OBSERVATORIO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Este Observatorio tiene por objeto analizar cuestiones de actualidad relativas a la política institucional, con la única finalidad de coadyuvar al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas en aras a mejorar la calidad del gobierno y reforzar la confianza ciudadana en tales instituciones.

LA GOBERNANZA ESTÚPIDA 

GOBERNANCE

En España, nunca se había hablado tanto de Gobernanza como en estos últimos meses. La Gobernanza es una noción que, impulsada a finales del siglo XX, en este país había pasado desapercibida en el ámbito de la política, refugiada en el espacio académico o, todo lo más, acariciada por ensayistas. La inesperada visita de este huésped incómodo que es la Covid19, ha hecho desenterrar políticamente un concepto que incomprensiblemente se hallaba olvidado. Sin embargo, de Gobernanza se hablaba mucho en la Unión Europea, en otros países y asimismo en algunos rincones de la geografía peninsular. También se recogía en aislados documentos oficiales, y daba nombre a Consejerías, departamentos o direcciones generales. Sin mayor eco. 

La Gobernanza, como describió Renate Mayntz, no es otra cosa que una forma distinta de gobernar, propia de sociedades complejas, donde se trabaja en red y con estructuras de gobierno multinivel, y, asimismo, se hace política no sólo “para” sino “con” la sociedad. Hanna Arendt aportaba una sugerente expresión (“mentalidad ampliada”) que puede servir también para abrir el foco participativo de la política en un formato de Gobernanza Pública. Con la Gobernanza, la verticalidad tradicional del poder se horizontaliza (Innerarity). Así, los sensores públicos se activan y captan (o pretenden hacerlo) los humores propios de un tejido económico-social y de una ciudadanía cuya opinión y visión también importa. Y mucho. Se gobierna de consuno en estructuras de gobiernos multinivel. La Gobernanza tiene muchas dimensiones, que no reiteraré. Las recordé recientemente

La veloz incorporación de la Gobernanza a nuestro lenguaje político y periodístico ha venido marcada, sin embargo, por una enorme confusión. No de otro modo se entiende que, por parte de la política y de los medios de comunicación (¡incluso del BOE!)  se siga haciendo uso reiterado de ese barbarismo conceptual que es la “cogobernanza”. Tal espantajo es además un pleonasmo, pues reitera algo obvio: la propia noción Gobernanza incluye en su seno -como parte sustantiva- las relaciones entre gobiernos multinivel. Tal vez, su empleo obedezca a una mera artimaña que implica lisa y llanamente para unos escurrir el bulto, y para otros pensar ingenuamente que se fortalece su gobierno, cuando en verdad se está haciendo cada vez más impotente y muy vulnerable a las crecientes iras de una desconcertada y cansada ciudadanía. En ese contexto, los gobiernos central y autonómicos (con excepciones tasadas) se están deslegitimando a velocidad de vértigo. Y ello es muy peligroso. El populismo más descarnado (de toda guisa) acecha. La Gobernanza nunca fue desconcierto, sino todo lo contrario: ha significado siempre sumar fuerzas, no disgregar esfuerzos. Descentralizar, pero con sentido y visión; con armonía. La eficacia en la gestión forma parte consustancial del modelo. La Gobernanza es compartida o no es. Sin instituciones sólidas tampoco hay Gobernanza. Sólo vacío.

Así, apenas sin darnos cuenta, esa noción absurda de cogobernanza nos ha conducido derechamente a un modelo de Gobernanza estúpida, en la que las fuerzas se diluyen y las energías y recursos se usan, a veces, desordenada e ineficientemente, al menos de forma muy descoordinada. Nos hemos empachado de cogobernanza y estamos en período de indigestión. La percepción ciudadana es de intensa entropía. Las normas  existenciales son confusas y mutables. Proliferan los cuadros de angustia, también derivados de no saber bien a qué atenerse. En pocos kilómetros e incluso entre manzanas o calles, las normas difieren. No es lógico, al menos con tanta disparidad, cuando el virus no conoce de límites territoriales y menos aún de distritos, barrios o calles. 

Realmente, la Gobernanza es otra cosa muy distinta a esa estúpida cogobernanza. Daniel Innerarity, en su premiado libro Política para perplejos (Galaxia Gutenberg, 2018, p. 149), afirmaba que el concepto de gobernanza surge “como una estrategia para recuperar esa fuerza configuradora y transformadora que la política parece estar perdiendo”. Lo que se está consiguiendo con la cogobernanza es, sin embargo, todo lo contrario. Y la factura puede ser larguísima. A pesar de todo ello, la Gobernanza tiene largo futuro en una sociedad en constante transformación, plagada de incertidumbres y, por tanto, muy volátil. Se necesita, como también ha expuesto ese mismo autor recientemente, una Gobernanza anticipatoria y una Gobernanza estratégica (Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI, 2020). Ambas, hoy en día ausentes. Más aún en un Estado compuesto con múltiples estructuras de gobierno multinivel.

