LA MERITOCRACIA EN ESPAÑA: POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA (Y II)

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“Cuando la gente se queja de la meritocracia, suele hacerlo no porque esté en contra del ideal, sino porque entiende que no se está llevando a la práctica (…) Se trata de una queja muy válida. Pero, ¿y si el problema fuera más profundo? (Sandel, La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?, Debate, 2020)

“Vivimos en el país de las recomendaciones y del favor personal. La amistad es aquí la suprema razón de la existencia, así en lo grande como en lo pequeño, así en lo individual como en lo colectivo” (Galdós, Episodios Nacionales 24, Luchana, Alianza Editorial)

Preliminar

Tal vez, para enfocar correctamente el problema, conviene mirar retrospectivamente cómo emergió el principio de mérito y qué consecuencias tuvo. Aunque este es un tema que el libro de Sandel no trata. Todo lo más, incorpora unas interesantes reflexiones de Jefferson, recogidas en su obra Notas sobre Virginia, donde, el autor de la Declaración de Independencia, apostaba por un sistema educativo gratuito que se abriera a los talentos, también procedentes de las clases pobres, mediante un cribado paulatino de aquellos alumnos que ofrecieran tales atributos. Este plan aseguraría, así, “la selección de jóvenes sobresalientes entre las clases más pobres, (y proporcionaría) al Estado aquellos talentos que la naturaleza ha sembrado liberalmente entre los pobres como entre los ricos, pero que perecen por desuso si no se persiguen y se cultivan” (cita literal extraída de Autografía y otros escritos, Tecnos). Sandel se apoya en una expresión que utiliza Jefferson para mostrar que el sistema elegido (una suerte de antesala a la conocida como “igualdad de oportunidades”) incubaba un efecto no deseado, pues gracias a este sistema selectivo gradualmente aplicado “veinte de los muchachos con más talento serían extraídos del deshecho” (el traductor de la obra de Sandel utiliza la noción morralla). Esta selección meritocrática ya preveía un descarte (y estigmatizaba a quien no superara tan exigentes filtros), pero además la dimensión del mérito como “ascensor social” podía incurrir en los vicios que el autor delata de la propia meritocracia: soberbia meritocrática por la “posición” adquirida (o como mirar por encima del hombro a los demás). 

El plan de Jefferson nunca se llevó a efecto. Pero sabida es la influencia que ejerció Jefferson sobre la redacción de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, donde a diferencia de la Declaración de Virginia, se contenía en su artículo 6 una expresa referencia, aunque no textual, al principio de mérito en el acceso a cargos y funciones públicas: “Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles en todas las dignidades, puestos y empleos públicos, sin otra distinción que sus virtudes y talentos”. Sobre ello volveré.

Política, representación y meritocracia

Como bien dice Sandel, las versiones tradicionales de la meritocracia política hacen hincapié en que, “entre los méritos relevantes para gobernar, está la virtud moral y cívica”, puesto que se parte del presupuesto de que el bien común se asienta, siquiera sea parcialmente, “en la educación moral de los ciudadanos”. Esta mirada tradicional se quiebra por completo con la versión tecnocrática de la meritocracia que, a su juicio, “corta el vínculo entre mérito y juicio moral”, pues aboga por ensalzar un conocimiento experto tecnocrático como base de las decisiones. El autor es muy claro al respecto: “el mérito tecnocrático no solo ha fallado como modo de gobierno, sino que también ha estrechado los márgenes del proyecto cívico”. El debate político actual (si se puede hablar en estos términos) se asienta sobre dos premisas contradictorias: el discurso gerencial o tecnocrático, por un lado; y, por otro, “un combate a gritos que cada parte habla sin escuchar a la otra”. La política española actual está totalmente condicionada por este esquema dual, si bien más pervertido aun, pues el conocimiento experto se politiza interesadamente, dado que es asimismo contradictorio. Los políticos tecnócratas se mezclan con los demagogos. No hay discurso público robusto desde el punto de vista moral o, peor aún, falla la persuasión política y, por tanto, todo se fía a la responsabilidad individual, desigual o inexistente. La política es todo fachada, comunicación de baratija o puesta en escena (imagen). La esencia de la política se desnuda: sólo interesa obtener y retener el poder, no para qué sirve: el bien común se manosea groseramente, como la Constitución, las instituciones o las ideas.

