“En otras palabras, no es tanto que los partidos hayan llegado a penetrar excesivamente en el Estado, o que el Estado haya llegado a controlar excesivamente a estos, sino que ambos han llegado a compenetrarse hasta tal punto que la frontera entre ellos se ha vuelto difusa” (p.209)

Richard S. Katz/Peter Mair, Democracia y cartelización de los partidos políticos, Catarata, 2022.

1.- Preliminar

Sólo la casualidad ha querido que, cuando estaba elaborando una reseña sobre el libro que aparece en la cita inicial, se haya cruzado la expeditiva resolución de la “crisis dirigida” desde la Presidencia del Gobierno del cambio de (parte) de la cúpula del PSOE por quien acumula también el cargo de Secretario General del partido.

Ríos de caracteres, que ya no de tinta, está provocando ese reajuste en los diferentes medios de comunicación. No me interesa entrar en los detalles de lo que es un pretendido cambio de estrategia o tal vez también el penúltimo golpe a quienes acompañaron al resistente desde sus primeros e inciertos pasos en la carrera por renovar su liderazgo político en el partido, lo que ya ha recibido un primer análisis disonante (no falto de argumentos) por parte de un conocido diputado socialista (aquí). El poder tiene esas cosas, y más todavía si quien lo ejerce lo hace de forma desnuda, por mucho que se intente vestir con ropa de domingo y revestir como decisión de un órgano colegiado.

2.- La «cartelización de los partidos

En realidad, inicialmente pensaba orientar la reseña del libro citado a un enfoque nuevo que antes no había transitado en otros comentarios o entradas anteriores dedicados a la profesionalización de la política (aquí y aquí), a la relación entre partidos e instituciones (aquí) y la deslegitimación de los partidos (aquí) o, en fin, a los partidos de cargos públicos (aquí). En efecto, pretendía ocuparme de un aspecto central del libro citado (y algo diré) como es la gradual conversión de los partidos (al menos, de los que los autores denominan “partidos centrales”) en una suerte de cártel. Unos partidos cada vez más alejados de la sociedad (Piero Ignazi) y más mimetizados con el Estado, sus instituciones y sus administraciones públicas (Peter Mair), a las cuales en no pocos casos vampirizan. Unos partidos que también terminan siendo plataformas efectivas (o agencias de colocación) para que sus responsables y cargos internos, también  sus militantes, acudan a “la política como fuente principal de ingresos” y se mantengan «activos» (o pasivos) en ella; esto es, como dijera Max Weber, para vivir cada vez más de la política y no para la política. 

Unos partidos que, además, recurren constantemente “a las subvenciones estatales” para su subsistencia; siendo incluso tales partidos cártel (aunque en ese juego también entran los partidos populistas) los que se caracterizan –como ya advirtiera Von Beyme- “por ser el único sector de la élite que determina sus propios ingresos”, así como son también los propios partidos los que establecen “la mejora de las circunstancias financieras y laborales de la clase política” (nombramientos, salarios, pensiones e indemnizaciones incluidas). Como se señala contundentemente en el libro reseñado: “Los partidos son únicos en el sentido de que tienen la capacidad de diseñar su propio entorno legal (y no sólo legal)”. En síntesis, los partidos cártel y sus miembros se protegen entre sí, estén en el Gobierno o en la oposición, mediante reparto de sinecuras y privilegios mayores o menores (dedicaciones, dietas, etc.). La tesis de los autores es que “el proceso de cartelización (de los partidos) podría considerarse antidemocrático”, y que ha contribuido claramente al auge de un populismo antipartidos. La duda que cabe plantearse es si esa concepción cártel de los partidos no terminará también engullendo a esos partidos y movimientos populistas, pues no son pocos sus miembros que, sin profesión u oficio conocido, también viven o quieren vivir de la política. La nómina de cargos públicos se amplía sin medida, ya que pasar por tales responsabilidades parece ser también patente de corso para vivir eternamente en los aledaños del poder una vez que se ha dejado este o este le ha abandonado (consultores, grupos de intereses, asesores en «asuntos públicos», etc.), haciendo del poder de influencia el medio de vida de no pocos expolíticos que son fichados así por grandes despachos y empresas del sector. Las puertas del poder no se abren igual para todos.   