Pero no conviene bastardear el concepto. Ni echar mano de las ocurrencias. La cooperación horizontal o el federalismo cooperativo es algo inventado hace mucho tiempo. Y allí donde lleva tiempo practicándose, funciona cabalmente  (vean, si no, el caso alemán). Donde no se ha ejercido o se ha hecho de forma inadecuada, no se aprende ni en unas semanas ni en unos meses. En una crisis de esta magnitud, nos han fallado esas costuras. No hace falta reinventar permanentemente el agua caliente. Sólo se trata de abrir el grifo adecuado. Y que no salga el agua fría. Gobernanza, sí, pero de verdad. Y ello supone visión integrada, trabajo conjunto y eficiente gestión descentralizada; pero también liderazgo compartido. Y rendición de cuentas, que es lo que siempre se olvida. Sin ella tampoco hay Gobernanza que se precie.

 

 

LA PENUMBRA DE LA POLÍTICA

(SOBRE CLIENTELISMO Y REPARTO DE CARGOS INSTITUCIONALES ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS)

POLITICA EN PENUMBRA

“La relación clientelar se localiza en la penumbra de la política, y bordea los límites morales y legales permitidos, cayendo alguna vez en la corrupción” (Antonio Robles Egea, p. 230) 

Ante un pregunta formulada hace unos días, rebusqué en mi biblioteca obras que tuvieran como hilo conductor o trataran sobre el clientelismo político. Esa hidra de mil cabezas que vive cómodamente en la política española, y que ofrece múltiples manifestaciones en la Administración y su sector público o, por lo que ahora importa, en las instituciones constitucionales y en las autoridades “independientes”. Rápidamente volví la mirada al libro Política en penumbra, una obra colectiva compilada por Antonio Robles Egea. Se trata de una magnífica radiografía que muestra descarnadamente cómo el clientelismo no tiene ideología en nuestro país, pues ha contaminado a todas ellas a lo largo de nuestra atormentada historia. El clientelismo político es hijo del caciquismo que, como bien reconocía el Conde de Romanones, “tiene las raíces muy hondas, y están arraigadas en todo el ámbito nacional y en todas sus clases”. Ese caciquismo (con su reparto de favores entre patrón/cliente) se transformó con el paso del tiempo en clientelismo político y, hoy en día, en una exacerbada y bulímica colonización política de las instituciones por partidos “atrápalo todo”, que se reparten sin rubor los órganos constitucionales, las autoridades independientes y cualquier órgano que se les ponga por delante, destruyendo de facto el sistema constitucional de separación y control del poder que, de esa manera tan “sutil”, se desactiva por completo.  

Leía también recientemente en un medio digital que los dos MasterChefs designados tanto por el Gobierno como por el principal partido de la oposición estaban avanzando (siempre en la penumbra política) en sus “negociaciones” para repartirse el pastel de los cargos del futuro órgano de gobierno de los jueces, pero a su vez en este horno de prebendas (una vez asignados ya los puestos de la CNMC y  la presidencia del Consejo de Transparencia) debían entrar otros suculentos pasteles (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, etc.), que debían cocinarse en esta segunda etapa del confinamiento, período muy dado a tales menesteres porque esos momentos de encierro ciudadano los pasteles causan pasión y tales circunstancias, además, son las más apropiadas para cometer las mayores tropelías políticas sin que nadie apenas se dé por enterado o eleve la más mínima protesta. Todo se queda en casa y se ahoga en cuatro paredes. 

No por muy manoseado este tema durante décadas, deja de ser menos escandaloso. En España el sistema institucional de control del poder es un decorado de cartón piedra, donde los partidos buscan sin rubor  personalidades amables con quien gobierna o con aquellas otras fuerzas políticas que entran en el mercadeo, con el objetivo de que tales instituciones no causen muchos trastornos. Se estila el nombramiento de perfiles blandos, de aquellos que no hagan ruido ni incomoden apenas al poder, sea este el que fuere (aunque a veces alguno se les pueda “escapar”; algo siempre a evitar con filtros exigentes no escritos de obediencia diferida debida). Si se puede controlar toda la institución o su mayoría por el gobierno de turno, mejor. Así el paso por el Poder Ejecutivo, el único poder realmente existente en España, será menos accidentado para el partido o partidos de turno. No es un estilo o forma de hacer exclusiva de este Gobierno, sino de todos. Un mal endémico del que no sabemos cómo salir, ni quienes tienen la llave para resolverlo quieren abrir otras puertas. Se sienten cómodos en la penumbra

Una lógica partidista depredadora ayuna de sentido institucional se ha merendado literalmente los controles del poder en España, tanto en los niveles centrales de gobierno como en los autonómicos. Aupar a tales órganos de control a personalidades con factura de independencia e imparcialidad es un riesgo que nadie quiere correr. Por consiguiente, esos órganos adolecen en su composición de dependencia y parcialidad, que son los dos atributos que niegan frontalmente la razón existencial de tales instituciones. Lo expuso muy bien Pierre Rosanvallon, “la democracia como forma de sociedad descansa en el desarrollo de instituciones reflexivas e imparciales” (La legitimidad democrática, Paidós, 2010, p. 229). Lo demás es cuento o mera coreografía, por mucho que se le vista con el traje impostado del cumplimiento de la Constitución.  

