(A propósito de la eliminación de las mayorías cualificadas en los órganos de control)

“Aunque en un tiempo se entendía que el principio de la mayoría absoluta era el más adecuado relativamente para realizar la idea de la democracia, hoy, por el contrario, se reconoce que en ciertos casos el principio de mayoría cualificada puede constituir un camino más derecho para la idea de la libertad”.

“La mayoría y la minoría deben ser capaces de entenderse mutuamente si quieren vivir en armonía”

(Hans Kelsen)

La modificación de las reglas de juego y, en particular, de las mayorías requeridas para los nombramientos de los órganos de dirección de Radio Televisión Española es un paso más en la marcada tendencia iliberal que en este país ha tomado velocidad de crucero y lleva camino de llevarse por delante -si no se lo ha llevado ya- todo el sistema institucional. Es obvio que el Gobierno PSOE-Sumar, más todos los partidos adláteres, bajo la batuta de su Presidente y del complejo Moncloa, está promoviendo numerosas prácticas iliberales cada día más evidentes. Sin duda, cambiar para su propio beneficio y por su también propio antojo político las mayorías cualificadas requeridas para la conformación de esos órganos es una clara manifestación de ello. Hizo amagos con el CGPJ, pero la vigilancia europea, les atenazó. Ahora lo han culminado: romper la regla de la mayoría cualificada, consensuada desde los inicios, es un punto muy grave, probablemente sin retorno hacia la tiranía de la mayoría contingente, que deja al país ayuno de los necesarios consensos, que uno y otro son incapaces de construir.

Pero esto no es nuevo. Como ha recordado Elisa de la Nuez, una operación similar, menos ruidosa por su localismo, la llevó a cabo el Gobierno de Ayuso en Madrid, también en la televisión pública. Esas reglas de mayoría cualificada se cambiaron asimismo caprichosamente para proveer el cargo de Director de la Agencia Antifraude en la Comunidad Valenciana, con unas consecuencias letales, como es conocido, que han derrumbado literalmente el prestigio laboriosamente trabado estos últimos años de la citada institución. Y los (malos) ejemplos se podrían multiplicar.  No es de recibo, por tanto, echarse las manos a la cabeza cuando esto pasa en las instituciones centrales del Estado, llamando iliberales (que lo son) a tales medidas, y ponerse la venda en los ojos cuando sucede en las Comunidades Autónomas gobernadas “por los nuestros”, que son muy “liberales” de boquilla y, en verdad, sus acciones de gobierno están salpicadas asimismo de prácticas de iliberalalismo constantes.

Conviene refrescar un poco la memoria de nuestros ineptos gobernantes, de uno y otro lado, con algunos conceptos básicos que ya parecen estar absolutamente olvidados, sobre todo por quienes no leen más que los guiones de sus asesores de comunicación, y estos últimos, por lo común, no suelen leer a nadie. Ya Jefferson advertía que las mayorías pueden actuar despóticamente en determinados contextos. En sus escritos políticos insiste mucho en poner freno a la tiranía de la mayoría concretada en los Parlamentos. Más recientemente, Hans Kelsen -a quien pocos políticos y periodistas habrán leído- en su imprescindible obra Esencia y valor de la democracia hacía una defensa encendida del principio de mayoría cualificada como medio de articular consensos institucionales transversales que refuercen la libertad y el pluralismo. Dos valores constitucionales, reflejados en el frontispicio (artículo 1.1) de nuestra Carta Magna preterida hasta el infinito en nuestros días y fundamento del Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho que, unos y otros, están desmontando pieza a pieza.

Ya expuse en su día que, como el debate político, y también periodístico, es tan pobre en España, era preciso recordar, siquiera sea telegráficamente y de modo incompleto, algunas premisas muy básicas de la concepción kelseniana de los fundamentos de la relación entre mayorías/minorías para poder entender mejor lo que está pasando. Aunque, dicho sea de paso, esta pedagogía constitucional o política, que tanta falta nos hace, de nada sirva en un país de políticos y asesores de comunicación iletrados, así como de periodistas banderizos. Recordaba el ilustre autor austriaco que “todo el procedimiento parlamentario (…) tiende a la consecución de transacciones” (resaltado por el autor). Y que, en ello, a su juicio, estribaba “el verdadero sentido del principio de mayoría en la democracia genuina”. No era ningún ingenuo Hans Kelsen, y también advertía de los riesgos que comportaba el obstruccionismo parlamentario (lo que aquí conocemos como práctica de bloqueo). Y así decía: “Los derechos concedidos a las minorías pueden ser utilizados por éstas para entorpecer e incluso imposibilitar la realización de determinados propósitos de la mayoría mediante la paralización transitoria del mecanismo parlamentario”.

Con estos mimbres conceptuales, bien puede concluirse que el sistema político y constitucional español, y particularmente sus actores políticos (los partidos) no apuestan ni han apostado realmente nunca por construir una democracia genuina, con una arquitectura institucional de mayorías reforzadas que, si bien se mantuvo en el tiempo durante algunas décadas, la lectura simplista y jacobina (en su peor expresión) de la legitimidad de la mayoría parlamentaria contingente está destruyendo notablemente nuestras instituciones centrales, pero también en las autonómicas, y todo el equilibrio que ello comporta. Corren malos tiempos para las mayorías cualificadas, expresión puntual del derrumbe cada vez más manifiesto del liberalismo democrático en España (también, con intensidades varias, en otras democracias occidentales), como no pocos ensayistas están poniendo de relieve con tino en estos últimos tiempos.

El problema de prescindir de las reglas institucionales consolidadas a capricho de la contingencia política es grave, pero también denota una clara cortedad de miras políticas; pues tales partidos que esas medidas proponen, piensan  neciamente que los gobiernos (o sus mayorías circunstanciales) gozan de eternidad, y que promoviendo el cambio de las mayorías cualificadas o eliminando las absolutas resuelven el problema, sin advertir que atenazan y encadenan su propio futuro político, pues llegará un día, más tarde o temprano, que serán desalojados del poder, salvo que conviertan el país (que algunos lo pretenden) en una Venezuela, en una Rusia o en un Estado fallido, que todo puede ser. Pero sobre todo hacen un flaco favor al país y a su sistema institucional, ya que alimentan el ese orangután iliberal que, sin apenas darnos cuenta, nos está devorando y, de no adoptar medidas inmediatas, nos puede descuartizar.

En efecto, como también escribí en su día, desarmar de garantías a las minorías, amén de antidemocrático como diría Kelsen, es al fin y a la postre un boomerang que con el tiempo se termina volviendo contra quienes, por razones de contexto político puntual, promueven ese torpe y chapucero desarreglo institucional, que premia el presente y penaliza el futuro de quienes lo promueven. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe; pero con esas reformas las nuevas mayorías políticas que se conformen (algún día lo harán) dispondrán de todos los resortes absolutos del poder, que solo la ingenuidad o ignorancia de quienes hoy en día gobiernan y les apoyan les están entregando en bandeja de plata.

El problema de este país llamado España es que la tradición liberal-democrática es muy pobre, y la arquitectura del sistema de separación de poderes realmente apenas ha funcionado nunca (como puse de relieve en el libro Instituciones rotas, ver PDF al final). Además, para complicar el cuadro los actuales partidos del Gobierno (Sumar, sin duda; pero también el actual Partido Socialista), no tienen ningún gramo de simpatía a que existan pesos y contrapesos del poder y menos aún a respetar el pluralismo político tal como es concebido por la Constitución, no su versión empobrecida que maniqueamente se nos intenta vender como baratija comunicativa (esto es, el pluralismo de la mayoría parlamentaria contingente y precaria, así como el ostracismo absoluto del enemigo político).

Tampoco los partidos políticos “de la investidura” tienen ningún apego a la causa democrática-liberal, ni siquiera por quienes fueron partidos históricamente liberales, que ya han renunciado de facto a serlo convertidos en partidos de funcionarios y repartidores o receptores de subvenciones o con vocación de serlo (como el PNV o la vieja CiU, hoy transformada en Junts, y alejada también de tales parámetros; algo a lo que aspiran los restantes: ERC, Bildu, BNG, UP, etc.).

El populismo se impone, así, en todas las formaciones política. También de forma acusada en los partidos de la oposición política. El partido mayoritario de la oposición, como se ha dicho, está ejerciendo prácticas iliberales manifiestas en algunos de los lugares en los que gobierna. Y su ideario político cada día está más lejos del liberalismo político, que no ha terminado de cuajar nunca en esa formación política, manchada hoy día por un ultraliberalismo económico que desgraciadamente cala fácil por su simplicidad, y que es manifiestamente iliberal en sus esencias, alejado efectivamente de esa democracia genuina kelseniana a la que hacía referencia. Y no digamos nada de Vox, una formación política iliberal en sus esencias, con un ideario autoritario y coaligada con formaciones de la derecha extrema más dura en el Parlamento europeo, de la que nada cabe esperar en lo que a la renovación de las instituciones democráticas respecta.

Con este pésimo cuadro, dibujado apresuradamente, vuelven a tomar protagonismo las palabras de un liberal decimonónico, escritor muy culto, político sin encaje y diplomático español, como fue Juan Valera, a quien he dedicado recientemente un libro biográfico en el Bicentenario de su nacimiento (Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones, Athenaica, 2024). Este insigne ensayista ya advertía en el último tercio del siglo XIX que construyendo murallas (o lo que ahora se denomina el muro) este país llamado España acabaría muy mal, como así fue. Y además siempre defendió la idea de que el liberalismo político, fuera este progresista o conservador, no podía abrazarse a las expresiones ideológicas más extremas (carlistas, ultracatólicos, republicanos cantonalistas, etc.), pues al fin y a la postre ese abrazo del oso terminaría devorándoles, como así le sucedió a la (precaria y nunca asentada) derecha liberal española (que apenas consiguió emerger) o al progresismo y republicanismo liberal democrático que terminó fagocitado asimismo por sus extremos. Como decía Tocqueville, la Historia es una galería de cuadros con muy pocos originales y muchas copias.    

ADENDA: En verdad, sin que ello impugne la reflexión de Tocqueville, sí que hay algo de «original» en ese modo de proceder en la política española actual en tales órganos de control. Los partidos gubernamentales utilizan esos órganos de control no solo para dar poltronas a los suyos y a sus socios circunstanciales, sino también, y ese es el salto cualitativo, para transformar esas instituciones de control del poder en órganos de desactivación del papel de la oposición (minoría) y de autocomplacencia siempre con el poder de turno y las mayorías que le avalan. Ya no se puede hablar, por tanto, de «degradación», sino de absoluta perversión del sistema institucional. En esto de hacer trampas en el solitario y manipular las cosas, este país es único. ¡Admirable!

PDF LIBRO EN ABIERTO: Instituciones rotas. Separación de poderes, clientelismo y partidos en España RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA

LIBRO Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones, Athenaica, 2024. Extracto promoción libro: https://www.athenaica.com/libro/juan-valera_158057/

«No olvidéis que estamos en guerra. Y no olvidéis que la política de guerra es una política anormal. Nosotros hemos tenido los medios (de excepción) en nuestras manos, y los hemos usado con toda moderación, prefiriendo que nos creyeran débiles a que nos creyeran crueles. Además de estos medios, se necesitan fines políticos. (Y, así, os proponemos) no una República de partido, sino una República nacional» (Castelar)

Preliminar

Mucho se ha escrito sobre la sesión de las Cortes de aquel infausto día 2 de enero de 1874 que, en plena madrugada del día 3, tras un debate parlamentario maratoniano iniciado el día anterior, y después de la censura al Presidente Castelar por 120 votos contra 100 a las 7 de la mañana, irrumpió del general Pavía en las Cortes, acabando de un plumazo con una todavía en ciernes Primera República Federal en España, que había consumido todos y cada uno de sus últimos cartuchos, asediada aún por la sublevación del cantón de Cartagena, por una guerra carlista que ocupaba partes importantes del territorio nacional y, en fin, por el conflicto cubano. Como reconoció Jover Zamora, el cuadro no dejaba de ser paradójico: la España septentrional (País Vasco y Cataluña), perforada por el conflicto carlista; y la España meridional echada en manos de la demagogia cantonalista-federal. Construir una República con esos mimbres, era complejo.

Así las cosas, el gobierno Castelar, último presidente de esa República que conoció cuatro mandatarios en poco más de diez meses (Figueras, Pi i Margall, Salmerón y el propio Castelar), se consumió entre sus propias contradicciones e innumerables tensiones, y la República murió sin apenas resistencia alguna.

La sesión del 2 de enero de 1874: la intervención de Castelar: 3 ideas fuerza.

El Diario de Sesiones de las Cortes Generales de ese día 2 de enero (Diario de las Sesiones Constituyentes de la República Española, núm. 99, pp. 2453-2519), es una fuente insustituible para conocer el estado del problema (Nieto), pero requeriría hacer uso de un número de caracteres excesivo, impropio de un breve comentario como el que anima estas líneas. Mas esa sesión parlamentaria tenía el mar de fondo de dar cuenta por parte del Gobierno Castelar de las acciones realizadas en el período de interregno de casi cuatro meses en el que las sesiones de las Cortes habían estado suspendidas con el objetivo de restablecer el orden público alterado de forma grave, y frente al cual el anterior presidente Salmerón no se sintió con fuerzas para reprimir tal estado de cosas y procedió a presentar su dimisión, debiendo asumir el cargo quien entonces era presidente de las Cortes, Castelar, quien en el cierre de ese debate parlamentario, en un magnífico discurso (sabido eran las dotes oratorias que tenía), en respuesta a las críticas de Salmerón por sus actuaciones gubernamentales, alegó lo siguiente:  

“El Sr. Salmerón se encontró el mes y medio de Gabinete, con que no podía vencer ciertos escrúpulos nacidos de su conciencia. Y entonces, Sres. Diputados, yo, que me encontraba en la presidencia de esta Cámara, con una beatitud perfecta, sin responsabilidad ninguna (…) tuve que bajar de mi Olimpo y tuve que venir a este potro. Y bajé ¿por qué?, ¿por elección mía? (…) ¡Ah no, Sres. Diputados! Bajé en cumplimiento de un deber doloroso; bajé porque yo no podía (…) rehuir grandes y tremendas responsabilidades”

Emilio Castelar, republicano con evidente pedigrí y solvencia, fue objeto en esa sesión de duros ataques desde (no solo) la izquierda federal, por la mano dura aplicada durante esos meses con el fin de salvar la República. Se le imputaron contradicciones entre su ideario republicano anterior y las acciones gubernamentales llevadas a cabo en ese período. Imputaciones de las que se defendió enérgicamente. Ciertamente, Castelar había hecho uso de la pena de muerte como medio expeditivo para reconducir la situación, buscó involucrar a los militares en la defensa de la República (lo que, como es obvio, no consiguió) y apostó por una apertura de la República a partidos y expresiones ideológicas de distinto signo. Su apuesta por un republicanismo conservador frente a un necesario republicanismo progresista (defendió ardientemente que ambas expresiones ideológicas convivieran bajo la República) no fue entendida por quienes, a su juicio, optaron por salidas políticas más demagógicas.

Castelar se enfrentó, en efecto, con varios diputados republicanos, que, incluso, le descalificaron políticamente con trazos gruesos. Vivió la desagradable situación de disentir frontalmente de quien era su amigo (ambos contendientes parlamentarios invocaron ese vínculo recíproco), Salmerón. Más que un disentimiento político fue la carta de defunción de la Primera República, aunque ya se mascaba en el ambiente que los “jamases” del General Pavía de que no optaría por el golpe de Estado, que expuso al propio presidente del Ejecutivo, eran una mera pantomima. Y en el debate parlamentario ese temor flotó en el ambiente. Al verse acorralado, Castelar optó por una táctica que fue muy atacada por sus opositores y por parte de la historiografía (por todos, Fontana). Mas haciendo historia del fracaso de la República, echó mano de ese sentido de la realidad, del que hablara Isaiah Berlin, que debe tener todo estadista, yreflejó en su discurso final tres ideas que, a pesar del tiempo transcurrido, son sin duda muy importantes para comprender la imposibilidad de la política en España para reconducir un momento crítico, que no todos los parlamentarios vieron ni vivieron igual.

1.- La primera fue la defensa a ultranza que hace Emilio Castelar de su posición republicana, inspirada en un ideario conservador (siempre defendió que en la República debía haber un partido republicano conservador y otro progresista). No le dolían prendas en caracterizarse a sí mismo como conservador. Le dolía particularmente que sus antaño compañeros en la causa pusieran en duda su republicanismo: “¡Venir a decirme a mí que yo inspiro recelo a un partido por el cual he pasado toda suerte de amarguras y he sido condenado a garrote vil por la tiranía de los Borbones!”. Censuraba a sus detractores ser “unos republicanos (que) se encontraban de parte de la utopía socialista, y prometían no sé qué edenes que no han podido atraer a la tierra, a pesar de haber estado en el Gobierno”. Él se consideraba republicano liberal individualista, defensor de la propiedad y de orientación conservadora. No lo ocultaba. La estrategia seguida de aislamiento por parte los federalistas radicales, no le había hecho mella alguna, pues según Castelar “con mi coalición han venido la libertad, la democracia y la República”. No obstante, esta fe de liberalismo, se veía un tanto ensombrecida por su defensa a ultranza en ese mismo debate de la República, incluso por encima de la democracia (“yo pongo la República sobre la libertad; yo pongo la República sobre la democracia”), lo que abrió un polémico precedente para el devenir ulterior de la II República en la figura de Azaña (ver, Manuel Zafra: Republica antes que democracia, CEPC, 2022).