3.- Partidos-base, partidos-aparato y partidos-cargos públicos: los partidos en (el Gobierno) o el Gobierno en (los) partidos

El libro de Katz y Mair tiene, afortunadamente, muchas lecturas. Y permite servir de base para analizar lo que hoy está pasando. Una de sus tesis, de fuerte impronta weberiana y reiterada por otros muchos autores, es que “la mayoría de los partidos importantes o duraderos dentro de las democracias establecidas se orientan, de forma rutinaria, hacia la ocupación de cargos públicos”. Los partidos, así, subsisten mal en la oposición, más si ese período se prolonga en el tiempo. Por tanto, la concepción tradicional del partido en (la) base ha desparecido prácticamente (incluso los intentos de restauración de esta fórmula por fuerzas políticas populistas han fracasado también) a favor de los partidos en cargos públicos, que sólo es matizada esta tendencia por la pervivencia cada vez más limitada de partidos en (de) aparato, que controlan, dirigen y equilibran, según los casos, el poder de los cargos públicos mediante sus estructuras de poder interno (la manifestación más viva que aún se mantiene de esa orientación es el PNV/EAJ, que alguna otra fuerza política, con menos claridad estatutaria, más confusión y mucho menos recorrido, pretende emular).

Lo que me parece importante de esa triple distinción (partidos en la base, partidos en el aparato y partidos en cargos públicos) es que –según sus conclusiones- “en las democracias consolidadas el peso del poder dentro del partido ha pasado a estar mucho más firmemente en manos del partido en cargos públicos”. Sin embargo, siendo cierta esta evolución de los partidos hacia las paredes protectoras del Estado, se advierten algunos movimientos actuales que introducen significados matices.

En efecto, comienza a manifestarse con fuerza, y no solo (aunque también) en la reciente (mini) “crisis” del PSOE, una marcada tendencia que se concreta a trasladar el punto de inflexión hacia el partido en (el) Gobierno o, incluso, como una manifestación patológica, en la fórmula Gobierno en (el) partido. La mímesis entre cargos gubernamentales de primer nivel y cargos orgánicos del partido abre la enorme incógnita (al margen de cómo van a compatibilizar en el tiempo cabalmente tales funciones ejecutivas; pues algunas de ellas saldrán dañadas) de qué sucede cuando el partido (sea el que fuere) pierde el poder gubernamental. En este último caso, la vitalidad orgánica (si que hubiere alguna) queda absolutamente fagocitada, y perdida la política gubernamental el trasiego por la oposición puede resultar eterno (ejemplos los hay), al carecer de estrategias políticas alternativas diferenciadas de su cohabitación en el Gobierno y en las propias estructuras del partido. Aunque, como partidos cártel, intenten minimizar la importancia entre estar fuera y dentro del gobierno, la transformación de una organización política en partido en (el Gobierno) o Gobierno en (el) partido abre, en efecto, la incógnita de qué sucederá cuándo el poder gubernamental, sea central o territorial, se erosione o desaparezca. Lo que más tarde o temprano sucederá.

4.- Cierre

En fin, los partidos no atraviesan por buen momento. La confianza ciudadana en ellos está cada vez más erosionada. Como dicen con particular dureza los autores, “los partidos han visto, durante mucho tiempo, el sector público como un tesoro al que saquear para su propio beneficio”. Y ello ha sido, también según estos autores, caldo de cultivo para el crecimiento del populismo extremo y la proliferación de movimientos políticos que pretenden ser sustitutivos de los partidos, olvidando que en política (y en sus expresiones organizativas) impera siempre “la ley del pequeño número” (Weber) o las tendencias oligárquicas (Michels, Ostrogorski), aunque  en nuestros días también revestidas de un liderazgo cesarista o redentor, encarnación de una pretendida identificación entre liderazgo/pueblo, de funestos efectos como se ha comprobado históricamente y los estamos viendo hoy en día en algunos países.

