TIEMPO PERDIDO (El retorno de las turbulencias sobre el empleo público)

SOLUTION PROBLEMS

 

“En nuestra historia más reciente los políticos reformistas no abundan y de ahí que tantos problemas se enquisten””

(Miguel Sánchez Morón Las Administraciones españolas, Tecnos, Madrid, 2018.p. 260)

 

Sobre el futuro inmediato de la función pública (o del empleo público) se proyectan algunas sombras que emborronan el horizonte y pueden dificultar la puesta en marcha de las imprescindibles e inaplazables medidas de adaptación que exigen la inmensa mayoría de la organizaciones públicas para hacer frente a los innumerables retos que asedian aquella institución (envejecimiento de plantillas, escasa tecnificación, temporalidad creciente, ausencia cada vez mayor del principio de mérito e igualdad, baja profesionalización, limitada productividad, sistemas selectivos obsoletos, elevada politización por la zona alta de la función pública, un sindicalismo voraz en derechos y anoréxico de responsabilidades, los desafíos inaplazables de la revolución tecnológica y el nuevo perfil de empleos ante la desaparición de innumerables tareas rutinarias, etc.), pues el empleo público es muy sensible a los contextos de crisis, tanto económica como institucional o social.

La primera de esas sombras o turbulencias identificadas es la desaparición de la escena de un Gobierno central (hoy en día eternamente en funciones) que impulse una política presupuestaria y las reformas legislativas que son necesarias para adecuar el empleo público a las necesidades de un entorno rápidamente cambiante y en constante transformación. El marco normativo que rige el empleo público está totalmente obsoleto y es altamente disfuncional, creando muchos más problemas que los que debe resolver y dando “munición” a los tribunales de justicia para que se pongan “creativos” (en ocasiones puntuales “destructivos”) proyectando sus dardos (sentencias) sobre un sistema institucional que, en lo que respecta a la gestión de personas, amenaza ruina inminente. Estamos, además, regidos aún por los Presupuestos Generales del Estado de 2018, impulsados por el Gobierno entonces del Partido Popular, y hoy en día prorrogados, también casi eternamente. Eran unos presupuestos dictados entonces por un ciclo declinante, pero aún vivo, de contención fiscal. Hubo, sin embargo, en el contexto económico un breve repunte que no tuvo reflejo en Presupuesto del Estado alguno, ni lo tendrá a corto plazo, pues muy probablemente (en el mejor de los casos) hasta mediados de 2020 no tendremos aprobados los próximos presupuestos. Y entonces todo el escenario económico habrá cambiado. Ya está cambiando. Seguimos con Presupuestos de crisis y las próximas cuentas públicas todo apunta que también lo seguirán siendo, al menos de contención, pues las turbulencias de otra recesión acechan en el horizonte.

En efecto, la segunda sombra, vinculada con la anterior es, sin duda, la anunciada recesión económica que amenaza con afectar (ya está afectando) a varias potencias europeas de primer nivel como es Alemania (junto con el eterno Brexit) y que, de ser así, se contagiará, con mucha mayor fuerza y poder destructivo, sobre economías periféricas como es la nuestra, cuya debilidad para resistir otro embate de recesión o crisis financiera puede ser sencillamente letal, aumentando el efecto distorsionador por la ausencia de Gobierno (o por nuestro afán colectivo de fomentar el no Gobierno) y por la no aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 que, en plazo, hicieran frente a ese duro contexto que ya está comenzando a mostrar sus peores pronósticos (pues, tal como decía, cuando los PGE se aprueben, si es que se hace, ya será tarde y la recesión devorará los recursos de las administraciones públicas, comenzando de nuevo la noria de hacer frente a un nuevo contexto de crisis fiscal cuando aún no se ha cerrado el anterior). Quien piense que esto no afectará a la debilitada y frágil institución del empleo público, probablemente sueña. En efecto, si se confirma como todo apunta la recesión o se entra en crisis, el probable (y suicida) retorno a una tasa bajo mínimos de reposición de efectivos (con todos los efectos disfuncionales que tiene esa figura para desarrollar una política eficiente de recursos humanos sobre un empleo público ya paupérrimo y unas plantillas gravemente envejecidas) o la congelación de nuevo de los incrementos retributivos, cuando no la adopción de otras muchas medidas adicionales exploradas en la larga noche de crisis fiscal vivida en estos últimos diez ejercicios presupuestarios, tales medidas de ajuste retrasarán sine die la salida del túnel de la situación de crisis del empleo público, dejando tras de sí una institución completamente endémica. Sus efectos serán devastadores y lo que salga de allí, si no se adoptan medidas paliativas o cambios radicales en la política presupuestaria, puede ser una función pública mucho más debilitada de la que nos dejó como herencia la larga crisis fiscal iniciada en 2008. En verdad, lo único que hicimos durante los últimos años en materia presupuestaria vinculada con las políticas de recursos humanos es perder solemnemente el tiempo, aplicando medidas absurdas (tales como aplicar tozudamente la tasa de reposición, sin ahorro efectivo alguno) que se ha convertido en un mantra de política presupuestaria que se saca a pasear en épocas de crisis, sin ninguna reflexión detrás sobre sus efectos secundarios.

