“Cuanto más hablaba de honestidad más nos apresurábamos a contar las cucharas de plata de la cubertería” (Emerson)

“El político es elegido únicamente porque que pertenece a un partido. Su principal lealtad la debe al partido o a los dirigentes del partido. En política, lo que necesitamos son individuos capaces de juzgar por sí mismos y que estén dispuestos a asumir la responsabilidad personal. Este tipo de individuos son difíciles de encontrar en cualquier sistema de partidos” (Karl Popper)

Un Estado clientelar con los frenos rotos e instituciones colonizadas por los partidos.

España es un país que, por su tradición política llena de patologías y su desastrosa historia, plagada de enfrentamientos y guerras civiles, de fanatismo y de intolerancia, así como por la omnipresencia de un sistema político oligárquico y caciquil que hunde sus raíces en el s. XIX, tenía todos los boletos para convertirse en lo que hoy en día ha derivado: un Estado clientelar de partidos. Tras 1978 hubo quien soñó que España superaría por fin sus males y se transformaría en un país democrático normal. Fue un sueño que poco duró. Los viejos demonios, tras creer que los habíamos desterrado, emergieron con fuerza. Tardaron años en ofrecernos su peor cara, o al menos la disimularon; pero la cabra siempre tira al monte. Y pronto la captura política de las instituciones (y como secuela el abrazo a la corrupción) mostraron una faz reconocible. Hasta hoy; donde ya el país ofrece un escenario dantesco: la devastación de las instituciones es casi absoluta. Y quienes vengan seguirán la estela de la lección aprendida. Hay mucho que saquear y los frenos no existen, se fueron quebrando y en estos momentos ya nadie, ni el Poder Judicial, detiene al poder despótico en este país.

Los partidos en España no tienen tradición democrática, siguen siendo estructuras oligárquicas, hoy en día de factura presidencialista o cesarista, con una impronta populista e incluso autocrática, cuando no totalitaria en sus fines. Pasamos de partidos de notables, estructuras organizativas muy endebles, a dos períodos de dictaduras, y luego a partidos de masas en el paréntesis republicano, hoy ya partidos de cargos públicos ayunos de democracia interna. Nuestra cultura político-gubernamental es pretoriana o caudillista. Una herencia intangible, que nadie ve. Con la CE en 1978 pensamos que todo se solucionaría. Los partidos entonces eran muy débiles y los reforzamos ad infinitum. Conforme fue pasando el tiempo, mostraron su peor faz, pues habían heredado “inconscientemente” las patologías del pasado: el viejo caciquismo se transformó en clientelismo político, y los líderes adoptaron tics autocráticos: despreciaron los frenos “a su poder”. La multiplicación de poderes territoriales hizo además que emergieran una suerte de caciques de campanario, donde las prácticas clientelares estuvieron a la orden del día. Dimos tanto poder a los partidos, pues eran pilares (que lo son) del sistema democrático, que olvidamos ingenuamente sus tradicionales pulsiones oligárquicas y clientelares, y así se estableció un modelo que no tenía pesos ni contrapesos: el poder de los partidos era omnímodo. Surgió, entonces, una tendencia evidente a la configuración de unos mecanismos de autodefensa (cártel) de una clase política, ayuna de competencias, que todo su cursus honorum lo basaba en una fidelidad perruna a la organización, y especialmente ahora deifica a sus líderes.

Con ese estado de cosas, las instituciones de control del poder gubernamental que se configuran como instituciones constitucionales o estatutarias o administraciones independientes, así como otras entidades públicas (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, CGPJ, Fiscal General del Estado, Banco de España, CNMC, CNMV, AIRF, AEPD, Consejo de Transparencia, RTVE, CIS, etc.) y sus homólogas en las CCAA, se poblaron de miembros fieles al poder establecido o a la oposición política, en un espurio reparto de cromos o en un control gubernamental descarado, desactivando su finalidad existencial de control del poder o garantía del pluralismo político, y logrando que tal complejo institucional se convirtiera en mera coreografía que daba cobijo con buenas retribuciones y un estatuto de inamovilidad temporal a no pocos políticos quemados (a quien se les retribuían así los servicios prestados) o a amigos políticos y fieles a los partidos que les habían propuesto. Disponer de un cargo público en una entidad o institución representa un seguro de vida para unos años. Los partidos se convirtieron en sociedades de socorros mutuos. Se quebró así la regla existencial de esas instituciones de control que, según Rosanvallon, era muy obvia: para que cualquier sistema de contrapesos funcione en una democracia, tales miembros integrantes de las instituciones de control tienen el deber institucional de ser desagradecidos con quienes les ha designado, pues si no sus funciones de control del poder se transforman en una suerte de autocomplacencia propia de los estómagos agradecidos y, por consiguiente, en unas instituciones de cartón piedra, a la postre un esperpento de su papel existencial. Hoy en día lo son.

Y eso es lo que ha pasado en este país desde hace décadas, aunque en estos últimos años el deterioro del sistema cada vez es más intenso sin que se perciba realmente cuándo se toca suelo, pues siempre hay un subsuelo. Este proceso de devastación institucional promovido por todos los partidos, y alimentado especialmente por quienes están en el poder gubernamental ha adquirido tintes aún de mayor gravedad como consecuencia, por un lado, de una polarización política extrema y, por otro, por algunas conductas gubernamentales que han sido de una grosería supina y que nadie (tampoco la prensa, más allá de un lamento circunstancial) se ha enfrentado a ellas, menos la sociedad civil y muchos menos aún un periodismo casi siempre, con contadas excepciones, lacayo del poder gubernamental o de la oposición.

La captura política grosera de la alta Administración o de su sector público (hoy día con un sector público estatal, dañado en su legitimación por una cadena de escándalos literalmente inadmisibles en un espacio público que se debería mover con estándares elevados de integridad y que oscilan entre el esperpento y el saqueo más burdo de lo público), ha existido siempre. Mas el punto de inflexión, mejor dicho, de no retorno, de destrucción del modelo de control, ya irreversible, es cuando se designan para esos órganos de control a exministros y ex altos cargos gubernamentales o a personas militantes de los partidos, carentes de las más mínimas competencias y moralidad para el desempeño de funciones de responsabilidad y que, además, en todos los casos, están ayunos de los estándares básicos de imparcialidad que se debe predicar para el ejercicio de tales funciones. A partir de ahí todo vale. Y nadie se sonroja. Los límites se han roto. Han saltado por los aires los principios. Los gobiernos son agencias de colocación de amigos políticos. Las instituciones de control son ya despojos a repartir entre quienes se hagan con el poder y colocar a los suyos de forma descarada. El Estado Constitucional ha muerto. Tal vez, para siempre. Y no es visión pesimista, es la realidad.

Hubo un tiempo en que algunos partidos (no todos) tenían al menos la deferencia y la autocontención de proponer para tales cargos institucionales a perfiles profesionales contrastados, aunque fueran amigos del poder o de la oposición. Eso ya no existe, se designan descaradamente “soldaditos” con perfil político duro y, en no pocos casos, con un desconocimiento atroz del sector que tienen que controlar, lo cual es gravísimo, cuando no se desmantelan los órganos de control que incordian al poder establecido o se desactivan.

En estos momentos -parafraseando al profesor Arias Maldonado- los (inexistentes) partidos institucionalistas han perdido la batalla totalmente frente a las pulsiones clientelares. La victoria de estos últimos es total. Los primeros no existen. Y el descrédito o falta de legitimación de las instituciones en España, absoluto. Da la impresión de que ni la UE ni el Consejo de Europa ni tampoco la OCDE, se enteran mucho de lo que pasa aquí. Tienen una visión excesivamente pía de cómo funciona la política en este país. Se creen que esto es una democracia occidental normalizada. Las formas son aparentemente democráticas, pero son mentira, el trasfondo ni lo fue ni lo es. Y al paso que vamos no lo será nunca.

Una corrupción galopante que nunca toca fondo.

Lo dicho hasta ahora nos pone en la pista de la respuesta a este problema. Un estado clientelar de partidos, con unos partidos cada vez más endogámicos, con líderes populistas y cuadros con escasa o nula formación institucional democrática, que no han trabajado fuera de la política, fomenta estructuras partidistas de muy bajo nivel en competencias profesionales y con estándares de integridad bajo mínimos. Y mejor no hablemos de los jóvenes valores. De ahí no cabe sorprenderse de que abunden cada vez más los escándalos, sean de corrupción o relacionados con el acoso sexual: dar poder a quienes carecen de educación y de estándares morales para gestionarlo, conduce derechamente a comportamientos oscuros. Se trata lisa y llanamente de “pillar”, sea lo que fuere. La clase política española está invadida de bandidos, depredadores o potenciales encubridores, y en el mejor de los casos de personas que miran a otro lado, guardan silencio o entonan el indigno “y tú más”. Se impone, además, el silencio de los corderos y la amnesia colectiva. El miedo de quién no tiene a dónde ir, si le apean del pedestal en el que vive.

Las carreras políticas dependen, por tanto, de criterios de fidelización perruna, y dar de comer de por vida a tanta medianía requiere ocupar no solo amplios espacios de las AAPP y de su sector público (empleos públicos, y no solo directivos, incluidos), sino también proveer los innumerables cargos públicos y de asesores del sector público y de las instituciones de control, que nada controlan ni controlarán, pues están para otra cosa: dar alpiste a los numerarios de los partidos, que son legión. Pero eso se torna incluso insuficiente, los políticos miran también hacia el sector privado, que en parte vive de subvenciones, ayudas o fondos NGEU o de una contratación pública a menudo amañada, o son empresas participadas por el sector público en las que hallan cobijo políticos quemados que reciben, así, un “justiprecio” por los servicios prestados y “amasan” para su jubilación o retiro dorado. Todo esto es herencia del peso tan fuerte que tenía y tiene el poder ejecutivo en la vida nacional y también en la economía. Viene de la restauración, e incluso antes, se confirmó en el franquismo y encontró acomodo en el régimen democrático, agudizado con las “privatizaciones” en la etapa del primer Aznar y también ahora en la era Sánchez, donde ya sin tapujos se entra a través de la SEPI (una entidad ariete de la política más clientelar) a participar en el ámbito de entidades financieras o empresas privadas mediante una colonización indirecta de lo que pretende ser un “capitalismo dependiente del Estado”. Una consecuencia de la debilidad estructural del capitalismo español. En el caso catalán y vasco, donde había más músculo, tampoco se ha evitado, sino todo lo contrario, que los poderes gubernamentales interfieran la actividad empresarial que se convierte a veces en un apéndice de la propia política. Además, con trasiegos indecentes entre políticos y empresas en unas enloquecidas puertas giratorias y de gran peligro para el interés público que se subordina a intereses personales, partidistas o privados. El control de los medios es clave para moldear relatos. Y de los públicos también, que dejan el pluralismo hecho unos zorros.

De todo lo anterior se deriva fácilmente que la corrupción institucional y también partitocrática, pero además no lo olvidemos la personal (enriquecimiento a través de la política), estén a la orden del día. Si todo esto lo edulcoramos con sueldos pantagruélicos, banquetes u orgías de nuevos ricos y esperpentos varios, ya tenemos el cuadro completo.  No hay sistema alguno de frenos o contrapesos, y todo esto del compliance o las medidas de lucha contra la corrupción a través de planes de integridad o antifraude, se convierten en mera coreografía o mentiras piadosas: políticos, funcionarios y también empresarios ignoran supina o cínicamente tales políticas de integridad. Hay un grado de cinismo con la ética pública en España increíble. Y si no que se lo pregunten al promotor del Plan estatal de Lucha contra la Corrupción lanzado a bombo y platillo hace unos pocos meses (parece una eternidad), cuyas medidas duermen el sueño de los justos sepultadas por montañas de presunta corrupción.

Un país sin solución.

Ya pueden los poderes públicos crear todas las agencias de integridad o anticorrupción o de protección del denunciante que quieran, y que nos demanda Europa y la OCDE, que el problema no se atajará hasta que los devaluados y sátrapas partidos desalojen esos amplísimos espacios de poder patrimonial que han ido colonizando groseramente en los últimos tiempos. Paradójicamente, cuando los partidos están más alejados de la sociedad, son más endebles estructuralmente y con medios personales cada vez menores (una afiliación menguante), así como con cuadros personales, profesionales y morales de peor condición, más poder tienen en la sociedad española y menos incentivos para abandonar esos espacios de poder de los que se han hecho dueños y señores. Los profesionales de la política, en verdad indigentes más allá de ella, no tienen dónde ir. Y a la política se aferran. No hay solución fácil. Hubo en España momentos críticos en que se pudieron sentar las bases de una nueva política, y en ninguno de ellos se supo ni se quiso acabar con esa mala política que fagocitaba las instituciones. La impotencia se impuso, el cártel también. Hoy ya es tarde. Ya las han devastado. Y el tiempo se ha agotado. La situación es irreversible y la degradación institucional profunda. España es hoy día un Estado Constitucional fallido. Quien piense que esto lo resolverá un Gobierno de otro color político, no conoce las raíces del problema. No lo hará. Volverá a las andadas. Y tiene el camino expedito. Además, está en el ADN de la forma de hacer política en este país por todos los partidos, que entienden las instituciones como patrimonio del poder y los frenos al mismo como una incómoda y gratuita antigualla.  

(*) Este post reproduce, con algunas actualizaciones propias del letal contexto que nos abruma y abochorna, las respuestas que di a las cuestiones planteadas en su día  por Manuel Arias Maldonado quien moderó un Coloquio en el Centro Cultural La Malagueta (España, la reforma inacabada; 24-X-2025), sobre la captura institucional de las instituciones de control y la corrupción. Se difundirán en esta Web con en el resto de cuestiones.

(**) Para disponer de un marco conceptual e histórico más amplio sobre las raíces de los problemas expuestos, puede acudirse al libro que publiqué hace algunos años: Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones (Marcial Pons, 2016). Una versión actualizada sobre la realidad del problema en este país se puede encontrar en abierto en este librito más reciente que edité en su día:  Instituciones rotas.  Separación de poderes, clientelismo político y partidos en España. (Zaragoza, 2023). Aquí en formato PDF: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA

(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz)

5.- (Manuel Arias Maldonado) Tienes asimismo un libro dedicado a la separación de poderes y demás mecanismos de control del poder propios del Estado liberal; lo publicaste en 2016 (si bien actualizado en 2023 para España) y mucho ha llovido desde entonces: aunque se diría que lo que ha llovido es barro. Desde que Alfonso Guerra proclamase la muerte de Montesquieu, la salud de la separación de poderes no ha mejorado demasiado en España. Y ello pese a que la fragmentación partidista y la ausencia de mayorías absolutas en el parlamento habrían de permitir una mayor «separación» del legislativo y del ejecutivo, que son los dos poderes más propensos a confundirse en una democracia parlamentaria. De ahí que en ellas lo decisivo acaso sea la independencia del poder judicial… lo que puede conducir al desmayo en un país cuyo gobierno ataca de manera habitual a los jueces, donde se mantiene un sistema de elección del gobierno de los jueces contrario a las recomendaciones europeas y donde, en fin, se proyecta una reforma llamada a relajar los mecanismos de acceso a la judicatura. ¿Cómo ves, hoy, este asunto?

Marco conceptual de la separación de poderes:

(Rafael Jiménez Asensio) Iré desgranando esas cuestiones. Hay mucha confusión conceptual en este tema. La imagen de las tres castañas rodeadas de espinas, una de ellas más afectada, explica bien lo que diré.

La separación de poderes es un principio estructural del Estado constitucional con orígenes británicos, luego importado como técnica de articulación del poder a Estados Unidos con la Constitución de 1787. El esquema de Madison, inspirado en el modelo de la metrópoli, se basa en los presupuestos doctrinales de Sidney, Montesquieu y Blackstone, y se asienta en el conocido sistema de pesos y contrapesos, o de cheks and balances. Y parte de la idea de que el poder tiende por naturaleza al despotismo o a la concentración, y debe limitarse mediante una arquitectura de frenos institucionales dividiendo los poderes (“que el poder frene al poder”). La tríada de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) estaba, por tanto, separada; pero tales poderes no estaban separados rígidamente, sino que actuaban en un sistema de equilibrios, en el que cada poder vigilaba a los demás. Luego ese modelo se enriqueció con un sistema federal, en el que el poder no solo se distribuía horizontalmente, sino también de forma vertical o territorial entre la Federación y los Estados miembros.

Un tercer estadio de control del poder vino décadas después por la aparición de comisiones o agencias independientes, cuya finalidad era asimismo controlar el poder en ámbitos específicos o que requerían especialización (comercio, telecomunicaciones, supervisión financiera, etc.). Y, en fin, otro hito fue la implantación del Civil Service por la Pendleton Act de 1883, creado para superar la corrupción galopante derivada del spoils system en el siglo XIX. Ese Civil Service (función pública profesional), también actuaba como un contrapeso interno en este caso del Poder Ejecutivo. Todo esto es lo que pretende desmantelar Trump, desactivando buena parte de estos mecanismos institucionales de control del poder en los que se asienta el sistema estadounidense de checks and balances, lo que significaría el principio del fin de la democracia estadounidense, tal como la hemos conocido hasta ahora.