Como se concluye en este libro, ese total alejamiento de los partidos de la sociedad “hace a los ciudadanos más vulnerables a los llamamientos populistas y demagógicos”, más aún en tiempos de crisis. No refundar los partidos (así como democratizar sus propias estructuras y funcionamiento interno) y hacerlos más permeables a la sociedad y en contacto con ella, tarea que resulta hercúlea si bien inaplazable, puede comportar su propia sentencia de muerte. Katz y Mair lo dejan muy claro: “En lugar de la dicotomía ‘democracia pluralista de partidos vs. populismo’, se podría plantear una tricotomía, ‘populismo, tecnocracia y democracia de partidos”.  La apuesta de los autores es por la tercera opción. La que ningún partido transita de forma efectiva, ni sabe muy bien cómo hacerlo. Ellos verán. Aunque nos afecte a todos.

(LAS TIMORATAS REACCIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO)

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“Ante trastornos de semejante magnitud, una sociedad sólo puede reaccionar constructivamente o limitarse a padecerlos”

(Philippe Blom, Lo que está en juego, Anagrama, 2021, p. 187)

Hace casi un año, tras unos episodios climatológicos extremos y algunos incendios desbocados (de “sexta” generación), Phillip Blom escribió un impactante artículo en el diario El País: “2021, un verano sin esperanza”. Allí reflexionaba sobre la aceleración de los letales efectos del cambio climático y la impotencia absoluta de la política nacional e internacional para hacer frente a ese fenómeno global. 2022, en su primer mes estival, apunta peor.

En efecto, hemos llenado el mundo de la política mundial, europea o nacional, de eslóganes e ideas fuerza muy bonitos, pero bastante vacuos, tales como “no dejar a nadie atrás”, Europa o España Verde, sostenibilidad medioambiental, salvar el planeta, los ODS de la Agenda 2030, economía circular, contaminación cero, y un largo etcétera; mientras que día tras día, mes tras mes y año tras año, España es menos verde, menos sostenible, se están quedando atrás innumerables ciudadanos, la huella de carbono no cesa y la transición ecológica es mucho más dura y difícil de lo que nos habían contado los complacientes discursos europeos, nacionales, autonómico o locales. La sostenibilidad es una idea que, de gastada, corre el riesgo de quemarse también. Como también decía Blom, “el lavado de imagen ecologista se ha convertido en una industria lucrativa”.

La política está mostrando, efectivamente, unas elevadas dosis de inefectividad y una evidente demostración de impotencia para resolver o siquiera sea atenuar los zarpazos cada vez más intensos del cambio climático sobre una España literalmente abrasada por temperaturas insufribles, pero también por incendios año tras año, cuando no –yéndonos al otro extremo- por inundaciones por doquier. La situación empeora por momentos. El 2022 está siendo hasta ahora durísimo. Las olas de calor se anticipan en el tiempo y perduran más; se eternizan, para desconsuelo de una desarmada ciudadanía, que padece como puede sus consecuencias.

Frente a un fenómeno aparentemente silente, pero ya evidente, la política, en efecto, ofrece un abanico de soluciones plasmadas en declaraciones de intenciones que apenas nunca se cumplen. El contexto manda, y el actual marco sanitario, económico, térmico y geopolítico no ayuda precisamente. En el reciente debate sobre el estado de la nación, el cambio climático y sus efectos sobre España han merecido una atención anecdótica, al margen de puntuales propuestas de resolución que se ligaban directa o indirectamente a este fenómeno. El aire acondicionado del Congreso de los Diputados, de sus vehículos, despachos o domicilios, han hecho olvidar fácilmente a los políticos cómo afrontan el común de los mortales esas olas de calor, esos incendios o las innumerables consecuencias que tales fenómenos provocan. Sólo quienes están en primera línea de fuego o especialmente afectados, se involucran. Y los padecen. No queda otra. Pero ya es tarde, el mal está hecho.

España en los próximos años (no hay que esperar, como luego diré, al 2050) padecerá en su mayor parte unos efectos todavía más devastadores como resultado del cambio climático. Y de esta tendencia, con impronta desigual, prácticamente ningún territorio se librará. El fenómeno es muy diferente al de la España vaciada, aunque allí se recrudezca por el abandono de montes y bosques, consecuencia del evidente fracaso de las políticas de prevención en el análisis de riesgos medioambientales y de incendios. La España abrasada más tarde o temprano afectará a todo el territorio. Ninguno quedará al margen, por mucho que la comparación siempre a algunos alivie, al esgrimir que quienes tengan temperaturas estivales de más de 50 grados no será lo mismo que quienes padezcan 40 grados. En fin, consuelo de tontos. Los recursos hídricos escasearán. Y el turismo terminará “aterrizando” en zonas más habitables. Este mismo verano da lástima observar cómo no pocos turistas padecen las altas temperaturas en su ansiado e idílico viaje estival. Sólo hay que ver sus caras.

