UN AÑO DESPUÉS: DIEZ LECCIONES SOBRE UNA “REFORMA LOCAL” INCONCLUSA

“En realidad esas premisas de racionalidad y sostenibilidad responden, sobre todo, a compromisos expresados ante la Unión Europea en distintos momentos, compromisos que acompañan al seguimiento que las instituciones europeas llevan a cabo de la economía española en función de la infracción por el Estado desde hace varios años de los parámetros de deuda pública y de déficit que justifican la permanencia en la moneda única” (Antonio Embid Irujo, “Anuario Aragonés del Gobierno Local 2013”, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2014)

Cuando ya se ha cumplido más de un año desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, puede ser oportuno hacer un breve balance de su aplicación en torno al éxito o fracaso en relación con los problemas que pretendió resolver y, asimismo, diagnosticar aquellos problemas que ha podido crear o los que se vislumbran en el futuro. Este balance lo haré en torno a diez lecciones (o si se prefiere, claves) que se pueden extraer de ese complejo proceso emprendido por el Gobierno central en los inicios de 2012 y todavía, tal como se verá, lejos de ultimarse. En este Post se recogen solo los enunciados de esas claves o lecciones. El texto íntegro en el que se desarrollan estas ideas se adjunta en un PDF.

Nadie pone en duda la imperiosa necesidad de llevar a cabo reformas estructurales que afecten a las administraciones públicas. Las reformas en la Administración Pública son necesarias siempre; es más, en estos primeros pasos del siglo XXI son imprescindibles y más aún en un marco de contención fiscal. Lo cierto es que, durante esta última y prolongada crisis, nuestros gobiernos, sean estos del color que fueren y del ámbito territorial que se precie, han adoptado, por lo común, estrategias equivocadas o timoratas para enfrentarse a las reformas institucionales.

Una de las reformas más aireadas desde el inicio de esta legislatura que ya agoniza, fue la que afecta al nivel local de gobierno. Tampoco nadie dudaba de la necesidad de reformar la planta y las estructuras de gobierno local, así como su régimen de financiación. Al menos esta reforma, a diferencia de la impotencia mostrada por otros niveles de gobierno (Estado y Comunidades Autónomas), se llegó a publicar en el BOE. Pero las reformas de “Boletín” (tan queridas por los diferentes gobiernos) ya gozan de poco predicamento: muchas leyes se publican, pero rara vez se aplican.
Veamos cuáles son las diez lecciones que se pueden extraer de esta reforma local un año después de su puesta en marcha (si por tal se entiende, en efecto, su mera entrada formal en vigor):

Primera.- La reforma local es hija de un contexto de profunda crisis económica y fiscal, así como de la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales.

Segunda.- El proceso legislativo de gestación de la reforma local nos enseña cómo no debe conducirse la producción de las leyes.

Tercera.- El irrealismo es una de las notas dominantes de un largo proceso de gestación y desarrollo de esta reforma, especialmente marcado en los objetivos (inalcanzables) de ahorro en el gasto público.

Cuarta.- Las reformas estructurales de ámbito institucional no pueden hacerse sin amplio consenso político e institucional. Las reglas de juego de las instituciones no se pueden determinar unilateralmente.

Quinta.- La reordenación y clarificación del sistema competencial ha sido, hasta la fecha, un objetivo incumplido. La confusión se ha incrementado y la inseguridad también.

Sexta.- La racionalización de la Administración Local tampoco ha terminado por concretarse, salvo en aspectos puntuales. Las Diputaciones provinciales están, no obstante, perdiendo una ventana de oportunidad.

Séptima.- El fortalecimiento del control económico-financiero de las entidades locales se ha conseguido a través de la modificación del papel de la Intervención local y sus relaciones con el Ministerio.

Octava.- La sostenibilidad financiera ha sido el elemento fuerte de la reforma y su activo más efectista y (probablemente) duradero, aunque presente algunas dudas en su aplicación futura.

Novena.- La Autonomía y la Política Local han quedado debilitadas y costará tiempo recomponer su imagen, así como su centralidad en el ámbito local de gobierno.

Décima.- El futuro de los gobiernos locales está plagado de incertidumbres: (entre ellas) el debate jurídico “de salón” sobre la constitucionalidad de la reforma, la impotencia para reformar el sistema de financiación, la prolongación del proceso de ajuste de cuentas públicas y cuál será finalmente la cartera de servicios que los gobiernos locales ofrecerán a sus ciudadanos.

En los años venideros veremos en qué queda todo esto de la reforma local y en qué medida afecta a las entidades locales. Al menos, en ese ínterin, convendría comenzar a repensar el gobierno local bajo otros presupuestos conceptuales y actuar los procesos de reforma con parámetros distintos y, sobre todo, con orden, debate y soluciones institucionales consensuadas. La reforma del nivel local de gobierno del siglo XXI está todavía por hacer. Tras este paso dado (más bien tropiezo), bien se puede intuir que costará recuperarse “del susto” y tardará muchos años en hacerse efectiva una alternativa sólida a este ajuste emprendido. Mientras tanto seguiremos gobernando la contingencia de la forma más sensata y razonable que sea posible, con un marco normativo dual, que dispone de fundamentos muy dispares, pero al que poco a poco entre todos habrá que buscarle un mínimo de coherencia.

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