La débil y desviada aplicación del principio de separación de poderes en España

En España no hemos aplicado nunca ese sistema de división de poderes, sino el derivado de la Revolución francesa (y solo formalmente), que es de factura muy distinta; pues se basa en una separación formal rígida, sin apenas pesos o contrapesos (solo en 1812 el veto regio). En verdad, España reconoció en algunas constituciones la existencia de tres poderes (más bien “potestades”), pero nunca trasladó el modelo de equilibrio entre ellos. El Poder Ejecutivo ha sido prácticamente dominante siempre. El Parlamento estuvo falseado en su composición (fraude electoral) hasta bien entrado el siglo XX. Y el Poder Judicial, como tal, apenas ha existido hasta su proclamación formalmente en la Constitución de 1978. Existía una Administración de Justicia que ejercía funciones jurisdiccionales condicionadas por su dependencia del Poder Ejecutivo, esto es, del Ministerio de Justicia. Los órganos gubernativos judiciales no tenían autonomía (el CGPJ se crea en la CE 1978). Por tanto, no hemos tenido nunca, ni tampoco durante la vigencia de la CE de 1978, una cultura constitucional ni una práctica política inspirada en los sistemas de pesos y contrapasos en España. La España “constitucional” de los siglos XIX y XX, se construyó sobre bases del liberalismo doctrinario o de regímenes dictatoriales (periodos que abarcan más de 120 años), con una primacía del Ejecutivo. De aquellos polvos, estos lodos. Hubo cortos períodos de predominio del liberalismo progresista revolucionario, con peso puntual del Parlamento (como presunto órgano, que no lo es, titular de la soberanía) en el sentido rousseauniano o tal como fue concebido por los revolucionarios franceses más radicales, que dieron pie a la Convención y al final al predominio del Ejecutivo como comisionado de la Asamblea (1793-1794). Como bien expones en tu último libro (La pulsión nacionalista): “No se quita al rey para poner a Robespierre”. De ese nudo nunca hemos sabido salir. La política española ni entiende ni comparte los sistemas de pesos y contrapesos como alma del constitucionalismo liberal y como limitación del poder. Y ahí seguimos, en esa “España estancada” (Unamuno).

Separación de poderes y forma de gobierno parlamentaria: papel del poder judicial.

Nuestro modelo de separación de poderes nace, por tanto, del diseño aplicado por los revolucionarios franceses, a todas luces equivocado. Una separación rígida formal, con predominio inicial del Poder Legislativo (por la lógica desconfianza frente al absolutismo monárquico), pero que pronto cedió el paso a un Ejecutivo fuerte. Los revolucionarios franceses, a diferencia de los estadounidenses no percibieron que el Legislativo podía actuar también tiránicamente (Jefferson). El poder judicial era un poder neutro en cuanto no controlaba al resto de los poderes (tampoco al ejecutivo), solo resolvía controversias entre particulares, en la peor lectura de Montesquieu. Se le negó incluso la interpretación de las leyes: “la boca que pronuncia las palabras de la ley”. Solo podían aplicarlas (por desconfianza en los jueces del Antiguo Régimen). Además, la llegada de la forma parlamentaria de gobierno -trufada en España de corrupción electoral- supuso (como estudió Duguit) una adaptación profunda del modelo de separación de poderes, pues la mayoría gubernamental coincide, habitualmente, con la mayoría de la Cámara (Congreso), con lo cual los contrapesos se reducen a un plano formal y a determinadas reglas constitucionales que exigen mayorías reforzadas para determinados acuerdos. Con la técnica de la disolución, el presidente del Gobierno, además, tiene una prerrogativa de indudable importancia, pues “puede destruir a la criatura que le dio vida” (Bahegot) y, por tanto, disolver las Cámaras convocando elecciones cuando se le antoje (con limitaciones). Ese es el modelo actual de un parlamentarismo racionalizado (moción de censura constructiva) que refuerza mucho los poderes presidenciales (democracia de canciller) en aras a una (al menos en teoría) mayor estabilidad política.

El poder judicial en España ha estado históricamente atravesado por una dialéctica perversa: “politización” versus “corporativismo”, con idas y venidas en el tiempo. Nuestro poder judicial ha sido siempre más administración de justicia que poder judicial efectivo (aún quedan huellas evidentes de ello en el artículo 117 CE). Los jueces, siguiendo un modelo burocrático continental (Guarnieri), se conformaron como un cuerpo de funcionarios singular y dotado de importantes potestades, pero no tanto como un poder constitucional, sino más bien como poder corporativo. La organización del poder judicial culmina en el Tribunal Supremo. Pero, en este caso, el modelo continental de poder judicial (Francia, Italia, etc.) ha configurado, como herencia histórica, un Tribunal Supremo denso y extenso (en torno a cien magistrados), estructurado en compartimentos estanco por órdenes jurisdiccionales especializados (5 salas), a diferencia de los modelos anglosajones, sobre todo del estadounidense (9 jueces). Y, para complicarlo más, en los modelos constitucionales continentales se incorporaron tras el período de Entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial, los Tribunales Constitucionales como órganos constitucionales específicos, con una composición determinada por órganos políticos, pero con importantes funciones jurisdiccionales (control de constitucionalidad de las leyes y recursos de amparo, entre otras). En España, este órgano ha sido siempre colonizado por los partidos políticos. Esto no es nuevo. Lo que es más reciente es una colonización que antaño se hacía con mayor disimulo (nombrando como miembros a profesionales competentes) y ahora ha derivado en un absoluto descaro (con nombramientos de soldaditos del poder o de la oposición, con perfiles políticos y, a veces, con competencias profesionales muy discutibles). Además, puntualmente se manifiesta una tensión latente  entre el TC y el TS, debido a la forma que aquel ejerce en determinados momentos y asuntos clave sus competencias en materia de resolución de recursos de amparo, anulando  determinadas sentencias de la jurisdicción ordinaria.

Sistema elección gobierno de los jueces: El Consejo del Poder Judicial.

El poder judicial es el más débil de los tres poderes, pues no dispone ni de “la fuerza” ni el de “la bolsa” (El Federalista). Y, por tanto, salvaguardar su independencia e imparcialidad requiere un robusto estatuto constitucional que garantice su autogobierno y le proteja frente a intromisiones ilegítimas en el ejercicio de sus potestades y funciones constitucionales. Y eso no lo tenemos hoy en día en España, pero tampoco lo hemos tenido nunca hasta ahora. Esa cultura constitucional es ajena a la política española (de fuertes raíces patrimoniales y clientelares, que rechaza los sistemas de contrapesos). Con precedentes anteriores, tras la Segunda Guerra Mundial emergieron en Europa continental los Consejos de la Magistratura. Bajo esa premisa, se configuró en la CE de 1978 el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del poder judicial, pero que no ejerce funciones jurisdiccionales, y cuya misión principal es salvaguardar la independencia del poder judicial y evitar intromisiones del Ejecutivo o del Legislativo en su área de actuación. Pero la CE no estableció reglas fijas de composición del CGPJ, salvo en la elección (por 3/5 de cada Cámara) de los 8 miembros no togados. Previó 12 vocales de extracción judicial sin definir cómo se elegirían estos. Y aquí surgió el lío. Inicialmente, en 1981, los miembros judiciales del CGPJ se elegían por sus pares. Pero en la LOPJ de 1985 (un ejemplo de que Montesquieu había muerto en España antes de nacer) se estableció un modelo de elección política por el Parlamento. Con lo cual la intromisión de los partidos en el órgano de gobierno del poder judicial fue absoluta: tales partidos se repartieron por cuotas las 20 vocalías, eso sí aceptando obviamente que 12 serían jueces y magistrados. En tal grosero reparto participan activamente las dos asociaciones judiciales que son claramente correa de transmisión de la derecha (APM) o a la izquierda (JpD), esta última la más beneficiada por su baja representatividad y sus altas cuotas de poder que obtiene. Los jueces no asociados (entonces mayoritarios, hoy el 42 %) no entran en el reparto, tampoco el resto de las asociaciones judiciales. El modelo se modificó en 2014 (gobernaba entonces el PP por mayoría absoluta y no cambió de modelo), pero en esencia sigue siendo el mismo: el CGPJ se lo reparten sin pudor alguno (tras un bloqueo injustificable de más de 5 años) las dos fuerzas políticas mayoritarias, con alguna pequeña concesión a las minorías políticas. El CGPJ actual es, por consiguiente, un órgano de gobierno de los Jueces preñado de política clientelar y radicalmente ajeno a su esencia fundacional. Y la solución no es fácil, pues se enfrentan dos modelos tradicionales de la judicatura en España: el modelo politizado y el corporativo. Y el empate parece infinito. Las instituciones europeas (Comisión y Consejo de Europa) llevan años denunciando estas disfunciones, sin ningún efecto. El modelo europeo dominante aboga por la elección de los vocales judiciales por sus pares. En España a esas directivas/recomendaciones europeas se las escucha como si se oyera llover.  Cada fuerza política tira para sus intereses. Y solo un modelo híbrido (de muy compleja plasmación en un país clientelar como el nuestro) podría desempatar esta situación, pero nadie quiere ir hacia él, dado que es un camino difícil, pues requiere establecer órganos independientes e imparciales de acreditación de competencias profesionales, ámbito en el que España se mueve muy mal por esa concepción patrimonial de los partidos que lo fagocita todo.  

Reforma del acceso a la judicatura.

Hay, simplificando mucho, dos grandes modelos de acceso a la judicatura. El primero, es el anglosajón: el acceso a la judicatura exige un período de experiencia previa en el ejercicio de la abogacía y superar pruebas selectivas. El segundo, propio de los sistemas continentales europeos, es el acceso a la judicatura de recién titulados universitarios por medio de oposiciones o concursos con períodos de formación y prácticas antes de ser nombrados jueces. El segundo es el modelo de España, con algunas correcciones (4º y 5º turnos, que admite externos, en el primer caso ¼ de las vacantes). Los jueces de entrada en el modelo continental son, por lo común, muy jóvenes, sin apenas o ninguna experiencia práctica. El modelo anglosajón, por su parte, abre la entrada a la judicatura a profesionales que ya tienen, por lo común, más de 35 o 40 años. El modelo español surgió en 1870 como reacción a la escandalosa politización en los nombramientos judiciales durante el sistema político isabelino (1843-1868). Se diseñó entonces un sistema de oposición exquisitamente memorístico, para evitar que la discrecionalidad en la valoración de los méritos y capacidades se convirtiera en arbitrariedad, estableciéndose un sistema de bolas para seleccionar los temas sobre los que debía disertar el opositor. Ese sistema se consideró objetivo. Y se mantuvo, con algunos ajustes puntuales, hasta la CE de 1978. Y luego no hubo cambios sustanciales. Se incorporó un test de conocimientos jurídicos generales como primer filtro, para reducir el número de personas que pasaban a los dos ejercicios orales. No había, y sigue sin haber, un ejercicio práctico en la fase selectiva, cuando la función esencial del juez es aplicar derecho y por lo tanto interpretar y razonar o motivar sus resoluciones. Un caso paradójico, pues en el resto de las oposiciones a cuerpos jurídicos del Estado, en las CCAA y en los entes locales, el práctico es un ejercicio muy importante para acreditar las destrezas y conocimientos. Esa sacralización de las pruebas orales memorísticas como sistema “más objetivo” en los procesos selectivos, con los orígenes descritos, se ha enquistado, con la impronta de ser un sistema en el que prima exclusivamente la memoria y el “arte de cantar temas”. La inadaptación del sistema actual es obvia. Las funciones del juez pivotan siempre sobre destrezas interpretativas y aplicativas, así como especialmente sobre competencias lingüísticas escritas, determinantes en su quehacer profesional. Sin embargo, de todo ello no se les evalúa en la fase de oposición.

La reforma que propone el Gobierno pretende modificar ese sistema de acceso incorporando una prueba práctica y reducir los orales a un solo ejercicio, en solo una parte del programa o temario. Esto ha levantado las alarmas de la corporación judicial, en este punto -a mi juicio- sin razones de fondo, aunque sin duda tales desconfianzas nacen -tal como señalabas en tu pregunta- porque el actual Gobierno torpemente emprendió una irresponsable cruzada contra el poder judicial cuyos letales efectos de deslegitimación sobre el débil y destartalado sistema español de separación de poderes aún están por descubrir. Esta estrategia ha actuado como resorte para que la posición de la mayor parte de las asociaciones judiciales se hayan enrocad.  La reforma tiene puntos muy discutibles (centro de estudios judiciales que forma fiscales, como centro de preparación de jueces, etc.) y algunos “caballos de Troya” inaceptables (aplantillamiento de mil jueces sustitutos); pero honestamente creo que el modelo actual de acceso vía oposición a la judicatura requiere una adaptación e incorporar, al menos, una prueba práctica que evalúe las destrezas en la aplicación de las leyes y de argumentación o motivación de las resoluciones. La paradoja es que esa habilitación indirecta del Ejecutivo a interferir los procesos selectivos a la judicatura provienen del pasado: el Gobierno hace uso de la definición de los procesos selectivos conjuntos de jueces y fiscales (una atribución que nunca se le debió sustraer al CGPJ).

Lo que debía haber sido una mera reforma técnica del proceso de selección de jueces vía oposición (incluir una prueba práctica limando así la casi exclusiva primacía de las competencias orales), y que razonablemente debería haber sido propuesta incluso por el CGPJ, se ha convertido -fruto de la desconfianza recíproca entre buena parte de los jueces y el Poder Ejecutivo, pues aquellos ven en este un pretendido medio indirecto de control también de la puerta de entrada a la judicatura- en un choque institucional corporativo/político de trenes que incluso se manifestó en unas jornadas de huelga convocadas en su día. El tumor de la polarización política ha terminado afectando de lleno a la judicatura.

Lo aquí expuesto no gustará probablemente ni a “unos” ni a “otros”, pero la afirmación de que este sistema de oposición en el acceso a la judicatura está obsoleto (y se compadece mal con el que existe en otros modelos continentales europeos) es algo que ya defendí por escrito en 2001 (El acceso a la función judicial: estudio comparado, CGPJ). Y, hoy por hoy, no hay nada hay que me haga cambiar de opinión, sino más bien ratificarme en lo allí expuesto.  

NOTA: Si se quiere disponer de un marco conceptual más amplio (además de nuestro libro sobre Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones (Marcial Pons, 2016), por lo que respecta a España puede consultarse este libro en abierto publicado en 2023: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA

(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz. Reservados los derechos de reproducción)

4.- (Manuel Arias Maldonado) ¿Y por qué nadie parece dispuesto a emprender la modernización de la administración pública? A los votantes quizá no les consuele saber que hay cosas que han cambiado en ella para bien, probado que cuando hay una emergencia el sistema no funciona y uno solo puede ser atendido por un funcionario solicitando antes cita previa; por no hablar —aunque quizá este sea otro problema distinto— de las trabas burocráticas que aquejan sectores como la vivienda o de la captura partidista de la administración por medio de las figuras del personal de libre designación y otras formas de promoción interna. Tampoco los sindicatos parecen especialmente interesados en proceder a una modernización que, sin duda, haría mucho bien al país. ¿Crees que es un empeño quijotesco de cuya realización es mejor olvidarse?

Un país de espaldas a las reformas administrativas

(Rafael Jiménez Asensio) España ha sido un país incapaz de reformar su Administración y sector público. Y, como expuso en su día Michel Crozier, “todo sistema sobre el que no se interviene se degrada”. Y eso es lo que nos está pasando. En verdad, la tarea de reformar la Administración es muy compleja y se debe tener detrás un diagnóstico muy elaborado, una hoja de ruta muy precisa, esto es, visión estratégica y, sobre todo, liderazgo político y ejecutivo de primer nivel. Además, cualquier proceso de transformación serio del sector público implica un largo período temporal, al menos dos legislaturas o mandatos, lo cual, hoy en día, son unas condiciones nada fáciles de que se den (prácticamente imposibles). Asimismo, se exige una elevada capacidad de concertación política, sindical y ciudadana. Con esta política tan cortoplacista y polarizada que tenemos, unos liderazgos que solo piensan en mantener el poder o alcanzarlo (no se sabe muy bien para qué, salvo para mantenerse allí en su propio beneficio); y, en fin, con esta política liliputiense, estancada y nada audaz, invertir en la modernización del sector público es una línea de actuación por la que en verdad muy pocos políticos apuntan. Y, en serio, prácticamente ninguno, al menos en nuestro país.