Particular interés tiene el capítulo dedicado por Sandel al “Credencialismo” (lo que podríamos llamar a aquí como titulitis o la fascinación  que despierta, propia y ajena, el Currículum Vitae de los políticos). La política también se ha visto abrazada por ese afán de credenciales que, en nuestro caso, se vehicula a través de los CV difundidos por una transparencia mal entendida. El autor no dice que “lo que llama la atención, sin embargo, no es que los políticos inflen sus credenciales universitarias, sino que sientan la necesidad de hacerlo”. Esgrimen títulos inexistentes, trampean másteres, doctorados o carreras universitarias, elaboran tesis de una factura impropia de cualquier estándar mínimo de calidad académica (lo importante es tener  el título, no como se haya obtenido ni a través de qué medios). Da la impresión de que no se puede ser político hoy en día si no se acreditan credenciales universitarias, cuanto mayores mejor. Y esto pervierte el sistema o el propio modelo de representación. Como bien dice Sandel, entre un 95 y un 100 por ciento de los miembros del Congreso estadounidense son graduados universitarios, cuando en la población esos porcentajes apenas alcanzan, en muchos casos el 25/30 por ciento. Prácticamente, ningún miembro de la clase trabajadora accede a tales cargos representativos, tampoco en las cámaras de los Estados miembros. No dispongo de datos de España, pero no estarán muy lejos de esas cifras. En países europeos, tal como cita el profesor de Harvard, los porcentajes de mueven entre un 82 y un 94 por ciento de graduados universitarios entre los representantes del Parlamento.

En verdad, de forma silente, se está imponiendo, por tanto, una suerte de sutil resurrección del sufragio pasivo capacitario doscientos años después (los no universitarios votan, pero no son elegidos). La representación no se vertebra por la propiedad, como en los orígenes del Estado Liberal, pero sí por la capacidad o por el pretendido mérito o aval que ofrecen las credenciales que presumiblemente acrediten quienes aspiren a entrar en la nómina parlamentaria o gubernamental. La exclusión de facto de ¾ partes de la población de la representación pasiva o del derecho efectivo a ser elegidos tiene presumiblemente unos impactos brutales en el crecimiento del populismo, puesto que los partidos tradicionales, especialmente los de izquierda, representan principalmente a los profesionales, funcionarios o a las élites intelectuales o académicas. Hay que abrir de nuevo aquellas páginas de Benjamin Constant que abordaban en las primeras décadas del siglo XIX el problema de la representatividad con toda su crudeza: “Aquellos a quienes la indigencia retiene en una eterna dependencia (…) saben tanto de los asuntos públicos como los niños y no tienen más interés que los extranjeros en la prosperidad nacional, cuya composición desconocen y cuyas ventajas no comparten más que de manera indirecta” (Escritos políticos, CEC, 1989). Se ha vuelto, apenas sin darnos cuenta, a restaurar el “principio de distinción” o, mejor dicho, “la aristocracia representativa”, en términos de Bernard Manin (Principios del gobierno representativo, Alianza Editorial). Lo que no se puede decir es que, no obstante, al menos en nuestro caso, que quienes dicen tener credenciales o títulos no sean a veces menos ignorantes que el propio pueblo sobre el que “se superponen” con su púrpura y credenciales. Y ello, con muy puntuales excepciones, lo prueban cotidianamente con una verborrea parlamentaria carente de estilo, pobre en su léxico y ayuna de ideas.

El mérito en el Gobierno y en la Administración

La obra de Sandel sólo puntualmente se refiere a las proyecciones de la meritocracia en el Gobierno y con la Administración, pero aun así incorpora algunas ideas que son muy relevantes para acotar la incidencia del fenómeno. En efecto, muy relevantes son las reflexiones que el autor destila sobre el liderazgo presidencial, de las que algunos de nuestros pretendidos líderes deberían tomar buena nota. Retorna el libro a la idea del giro tecnocrático en el que está instalado el discurso público. Y a la vana retórica de “lo inteligente” que todo lo impregna, como mantra que pretende tapar la ineficacia gubernamental en la que la actual clase gobernante está plenamente alineada. Censura el carácter tecnocrático de Obama, por ejemplo; muy sesgado hacia una meritocracia del mismo carácter. Frente a la gran tarea del gobernante de ejercer la persuasión moral, la tecnocracia se basa en una recopilación y difusión de hechos y datos. Sin ninguna persuasión moral. Pero también, añado, rodeada de comunicación artificial y hueca, que haciendo uso del “púlpito privilegiado”  (expresión acuñada por Theodore Roosvelt), se utiliza para fines espurios que se envuelven “en un más que leve aroma a soberbia meritocrática”.