2.- La segunda era la constatación de que la República había comenzado con muy mal pie, pues la trajeron los radicales y no tanto los republicanos, tras la abdicación del rey Amadeo de Saboya, agravada con la primera crisis que a las dos semanas escasas se produjo. A partir de ahí comenzó una retahíla sucesiva de presidencias del Consejo, cuatro, que ya denotaban lo mal que iban las cosas, circunstancias empeoradas por los movimientos cantonales, la insurrección carlista y la indisciplina militar. Rota tempranamente la primera coalición de radicales/republicanos, el 24 de febrero, cuando la República se había proclamado el 11 del mismo mes, Castelar ya anunció a la mayoría republicana entonces “el abismo a que se arrastraba a la República”. En su discurso final, incidió en algo más importante: los hombres que ocuparon sucesivamente la presidencia del Ejecutivo se habían quemado y, como él mismo reconoció, ya no había recambio:

“Yo le dije que teníamos pocos hombres que pudieran representar grandes agrupaciones; que estos hombres se gastarían muy pronto, que el poder los habría de desacreditar injustamente uno a uno, y que el día en que tres o cuatro de estos hombres estuviesen imposibilitados o desacreditados, moriría con ellos la República”. Y concluía este argumento del siguiente modo: “Pues ya estamos descreditados todos, todos sin excepción. Meceos, meceos en vuestras ilusiones: somos más impopulares que los conservadores; más que los moderados y más que los radicales”. El cierre venía de la mano de constatar que, quemados ya los cuatro presidentes republicanos, la duda era qué va a pasar mañana: “¿Dónde está el sucesor?”. No lo habría. El golpe de Estado lo impidió brutalmente. Como reconoció el propio Galdós, cuando ello escribió ya republicano (1911), la ineptitud de la clase política del momento fue manifiesta.  

Y la tercera reflexión que hizo Castelar en este discurso fue la constatación, en un ejercicio de realismo político, de que el proyecto de Constitución federal había quedado finiquitado por la aceleración de los acontecimientos y las gravísimas perturbaciones del orden público:

“¿La federal? Ya hablaremos más tarde; no vale la pena; el más federal tiene que aplazarla por diez años. (Un señor diputado: ¿Y el proyecto?) ¿El proyecto? Lo quemasteis en Cartagena. (Grandes aplausos). No me diréis que no soy franco (…) Ya sé que me llamaréis apóstata, inconsecuente, traidor; pero yo creo Sres. Diputados que hay una porción de ideas muy justas que son en este momento histórico irrealizables, y no quiero, no, perder por utopías la República”.

El abrupto final de la “non nata” República Federal: las miradas de Valera y Galdós.

De nada sirvió. La votación parlamentaria le derrotó. Y con ello vino el golpe final a la República federal. Y un interregno de un Gobierno de transición hacia no se sabía entonces dónde (República unitaria, monarquía o carlismo), que, tras otro golpe militar, abrió de par en par las puertas a la Restauración borbónica. Tanto Benito Pérez Galdós como Juan Valera se hicieron eco de ese momento, que ambos vivieron o revivieron en sus respectivos escritos. Ambos enfoques de este crucial período los he tratado en sendos ensayos (El legado de Galdón, Catarata, 2023; y recientemente: Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones, Athenaica, 2024).

Por un lado,Juan Valera hizo la crónica inmediata de tal acontecimiento en un extenso artículo publicado en la Revista de Política Interior de la Revista España. La tensión entre continuar “la dictadura de Castelar” para mantener una República unitaria y restablecer la tranquilidad mermada por la revuelta cantonal y la guerra carlista, o alternativamente buscar el relevo otra vez con Salmerón y Pí i Margall, con la apuesta cantonal, fue creciendo. Y el ejército era obvio que veía con mejores ojos la primera solución, que no pudo ser. Como escribió Juan Valera, “la última sesión de aquellas Cortes fue una lenta y angustiosa agonía (…) Los no federales anunciaban con voz fatídica la próxima muerte: (…) pero ni Salmerón ni sus amigos querían creerlo”. Y prosigue este autor: “Castelar, que estuvo admirable, verdaderamente sublime de elocuencia, de patriotismo, de valor cívico, y de candor desinteresado”, no obstante, quedó derrotado, por la “inflexibilidad estoica del Sr. Salmerón, y con su desconocimiento de la realidad de las cosas” (DeCoster, Obras desconocidas de Juan Valera, 1964, pp. 459-469). Sin embargo, la apuesta por una República unitaria (y no federal), también fracasaría.

La mirada de Galdós fue mucho más retrospectiva y se desplegó en sendos Episodios Nacionales, como fueron La primera República y desde Cartago a Sagunto, escritos ambos en 1911, cuando el escritor canario militaba en las filas republicanas. Aun así, don Benito se muestra crítico en algunos pasajes con la experiencia federal-cantonal de la efímera República. El cantón de Cartagena, y su principal líder es flanco de sus dardos: “Te mandé a la correría de Contreras por el Mediterráneo para que vieras por ti mismo la incapacidad de esta gente (…) De nada valen los corazones valientes si las cabezas están vacías”. El prometido “Paraíso federal” es también objeto de su ojo crítico: “Tanto sentimentalismo me parece de muy mal agüero”. Los acontecimientos y el terrible desenlace de la noche y madrugada del 2-3 de enero, fueron muy bien descritos en el segundo de los episodios citados. Pero lo determinante, a ojos de Galdós, era lo lejos que había llegado el sectarismo político. Así se expresaba un federalista radical en lo que era “la más clara expresión de odio que unos y otros se tenían”, como describe don Benito: “Entre una República que no sea Federal y la Monarquía, preferimos la Monarquía”. Está todo dicho.

El descrédito de la forma de gobierno republicana por los desmanes radicalistas afectó también directamente al total desapego en España durante más de un siglo hacia la organización federal. Este era el balance galdosiano del problema descrito: “Di a tus amigos los republicanos que lloren sus yerros y procuren enmendarlos para cuando la rueda histórica les traiga por segunda vez al punto de …”. Tampoco la segunda vez pudo ser. Los errores también en ese momento fueron notables. No era de extrañar por tanto que el republicanismo, como reconoció también Galdós, estuviera, así, condenado a una “larguísima noche”. Aún no ha amanecido.

El final de la primera república apenas tuvo contestación alguna, como tanto Valera como Galdós escribieron sobre ello. Juan Valera describió el final de la federal como un alivio ciudadano (“en la inmensa mayoría de los españoles ha sido recibida con júbilo la noticia del acto de fuerza”). Por lo cual, el autor, casi pedía disculpas (no era buena carta de presentación alabar indirectamente un golpe). Galdós, más circunspecto, lo describe, por boca de su protagonista, en estos términos: “En las calles no advertí el menor síntoma de inquietud ni emoción por lo que había pasado”. Seguía, en todo caso, el sitio al cantón de Cartagena y la guerra carlista. La situación de excepción se prolongaría durante varios meses. La desordenada primera experiencia federal (de revolución cantonal) acabó de la peor de las maneras posibles y sin apenas nadie que la llorara. Y ese complejo contexto y fatal desenlace, pasarán honda factura.

Lo que aquí sigue es una síntesis de algunas ideas (ver PDF) de una ponencia presentada en un Curso de Verano (UPV/EHU) sobre «Regeneración democrática y Administración Pública». Como,  dada su extensión,  la inmensa mayoría no la leerá, se han redactado estas páginas, para al menos difundir algunas de sus conclusiones.  

Veamos primero la dimensión cuantitativa (aproximada) del problema. Las Administraciones Públicas son (salvo los pequeños municipios), estructuras institucionales que, en el conjunto de España, disponen de miles cargos públicos en sus órganos de gobierno, también miles de asesores o personal de confianza, decenas de miles de altos cargos y personal asimilado en el sector público institucional del Estado y administraciones territoriales, así como decenas de miles de puestos directivos que se cubren por libre designación entre personal funcionario o empleado público en tales organizaciones públicas. Los cargos políticos se cuentan también por decenas de miles. En un estudio (Gómez Yáñez y Navarro, 2019), se cuantificaban en más de 800.000 (pero allí se computaban también electos locales sin sueldo, solo con dietas).

Estos cargos públicos se cubren por los partidos de forma habitualmente discrecional, inicialmente entre militantes y, cuando ello no es posible, entre personas próximas políticamente (personal o familiarmente) a quienes ejercen el poder. Ser designado a tales cargos requiere, sobre todo, disponer de la confianza política de quien les nombra. Esta es la clave: son puestos de confianza. Y, como dijo, un responsable público al nombrar a un familiar: “En quien voy a confiar yo más que en mi hermano”. Asunto cerrado.

Por lo común, salvo en algunos altos cargos de la Administración del Estado, no se requiere para su nombramiento ningún requisito de cualificación profesional. Muchas de las personas que dirigen el sector público son -algo que puede sorprender al profano- amateurs en ese campo de actividad, algunos de ellos sin titulación universitaria o sin experiencia laboral; esto es, aprenden -si es que lo hacen- con el tiempo y los errores. La profesionalización cada vez más intensa de la política, implica que los miembros de los partidos rotan de una responsabilidad a otra, moviéndose en tales menesteres por ese sexto sentido de la supervivencia política. No hay aprendizaje previo ni formación especializada. Se aterriza en el cargo y allí uno se bandea como puede.

Los actuales “partidos de cargos públicos” (en sus ejecutivas u órganos del partido son casi todos cargos públicos) cuando ejercen altas cotas de poder tienen innegables dificultades para encontrar perfiles que se adecuen mínimamente a las exigencias competenciales básicas que el nivel de responsabilidad exige en cada caso. En esos supuestos, recurren a funcionarios de “su cuerda política” o próximos ideológicamente al partido; pero los niveles más altos de responsabilidad ejecutiva los procuran cubrir, salvo excepciones puntuales, con militantes de pata negra, que no den sustos políticos ni se desvíen de la ortodoxia del partido. Aun así, hay ámbitos de gobierno en los que la búsqueda de perfiles técnico-políticos se hace imprescindible si no se quieren tener problemas en la gestión cotidiana. 

España es el país de la Unión Europea (tal vez en disputa con Italia) en el que la Administración Pública tiene una mayor presencia de cargos de designación política, lo que es un incentivo importante para los partidos, que así pueden atender los innumerables apetitos de sus respectivas clientelas. Ese número ha ido creciendo conforme avanzaba el tiempo. La densa estructura territorial del país, con diferentes niveles de gobierno, ha alimentado ese desmesurado crecimiento del número de cargos públicos. Los respectivos Gobiernos han ido engordando artificialmente hasta el punto de aproximarse algunos a situaciones orgánicas de obesidad mórbida (el Gobierno central ha tenido en los dos últimos mandatos veintidós carteras ministeriales, lo cual es una absoluta exageración para las competencias efectivas; algunos gobiernos autonómicos también han multiplicado sus departamentos). Esta partenogénesis estructural da pie, asimismo, a una multiplicación de los niveles orgánicos directivos, generando más necesidades de cuadros de ese carácter que los aparatos de los partidos deben satisfacer. Y lo hacen mal o como buenamente pueden.  

No solo han crecido el número de gobiernos y sus estructuras internas de altos cargos, sino también se ha densificado el sector público institucional con la multiplicación de entidades públicas cuyas estructuras de gobierno y directivas son cubiertas por exclusivos criterios de confianza política (entre los militantes, cargos quemados o amigos del poder). Ese sector público a veces se asemeja a la cueva de Alí Babá: altísimas retribuciones a sus directivos (muchos sin capacidad ejecutiva alguna), empleos que se reparten entre las clientelas, contrataciones amañadas, etc. El control de esas entidades, aunque existe, es muy laxo y tardío. Además, hay que añadir los miles de asesores (personal eventual), que nombran los diferentes gobiernos. Moncloa, sin ir más lejos, tiene quinientos asesores presidenciales. En fin, una exageración, para la descoordinación existente entre departamentos, que son silos incomunicados. No se exige nada para ser asesor, lo que da lugar a abusos escandalosos. 

Al haber muy pocas reglas, los partidos en España tienden a la ocupación intensiva de la alta Administración, desplazando a la función pública de esos ámbitos, sin perjuicio de que en ocasiones los cubran con funcionarios, pero por criterios de designación política, ajenos a los principios que rigen la función pública. La alta Administración es, así, un espacio que en este país ha sido invadido por la política partidista. La metafísica de la confianza (Longo) es la que da pie a tales nombramientos, y la pérdida de aquella a los consabidos ceses.  

La multiplicación gradual de  órganos en las Administraciones Públicas de cobertura política o de provisión por libre designación, no es una opción neutra en términos de reforma o regeneración democrática. Sus raíces, como se desarrolla en esta ponencia, se hallan en la España decimonónica y en su compleja evolución posterior, donde el Estado Liberal fracasó en su empeño de implantarse y ello tuvo serios efectos sobre la Administración Pública, que se convirtió desde los primeros pasos en patrimonio de los gobernantes de turno. Sin cultura democrático-liberal, la política invadió las estructuras administrativas adentrándose en sus primeros momentos hasta sus niveles más ínfimos, creando un sistema caciquil-gubernativo de nombramientos funcionariales que permanecían en su cargo mientras los políticos que designaban se hallaban en el poder. Finalizado su mandato, los funcionarios nombrados por ellos eran cesados por los que llegaban que, a su vez, nombraban a sus amigos políticos.

Este sistema de cesantías impidió la profesionalización de la Administración, que fue efectiva solo en determinados cuerpos especiales de la Administración del Estado (acceso por oposición). Con razón, el sistema de cesantías fue calificado como una aplicación castiza del spoils system (Nieto). La Administración estaba, entonces, perforada por la política y por recomendaciones para conseguir un turrón (un empleo público), algo perseguido por miles de aspirantes cuya gran aspiración era disfrutar temporalmente de un sueldo público.

La presencia del caciquismo, en connivencia con las influencias gubernamentales, condicionó la construcción de una Administración decimonónica (las cesantías llegan hasta el Estatuto Maura de 1918). Los escasos ensayos de configurar una función pública profesional fracasaron. Y se implantó una cultura del favor que llega hasta nuestros días.

Paradójicamente, fue durante los dos períodos dictatoriales (Primo de Rivera y Franco) cuando se ensayó, con diferente intensidad, la construcción de una función pública profesional (local en 2024-2025, y de la Administración del Estado en 1964), con una marcada impronta corporativa. La alta función pública se convirtió entonces en cantera de altos cargos y de ministros ante la debilidad de los partidos del sistema para proveer tales cuadros. Tras iniciales períodos de depuración funcionarial, de “oposiciones patrióticas” y de autarquía, la Administración franquista, con la reforma tecnocrática (1956-1964), reforzó y legítimo profesionalmente los altos cuerpos del Estado. Esos orígenes marcaron su estela tras la Constitución de 1978. La izquierda era reacia al peso del corporativismo funcionarial, lo que se concretó en la reforma de 1984; pero siguió echando mano, por obvias necesidades, de determinados cuerpos de élite; mientras que la derecha mimó especialmente a otros altos cuerpos, de los que siempre extrajo cuadros políticos importantes.

A partir de 1978, los sucesivos gobiernos fueron incapaces de vertebrar una función pública bajo parámetros nuevos, y la institución vivió de la herencia de la reforma tecnocrática de 1964, remozada con las incorporaciones de 1984. Solo en 2007 (EBEP) se aprueba un marco normativo básico, con fuerte contenido dispositivo, cuyo fracaso (inaplicación) ha sido sonado. En las estructuras organizativas tampoco hubo mejoras sustantivas: el modelo departamental y la Administración institucional son herencias del pasado, así como las estructuras internas de los ministerios o departamentos, con muy pocas novedades. El sector público, por su parte, bebe de las fuentes normativas diseñadas en 1958 (LEEA). Sí que se incorporaron, años después, las entidades públicas empresariales, las administraciones “independientes” (1997) y las agencias para la mejora de los servicios públicos (2005). Pero la reforma de 2015 del régimen jurídico del sector público se sustentaba, con adaptaciones de contexto, sobre las viejas premisas. La Administración electrónica se inaugura legalmente en 2007, y se consolida formalmente a partir de 2015 (en 2021, materialmente), pero con una digitalización endogámica que crea exclusión digital y desatención ciudadana a amplios colectivos. De simplificación y supresión de cargas administrativas llevamos hablando hace casi veinte años, con muy escasos avances.