En verdad, España, dentro de las tres grandes oleadas de reformas del sector público promovidas por las democracias avanzadas (reforma administrativa, modernización y transformación o Gobernanza pública), no ha llevado a cabo plenamente ninguna de ellas. El tren de la reforma administrativa (década de los 60 a los 80), lo perdimos desde sus primeros pasos. La reforma franquista de la Administración Pública, aunque holística y ambiciosa (mas no políticamente), fue un lavado de cara del régimen autoritario, también promovida para que la Administración no fuera un freno al Plan de Estabilización y el repunte económico del país comportara una cierta apertura tras décadas de miseria, abandono y autarquía. En los primeros años de la democracia, con una AGE en retirada por la emergencia de las CCAA y de sus AAPP, tampoco se quiso o se supo reformar la Administración del Estado, aunque se habló mucho de ello. Era el momento. Los partidos recogían entonces en sus programas electorales la reforma de la Administración. Todo quedó en agua de borrajas. Las entonces nuevas CCAA optaron por el isomorfismo administrativo de la AGE y nada nuevo aportaron. La modernización administrativa, proceso que comienza en el mundo anglosajón a partir del 1981 (hasta 2000) y se expande por las democracias occidentales y algunos países en desarrollo (Chile), se aplicó aquí con trampa, los elementos motrices de cambio de ese modelo (evaluación y gestión por resultados, y dirección profesional), no se aplicaron nunca; mientras que los de factura más neoliberal se terminaron trasladando a España con el primer Gobierno Aznar en 1996 (privatizaciones y externalización de servicios), y se quedaron con nosotros. Y de la Gobernanza robusta o transformación de las AAPP, como tercer estadio (2000-2025), hemos aplicado mal elementos estéticos (transparencia pública), hemos olvidado o ninguneado otros (integridad pública, digitalización inclusiva), se han aplicado de mentiras algunos más (Gobierno Abierto vs. Administración cerrada), y, en fin, los más trascendentales como la  Gobernanza intraorganizativa, pieza determinante para que la Administración funcione y preste mejores servicios a la ciudadanía, son objeto de reformas aparentes o inexistentes (planificación estratégica, redefinición y adaptación de las estructuras organizativas, alineamiento política-gestión, dirección pública profesional, administración digital efectiva, simplificación trámites, calidad normativa y gestión profesional avanzada de RRHH en el sector público). Sin abordar ordenada y holísticamente tales mimbres no se reformará en España el sector público.

Y, sin embargo, ¿algo se mueve?

Las AAPP no puede permanecer más tiempo como «agua estancada» (Francisco Longo), sin adaptar al volátil contexto sus estructuras, procesos y sistemas de gestión de personas. El coste para la prestación de servicios a la ciudadanía, que está en el ADN de la Administración Pública, es elevadísimo. Nadie se toma esto en serio.

Mas algo se mueve, al menos en apariencia. Bien es cierto que en estado muy embrionario. En el mundo local hay proyectos de modernización puntuales que están funcionando, más son pocos y materialmente muy localizados. Alguna Comunidad Autónoma está apostando tímidamente y con escasa energía y lentitud, bien es cierto, por la transformación de su sector público o, como es el caso de Andalucía, por enfoques legal-reglamentarios y con pasos muy tibios y timoratos (evaluación desempeño, carrera, directivos profesionales aún en el limbo, etc.). Los sectores educativo y sanitario ofrecen en las CCAA síntomas graves de agotamiento del modelo de gestión. Alguna otra comunidad ha cambiado sus procesos selectivos en la función pública general (“tipo MIR”: ingreso, prácticas/formación y prueba de acceso) y ha apostado por una razonable planificación estratégica (Comunidad Valenciana). Y, en fin, Cataluña ha lanzado un ambicioso programa de estrategia de transformación de la Administración de la Generalitat (CETRA), con una Comisión de Expertos y 12 grupos de trabajo, que ha presentado un documento de 50 medidas de reforma el 3 de noviembre de 2025. La CETRA ha sido dirigida por el profesor Carles Ramió y formalmente ha cumplido sus objetivos. Mas se juega todo en su aplicación y en la letra menuda, pues el diablo está en los detalles. Su línea de trabajo es muy ambiciosa, pues aborda prácticamente casi todos los aspectos del funcionamiento del sector público, pero solo trata al final uno crucial: la organización. Un talón de Aquiles de cualquier reforma. El anquilosamiento del modelo organizativo de la Administración y de su sector público (elefantiásico en Cataluña) es una rémora brutal, que debe ser presupuesto para la reforma. Desde el plano organizativo, sin embargo, tiene un valor añadido: una propuesta de Ley de creación de la Dirección Pública Profesional. Habrá que esperar a conocer su contenido. Pero ahí va más lejos que el Estado y otras CCAA, pues pretende (veremos los detalles) profesionalizar también las Direcciones Generales y órganos asimilados. En lo que a Administración y función pública respecta es una reforma que pone demasiado énfasis en las reformas legislativas (algunas heredadas) que se aprueben (aún como anteproyectos y pendientes de una larga e incierta tramitación en un Parlamento sin mayorías: la cámara catalana todavía no ha aprobado esta legislatura ni siquiera unos presupuestos).

Y, por último, la apuesta estratégicamente más elaborada, de incierto futuro (si es que se mantiene por el nuevo equipo), es la Estrategia Consenso por una Administración Abierta de la  AGE; un documento muy sólido con una visión holística y muy actualizada al marco de disrupción tecnológica al que se enfrenta el sector público, que fue liderado en su proceso de elaboración por la anterior Secretaría de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, como una hoja de ruta hacia la transformación de la AGE tras casi 50 años de inacción: Gobernanza de Datos, IA, nuevo modelo organizativo funcional y de puestos de trabajo tipo agrupados en áreas funcionales, redefiniendo algunos elementos de la función pública, políticas de inclusión, captación talento, etc.; y configurada a través de un modelo integral de gestión por competencias (superando el modelo burocrático actual), apostando por la integridad y la transparencia. Pero ese ambicioso proyecto tiene algún punto débil que lo pueden poner en cuestión: contexto político envenenado y polarizado, carencia de tiempo efectivo para su desarrollo (final de “legislatura”), falta de visión política y de aval político claro (el cese reciente y no justificado en sus motivos de la Secretaria de Estado que ha liderado ese proceso lo confirma), no articulación de medidas de transición, concepción rupturista y no evolutiva o transformadora gradual en algunas cuestiones centrales como son los procesos selectivos para el acceso a cuerpos y escalas en la AGE, especialmente en los cuerpos A1 (cuerpos de élite) y A2 (gestión), donde se pretende suprimir la oposición tradicional o clásica, de preparación externa o individual, y se opta por un modelo experimental trifásico de una prueba de ingreso a la escuela o instituto de cada cuerpo (que no examinaría de contenidos específicos del cuerpo); un máster selectivo-preparatorio de 2 años en el que se impartirán los conocimientos, destrezas y aptitudes exigidos para superar la prueba final (oposición) y que serían asimismo las competencias necesarias para desempeñar, en su caso, las funciones y tareas del cuerpo, esto es, las competencias específicas y transversales. Al máster ingresarán más candidatos que plazas); y, en fin, una prueba de acceso final, que será anónima (por tanto, se eliminan los orales) a cada cuerpo o escala con un tribunal permanente que ejercerá sus funciones durante 5 años. Tiene elementos no testados en sus resultados (el giro es copernicano), pues cabe intuir que, hoy por hoy, la AGE no tiene capacidades ejecutivas para ponerlo en marcha sin antes llevar a cabo experiencias piloto y fortalecer intensamente las unidades de RRHH y las escuelas o institutos de la AGE. Optar por un modelo integral de gestión de competencias, siguiendo la estela del programa COMPACT de la Comisión Europea, es acertado, mas muy complejo de aplicar el tránsito de un modelo de gestión burocrático-formal a otro radicalmente distinto de gestión por competencias. Pero, además, el nuevo modelo selectivo parte de una premisa discutible: en España ni el sistema universitario ni las AAPP tienen cultura de implantación de Másteres selectivos, en los que la tensión competitiva será muy difícil de mantener. Al margen de las objeciones puntuales, la iniciativa transformadora de Consenso por una Administración Abierta es, sin duda, la más ambiciosa del período democrático abierto en 1978. Aunque, por lo expuesto, todo apunta a que (y ojalá no sea así) morirá abrazada a quien con visión de liderazgo (no compartida por la política gubernamental) impulsó tal estrategia.

Respuesta a las cuestiones planteadas

a.- Efectivamente, la Administración no funciona porque carece de las capacidades administrativas mínimas para hacer frente a los problemas más críticos, y no ha apostado por transformarse y por reforzar su sistema de Gobernanza interna. Lo poco que funciona es por pura inercia, y además por ciclos (hay temporadas del año en que la administración está prácticamente sin actividad o con una actividad bajo mínimos, como semana santa y la semana de pascua, los numerosos puentes, los meses de verano (especialmente, agosto) y cuando se aproximan las navidades (desde el 15 diciembre hasta el 7 de enero). En esos períodos es muy difícil hacer trámites o consultas presenciales con la Administración Pública. No se olvide que dos de las mayores crisis de gestión de servicios y de respuesta de las AAPP como fueron la Dana y los incendios del pasado verano se produjeron en tales épocas. Pero la AGE ha mostrado también sus evidentes déficits de gestión ordinaria en ámbitos tan críticos como inmigración, ingreso mínimo vital, servicio público de empleo, políticas de protección de violencia de género, línea de alta velocidad, gestión de fondos europeos NGEU, u otros. Y, como no se pone remedio a estos problemas, volverán a surgir con fuerza, sobre todo en momentos críticos. Hay políticas que están hundidas, como la de vivienda que son un dislate por el cuarteamiento competencial (sin cooperación intergubernamental alguna); y con total inacción de los poderes públicos (nadie se hace responsable de nada). La etapa Covid19 también creó muchas disfunciones que hoy en día aún no se han corregido: cita previa obligatoria, trámites electrónicos para personas que no tienen competencias digitales básicas, teletrabajo extensivo y desorganizado en el sector público (46 %) frente a su limitado carácter en el sector privado (15 %). Todo ello provoca no pocas situaciones de desatención ciudadana. La digitalización de la AP no se puede hacer de espaldas a la ciudadanía. En el ADN de la AP está la prestación de servicios y la atención personal ciudadana. La pantalla es fría, no tiene mirada (ojos) ni tampoco empatía. Cuidado con esta digitalización tecnocrática (bots e IA) alejada de las necesidades de las personas, pues puede deslegitimar lo público más aún de lo que está. La gestión ordinaria de los servicios funciona también con altibajos y crisis que emergen en momentos puntuales, algunas de indudable gravedad (como las de los cribados en Andalucía). La bomba puede estallar en cualquier momento. Los políticos no son conscientes que, dado el abandono y la desatención de las políticas de transformación del sector público, están sentados sobre un polvorín, que cualquier día puede activarse. Y, cuando lo hace, no saben cómo reaccionar. Se paralizan. Tampoco tienen capacidades de respuesta, porque han preterido a la función pública profesional.

b.- La politización de la alta AP es una realidad enormemente grave y extensa en España y ahoga a la Administración profesional e imparcial. No hay estudios empíricos fiables; pero se puede afirmar que los niveles directivos más próximos al Gobierno son todos de libre nombramiento y remoción entre militantes de los partidos o personas afines (altos cargos y asimilados en el SP): son varios miles en las AAPP estatal, autonómica y local (probablemente entre 10 y 20.000). Los puestos de libre designación en la función pública en España pueden estimarse en varias decenas de miles en todas las AAPP y en su sector público. No hay Administración Pública en Europa occidental que tenga estos parámetros. Dahlstrom y Lapuente, en Organizando el Leviatán, identificaron que allá donde hay carreras cruzadas entre la política y la FP, y no carreras paralelas y aisladas, las AAPP sufre mayor parcialidad y corrupción, y son muchos menos efectivas en su gestión, pues la política fagocita e inutiliza sus estructuras de decisión, al cubrir tales niveles de responsabilidad con personas que carecen de las competencias requeridas para liderar esas unidades. Eso ocurre en España, pues quien quiere promocionarse a puestos o niveles directivos debe afiliarse a un partido o mostrarse muy complaciente con el poder. Nunca supimos construir una dirección profesional efectiva. Y seguimos sin hacerlo. El alto funcionario en España si dice No a un político haciendo uso de su criterio de profesionalidad y de su imparcialidad como principio estructural de la FP, se arriesga a ser cesado o removido de puesto. Es muy vulnerable a la política, a diferencia de otros países como el Reino Unido o los países nórdicos. Alemania y Francia tienen niveles directivos discrecionales, pero el peso de la política es infinitamente menor. Quizá, Italia se nos aproxime, sobre todo en las regiones y en el ámbito local de gobierno, al igual que Grecia, pues todos estos países mediterráneos tienen una cultura clientelar muy fuerte.

c.- El sindicalismo del sector público, que es hoy día la columna vertebral en cuanto afiliación de los sindicatos, es con una visión solo endogámica, en su mayor parte, renuente a cualquier medida que afecte al statu quo de los funcionarios y empleados públicos. En los últimos treinta años han obtenido (frente a un empleador débil) mejoras para los empleados del sector público reflejadas y blindadas algunas en la legislación (como la inamovilidad de facto del personal laboral fijo). Su único objetivo aparente (así lo expresaba torpemente un sindicalista en unas jornadas) es ordeñar la vaca pública hasta que no quede ni una gota de leche. No piensan ni en el ciudadano ni, pese a su retórica sindical, en los servicios públicos. Su receta es siempre la misma y única: si los servicios públicos no funcionan es porque hay poco personal, se trata por tanto de incrementar plantillas y mejorar las retribuciones y condiciones de trabajo de los empleados públicos. No se plantean nada más: ni la baja productividad en el empleo público, ni el mal funcionamiento de los servicios, ni la necesidad de implantar sistemas de gestión de la diferencia retributiva en función del rendimiento, ni nada de lo que suene a exigencia en el desarrollo de la actividad profesional. Su máxima es pagar igual a quien haga desempeños diferentes y promocionar siempre por antigüedad, haciendo funcionarios de carrera o personal laboral fijo a todo el personal interino, independientemente de cómo han ingresado y a ser posible sin pruebas objetivas de acceso. De ahí a una función pública absolutamente desprofesionalizada solo hay un paso. Y estamos a punto de superarlo. A nadie importa, menos a los políticos, que siempre compran paz social, más cuando se aproximan las elecciones (no se olvide que el colectivo de funcionarios/empleados públicos y sus familiares directos a su cargo pueden representar aproximadamente más de seis millones de votantes).

¿Es un empeño quijotesco reformar la Administración Pública?

Lo es, más aún hoy en día y con esta clase política depredadora que nos gobierna por doquier. En estos momentos la reforma tiene recorrido complejo. Como decía Manuel Zafra, las reformas imaginan un caballo de pura raza y de ellas sale un dromedario. Hay que optar por mejoras puntuales que vayan incorporando elementos de innovación organizativa y funcional, y así ganar terreno; pero siempre se pueden derogar o abandonar. Voluntad política de mejora muestran algunos gobernantes, pero a la mínima adversidad repliegan su impulso. Hay que tener un liderazgo muy fuerte o un consenso político amplísimo (mayorías absolutas, hoy día nada viables, y sostenidas en el tiempo) para empujar una reforma que implique transformaciones profundas y afecte a los intereses en juego. Si no, la reforma es inviable. ¿Conviene abandonar esa idea de reformar la AP? Creo honestamente que no, pues de hacerlo los servicios públicos irán empeorando (ya lo están haciendo) y se pondrá directamente en cuestión el papel de las AAPP. Luego no nos quejemos de que las cruzadas antiburocráticas y demagógicas que vienen del otro lado del Atlántico (EEUU; Argentina) terminen teniendo éxito también por estos pagos.   

(Imagen cedida por Fernando Escorza Muñoz. Reservados los derechos de reproducción)

“Empleomanía: Figurín de modas a que está adscrita la mitad por lo menos de los españoles” (Juan Rico y Amat, Diccionario de los Políticos, 1855, p. 179)

3.- (Manuel Arias Maldonado) En una novela bien conocida, como ya has expuesto, Miau, el escritor canario retrató sin ambages una administración pública esclerotizada y complaciente que representaba la mejor salida laboral posible para quien quisiera disfrutar del ocio sin ganar demasiado dinero. Ha pasado mucho tiempo y la administración pública española ha cambiado mucho. Sin embargo, vuelve a ser —si es que alguna vez dejó de serlo— la carrera predilecta de los jóvenes españoles, con la diferencia de que ahora se paga en ella un salario medio superior al salario medio del sector privado. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? ¿Y cómo valoras el impacto de la descentralización política sobre la administración pública, incluida la profusión de empresas públicas y entidades paralelas?

La empleomanía en la Administración decimonónica

Lo que se denominó, en su día, la empleomanía, no era una patología decimonónica solo española, aunque aquí se agravara por la existencia de una sociedad nada desarrollada. Esa vocación desmesurada por entrar en las nóminas de la Administración es muy bien retratada por Galdós, no solo en Miau, sino también en otras muchas de sus novelas. Los costumbristas decimonónicos españoles trataron el fenómeno de la empleomanía, pero también la pretensión de ingresar (en una muy reducida nómina) de cargos  políticos. Tocqueville, en un espléndido discurso pronunciado ante la Asamblea francesa en 1842 (El deseo de cargos públicos), se quejaba amargamente de que en Francia existieran tantas vocaciones para ocupar cargos y funciones públicas. Y concluía que habían triunfado los intereses particulares frente a los generales, pues el ingente número de solicitantes pretendía resolver por medio del favor o de las recomendaciones su situación existencial, pretiriendo los intereses públicos. Con una magnífica visión, Tocqueville hablaba de que el Gobierno que eso promovía optaba descaradamente por una política clientelar, también como fuerza electoral, apostando por una dicotomía que había que rechazar: la servidumbre y la corrupción. Y concluía que esas políticas minaban, enervaban y destruían a los propios partidos políticos, pues al fin y a la postre carcomían el sistema institucional y sus valores. Y sin ellos no podía haber Administración imparcial.