Si la política no está teniendo capacidad de enfrentarse realmente a este problema, al margen de los instrumentos retóricos tan queridos por una comunicación de mentiras, la Administración tampoco ofrece instrumentos de gestión que puedan dar soluciones adecuadas para atenuar los efectos de tales olas de calor. El recurso a las “recomendaciones” es escasamente efectivo. Si no hay capacidad política, tampoco la hay ejecutiva. El enfoque preventivo de las políticas (tanto en materia de protección civil, salud pública, consumo energético y alimentario responsable, movilidad sostenible, comportamientos adecuados en el monte, etc.) es escaso, tardío, aislado sectorialmente, con recursos financieros y humanos limitadísimos, y carente de una visión holística e integral, fragmentado por unas administraciones territoriales que funcionan como compartimentos estanco frente a un problema que no conoce fronteras, ni límites nacionales, autonómicos o locales. Un complejo mosaico de competencias no facilita la tarea. También en cada Administración las responsabilidades se encuentran atomizadas en silos departamentales (cuando no de DDGG) que se ocupan cada uno de ellos de un fragmento del problema (protección civil, seguridad, salud pública, consumo, energía, movilidad, agricultura y alimentación, etc.). Está claro que, con los mimbres arcaicos de hacer política y de gestionar la Administración Pública, enfrentarse a problemas de las magnitudes que comporta el cambio climático es prácticamente imposible. Sin otra visión más integral, transversal o propia de misiones o proyectos compartidos, con liderazgos ejecutivos reforzados por las situaciones de emergencia, nada se podrá conseguir. Todo lo más sobrellevar el problema.

El nuevo régimen climático, del que hablara Bruno Latour en 2017, ya está aquí, en plena efervescencia. Y nos ha cogido sin haber hecho los deberes de la Agenda 2030, con sus ODS olvidados o utilizados como adorno de documentos, discursos, normas y políticas, sin efectividad alguna. La década de la acción de la Agenda 2030 (2021-2030) está consumiendo su primer tercio sin que apenas nada se haya hecho. Un balance hasta ahora paupérrimo. La pandemia atrasó su puesta en marcha. Pero, la recuperación, asentada en esos pilares que dibujó el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el PRTR español, se ahoga en decenas de miles de acciones micro cuarteadas a las que es francamente difícil buscarles un hilo conductor que promueva en verdad el cambio de modelo productivo y energético que enderece la sostenibilidad medioambiental y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, hoy en día prácticamente imposible de revertir. Cunde el pesimismo.

Mientras tanto, la ciudadanía tampoco se caracteriza precisamente por encarar el problema con conciencia efectiva, responsabilidad y tesón. Hay un núcleo ciudadano activo y limitado; pero la mayoría sobrevive al problema y lo olvida en cuanto la crisis pasa. La España abrasada se padece como una suerte de mal bíblico, en la que su población se busca la vida para salir lo menos damnificada posible de una situación en muchos casos insostenible. Los medios de comunicación construyen reportajes banales con opiniones ciudadanas a cual más estúpida sobre cómo combatir los calores extremos. En esta sociedad individualista y consumista, egoísta hasta el infinito y solidaria solo de boquilla, lo importante es vivir el día a día. A nadie (o a muy pocos) le importa el futuro, mucho más abrasador e inhabitable de lo que ahora sólo se anuncia. No quieren oír malas noticias, tampoco que nadie les cuente que tendrán que adoptar sacrificios sinfín (vivir peor y con muchas menos comodidades que las actuales) si quieren contribuir a que esto pueda tener algún remedio por pequeño que sea, y no dejar un mundo inhabitable a las próximas generaciones, como todo apunta. Nos estamos cargando, antes de construirlo, el “pacto intergeneracional”, uno de los pilares del nuevo contrato social que defendiera Minouche Shafik. Luego no pidamos que las generaciones jóvenes y las futuras sean solidarias con las más mayores: les estamos endosando un mundo inhóspito, además –singularidad hispánica- una deuda astronómica de todas nuestras alegrías presentes que deberán pagar las generaciones venideras en el futuro. Disfrutamos nuestro bienestar inmediato, para generar su malestar futuro. Si se rompe más el equilibrio intergeneracional, la sociedad española se fracturará sin remedio. Y hay culpables.