Las tesis que en ese texto (PDF) se mantienen son esquemáticamente las siguientes:

1.- La acusada penetración de la política en la Administración no solo tiene efectos cuantitativos, sino también cualitativos: achata el rol de la alta función pública, que se convierte en vicarial o instrumental, sin autonomía propia ni capacidad de retroalimentar a la política. Rompe o daña irreversiblemente, además los controles internos (antesala corrupción). El partidismo se contagia a la alta función pública y empaña su imparcialidad. La profesionalidad e imparcialidad se ven como un estorbo por una política que va a lo suyo.

2.- Dado el inmenso número de cargos públicos de extracción política, lo realmente importante para ellos es seguir a pies juntillas las directrices del Gobierno o del partido. Cualquier desviación de tales exigencias comporta el cese discrecional. La fidelidad partidista perruna es una de las máximas de la supervivencia del político profesional. El nivel profesional de tales altos cargos es, a veces, bajísimo o ajeno a sus competencias; sobre todo de quienes proceden del partido o partidos. Su sentido institucional es nulo.

3.- Vivir “de la política” (en expresión de Max Weber) implica, por tanto, tener claras esas reglas. Si se obedece y las cosas salen mal, siempre el partido/entidad de beneficencia busca una salida al cargo cesado, para que en otro ámbito siga enchufado a los presupuestos públicos y tenga cubiertas sus necesidades existenciales. Si se discrepa o se cometen errores serios, al impulsar políticas no avaladas por el partido, el desamparo político se impone.

4.- Este contexto tan perverso produce lo que Ortega y Gasset denominaba como “políticos pusilánimes”; esto es, políticos cuya única finalidad es aguantar en el poder y que, por tanto, ni tienen proyecto ni arriesgan, solo obedecen, por lo que la parálisis se impone o, todo lo más, se hace política cosmética con vacíos relatos de asesores de comunicación.

5.- Las consecuencias de todo ello son bien obvias, las reformas del sector público, en cuanto que exigen decisiones críticas en las que inevitablemente hay ganadores y también perdedores (el win-win no funciona aquí o es simplemente falso), no se acometen o se paralizan o ralentizan de inmediato. El miedo a la contestación interna o social, más cuando las elecciones se aproximan, atenaza las energías de cambio. Las congela. No hay ya políticos con coraje para afrontar las transformaciones necesarias. Una especie en extinción. 

6.- La Administración Pública, así, se muestra una y otra vez incapaz de reformarse, modernizarse o transformarse. Esas tendencias llevadas a cabo por la política (la piedra de Sísifo), se inician, arrancan, fracasan y, más temprano que tarde, regresan al sitio de partida, así permanentemente. Una reforma seria de la Administración exige un cambio institucional profundo, tiempo y unas reglas de nuevo cuño, que nadie se atreve a formular y, cuando surgen las primeras dificultades, menos aún a ejecutar: una política pusilánime que busca contentar a todos, es incapaz absolutamente de llevar a cabo esa transformación.

7.- Mientras tanto, la Administración se muestra cada vez más inadaptada para atender los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad. Su cada vez más deficiente funcionamiento le aproxima al colapso (Ramió, 2024). Ni tiene la necesaria capacidad estratégica ni tampoco las capacidades administrativas exigidas para ese empeño, que han sido anuladas a lo largo del tiempo por el desdén y la omnipresencia de la política. Para ello, la política pusilánime cuenta con un aliado: el sindicalismo del sector público. La alta protección y las condiciones de trabajo en el sector público, adormecen a un empleo público cada vez más endogámico, que ha perdido ya su razón de ser y solo mira a su ombligo.

8.- Sin embargo, lo más grave no es eso, sino -como se expone en el texto y en su propio enunciado- el silente retorno del pasado a la propia Administración Pública, que no solo está paralizada, sino que muestra cómo hábitos periclitados regresan con fuerza al ámbito de lo público. Es el caso, por ejemplo, de las evidentes similitudes entre los viejos partidos de notables y los partidos de cargos públicos (concepción patrimonial de la Administración, exacerbado clientelismo y nepotismo) y en la cada vez mayor presencia de la política en los ámbitos tradicionales de gestión, cortocircuitando la Administración profesional e imparcial. Con malos argumentos “democráticos”, se cuestiona de raíz el mérito y la capacidad en aras a un falso igualitarismo que destruye más aún los débiles cimientos de la función pública. La cultura del esfuerzo se pretende exterminar en el acceso a la función pública, sustituida por sucedáneos que están lejos de ofrecer resultados efectivos. Siempre hay puertas traseras. Por otro lado, la cruzada que desde la política gubernamental se ha iniciado a partir de 2021 contra los altos cuerpos del Estado ha ido in crescendo y puede tener consecuencias muy serias para el futuro del país, al menos tal como lo hemos conocido hasta la fecha.

9.- La Administración del Estado representa -si exceptuamos las FCSE y el Ejército- un 8 por ciento del total del empleo público, su prestigio tradicional se basaba en sus cualificaciones técnico-profesionales, sobre todo de la alta función pública. Esto puede tener fecha de caducidad. El acceso a tales estructuras de élite no puede ser blando. Aunque deba ser distinto o mejorado, por razones obvias. Mientras tanto, las Administraciones territoriales, además de una fuerte penetración de la política, tienen unas debilidades consustanciales propias de su arquitectura autárquica, con una función pública más vicarial aún, déficits de capacidades administrativas muy serias, lo que llama a la externalización intensiva de los servicios cualificados. Hay, además, una fortísima presencia de empleo público temporal que se ha querido atajar con un discutible sistema de acceso (más bien de ordenación de la entrada por los años de servicios prestados), mal llamado de “estabilización”, que tendrá muy serias consecuencias futuras sobre la imposibilidad de articular unas estructuras funcionariales y directivas profesionales e imparciales, que den la respuesta necesaria a los enormes desafíos a los que el sector público territorial se enfrenta y enfrentará.

10.- Con estos mimbres, pretender que la Administración Pública sea la locomotora de transformación de la sociedad, es un pío deseo. Sin una renovación previa de la política y del sistema institucional (algo impensable, pues son los propios partidos quienes han de promoverla), lo máximo que se logrará serán reformas puntuales de corte incremental en cuanto a gasto público, sin mejoras efectivas sobre el funcionamiento del sector público y de sus servicios o prestaciones. La política sigue fiándolo todo (su captación de votos) a las subvenciones o al reparto del dinero público; pero ello implica disponer de poder de gasto, margen que no todas las Administraciones tendrán ni mucho menos. Y, además, como expuso Alexis de Tocqueville, no hay nada más difícil de gobernar que un pueblo de solicitantes.

TEXTO COMPLETO (PROVISIONAL) DE LA PONENCIA:

CURSO VERANO UPV-EHU REVISIÓN 2

Presentación

En el género ensayístico abundan las reflexiones sobre la política, pero menos las que ponen el foco en los atributos que han de tener los grandes políticos. Bien es cierto que eso no ha sido siempre así. Dejando de lado ahora a los clásicos (Plutarco, por ejemplo), la abundante literatura renacentista y de la era moderna anterior a las revoluciones liberales, manifestada por ese género denominado “los espejos del príncipe” (El político, de Gracián y en las obras de Maquiavelo) o, más tardíamente, por la filosofía moral escocesa (Adam Smith), así como por el difundido Breviario de los políticos del cardenal Mazarino, entre otros muchos, sí que centró la atención sobre los políticos, sus cualidades y, en su caso, sus virtudes. Pero en los siglos XIX y XX tales enfoques decayeron, siendo sustituidos por análisis centrados en los partidos políticos, en la esencia de la propia política o, más tardíamente, aunque con precedentes (Mosca, por ejemplo), sobre la clase política y la profesión de político. Sobre este último punto escribí hace años en mi Blog anterior (La mirada institucional) varias entradas, entre las que recojo ahora dos: https://rafaeljimenezasensio.com/2017/08/23/la-politica-como-profesion-i/; y https://rafaeljimenezasensio.com/2017/08/23/la-politica-como-profesion-y-ii/

Bien es cierto que las cualidades de los políticos, sobre todo estadistas, fueron objeto de particular atención por la historiografía, sobre todo biográfica, pero siempre centrada en períodos históricos concretos o en figuras puntuales. Menos abundan, en efecto, los análisis que, con carácter general o buscando un ejemplo, intentan extraer qué atributos tiene o debe tener un político para ser considerado un estadista de relieve.

Y, en este punto, me quiero detener en un somero análisis comparativo de dos grandes pensadores: Ortega y Berlin. Tomaré como referencia únicamente algún ensayo de ambos. Sobre Ortega me detendré en su conocido artículo “Mirabeau o el político”. Y en el caso de Berlin analizaré dos artículos (“El sentido de la realidad” y “El juicio político”). Persigo con ello identificar los puntos de coincidencia y las diferencias entre ambas miradas en relación con la figura del político, siendo conscientes de que la contribución de Ortega es de 1927, mientras que la de Berlin es posterior en el tiempo. Con lo cual, algunas apreciaciones del filósofo español deben ser enmarcadas en ese contexto temporal, anterior en todo caso a la explosión de los totalitarismos y de los líderes de ese cariz, como fueron -entre otros- Hitler y Stalin.

Ortega y Gasset. Mirabeau y el político   

La reflexión de Ortega tiene un marcado carácter biográfico de ese personaje político desbordante, “titánico” y apasionado hasta la médula que fue Mirabeau. Es un trabajo sencillamente magnífico. Hace más de cuatro años Letras Libres publicó una breve y excelente pieza del escritor mexicano Hugo Hiriart, titulada El político: https://letraslibres.com/revista/el-politico/. Allí el escritor se hacía eco de algunas de las ideas de Ortega expresadas en el artículo citado. Partía de la distinción orteguiana entre el político como arquetipo y como ideal. A Mirabeau, Ortega lo encajaba en el primero. Para el profesor lo relevante no era que el político fuera gran estadista y buena persona (con conducta moral intachable), a imagen y semejanza de las tesis de Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales, pues eso era un tipo ideal, sino que lo determinante consistía en que el político fuera un gran hombre, que creará cosas, organizara el Estado. Contraponía los políticos pusilánimes (una especie que entonces y hoy abunda) frente al político magnánimo. Descartaba Ortega que “virtudes pequeñas” como la honradez, la veracidad o la templanza sexual (ausentes en la tormentosa vida de Mirabeau) fueran necesarias para coronar a un político como genio. Adviértase, en todo caso, de cuándo se redactó ese trabajo: en 1927.

Ortega disculpaba los acumulados y reiterados “vicios” del venal y sensual (“atleta del amor”, como se autodefinía) en su alocada e inestable vida (lleno de deudas, líos de faldas y años de presidio) antes de llegar a ser parlamentario en la Asamblea revolucionaria francesa. Un hombre con altura y gran cabeza, cara salpicada por la viruela y unas desordenadas melenas, que le daban aspecto de león; dotado de excelentes cualidades oratorias e innumerables y desordenadas lecturas detrás. Una persona en las antípodas de la aparente atracción física, pero que atraía como un imán, dotado de un “torrencial activismo”, orientado siempre hacia una vida ejecutiva (“vivir, para él, no es pensar, sino hacer”), impulsivo sin contemplaciones hasta el punto de actuar carente de cualquier escrúpulo (diferencia aquí Ortega entre “inmoralidad” y “falta de escrupulosidad”, atribuyendo al noble y parlamentario revolucionario francés esta última). Tal como escribió el filósofo madrileño: “Un hombre escrupuloso no puede ser un hombre de acción”. O, en otros términos: “Si se quieren grandes hombres, no se les pidan virtudes cotidianas”.

Compara constantemente Ortega la figura del político con la del intelectual (“o se viene al mundo a hacer política o se viene a hacer definiciones”). Como escribió Mirabeau de sí mismo: “Hay hombres que es preciso ocupar”. En suma, la actividad (o la “acción”, como diría Hanna Arendt) lo puede todo y es lo más característico de un gran hombre político. La propia mentira o “la afición a la farsa” que acreditó Mirabeau a lo largo de su vida (“una y otra vez lo sorprenderemos mintiendo descaradamente”; según se dice hasta el final de sus días), es mirada de forma complaciente por el filósofo; mientras que al intelectual tal forma de actuar le repugna moralmente; aunque, entonces, como decía Ortega, “la verdad es que ni la mentira cuesta nada al político ni la veracidad al intelectual”.

La descripción orteguiana del personaje es notable: “La impulsividad, turbulencia, histrionismo, imprecisión, pobreza de intimidad, dureza de piel, son las condiciones orgánicas, elementales, de un genio político”. Y ellas se hallaban en Mirabeau. Pero Ortega no olvida cómo la política, “una actividad tan compleja”, requiere además otras muchas propiedades; por ejemplo, tacto y astucia. Sin embargo, con ello tampoco emerge un político como genio. Exige, además, un sentido de la justicia (que lo relativiza) y sobre todo “una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación”, así como acreditar “fuerza vital, intelección y agudeza”. Toma como ejemplo a César, dotado de una ejemplar “agudeza intelectual”. Y esboza, aunque no lo desarrolla, la idea de que un político al menos debe tener “intuición”. La conclusión que extrae no puede ser más que un tanto paradójica, pues tras oponer los caracteres políticos e intelectuales, da la impresión de que (fruto quizás de su experiencia vital) se aproxima a una síntesis: “No se pretenda excluir del político la teoría: la visión puramente intelectual. A la acción, tiene en él que preceder una prodigiosa contemplación: sólo así será una fuerza dirigida y no un estúpido torrente, que bate dañino los fondos del valle”.

Isaiah Berlin: El sentido de la realidad y el político

Los dos ensayos de Berlin citados, aunque con precedentes, vieron la luz en la década de los sesenta del siglo XX. Su enfoque es propio de la historia de las ideas políticas, ámbito en el que el autor fue un auténtico maestro. Habían pasado, además, muchas cosas desde que Ortega escribiera su opúsculo, pues como dice Berlin: “Quedaba claro que hombres lo suficientemente enérgicos y sin escrúpulos podían reunir un grado suficiente de poder material para transformar sus mundos de un modo mucho más radical del que se había pensado que era posible hasta entonces”. Los crímenes del nazismo y del estalinismo habían conmocionado al mundo y a sus conciencias. Del mismo modo que lo tratara Ortega, Berlin -aquí muy tributario del fantástico epílogo de Guerra y Paz de Tolstoi- escribe que “cada persona y época tiene, por lo menos, dos planos: una superficie superior, pública, iluminada, fácilmente perceptible; y, por debajo de ella, una senda hacia características cada vez menos evidentes”. Cómo leer esos acontecimientos y circunstancias en ese doble piso es la clave de la política y también de los intelectuales y de los historiadores, pero sus perspectivas y lecciones se alejan en la práctica por las marcadas diferencias entre ambas actividades. En el primer ensayo citado (El sentido de la realidad, Taurus, 2017), Berlín tiene unas páginas memorables sobre esa distinción (pp. 65-67). De esas reflexiones, solo interesa ahora destacar cómo entiende el gran ensayista “el oficio de estadista”, pues tal como expone el arte de gobernar y transformar las sociedades “no se asemeja ni a la erudición de los académicos ni al conocimiento científico”. Según este autor, a diferencia del intelectual, “lo que en los estadistas se califica de cordura, experiencia política, es más comprensión que conocimiento”; esto es, son capaces de comprender las relaciones entre el plano superior con el inferior, del que hablara Tolstoi; donde están comprendidas todas las clases de habilidades de un talento político: “facultades de observación, conocimiento de hechos, sobre toda experiencia; en suma, un sentido de la oportunidad”. A ello se añade “un elemento de improvisación, de tocar de oído, de ser capaz de valorar la situación, de saber saltar y cuándo quedarse quieto”. En conclusión, “un sentido de la realidad”, que se alimenta en ser capaz de detectar “el conocimiento de individuos”. Y en un gran político entra, así, en juego la intuición que lee bien esos planos ocultos de los problemas sociales: “Admiramos con razón a esos estadistas que consiguen realizar sus planes con más éxitos que otros, debido a un superior sentido de los perfiles de esos factores desconocidos o apenas conocidos”. No obstante, Berlin reconoce también la importancia que el factor suerte (azar) puede jugar en determinados casos.

En el siguiente ensayo (El juicio político), el ensayista letón se aventura a intentar describir qué caracteres debe tener un genio político (el gran estadista). A diferencia de Ortega, Berlin tiene otros referentes alejados de Mirabeu (a quien no cita), y entre ellos destaca el perfil de Bismarck, “el estadista más eficaz de todo el siglo XIX”, con dotes políticas innegables: “Tuvo éxito porque tenía el don particular de usar su experiencia y su observación para adivinar correctamente cómo resultarían las cosas”. En realidad, lo que el ensayista letón defendía es el “don de la percepción”, un talento que, “cuanto más fino, cuanto más increíblemente agudo que es”, resulta ajeno al poder de abstracción y análisis, propio del científico o del intelectual. Vuelve Berlin a resaltar ese conocimiento “semininstintivo” que busca no solo en la superficie, sino en el plano inferior de las cosas, el subterráneo (Tolstoi reaparece de nuevo: El erizo y el zorro, escrito en 1953, y el “sentido de la realidad” del autor ruso, marcó esa interpretación). Confronta, así, a “los reformadores temerarios” que ignoran los elementos imponderables (Robespierre, Lenin, Hitler, Stalin), y confía más en los empiristas audaces (Napoleón, Cavour, Lincoln, Lloyd George o Franklin Roosevelt), “porque vemos que comprenden su elemento”, que es la esencia del talento político. Y concluye: “Esto no es un contraste entre conservadurismo y radicalismo, o entre cautela y audacia, sino entre tipos de talento”. Las artes de la vida, no menos la política, “resultan poseer sus propios métodos y técnicas especiales, sus propios criterios de éxito y fracaso”.