La Administración Pública del XIX en España era mucho más reducida que la francesa; pero construida con los mismos mimbres, mas de peor calidad. Tanto la Administración del Estado como como la local estaban corroídas por la política (en menor medida en los cuerpos especiales) y la búsqueda de un empleo público en una sociedad que apenas ofrecía alternativas para quien tenía estudios (bachillerato o derecho) se convertía en la única alternativa para llevar cabo una existencia de mínima dignidad, al menos mientras durase el empleo. La otra salida era dedicarse a la política. Bien es cierto que, por el sistema de cesantías, el empleo público era una profesión precaria, pendiente siempre de que los padrinos políticos siguieran en el poder. Y, además, no bien pagada; pero permitía subsistir en una España sin demasiadas opciones para esos, como así se denominaban entonces, proletarios de levita, que eran los empleados públicos.

Juan Valera, por su parte, describió sagazmente el fenómeno: “La empleomanía es un mal gravísimo, nacido de nuestra pobreza, de la abundancia de clase media sin oficio ni beneficio (…) Si se afirma y se repite que los que desempeñan los puestos (en la Administración y en la política) son ignorantes y tontos (…), no habrá nadie que no se juzgue capaz y digno de ser empleado (o político). El reloj de la oficina ganará el sueldo por él”. Los cargos y empleos públicos (“turrones”, los llamaba Valera, y el “comedero” Galdós) se obtenían, en consecuencia, por relaciones políticas, familiares o favores cruzados, casi nunca (solo, y con muchos matices, en algunos cuerpos especiales) por oposiciones. En suma, el favor estaba a la orden del día. Y eso fue así hasta bien entrado el siglo XX.

La gradual profesionalización de la Administración española durante el siglo XX

Esa inicial Administración desprofesionalizada se fue corrigiendo conforme el sector público necesitó profesionales más cualificados con el Estado intervencionista (finales del sistema de la Restauración, Dictadura Primo; II República; franquismo avanzado tras el Plan de Estabilización y la Reforma Administrativa), y el sector público fue creciendo desde una estructuras o dimensiones enclenques a una Administración cada vez más numerosa tanto en sus estructuras centrales como periférica, principalmente en el tardo franquismo. Paradójicamente la gran reforma administrativa que tuvo España, aunque también inaplicada, fue la del período 1956-1964 impulsada por López Rodó, con la vana intención de lavar la cara autoritaria y dictatorial del régimen. De ella vive en buena medida aún la Administración española (Crespo Montes: 1999-2001; Nieto, 2008).

La Constitución de 1978 abrió una expectativa de renacimiento de la función pública, pero no se desarrolló su artículo 103.3 hasta casi 30 años después, con el EBEP.  Mas esa ha sido una experiencia frustrada. Las reformas administrativas en la España democrática han fracasado. La función pública como institución quedó en manos de la política (empleador débil), del corporativismo y del voraz sindicalismo del sector público, que impuso gradual y silentemente unas condiciones laborales, incluso en algunos casos retributivas, muy por encima del sector privado. Los tribunales de justicia y esa esquizofrénica dualidad de jurisdicciones (contencioso-administrativa y social) para los asuntos del personal del sector público, no han hecho más que empeorar las cosas. Con este contexto, se ha generado desde hace unos años (2010, en adelante) un revival por obtener un empleo público. El pésimamente conducido relevo generacional en el sector público (por las jubilaciones en masa) está acelerando esa tendencia. Y ello por una razón muy simple: el sector público es un ámbito hiperprotegido frente a la precariedad laboral que ofrece el sector privado, y además con condiciones de trabajo habitualmente mejores. La función pública facilita la conciliación laboral (la vis atractiva en este punto es obvia), y se ha terminado generando una dualidad laboral (público/privado) que es una brecha muy grave y con efectos letales aún por descubrir. No deja de ser paradójico cómo CCAA donde la función pública había siempre sido residual frente al sector privado (como Cataluña y País Vasco, entre otras) hayan conocido en las últimas décadas una explosión de vocaciones (en ese caso “nacionales y lingüísticas”) a la función pública autonómica, puesto que ofrece de entrada mejores condiciones retributivas que las existentes el sector privado, y sobre todo garantiza una “zona de confort”, y exige muy poco. Si un recién graduado universitario interino alcanza los 40.000 o 50.000 euros anuales en el sector público de algunas de esas CCAA, apenas alcanzará los 30.000 euros en el sector privado. Sin embargo, la competencia por el talento depende de otras muchas variables, y aquí el sector público tiene todas las de perder: ofrece estabilidad, mas muy pocas expectativas de carrera y de crecimiento profesional. Hay excepciones a ese confort: ámbitos del empleo público en los que el estrés contextual es marcado por distintos factores que ahora no podemos tratar, como la educación (no universitaria) y la salud.

La institución de función pública, además, en las últimas décadas se ha roto en compartimentos estanco e incomunicados (apenas hay movilidad interadministrativa) y se ha bastardeado a través de su reencarnación en otra institución de perfiles más vagos y maleables como el empleo público, con un estatuto del empleado público; enunciado que muestra vergonzantemente cómo lo importante son las condiciones de los empleados y no la prestación del servicio público a la ciudadanía. El ADN de servicio a la ciudadanía no está ya en el centro de una institución de función pública degradada, y ello se ve agravado por una politización extensiva de la alta administración (lo que explica también la corrupción), un corporativismo endogámico de los empleados públicos, que solo piensan en clave de mejoras retributivas y de condiciones, una función pública que no atrae talento, salvo en determinados cuerpos de élite, todavía muy juridificados, un evidente déficit de titulados jóvenes en ámbitos STEM como la ingeniería, IA, informática, matemáticos, etc.; quienes optan por buscar trabajo primero en el sector privado donde las posibilidades de desarrollo profesional son mucho más amplias y, a mitad de carrera, cuando sospechan que pueden ser despedidos, amortizados o sustituidos por mano de obra más joven, acuden en tromba al sector público y se presentan a oposiciones o buscan acomodo como laborales o interinos bajo el paraguas público. En el cuerpo TIC de la AGE, por ejemplo, solo el 3 por ciento de los que ingresan son recién graduados universitarios sin experiencia.

La vis atractiva de la Administración frente al sector privado: el regreso de la empleomanía y la creciente desprofesionalización de la función pública.

En ese abigarrado y amorfo conjunto de subsistemas de empleo público, no hay evaluación del desempeño basada en la gestión de la diferencia, ni tampoco carrera profesional efectiva. Todo lo más hay sucedáneos autocomplacientes para los empleados dóciles con el poder político de turno: puestos de directivos o de libre designación, en los que la confianza política o personal estrangula al mérito y a la imparcialidad. Tampoco hay cultura de gestión de la diferencia (sino igualitarismo falso). La gestión de personas (RRHH) es el talón de Aquiles de todas las AAPP españolas. Y no han sabido nunca resolver ese sudoku.

Aun así, a pesar de este desolador panorama institucional, la función pública atrae hoy día, en efecto, a centenares de miles de vocaciones que preferentemente buscan aplantillarse de por vida en el sector público, por razones principalmente de comodidad existencial. Además, las CCAA pagan, por lo común, mucho más o bastante más que la AGE. Un puesto de trabajo C1, por ejemplo, en algunas Administraciones territoriales puede llegar a estar mejor retribuido en ciertos casos que algunos cuerpos A1 en la AGE. Las diferencias retributivas, en virtud del sacrosanto principio de autonomía de cada ente, establece unas diferencias a veces abismales para funciones o tareas similares e incluso mucho más complejas. Y lo del sector público, sea estatal, autonómico, foral o local, es, como vengo escribiendo desde hace años, la auténtica cueva de Alí Babá. Lo estamos viendo incluso ahora con el sector público estatal, que pretendía ser (ya no lo es) lo más serio del panorama institucional. La clave de este estado de cosas en un sector público institucional colonizado políticamente está, por un lado, en la enorme politización de las altas estructuras directivas de este tipo de entidades, muy bien analizada en su día por Hay Derecho en su Informe sobre el Dedómetro; pero también en unas reglas laxas, un control casi inexistente (los Tribunales de Cuentas, capturados por la política, no sirven prácticamente para nada, más allá de ofrecer buenas poltronas a los partidos y retribuciones generosas a los funcionarios que allí trabajan),  incapaces de identificar las irregularidades o abusos permanentes en la contratación pública y asimismo en la contratación de personal en las AAPP y en su sector público, que habitualmente ignoran o miran para otro lado. Y las Defensorías del Pueblo son, por lo común, una triste y cara broma: su control de la Administración y de sus irregularidades no pasa de dar meros pellizcos a un poder inmune a tales  rasguños. El panorama, con todo lo expuesto, no llama a la esperanza, sino todo lo contrario. Se va degradando día tras día. El fenómeno de la estabilización del personal interino (1/3 de las plantillas totales del sector público) ha abierto de par en par la Administración y su sector público a decenas o centenares de miles de personas, con competencias profesionales limitadas al puesto en el que han trabajado y sin acreditación previa de conocimientos y destrezas, a lo que se suman unas pruebas de estabilización, por lo común, hiperblandas, cuyo factor determinante es el tiempo de servicios prestados (eufemismo que esconde la pura antigüedad como interino), para acceder de por vida a las plantillas de funcionarios de carrera o personal laboral fijo, discriminando a quienes no pueden acreditar esos servicios. Y ese colectivo, así estabilizado, con tal déficit de conocimientos y destrezas, será el que dirija las Administraciones territoriales en las próximas décadas. La epidemia se ha extendido hasta el Poder Judicial, donde se prevé el acceso de más de mil jueces sustitutos (casi el 20 por ciento de la plantilla) por la puerta de atrás, según un proyecto de Ley gubernamental en trámite en el Congreso.

En suma, por responder a tu última cuestión, resulta obvio que la descentralización territorial, tanto en el plano autonómico como local, ha rebajado al infinito los estándares de exigencia de acceso a la función pública (muy marcados en los cuerpos de élite de la AGE, que ahora también se ponen en cuestión), ha creado unas Administraciones públicas y un sector público territorial con muy bajas capacidades administrativas (o de gestión), con una multiplicación del empleo público temporal como puerta de acceso ulterior a la condición de funcionarios de carrera o de personal laboral fijo, promoviendo en algunos territorios incluso el retorno a prácticas caciquiles (hoy día clientelares) que facilitan el acceso el empleo público a los amigos políticos o sindicales o a sus familiares. Además, se ha producido una intensificada y creciente politización de las estructuras de la Administración, con lo que la función pública (o el empleo público) se transforma en una institución vicarial, sin apenas autonomía funcional, y que actúa como refugio público «climático» frente a la adversidad del mercado (o del frío que hace fuera), por la inamovilidad de iure o de facto existente. La institución de función pública, a diferencia de otros países occidentales, apenas tiene capacidad de controlar a los políticos e incidir en las políticas públicas gubernamentales que están colonizadas por unas estructuras directivas superiores e intermedias  adosadas a la política, y cuyos miembros alcanzan esas posiciones con una acreditación de competencias inexistente o meramente formal; por tanto, con perfiles cuyo factor determinante es la confianza política y la lealtad perruna o inquebrantable hacia quien le nombró. El resultado de todo ello es una alta Administración ayuna de los principios de imparcialidad y de profesionalidad y de factura clientelar; así como nada estable (cambia con los Gobiernos y pierde «su memoria»). La Administración del Estado, que hasta fechas recientes padecía con menor intensidad esas patologías (aunque también estaban muy presentes), está orientando también en los últimos tiempos su modo de actuar hacia una politización cada vez mayor o más extensiva, con letales efectos en sus resultados de gestión y en el florecimiento de la corrupción, especialmente en el sector público estatal (empresas públicas).  Ese es el panorama que hay, aunque no sea muy halagüeño, precisamente.  .

2.- (Manuel Arias Maldonado) Te has ocupado, en particular, de dos figuras señeras de nuestras letras: el liberal-progresista Galdós y el liberal-conservador Juan Valera, a las que has dedicado sendos libros. ¿Por qué te han interesado, qué representa cada uno de ellos en la truncada historia del liberalismo español y qué vigencia crees que conservan? Galdós, a fin de cuentas, es el gran novelista de la nación moderna española y no está claro que conserve vigencia en este tiempo marcado por el auge de los nacionalismos periféricos y el intento por dar salida a un modelo confederal que se apoya en la idea de la «plurinacionalidad».

(Rafael Jiménez Asensio) Mi aproximación a los grandes literatos del siglo XIX español y a la percepción que tenían de España como un Estado Liberal fallido (no común en todos ellos), es consecuencia de una suerte de afán de divertimento, sin otro fin (pues estas cosas no las lee apenas nadie hoy en día) que comprender mejor el país y su política a través de esas miradas literarias. Fruto, tal vez, de mi edad tardía, intuía que los problemas endémicos de España para construir un Estado Liberal se centraban en la segunda parte del siglo XIX (1850-1898), cuando este país fue incapaz, una vez más, de seguir la senda de las democracias más avanzadas de Europa. Y partiendo de esa hipótesis, me puse a leer y releer la obra de esos literatos decimonónicos, sobre todo de aquellos que, amén de ser muy reconocidos (o, al menos, los mejores novelistas del momento), habían tenido una aproximación a la política o una participación más o menos intensa en ella. De ahí surgieron dos ensayos (El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su ‘cuarto oscuro’ en España, Catarata, 2023; Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones, Athenaica, 2024), y un tercero en elaboración sobre la figura de Leopoldo Alas Clarín y, en particular sobre su liberalismo democrático republicano de la España política de entonces, que se suma al liberalismo progresista de Galdós y al más templado o conservador de Valera.

Liberalismo progresista en el s. XIX: Política y Administración en Benito Pérez Galdós.

A Galdós lo estudié cuando hice la tesis doctoral, hace casi 40 años, sobre todo en un ámbito que es crucial para determinar las dificultades de construcción en España del Estado nación  como es la Administración y función pública. Galdós, inspirado por Mesonero Romanos y otros costumbristas del XIX, presta atención especial en su obra a la figura del cesante, al laberinto burocrático-administrativo y a la politización de las estructuras de la Administración, mas también al caciquismo; y nos muestra cómo todos estos fenómenos eran -la expresión es mía- obstáculos intangibles que, a diferencia de los citados obstáculos tradicionales, siguieron con nosotros aunque los regímenes políticos cambiaran, incluso radicalmente; llegando hasta nuestros días. En sus Episodios Nacionales, en efecto,se masca la impotencia y la tragedia de un país incapaz de ordenarse a sí mismo y de resolver sus problemas, también su Administración. Se cita mucho Miau, como obra representativa de Galdós sobre la Administración (por cierto, “inspirada”, incluso en el argumento, en la magistral novela de Balzac Los empleados); pero Pérez Galdós tiene muchas otras obras en las que la Administración y los funcionarios son protagonistas o decorado importante de su trazado novelístico. A mi juicio la más relevante es O’Donnell, un espectacular episodio que muestra la sangría de las plantillas de funcionarios como consecuencia del cambio de gobierno en el bienio progresista de 1854-56. Pero para conocer la Administración del período cabe citar también de La desheredada, La de Bringas, Cánovas y otras muchas.

Esa España de “los cesantes” puede parecer muy lejana; sin embargo, está mucho más próxima de lo que tantos ingenuos creen. Son patologías que se heredan, un legado envenenado. La España entonces (siglo XIX) era un país preñado de corrupción. Solo hace falta observar que el Conde de Xiquena, a la sazón ministro de Fomento, promovió en 1889 un decreto por el que se pretendía poner freno a las recomendaciones en el empleo público. Casi 30 años después hizo lo mismo Primero de Rivera y dos décadas más tarde el propio Franco. La llegada de la Constitución de 1978 atenúo algo las cosas, pero las recomendaciones siguieron existiendo, denominándose, con la llegada de la electricidad, gráficamente enchufes, y hoy serían expresiones de una digitalización patológica (por el “dedo” que las impulsa), fenómenos muy extendidos y muestra evidente que el Estado clientelar de partidos echó así raíces profundas, aún hoy muy vigentes.

La obra de Galdós no solo se proyecta sobre la Administración, sino que se extiende su foco a esa “política menuda” que nos invadía, con liderazgos marcados por los espadones o por representantes de notable mediocridad política. No tuvimos suerte con los reyes ni con los jefes de gobierno. Algunos, como Cánovas, con el patológico precedente del período isabelino (verdadera jungla caciquil), jugaron al ilusionismo político, a todas luces perjudicial, del turno político entreverado con el amaño o falseamiento electoral, abriendo un largo período que el propio Galdós definió espléndidamente como los años bobos del turnismo político restaurador. En fin, instituciones de mentira, a las que este país está muy acostumbrado. En estos momentos abundan. Por tanto, la vigencia de este autor en la política es imprescindible para conocer de dónde venimos y quiénes, con qué estilo y con qué malas formas, nos han traído hasta aquí. Mas su actualidad no acaba ahí: la pésima experiencia de la Primera República, tratada con cierta condescendencia por un Galdós ya republicano, no orilla su concepción crítica de un federalismo radical imposible de llevar a la práctica entonces y que hirió de muerte esa concepción republicana federal que, tal vez, planteada de otro modo y en otras circunstancias, hubiese sido una solución cabal. Esa prematura experiencia casi confederal, convendría no perder de vista que terminó como el rosario de la aurora. Galdós, ya con 70 años, militó en el republicanismo más templado del partido reformista de Melquiades Álvarez tras su tránsito por la Conjunción republicano-socialista en un duro contexto histórico (Semana Trágica de 1909). Pese a todo, fue don Benito un republicano liberal progresista y moderado.