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(SIN)SENTIDO INSTITUCIONAL

(De nuevo sobre la manida renovación del Consejo General del Poder Judicial)

En el eterno y enmarañado proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, la política española está mostrando, una vez más, su peor cara institucional. La más fea, la propia del poder sin máscara; aquella que no muestra sentido institucional, mucho menos espíritu. El dilema es claro: se trata exclusivamente de cómo designar las veinte vocalías del Consejo del Poder Judicial, y especialmente -de forma indirecta- su Presidencia, que también es del Tribunal Supremo (la Vicepresidencia es de paja). En el fondo del debate está si la elección debe ser hecha por el Parlamento en todos los casos (por mayorías de 3/5) o las 12 vocalías judiciales deben ser elegidas directamente por los jueces y magistrados, sin intervención del Parlamento.

El pulso entre una politización descarnada (la que hoy en día existe) versus una politización limitada por un corporativismo judicial (la que existió en sus inicios), es lo que explica el problema planteado. Unos abogan por la politización abierta de las designaciones porque palia o reduce los riesgos de que el gobierno del poder judicial sea siempre mayoritariamente conservador; otros apuestan por el modelo dual de politización parcial/corporativismo precisamente para salvaguardar esto último. El eterno debate (en el que se está empantanado desde 1981-1985) no se resuelve fácilmente, menos sin alumbrar un modelo intermedio que combine inteligentemente y con respeto a la Constitución la elección (parlamentaria/judicial o mixta)/la acreditación profesional previa de los designados por un órgano imparcial /e, incluso, el sorteo (como también se ha propuesto).

Lo que llama poderosamente la atención es que por parte de unos y de otros se hable de falta de sentido institucional cuando se denuncia el perpetuo e injustificable bloqueo de la renovación o el impulso de una iniciativa legislativa de burdo trazado, como ya expuse en su día. Ha habido acusaciones graves recíprocas, que sin embargo forman parte del griterío ensordecedor de la política española con el que pretende tapar sus vergüenzas más obscenas. Han tenido que venir presiones de Europa, esta vez con riesgos financieros y afectación grave a la marca España, para que el panorama se recomponga formalmente. Pero, cuando es el GRECO quien advierte, las recomendaciones entran por un oído y salen por otro. Nadie en esta política institucionalmente autista, sea de un color u otro, se da por enterado.

Lo que se impondrá finalmente no será precisamente el retorno al sentido institucional, sino la vuelta al chalaneo más impúdico del cambio de cromos políticos. Habrá, así, determinadas fuerzas políticas que colocarán a sus amigos políticos, académicos o de cuerpo en la insignificante poltrona de un nutrido Consejo, para que actúen de acuerdo con las directrices no escritas que, en cada caso, les llegarán directa o subrepticiamente, cuando se hayan de votar decisiones críticas (empezando por el nombramiento de la Presidencia del Consejo). Las vocalías actuales son mandatos imperativos implícitos, al servicio de los partidos. Y cuando haya que designar magistrados del Tribunal Supremo, la máquina del poder desnudo enloquecerá; se pondrá a mil revoluciones para llegar a pactos cruzados que dejarán fuera a quien, méritos profesionales aparte, no tenga amparo del poder político representado en las vocalías.

En este contexto, aludir al sentido institucional o al respeto a la Constitución, es pretender convertir a ésta en mera barrera de pergamino. En verdad, todo ha sido una teatralización para volver a la casilla de salida; en la que, con las diferencias expuestas, están cómodos unos partidos que sólo les interesa el poder controlar a las instituciones y que no sean estas quienes controlen al poder, pervirtiendo así de raíz el sistema constitucional efectivo (no el formal). Nada nuevo. Luego vendrán los demás pactos para cubrir más poltronas de otros órganos constitucionales y autoridades “independientes”. Y partidos, tertulianos y opinadores aplaudirán al unísono el retorno al espíritu constitucional y al sentido institucional. Una comedia perpetua que no hace sino debilitar nuestras ya maltrechas instituciones y, mediante esos comportamientos constitucionalmente inaceptables, alejar aún más a la ciudadanía de una política mal entendida. Todo ello genera un efecto de desaliento en una democracia constitucional preñada de clientelismo (o, en su defecto, de corporativismo), que aborta la institucionalidad correctamente entendida. Evocar en este contexto, como recuerda la Agenda 2030, la noción de instituciones sólidas para impulsar en estos momentos tan críticos la recuperación del país y la transformación de España, no deja de ser un pío y lejano deseo, que mucho me temo tardaremos décadas en ver, si es que algún día algo de sentido institucional termina calando en esta pobre política endémica de clientelismo.