Final

A pesar de las distancias temporales en que ambos marcos reflexivos fueron expuestos, la concepción de lo que sea un político “arquetípico” o un “genio” en tales lides, ofrecen en Ortega y Berlin similitudes o paralelismos, aunque también ciertas diferencias. Entre estas últimas se halla el papel del intelectual en relación con la política, pues no cabe olvidar que, al menos en una parte sustantiva de su vida (1914-1932) Ortega estuvo activo en política a través de sus iniciativas y escritos periodísticos o ensayos (por ejemplo, la Liga de educación política en 1914) e, incluso, una persona comprometida políticamente (en el partido reformista de Melquiades Álvarez o de forma más efímera y tardía, pero más intensa, con la Agrupación al Servicio de la República); algo que fue de forma más matizada, Isaiah Berlin, un modelo de profesor (por ejemplo, de Oxford), aunque hizo sus incursiones en la politología, analista de la realidad política, profundo intelectual, pero también activista a favor de los derechos humanos. Este último dejó muy claro que, entre la actividad política y la científica o intelectual, la sima era insalvable, y que difícilmente con los sólidos mimbres de la última se podía triunfar en la primera (algo que lo confirmaría Ignatieff, biógrafo de Berlin, en su experiencia política narrada magníficamente en su libro Fuego y cenizas).

Vivieron, es cierto, momentos distintos, aunque parcialmente paralelos. No obstante, a pesar de las diferencias (que también se ahondan en el plano de los escrúpulos), la contribución intelectual de Ortega al contorno de un político con genio ofrecía algunos paralelismos incipientes con las tesis finales de Berlin: Mirabeau también leyó correctamente el momento cuando defendió contra viento y marea la Monarquía constitucional como solución que -de haberse podido llevar a cabo- hubiera ahorrado no pocas desgracias a Francia que los hechos futuros confirmaron, en línea con el utopismo censurado por el autor letón; pero también por Ortega al describir a Mirabeau: “El revolucionario es lo inverso de un político; porque al actuar obtiene todo lo contrario de lo que se propone”. Como concluía nuestro filósofo: “Toda revolución, inexorablemente -sea roja, sea blanca- provoca una contrarrevolución”.  La concepción política de la magnanimidad y el papel de la intuición histórica en la acción política, que se hallan en la construcción orteguiana, también son pilares -sobre todo la última- del constructo berliniano. En el fondo ambos, con distinta intensidad e impacto, abrazaron el liberalismo político en momentos ciertamente adversos. Y de ello dejaron honda huella en sus respectivas obras.

“L’execució no és cosa subalterna. És, en el Govern, el factor de primer ordre”

(Francesc Cambó, Memòries (1876-1936), Editorial Alpha, 2008, p. 466)

Presentación

Cuando Cataluña reinicia un nuevo ciclo gubernamental, tal vez resulte oportuno volver la mirada a quien fuera uno de los impulsores del catalanismo político a inicios del siglo XX. La labor de Francesc Cambó es muy conocida en sus facetas de político, escritor, financiero y empresario e, inclusive, mecenas; sin embargo, ha sido menos divulgada su visión sobre la Administración y la función pública, así como su empeño personal por una gestión pública eficiente e íntegra, que aporta una concepción de modernidad a la que la Cataluña y la España de entonces (y la de ahora) han prestado poca atención práctica. Su labor como representante municipal destejiendo redes de corrupción que estaban asentadas en el Ayuntamiento, su apuesta decidida con Prat de la Riba por construir y hacer funcionar la Mancomunidad catalana, bien liderada por el autor de La nacionalitat catalana, así como sus fructíferos, aunque breves, desempeños ministeriales en los ramos de Fomento (1918) y Hacienda (1921-22), fueron fases de su vida político-administrativa a las que conviene, también hoy en día, prestar atención; pues su obra, aunque incompleta, abrió sendas de transformación que aún no se han transitado con la energía debida en Cataluña. Y algunas de las lecciones que se pueden extraer de su práctica gubernamental y gestora son sencillamente interesantes, al menos para valorarlas en su justa medida.  

Un político responsable, enérgico y entregado

Aunque la figura de Cambó ha sido fruto de no pocas controversias, dada su singular trayectoria política y los evidentes errores que cometió en distintas fases de su vida, lo que aquí se quiere poner de relieve es únicamente su punto de vista sobre la Administración y función pública. Fue Francesc Cambó, al margen de filias y fobias, un político serio y riguroso en sus planteamientos y actitudes, comprometido en el ejercicio de sus funciones, enemigo del caciquismo y de las prácticas clientelares, aunque en determinadas fases de su vida política tuvo que convivir con esas lacras, responsable cabal en el ejercicio de sus tareas gubernamentales y, lo que es más importante, gran trabajador e innovador en muchos de los ámbitos de la vida pública.

Frente a una España estancada, no cabe duda que su catalanismo político, aunque para algunos tensara los frágiles cimientos de una España desangrada tras el Desastre del 98, fue en muchos aspectos, especialmente en los que aquí se tratan y al menos en los años que van desde 1901 a 1922, una expresión de relativa modernidad. Quiso compaginar la grandeza de Cataluña y su autonomía política con una España diferente, pretendiendo liderar un cambio que no fue tal. Cuando menos, lo intentó. Muchos de los problemas endémicos detectados entonces siguen, con esos u otros rasgos, actualmente en pie. Y uno de ellos es que, sin duda, la actual Comunidad Autónoma de Cataluña, con su cada vez mayores cotas de autogobierno y sus laberínticas estructuras, no ha sido capaz hasta la fecha de construir una Administración Pública despolitizada y ajena a las prácticas clientelares de unos u otros, y tampoco ha creado una cultura de gestión, dirección y función pública eficiente e imparcial. De ahí, que todavía en 2024, muchas de sus reflexiones sobre estos temas sigan en pie.

La inexistencia (entonces) de vocaciones funcionariales en Cataluña y la necesidad de construir una Administración profesional

Son muchas las referencias puntuales que hizo Cambó a estas cuestiones, especialmente en sus intervenciones políticas o durante el ejercicio de los diferentes cargos de gestión municipales o estatales que desempeñó. En sus Memorias se hace eco de una conferencia que impartió el 9 de abril de 1912 a las juventudes de la Lliga; como él dijo entonces, “la más brillante de todas las juventudes políticas de Cataluña y España entera”, en la que recalaban, a su juicio, “los jóvenes más inteligentes, los más cultos, (y) los de más temperamento político”. En esa disertación se ocupó de una cuestión clave que había comentado con Prat de la Riba: “La tendencia de los catalanes a huir de los cargos burocráticos y de toda profesión ligada a los servicios estatales”. Así, el político catalanista dejaba claro que, “fuera de la carrera consular y en menor grado la universitaria, los catalanes estaban ausentes de todos los demás servicios estatales: Diplomacia, Ejército, Judicatura, etc.”. Para Cambó esa ausencia tenía dos graves consecuencias (que se irían incrementado con el paso del tiempo, y que a fecha de hoy tampoco se han erradicado): “La primera es que en todos los centros burocráticos reina un espíritu de hostilidad hacia Cataluña y (de) todas las cosas que pudieran interesar a los catalanes; la segunda (no menos importante), que el día en que Cataluña obtuviera algún grado de autonomía no habría personal con aptitudes burocráticas para administrarla”. Se opone el político catalán a lo que él considera como “la vieja tradición del catalanismo folclórico, que rechazaba toda función pública” y que algunos catalanistas como él no cejaron de censurar, si bien con poco éxito. El nacionalismo esencialista impuso un criterio de desatención del problema funcionarial, con muy graves consecuencias. Sin una Administración eficaz, según Cambó, no había solución alguna para la autonomía catalana.

Poca atención se ha prestado a ese certero análisis, y si bien es cierto que los tiempos han cambiado muchísimo y que la actual y mastodóntica Administración catalana tiene más de 220.000 efectivos, no lo es menos que su grado de profesionalización e imparcialidad dista muchísimo de acogerse a estándares comparativos de otras democracias avanzadas ni tampoco (con todas sus deficiencias, que no son pocas) a los de una alta función pública de la Administración General del Estado o de algunas otras (muy pocas, por cierto, y no precisamente las más aireadas) Administraciones autonómicas, que también ofrecen claros síntomas de agotamiento y de inadaptación, pero cuyos niveles de efectividad son algo mayores que los existentes en la Administración de la Generalitat. Los grados de clientelismo político, agudizados por un auténtico tobogán de cambios políticos constantes desde hace años y por unos procesos selectivos blandos o poco efectivos, han creado una dirección pública dependiente estrechamente del favor político y una burocracia territorial con innumerables taras y poco efectiva, aunque el número de vocaciones funcionariales haya crecido en los últimos 30 años en Cataluña de forma llamativa. Ante esa plétora de vocaciones falsas, no parece, sin embargo, que hoy en día el sector público atraiga en Cataluña a los jóvenes más inteligentes y más cultos, a los que se refería Cambó, sino más bien, con las excepciones debidas, a bastantes medianías que hallan su salida personal y profesional en compromisos políticos o sindicales más o menos larvados, en interinidades de acceso barato, o en un ansiado trabajo funcionarial razonablemente retribuido y muy poco o nada exigente. Y no digamos nada en lo que a la alta dirección pública se refiere, politizada hasta los tuétanos; un mal endémico sin fácil solución, como por lo demás es así en el resto de España. Si  mi memoria no me falla, en Cataluña se viene hablando de profesionalizar la dirección pública desde 2003: ¡Han pasado más de 20 años de quietud pasmosa!

Energía gestora y nombramiento de altos cargos por criterios profesionales 

Si algo caracterizó a la controvertida figura de Cambó fue su indudable energía gestora, con una capacidad innegable y un compromiso institucional más que evidente, tanto en su inicial desempeño de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona como en sus breves, pero efectivos, destinos ministeriales. El político catalán siempre tuvo buenas dotes organizativas (también electorales) y especial sensibilidad para tales cuestiones, en nada menores.

Tal como relata en sus Memorias, cuando arriba al Ayuntamiento de Barcelona (en 1901 logra su condición de electo) su objetivo es “estudiar la Casa y sus problemas”, para después buscar soluciones. Así, confiesa que “es por eso que en el reparto de cargos no tuve ninguna pretensión y acepté la misión que nadie quería: la de estudiar el problema del personal y de proponer todo un plan de reorganización”. El secretario del Ayuntamiento, José Gómez del Castillo, al ser castellano, temía por su continuidad. Sin embargo, Cambó detectó que, al igual que otros muchos altos funcionarios de la Casa, era un profesional responsable y, según escribió, “a partir de entonces, se produjo una estrecha amistad y fue para mí un colaborador de una lealtad insuperable”. Cambó tuvo la inteligencia y la profunda mirada de darse cuenta que sin una correcta organización y una buena dirección y burocracia profesional ninguna política efectiva se podía hacer en el Ayuntamiento, que fue su escuela política. Reiteraría ese análisis y esa política en sus desempeños ministeriales, con particular éxito y aceptación por parte de la tecnoestructura. Además, fue un enemigo implacable, “de la tradición caciquil imperante en Barcelona” y de los numerosos focos de corrupción que anegaban a la política municipal, ya fuera por parte de los representantes de los partidos dinásticos o de los republicanos lerrouxistas. Su objetivo era muy obvio: “Hacer posible que hubiera una burocracia competente y honrada que atenuara los grandes estragos” que producían la corrupción y el caciquismo. Una visión también de innegable modernidad.

En el primer gobierno de concentración, tras la triple crisis de 1917, Cambó estuvo ausente por voluntad propia, lo que consideró más tarde como un error suyo, pues intervenir por terceras personas no era lo adecuado: “Entonces aprendí para siempre que querer influir en un gobierno a través de tercera persona es tarea vana”. Algunas indicaciones a su correligionario y amigo Ventosa, ministro de Hacienda, este las tomaba como “un intento de tutela, que le molestaba”. Con el nuevo Gobierno Nacional de 1918 que lideró Maura (con quien le unía un aprecio recíproco), Cambó asumió ya la cartera de Fomento, un Ministerio importante. Su política de nombramientos no pudo ser más afortunada. Mantuvo a algunos altos cargos de trayectoria irreprochable y “el resto de (altos) cargos los dio a funcionarios competentes y honestos. De todo ello dejó testimonio en su libro Vuit mesos al Ministeri de Foment. No cabe duda que, como el propio Cambó un tanto autocomplacientemente reconocía en sus Memorias, “esa falta de espíritu caciquil (al que estaban acostumbrados los funcionarios con los sucesivos cambios de Gobierno) me ganó la estima del personal”. Su obra en el Ministerio fue breve, pero intensa y gozó siempre del apoyo de los altos funcionarios que se alinearon con su política dando los necesarios impulsos en su gestión.

Su gestión como ministro de Hacienda en otro Gobierno Maura durante el año 1921 y 1922 siguió las mismas pautas descritas: una medida política de nombramientos, con algunos perfiles técnicos fieles a su política (Bertran y Sedó) junto con la confirmación de algunos altos cargos (Dirección de lo Contencioso) y el nombramiento de tres Directores Generales seleccionados entre el personal técnico, “de la más alta reputación, tanto en competencia como en honestidad”. Todo ello, según sus propias palabras, “produjo un magnífico efecto entre los funcionarios” y cortó de raíz los brotes de indisciplina interna, atajando asimismo “todos los actos de favoritismo y todas las injusticias que habían fomentado el descontento”. Afrontó, asimismo, “la supresión de trámites inútiles e incluso perturbadores permitiendo una reducción de personal”. Nombró como Jefe de Personal a una persona íntegra, atajó los innumerables “nombramientos de periodistas (asesores) y protegidos de personalidades políticas que figuraban en el escalafón sin hacer ningún servicio (entre ellos el famoso “Montecristo”), e impuso la norma de que todo el personal del Ministerio debía hallarse en las oficinas a las 9 de la mañana. En fin, una gestión enérgica y responsable, planteada además en el momento oportuno: al inicio del mandato. Como escribió: “Uno de los motivos del mal gobierno de España ha consistido en el hecho de que sus Ministros han sido más proyectistas que ejecutores”. Y concluía: “Todos mis éxitos, tanto a Fomento como a Hacienda, consistieron en eso; yo no me limitaba a proyectar y decretar, sino que me ocupaba de la ejecución de los Decretos que había aprobado y de los proyectos de Ley que había hecho aprobar”. Sin duda, como él mismo decía, “la ejecución no es cosa subalterna: es, en el Gobierno, factor de primer orden”. No en vano, parafraseando a Napoleón consideraba la gestión como “el factor esencial y, los hombres que no tenían facultades de ejecución, los denominaba despectivamente (el emperador francés) los ideólogos políticos”.

Ciertamente, sorprende que, más de 100 años después de impulsar tales ideas fuerza, sigan sin ser, en el fondo, aplicadas a la realidad gubernamental y administrativa catalana. El reloj burocrático y directivo de su sector público está detenido desde entonces y nadie sabe ni quiere ponerlo en marcha, aunque algunos ayuntamiento catalanes (por ejemplo, Mataró o San Cugat) estén al menos poniendo las primeras piedras de una transformación de sus organizaciones. No hace falta ir muy lejos, por tanto, para captar buenas ideas.

En fin, el nuevo Gobierno de la Generalitat, uno de cuyos ejes de actuación futura es la transformación del sector público catalán, podría mirar en el espejo de estas lecciones de Cambó, pues siguen plenamente vigentes y se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. La política sin gestión es una tarea vacía, pierde buena parte de su esencia.
2. El político con responsabilidades de Gobierno debe prestar atención especial a los aspectos organizativos y al sistema burocrático; aspectos ingratos, complejos y difíciles, pero imprescindibles para hacer efectiva una buena política.
3. Las primeras decisiones gubernamentales son críticas y marcan el buen o mal resultado de una gestión política futura. Su aplazamiento es falta de coraje político.
4. Las decisiones enérgicas, se deben tomar al principio. Si no se hace así, los problemas se enquistan y se pudren. Y luego no tienen solución.
5. Detectar, mantener y estimular el talento interno en la organización y en el propio sistema burocrático es clave, así como atraer la inteligencia y el compromiso público.
6. Seleccionar los cargos directivos entre personas cualificadas técnicamente y mantener a quienes han ejercido bien sus funciones, es un paso determinante de legitimación interna y de efectividad política, así como de buena gestión.
7. Apostar por la integridad y honestidad, la simplificación de trámites, y el cumplimiento estricto de las obligaciones directivas y funcionariales, son la argamasa de una buena gestión pública y de un más que probable éxito político-gubernamental.