Y en fin, la tercera sombra radica en una terrible percepción de la ciudadanía española que entroniza el falso igualitarismo, una tendencia que denota escaso o nulo aprecio por la cultura del mérito y tiene, asimismo, efectos devastadores en su aplicación a la función pública. Recientemente, la Fundación BBVA ha impulsado la elaboración de un Estudio Internacional cuyo título es el siguiente: Valores y actitudes en Europa acerca de la esfera pública. En este importante estudio (que con otro objeto resalto también en la entrada anterior de este Blog dedicada a la Agenda 2030) se comparan las actitudes y percepciones que tiene la ciudadanía de cinco países de la Unión Europea, que ofrecen ciertas similitudes (salvando las distancias) en términos poblacionales. Se trata de Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido. Pues bien, cuando se analizan cuáles son las percepciones de la ciudadanía de esos países en relación con la “distribución de ingresos”, se advierte que “en cuatro de los cinco países analizados (Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido), los ciudadanos consideran que las diferencias en los ingresos son necesarias en función del nivel de formación, posición que se acentúa en el Reino Unido, Francia y Alemania”. Parece obvio, por tanto, que a mayor talento y formación se abonen mejores retribuciones, al menos eso es así en las democracias más avanzadas, lo que no es nuestro caso. En efecto, como indica expresamente el Estudio, “España es el único país que se aleja de ese patrón: las opiniones se dividen entre ambas opciones, con ligera ventaja de quienes defienden el equilibrio en los ingresos con independencia de la cualificación”. Esa mayoritaria percepción ciudadana que penaliza indirectamente la mayor cualificación y formación se basa sobre un igualitarismo falso, que siempre encuentra además su cobertura en una pretendidamente inagotable (y también falsa a todas luces) capacidad presupuestaria de “papá Estado”, tiene su despliegue evidente (añadiría más, su gran arraigo) en el sector público, donde efectivamente las diferencias retributivas tienden a estrecharse y donde, además, está mal visto pagar diferente a quien desempeña las tareas de modo distinto o sencillamente a quien no trabaja. La gestión de la diferencia es una política penalizada y denostada en nuestro sector público. Y así va.

Esta percepción ciudadana es un mala fotografía de ese estudio comparativo que coloca a España en una posición francamente incómoda en relación con otros países. Y ese es probablemente uno de los puntos más críticos que hace del empleo público una institución altamente ineficiente en términos productivos. Convendría repensar profundamente esas equivocadas bases de percepción del problema, pero ello exigiría hacer partícipes de ese diagnóstico a los agentes sociales, algo hoy por hoy impensable. Su bandera “igualitaria” está muy asentada y es fruto de un modelo radicalmente injusto y periclitado.

En cualquier caso, no parecen venir buenos tiempos para la lírica siempre olvidada de las reformas en la función pública. Antaño, las crisis económicas eran una ventana de oportunidad para reformar el empleo público y adaptarlo a las necesidades del momento. Hemos tenido una larga y devastadora crisis que ha durado prácticamente una década y, sin embargo, solo hemos sabido hacer durante ese largo invierno fiscal “ajustes y no reformas” (como apuntara hace años Koldo Echebarría). Se ha perdido el tiempo de forma inexcusable. Y ahora las sombras o turbulencias, esperemos que pasajeras, amenazan de nuevo. Y nos cogen con las defensas muy bajas. Con un empleo público en crisis, “sin timonel” (como reconocía recientemente el presidente de FEDECA), sin valores de referencia (esto es, desorientado) y con prácticamente todo por hacer. Y, además, con muy poco tiempo para reaccionar. De no dar un golpe de timón, la institución de función pública, tal como la hemos conocido tradicionalmente, puede estar viviendo sus últimos años. Crucemos los dedos.

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