En ese marco, no cabe extrañarse que esa política encadenada en un discurso tecnocrático, se haya vuelto “cada vez más grosera y estridente”, pues ambas, “tecnocracia y esas peleas a gritos, tienen en común que ni el primero ni las segundas cultivan hábito alguno de razonamiento conjunto en torno a las concepciones diversas de la justicia y el bien común”. Esas son ideas que ya no cotizan en el mercado político y si lo hacen son sólo como expresiones de mera demagogia. El resultado, tal como sanciona Sandel, es descorazonador: los fallos de las élites meritocráticas con potentes credenciales educativas que gobiernan los Estados Unidos desde hace cuatro décadas, son estrepitosos. ¿Cabe trasladar ese juicio a España? En parte sí (en el fracaso) y en parte no (no son políticos con credenciales de élites universitarias, salvo funcionariales en los gobiernos de centro-derecha). 

El arte de gobernar exigía, según Aristóteles, acumular sabiduría práctica y virtud cívica. Me gusta más la definición de Adam Smith del buen estadista, que define así a quien tiene “la mejor cabeza unida al mejor corazón: Es la sabiduría más perfecta combinada con la virtud más cabal”.  Ahora, gobernar es gestionar información, datos, comunicar, vender humo y, todo lo más, llenar los discursos de promesas vacías o de insultos a la inteligencia, cuando no abrazarse a la tecnocracia, que tanto critica el autor. Sandel reconoce, no obstante, “que un gobierno o una administración esté dirigido por personas con un alto nivel educativo es algo por lo general deseable, siempre y cuando actúen guiadas por un criterio sensato y sepan empatizar con las condiciones de vida de las personas trabajadoras”. En cualquier caso, rápidamente nos advierte que, sin perjuicio de que ello sea así, “la historia nos atestigua un nexo bastante endeble entre la posesión de prestigiosas credenciales académicas, por un lado, y sabiduría práctica o el instinto para aprender el bien común aquí y ahora, por el otro”. Los líderes, más los actuales, están ayunos de tales capacidades y virtudes. Sin embargo, resuenan con fuerza las palabras de Isaiah Berlin, cuando se refería al don natural que tenían los verdaderos gobernantes. Con estas palabras diferenciaba magistralmente el papel del político auténtico frente al del intelectual o profesional: “Es lo que se llama variadamente sabiduría natural, comprensión imaginativa, penetración, capacidad de percepción y, más engañosamente, intuición, como opuestas a las virtudes marcadamente diferentes -admirables como son- del conocimiento o saber teórico, la erudición, las capacidades de razonamiento y generalización, el genio intelectual” (El sentido de la realidad. Sobre las ideas y su historia, Taurus). La pretensión de mezclar los roles y vestirse el político con el manto tecnocrático ha terminado por pervertir y anular su propia función, hasta transformarla en inocua. Ahora todo es gobierno inteligente (Smart) o populismo gubernamental barato, en el que la pobreza atrapa la esencia y la forma es incapaz de disfrazar la impotencia. Ya no hay ni capacidades políticas ni mucho menor persuasión política. Nadie les cree. Su discurso es de cartón piedra. Perdida la credibilidad, su razón de ser se extingue. Y el populismo invade todo. Rosanvallon ya ha advertido sobre tales peligros. 

El principio de mérito en la función pública

Nada dice Sandel de la aplicación del principio de mérito a la función pública, salvo una referencia incidental que no justifica el monumental vacío, y lo enmarca en el debate filosófico sobre el alcance real de la meritocracia y sus relaciones con la justicia: “La mayoría de nuestros debates sobre el acceso al empleo, la enseñanza y la administración pública tienen como premisa de partida la igualdad de oportunidades” (algo que, el propio autor, desmonta e incluso también demoniza con consecuencia tóxica de la propia meritocracia). Aun así, matiza y enmarca correctamente el problema: “Nuestros desacuerdos no son tanto sobre el principio en sí como sobre su correcta puesta en práctica”.

