LECCIONES DE LA PANDEMIA: FORTALECER LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN

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“En 1917 se abrió en España un proceso nacional sustancialmente revolucionario. Este proceso no concluirá sino cuando se hayan cumplido estas dos obras: modificación radical de las instituciones y completa mutación de la fauna gobernante”.

(José Ortega y Gasset, “Frente a la avalancha”, Obras Completas III, p. 183)

 

Durante los dos últimos siglos, la reforma de la política y de la Administración Pública se ha transformado siempre en un pío deseo. Hubo intentos en lo que afecta a aspectos parciales de reforma administrativa durante el siglo XIX y XX, etc.) paradójicamente liderados por la derecha autoritaria o conservadora (Javier de Burgos, Bravo Murillo, Maura, Chapaprieta, Carrero Blanco y López Rodo). Ya en la II República Azaña se quejaba amargamente de la herencia “administrativa” recibida. Con la Constitución de 1978, la política tradicional volvió por sus fueros, la vieja política salió de las catacumbas vestida de “transición” (clientelismo y ocupación de la alta Administración); y la reforma del sector público se aplazó un día sí y otro también, pues sólo si la política quiere se lleva a cabo. Y no quería. Ni quiso. Algún esbozo tímido de Almunia cuando estuvo en el MAP, pero sobre todo el ambicioso proyecto del ministro Jordi Sevilla, letalmente e incomprensiblemente detenido “desde arriba”, fue el único intento serio de reforma. Con el binomio Rajoy-Montoro, el ajuste fiscal devoró las tímidas y cosméticas reformas. En 2015 se paró el reloj político y de reformas. Hasta hoy. Y, con una política convencional y una administración decimonónica y destartalada, aunque “muy descentralizada”, nos hemos enfrentado a la crisis del COVID-19. Con mucha voluntad y escasos instrumentos de liderazgo y gestión. En verdad, dejamos el reloj parado hace más de cien años, como atestigua la cita que abre esta entrada. Y allí seguimos. Estancados. Como si nada pasara …

Sin embargo, ha pasado mucho. Si alguna lección se pueden extraer de los primeros pasos en la respuesta de los poderes públicos ante la pandemia, es que tanto actuación política como especialmente la gestión han sido flancos absolutamente mejorables. La Historia, como veíamos, es un pesado fardo. También han habido debilidades más recientes. Hay aspectos que han fallado de forma estrepitosa, entre ellos podemos citar el análisis de riesgos o de prevención (el principio de precaución frente a la epidemia ha sido muy tardío) y, por tanto, la adopción de medidas de minimización de impactos (particularmente desastrosos en cuanto a sus efectos en las residencias de la tercera edad con decenas de miles de muertos o en el aprovisionamiento de material hospitalario y de protección sanitaria que ha hecho posible la infección de 40.000 sanitarios, record mundial), el diseño de la autoridad competente o mando único, la coordinación efectiva, el desorden y hasta caos en los datos de la pandemia, la disfuncional compra pública, el fracaso en la reasignación de efectivos funcionariales, las debilidades manifiestas de la digitalización en el ámbito público, la improvisación constante y, en fin, la carencia de un sistema eficiente de gestión pública o de estructuras directivas profesionales que lo lideraran. Empujados por políticos y directivos amateurs (algunos recién llegados y sin experiencia alguna de gestión), aunque eso sí cargados de voluntarismo y de buenas intenciones, el sector público ha atravesado momentos de evidente desconcierto, con angustia colectiva y algunas dosis elevadas de cabreo en la ciudadanía. Los recursos públicos, numerosos y distribuidos en diferentes niveles de gobierno, no se han aprovechado de la mejor manera.

Frente a todo ello, ha habido fortalezas. Las más importantes se sitúan en el compromiso profesional y personal (vocación de servicio) de innumerables colectivos de personal público (sanitarios, servicios sociales, policía, ejército, limpieza, etc.), en algunas experiencias de colaboración público-privado, en el comportamiento ciudadano solidario y responsable (en su absoluta mayoría, con pocas excepciones) o, entre otras,  en la actitud positiva de entrega que no pocos trabajadores (muchos de ellos, los más precarios) han adoptado para hacer más fácil la vida de la población confinada (transportistas, sector alimentación, farmacias, medios de comunicación, etc.).

Pero frente a esas fortalezas, muchas de ellas vinculadas a comportamientos o actitudes personales, lo que ha fallado es el sistema. No sólo carecer de un sistema inteligente (como defiende Daniel Innerarity en su libro Una teoría compleja de la democracia, 2020), que sería mucho pedir, sino simplemente el no disponer de un sistema público mínimamente eficaz y eficiente. Y este es un punto importante, que diferencia a España de otros muchos países del entorno europeo. Tres niveles de gobierno (estatal, autonómico y local), con decenas de miles de responsables públicos, más de tres millones de servidores públicos, y una red de equipamientos y recursos extraordinariamente densa, han conformado un sistema que no ha funcionado adecuadamente. No es casualidad, que hayan sido España e Italia, los países donde la pandemia haya creado mayores destrozos. Sus debilidades institucionales son evidentes y se arrastran desde hace mucho tiempo. La pandemia ha dejado al descubierto enormes debilidades de liderazgo y gestión pública.

