¡AY, LA SELECCIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS!

(A propósito de la 3ª edición del libro de Jorge Fondevila, Manual para la selección de empleados públicos)

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“Los sistemas selectivos no resultan por ellos mismos problemáticos por su naturaleza, sino que la clave se encuentra en los tipos de pruebas o méritos utilizados en su implementación” (p. 587)

Se debe aplaudir, sin duda, que un libro técnico-jurídico vea la tercera edición, en este caso corregida y aumentada, pues –como bien dice el autor en la Nota Introductoria a esta edición- se está “en presencia de una revisión y actualización integral” de la obra, que también “ha incrementado sustancialmente su extensión”. Se trata, en efecto, de un libro cabecera para quienes deban diseñar o gestionar procedimientos selectivos, y prueba de ello es su nueva edición. Prácticamente todos aquellos que nos hemos movido en el ámbito del estudio o de la práctica profesional en las cuestiones relativas a selección de empleados públicos hemos echado mano constantemente de esta importante obra en sus anteriores ediciones ya agotadas, que ahora se actualiza y extiende, precisamente en un momento tan crítico como es en el que la selección en el empleo público se halla, sobre todo si entendemos que seleccionar es cabalmente identificar en el mejor talento (conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes) en procesos dotados de validez y fiabilidad (Gorriti, 2018) entre quienes compiten en igualdad de condiciones por un empleo público, una práctica, por cierto, en vías de extinción. Por tanto, para aquellas Administraciones públicas y entidades de su sector público que quieren llevar a cabo procesos selectivos adecuados, que ya les advierto son las menos, la obra de Jorge Fondevila es crucial, aunque también lo es para aquellas que buscan atajos o hacerse trampas en el solitario, que son legión, pues les muestra de forma rigurosa cuántas dificultades hallarán en el camino.

En todo caso, la tercera edición de esta obra llega, como decía, en un momento crítico de la selección, y de ello da fe, aunque sea tangencialmente en las últimas páginas, el autor; pues no es Jorge Fondevila precisamente un recién llegado, sino que conoce a la perfección con qué actores de comedia se juega el paño. Lo deja caer en distintos momentos de su importante libro. En efecto, la situación de declive o deterioro absoluto de la selección de empleados públicos en lo que respecta a la función pública territorial (Comunidades Autónomas y entes locales), aproximadamente 4/5 partes del empleo público total en España, es un síntoma preocupante de que en este país ya no hay política de Estado en lo que a sus recursos humanos públicos respecta. La siempre débil política de función pública históricamente existente, se ha ido desvaneciendo en una tupida red de intercambios espurios hasta volver a “transformar” (o a involucionar) al empleo público como un botín de acuerdos político-sindicales vergonzantes que se están llevando por delante a la función pública, con el imparable empuje -como también denuncia el autor- de una laboralización y de un Derecho del Trabajo (bendiciendo incluso, como señala, prácticas de clientelismo, en un afán a veces enfermizo por proteger al empleado público a costa del interés público) que han impuesto sus reglas exógenas a una institución estatal de carácter público (la función pública), que ya no tiene nadie que la defienda (el corporativismo tampoco lo hace; a veces es su peor enemigo), ni se advierte aún siquiera quien la entienda. Tampoco ha servido esta vez el maltrecho paraguas de la Unión Europea, que ha sido utilizado torticeramente para hacer justo lo contrario de lo que el sentido común y el buen gobierno, así como la propia y devaluada Constitución, hubiesen recomendado. Pero allí en la lejana Europa aún no saben o aún no se han dado cuenta (no sé qué es peor) con quién se juegan los cuartos. Desconocen el rol del “trilero”, que tan bien destaca el autor, un actor omnipresente en la política española, particularmente cuando se trata de arreglar entuertos de recursos humanos creados por ella misma y a veces con la connivencia sindical (aunque en esta ocasión, en honor a la verdad, se han pasado de frenada, yendo esa clase política más lejos incluso que las demandas sindicales y que la política más sensata impulsada por anterior y efímero Ministro, habiéndose adentrado peligrosamente en el pantano de la inconstitucionalidad de la Ley que entre bastidores han muñido: veremos qué dice el Tribunal Constitucional sobre semejantes apaños).

Lejos de mi intención resumir el amplio contenido de la obra, que supera las ochocientas páginas, ni menos aún pretender identificar dónde están las novedades que esta tercera edición incorpora, pues presumo que están trufadas por el contenido del libro, en una minuciosa labor (muy propia del autor) de análisis de la normativa vigente y de la doctrina jurisprudencial vertida sobre cada uno de los aspectos que trata. El libro que reseñamos tiene dos métodos de lectura, Por un lado, se puede leer de un largo tirón, tarea muy recomendable para quienes aún opositan a la función pública (especie en extinción) o para aquellos profesionales que se quieran especializar en recursos humanos en el sector público (que tampoco abundan; en parte porque ya ni siquiera interesan). Los responsables de recursos humanos en el sector público se han transformado, más que en especialistas del buen quehacer selectivo, en gestores de múltiples anomalías y vestidores de soluciones ad hoc impuestas por arriba o colateralmente en la negociación sindical. Maniatados, frustrados, aunque también los hay con empuje, criterio profesional y ganas. Y eso salva a las organizaciones en las que se hallan. Sin buenos profesionales de recursos humanos, las Administraciones Públicas van derechas a la bancarrota.