Galdós pinta una España dividida en bandos preñados de sectarismo y con la misión fanática de negar al contrario, con una clase política sátrapa y corrupta en muchos casos, iliberal en sus actos, aunque liberal en sus programas, e incapaz de conducir al país a puerto seguro. El escrito canario fue un profundo analista político-institucional. Es verdad que se implicó poco en política (al ser un genio como escritor, fue muy avaro con su tiempo); pero siempre sintió pasión por ella. Las caracterizaciones y retratos que hace de los personajes reales de la política española del XIX son sencillamente magníficos, tanto de los desastrosos monarcas que nos tocó en suerte como de los políticos gubernamentales, la mayor parte espadones (Mendizábal, Espartero, Narváez, O’Donnell, Prim, etc.), por no hablar de los militares carlistas (Cabrera, Zumalacárregui, etc.). Galdós entrevera en sus novelas, principalmente en los Episodios Nacionales personajes de ficción con otros de carne y hueso. Y en lo que se refiere a la política y políticos españoles del XIX, por ejemplo, es imprescindible el episodio nacional Bodas reales (las cincuenta primeras páginas), donde lleva a cabo una descripción descarnada de los políticos españoles, sus ambiciones y miserias, incapaces de liderar al país, pero con una única ambición: gobernar todo el tiempo que fuera menester en beneficio propio y de los suyos. Otros muchos episodios nacionales se ocupan de la política, sobre todo los de la cuarta y quinta serie, cuando ya Galdós había abandonado el liberalismo monárquico y caminaba hacia el republicanismo o ya estaba en él, donde hace alarde de un interés mayor aún por la política en España, que se muestra en varias entregas. Galdós en sus últimos años fue elegido diputado republicano en 3 ocasiones. Frisaba los setenta años.

El liberalismo templado de Juan Valera en la España de los turrones   

Si Galdós fue un literato comprometido con el liberalismo progresista, la idea inicial que tenía cuando me aproximé a Juan Valera era analizar en qué medida su liberalismo más templado, en ocasiones de factura conservadora, ofrecía otra idea de España, de la política española y de la Administración. Pronto advertí que las diferencias políticas entre ambos no eran tan profundas, aunque si lo fueran en el plano personal, pues apenas se trataron durante tres décadas que convivieron en el sistema político de la Restauración. El libro de Juan Valera se fija menos en su obra literaria, a todas luces más corta que la de Galdós, y más en la atractiva y complejísima personalidad del escritor cordobés de gran erudición, vida mundana, políglota, muy viajado, diplomático y político durante más de treinta años, amén de un extraordinario y profundo ensayista y un inigualable epistológrafo. Para entender el siglo XIX español y, particularmente, el caciquismo político, la correspondencia de Valera (recogida en ocho tomos) es una fuente inagotable de información y anécdotas de necesaria lectura. Como escribió en El País Isabel Burdiel, tal epistolario es “la colección más interesante del siglo, difícil de encontrar en la España y la Europa de su época”. Juan Valera no vio el caciquismo ni la corrupción electoral y de la Administración desde la barrera, como Galdós, sino que durante casi treinta años fue un actor más de esa comedia, si bien con su mirada escéptica e inteligente, además con su sana e inigualable ironía.

La vida política de Valera no fue plana, sino, como toda su existencia, accidentada, pues transitó por el partido moderado, luego por la Unión Liberal y finalmente por el Partido Liberal de Sagasta. Valera desde su atalaya como diplomático y político, trató mucho a los líderes políticos del momento, e intenta triunfar en política, pero -como reconoció uno de sus mejores biógrafos, Manuel Azaña (a quien la figura de Valera le terminó fascinando)- era demasiado erudito y leído como para que fuera admitido en las filas de unos mediocres partidos políticos y hacer carrera allí. En verdad, siempre fue un verso suelto. Liberal a carta cabal, ya desde los 22 años, hizo de su defensa de la libertad religiosa y de creencias su bandera personal, atacando ferozmente, si bien con mucha inteligencia, al neocatolicismo, incluso defendiendo la libertad de expresión de los militantes de La Internacional, con posiciones muchas veces más extremas que las propias del liberalismo progresista. Pero era defensor a ultranza de un liberalismo templado y, a partir de La Gloriosa defensor acérrimo del sufragio universal (masculino), incluso llegó a ser valedor de la República (no de la Federal) frente a la restauración borbónica, que inicialmente no aceptó, oponiéndose a Cánovas, que era su amigo “literario” y que, en algún momento puntual, acudió en su ayuda (Embajada de Washington, donde, pese a ser nombrado por Sagasta, Cánovas le mantuvo).

Juan Valera, hijo de una familia aristocrática venida a menos, pero con buenas relaciones con el poder de la España isabelina (Serrano, Narváez, etc.), pronto se dio cuenta que en esa España de mediados del siglo XIX era imposible vivir de las letras, para las que tenía especiales cualidades. Parlamentario desde 1858, cuando abandona la carrera diplomática, escribió excelentes ensayos, se dedicó al periodismo y fue admitido con 37 años como miembro de la RAE. Luego vivió de “los turrones” (cargos institucionales) que sus amigos políticos desde el poder (primero los moderados, luego la Unión Liberal y finalmente el Partido Liberal de Sagasta) le ofrecieron, cargos administrativos secundarios (director general, subsecretario, consejero de Estado) o principalmente destinos diplomáticos de postín, como ministro plenipotenciario o embajador en Fráncfort, Lisboa, Washington, Bruselas o Viena. Su vasta y extraordinaria correspondencia nos muestra la tensión existencial que siempre tuvo Valera entre ser escritor, que lo fue siempre, pero de modo desigual, frente a las tareas más prosaicas, de las que vivió, de diplomático y político.

El liberalismo templado de Juan Valera no triunfó en las filas del moderantismo. En el fondo, a pesar de estar vinculado casi tres décadas al Partido Liberal de Sagasta, como bien escribió Gregorio Luri, el egabrense siempre fue un liberal conservador; aunque en verdad haya que matizar esa idea, puesto que los conservadores en España no siguieron las enseñanzas de Valera ni menos aún su liberalismo templado, puesto que este siempre les recomendó que huyeran del abrazo del oso de los neocatólicos (hoy los autócratas o iliberales). El conservadurismo español, preñado siempre de unas dosis de intolerancia y fanatismo, no consiguió desprenderse de esa influencia neo, que finalmente -como pronosticó Valera- terminaría devorándole. También fue incapaz de edificar un liberalismo templado y democrático homologable al existente en otros países europeos. Y la factura que ello legó al siglo XX fue larguísima, no solo para el propio conservadurismo, sino para el país. Juan Valera en su “invierno literario” (1895-1905) -como lo acuñó Jiménez Fraud-, ciego, jubilado y recluido en su domicilio, no dejó de escribir, “dictar”, siendo esa expresión literaria su “fe de vida”, como él mismo decía. “Murió escribiendo” su tercer ensayo sobre El Quijote por encargo de la RAE, como escribió Muñoz Machado en su monumental obra sobre Cervantes. En esos años finales, que siguió siendo académico de la RAE y senador vitalicio hasta su fallecimiento, se fue aproximando al “segundo” Maura, esto es, al que surge tras su abandono del partido liberal y su inserción en las filas del partido conservador, que ve como esperanza para un país en situación de profunda depresión existencial.

Clarín: Una visión republicana del fracaso del liberalismo en la Restauración  

En fin, esos fueron los motivos, grosso modo, por los que me adentré en el estudio de la obra político-institucional y burocrática de tales autores. Mas el panorama estaría incompleto si no tratáramos también el liberalismo republicano, que en su expresión literaria se entroniza en la compleja personalidad, desconocida por el gran público en esta faceta, de Leopoldo Alas Clarín. Era este un literato, catedrático de Universidad, político frustrado, pero reconocido en su época por ser un reputado y temido crítico literario y un incisivo y mordaz periodista satírico político. De esa multiplicidad de facetas, me interesa esa última. La mirada político-institucional de Clarín está recogida de forma fragmentaria y contingente en sus artículos periodísticos. Sus artículos periodísticos suman en sus obras completas casi ocho tomos de doce, aunque buena parte de estos son de crítica literaria, más un buen porcentaje, sobre todo al inicio y final de su carrera periodística, son de contenido político-institucional. Si se analiza esa esa abundante obra, como lo han hecho Lissorgues y Botrel, se advierte que Clarín era un periodista sagaz y mordaz, con una mirada inteligente, un conocimiento muy sólido y un bagaje de lecturas espectacular sobre las instituciones políticas, amén de un profesor con una robusta formación filosófica y jurídica. Sorprende su mirada crítica y descarnada del sistema político de la Restauración (anticipo de las censuras posteriores de la gente nueva y particularmente de los escritores de la generación del 98: Azorín, Baroja, Machado, Maeztu, Unamuno o Valle-Inclán, entre otros). No en vano Leopoldo Alas fue ya desde su tierna juventud (tenía entonces 16 años) republicano cuando se inició el sexenio democrático (1868). Se involucró en el periodismo de forma estable a partir de 1875, con 23 años, e inició una larga etapa de periodista en medios demócrata republicanos que se prolongó hasta principios de la década de los ochenta, donde gradualmente se fue alejando del republicanismo radical y aproximándose al republicanismo posibilista de Castelar, a quien había criticado duramente en los años anterioresen innumerables artículos. Permaneció fiel a Castelar hasta que el partido republicano posibilista se disolvió allá por el año 1895; pero se negó a ingresar en las filas del partido de Sagasta, pues nunca quiso aceptar la monarquía y fue republicano hasta su último suspiro.

La mirada política de Clarín es interesantísima, porque suma a las dos anteriores su inquebrantable compromiso republicano. Leopoldo Alas escrutó de forma inmisericorde en varios centenares de artículos y paliques la vida política del falseado sistema de la Restauración, con ataques furibundos a las fuerzas vivas del neocatolicismo y a los carlistas, e inquina especial hacia Cánovas (a quien trató en más de más de cien artículos y varios folletos literarios), pero también a Romero Robledo, a Sagasta y, cómo no, al ministro conde de Toreno, quien le cerró durante cuatro años el acceso a una cátedra universitaria. Mientras escribía la que ha sido calificada como la mejor novela del siglo XIX español, La Regenta, Clarín se enzarza en mil polémicas periodísticas y se enfrenta con su afilada pluma a quien se pusiera enfrente. Con particular encono se manifestó en contra de la gente nueva y la gente novísima (generación del 98), con la excepción de Azorín y Unamuno, a quienes respetó en sus primeros años literarios; no pudo ver cómo algunos de esos escritores que él tanto fustigó irían despegando con el paso de los años. Murió en 1901. Tenía 49 años.  Su hijo Leopoldo, también Catedrático de la Universidad de Oviedo y rector, fue fusilado por las tropas franquistas en 1937 por haber sido subsecretario en 1931, e hijo de su padre, que nunca fue bien visto en la levítica y tradicional Oviedo, como ha analizado con rigor Ricardo Labra (El caso Alas “Clarín”. La memoria y el canon literario, Luna de Abajo, Oviedo, 2021; una obra que me recomendó Leopoldo Tolivar Alas, y que merece leerse).  

Nota Preliminar: Esta serie de diez entradas que se difundirán en este Blog en los próximos días y semanas,  pretenden  ahondar en la exposición oral de las siete cuestiones  (y algunas otras que por razones de tiempo no se pudieron suscitar) planteadas por Manuel Arias Maldonado, en torno a la sesión que se celebró  el 24 de octubre, viernes, y  que tenía como enunciado España: y su reforma inacabada, en el marco   de las charlas -debate  sobre Pensamiento Político que, bajo la dirección y coordinación del catedrático de Ciencia Política antes citado,  se realizan en el Centro Cultural de la Malagueta (Diputación provincial de Málaga). El contenido de la citada sesión puede verse y escucharse en el presente enlace: https://cclamalagueta.com/eventos/espana-y-su-reforma-inacabada-con-rafael-jimenez-asensio/

Esta sesión pretende, como expuso el profesor Arias Maldonado, abordar el siempre abierto o inacabado problema de la modernización de nuestro poder público, imprescindible para la reforma de la sociedad española. Tal empeño recuerda al mito de Sísifo que evocase Albert Camus: tan pronto como nos parece que vamos a depositar la roca en la cima de la montaña, hemos de bajar a recogerla de nuevo. Todos los intentos por transformar nuestras instituciones públicas, la administración y su sector público, incluido ese poder judicial asediado periódicamente por las fuerzas políticas, han resultado inconcluyentes. Ese fracaso es hoy más doloroso que nunca, ya que la crisis financiera trajo consigo un impulso regeneracionista que hoy parece abandonado: la corrupción partidista y el clientelismo público han vuelto a acaparar titulares. Para hablar sobre las razones que explican el atraso relativo de España en este terreno, entre ellas la falta de una genuina tradición liberal, desgranando los problemas y esbozando sus posibles soluciones, me acompaña hoy Rafael Jiménez Asensio, a quien agradezco que haya aceptado mi invitación y nos acompañe hoy en Málaga.

Primera cuestión: Los frustrados intentos de modernizar España desde el punto de vista institucional y la falta de arraigo del liberalismo político

1.- Tu trabajo se ha ocupado de asuntos que volvieron a ponerse de moda durante la crisis financiera, en la cual se produjo un breve renacer del anhelo regeneracionista que persigue modernizar el funcionamiento del Estado y racionalizar la política democrática. Es una corriente que está ya presente en la ilustración española y que ha sido enarbolada por diversas figuras intelectuales y partidos, viéndose frenada sin embargo una y otra vez en los púlpitos y las urnas. Me refiero, claro, a la tradición reformista del liberalismo político: ¿Cómo dibujarías su trayectoria histórica en España y cómo explicarías su falta de arraigo en nuestra cultura política?

(RJA)En España el Estado Liberal ha tenido un encaje muy complejo. Y en su dimensión de liberalismo democrático también. Nuestra historia político-constitucional ha sido muy desgraciada y llena de accidentes. El país, pocas veces ha tenido el sosiego necesario para afrontar sus siempre aplazadas reformas institucionales. Mi tesis está someramente expuesta en un librito reciente: Instituciones rotas. Separación de poderes, clientelismo político y partidos en España: EN ABIERTO PDF LIBRO RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA , que actualiza para España un libro anterior que titulé Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, Marcial Pons, 2016). Aquel libro parte de que en España el Estado Liberal fue en buena medida una ficción: había instituciones liberales, pero su funcionamiento estaba cortocircuitado por el caciquismo político y una concepción patrimonial y oligárquica del poder. El liberalismo político apenas se asentó en las mentalidades y comportamientos de una clase política que decía creer en tales presupuestos, pero que no los practicaba. La triada clásica de poderes constitucionales del Estado Liberal (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) solo existía sobre el papel; en verdad, los dos últimos eran mera coreografía: el poder ejecutivo era el auténtico poder efectivo, conformado de forma bicéfala con una Corona intervencionista en política gubernamental y un Consejo de Ministros que ejercía como autoridad única de facto a través de que su presidente recibía los decretos de disolución de las Cortes expedidos por el monarca que permitían a un gobernante conformar mayorías artificiales a su antojo, pues los procesos electorales estaban totalmente falseados por la connivencia entre caciques, gobernadores civiles y ministerio de Gobernación (con ministros auténticos muñidores electorales: Posada Herrera, el Gran Elector; Romero Robledo, El pollo de Antequera, Gamazo, etc.). Eso fue así durante buena parte del siglo XIX y parte del XX, y tampoco se corrigió con la implantación temporal o definitiva del sufragio universal masculino, que tuvo corta vigencia en el sexenio democrático (1869-1873), y no se implantó definitivamente hasta 1890. Esa implantación, salvo en los grandes núcleos urbanos donde la falsificación electoral fue cada vez más difícil, sirvió de poco, puesto que los votos se seguían comprando. Lo expresó en términos diáfanos Clarín en uno de sus sagaces Paliques, al afirmar en 1896 (5 años después de la aprobación del sufragio universal) que, en verdad, esa reforma no había implantado el sufragio universal sino la cocina económica; esto es, “del principio un hombre, un voto; pasamos en España al  principio de un hombre, un plato”.  En fin, como es harto conocido, Joaquín Costa presentó en 1901 su Informe sobre Oligarquía y Caciquismo en España, donde se advertía que la Constitución material de España siempre había sido durante el siglo XIX la oligarquía y el caciquismo. Cambiar ese estado de cosas no era fácil, y lo cierto es que los políticos liberales españoles fracasaron estrepitosamente en ese empeño, pues directa o indirectamente terminaron conviviendo amablemente o con la boca pequeña con el caciquismo y todos ellos (o, al menos, la inmensa mayoría) practicaron los vicios propios del poder del momento: manipulación electoral, uso permanente del favor con sus amigos políticos, recomendaciones, prácticas de corrupción,  enriquecimiento personal y familiar desde el poder, amiguismo, nepotismo, clientelismo político, etc.

