez más, la improvisación y la carencia absoluta de estrategia y de planificación en lo que a previsión y necesidad de efectivos respecta, han llevado el estado de la cuestión a un punto insostenible.

Cuanto más inteligencia y capacidad ejecutiva inmediata necesitan las Administraciones Públicas, menos valor añadido parecen ofrecer tales organizaciones para afrontar el complejo contexto en el que nos encontramos. Enfrentarse a la gestión extraordinaria de los fondos europeos derivada de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a un contexto inflacionario galopante, a una anunciada crisis fiscal agravada por una recesión económica que ya está dando golpes en la puerta de entrada, así como a los enormes desafíos del cambio climático y de la perdida u olvidada Agenda 2030, a la crisis demográfica o a los retos de la digitalización y de las tecnologías disruptivas o, en fin, al necesario pacto intergeneracional, con un subsistema de empleo público en situación de shock integral, no parece ser el mejor escenario para que el país salga adelante. Más teniendo en cuenta que ese ajuste de piezas entre quienes se van, quienes se quedan y quienes esperan entrar, será muy largo temporalmente hablando, todo apunta a que será improvisado o chapucero y con toda probabilidad generará unos efectos distorsionadores de primera importancia para el funcionamiento, ya muy deficiente, de buena parte de los servicios públicos.

Los que están saliendo

En efecto, con un empleo público en buena parte en situación de salida (esto es, con más de un millón de personas que se jubilan en esta década, lo que representa en torno al 35 % por ciento del total), lo que implica para tales funcionarios en muchos casos una menor tensión laboral ante la expectativa (en no pocas ocasiones, incluso ansiedad) de salir y pasar a la condición de jubilado, y con otra parte del personal (aproximadamente casi otro millón de personas como temporales o interinos) “concursando” u “opositando” o haciendo como que lo hacen, y por tanto, al menos en parte, desconectados mentalmente de las obligaciones inmediatas frente a su preocupación dominante por lograr una estabilización o pelear, en su defecto, por las indemnizaciones y por la continuidad, a través de las perversas “bolsas de trabajo” como personal interino, el escenario de lo público que se dibuja para los próximos años es más que sombrío.

La situación se agrava porque quienes se marchan son personas que dejan tras de sí, al menos en algunos casos del estrato técnico, un dilatado bagaje de conocimientos y destrezas de más de treinta o cuarenta años que no serán fáciles de transferir a quienes se quedarán, pues es una cuestión que apenas a nadie importa. De hecho, ya está pasando: la gente se jubila y lo que se transfiere es el despacho, la mesa, la silla y el ordenador, convenientemente vaciado de la información previa. Las organizaciones públicas están perdiendo conocimiento a raudales, sin que, en el marco de esta política de populismo cortoplacista que la inmensa mayoría de las estructuras gubernamentales y parlamentarias ejercen, se adopte medida efectiva alguna para paliar unas consecuencias que pueden ser (ya lo están siendo) limitativas de las capacidades estratégicas y ejecutivas de las Administraciones Públicas. En este constante Carpe diem en el que vive la política y la administración en nuestro país, lo que pase en el mañana es algo que no interesa. Es más, incluso se desprecia o ignora. El mañana no existe.

Los que se quedan 

Frente a los que se marchan o tienen altas expectativas de salir a corto/medio, están los que se quedan. Si nos referimos a los funcionarios o empleados públicos laborales estables que no se jubilarán esta década, cabe señalar que estos representan aproximadamente otro tercio del empleo público total. La mayor parte con edades avanzadas, muchos de ellos con empleos rutinarios o de trámite, que vivirán en sus últimos años la tensión añadida de una digitalización y revolución tecnológica que irá dejando los puestos de trabajo que cubren (¡por favor, no “sus” puestos!) gradualmente reducidos de cometidos funcionales, con la tensión existencial que ello comporta y la necesidad de adaptarse cuando la edad de esas personas ya es avanzada. No lo pasarán bien.

El personal técnico «de carrera» (estable) que se quede, al margen de su previsible obsolescencia tecnológica sobrevenida, tendrá una sobrecarga de trabajo brutal, pues ante la marcha gradual del talento  más senior/senior y la insuficiencia competencial de la inmensa mayoría del personal estabilizado para desarrollar funciones que vayan más allá de las que ejercen, con mayor o menor dignidad, en los puestos de trabajo que cubren temporalmente, apenas habrá en las organizaciones públicas recursos internos técnicos especializados y transversales para sentar criterio experto o conducir las organizaciones públicas. La plétora de la externalización, que ya estamos viviendo, de las tareas de planificación estratégica, diseños institucionales y organizativos, soluciones innovadoras, proyectos normativos avanzados y programas de gestión tecnológica, por no hablar de la digitalización (casi totalmente entregada al sector privado), se multiplicará por doquier hasta convertirse en un auténtico tsunami. La pregunta es si es conocimiento experto ausente en el ecosistema público se encuentra, sin embargo, en el sector privado. Salvo en aspectos muy puntuales, como el tecnológico, no lo tengo tan claro.