Otro sistema de lectura es acudir a la obra cuando se trata de abordar un proceso selectivo exigente (también excepcional), y el político serio (que también los hay) o el profesional responsable se quiere documentar para hacer mínimamente bien las cosas. En efecto, la obra de Jorge Fondevila es un libro ya de referencia para directivos y profesionales de recursos humanos del sector público, pero también es un trabajo de consulta permanente, al que hay que acudir como a un oráculo buscando soluciones puntuales a los innumerables problemas jurídico-normativos, pero especialmente aplicativos, que se plantean en cada momento puntual en los siempre juridificados procesos selectivos en el empleo público. El autor tampoco permanece ajeno a los nuevos problemas que se suscitan en la selección como consecuencia del emergente entorno digital, a los que ha prestado atención específica en numerosos trabajos y, particularmente, en algunos recientes.

Pero, si algo me gusta del autor es su franqueza y, en especial, cómo llama a las cosas por su nombre, directamente y sin tapujos. Viniendo de quien aboga por la defensa de procesos selectivos en el acceso a la función pública basados materialmente (y no solo en apariencia formal) en los principios de igualdad, mérito y capacidad, es digno de alabanza; pues en una cuestión tan técnica en el fondo como es la buena selección de empleados públicos, es donde se descubre si una organización y las personas que la dirigen (sus políticos o directivos), así como sus propios profesionales de recursos humanos, son gente seria o aventureros de lo público (que tanto abundan ahora). Pues en los procesos selectivos lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro del país y de sus Administraciones Públicas (del Estado, de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento), o si se prefiere de los servicios públicos que se ofrecerán a la ciudadanía. Además, si hay algo existencialmente importante en estos procesos es precisamente que quienes los superan serán nombrados funcionarios para toda su vida activa. Un error selectivo, o peor aún una cadena de errores (que pueden ser múltiples e infinitos como los futuros procesos de reducción de la temporalidad anuncian), pueden significar el fin acelerado de una institución secular (se asentó frágilmente entre nosotros en 1918), y que puede estar dando así sus últimas muestras de existencia. Sin una Administración profesional e imparcial no hay Estado democrático de Derecho que valga, todo lo más hay un sucedáneo barato e ineficiente, que apenas sirve para otra cosa que -como decía Galdós- ser comedero de estómagos agradecidos que viven mamando permanentemente de las ubres del presupuesto.

El autor, en diferentes pasajes de la obra, constata con amargura cómo el clientelismo político y sindical, por no hablar del amiguismo o el nepotismo, contaminan más veces de las deseables ese afán por disponer de una Administración moderna y de una función pública profesional que, entre nosotros, se está convirtiendo cada vez más en un pío deseo. No me cansaré de repetirlo: el fracaso de la selección objetiva y profesional en el empleo público es la muestra más evidente del fracaso de un país. Dicho en términos más precisos, la Administración Pública que no recluta a los mejores profesionales (y que, por tanto, no sabe activar inteligentemente sus procesos selectivos) no se está pegando un tiro en el pie, sino en el propio corazón o en la cabeza. Y eso es lo que lleva tiempo pasando entre nosotros, aunque muchos no se den cuenta. Carpe diem; pésimamente entendido.

Si solo se piensa en resolver la inmediatez y en colocar a sus fieles clientes embozados o dar solución expeditiva y nada rigurosa a los innumerables “rotos” históricos creados por la incompetencia contumaz de no saber resolver un problema (temporalidad endémica), los procesos selectivos “ordinarios” están llamados a desaparecer. La AGE aguantará; veremos por cuanto tiempo. No ayuda precisamente que los procesos serios (oposiciones libres) estén contaminados por formatos obsoletos y rancios que apenas atraen al talento joven. Pero ante la plétora de las estabilizaciones directas o blandas por decisiones políticas de coste futuro incalculable, se corre el riesgo de entronizar para siempre como alternativa un modelo de oposiciones libres que también debería ser profundamente revisado de forma gradual para adaptarlo razonablemente a un nuevo contexto que ya no es el de antaño, sin que ello implique preterir el mérito, la capacidad ni menos aún el imprescindible esfuerzo que se debe hacer para superar unas pruebas selectivas de verdad, no de mentirijillas, como tantas abundan ahora. Nada de esto se está haciendo. La reacción fatal es cerrar filas corporativas. Mala solución.