En ese complejo contexto, que llega hasta 1923 o 1930, según se mire, reformar era un verbo que apenas se conjugaba por el poder de turno. Ni se reformaron Constituciones (donde el adanismo y la recreación fueron la tónica), ni tampoco, salvo excepciones puntuales, las reformas legislativas proliferaron, ni mucho menos se llevaron a cabo reformas sostenidas en el tiempo. Hubo, bien es cierto, algunas reformas, especialmente en los cortos periodos de liberalismo progresista (1820-23; 1836-37; 1854-56 y 1869-73), principalmente de orden político-liberal (sufragio, derechos y libertades, poder judicial, etc.); pero también, más excepcionalmente, se hicieron reformas en los largos períodos de vigencia de gobiernos conservadores (organización provincial; instrucción pública; función pública, etc.); pero fueron reformas formales o duraron poco. En cualquier caso, no se puede perder de vista que el Estado Liberal español, que no se asienta formalmente hasta 1837-1840, se desarrolló principalmente bajo los auspicios de un liberalismo doctrinario, que había triunfado en Francia pero que este país abandonó por completo tras la Revolución de 1848, mientras que en España tuvo una impronta temporal mucho más larga durante el período isabelino (1843-1868) y el sistema político de la Restauración (1875-1923). Así, durante esos dos períodos, las bases doctrinales del sistema constitucional e institucional en España se asentaron sobre la concepción de soberanía compartida (Rey/Cortes) y de sufragio censitario (hasta 1890). El liberalismo progresista solo estuvo en el poder cortos períodos de tiempo y accediendo al poder mediante pronunciamientos; algo que se corrigió en el sistema político de la Restauración con esa falsa alternancia política que se denominó el turno pacífico. Construir con esos mimbres un firme Estado Liberal democrático sobre bases doctrinales se convirtió en un pío deseo. La historiografía española siguió usando la forma convencional de Estado Liberal, si bien resaltando sus enormes déficits. El historiador Luis Castells ha escrito recientemente sobre de ese Estado Liberal de papel (REP).

A las reformas se oponían siempre los obstáculos tradicionales (Corona, Iglesia, corrupción electoral), que se fueron diluyendo con la entrada en el nuevo siglo XX, pero algunos de ellos (Iglesia) revivió con fuerza durante las dictaduras primorriverista y franquista, ambas de marcado acento nacional-católico. Y el intervencionismo de la Corona alcanzó hasta 1923-1931, con las conocidas como crisis orientales y el funesto papel del rey Alfonso XIII, bien estudiado por Moreno Luzón en su imprescindible obra El rey patriota.  La corrupción electoral ya en declive duró hasta la Segunda República, en las que todavía algunas huellas de caciquismo estaban presentes. Este régimen político abordó la pretensión de cambiar en pocos años un país conformado durante siglos y medio. Y no lo pudo lograr ni tampoco le dejaron. Tras la caída del régimen de la Segunda República vino la larga noche del franquismo, un paréntesis de casi 40 años que dio lugar a un país hundido y en retroceso como patología sangrante en una Europa democrática tras 1945, que vivió la era de los treinta gloriosos años de despegue, mientras España seguía estancada en sus viejos demonios: el fanatismo y la intolerancia religiosa e ideológica. Un país, al parecer, irreconciliable entre sus dos mitades. Las elecciones democráticas en España no llegaron hasta la transición política y la Constitución de 1978. Este texto constitucional, hoy en día tan denostado, olvidado o simplemente preterido, con todas sus limitaciones, ofrecía después de mucho tiempo la posibilidad de asentar definitivamente un liberalismo democrático, sobre una base de convivencia. Era quizá nuestro último tren para modernizar el país antes de iniciar el siglo XXI en el que ahora estamos inmersos. Y España se modernizó, y bastante, pero no tanto su sector público ni sus instituciones que seguían hipotecadas por los obstáculos intangibles, a los que luego se hará referencia.

La Regeneración como corriente de reforma o renovación institucional, social y económica llegó muy tarde y sin fuerza. Es cierto que con el despotismo ilustrado de Carlos III, se produjo un momento crítico que parecía alumbrar un reformismo y un afán de mejora del país; pero las luces pronto se apagaron. La saga de monarcas fatales, con Carlos IV y su necio y peligroso hijo Fernando VII, hizo el resto. El final del absolutismo fernandino o de la primera guerra carlista parecían abrir ventanas a las reformas; pero pronto se cerraron. Tampoco el sexenio democrático (1868-1874) consiguió reformas estructurales firmes en el plano institucional. Hubo que esperar hasta los traumáticos efectos del Desastre de 1898, que conmocionó España y abrió un proceso de descomposición política que, hasta cierto punto, 127 años después, aún no se ha cerrado, para que la regeneración estuviera en boca de todos. Sin embargo, ese regeneracionismo finisecular, tras un empuje inicial, se diluyó sin prácticamente materializarse en nada. El régimen político de la Restauración, con unas instituciones degradadas, una política y unos políticos impotentes, ineficientes y alejados de la ciudadanía, se fue autodestruyendo a sí mismo, hasta abrir las puertas a una dictadura. En efecto, el regeneracionismo tuvo un saldo negativo. Su enfoque hidráulico (como escribió Clarín), auspiciado por el tándem Costa-Alba-Cámaras de Comercio e Industria, no dio con la tecla ni se asentó como corriente social pretendidamente apolítica, pero que pretendía hacer política. Las soluciones ulteriores de la revolución “desde arriba” de Maura y la utilización torticera de la figura de Costa con su solución del “cirujano de hierro” por parte de Primo de Rivera, terminaron por arruinar las soluciones regeneradoras que se quedaron prácticamente en nada (reforma local; limpieza electoral muy limitada; reforma de la función pública). Las élites políticas gobernantes, junto con la burguesía industrial, fueron incapaces de reformar prácticamente nada: mantener el statu quo fue su objetivo, aunque remozado con reformas aparentes. La Segunda República, en un contexto adverso, pronto se polarizó y tampoco consiguió llevar a cabo más que reformas puntuales (agraria, ejército, educación), pero que carecieron de continuidad y algunas de ellas fueron muy contestadas: la fractura política se fue abriendo y enconando hasta el golpe militar y la guerra civil subsiguiente. Las dos Españas, siempre latentes, estallaron en un país acostumbrado a dirimir sus diferencias por guerras civiles (3-4 en la edad contemporánea).

Tras el franquismo (1939-1976), la llegada del régimen democrático de 1978 comportó el retorno silente de la España clientelar, con unos actores protagonistas entonces: los partidos, preñados de una “cultura política llena de patologías heredadas”, que se fueron haciendo cada vez más omnipresentes conforme unos precarios partidos políticos en sus inicios fueron adquiriendo una fuerza cada vez mayor y un control más intenso de las instituciones con tendencia a expandirse no solo por el sector público sino por el mercado, como así ha sido. Los partidos de factura oligárquica o más recientemente cesarista, se convirtieron en los nuevos señores del poder y terminaron castrando al propio sistema democrático que les dio vida, rompiendo sus frenos de control del poder y apropiándose de sus instituciones, o con indisimulada vocación de hacerlo. Y, en cuanto a la pretendida regeneración institucional tanto los partidos viejos como los nuevos actuaron con un cinismo político propio de la política decimonónica, en la que España parece estar anclada.

“Las disposiciones amnistiando los hechos delictivos (cometidos en Francia entre los años 1989 y 1992) relacionados con la financiación de los partidos tuvieron un efecto desastroso, ofreciendo a la opinión pública la sensación -completamente exacta- de que los políticos estaban por encima de las leyes (…) El sentimiento general en la opinión fue de que esa autoamnistía se acordó para impedir, directa o indirectamente, a la magistratura cumplir la misión que le fue confiada por la Ley” (Donatella Della Porta)

Preliminar

Conforme pasa el tiempo y uno se va haciendo más viejo, adquiere la manía, como es mi caso, de volver a aquellos libros por los que antaño ha transitado. Ciertamente, no he llegado al punto que alcanzó el afamado liberal doctrinario francés, Royard-Collard, cuando escribió aquello de que “Je ne lis pas, je relis”. Mas la verdad es que se trata de una actividad muy satisfactoria e intelectualmente muy sana, siempre que las obras que se relean merezcan la pena, como sucede, por lo común, con los clásicos, a quienes hay que revisitar constantemente, y también en algunas ocasiones con quienes no alcanzan tal condición, pero les avala una sólida trayectoria académica.

Viene a colación lo expuesto porque este libro, dirigido hace 30 años por Donatella della Porta e Yves Mény, titulado La corrupción en Europa, sigue teniendo en España, paradojas de este país estancado en sus miserias, notable actualidad. Como le escribía irónicamente ayer en las redes al consagrado especialista en materia de corrupción política, el profesor Fernando Jiménez, en España dedicarse a esos menesteres académicos tiene “la ventaja” de que siempre que se habla por esta política cínica y mendaz de afrontar el problema de la corrupción lo es hasta que el cielo escampe, se olviden los desmanes y vengan elecciones, pues ya volverán esos o los otros a seguir el ciclo infernal y eterno de la corrupción: enriquecerse ellos y sus comisionistas, como escribió Clarín https://rafaeljimenezasensio.com/2025/05/25/la-regeneracion-politica-como-farsa/. La Regeneración en España es una palabra maldita, siempre que se invoca por la clase política hay que echarse a temblar, y taparse la nariz y los ojos, tanto por el hedor que se destila como por la mierda que saldrá a colación para enterrarse unos y otros en sus propias miserias.

Por tanto, otra ventaja que tiene en este país la bibliografía sobre corrupción, y en concreto este libro, es que apenas envejece. Siempre tiene un punto de actualidad, pues son los partidos, sus líderes y élites, quienes realmente no quieren cambiar nada, ya que se trastocaría su papel en esta comedia eterna o esperpento patrio de la política española. Y no ahondo más, pues la cuestión está abordada en la entrada anterior, publicada hace unas semanas.

Algunas ideas fuerza del libro: 10 tesis.

La vigencia de este libro es sobre todo desde el plano conceptual. Trata en un capítulo, no exento de interés, la corrupción en la España de entonces y su pasado franquista. Pero, aunque algo se dice, no se adentra en los verdaderos orígenes del problema que no son solo franquistas o actuales, sino particularmente gestados en el turbulento siglo XIX español. Sin ese análisis no se entiende bien la perdurabilidad del problema y sobre todo su irrupción con fuerza tras la Constitución de 1978, donde tras la restauración de la democracia paradójicamente vuelven, primero de forma silente y luego ruidosa, las acendradas prácticas clientelares y corruptas de la España “Liberal”, esta vez de la mano de unos partidos de cargos públicos, antes de “masas”, que gradualmente se hacen dueños del Estado y de sus instituciones, pretendiendo eliminar los pocos y débiles contrapesos que el sistema había ido (mal) construyendo.

Efectivamente, es la parte conceptual y las conclusiones del citado libro las que siguen manteniendo más actualidad en este país y en su política, que se caracteriza por su eterno enquistamiento. Por tanto, en materia de corrupción, aunque sea desolador decirlo, en España materialmente se ha avanzado muy poco. Y todas esas leyes aprobadas, también las recientes, lo han sido por empuje de la Unión Europea (Comisión Europea), del Consejo de Europa (GRECO) y de la OCDE. Mas son remedos formales, que incluso los propios gobiernos y los partidos que los sustentan, ahora y antes, sencillamente no se creen. Son leyes que se publican y apenas se aplican, por desdén presupuestario, ejercicio supino de cinismo, captura de las instituciones de vigilancia y control o simplemente porque quieren tener las manos libres quienes nos  gobiernan para dar rienda suelta a sus desmanes, suprimiendo o retocando groseramente, como se ha hecho en algunas Comunidades Autónomas, o tardando la intemerata en crearlos y siempre con bajo pulso y menor presupuestos (como en el Estado), los órganos de vigilancia y control de la transparencia e integridad, que no pasan de ser mentiras piadosas, que la letanía político-gubernamental y creyentes ingenuos repiten sin que nadie en su sano juicio se los crea.

Y ahí van, entre otras muchas, las 10 tesis de este libro que, con carácter general y seleccionadas de forma muy selectiva (por tanto, incompleta), siguen siendo aplicables a la política de este país, para bochorno del tiempo transcurrido, que no ha sabido sanar ni siquiera cicatrizar ninguna de ellas. Son apuntes telegráficos, aunque nos dan una idea del grado de anquilosis que la lucha contra la corrupción en España ofrece, planes fantásticos anticorrupción aparte, que sea airean cuando el hedor político ya es insoportable:

1.- El fenómeno de la corrupción en democracia surge, entre otros factores, por “la crisis de los partidos, la crisis de participación y la crisis de valores en el panteón occidental”. La tradición patrimonial, clientelar y nepotista sobre lo público en España, agravan el problema. Así se exponía en el capítulo dedicado entonces a este país: “El clientelismo es una práctica suficientemente arraigada en España para ser eliminada”. No lo ha sido aún. Tiene, como dijo el Conde de Romanones raíces muy hondas y gran vigor. Y arrancarlas implica cambiar radicalmente el modo de hacer política en este país, lo que los partidos ni quieren ni saben hacer.

2. “En numerosos países llamados democráticos la corrupción no es un problema marginal en sus dimensiones (ni siquiera contingente), sino que se trata de un fenómeno endémico (esto es, estructural)”. Lo negarán aquí una y otra vez los partidos y sus líderes, mas la realidad es muy tozuda y lo que emerge, en verdad, es, como en su día escribiera el propio Yves Mény, la punta del iceberg de la corrupción. Buena parte queda oculta, para siempre. Cuanto más se tarde en aceptar y abordar esa “cruda realidad” (en palabras del profesor Víctor Lapuente en la obra, también vigente, La corrupción en España), más difícil será para buscar alguna solución cabal (si la hay) al eterno problema de la corrupción.

3. Los autores manejan un concepto de corrupción que, en grandes líneas, es el que sigue: «La corrupción es el intercambio clandestino entre ‘dos mercados”, el político-administrativo y el económico-social. Ese intercambio viola normas jurídicas/éticas, sacrifica intereses públicos a favor de intereses privados, y permite a los actores privados el acceso privilegiado y oculto (o manipulado) a recursos públicos (contratos, financiación, subvenciones, determinadas decisiones), procurando beneficio material también a los actores públicos corruptos (sean estos personas físicas o partidos que gobiernan determinadas instituciones)». Como también exponen: “La pequeña y gran corrupción se manifiestan allí dónde el poder público decisor dispone de poderes discrecionales que le facultan, por ejemplo, para decidir, por ejemplo, cuál es ‘el mejor’ contrato”. Lo demás, casi siempre, consiste en “vestir el santo” de la decisión discrecional con ropajes formales que lo hagan presentable y que no se note o se disimule la arbitrariedad que puede haber detrás. Una práctica muy conocida y extendida por estos lares. ¿Y los funcionarios?

4. “La corrupción destruye los valores públicos y golpea el corazón de la democracia, subordina el interés público a espurios intereses privados, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega el principio de igualdad y favorece (para unos pocos amigos del poder) el acceso privilegiado a los recursos públicos”. Por causa de la corrupción, la destrucción tangible o intangible de los interese públicos, que son de toda la ciudadanía, es mayúscula. Los daños financieros al Estado y a sus políticas son inmensos (afectación directa a servicios públicos y prestaciones), y la mutilación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, brutal. Ni aún así lo entienden quienes nos gobiernan con su parálisis letal frente a la ingente corrupción.

5. “La corrupción ha crecido con la profesionalización de la política: esto es, siguiendo a Max Weber, por multiplicarse quienes ‘viven de la política’ y buscan extraer de ellas ventajas extrínsecas/materiales, frente a quienes (desgraciadamente, cada vez menos) viven ‘para la política’, y que de ella obtienen gratificaciones extrínsecas e ideológicas”. Como este punto ya lo traté en la entrada anterior, reenvío a la misma:https://rafaeljimenezasensio.com/2025/07/13/corrupcion-politica-y-partidos-en-espana/ Lo estamos viendo en los casos que aparecen.

6. “La carrera política de hecho figura, en primer lugar, como una vía rápida de movilidad social, utilizada muchas veces por ‘ex plebeyos’ y arribistas, cuyo objetivo (no confesable) es ascender en la escala social y que se plasma también en un tipo de políticos interesados más en enriquecerse ellos que en mejorar la propia política” (en la que están para vivir cómodamente de las prebendas y la púrpura que les proporciona). Otro efecto disfuncional de la “profesionalización” mal entendida de la política. También esas categorías nos son muy familiares en esta corrupción mal llamada “cutre”, que también nos anega. Pero el mal está muy extendido: hay muchísimos oportunistas metidos en los partidos, lo que muestra el declive absoluto de las élites políticas en España, cada vez peor preparadas competencial y moralmente.