Los que esperan entrar

¿Y qué ocurre con los que esperan entrar a las Administraciones Públicas? Este colectivo se divide en dos grandes ámbitos. Por un lado, se encuentran los que ya están en posiciones de interinidad o temporalidad, esperando una estabilización devaluada que, con el permiso de los tribunales (Tribunal Constitucional incluido),  llegará en los próximos años (en teoría, antes del 31 de diciembre de 2024; en la práctica ya veremos), así como quienes participen en los concursos “regalados” o los concursos-oposición “blandos” de las pruebas de estabilización y se queden en lista de espera (“bolsas de trabajo), que serán legión, que más tarde o temprano, tras volver a ocupar plazas de interinos, se aplantillarán por vías blandas también (cuyas convocatorias se prolongarán a través de toda esta década). Quienes así accedan a la condición de funcionarios de carrera y personal laboral fijo habrán resuelto “su” problema; pero el endoso al subsistema de empleo público será enorme, pues al no fijarse exigencias reales de comprobación ni de aprendizaje (a través de la formación como parte del proceso selectivo) de conocimientos ni destrezas (salvo en el caso del concurso-oposición, que por lo común serán “de mentiras”), tampoco de aptitudes ni actitudes, ese nuevo personal estable acreditará, todo lo más, saber ejercer las funciones y tareas de “su” puesto de trabajo (ese «su», hoy en día tan extendido, denota un sesgo patrimonial ajeno al modelo burocrático como tipo ideal expuesto por Max Weber), pero no dispondrá de la necesaria perspectiva (“saber especializado”, también en la terminología weberiana) que sólo el estudio sistemático y holístico, así como el esfuerzo continuado del ejercicio profesional en diferentes posiciones, proporcionan. Y quien no sabe, porque no ha estudiado, difícilmente resolverá los complejos problemas a los que se deberá enfrentar la Administración del futuro. En el sector público no hay espacio a la improvisación, menos a la ocurrencia. Una Administración de amateurs es la peor inversión que puede realizar una sociedad plagada de desafíos disruptivos. Fiarlo todo a la formación continua o el aprendizaje permanente, es jugar a la ruleta rusa. En cierta medida, aunque con elementos aun de mayor gravedad, hemos retornado a los tiempos del spoil system y de las cesantías.

Tales procesos de estabilización subjetivos, propios de una política paternalista y populista, olvidan, sin embargo, los impactos objetivos de tales medidas benefactoras dirigidas a las clientelas y a los sindicatos del sector público, o simplemente a los que ya están, como medio de paliar un fraude de Ley con un empleo vitalicio. Así, no se puede prescindir de un diagnóstico tan obvio como preterido: las Administraciones Públicas, por razones obvias del contexto y del entorno, estarán sujetas en los próximos años a presiones persistentes para llevar a cabo un proceso de transformación aceleradísimo, también  estructural y organizativo, lo que obligarán a mutar hacia formas mucho más versátiles de ejercicio funcional y de desarrollo contingente de tareas (Gorriti), aunque nadie desde dentro parezca percibirse realmente de tales desafíos. En esa presión transformadora, la polivalencia y la transversalidad, basadas en conocimientos y destrezas horizontales, así como en fuertes competencias digitales, serán la pauta.  La clave se encuentra en sí con los mimbres actualmente existentes de competencias profesionales, chatas o limitadas a un puesto o incluso tarea o abanico reducido de tareas, todo lo más a un ámbito o sector, serán capaces las organizaciones públicas de superar los enormes retos planteados.

Los nuevos directivos o responsables: la huida o amortización del talento en el sector público