En un documento prospectivo aireado en su momento y olvidado de inmediato en la gestión política cotidiana, Estrategia España 2050, ya se hacía hincapié en que las temperaturas que tendrá España en 2050 serían muy elevadas: Madrid, por ejemplo, tendría entonces la temperatura media que hoy en día tiene Marrakech y Barcelona la de Túnez. La desertización crecerá, la deforestación, fruto asimismo de los incendios, también; la biodiversidad está en entredicho; mientras que los recursos hídricos serán muy escasos, si bien las inundaciones crecerán por esporádicas lluvias torrenciales. Más de 20.000 personas morirán anualmente por las temperaturas extremas. Ya están empezando a morir, también los animales. Todo esto lo sabemos, pero nada hacemos. Probablemente, esa mirada prospectiva, tal como avanzan las temperaturas, la crisis climática y el duro contexto geopolítico, se quede muy corta. Si seguimos así, ya hay quien afirma que ese escenario infernal se podrá producir en poco más de una década. Lo padecerán quienes ahora lo ignoran. Y se preguntarán: ¿Qué ha pasado?

Me desconcierta e irrita ese afán de la política por meter debajo de la alfombra unos problemas que son sencillamente inocultables. Esa pretensión de esconder la realidad futura con golosinas para el presente, es la viva muestra de una política irresponsable que solo busca contentar puntualmente a una ciudadanía, también inmadura y amante de la subvención, con regalos inmediatos de estrecho cálculo electoral, sin otro objeto último que garantizar su propia supervivencia existencial. Blom es muy duro con los políticos, los tacha de timoratos y arrugados. Sin coraje político el cambio climático seguirá su curso inapelable. Sin unas dosis necesarias de regreso (la modernidad, tras la globalización, está condenada; como sentencia Latour), y no de progreso de pancarta, no se detendrá la huella climática.

Esto ya no da más de sí, aunque se intente hasta el último suspiro. Tal vez haya que comenzar a decirle a la población que toca hacer sacrificios, vivir peor. No queda otra. ¿Quién se atreve? De nuestros políticos actuales, ninguno. Lo demás es puro espejismo, que pronto se borrará cuando las altas temperaturas, los problemas abastecimiento de agua y alimentos o de energía, las lluvias torrenciales, las inundaciones o, por solo exponer algunos problemas, los devastadores incendios, vayan creciendo. Nada bueno se avecina. Y la naturaleza, siempre sabia, nos lo viene anunciando, como recogiera hace décadas Miguel Delibes. Aun así somos incapaces de adoptar medida alguna, salvo reconocer que este calor es insoportable y que los incendios son de sexta generación, o que los recursos hídricos se agotan. Algo estamos haciendo muy mal, y al parecer a nadie importa. Como una vez más afirmó Blom, “si las sociedades se niegan a pensar en el futuro, es porque todo irá a peor”. Por esa senda caminamos.

(La compleja transición del relevo generacional en la función pública española)

“¡Ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás!” (p. 17)

 (Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana y otros artículos, Ediciones 29, Barcelona, 1990)

Introducción

Lo cierto es que no podía suceder en peor momento. Una vez más, la improvisación y la carencia absoluta de estrategia y de planificación en lo que a previsión y necesidad de efectivos respecta, han llevado el estado de la cuestión a un punto insostenible.

Cuanto más inteligencia y capacidad ejecutiva inmediata necesitan las Administraciones Públicas, menos valor añadido parecen ofrecer tales organizaciones para afrontar el complejo contexto en el que nos encontramos. Enfrentarse a la gestión extraordinaria de los fondos europeos derivada de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a un contexto inflacionario galopante, a una anunciada crisis fiscal agravada por una recesión económica que ya está dando golpes en la puerta de entrada, así como a los enormes desafíos del cambio climático y de la perdida u olvidada Agenda 2030, a la crisis demográfica o a los retos de la digitalización y de las tecnologías disruptivas o, en fin, al necesario pacto intergeneracional, con un subsistema de empleo público en situación de shock integral, no parece ser el mejor escenario para que el país salga adelante. Más teniendo en cuenta que ese ajuste de piezas entre quienes se van, quienes se quedan y quienes esperan entrar, será muy largo temporalmente hablando, todo apunta a que será improvisado o chapucero y con toda probabilidad generará unos efectos distorsionadores de primera importancia para el funcionamiento, ya muy deficiente, de buena parte de los servicios públicos.