Y es en este punto donde conviene detenerse para cerrar este comentario. La lucha por la implantación del principio de mérito en la Administración Pública ha sido larga y, en algunos casos (como es nuestra realidad), muy deficiente y manifiestamente incompleta en sus resultados. No estamos en Estados Unidos, aunque allí el spoils system (lo que aquí llamaríamos clientelismo) campó a sus anchas durante gran parte del siglo XIX, extendiendo sus prácticas hasta las primeras décadas del siglo XX. El patronazgo en Inglaterra no cesó hasta el importantísimo Informe Northcote Trevelyand publicado en 1854, que fue el arranque del Civil Service profesional en lo que después sería el Reino Unido. Una lectura muy recomendable para entender su sentido.

En España la implantación del sistema de mérito fue mucho más accidentada e incompleta (este aspecto lo traté en la publicación de mi tesis doctoral: Políticas de selección en la función pública 1808-1978, MAP, Madrid 1989). Sólo los cuerpos de élite de la Administración establecieron históricamente sistemas meritocráticos de alto nivel de exigencia formal, muy orientados a la memorización de temarios y que, por el tipo de pruebas y exigencias, fomentaban, por lo común (con excepciones tasadas) la reproducción familiar y geográfica de esas élites. Esta meritocracia formal sigue instalada en 2020 con sus mismas patologías.  Y poco o nada han cambiado sus procesos de reclutamiento de élites. Al respecto hay un interesante estudio (que me ha proporcionado gentilmente el actual director del INAP, Mariano Fernández Encabo), donde se lleva a cabo un estudio estadístico con una muestra de 40.000 aspirantes y que, aunque acotado en su muestra a siete cuerpos de élite (alguno no tendría siquiera esa condición), contiene una serie de evidencias sobre la existencia de endogamia, género y procedencia geográfica por parte de la selección en tales procesos. Tal trabajo fue realizado hace años por Manuel F. Bagüés (¿Qué determina el éxito de unas oposiciones? FEDEA, 2005), pero me temo que muchas de sus hipótesis siguen perfectamente vivas. También ha habido una reiteración de sagas familiares en el acceso a determinados cuerpos, cuyos aspirantes tienen siempre mayores garantías de éxito. No cabe duda que, en estos caso, las tesis de Sandel pueden ser trasladadas, sobre todo por la enorme distancia que tales élites tienen de las preocupaciones sociales y, en fin, por lo que a la soberbia meritocrática atañe superar tales procesos selectivos (algunas veces de irracionalidad supina), sin caer en la cuenta que, unas veces ese éxito se debe a las condiciones favorables en las que esos candidatos compiten, otras a la suerte y, en fin, también -como reconociera Jefferson- a las diferencias de talento. Lo mismo, corregido y aumentado, existe en otros ámbitos de la actividad funcionarial de élite, como es el profesorado universitario o el personal investigador. Pero ello requeriría un tratamiento monográfico, no siendo quien esto escribe la persona más idónea para tal menester. La soberbia falsamente meritocrática y el distanciamiento (o alejamiento total de la realidad circundante), aparte de una endogamia tribal, son males endémicos que aquejan los pilares de un débil mérito en el sistema universitario español. Cuanto talento universitario ha tenido que emigrar, 

Salvadas estas patologías, la exigencia del principio de mérito en España para el acceso a la función pública requeriría un replanteamiento absoluto que ahora no puede hacerse, pero no para derrumbarlo (al margen de toda sospecha que suscita, según Sandel; pero que cabe contextualizarla en su propia obra), pues entre otras cosas es un principio constitucional, que sólo cabe aplicar adecuadamente y con la ponderación y mesura debida, pero sobre todo para facilitar que en el servicio público ingresen quienes tengan competencias profesionales acreditadas, capacidad de adaptación a entornos cambiantes, sensibilidad social y vocación (ética) de servicio público. Pero no sólo en el momento de atravesar el Jordán y besar la tierra prometida (superar las oposiciones), sino a lo largo de toda su trayectoria funcionarial; pues no en vano de su mejor desempeño (y esto es lo importante de un mérito bien entendido) dependerá el bien común y la dignidad de la ciudadanía. Aunque haya todavía muchas personas hoy en día que no entiendan qué significa realmente tan bello ideal. Esa carencia tiene una solución fácil: lean el libro de Michael J. Sandel. Una obra excelente y polémica.  De las que permiten reflexionar. Y eso es lo importante.

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