Lecciones muy sencillas y claras. Solo hace falta aplicarlas. Tarea hercúlea que, en cualquier caso, exige un elevado consenso político, visión estratégica, determinación gubernamental, energía directiva y compromiso funcionarial. El ABC de la buena gestión pública. Con frecuencia olvidado. 

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[1] Esta entrada es una visión ampliada de una tribuna de opinión publicada en abierto en El Confidencial los días 17 y 18 de agosto de 2024. Agradezco a Ángel Villarino su difusión en ese medio.

Ver: https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2024-08-17/cataluna-catalanismo-politica-cambo_3944112/

“Caurà’l dret, enmudirà la llengua, s’esborrarà fins el recort de la seva existència, mes per dessota de les ruïnes seguirà bategant l’esperit del poble presoner del dret y la llengua y el poder d’un altre poble, però lluitant sempre y espiant l’hora de fer sortir altre cop a la llum del dia la seva personalitat característica”

“Caerá el derecho, enmudecerá la lengua, se borrará hasta el recuerdo de su existencia, mas por debajo de las ruinas seguirá latiendo el espíritu del pueblo, prisionero del derecho y la lengua y el poder de otro pueblo, pero luchando siempre y aguardando la hora de hacer salir otra vez a la luz del día su personalidad característica”

(Enric Prat de la Riba, La nacionalitat catalana/La nacionalidad catalana, Biblioteca Nueva, 1998, p. 92)

Introducción

Tiempo de relecturas. Como decía Royard-Collard, « je ne lis pas, je relis ».  Fascinante tarea, más cuando se entrevera con un presente que también fue pasado y que será futuro.

Hace 26 años, mis entonces compañeros catalanes del Departamento de Derecho Constitucional de la UPF, sensibles a mis excursiones por la Historia de las ideas, me reglaron el libro La nacionalitat catalana, de Prat de la Riba, en edición bilingüe. Lo leí entonces y lo he releído ahora. En esa obra se contiene la cita que abre esta entrada, una reflexión que luego se reproduciría en otros términos más políticos por Francesc Cambó y que en boca de este político (sin duda inspirada en el libro de Prat de la Riba) se haría famosa por lo que de predicción sobre el ser de Cataluña representaba a las puertas de una terrible contienda cainita como fue la Guerra Civil española. En efecto, en un discurso parlamentario en las Cortes republicanas de 1934, Cambó decía:

“Porque no os hagáis ilusiones. Pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes, pero el hecho vivo de Cataluña subsistirá”.

La cita está tomada de la obra de Borja de Riquer, Cambó. El último retrato (Crítica, 2022, p. 388). En verdad, esta entrada pretendía abordar un análisis de la citada obra, tras su relectura reciente. Pero, la también relectura de la obra de Enric Prat de la Riba, junto con las Memòries (1876-1936) de Francesc Cambó (Alpha, Barcelona, 2008), además de iniciar la relectura de la extensa biografía en tres tomos de Jesús Pabón sobre Cambó  (Alpha, 1952), que leí tempranamente cuando estaba enzarzado con la edición del libro sobre mi tesis doctoral, me han hecho corregir mis intenciones iniciales y, como consecuencia del pulso político inmediato que nuestra atención anega, he optado finalmente por dedicar este espacio a exponer algunas ideas en torno a los primeros e incipientes pasos del catalanismo político, momento en el que allá por los años 1898-99 se planteó abiertamente la reivindicación, luego no atendida, de un Concierto económico para Cataluña. Tendría consecuencias.

Tal como reconocía Tocqueville, en su magna obra El Antiguo Régimen y la Revolución, escrita ya en su madurez intelectual (1856), “la Historia es una galería de cuadros donde hay pocos originales y muchas copias”. La demanda del Concierto se volvió a plantear a finales de la década de los setenta del siglo XX, pero los políticos nacionalistas de entonces no consideraron adecuado asumir el riesgo financiero unilateral que comportaba tal régimen económico. Tampoco los catalanistas políticos finiseculares decimonónicos hicieron, en verdad, una bandera exclusiva de tal reivindicación, pues tal demanda fue liderada principalmente por sectores industriales y comerciantes a fin de atenuar los presumibles impactos tributarios que implicarían las fatales consecuencias del Desastre del 98.

Ciertamente, poco o nada tiene que ver el contexto actual con el pretérito, pues el liderazgo de tal demanda es actualmente del catalanismo independentista, con claros objetivos de disponer de más recursos por parte de la Hacienda Pública catalana (más poder de caja para una política territorial y clientelar), aunque tampoco tal iniciativa la verán mal los sectores financieros, industriales y empresariales catalanes siempre que atenúe sus actuales gabelas tributarias o mejore sus expectativas inversoras en comparación con las existentes en la Hacienda común. Pero cuando menos me ha parecido curioso e interesante plantear este tema, enmarcado en lo que es la crisis entonces existente de la idea de España como consecuencia de los efectos del Desastre del 98. El contexto actual, ya anticipo, es muy distinto, la idea de España -al menos de momento- está consolidada en un escenario de la Unión Europea y, sin perjuicio de sus enormes déficits estructurales y también no menos letales dudas que plantea su futuro inmediato y mediato, contrasta con una Cataluña en franca decadencia en estos momentos, que ya no es -al menos tanto como lo fue- el motor (casi) exclusivo de industrialización de España, aunque siga manteniendo un importante y nada despreciable peso económico-financiero. Algo ha cambiado profundamente desde entonces, y no solo es el paso inevitable del tiempo.

Los orígenes de catalanismo político y el Desastre del 98

No cabe duda que el catalanismo cultural y lingüístico estaba plenamente incubado a finales del XIX. El catalanismo político había recibido un impulso evidente con las Bases de Manresa (1892). Sin embargo, su expresión orgánica y menos aún su batalla electoral, en un sistema atravesado por arraigadas prácticas de caciquismo electoral, estaba aún lejos de lograrse. La obra de Almirall fue, asimismo, un detonante. Pero sin el estrepitoso derrumbe de los fragmentarios restos imperiales de España tras el Desastre del 98, nada hubiera sido igual. El país se sumió en una profunda crisis de identidad. Y la necesidad de repensarlo todo, tanto la política como el Estado, se fue abriendo paso. En ese marco, las reivindicaciones, aun incipientes, del catalanismo político encontraron un buen huerto para ser plantadas, si bien la impotencia de la política del turno pacífico para impulsar medidas audaces de regeneracionismo institucional fue manifiesta. Y las plantas fueron marchitando, con algunos frutos, tardíos y menores, que terminaron apareciendo (Mancomunidad catalana). Conviene detenerse en el contexto, pues da algunas claves.

Aunque el profesor Borja de Riquer, extraordinario conocedor de ese período, ha reformulado algunas de las tesis más bien muy benevolentes que sobre Francesc Cambó formuló en su día Jesús Pabón, así como  cuestionó la autocomplacencia y sus no menores olvidos que el político catalán mostró en sus Memorias, o la hagiográfica mirada que Josep Pla escribió (por encargo del biografiado) a finales de la segunda década del siglo XX sobre Cambó en tres tomos, no es menos cierto que todas esas obras (sin duda, entre ellas las De Riquer y Pabón) también dan algunas claves importantes para entender este importante período de la Historia de España y de la emergencia del catalanismo político.

La evidente y humillante derrota frente a Estados Unidos en 1898 comportó la caída del Gobierno Sagasta.  Pero antes incluso, a finales de aquel infausto año, uno de los generales del Desastre, García Polavieja, se convirtió en adalid o símbolo de una pretendida e instantánea regeneración. Ciertamente, había tenido la capacidad predictiva de intuir lo que venía, si bien no fue el único ni mucho menos. En un ensayo reciente que he llevado a cabo, cuyo libro aparecerá en septiembre (Juan Valera. Un liberal conservador en la España de los turrones Athenaica, 2024), el diplomático y escritor, buen conocedor de la realidad cubana al haber sido embajador en Washington, ya anticipó el desastre y la más que previsible pérdida de la isla caribeña. La intuición de Polavieja fue un punto más allá, al escribir que “en vez de querer impedir a todo trance la independencia de Cuba, que empeño vano sería, (había que) prepararnos para ella”. El hecho evidente es que la autonomía llegó tarde y el Desastre ya se mascaba. Y nadie quiso o pudo prepararse para la independencia de la isla.

El impacto de la derrota fue brutal. Aunque en las calles y vida de sus gentes se disimulara, lo que no hacía sino tapar la evidencia. En ese contexto, una comisión de “cinco presidentes” de entidades catalanas, por iniciativa de los polaviejistas, fueron a visitar a la Regente, todo ello en un marco de desorientación del país y de desmoralización general. Uno de aquellos mandatarios catalanes era el afamado doctor Robert, quien plantea ante la Regente las demandas. El primer gobierno Silvela, formado en marzo de 1899, acogió formalmente esa necesidad de regeneración. Entonces el doctor Robert aún no era catalanista. Su conversión, como el propio Cambó recuerda en sus Memorias, muy dadas siempre a la autoalabanza, fue gracias a su constancia en convertirle a la incipiente causa catalanista. Como dice Pabón, “Cambó le acabó de catequizar”. Lo realmente importante es que el doctor Robert, persona de elevado prestigio profesional y de honestidad a carta cabal, fue nombrado (entonces los designaba el Gobierno) Alcalde de Barcelona. Su inicial apoliticismo fue dando paso a un cada vez mayor compromiso catalanista.

Pues bien, dentro de las demandas que los presidentes formularon a la Regente y trasladaron luego al Gobierno Silvela, que las asumió en principio, se recogía -como recuerda De Riquer- una amplia descentralización administrativa, que comportaba la creación de una Diputación catalana, así como un concierto económico, aparte de reivindicaciones propias del Derecho civil catalán y de mayor protagonismo la lengua propia. El Gobierno Silvela incorporó como Ministros al propio general Polavieja y a Durán y Bas. Sin embargo, el calamitoso estado de las finanzas tras el Desastre y el empeño del Ministro de Hacienda de incorporar nuevos tributos para hacer frente a esa situación financiera hizo pronto olvidar tales compromisos. La propuesta de descentralización administrativa fue muy tibia, mientras que el Concierto Económico, a imagen y semejanza del que disponían los territorios vascos, fue enterrado sin discusión.

Tal parálisis comportó, por un lado, que el general Polavieja dimitiera en septiembre de 1899 y Durán y Bas hiciera lo mismo como Ministro de Justicia en el mes de octubre. La política fiscal del Ministro Villaverde tuvo consecuencias más drásticas, puesto que la iniciativa de aprobar un régimen de concierto económico era principalmente una propuesta del empresariado y de las clases medias, que temían que una reforma fiscal les acribillara entonces a impuestos, como así sucedió. La respuesta social, aunque también política, fue la negativa a pagar tales tributos (Tancament de caixes), un movimiento impulsado por los gremios que se negaban a pagar tales contribuciones. La contestación fue in crescendo, incluso con canciones callejeras y xiuladas a los políticos (fueron manifiestas en la visita de Dato en 1900). Una de aquellas canciones decía:

Treballem a Barcelona

Per mantener els de Madrid

Pro ha vingut la resistencia

I poden dir: Bona nit!

Cambó, entonces aún un joven político en formación, ya apostó en algunos de sus tempranos artículos periodísticos por un nuevo “enfoque fundamental de la política”, consistente en entreverar Tradición y Libertad, enjuague del que nacería el nuevo catalanismo, no sabemos con qué dosis mayor de ambos elementos. El movimiento del “cierre de cajas” terminó con embargos a los insumisos, que el propio Alcalde de Barcelona debía firmar, lo que condujo también a su dimisión. El doctor Robert ya estaba alineado con el catalanismo. Su muerte prematura e inesperada en 1902 fue una gran pérdida para el catalanismo por el enorme prestigio que atesoraba.

El contexto en política lo marca todo

Es necesario enmarcar esos hechos en el contexto, que al fin y a la postre define la realidad del problema. No hay que ser muy incisivos a la hora de deducir que las simpatías políticas del temprano catalanismo político iban dirigidas hacia los insurgentes cubanos, como así lo expone Cambó en sus Memorias. La Unión Catalanista, en junio de 1898, ya había calentado motores, como recuerda Pabón: “Ahora verá (el pueblo catalán) cuán peligroso es para su prosperidad el actual desequilibrio existente entre nuestra gran fuerza económica y nuestra nulidad política dentro de España”. Tras la discutida guerra, vino el Desastre y la repatriación de “aquellos millares de cadáveres vivientes”, que desmentían “los milagros de la unidad y de la centralización” (Doménech), y que varaban en el puerto de Barcelona. Joan Maragall escribió entonces su Cant del retorn:

Tornen de batalles // Venin de la guerra, //i ni portem armes, penons ni clarins

Se impone, entonces, un sentimiento de que lo catalán está atrapado en un cuerpo inerte, sin vida, que es la España de entonces. Una vez más el poeta Joan Maragall, lo expresa con crudeza: “Aquí hay algo vivo, gobernado por algo muerto, porque lo muerto pesa más que lo vivo y va arrastrándolo en su caída”. Parece evidente que, en ese particular contexto, “el catalanismo crece” (Pabón). Encuentra, por fin, un terreno fértil sobre el cual cultivar sus aspiraciones frustradas; pues la España finisecular es, efectivamente, un cuerpo apenas con vida. Además, los errores en cadena de una clase política turnista (y sin capacidad alguna de regeneración efectiva) agravará los iniciales síntomas de un problema sin saber encontrar ninguna solución, solo remedios paliativos tardíos, de contingencia y nada eficientes. Allí se incubó también todo. Y luego se enredó, por una persistente cadena de fatales errores.

Las elecciones legislativas de 1901 con los escaños de los “cuatro presidentes” ya agrupados en la Lliga Regionalista, fue el primer y decidido paso. Las elecciones municipales del mismo año permitieron la entrada de los catalanistas (y entre ellos de Cambó) en el Ayuntamiento de Barcelona (una ventana política extraordinaria) frente al particular predominio tradicional de los partidos dinásticos o republicanos. Hubo tiempo de penitencia por la fuerte irrupción del lerrouxismo. Años más tarde la creación de la candidatura electoral Solidaridad Catalana (1907), tras los incidentes de 1905-06, promovida por Salmerón y aceptada por Cambó y Prat de la Riba, dio más peso aún a un catalanismo incipiente, que ya venía sufriendo desde sus primeros pasos las tensiones entre los “evolucionistas” (Cambó y Prat) frente a los catalanistas más apolíticos o que se negaban a participar en un sistema político altamente corrompido. Luego vendrían los desgarros, que algunos llegan hasta hoy (aunque los evolucionistas hoy en día son testimoniales frente los esencialistas o lo que hoy conocemos como independentista, que compiten entre ellos un tanto infantilmente por acreditar quién es más puro en sus esencias). Pero eso es otra historia, que ahora no interesa.  Lo cierto es que el Concierto Económico se planteó entonces y no tuvo concreción alguna. Los partidos dinásticos, como expuso Borja de Riquer, “no podían asumir las demandas económicas del empresariado catalán”, tampoco lo hicieron con las políticas. Pero el peso determinante de la lucha por el Concierto Económico (nada que ver con la actualidad, al menos formalmente) fue casi exclusivamente empresarial y no tanto política, aunque también.   

(A propósito del libro de Ernst Fraenkel, El Estado dual. Contribución a la teoría de la dictadura, Trotta, 2022)

Por razones que no vienen al caso, este libro, como tantos otros, llevaba tiempo en lista de espera en mi estantería de novedades. Liberado de cargas más prosaicas, me sumergí en su lectura. Y debo reconocer de entrada que es probablemente uno de los ensayos sobre el fenómeno del nacionalsocialismo que más me ha impactado. Había leído recientemente Las religiones políticas de Eric Voeglin, de la misma casa editorial, cuyo primer ensayo también vio la luz en plena vigencia nacionalsocialista, y hace años transité por los ensayos de Hanna Arendt, Popper y el ensayo de Sebastian Haffner (Historia de un alemán), por no hablar de los innumerables libros de historia del período que también leí o de las obras de los juristas del Derecho Público alemán y pensadores de Entreguerras que estudié en su día con especial atención.

Acierta el prologuista y traductor, Jaime Nicolás Muñiz, cuando afirma que, a través de esta obra, un autor más bien desconocido (o poco conocido, salvo en círculos muy especializados) debe entrar en la nómina de los clásicos más ilustres del período junto con Berlin o Popper. Puede ser una afirmación un tanto exagerada, pero El Estado dual es, en efecto, un ensayo deslumbrante. Escrito, además, desde “la emigración interna”, como explica Jaime Nicolás, en una Alemania cada vez más inhabitable. Su autor, además, en aquellos años era un abogado en ejercicio, si bien con formación académica acreditada, socialdemócrata, judío de origen pero no de convicciones prácticas, al que el régimen nazi fue cercando hasta hacer inevitable su huida del país en 1938. Salió de Alemania pocos días antes de ser detenido (había orden expresa). Salvó la vida y con él se llevó un manuscrito de su obra a Estados Unidos, donde, tras no pocas peripecias y muchos remedos, fue publicada en inglés en 1941. Y ese es el texto que se publica. Luego retraducido al alemán y más tarde al italiano (por Norberto Bobbio). Finalmente, décadas después por iniciativa del profesor Laporta y la generosidad de Nicolás Muñiz, vio la luz en castellano, gracias a la editorial Trotta.