7. “Además, otra motivación de los corruptos es la práctica de las puertas giratorias (y el tráfico de influencias) que permite a políticos y altos funcionarios utilizar información privilegiada y obtenida gracias a su posición en las instituciones para enriquecerse al mismo tiempo que a las empresas”. Esta vieja idea de los autores citados nos reenvía a otro contexto de potencial corrupción que ha estallado retrospectivamente en España, con raíces muy viejas y perversiones profundas por lo que implica utilizar posiciones institucionales de primer nivel para hacer lo contrario de lo que las responsabilidades públicas exigen, con presunto uso incluso de la capacidad legislativa o normativa para beneficiar a los amigos del poder.

8. También, “la corrupción política engendra la proliferación de personajes y estructuras de negocio que ‘de facto’ no son sector público ni tampoco mercado, al menos porque sus actuaciones van encaminadas a violar (sistemática o coyunturalmente) las reglas de funcionamiento del sector público o del propio mercado”.  En España y en sus Comunidades Autónomas, así como en sus entidades locales, tales actores interactúan con los poderes públicos, como son (algunos) despachos profesionales o empresas grandes o medianas de consultoría o de “asuntos públicos”, otros freelancers que median (con fines espurios) para obtener ventajas y recursos públicos en función de sus posiciones de privilegio con el poder.

9. “La imbricación Estado-mercado comporta asimismo que los éxitos empresariales no dependan tanto de su propia competitividad como, en no pocas ocasiones, de relaciones que se tejen con el Estado (en sentido lato). Hay empresas víctimas de extorsión y otras protegidas por políticos y partidos”. Tampoco esta idea es ajena a la España actual, ni mucho menos. La dependencia clientelar del poder económico en algunos casos del propio poder político, que cada vez interfiere más por cierto en la esfera empresarial privada, comporta o puede comportar actuaciones público-privadas que esconden casos de corrupción latente o silente.

10. En fin, los autores, al inicio de su obra hacen referencia a dos citas clásicas sobre el valor que tiene la democracia como sistema de gobierno. Así, exponen que Churchill dijo que «la democracia es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás»; por su parte, el profesor Norberto Bobbio afirmó más modestamente, pero certero, lo siguiente: «La democracia es un sistema mejor que aquellos que le han precedido y le han sucedido, hasta ahora». Lo cierto es que de seguir esta deriva imparable y cada vez más honda en España, la democracia puede morir ahogada por la corrupción. Y lo que luego emerja, abanderando cínicamente una lucha en la que no creen, será probablemente peor o igual de malo, pero ya sin libertades formales o en cuarentena. La noria de la corrupción en este país es infinita. Y no se trata tanto, como expuso Della Porta, del “fin de la ética republicana”, que también. El problema es que aquí ni siquiera hemos tenido nunca un Estado Liberal democrático de condiciones normales. Eso pesa, y mucho: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA.

Apostilla:

Quizá nuestros políticos han olvidado, si es que alguna vez lo han sabido, que el hundimiento de los partidos centrales del sistema en no pocos países democráticos, también europeos, provino precisamente de abrazar la corrupción. Hay que refrescarles de vez en cuando su frágil memoria.

“Políticos: Zánganos de colmena. Su oficio es andar de acá para allá zumbando y picando cuando no encuentran comida” (Juan Rico y Amat, 1855)

Preliminar

En un país con tanta inestabilidad constitucional, con  varias guerras civiles y dos dictaduras (sin olvidar el despiadado absolutismo monárquico en los comienzos del siglo XIX) y, en fin, que desde del Desastre de 1898 ha sido incapaz de articular territorialmente un Estado en clave de integración, la política tenía por fuerza que verse preñada de tan lamentable cuadro, requiriendo hercúleos esfuerzos para revertir tal situación. Y, en efecto, el desgarro político ha sido siempre -salvo los años bobos, en palabras de Galdós, del sistema político de la Restauración y las primeras décadas ilusas del régimen constitucional de 1978, hasta inicios del siglo XXI- una constante.

Durante todo este accidentado proceso de formación frustrada de un Estado Liberal Democrático, que nunca fue, los partidos, salvo honrosas excepciones, han sido en España el reflejo más tenebroso del cainismo político imperante, alimentado por una dialéctica de amigo/enemigo y de destrucción del contrario, primero mediante pronunciamientos o golpes de Estado, después a través de conspiraciones de cualquier tipo, y de juego sucio donde lo hubiera, hasta matarse entre ellos. Las reglas constitucionales y la arquitectura institucional y procedimental, eran (y son) formalidades vacuas. Y el sentido institucional, inexistente. Salvo muy cortos períodos de tiempo, los partidos han tenido una imagen pública muy deteriorada. En su contacto con el poder se han visto salpicados en asuntos turbios o en casos de corrupción muy graves, incluso arrastrando -ya desde el siglo XIX- supuestos de financiación ilegal de los partidos. Antaño “la recomendación y el favor permeaban las determinaciones del Estado” (Moreno Luzón), hoy -bajo la égida de los partidos- lo siguen haciendo.

Quebrar ese estado de cosas exige mucha entereza moral y no poca energía cívica, de la que han carecido -triste es decirlo- la práctica totalidad de los gobernantes en España. Los políticos no viven ajenos a la sociedad que los vio nacer y crecer, menos aún a unas patologías que tienen hondas raíces -como reconoció cínicamente el Conde de Romanones, cacique liberal para más señas- y que se han asentado con fuerza en este ecosistema político singular. Hubo algunos intentos de cambiar ese estado de cosas, pero se quedaron en anécdota. Así no se extrañen de que la imagen que tiene buena parte de la ciudadanía sobre tales organizaciones partidistas es que se hallan formadas por bandidos políticos, en terminología acuñada por Leopoldo Alas, Clarín; tendencia peligrosa por configurar la antesala de soluciones políticas dictatoriales o autocráticas. Realmente, si se analiza con rigor este problema, pronto se advertirá que nuestros males políticos y la forma de comportarse de esos actores vienen de muy lejos y que nadie ha tenido el coraje de enfrentarse con entereza a ellos.

“Prietas las filas”: Vivir “de” la política exige ser soldadito leal

La política en España está plagada de mentiras piadosas. Se dice, con no poca licencia, por ejemplo, que quienes ejercen esa importante actividad política son representantes o gobernantes de los ciudadanos, y que alcanzan tales responsabilidades por la confianza que estos depositan sobre aquellos. Bien se sabe que no es así, el desvalido ciudadano se limita, como acto supremo de la democracia vigente, a emitir un voto mediante una papeleta mediatizada por unos partidos que elaboran de puertas adentro sus listas cerradas y bloqueadas, en las que el ciudadano no tiene ni arte ni parte, ni tampoco (salvo en el Senado) podrá meter cuchara, y poca. A los cargos públicos los eligen los líderes de los partidos o sus subalternos, siempre que gocen de fidelidad perruna a las siglas y al respectivo mandamás (ahora acuñado también como “puto amo”). Una vez en el poder, si son soldaditos leales, nadie los mueve. El ciudadano menos: se los traga 4 años. No deja de ser sorprendente que 50 años después de la muerte del dictador, regrese a los partidos aquella vieja idea de “prietas las filas”. Ni hay democracia interna en los partidos, ni se la espera. Por ahí empiezan los problemas.

En estos momentos, para complicar más las cosas, la nota determinante de esa actividad llamada política consiste, con cada vez menos excepciones, en el bajísimo nivel de cualificación profesional y en los rebajados (cuando no ignorados cínicamente) estándares de integridad que muestran buena parte de esa larguísima nómina de políticos profesionales que pueblan la degradada y desvitalizada vida de los partidos políticos en este país, que son quienes nutren (con ejercicios aparentemente democráticos de tonos  plebiscitarios) de líderes a tales organizaciones; mas también de cargos públicos representativos/ejecutivos, directivos y asesores (que son legión). Todos ellos conforman el extenso número de responsables que viven de la política en este país: varias decenas de miles de personas que son -así se les llama- la “élite política” que nos gobierna o dirige. Son quienes llevan las riendas de España, de sus CCAA y de sus gobiernos locales. Con esa mayoría de abundantes zoquetes en el timón del barco institucional solo cabe decir: ¡Pobres de nosotros! Y cruzar los dedos para lo que pueda venir.

Dejamos aquí de lado a quienes todavía hoy -cada vez menos por desgracia- viven, como escribiera Weber, no de la política, sino para la política, con dedicación ferviente a la ciudadanía y a los intereses públicos. Son aquellos representantes o directivos públicos con un compromiso gestor y un ejercicio de sus responsabilidades ejemplar. Especie en extinción. Alguno aún queda, pero muy arrugado: la polarización no deja tener voz propia. Las voraces máquinas partidarias, en su versión más pobre y lapidaria, han borrado prácticamente de la faz de la tierra institucional a esas personas (que las hubo, y muchas) comprometidas con su pueblo/ciudad, con su ciudadanía, sus inquietudes o necesidades. Cada vez con mayor ahínco los partidos buscan aduladores sin decencia ni criterio propio (y cuanto más bajo sea el perfil, mejor) jovencitos o maduros ambiciosos sin apenas oficio que se asoman a la llamada del poder, a quienes prometen, un cursus honorum ascendente que les conducirá, con el paso del tiempo y si se portan bien, al Olimpo de la política y a las riquezas y púrpuras adheridas de esa actividad; esto es, a tener la vida resuelta. Que no está mal en estos tiempos que corren, además con retribuciones y condiciones de vida muy por encima del mercado y, sobre todo, de sus paupérrimas cualificaciones. Los pocos tecnócratas y profesionales cualificados que se asoman a la política, pronto perciben su regla de oro: entrar en el club selecto de los que mandan políticamente implica tener tragaderas infinitas, como cualquier otro militante de la causa.

Mas una vez en el cogollo de la política, unos y otros, sin embargo, advertirán que todo su papel consiste en ser simples voceros grises de unas cada vez más sectarias (y, con el paso del tiempo, menos representativas socialmente) organizaciones partidistas. Repetirán los latiguillos que cada mañana desayunen con sus asesores de esa comunicación de bisutería del respectivo partido. Y de ahí, si tienen suerte y caen de pie, tras chupar banquillo y arrimarse y adular babosamente al que manda, saltarán a instituciones más altas y así resolverán, como si de la pertenencia una sociedad de socorros mutuos se tratara, sus necesidades vitales para siempre, ad aeternum, si todo va bien. El partido les ayudará -siempre en la medida de sus posibilidades- en los momentos malos (oposición), como entidad benefactora que es de damnificados por la caprichosa ruleta de las urnas. La mal llamada profesionalización de la política es, quizá, el peor remedio para que el Estado democrático se asiente algún día en España; algo que, hoy por hoy, no se ha logrado.

La alternancia política es un eufemismo: solo cambian las clientelas en el poder.

Pero aún hay un problema más serio consecuencia de esta pésima política partidista enfermiza que nos anega. La tan cacareada alternancia política es, en verdad, un cambio radical y muy numeroso (pues la colonización política es extensiva e intensiva) en la nómina de los cargos públicos, directivos y personal asesor de las diferentes instituciones públicas. Cambian las siglas, pero sobre todo cambian las caras. Y emerge aquel estribillo de la canción de salsa: ¡Quítate tú para ponerme yo! La gravedad del asunto radica en dos cuestiones. La primera, el número de personas que es cesada y nombrada con cada cambio de gobierno, que es abismal, no solo en las estructuras de Gobierno y en la Administración Pública respectiva y su denso y extenso sector público, sino también, cuando toca, en los codiciados órganos “independientes” de control o supervisión en los que la vida es plácida, se cobra bien y se tienen garantizados unos buenos años (en algunos casos hasta 9) para comer un preciado turrón, como diría Juan Valera. Los puestos políticos se han multiplicado decenas de miles. Eso desprofesionaliza el Estado, creando una función pública vicarial y cada vez más en los márgenes: la política la ahoga, la asfixia.

Y la segunda, corolario de lo anterior, es que como hay tantos intereses personales por la supervivencia política, pues salir de la nómina pública es muy duro y los partidos han de hacer ejercicios malabares de corrupción “menor” para reubicar a los cesados en los presupuestos públicos, se buscan desesperadamente nombramientos en órganos de control, en el sector público o en plazas de empleados públicos designados a dedo o estabilizados mediante pruebas de paripé. La subsistencia exige, incluso, prostituirse como políticos, y echar mano de la corrupción más tolerada en España: hacer uso del nepotismo, amiguismo o clientelismo político, que también es corrupción, aunque algunos piensen lo contrario. Hay incluso quienes, en el sumun de la indecencia, cambian de bando para seguir teniendo protección pública frente a la hipotética indigencia.

Dicho de otro modo: engordar hasta la obesidad mórbida la nómina pública de cargos públicos de extracción política lleva aparejado que los partidos se hayan convertido en organizaciones de cargos públicos o de personas que aspiran a un cargo público. Cuando en una Comunidad Autónoma ser alto cargo comporta una nómina en torno a seis dígitos o ser miembro de un Consejo de Administración de una empresa pública otro tanto, algo serio pasa en la política de este país. Y si el problema es, como sucede, de supervivencia personal y familiar, la política se torna cruel con el enemigo político, al que se debe destruir como sea, pues les va en ello el pan de sus hijos. La alternancia política se convierte en lucha de supervivencia de unos políticos frente a otros. En ese juego mortal no caben contemplaciones. Involucran a la ciudadanía en las cadenas de escándalos para que tomen partido, y así mantengan o desalojen a quienes disfrutan del poder o entronicen a los suyos. El ciudadano es, en ese circo de la política, el necio útil de esa cadena de mentiras; por cierto, nada piadosas.    

No creo que haya que ser demasiado incisivo para concluir que en España hay una democracia formal, pero preterida por un comportamiento cada vez más oligárquico y clientelar de unos partidos políticos, que son imprescindibles para que el sistema constitucional y democrático funcione (artículo 6 CE); pero que, dado su acelerado proceso de degeneración orgánica y funcional, han terminado secuestrando las instituciones y abandonando su papel constitucional como organizaciones cuya esencia es garantizar la canalización de la voluntad popular y un funcionamiento interno democrático (hoy día inexistente), así como, last but no leats,  la obligación no escrita de proveer a las instituciones públicas de los mejores cuadros profesionales para que la dirección política y pública de cada nivel de gobierno sea la más efectiva. Tales tareas constitucionales y funcionales las incumplen con tesón. Los importa un pito que quienes nombran carezcan de competencia alguna en ese sector o ámbito de la actuación pública.

Un Estado clientelar de partidos, polarizados y sectarios, que es lo que hoy día existe en España, resulta una fórmula materialmente inhábil para garantizar instituciones de calidad democrática mínima y construir un futuro armónico de una sociedad cada vez más desintegrada, desgarrada y desarticulada, conformada por un adosado autárquico de instituciones públicas que, si bien muy presente en las instituciones centrales, también es muy visible ese deterioro en el ámbito territorial, donde el cantonalismo político, bautizado con ese otro eufemismo de la “España plurinacional” -disfraz posmoderno del viejo caciquismo territorial, que está regresando con fuerza, si no se corrige el tiro. Por si ello fuera poco, las demás instituciones, también las de control del poder, se hallan rotas en mil pedazos en estos momentos y contaminadas de esa “lógica clientelar”, que con su predominio anulas las funciones constitucionales/legales de esos órganos. (Ver, en abierto, un desarrollo de estas ideas en: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA)

Final

Llegados a este punto, que nadie se sorprenda del canibalismo que los políticos españoles muestran entre ellos, cada día con más énfasis; especialmente, con los que están en el poder o aspiran a tomarlo; pero también en sus propias filas, donde los empujones y navajazos tampoco son excepción. Se trata, no lo olviden, de un instinto de supervivencia política y, por tanto, personal. Está en juego algo existencial. De ahí, tanta pasión desmedida. La política en España no va ya de arreglar problemas inmediatos o estructurales, esa es la coreografía, sino de cómo llegar al poder y permanecer en él, como medio de satisfacer las necesidades de la altísima nómina de aspirantes o ejercientes a cargos públicos que los partidos deben proveer. La política española está preñada, en su peor versión, del hambre calagurritana, que es capaz de descuartizar a quien sea con tal de evitar, en este caso, que ningún tipo de regeneración se lleve a efecto (un fin, por lo demás, mucho menos noble que la respuesta al asedio de las tropas romanas adversas).

El enemigo de los políticos son, en verdad, ellos mismos, pero sobre todo quien pretenda cambiar las reglas de juego, al que -como cártel- destruirán de inmediato, pues les impide seguir sobreviviendo del sucio juego del poder. La política en España consiste llanamente en disfrutar las mieles del triunfo, y, cuando esto no es posible esperar con ansiedad indisimulada alcanzar el comedero público (presupuestos); y en ambos casos -esto es determinante- para repartir los consabidos turrones entre los suyos. Por eso la política y los políticos no cambiarán nunca en España, porque este modo de hacer política lleva con nosotros dos siglos y es, por tanto, estructural. Por eso tampoco nadie afrontará de cara la corrupción, pues en esencia es parte del modus vivendi de la política. Y así lo seguirá siendo para siempre. Nadie en este país ha sabido ni sabe hacer política de otro modo. No hay solución, por tanto. Y quien les diga lo contrario, miente. Siento darles esta mala noticia.