Aunque, se me objetará, que ha habido de todo. Sin embargo, liderazgos fuertes de carácter contextual, han existido con cuentagotas. Liderazgos empáticos y no impostados, menos. Liderazgos ejecutivos, se pueden contar con los dedos de la mano. Liderazgos próximos, escasos. Liderazgos ejemplares han brillado (casi) por su ausencia. Y liderazgos compartidos no se han sabido ejercer. Hay numerosos políticos, de esa nómina de decenas de miles que cobran del Tesoro, que han estado ausentes: diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, ministros, consejeros, alcaldes, concejales, altos cargos, directivos, asesores, que ni se han dejado ver ni han hecho nada visible. Otros sí. Hay que reconocerlo. Pero la política cainita y sectaria, salvo excepciones singulares, ha estado muy presente en la pandemia. Todos, desde el gobierno o desde la oposición, con muy pocas salvedades (no deja de ser extraordinario y excepcional que el caso del Ayuntamiento de Madrid haya tenido tanto eco), han pretendido sacar tajada política de tan complejo momento. La política ha salido muy dañada de esta crisis. Y los políticos han perdido credibilidad a puñados. Insisto, con las excepciones sabidas. La desconfianza ciudadana en las instituciones es un caldo de cultivo para la emergencia de expresiones populistas, que florecen por doquier. También desde el Gobierno. El paternalismo gubernamental se ha impuesto, como si la ciudadanía fuera menor de edad. Y aunque sea imprescindible  e inaplazable una respuesta pública frente al desamparo laboral, empresarial o personal, el Estado como benefactor universal emerge con fuerza, a costa (no hay que olvidarlo nunca) de una deuda pública astronómica, que se endosará a las generaciones venideras.  Y las carencias de liderazgo efectivo y de gestión eficiente se han pretendido suplantar, una vez más, con un liderazgo cosmético y con una comunicación teledirigida. Que todo el mundo ha practicado. Liderar no es salir programadamente en el balcón televisivo para dar buenas noticias como tampoco comunicar es gestionar. Si algo se ha echado en falta en todo este tiempo son estas dos premisas: un liderazgo político efectivo y una gestión eficiente.

Y estos son dos de los grandes retos estratégicos (y seculares, como se ha visto) que tiene España ante sí, aparte de los más inmediatos y urgentes (crisis sanitaria, económica y social). Pero estos últimos no se resolverán razonablemente si no se afrontan los anteriores. Si no somos capaces en los próximos meses de incorporar a la agenda política el fortalecimiento institucional en todos los niveles de gobierno (estatal, autonómicos y locales), que articule un sistema político y de gestión efectivo y eficiente, en clave de los objetivos de desarrollo sostenible 16 y 17 de la Agenda 2030, España habrá fracasado definitivamente como país. Quedará descabalgada del Siglo XXI y de los enormes desafíos que plantea. Y todo el inmenso chorro de dinero prestado que regará nuestros presupuestos para paliar este desastre sanitario, económico-financiero y social, se fugará una vez más por las deterioradas cañerías de lo público, como consecuencia de nuestra política clientelar o de nuestro secular déficit de dirección, gestión y disciplina fiscal.

O la política se toma en serio el reto de afrontar un claro y decidido plan de reformas institucionales para (como reconocía el profesor Fernando Jiménez en un reciente Informe para la Fundación Schuman) mejorar la capacidad política y de gestión de todos y cada uno de los niveles de gobierno, o el fracaso en este viaje “de reconstrucción” será una vez más mayúsculo. Y luego no pidamos que nos den dinero a espuertas sin condicionalidad alguna. Con nuestros antecedentes mediatos e inmediatos, es mejor no fiarse. Hay que demostrar desde el minuto uno que esta vez haremos los cosas bien y en serio. Y, por tanto, mejor sería que comenzáramos a aprender de algunas experiencias próximas (no hay que ir muy lejos: Portugal, por ejemplo), y dar señales evidentes de que apostamos por un inaplazable fortalecimiento político, institucional y de gestión que erradique de una vez por todas esa política miope, endogámica y sectaria, incapaz de comprender la potencialidad efectiva que para la buena política (la que ahora necesitamos) tiene dirigir y gestionar profesionalmente de forma eficiente los recursos públicos y prestar, así,  mejores servicios a la ciudadanía. Nos va mucho en el empeño. Nuestra propia existencia. Y el futuro de quienes pretendan vivir en este país. Que no es poco.

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