El libro se abre con una reseña biográfica del autor en el prólogo, que encuadra muy bien el contexto de la obra. Y las consabidas explicaciones del traductor sobre los términos empleados en lengua castellana, que no son los mismo de las ediciones alemana e italiana. Pero de inmediato se adentra en la densidad de sus mensajes. No es un libro de lectura fácil para el público no especializado, pero se aprende mucho. El Estado dual es una obra de Derecho, tanto público como privado, con innumerables referencias jurisprudenciales que algunas de ellas ponen los pelos de punta sobre cómo el nacionalsocialismo terminó capturando el mensaje de los jueces y su propia arquitectura argumental. Pero también es una obra de Teoría político-constitucional, de Historia de las ideas políticas, de Ciencia Política e, incluso, de Filosofía política y del Derecho, cuando no de pensamiento político. En suma, su lectura supone un auténtico banquete para la inteligencia, pues abre mil ventanas a ámbitos poco transitados por los ensayos al uso. Estimulante en grado sumo.

El libro arranca magistralmente con la necesaria cita de la Ordenanza de necesidad para la protección del Pueblo y del Estado de 28 de febrero de 1933, dictada por Hitler tras el incendio del Reichtag (incluida en el Anexo III de la obra), pues esta y no otra era la Constitución del régimen nazi a partir de entonces. La Constitución de Weimar se ahorcó a sí misma con el fatídico artículo 48 (medidas de excepción). Esa Ordenanza supuso sustraer a buena parte del sector político del imperio de la ley. Así, “el sector político del Tercer Reich constituye un vacío jurídico”. Entre el 30 de enero y el 24 de marzo de 1933, Hinderburg “dejó sentadas las bases del nacionalsocialismo a través de estas tres actuaciones: 1) El nombramiento de Hitler como Canciller del Reich; 2) La proclamación del estado de excepción (Ordenanza de necesidad); y 3) La firma de la Ley de plenos poderes. A partir de ahí entró Alemania, sino lo estaba ya, en un largo y tenebroso túnel.

Fácilmente se pasó de la dictadura provisional a una dictadura permanente y anticonstitucional, con un Estado desarmado para frenarla. Convertido en el Führer y canciller del Reich, Hitler fue cerrando el círculo. El Derecho alemán reclinó también gradualmente y dio paso a un confuso sistema en el que había una “imposibilidad de diferenciar con claridad entre Estado y Partido, en lo atinente a la titularidad del poder ejecutivo”; confusión de la que no se pudo liberar tampoco el poder judicial, que se vio arrastrado por esa normativa de excepción perpetua.

Quizás sea en los preliminares del libro donde se sientan certeramente las bases del problema: la disolución del Estado de Derecho. Aunque la Constitución de Weimar, correctamente interpretada, exigía que la utilización del estado de sitio tuviera tres premisas para ser aplicado: 1) orden constitucional amenazado o perturbado; 2) propósito de restablecerlo; y 3) vigencia temporal hasta el restablecimiento de la normalidad constitucional; lo que hizo Hitler fue dar un auténtico golpe de Estado a través de su partido con evidentes resultados: a) La alteración del orden la causan ellos; b) Se sirven del estado de sitio para aniquilar el Estado de Derecho; y c) Su fin y sus proclamas son constituir Alemania como “una isla de paz” en medio de un mundo trastornado por los conflictos”. El ardid ya estaba inventado: en 1848 Mittermaier, un jurista liberal de prestigio, ya señaló: “Al partido gobernante … no le resulta difícil servirse de la agitación que él mismo ha favorecido como pretexto para suspender las leyes”. Sin duda, como señala Fraenkel, hasta desde el campo nacionalsocialista se reconoció que “el incendio del Reichtag llegó muy oportunamente y que la dictadura comisarial que le siguió brindó la ansiada oportunidad para acabar con el Estado de Derecho”. El modelo de golpe de Estado, también tenía precedentes en 1851, con el establecimiento de la dictadura plebiscitaria de Napoleón III. De él dijo Marx, que “identifica su persona con ‘el orden’ para poder identificar ‘el orden’ con su persona”. Y no busquen paralelismos, los hay muchos. Es cierto que ya Carl Schmitt, en 1932, ya presagió los mimbres de una “democracia plebiscitaria”, antesala de la dictadura.

Sentadas las bases, afincado el arresto preventivo, lo que era una Ordenanza de necesidad contra los comunistas («Al objeto de hacer frente a los actos comunistas de violencia que ponen en peligro al Estado») fue abriéndose paso sin pausa hacia todos los colectivos que no eran propiamente hablando de la raza aria ni comulgaban con el ideario del nacionalsocialismo. Las barreras legales se derrumbaron. La tutela judicial efectiva fue negada, también de forma gradual pero irreversible a quienes el régimen consideraba enemigos del pueblo alemán (testigos de Jehová, contrarios a la vacunación, judíos de cualquier condición, etc.). La jurisprudencia de los tribunales fue manipulando el perímetro objetivo de “comunistas” a todos aquellos que con sus creencias, actuaciones u omisiones acreditaran ser (o se estimara que eran) enemigos del pueblo alemán (esto es, de los nazis). El silencio sepulcral se impuso. Quien pudo huyó, quien no, cayó en las garras de un régimen inmoral e indecente que negaba su existencia.

Lo más sorprendente y fascinante jurídicamente de este libro es cómo el autor analiza minuciosamente, mediante el análisis de innumerables casos y sus correlativas sentencias, el tránsito de un ordenamiento jurídico de la normalidad hacia un sistema que expande la excepción cada vez hacia un círculo más amplio de sujetos afectados. Esa convivencia o yuxtaposición entre un ordenamiento jurídico previo (y no modificado) que seguía existiendo, y seguía siendo aplicado (por ejemplo, en el ámbito societario mercantil o en las relaciones laborales, aunque con modulaciones sinfín) y un régimen de excepción, es la clave del título del libro: El Estado dual. Así nace la compleja convivencia entre (los restos del) Estado de Derecho y las normas de excepción, que son ya permanentes y cuyo perímetro de intervención cada vez se amplía más, también con el beneplácito de interpretaciones amables o forzadas del poder judicial y sus tribunales, aunque con algunas manifiestas e imposibles resistencias.

De ahí surge la distinción clave del libro entre “Estado de normas” (Estado de Derecho o sus restos) y “Estado de medidas” (Estado del Partido). En estos términos se manifiesta el autor: “Estado de normas y Estado de medidas no son poderes que se complementan recíprocamente, sino formas alternativas de ejercicio del poder. Y la cuestión clave es si había o no límites a ese “Estado de medidas” (Estado del Partido). Antes de adentrarse por estos meandros el libro aborda uno de los temas nucleares: el papel de la política y del Partido en ese sistema jurídico. Así afirma: “En el Estado de Derecho, los tribunales controlan la Administración desde el punto de vista de la legalidad; en el Tercer Reich, las autoridades policiales controlan los tribunales desde el criterio de la oportunidad”. Y lo ilustra con un sencillo caso: ¿Puede la policía obligar a izar una bandera con la cruz gamada cuando esa izada no constituye una obligación jurídica? Evidentemente, sí: “No izarla podría ser un indicio de falta de formación nacionalsocialista, lo que se propone remediar con el internamiento en un campo de detención”.

La doctrina calentaba motores. En su libro Ley y jueces, Hans Frazen, quien había sido ministro nacionalsocialista, lo expone categóricamente: “Hay muchas normas en las que no se inserta un principio de justicia y solo se pueden explicar a través de un principio bien distinto, la política (…) La acción política se produce exclusivamente para combatir al enemigo, o, dicho en positivo, con la finalidad de salvaguardar la existencia propia”. La discriminación “moral” del enemigo era la base de todo. Es más, “el Estado de medidas (del Partido o de la política de este) no solo complementa al Estado de normas (Estado de Derecho) y se impone sobre él, sino que también se sirve de la ideología del Estado de normas para ocultar sus objetivos políticos bajo el manto del Estado de Derecho. No hay otras palabras para definir ese juicio. La conclusión, también del propio autor, era terrible: “Es político lo que las instancias políticas declaran político”. Y los casos judiciales que analiza con su fino bisturí, son también aterradores.

Retorna Fraenkel a Carl Schmitt, jurista ideólogo del nacionalsocialismo por aquellos tiempos, y a su Teología política, donde claramente expone que “las circunstancias” son las que mandan en su famosa y reiterada frase: “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. Pero de ello deduce el autor algo más importante a nuestros efectos: “La presunción de la competencia radica en el Estado de normas (Estado jurídico) mientras que la competencia sobre la competencia se ubica en el Estado de medidas (Estado de Partido o político)”. Es obvio que el primero termina arrodillándose frente al segundo. Las tesis de Schmitt resuenan de nuevo al definir que, a partir de la existencia de ese Estado de normas (que aún aguanta, cada vez más debilitado) no da pie a un Estado totalitario cualitativo, sino solo cuantitativo, pues deja subsistir algunos espacios de libre emprendimiento empresarial y una esfera pública que no es ciertamente estatal”. Ha de tenerse en cuenta que el libro El estado dual se cerró en 1938, este dato es muy importante para calificar el totalitarismo del sistema nazi, que fue in crescendo. En fin, el régimen fue cerrando el círculo contra aquellas fuerzas, colectivos y personas que no se encuadraban en la noción “fuerzas constructivas del pueblo”: todas ellas quedarán fuera de la tutela del Estado. A la intemperie. 

Sentadas las bases conceptuales, la obra se desliza hacia ámbitos sumamente interesantes, pero que no puede ser tratados aquí. Analiza el “Estado normativo” y cómo el Estado dual estaba afectando a sus cimientos, comenzado por la división de poderes. El Poder ejecutivo se sustrae de ello, pues el Estado “de medidas” (Partido) condiciona la aplicabilidad de las normas, reforzando la arbitrariedad a través de una justicia sometida a inmensas presiones. Por ejemplo: “Los tribunales han acabado capitulando ante instancias políticas. Para los judíos se ha vuelto irrelevante requerir la tutela de los tribunales”. Una y otra vez, sobre todo a partir de 1936, les fue negada. Se despedían a los trabajadores judíos y se les cerraba cualquier posibilidad existencial. Los tribunales que titubeaban, estuvieron expuestos a furibundos ataques nazis. Se desposeyó a los judíos de su condición de personas en sentido jurídico. Era su muerte civil, anticipo del exterminio. Particular atención mereció la libertad de prensa, que sería fuertemente limitada u “ordenada”: “No hay ninguna otra profesión más próxima a los bordes de lo ‘político’ que el periodismo. Había que callar esa voz o disciplinarla. Y así se hizo.

La Parte II del libro requeriría una entrada o reseña específica, pues se refiere a “La Teoría Jurídica del Estado Dual”. Con cita inicial de Agustín de Hipona: “Si se prescinde de la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?”; en esta parte el autor acredita sobradamente una magnífica y sólida formación jurídica y filosófica. El desprecio del nazismo por el pensamiento liberal, la bancarrota de las idées générals (C. Schmitt), la negación del valor del Derecho por sí mismo (Hitler), la destrucción del acervo de valores éticos de la cultura occidental, y el espléndido y atractivo capítulo de “La lucha del nacionalsocialismo contra el Derecho Natural”, así como el combate contra las religiones (“una religión ajustada a las exigencias de un Estado basado en la idea de raza constituye un ejemplo de paganismo”),  conforman una mirada sugestiva e inquietante. Lo justo o lo injusto, al fin y a la postre, lo define el Führer: “El Estado es una comunidad de seres vivos física y anímicamente homogéneos. Los Estados que no sirven a ese fin no son sino fenómenos malogrados, abortos”.

Y, en fin, la parte III está dedicada a “La realidad jurídica del Estado dual”. Se abre con cita de Renan (“Las instituciones perecen por sus victorias”). En esta parte explora la importante idea de “comunidad”, que atrae incluso a no nacionalsocialistas; afirmando que lo que se ha producido en Alemania es una “simbiosis entre la idea romántica de comunidad y el capitalismo militante”. Contrapone la tradición germánica del Estado dual con la anglosajona y estadounidense, donde no había arraigado tal noción:

Esta obra se cierra magníficamente con unas reflexiones finales sobre “El concepto de lo político en la teoría nacional socialista”. Allí se dice: “En el pensamiento nacionalsocialista el ‘enemigo’ es un elemento constitutivo de su concepción política”. La tesis del socialismo democrático de tradición racionalista de la política (“el arte de plasmar las tendencias sociales en forma jurídicas”), se ve desbordada por el pensamiento de Rudolf Smend sobre el poder político en el Estado constitucional, y del propio Schmitt, para quien “la existencia del enemigo constituye el elemento esencial de la actividad política”. Ello conduce derechamente a “falta de objeto” de la política. Los valores tradicionales no suman, y solo se aspira al “poder por el poder”. Tremenda idea hoy en día también comprada por la política. Lo expresaban muy claramente unos jefes nacionalsocialistas cuando se les interrogaba que quieren hacer con el poder una vez conquistado: “Mantenernos en el poder”.  Confluye, así, “la constatación de esa coexistencia de racionalidad e irracionalidad característica del Estado dual”, que sirvió de ropaje para combinar espuriamente la “arbitrariedad en lo político con la pretendida racionalidad en lo económico”. El capitalismo alemán se entregó a esa religión. Con funestos resultados.

En suma, una obra sumamente recomendable para quienes sientan pasión por el Derecho, la Ciencia Política o la filosofía política, en el marco de la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, frente al brutal ataque entonces del totalitarismo. Útil también en nuestros días en esta compleja Europa. y difícil España. Esa es la gran lección del libro (Muriel), que nos permite comprender la fragilidad, pero asimismo la importancia, de la democracia y del Estado de Derecho. Sin tales presupuestos civilizadores, no somos nada.     

 

Solo la casualidad ha querido que este sugerente libro, La civilización de España, cuyo autor es J. B. Trend, publicado inicialmente en 1943 y editado ahora en Renacimiento (2024), haya caído en mis manos. Por un lado, me lo regaló Alicia, mi mujer, quien oyó hablar entusiásticamente de la citada obra en un programa televisivo avanzada la noche, cuando la inmensa mayoría de la población duerme y casi nadie escucha; porque leer, lo que se dice leer libros, en este país es un verbo que apenas se conjuga, salvo por un segmento muy reducido de la población, principalmente femenino. Sin embargo, esta obra que se reseña debería ser leída por todos aquellos a quienes les preocupe este país y quieran saber algo más de dónde venimos, quizás para saber responder dónde estamos y, sobre todo, hacia dónde vamos. Sin duda, es lectura recomendable en los institutos y colegios, por no decir también en las universidades, de todo España, sin excepciones. Aprenderían mucho quienes lo hagan. Aunque no compartan todo.

Por otro lado, es casual asimismo que su aparición coincida con un compromiso editorial, que si todo va bien verá la luz el próximo mes de septiembre. Al hilo de ese empeño editorial, leí en su día la obra de Alberto Jiménez Fraud, editada en 1973 por Taurus, sobre la generación de 1868, atraído por las buenas referencias que José Luis Abellán daba de este autor y su obra en su monumental trabajo Historia Crítica del Pensamiento Español. Debo reconocer que me cautivó el enfoque aquella obra, a medio camino entre el ensayo de crítica literaria y la semblanza de los autores de esa pretendida “generación”, en concreto de Juan Valera, Benito Pérez Galdós (a quien ensalza sobremanera) y Pereda, entre otros. Tal libro nació de unas conferencias impartidas en la Universidad de Cambridge el año académico 1953-54. Para quien no lo sepa, Jiménez Fraud había sido largo tiempo director de la Residencia de Estudiantes y, tras la guerra civil, emigró al Reino Unido, y fue profesor de las universidades de Cambridge y Oxford, gracias al profesor Trend a quien había conocido en España; pues, en sus largas estancias en nuestro país, este último se refería a la Residencia como “mi colegio en España” (“Introducción” de William Chislett, al libro La civilización de España, p.11).