Los que están saliendo

En efecto, con un empleo público en buena parte en situación de salida (esto es, con más de un millón de personas que se jubilan en esta década, lo que representa en torno al 35 % por ciento del total), lo que implica para tales funcionarios en muchos casos una menor tensión laboral ante la expectativa (en no pocas ocasiones, incluso ansiedad) de salir y pasar a la condición de jubilado, y con otra parte del personal (aproximadamente casi otro millón de personas como temporales o interinos) “concursando” u “opositando” o haciendo como que lo hacen, y por tanto, al menos en parte, desconectados mentalmente de las obligaciones inmediatas frente a su preocupación dominante por lograr una estabilización o pelear, en su defecto, por las indemnizaciones y por la continuidad, a través de las perversas “bolsas de trabajo” como personal interino, el escenario de lo público que se dibuja para los próximos años es más que sombrío.

La situación se agrava porque quienes se marchan son personas que dejan tras de sí, al menos en algunos casos del estrato técnico, un dilatado bagaje de conocimientos y destrezas de más de treinta o cuarenta años que no serán fáciles de transferir a quienes se quedarán, pues es una cuestión que apenas a nadie importa. De hecho, ya está pasando: la gente se jubila y lo que se transfiere es el despacho, la mesa, la silla y el ordenador, convenientemente vaciado de la información previa. Las organizaciones públicas están perdiendo conocimiento a raudales, sin que, en el marco de esta política de populismo cortoplacista que la inmensa mayoría de las estructuras gubernamentales y parlamentarias ejercen, se adopte medida efectiva alguna para paliar unas consecuencias que pueden ser (ya lo están siendo) limitativas de las capacidades estratégicas y ejecutivas de las Administraciones Públicas. En este constante Carpe diem en el que vive la política y la administración en nuestro país, lo que pase en el mañana es algo que no interesa. Es más, incluso se desprecia o ignora. El mañana no existe.

Los que se quedan 

Frente a los que se marchan o tienen altas expectativas de salir a corto/medio, están los que se quedan. Si nos referimos a los funcionarios o empleados públicos laborales estables que no se jubilarán esta década, cabe señalar que estos representan aproximadamente otro tercio del empleo público total. La mayor parte con edades avanzadas, muchos de ellos con empleos rutinarios o de trámite, que vivirán en sus últimos años la tensión añadida de una digitalización y revolución tecnológica que irá dejando los puestos de trabajo que cubren (¡por favor, no “sus” puestos!) gradualmente reducidos de cometidos funcionales, con la tensión existencial que ello comporta y la necesidad de adaptarse cuando la edad de esas personas ya es avanzada. No lo pasarán bien.

El personal técnico «de carrera» (estable) que se quede, al margen de su previsible obsolescencia tecnológica sobrevenida, tendrá una sobrecarga de trabajo brutal, pues ante la marcha gradual del talento  más senior/senior y la insuficiencia competencial de la inmensa mayoría del personal estabilizado para desarrollar funciones que vayan más allá de las que ejercen, con mayor o menor dignidad, en los puestos de trabajo que cubren temporalmente, apenas habrá en las organizaciones públicas recursos internos técnicos especializados y transversales para sentar criterio experto o conducir las organizaciones públicas. La plétora de la externalización, que ya estamos viviendo, de las tareas de planificación estratégica, diseños institucionales y organizativos, soluciones innovadoras, proyectos normativos avanzados y programas de gestión tecnológica, por no hablar de la digitalización (casi totalmente entregada al sector privado), se multiplicará por doquier hasta convertirse en un auténtico tsunami. La pregunta es si es conocimiento experto ausente en el ecosistema público se encuentra, sin embargo, en el sector privado. Salvo en aspectos muy puntuales, como el tecnológico, no lo tengo tan claro.