Hay algo que no se percibe con claridad. En una Administración Pública en la que la antigüedad o la discrecionalidad son, con escasos matices, los únicos asideros firmes de promoción profesional interna, los nuevos empleados públicos estabilizados, amortizados los que salen y jubilados gradualmente los funcionarios que están, serán el colectivo llamado a ejercer las funciones directivas de la alta función pública o los puestos de responsabilidad en sus respectivas organizaciones durante las próximas décadas; pero, careciendo, en gran medida, de las competencias (especialmente, de los conocimientos y destrezas) requeridas para el desempeño de esas nuevas responsabilidades. Habrá, sin duda, personas que con esfuerzo y tesón palien esas limitaciones. Pero, no hay que llamarse a engaño, una vez en zona de confort (estabilidad), serán las menos. Quien ha conseguido sin ningún esfuerzo ni comprobación objetiva alguna el acceso a un empleo o franquear la puerta de entrada (siempre la más difícil) en la Administración, cree tener –según su criterio, dominado por la antigüedad o por estar allí en el momento oportuno- la vía expedita para ascender en la carrera funcionarial sin techo alguno. Este personal estabilizado, en la primera, segunda o tercera oleada (porque de todo habrá) será, en consecuencia, quien “lidere” las organizaciones públicas territoriales (CCAA y entes locales), administraciones prestadoras de servicios públicos esenciales a la ciudadanía por excelencia, frente a lo cual el escaso personal (al menos al principio) que ingresará por medio de procesos selectivos abiertos (el llamado “talento joven” que potencialmente debe atraer una Administración Pública vetusta y envejecida, no solo en edad, sino también en formas y procedimientos, en competencia con el sector privado) ocupará una posición vicarial o dependiente frente al personal estabilizado, pues con el actual marco normativo los “cuadros” futuros de esas organizaciones públicas territoriales se nutrirán ya sea por el favor político o discrecional (libre designación) o por la antigüedad acreditada. Ese nuevo talento joven, recién incorporado (la gran esperanza blanca para algunos, un tanto ingenuamente, de transformación de la Administración Pública), pronto caerá en el desánimo o en la acomodación a las eternas patologías del ecosistema administrativo, pues la impronta –como señaló en su día el profesor Alejandro Nieto- de las leyes de bronce en la función pública es inexorable: los funcionarios tienden a reproducir los vicios que observan y reducen su rendimiento a los estándares comparativos de la incompetencia observada con quienes se comparan o les dirigen, y sobre todo adecuan su rendimiento al de quienes cobran retribuciones superiores por esos desempeños a todas luces insuficientes.

Conclusión

Este contexto sumariamente descrito también provocará, de no adoptarse medidas de transformación muy serias y enérgicas del sistema administrativo y del subsistema de función pública, unas organizaciones públicas, salvo excepciones muy singulares (o islas de relativa excelencia), sin capacidades estratégicas ni ejecutivas, incompetentes, inefectivas y carentes de las respuestas necesarias que una sociedad en proceso de aceleración y volatilidad continua exigirá. Bien es cierto que esto puede tal vez no ser así en todas las Administraciones, ya que en la AGE y en algunas otras organizaciones territoriales la presencia de la temporalidad es mucho más baja, y las posibilidades de reordenar o reformar el subsistema de función pública y los procesos de acceso y provisión de puestos de trabajo son cuantitativamente mejores, aunque no está nada claro que tales procesos de transformación (siempre anunciados y nunca concretados) se pongan en marcha, menos aún en estructuras tan rígidas y corporativas como las existentes.   

En conclusión, teniendo en cuenta la salida masiva gradual de empleados públicos en esta tercera década y en la siguiente, los efectos paralizantes para la acción pública que (como mínimo) hasta 31 de diciembre de 2024 tendrán los procesos de estabilización de personal temporal, las consecuencias de arrastre durante varios años más de las bolsas resultantes de los procesos de estabilización y la necesidad de estabilizar, como el pez que se muerde la cola, a ese nuevo personal interino en los plazos estipulados legalmente, partiendo asimismo de la exasperante lentitud de los procesos selectivos abiertos y libres allí donde se convocan, así como viendo que el año 2023 es tiempo electoral (tiempo muerto), con lo que las maquinarias político-administrativas se paralizan y sus arranques son exasperantemente lentos, no cabe ser muy incisivos para poder concluir que la Administración Pública española tiene todos los boletos de la rifa para perder uno tras otro los trenes que hagan frente a los grandes desafíos inmediatos y mediatos que tiene entre manos. Es lo mismo que decir que el país saldrá muy malparado. Una política impotente y polarizada con una Administración inefectiva es un cóctel letal para nuestro futuro y, sobre todo, para el de las próximas generaciones. Las decisiones políticas populistas y demagógicas, a las que se han apuntado todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y estructuras gubernamentales, arrastran consecuencias mucho más graves de lo que nadie, al tomarlas alegremente, imagina. Tales efectos los padeceremos en los años venideros, salvo que este diagnóstico esté equivocado, lo cual sería un alivio general, también para quien esto escribe.

3 comentarios

  1. Querido Rafa, aspaldiko espero que estés bien

    te envío mi libro del IVAP, que trata de temas que sueles abordar en tu mirada institucional, por si fuera de tu interés

    un fuerte abrazo

    >

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