Como nos relata Chislett, Trend fue un hispanista y musicólogo inglés, así como primer catedrático de español en Cambridge, que vino a España en 1919, con la finalidad de explorar géneros musicales y se quedó prendado de este país. Aquí conoció a Lorca y a Manuel Falla, con quien mantuvo correspondencia hasta 1936. Pero tuvo muchos amigos de la élite intelectual de aquellos años, tales como Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Américo Castro o el propio Jorge Guillén, además del citado Alberto Jiménez Freud. Además, Trend, si bien no acreditaba conocimientos de español, lengua que aprendió en sus reiteradas visitas a nuestro país, había publicado varios y magníficos libros sobre España, lo que le valió obtener, contra pronóstico, la cátedra de Cambridge en 1933. Su compromiso con España y con la República se incrementó más aún. Aunque su amor al país le venía de lejos. Fue un ardiente defensor de Francisco Giner de los Ríos y de la Institución Libre de Enseñanza, a quienes dedicó una atención especial en sus obras, también en este libro que se reseña. Su primer libro publicado en inglés en 1921, Retrato de la España Moderna: Sus hombres y su música, “está dedicado en muchos aspectos a Cataluña”; también a Giner y los institucionistas. Y allí decía: “La cuestión de Cataluña es principalmente, si no enteramente, una cuestión de dinero”. Su compromiso republicano llegó a tal grado que, tal como se dice en la Introducción de la obra, “en protesta por la victoria de Franco, y por respeto a sus numerosos amigos republicanos, Trend nunca regresó a España”.

La cualidad fundamental de esta obra que ahora se reseña reside en la extraordinaria capacidad del autor para sintetizar en 200 páginas la historia de las civilizaciones que poblaron lo que hoy conocemos como España, desde los celtas e íberos, pasando por los fenicios y griegos, cartagineses y, con especial atención, a los romanos, y llegar hasta el siglo XX. Pone de relieve las dificultades que los romanos encontraron para conquistar España. Entrevera desde el inicio del libro los hechos históricos con la cultura y rasgos de los pueblos que conformaban esa Península. Se detiene, por ejemplo, en la “escuela peculiar de escritores que floreció en Córdoba, ciudad magnífica en la época romana, lo mismo que lo fue bajo los musulmanes”. Entre los autores del momento cita a Marcial, Lucano, Séneca y Quintiliano, este último “procedía del Valle del Ebro (realmente, de Calahorra) región de sobriedad, obstinación y sentido común”. Un capítulo esencial en esta obra es el dedicado a las provincias musulmanas, con especial atención a Al-Ándalus. Muy interesante es su apreciación de que “con el tiempo los musulmanes de España, llegaron a ser tan españoles como los mismos cristianos”. Y lo expone en los siguientes términos: “Había musulmanes españoles y cristianos españoles; pero todos eran españoles y lo que hicieron y pensaron pertenece de igual manera al mundo español. España no es solo la España cristiana”. El pensamiento hispánico musulmán y judaico, no solo el cristiano, es objeto de su atención: dedica atención a Avempace, a Ibn Tofail, así como a Averroes, y a los filósofos judíos Ben Gabirol y Maimónides. Con la toma de Córdoba y de Sevilla en el siglo XIII, no quedó más que el reducto musulmán del Reino de Granada y sus costas adyacentes. Tras la rendición de este último, y el incumplimiento de lo pactado por el cardenal Cisneros que, en 1499, “obligó a todos a quemar sus libros árabes”. Tal como se dijo: “Quería aniquilar el testimonio de siete siglos de cultura musulmana en un solo día; o “purificar con el fuego antes que con el agua”. Las consecuencia económicas y sociales fueron devastadoras. El fanatismo y la intolerancia religiosa hacían acto de presencia.

Muy interesante, asimismo, es el capítulo dedicado a los reinos cristianos. Según se expone, “antes de que la religión se convirtiese en arma política candente, los cristianos españoles encontraban la manera de convivir con sus vecinos musulmanes y judíos”. Luego llegó la fatídica expulsión de los judíos y luego de los moriscos, preludio de lo que sería siglos después la gran decadencia de España. Antes, sin duda, el poder dominante en la Península se reflejaba en una suerte de “Estados balcanizados”, que se fueron reconduciendo de forma muy compleja hacia una aparente unidad, asentada básicamente en la Corona, no en otros ámbitos. Sugerente es la primacía que en la España romana ya adquirió el municipio, que luego fue fortalecido mediante fueros en la era medieval, y particularmente la tesis del autor de que “el gobierno representativo no empezó en Inglaterra sino en España. Y pone varios ejemplos tanto de las Cortes de León (1188) como de Huesca (1162), con algunos precedentes. La parte del libro dedicada a la Monarquía y el Imperio arranca, como es obvio, con los Reyes Católicos, indicando que fue la religión la fuerza unificadora que pretendió mantener la cohesión. Como también surgió en otras partes de Europa, pone el ejemplo de los Tudor, “la intolerancia era despierta y movida, enérgica y expansiva”. La diferencia, que no cita, es que en España la guerra de religiones se cortó de raíz en sus inicios y dio origen a la intolerancia; mientras que en otros países europeos la tolerancia, como ejercicio de síntesis, se terminó imponiendo, no sin indudables excesos. Y con esa bandera religiosa, así como con la de la lengua que acompañaba a aquella se llevó a cabo la colonización de América, donde el autor pone de relieve algunos claroscuros. Y nos dice, por ejemplo, que “Pizarro no era solo brutal: era insensato”. Pero también destaca la labor de Vasco de Quiroga o de Bartolomé de las Casas, aunque este último, con “su apasionada extravagancia (…) contribuyó más que nadie -con la excepción de Guillermo de Orange- a difundir la ‘leyenda negra’ de la crueldad y fanatismo españoles”.

Muy interesante es el escueto tratamiento del reinado de Carlos V, con sus desacertados primeros pasos y su ataque a las Cortes y leyes del país, que ocasionaron la rebelión de los Comuneros, que fue finalmente derrotada: “La tragedia de los Comuneros fue la misma de todos los movimientos reformadores en España: la ambición, el desorden, la tardanza, la falta de unidad, la traición del apoyo aristocrático, de una parte y, de otra, la tendencia a la violencia extremista”. El autor se adentra luego en el reinado de Felipe II, muy distinto al de su padre, con su pretensión imposible de controlar todo con un resultado claramente adverso: “España había conseguido el dominio del mundo, pero sus arterias comenzaban a anquilosarse”. El papel de la Inquisición y la intolerancia imperante, hicieron el resto: “Así se preparó el camino para aquel aislamiento de España que tuvo tan desastrosos efectos en su ulterior desarrollo”.

Sin embargo, Trend combina de forma sublime política y cultura (pensamiento, arte, literatura y música), poniendo de relieve que España también vivió su “Siglo de oro”, si bien es cierto -aunque tampoco lo dice- coincidiendo paradójicamente con una etapa de apogeo de la Inquisición. Las grandes obras de la literatura española como La Celestina, El Quijote, el pensamiento erasmista de Juan Valdés, el Lazarillo de Tormes, las comedias de Lope de Vega, la obra de Calderón de la Barca, el pensamiento de Santa Teresa de Jesús, por solo traer a colación algunos ejemplos, desgranan los comentarios del autor británico. Pero también la pintura es objeto de su atención, poniendo el foco de forma sublime en el sublime cuadro del Greco, El entierro del conde Orgaz, “con su grupo de caballeros neuróticos vestidos de negro, rodeados de curas y frailes”, donde a su juicio encontramos “un sentido de frustración”, que abre la fase de la decadencia de España. Contrapone a partir de ahí el autor dos miradas sobre España, la de Menéndez Pelayo, tradicional-conservadora, y la de Ramón y Cajal, que veía al país desde el punto de vista de la ciencia, y consideraba que el nuestro “no era un país ineducado y su ignorancia era la consecuencia de su pobreza”. Cajal, según el autor, reconocía que “la exageración de la religiosidad había sido una de las causas de la decadencia”, tesis que mucho más depurada había sido ya expuesta por algún otro autor decimonónico. Maneja Trend la tesis del “orgullo castellano”, que no es solo de aquella época, sino que trasluce ya en la etapa de su análisis de la ocupación romana, como el propio autor reconoce. Otro insigne escritor decimonónico precisó esas mismas tesis con enorme rigor:  

“La enfermedad estaba más honda (…) fue una fiebre de orgullo, un delirio de soberbia que la prosperidad hizo brotar en los ánimos al triunfar después de ocho siglos en la lucha contra los infieles. Nos llenamos de desdén y fanatismo judaico. De aquí nuestro aislamiento del resto de Europa (…) Merced al desdén ignorante y al engreimiento fanático, cuando en el siglo XVIII despertamos de nuestros ensueños de ambición, nos encontramos muy atrás de la Europa culta, sin poder alcanzarla, y obligados a seguirla a remolque”

En fin, tras el fiasco de los Austrias y los titubeantes pasos iniciales de los Borbones, llegaron las reformas de Carlos III, o su pretensión de llevar a cabo “una revolución desde arriba”, que no dieron los resultados queridos y, en todo caso, a su muerte, Carlos IV, ese “ignorante imbécil que Goya caricaturizó en sus retratos”, deshizo toda la obra anterior y sumió a España en otra era oscura, alimentada con fervor despótico por ese rey felón que fue Fernando VII, luego profundizado por el reaccionario afán de retrotraer a España a los tiempos más oscuros que pretendió la insurrección carlista. Se adentra así el breve relato de Trend en el siglo XIX. Y lo hace de la mano, primero, de Valera, con el desencanto revolucionario del protagonista de su novela El comendador Mendoza, y con mucho más detenimiento con “las grandes novelas de Galdós”, particularmente los Episodios Nacionales, que cita profusamente. Reconoce que España no había tenido un siglo XVII y XVIII a la altura de otros países europeos. Su declive y aislamiento fue manifiesto. Y ello no podía pasar en el siglo XIX, pero en buena medida también sucedió. Tampoco analiza sus causas. Se recrea el autor con la obra de Larra, con esa satírica descripción de una sociedad española “brutalizada”, con una clase media encogida, y una clase alta “deslumbrada por lo extranjero”, pero impotente para fortalecer una sociedad política que solo disponía de “casi instituciones”, realmente de un sistema -como describió lúcidamente Galdós- “sin sólidas instituciones”. El movimiento romántico, como prematuramente descubrió Serafín Estébanez Calderón era un mal remedio para una España que necesitaba mano firme y no tenue.

La España moderna cierra el libro. Y aquí el autor vuelve a su vieja obsesión por el trascendental papel de Francisco Giner de los Ríos en su afán por modernizar España a través de la educación (Institución Libre de Enseñanza), actuando al margen de la política. Había que educar a todos, también a las clases gobernantes, que, a pesar de estar entonces nutridas de notables, y no repletas de numerosos ignorantes como por desgracia tenemos hoy en día, también requerían romper ese molde caciquil en el que cómodamente vivían (y viven), denunciado por Costa. Relevante es la conversación que reproduce el autor entre Francisco Giner y Joaquín Costa a cuenta de un poema que hablaba de la Castilla desertizada, los campos yermos, soldados desnudos y nobleza descalza, con el pueblo convertido en mendigo:

–       Giner, esto es España //–  No, Joaquín -contestó // Giner: esto era España; ahora es distinta // –       Giner, hace falta un hombre // –       Joaquín, lo que hace falta es un pueblo

Luego el libro se desliza con referencias a la obra de Unamuno, Federico García Lorca, Valle-Inclán, Antonio Machado, etc. Y pone de relieve que esa España “moderna fue dispersada en 1939”. Volvíamos a las tinieblas. El eterno exilio era el destino de buena parte de la inteligencia. El fracaso del liberalismo político (concepto que estira el autor hasta límites poco precisos, al contraponer dictadura a liberalismo), que solo lo sitúa en intelectuales como Giner y Costa (podría añadir muchos más), dio pie a una República llamada a resolver problemas “delicados y de profundas raíces”, tal vez en demasiado corto espacio de tiempo y con un contexto internacional e interno adverso, como había pasado en otros momentos de nuestra Historia. A su juicio, la España republicana “no solo heredó una defectuosa tradición parlamentaria, sino una burocracia de poca corpulencia e ineficacia”. Tampoco fue “un experimento ininterrumpido de liberalismo progresista”, pues se dividió nítidamente en tres momentos políticos. Insiste finalmente Trend en los dos problemas territoriales de la España del momento en el que escribió su obra (Cataluña y el País Vasco), donde marca sus diferencias.

Y concluye con algunas ideas que no dejan de tener innegable actualidad. De ellas, destacaré dos. La primera: “La unidad política (de España) no puede ser lograda ignorando las diferencias”. Y la segunda: “España necesita una administración flexible basada en la realidad, cuidadosamente equilibrada entre autoridad central y la local, tal como la Península no ha conocido desde la época romana”. Ni que decir tiene que el franquismo fracasó estrepitosamente en la primera vía; y el régimen constitucional de 1978, que comenzó su andadura con el objetivo de pretender ese equilibrio nunca alcanzado, está perdiendo pie en las últimas décadas. España sigue dirimiendo su futuro entre una falsa e impracticable unidad que ahoga las diferencias, y una heterogeneidad fáctica, si bien desordenada, que nunca parece hallar el imprescindible equilibrio de una autoridad central que le dé armonía. Y ahí estamos. En los mismos términos que dejamos el problema en el pasado. Sin saber nunca cómo desatar ese complejo nudo.   

(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz. Reservados los derechos de reproducción)

«Resulta que la representación del país está, con unos y con otros partidos, en manos de un grupo de profesionales políticos, que ejercen alternadamente una solapada tiranía sobre las provincias y regiones»

(Benito Pérez Galdós, «La España de hoy», El Heraldo de Madrid, 9 de abril de 1901)

Introducción

El Desastre del 98 implicó la eclosión del regeneracionismo en España, un ensayo frustrado de reformar las corruptas instituciones del país y esa forma caciquil tan patológica de hacer política. Su empuje vino, entre otros, de la mano de la Memoria que sobre Oligarquía y Caciquismo presentó Joaquín Costa en el Ateneo de Madrid en 1901, y que dio lugar a un amplio debate académico, intelectual y político. Costa remitió a Galdós la citada Memoria para que examinara su contenido. El escritor canario -como expuso Yolanda Arencibia- se vio, como cualquier otro intelectual del momento con sensibilidad transformadora, influenciado por esa corriente. En verdad, Galdós fue –según  expongo en el libro El legado de Galdós, Catarata, 2023- un regeneracionista avant la lettre, pues en su obra anterior a 1898 había reflejado las innumerables lacras de la política española (esa “política menuda”) y, especialmente, el uso y abuso del poder oligárquico, así como también puso de relieve las enormes corruptelas burocrático-administrativas y el mal uso del poder (recomendaciones, favores, nombramientos arbitrarios, cesantías, etc.). La mejor descripción de lo que fue y será la política española se encuentra en el episodio Bodas reales.

Muchas de sus novelas previas al cambio de siglo tenían reflejos mayores o menores de esa mala política y de esas lacras administrativas, propias de la corrupción caciquil (Doña Perfecta, La desheredada, El amigo manso, Miau, Realidad, etc.).  Pero, obviamente, fue a partir de principios del siglo XX cuando su compromiso regeneracionista se va haciendo más firme, pero no tanto en su obra (que también), sobre todo en su compromiso político que, a partir de 1907, le une a las filas republicanas. No obstante, como advirtió la profesora Varela Olea, ya en el prólogo a la tercera edición de La Regenta de Clarín su huella regeneracionista se advierte, aunque esta vez llamando a superar nuestro tradicional pesimismo. Los ecos del Desastre del 98 están presentes: «No son los tiempos tan malos ni el terruño tan estéril como afirman los de fuera y más aún los de dentro de casa. Quizás no demos todo el fruto conveniente; pero flores ya hay; y viéndolas y admirándolas, aunque el fruto no responda a nuestras esperanzas, obligados nos sentimos todos a conservar y cuidar el árbol». También en algunos artículos publicados en revistas y periódicos de aquella época surge la vena regeneracionista del autor. Asimismo, en los Episodios nacionales de las dos últimas series, escritos en la primera década del siglo XX, y muchos de ellos cuando su compromiso republicano era más intenso. La huella regeneracionista se advierte asimismo en su teatro posterior a 1898, así como en algunas de sus novelas (El Caballero encantado), pero especialmente en su fábula teatral (como la definiera Sainz de Robles) La razón de la sinrazón y en su obra de teatro representada en 2021 después de su muerte, Antón Caballero. No obstante, Galdós no hizo girar su obra literaria en torno al regeneracionismo, aunque recibió muchas presiones para que su compromiso con esa causa se acrecentara. En verdad, nuestro autor, al describir magistralmente sus lacras, ya era, como se señalaba, un claro renovador de la política y de su “selva obscura” (Emilia Pardo Bazán), que no era otra que la Administración Pública. Su obra anterior y posterior al Desastre así lo confirma.

Veamos un extracto del libro antes citado, que nos muestra una mirada de Galdós ambivalente, entre escéptica y ensoñadora, sobre las posibilidades efectivas de regenerar la política en España.

Galdós regeneracionista: La razón de la sinrazón (1915).

La razón de la sinrazón se publica en 1915. La obra resalta el fracaso de un modo de hacer política (el tradicional o caciquil). También pone de relieve que los remedios frente a esa política patológica no son fáciles, salvo huir de ella y refugiarse en el Edén de la distancia, que es símbolo, según Atenaida, de la Razón triunfante. Como ella misma concluye: “Somos los creadores del bienestar humano. El raudal de la vida nace de nuestras manos fresco y cristalino; no estamos subordinados a los que lejos de aquí lo enturbian. Somos el manantial que salta bullicioso; ellos la laguna dormida”. Contrapone esta obra, en efecto, la estanqueidad (de la política gubernamental) frente al cambio o las reformas (de quienes se alejan de la corrupción y se erigen en creadores de una nueva pretendida forma de ejercer el poder o los impulsores de una “nueva política” que nunca encontrará acomodo en España); pero el autor no aporta soluciones integrales, sino más bien personales. Así, termina la obra con ese canto a la victoria figurada de la razón frente a la sinrazón. Sin embargo, nada nos permite deducir que, al margen de ese ideal soñado, esa lógica se impusiera finalmente.