Los que esperan entrar

¿Y qué ocurre con los que esperan entrar a las Administraciones Públicas? Este colectivo se divide en dos grandes ámbitos. Por un lado, se encuentran los que ya están en posiciones de interinidad o temporalidad, esperando una estabilización devaluada que, con el permiso de los tribunales (Tribunal Constitucional incluido),  llegará en los próximos años (en teoría, antes del 31 de diciembre de 2024; en la práctica ya veremos), así como quienes participen en los concursos “regalados” o los concursos-oposición “blandos” de las pruebas de estabilización y se queden en lista de espera (“bolsas de trabajo), que serán legión, que más tarde o temprano, tras volver a ocupar plazas de interinos, se aplantillarán por vías blandas también (cuyas convocatorias se prolongarán a través de toda esta década). Quienes así accedan a la condición de funcionarios de carrera y personal laboral fijo habrán resuelto “su” problema; pero el endoso al subsistema de empleo público será enorme, pues al no fijarse exigencias reales de comprobación ni de aprendizaje (a través de la formación como parte del proceso selectivo) de conocimientos ni destrezas (salvo en el caso del concurso-oposición, que por lo común serán “de mentiras”), tampoco de aptitudes ni actitudes, ese nuevo personal estable acreditará, todo lo más, saber ejercer las funciones y tareas de “su” puesto de trabajo (ese «su», hoy en día tan extendido, denota un sesgo patrimonial ajeno al modelo burocrático como tipo ideal expuesto por Max Weber), pero no dispondrá de la necesaria perspectiva (“saber especializado”, también en la terminología weberiana) que sólo el estudio sistemático y holístico, así como el esfuerzo continuado del ejercicio profesional en diferentes posiciones, proporcionan. Y quien no sabe, porque no ha estudiado, difícilmente resolverá los complejos problemas a los que se deberá enfrentar la Administración del futuro. En el sector público no hay espacio a la improvisación, menos a la ocurrencia. Una Administración de amateurs es la peor inversión que puede realizar una sociedad plagada de desafíos disruptivos. Fiarlo todo a la formación continua o el aprendizaje permanente, es jugar a la ruleta rusa. En cierta medida, aunque con elementos aun de mayor gravedad, hemos retornado a los tiempos del spoil system y de las cesantías.

Tales procesos de estabilización subjetivos, propios de una política paternalista y populista, olvidan, sin embargo, los impactos objetivos de tales medidas benefactoras dirigidas a las clientelas y a los sindicatos del sector público, o simplemente a los que ya están, como medio de paliar un fraude de Ley con un empleo vitalicio. Así, no se puede prescindir de un diagnóstico tan obvio como preterido: las Administraciones Públicas, por razones obvias del contexto y del entorno, estarán sujetas en los próximos años a presiones persistentes para llevar a cabo un proceso de transformación aceleradísimo, también  estructural y organizativo, lo que obligarán a mutar hacia formas mucho más versátiles de ejercicio funcional y de desarrollo contingente de tareas (Gorriti), aunque nadie desde dentro parezca percibirse realmente de tales desafíos. En esa presión transformadora, la polivalencia y la transversalidad, basadas en conocimientos y destrezas horizontales, así como en fuertes competencias digitales, serán la pauta.  La clave se encuentra en sí con los mimbres actualmente existentes de competencias profesionales, chatas o limitadas a un puesto o incluso tarea o abanico reducido de tareas, todo lo más a un ámbito o sector, serán capaces las organizaciones públicas de superar los enormes retos planteados.

Los nuevos directivos o responsables: la huida o amortización del talento en el sector público