En efecto, nada de esto parece que se vaya a hacer, sino todo lo contrario, simple y llanamente porque no interesa. Menos aún a la función pública territorial, colonizada por intereses político-sindicales inmediatos, sin otra perspectiva que mirarse al ombligo. Y no ver que así no se va a ningún lado. Ni hay perspectiva, ni se la espera. Y me encantaría estar equivocado. La interinidad solo se acota temporalmente, y se seguirá nutriendo de esas “bolsas de trabajo eternas”, que el autor analiza y que ya han recibido carta de naturaleza por el legislador básico. La puerta de entrada “natural” al empleo público seguirá siendo la patológica vía de la interinidad “por bolsas”, luego transformada en pruebas selectivas de mentira; la excepcional (ya solo funciona en la AGE y poco más), las oposiciones libres, que la política de vía estrecha repudia, pues no les deja maniobrar; pero que, desde la demagogia y el desconocimiento, ya han comenzado criticar ferozmente por su elitismo, cierto en algunos casos y mentira en otros. Pero atacar la cultura del mérito derrumbando todos sus pilares en un país que nunca lo ha implantado realmente, es haber leído mal y de forma descontextualizada la obra de Sandel.  

Jorge Fondevila, con un enfoque mucho más técnico que la brocha gorda aquí aplicada, pone de relieve en distintos pasajes de su importante obra la transcendencia que tiene una buena selección en el empleo público, pues no en vano es un factor de legitimación de la actividad pública, más aún en una sociedad volátil y con un elevadísimo porcentaje de precariedad en el empleo. Quienes, como decía el profesor Alejandro Nieto, atraviesen el Jordán y besen la Tierra Prometida (esto es, superen un proceso selectivo y obtengan un empleo estable para toda la vida) deberían ser los mejores profesionales y con mayor vocación de servicio que tuviera el país. Y eso no está pasando, ni parece que vaya a pasar en un futuro inmediato. Y se pagará caro, muy caro, pero con factura diferida.

El autor, como persona atenta e inteligente que es, creo percibir que se da perfectamente cuenta de que su magnífico libro lleno de recetas adecuadas para seleccionar de acuerdo con los parámetros legales y de forma correcta, se va a utilizar muy poco en unos próximos años sobrecargados de procesos de «estabilización» que agotarán las pocas energías existentes en el sector público en lo que a selección respecta, al menos con ese enfoque finalista (seleccionar a los mejores) al que antes hacía referencia, pues el volcán que conmueve los cimientos de la Administración Pública española ha comenzado a expulsar lava que anegará durante varios años el empleo público, dejando tierra quemada a su paso. Así, hay que convenir con el autor que “la desprofesionalización y el clientelismo”, tendencias viejas en nuestro sector público, se acelerarán peligrosamente en los próximos tiempos. Las solución “legal” adoptada recientemente es, cabe compartir con el autor, de más que dudosa constitucionalidad (en algunos pasajes afirma incluso, algo que comparto, que es directamente inconstitucional), pues implanta de facto pruebas restringidas (concurso “de antigüedad” solo para quienes lleven cinco años como interinos o temporales en los puestos de trabajo) u oposiciones de mentira (oposiciones que, sorprendentemente, se pueden superar incluso suspendiendo todos los ejercicios de la pruebas selectivas), justificadas en una pretendida “excepción” que acoge en sus amplios brazos de enorme pulpo benefactor nada más y nada menos que a más del veinticinco por ciento del empleo público en España, y cierra el paso así de un portazo legal a millones de ciudadanos potenciales opositores preteridos para competir en el acceso a tales puestos de trabajo (propiedad por usucapión de quienes los venían disfrutando), y a quienes esta Ley “de punto final” (realmente, de “puntos suspensivos”) manda un mensaje muy claro y muy preciso: lo importante, como dice el autor, “no es el estudio, sino que (para acceder al empleo público, primero como interino y después de por vida) “es más rentable tener una buena relación de clientelismo social y político”.

En verdad, es triste decirlo, pero no ha descubierto nada nuevo esta política populista que hoy nos anega, plagada de enemigos del mérito, del esfuerzo y de la igualdad real, o alimentada por defensores de una Constitución en la que realmente no creen (veremos, por ejemplo, quién impugna la Ley ante el TC por recurso de inconstitucionalidad); pues todo eso está escrito en los renglones torcidos de nuestra historia política y administrativa decimonónica que, como pesado fardo, es un legado que ha llegado hasta nuestros días, y que tan bien describiera, entre otros muchos, Benito Pérez Galdós. A él habrá que volver para saber realmente de qué estamos enfermos, aunque nadie, ni entonces ni ahora, encuentre o quiera hallar la receta para la siempre aplazada mejoría.

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