En efecto, la obra descansa en la tensión existente sobre la prudencia de Atenaida, custodia de la razón, y el desapego de Alejandro, desencantado de su virtud inicial y que abraza después la sinrazón, lógica implacable bajo la que funcionaba realmente la vida en este país (“tengo pruebas clarísimas de que mi perdición emana de mi apego a la estricta verdad y al insano influjo de los artificios llamados legales”; “la sinrazón es hoy dueña de los humanos destinos”). Alejandro, en su nueva deriva, es tentado por los prebostes del partido (o los caciques) para que asuma responsabilidades de Gobierno como Ministro, lo cual acepta. Pero, una vez en el cargo, bajo las presiones de la cabal Atenaida, a quien finalmente ama y por quien siempre había sido amado, dejará de abrazar la sinrazón política para sumergirse en un idealismo reformador que le conducirá derechamente a ser cesado como Ministro. Relata el protagonista varón cómo sus primeros días en el cargo ministerial fueron de indudable fatiga “… de no hacer nada”. Así se expresa: “En los días que llevo de este ajetreo, mi única labor ha sido atender al cúmulo de recomendaciones que llueven sobre mí”. Aunque acepta estoicamente la situación: “No hay más remedio que complacer a los amigos que nos sostienen en el Ministerio contra viento y marea”. Además de esa “fatiga” inicial, el flamante Ministro recibe un consejo político que debe seguir para que “el torbellino de gobernar y legislar para los amigos” no se detenga: engendrar “un proyecto de ley, de esos que deslumbran a la opinión y embelesan a la muchedumbre”. Pero, antes de aprobarlo, debe consultar su contenido con, Diáscoro, el “jefe indiscutible de nuestra fracción”.

El Ministro es consciente de que necesita hacer algo para justificar su paso por el Gobierno. Pero Atenaida le pone frente al espejo. En primer lugar, le propone unos cuantos nombramientos disparatados de personas incompetentes para cargos oficiales: el hijo de su portera, su zapatero y un familiar, este último como inspector de Ferrocarriles (“es tartamudo y cojo; escribe hijos sin hache y yegua con elle”). Alejandro responde que “lo que me propones es absurdo”. Y Atenaida, protagonista y maestra de inteligencia sublime, le espeta que si está en el bando de la sinrazón es para hacer tales cosas. Todas ellas disparatadas. Así advierte su incongruencia. Y sutilmente le compromete para que impulse un proyecto regenerador, propio de la razón, que supondrá, como es lógico, “una guerra implacable con tus compañeros de Gobierno”. Nace así la idea del proyecto de Ley Agraria, que los patronos del partido rechazan como iniciativa, y le piden cosas más prosaicas en las que los intereses de los poderosos obtengan rédito, como una Real Orden suspendiendo las operaciones catastrales. El Ministro, empujado por la razón de Atenaida, se embarca en un proyecto que establece “la expropiación forzosa de los latifundios, el reparto de tierras entre los labradores pobres, y la reversión al Estado de los predios que no se cultiven”; que los patronos del partido tachan de “legislar en sueños”, y al que se oponen abiertamente, promoviendo su cese. La sinrazón se impone y la razón declina. La política inmovilista siempre gana, la política reformista no tiene recorrido en este país. Atenaida y Alejandro buscan sus felicidad personal regresando a sus orígenes. Dejan la capital política y todas su miserias. Vuelven a su paraíso. Y en ese final abierto de la obra, como bien ha reconocido Romero Marco, Galdós “participa de la utopía regeneracionista”, al mostrar que los graves sucesos surgidos en la capital han supuesto algunos cambios, pero no identifica cuáles, salvo la afectación de la destrucción de algunos edificios, tales como el que era propiedad de uno de los caciques políticos, Dióscoro. Pero fuera cual fuese la intención última del autor, tampoco nos devela nada sobre qué transformaciones hubo ni qué consecuencias tuvieron. Es, como antes se decía, una ensoñación; pero que, leída en el contexto, también evidencia que la política estancada ha sufrido daños, si bien nada apunta a que haya sido finalmente derrotada. Probablemente, cambiará de programa, alterará a los personajes públicos y seguirá con la impostura como eje de actuación. El Galdós más social y reivindicativo, amén de regenerador, aparece en esta obra otoñal, pero también –a nuestro juicio- emerge el Galdós desencantado: la política española, dominada por la sinrazón, no parece tener remedio alguno; ensoñaciones regeneracionistas aparte. En cualquier caso, esta tesis aquí esbozada no deja de ser, ciertamente, distante a las que se han hecho hasta ahora; si bien se enmarca en la parte central de la obra, no en su desenlace, y sobre todo en la prolongada y profunda mirada galdosiana sobre la política en España, que no permitía grandes esperanzas, aunque el autor las esboce tímidamente en esa tardía entrega. 

Se ha interpretado, asimismo, por parte de Antonio Cao, en cita recogida por Francisco Cánovas, que esa obra  de Galdós es una “propuesta optimista y generosa, (que) quiere creer en la salvación de la sociedad, de España, y (que) espera una revolución magnánima, no cruenta, armónica”. Sin duda, esa interpretación idílica puede extraerse del texto; pero también, insistimos, (se puede deducir) la más prosaica y más dura, o si se quiere la más escéptica. Galdós no era ningún ingenuo, como se ha dicho; y tampoco lo podía ser en el momento que escribe (dicta) la obra, cuando ya tenía casi 73 años. Menos aún lo era cuando escribía de política y de políticos. O de la Administración. De todo ello dejó buena huella en sus innumerables obras anteriores y, también, en esa obra de 1915, una de las últimas.

En todo caso, la tesis generalizada es que Galdós abrió con esa obra una ventana a la esperanza de regeneración política de España. Lo cierto es que, al margen de cuál fuera la intención del autor al escribirla, esa ventana sigue abierta. Lo que entonces se llamaba regeneración (y hoy podemos denominar como renovación institucional y de la propia política), sigue esperando en el mismo sitio donde estaba. En este punto, quizás, es donde radique la enorme vigencia de Galdós, también en nuestros días. Como bien expuso Compte-Sponville, siempre fiel seguidor de Spinoza, “la sabiduría consiste en carecer de esperanza”. Y Galdós era un sabio, más aún a esa edad. Podía intuir perfectamente cuál sería el final de esa historia ensoñada. Conocía demasiado bien España y la forma de hacer política enquistada en este país como para pretender que ese cambio fuera posible. Y de hecho no lo fue, ni hasta ahora –dato nada menor- lo ha sido.

(*) La parte en cursiva de esta entrada recoge algunos fragmentos del Epílogo “¡Y con esos mimbres hicimos el cesto! El legado de Galdós sobre la Política y la Administración en España”, que cierra el libro El legado de Galdós. Los mimbres de la política y ‘su cuarto oscuro’ en España, Catarata, 2023 (Edición con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria). Autor: Rafael Jiménez Asensio.

¡FELIZ FERIA DEL LIBRO, ALLÍ DONDE SE CELEBRE!

«Leer no es tan pasivo como oír o ver; es recreación y efervescencia mental»

(Irene Vallejo, Manifiesto por la lectura, Siruela, 2020, p. 53)

«En última instancia, vivimos como leemos»

(Gregorio Luri, Sobre el arte de leer. 10 tesis sobre la educación y la lectura, Plataforma editorial, 2019, p. 97)

El legado de Galdos 20E-5

«A propósito de la publicación del libro El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su «cuarto oscuro» en España, Catarata, 2023. Autor: Rafael Jiménez Asensio)

“Una vez concluido este libro, el lector siente apremio por leer a Galdós” (Manuel Zafra Víctor).

Este libro es un ensayo un tanto atípico sobre una parte de la obra de Benito Pérez Galdós. No es, ni pretende serlo, pues no forma parte de la especialidad de quien lo escribe, un trabajo de crítica literaria. Sobre este aspecto, su obra ha sido objeto de innumerables libros, artículos y comentarios. Y apenas nada de ello encontrará el lector en estas páginas. Este ensayo no es de investigación, tanto por las fuentes empleadas como porque se ha huido de las notas a pie de página. Tampoco es un ensayo biográfico, pues también abundan los estudios de ese tipo (al menos, recientemente) sobre Galdós. Hay en este trabajo, bien es cierto, alguna referencia muy puntual a su vida; pero siempre instrumental al objeto de este estudio. Y, en fin, tampoco es este ensayo un libro de Historia, si bien tome como hilo conductor central la perspectiva histórica de la obra de Galdós y su particular atención a este hecho. El relato histórico se utiliza solo como medio de enmarcar el análisis galdosiano y para mejor comprensión de su sentido y finalidad. No se pretende otra finalidad. El autor canario es una referencia obligada en la historiografía española del siglo XIX español, como así consta en innumerables estudios de ese cariz, que no serán citados en estas páginas por no sobrecargar un discurso expositivo que se pretende, al menos en su parte central, sea ágil y ameno.

Lo que aquí sigue es, digámoslo ya, un estudio centrado en un aspecto poco transitado hasta ahora por las innumerables contribuciones que se han aproximado a la enorme y amplísima obra del autor: se trata de abordar cómo Galdós observaba España, la política, los políticos y, lo que aquí se denomina como el “cuarto oscuro de la política española”, la Administración Pública o el sistema burocrático imperante por aquellas fechas. En ese terreno, quien esto escribe se siente cómodo tanto por su trayectoria académica como por su devenir profesional.

Con un bagaje que se concretó por nuestra parte en algunos libros que, escritos a partir de 1989, analizaban la política constitucional española, sus instituciones, la Administración Pública y, concretamente, la propia evolución histórica de la función pública, nos hemos asomado de nuevo a la obra galdosiana. El profesor Jover decía que la tesis marca en cierta medida la vida de un académico. Algo de esto puede haber en este ensayo; una serie de retorno parcial a algunos de los aspectos tratados hace casi cuarenta años. Así, partiendo del particular objeto de estudio que animan estas páginas, se ha detenido la atención de forma preferente, pero no exclusiva, en los Episodios Nacionales, pues en esas cuarenta y seis entregas el trazado histórico y el ensayo político se entreveran con particular maestría, configurando, así, la concepción galdosiana a la hora de entender la política y de analizar la Administración en España, tanto la pretérita como la actual. Y fruto de todo ello es el trabajo que el lector tiene en sus manos.

Lo que se ha pretendido en este ensayo es, principalmente, destacar una cualidad poco aireada del extraordinario escritor que fue Galdós, y no es otra que su enorme capacidad analítica para comprender, relatar e interpretar los hechos políticos, y también su excelente facilidad de ver más allá, en clave prospectiva, cuál era el futuro de este país y, en particular, de su política.  Galdós desmenuza con particular detenimiento a los personajes históricos de carne y hueso, que mezcla magistralmente en sus relatos con su amplísimo cosmos de personajes novelados, y se aproxima una y otra vez con particular denuedo al escrutinio de esa institución maltratada por la política española de cada período como fue la Administración Pública, que al fin y a la postre no era otra cosa que la prolongación de una enviciada política clientelar, entonces dominante.

Pocos autores decimonónicos españoles prestaron más y mejor atención al fenómeno de la burocracia y de su feo envés de las cesantías, que no eran sino expresiones puntuales de ese caciquismo que todo lo anegaba. La corriente regeneracionista ulterior bebió, sin duda, mucho y bien de sus escritos. Bien es cierto que esos aspectos de la obra galdosiana, como los análisis de la figura del cesante, con especial reflejo en la obra de Miau (1888), han sido más atendidos por la bibliografía y la crítica literaria sobre la obra del autor, y serán reflejados en su momento; pero la tesis que aquí se mantiene es que el universo burocrático-administrativo galdosiano no es sino una prolongación de su penetrante análisis de la realidad política de España que en cada caso se produce. Realmente, ese ecosistema burocrático no es, aunque lo parezca, un mundo aparte con individualidad propia, en España al menos; ya que su dependencia vicarial (incluso existencial) del poder político era entonces total.  El legado galdosiano en este aspecto es muy obvio:  las concepciones patológicas de entender la política y el espacio burocrático-administrativo de España se comienzan a gestar muy temprano, se instalan cómodamente en una realidad enquistada, que se resistía una y otra vez a ser alterada, y se reproducen con variantes formales que no vienen al caso a lo largo de los siglos XIX y XX. Es más, llegan hasta nuestros días. Y eso es lo realmente preocupante.

Además, Galdós no solo fue un exquisito analista político, sino que también tuvo un compromiso político y social innegable, que ciertamente se incrementó (o, al menos, fue más sobresaliente) en su última época. Fue, además, Galdós un gran patriota, que sintió profundamente España y la amó a lo largo de su vida, una suerte de patriota constitucional antes de tiempo; amén de una persona tolerante y alejada de cualquier fanatismo, ya fuera este autoritario o confesional,  y enemiga de las supercherías y de la superstición. Tuvo amigos y colegas en todos los ámbitos del espectro ideológico, aunque fuera denostado principalmente por los neocatólicos y carlistas, con quienes fue, asimismo, inmisericorde. Es curioso comprobar cómo el fanatismo sectario de ambos lados del espectro ideológico no contaminó nunca su forma de actuar en su vida política y social, lo cual dice mucho en su favor. Solo le alteraba profundamente el extremismo sectario e intolerante. Y buena huella de ello hay en su obra. Su modo de entender la vida fue el de una persona amable, cordial en el trato y sensible, además de atento escuchante, también no exento de un punto de timidez, de discreción y  reserva.

 En buena parte de su obra refleja a España como un país siempre dividido en dos mitades o, a veces, en tres bandos, con odios instalados a lo largo del tiempo y enfrentamientos constantes y permanentes, expresión pura del más enfermizo cainismo. A todo ello se opuso con su pluma y su obra, pero también con su actitud. Era Galdós una persona amante de la libertad y del progreso, liberal a carta cabal, educado en las formas, solidario y laico, amigo de sus amigos, generoso a veces hasta límites cercanos a la prodigalidad, que soñaba con una España distinta que nunca llegó a ver, ni tampoco sus herederos.

Este ensayo desbroza, por tanto, los mimbres de la política en España durante el período en el que Galdós escribió y vivió en este país, también sobre los hechos pretéritos a su existencia que tanto y tan excelentemente trató. El radio temporal de su análisis político-burocrático se extiende a más de cien años. La tesis de fondo de este ensayo es que con mimbres tan imperfectos, desfigurados de origen por la siempre torpe mano humana, resultaba imposible hacer un cesto ordenado que rigiera los destinos de una población que casi siempre navegó en la zozobra ante la inexistencia de liderazgos efectivos que condujeran la nave a buen puerto. El tiempo existencial galdosiano se detiene en 1920. Y luego pasaron muchas cosas en este país, no precisamente buenas, al menos durante un largo período. La política que se hizo después, como la que se hace ahora, así como la concepción patrimonial de la Administración Pública,  proceden, sin embargo, de entonces. El siglo XIX y los primeros pasos del XX marcaron el paso.

El legado galdosiano en este aspecto es duro; pero no por ello menos real. No ahorra nuestro autor diagnósticos sombríos y futuros inciertos sobre este país, su forma de hacer política y de los menguados actores de esa “política menuda” que tuvimos en escena. Pero la realidad, también la política y del país, era así. Y Galdós no engañaba a nadie, menos aún a sí mismo. Era un pulcro y penetrante narrador de la realidad existente o de la que había existido, también la político-administrativa. La lectura atenta de su obra es a todas luces necesaria, sobre todo si se quiere intentar algún día reconducir ese rumbo erróneo hacia el que nos ha conducido casi siempre en este país una política equivocada, en no pocos casos sectaria, destructiva y nada edificante, en la que en buena medida, con todos los matices y salvedades que se quieran, seguimos inmersos. Aprender de la Historia es, como dice el autor a través de un pasaje de su obra, saber de Política.  Quien desconoce la Historia y el pasado del país, es un ignorante; pero el gobernante que lo hace es algo mucho peor: resulta un temerario. Aprendamos, pues,  de la increíble capacidad analítica que en el ámbito de la política y de su cuarto oscuro nos enseñó Don Benito, con su penetrante e inteligente mirada. Sus enseñanzas políticas y sus propias virtudes son innumerables e impagables, como cabe desear que comprueben quienes se sumerjan en la lectura de las siguientes páginas.

En Donostia-San Sebastián, abril de 2023.

(*) Se recoge en esta entrada un extracto del Prefacio de la citada obra, omitiendo el apartado de agradecimientos

Descripción de contenidos e índice del libro: https://www.catarata.org/libro/el-legado-de-galdos_147652/