Hay algo que no se percibe con claridad. En una Administración Pública en la que la antigüedad o la discrecionalidad son, con escasos matices, los únicos asideros firmes de promoción profesional interna, los nuevos empleados públicos estabilizados, amortizados los que salen y jubilados gradualmente los funcionarios que están, serán el colectivo llamado a ejercer las funciones directivas de la alta función pública o los puestos de responsabilidad en sus respectivas organizaciones durante las próximas décadas; pero, careciendo, en gran medida, de las competencias (especialmente, de los conocimientos y destrezas) requeridas para el desempeño de esas nuevas responsabilidades. Habrá, sin duda, personas que con esfuerzo y tesón palien esas limitaciones. Pero, no hay que llamarse a engaño, una vez en zona de confort (estabilidad), serán las menos. Quien ha conseguido sin ningún esfuerzo ni comprobación objetiva alguna el acceso a un empleo o franquear la puerta de entrada (siempre la más difícil) en la Administración, cree tener –según su criterio, dominado por la antigüedad o por estar allí en el momento oportuno- la vía expedita para ascender en la carrera funcionarial sin techo alguno. Este personal estabilizado, en la primera, segunda o tercera oleada (porque de todo habrá) será, en consecuencia, quien “lidere” las organizaciones públicas territoriales (CCAA y entes locales), administraciones prestadoras de servicios públicos esenciales a la ciudadanía por excelencia, frente a lo cual el escaso personal (al menos al principio) que ingresará por medio de procesos selectivos abiertos (el llamado “talento joven” que potencialmente debe atraer una Administración Pública vetusta y envejecida, no solo en edad, sino también en formas y procedimientos, en competencia con el sector privado) ocupará una posición vicarial o dependiente frente al personal estabilizado, pues con el actual marco normativo los “cuadros” futuros de esas organizaciones públicas territoriales se nutrirán ya sea por el favor político o discrecional (libre designación) o por la antigüedad acreditada. Ese nuevo talento joven, recién incorporado (la gran esperanza blanca para algunos, un tanto ingenuamente, de transformación de la Administración Pública), pronto caerá en el desánimo o en la acomodación a las eternas patologías del ecosistema administrativo, pues la impronta –como señaló en su día el profesor Alejandro Nieto- de las leyes de bronce en la función pública es inexorable: los funcionarios tienden a reproducir los vicios que observan y reducen su rendimiento a los estándares comparativos de la incompetencia observada con quienes se comparan o les dirigen, y sobre todo adecuan su rendimiento al de quienes cobran retribuciones superiores por esos desempeños a todas luces insuficientes.

Conclusión

Este contexto sumariamente descrito también provocará, de no adoptarse medidas de transformación muy serias y enérgicas del sistema administrativo y del subsistema de función pública, unas organizaciones públicas, salvo excepciones muy singulares (o islas de relativa excelencia), sin capacidades estratégicas ni ejecutivas, incompetentes, inefectivas y carentes de las respuestas necesarias que una sociedad en proceso de aceleración y volatilidad continua exigirá. Bien es cierto que esto puede tal vez no ser así en todas las Administraciones, ya que en la AGE y en algunas otras organizaciones territoriales la presencia de la temporalidad es mucho más baja, y las posibilidades de reordenar o reformar el subsistema de función pública y los procesos de acceso y provisión de puestos de trabajo son cuantitativamente mejores, aunque no está nada claro que tales procesos de transformación (siempre anunciados y nunca concretados) se pongan en marcha, menos aún en estructuras tan rígidas y corporativas como las existentes.   

En conclusión, teniendo en cuenta la salida masiva gradual de empleados públicos en esta tercera década y en la siguiente, los efectos paralizantes para la acción pública que (como mínimo) hasta 31 de diciembre de 2024 tendrán los procesos de estabilización de personal temporal, las consecuencias de arrastre durante varios años más de las bolsas resultantes de los procesos de estabilización y la necesidad de estabilizar, como el pez que se muerde la cola, a ese nuevo personal interino en los plazos estipulados legalmente, partiendo asimismo de la exasperante lentitud de los procesos selectivos abiertos y libres allí donde se convocan, así como viendo que el año 2023 es tiempo electoral (tiempo muerto), con lo que las maquinarias político-administrativas se paralizan y sus arranques son exasperantemente lentos, no cabe ser muy incisivos para poder concluir que la Administración Pública española tiene todos los boletos de la rifa para perder uno tras otro los trenes que hagan frente a los grandes desafíos inmediatos y mediatos que tiene entre manos. Es lo mismo que decir que el país saldrá muy malparado. Una política impotente y polarizada con una Administración inefectiva es un cóctel letal para nuestro futuro y, sobre todo, para el de las próximas generaciones. Las decisiones políticas populistas y demagógicas, a las que se han apuntado todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y estructuras gubernamentales, arrastran consecuencias mucho más graves de lo que nadie, al tomarlas alegremente, imagina. Tales efectos los padeceremos en los años venideros, salvo que este diagnóstico esté equivocado, lo cual sería un alivio general, también para quien esto escribe.