“Nadie es tan aficionado a contar escándalos y a hablar de chanchullos de los otros como aquellos que tienen fama de haber chanchulleado” (Juan Valera)

“Una sociedad que es un hormigueo de intrigantes, una agencia de destinos, un centro de corrupción e infames compadrazgos, una hermandad de pedigüeños” (Galdós)

«No debe concebirse el Estado como una gran matrona dotada de dos ubérrimas mamelas» (Alejandro Sawa)

En lo que afecta a la corrupción política, la realidad supera con creces la ficción. La novela, bien es cierto, ha hecho no pocas veces de notaria de esa lacra vergonzante que nos invade; pero, teniendo en cuenta que tales prácticas llevan con nosotros, cuando menos, dos siglos, los ejemplos de construcciones de ficción de esa vergonzante realidad que nos circunda siguen siendo más bien anecdóticos, al menos recientemente. Si exceptuamos las novelas de Rafael Chirbes, Crematorio y En la orilla, o la más reciente de Alicia Giménez-Ballart, La Presidenta, así como algunas otras menores cuyo hilo conductor es retratar corrupciones ya existentes, la ficción en España, a pesar de su persistencia en el tiempo, ha prestado una atención relativa a ese fenómeno. Y no es extraño: tiene difícil mejorar lo existente; el esperpento junto con la ambición desmedida, se abrazan inmisericordemente en lo real. Más reflejo tuvo en la literatura latinoamericana, entre las que destacan varias obras de primeros espadas de las letras. Sin embargo, en España, la ficción novelística se ve desbordada por una cadena interminable de casos de corrupción, que, como decía, cualquier imaginación desbordante que se precie se ve aparcada por la cutrez a veces, o la sofisticación aparente o, incluso, la maldad inherente en aquellas innumerables situaciones que expresan el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en este país llamado España, cuna universal del mundo occidental en la práctica del favor desde el poder, el nepotismo y el abuso de quienes nos gobiernan, así como en dar turrones a los amigos.

La literatura decimonónica también prestó una atención marginal a este fenómeno, salvo por lo que afectaba a la corrupción electoral, muy presente en muchas obras literarias del momento. Juan Valera, si bien no trató ese fenómeno en sus obras novelísticas, sí lo hizo tangencialmente en sus Ensayos (concretamente en su magnífica pieza titulada De la perversión moral de la España de nuestros días), y particularmente en su inigualable y extensa Correspondencia, donde deja testimonio varios casos de corrupción en España y, sobre todo, en Cuba, cuando estuvo de Embajador en Washington. Pero ya Galdós, en algunos de sus Episodios Nacionales y en otras de sus novelas (por ejemplo, El amigo Manso, La de Bringas, Miau u otras muchas más)sí que puso el dedo en la llaga de la corrupción entonces existente, tanto en el sistema isabelino como en la Restauración. Pardo Bazán, retroalimentada por el realismo galdosiano, también hizo aportaciones puntuales en clave de crítica social frente al caciquismo y la corrupción, si bien en el ámbito provincial. Así escribió: “El presupuesto, sobre todo en su sección de obras públicas, está ahí para que de su dorada pasta se corten trozos repartibles”. Aquí latía la expresión galdosiana (La desheredada), de que el Presupuesto nacional es «la expresión contable del Restaurante nacional». También en la idea que doña Emilia inteligentemente expuso en el debate sobre el Informe de Oligarquía y Caciquismo en España, de Joaquín Costa, en El Ateneo (1901), cuando hablaba de la Administración Pública como ese “rincón oscuro» en el que todo se teje en la sombra entre los interesados y sus espurios manejos (igual que hoy, a pesar de la transparencia).Pío Baroja, asimismo, incidió puntualmente en el mismo tema en alguna de sus entregas de Memorias de un hombre de acción o en alguna de sus novelas (Cesar o nada, por ejemplo). Tras el Desastre del 98 se multiplicaron las censuras, agrias o incluso desgarradas, hacia ese fenómeno de la corrupción, que encontraba amparo en las generalizadas prácticas caciquiles y oligárquicas de ese régimen restaurador en estado de absoluta decadencia. Valle-Inclán, Pérez de Ayala, Ciges Aparicio, y otros muchos se ocuparon de denunciar esa lacra. Mas hubo una voz que, si bien atemperada por el silencio de una disidencia nunca aceptada, se alzó sobre el resto.

Y, efectivamente, este escritor demonizado y sometido a la dura ley del silencio por su modernismo rupturista y su anarquismo irredento, fue quien puso los puntos sobre las íes, denunciando que la corrupción imperante en España tenía causas muy profundas, que hundían sus raíces en la historia. Ese autor maldito, que no lo empezó siendo, fue Alejandro Sawa; un escritor hoy en día olvidado, aunque los trabajos de Allen Phillips, Iris Zavala, Amelina Correa, José Esteban y otros, lo hayan poco a poco reconocido en su valor. Murió ciego, alcoholizado y pobre de solemnidad, echado en el rincón del olvido por el sistema oligárquico imperante, mas ensalzado, como Max Estrada, por su amigo Valle-Inclán en su magistral obra Luces de bohemia.

La vivacidad expresiva de Alejandro Sawa ahorra cualquier comentario, dejando claro, por ejemplo, que quienes se corrompían no tenían otra denominación que puros bellacos y truhanes; el problema es que en España eran legión:

“He aumentado mi galería de bellacos, tan prieta, que tendré que prensarlos para poderlos contener en un circo, grande como una plaza de toros, con un nombre más, el de Fulano Cualquier Cosa, gran señor de la truhanería andante”.

Ese “Fulano” hoy tiene nombres y apellidos conocidos (póngaselos el lector). Efectivamente, tal número de depredadores de lo público no cabían (ni caben) en un circo ni siquiera en una plaza de toros, tampoco entonces en una España donde el Estado era aún mucho más enclenque que el actual. Imaginemos cómo se han multiplicado las tropelías en este “Estado Social”, en el que los presupuestos generales del Estado se han multiplicado por miles y, por tanto, el “comedero galdosiano” o la España de los turrones de Valera se han multiplicado como los panes y los peces. Habría que habilitar, por tanto, varios estadios de fútbol para “prensarlos”, pues han crecido proporcionalmente los truhanes y bellacos, sin duda.

En otro artículo, donde Sawa denuncia la corrupción de todos los sectores públicos en la tardía España de la Restauración, su dura crítica alcanza verdadera dimensión escatológica. El dominio del lenguaje y su impacto gráfico por parte del escritor sevillano-malacitano era envidiable:

“Vivimos -decía- en pleno albañal, respirando emanaciones de letrina, formando parte de una cloaca. Harto lo barruntaban cuantos conservan íntegros la decencia y el olfato. Madrid es una ciénaga y el hombre que llega a adquirir aquí carta de naturaleza, un apestado … Se masca en el aire la corrupción de todas las cosas nobles o útiles de la vida, ideales, anhelos, esperanzas y gobierno, magistratura, milicia, clero, todo está, cuando no podrido, tocado de ese punto de descomposición que señala como el contacto con una formidable maldición histórica”.

No es una exageración -aunque lo parezca- trasladar esa imagen desgarradora y maloliente a nuestra España actual, o al Madrid en el que pastan los políticos y cargos públicos de ese monstruo presupuestario que se llama Administración del Estado y su putrefacto sector público empresarial, o ese apéndice aventajado que es el gobierno regional y algunos otros gobiernos autonómicos y locales, campeones en la corrupción o en tapar las vergüenzas, pues la corrupción no es solo cutre o de obra públicas, sino que puede adquirir faces variopintas y afectar también a la gestión irresponsable y a los nombramientos arbitrarios. Pues la corrupción no solo es negra, sino que también puede adquirir tonalidades muy distintas, que no la exculpan.

Otro escritor decimonónico, periodista y catedrático, Leopoldo Alas, Clarín, se empeñó en una cruzada personal, totalmente legítima, cuando le birlaron su cátedra universitaria, estando como estaba el primero de la terna. El ministro del ramo, quien debía efectuar el nombramiento, prefirió arbitrariamente la segunda opción, pues Alas, republicano toda su vida, se había significado como un periodista belicoso y crítico con el gobierno Cánovas, y especialmente con su presidente.  Así, Clarín escribió:

“La tisis electoral no es más que un síntoma de la corrupción general que gangrena la vida pública. Del mismo modo que se compran los sufragios, se compran puestos de registradores de la propiedad, de profesores, incluso se compran cátedras, títulos, cualquier cosa. El cacique es el primer ordenador de la corrupción provincial”.

De ese pésimo estado de cosas, el escritor “asturiano” concluía denunciando (y sangrando por la herida) esa corrupción silente y aparentemente de perfil bajo: “Cuando los profesores deben su cátedra al favor, no debe sorprender que luego apliquen procedimientos análogos en los exámenes (léase, hoy en día, “oposiciones” o en nombramientos arbitrarios de funcionarios, empleados o cargos públicos). Y Clarín concluía: “La cadena de la corrupción es infinita”.

Pero quien puso el dedo en la llaga de un problema secular y que nubla o ciega las mentalidades y el juicio de quienes nos gobiernan, así como de los beneficiados por ese banquete de imposturas y delitos tapados, fue Rafael Cansinos Asséns, en su memorable y recomendable novela (autobiográfica) Bohemia, quien centró magistralmente el problema de la corrupción en este país, al exponer, en boca de unos de sus personajes, que tal fenómeno no era otra cosa que una respuesta lógica a una moral colectiva que nadie cree, nada más y nada menos:

“Déjense ustedes de tonterías, queridos amigos la República se vino abajo precisamente por culpa de esos tíos austeros … ¿A quién se le ocurre quererse atraer al pueblo con esa moral catoniana? Más valía que hubiesen sido unos sinvergüenzas, pero que hubiesen sabido defender la República. A mí me gustan los tíos como Lerroux, que es un ‘bragao’ y no aspira a la historia como un modelo de virtudes. Por lo demás, aquí no hay reaccionarios ni progresistas; en el fondo, todos son lo mismo”.

Nada de moral catoniana: “¡Enriquecéos! –como expuso Guizot-: “Gocemos y luego nos civilizaremos”. Que para esto último siempre hay tiempo. La política cínica y mentirosa que nos invade, no entiende nada de moralidad ni de ética pública o integridad, les resultan nociones extrañas, como al personaje de Cansinos.  Esa moral católica, que aún permanece entre nosotros, está detrás, como expuso Aranguren, de esta vieja idea de Bergengrün, quien escribió: “La gran contradicción del mundo: las manos limpias no son fuertes; las fuertes no pueden permanecer limpias”. En este país, nos lo hemos tomado al pie de la letra.

“El déspota es un insensato que arranca cada día algunas piedras del edificio que le cubre”

(Barón d’Holbach, 1773)

“Los gobernantes malos son siempre, en definitiva, malos gobernantes”

(José Luis Aranguren, 1985)

Una vez más en estos años ha vuelto a saltar otro escándalo de corrupción política que mancha al principal partido del Gobierno, que llegó para regenerar la vida pública frente a la corrupción del partido gubernamental anterior y que ha caído en las mismas garras, sin hacer nada al respecto. Este nuevo caso pone contra las cuerdas a quien ha elegido a semejantes tunantes y depredadores de lo público, que han sido antaño sus más fieles colaboradores en las tareas políticas más opacas. Si eso era lo mejor que tenía el partido para dirigir la organización, apaga y vámonos. Ahora bien, por algo los nombró. ¿O no?

Mas si se trasciende un poco y se echa la vista atrás o se mira lateralmente, se observa cómo la corrupción en España es sistémica. Ha afectado prácticamente a todos los partidos de gobierno, y bajo su terrible manto se han cometido tropelías sinfín. La corrupción ha sido y es el característico estilo hispano de hacer política. Viene de lejos. Esa corriente de corrupción, que como el Guadiana aparece y desaparece si bien nunca cesa en su curso, tiene como sujetos privilegiados a los partidos que tocan poder, como mediadores/comisionistas a políticos de perfiles mafiosos y sin escrúpulos (que, al parecer, abundan) y como cooperadores necesarios a empresarios o personas que dicen serlo, cuando no a cargos públicos y funcionarios que miran para otro lado. Hay muchos casos de enriquecimiento personal de políticos, pero también de financiación ilegal de los partidos. Las instituciones de supervisión y control de este tipo de malas prácticas, no funcionan en España (son “decorativas”, según término del profesor Malem), pues están capturadas por amigos del poder y en el grosero reparto de sus poltronas los partidos obran como un auténtico cártel. Miren, por ejemplo, quiénes son responsables de la sección de fiscalización de los partidos en el Tribunal de Cuentas (dos personas designadas por los principales partidos; se pueden imaginar por qué). El Poder Judicial cuando interviene, es lento y a veces incluso poco efectivo, por tardío. Solo fiscaliza la punta del iceberg. En estos ya casi 50 años de un sistema autodenominado democrático, los escándalos se han multiplicado conforme los partidos, gobernantes y políticos iban concibiendo cada vez más al Estado “como una gran matrona dotada de dos ubérrimas mamelas” (A. Sawa) de las que se puede succionar todo en beneficio propio. Lo del interés general en la política española siempre ha sido un pío deseo.

La imagen que transmite la corrupción política es demoledora. El daño reputacional al sistema político constitucional, irreparable. La desconfianza y desconexión ciudadana hacia sus autodenominados “representantes” (de sí mismos y de sus intereses), es ya absoluto. Si bien, la docilidad de la ciudadanía española, incapaz de articular una resistencia cívica y democrática (por debilidad de la sociedad civil) ante tales saqueos, resulta un factor determinante para que esa cohorte de sátrapas que, protegidos por sus propios partidos, siga campando a sus anchas, sin que apenas se inmuten, mientras partidos y gobiernos hacen prestidigitación falaz con el relato apoyados por las milongas que cuentan sus respectivos periodistas palanganeros a sueldo y, en algún caso incluso, sus asesores con doctorado en ética del engaño.

Los llamados líderes políticos, sus actuales partidos endogámicos que actúan como sociedades de socorros mutuos, los políticos que ejercen de tales (con vocación de hacerlo durante toda su vida y nutren esa larguísima nómina estatal, autonómica y local) y sus amigos políticos, son los exclusivos y grandes beneficiarios materiales de la corrupción política sistémica. También los mayores enemigos del sistema democrático que dicen defender. El daño reputacional les es indiferente. Gracias a la corrupción alimentan su peculio o el de su partido, o benefician a familiares y amigos, empresas o periodistas voceros del poder de turno, que son legión. Si los políticos están en la oposición, la contingente corrupción les da recurrentes argumentos para pedir la dimisión del político gubernamental de turno y así cumplen esa aparente función democrática, que no es tal; pues antes, ellos o sus predecesores, hicieron lo mismo. Y luego, cuando alcancen el poder, volverán a las andadas. Pero esa corrupción no es solo estatal (la más visible), también tiene tentáculos muy largos en las Comunidades Autónomas y en las entidades locales. Y no digamos del sector público empresarial y fundacional, que es la cueva de Alí Babá de la política, como estamos viendo un día sí y otro también con escandalosas noticias.

Muchas veces, es una corrupción gris (o menos llamativa), pero persistente y letal. Cuando se nombran absolutos incompetentes para dirigir un departamento, dirección general o empresa pública de un Gobierno, también hay corrupción, pues los efectos diferidos serán brutales y alguna vez incluso con terribles consecuencias personales y patrimoniales (Covid19, Dana Comunidad Valenciana, etc.). Asimismo, quien designa a personas marcadamente parciales (miembros de su partido, exministros o ex altos cargos, familiares o amigos) para cubrir cargos en instituciones de supervisión, control, etc.) o que carecen de las cualificaciones requeridas, está corrompiendo el sistema institucional y vaciando su sentido y razón de ser con fines marcadamente espurios, cuando no iliberales. Contratar a personas por nepotismo o manipulando los procesos selectivos, es igualmente corrupción. Ni que decir tiene que todas estas prácticas y otras muchas más, se han ido instalando y agravando cómodamente en el actuar de los distintos niveles de gobierno, de quienes los dirigen, de unos medios de comunicación duros con el enemigo y complacientes al máximo con los amigos políticos, así como permitidas indolentemente por una ciudadanía que, si bien parece escandalizarse, nada hace por evitarlo.

No hay nada más cínico en la política española que el lema de tolerancia cero frente a la corrupción, que airean los políticos cuando el enemigo se ve incurso en un caso o cuando el lodo les cerca en casa propia. Ni se lo creen, ni se lo han creído nunca, ni se lo creerán. El movimiento se muestra andando. Y ningún partido de gobierno, tampoco quienes gobiernan, hizo nunca nada por atajar la corrupción. Les gusta mirar al otro lado o invocar la vergonzante expresión “y tú más”. Como si tener algo de mierda menos en tu sucia casa te diera patente de limpieza.

La corrupción política es hija primogénita del Estado clientelar de partidos, que hoy en día ya es el sistema efectivo de gobierno en la España “constitucional”. Mas la corrupción también estuvo totalmente presente en regímenes absolutistas o dictatoriales (en los que la concentración del poder evita cualquier control). Frente a quienes piensan que la corrupción política es un mal del sistema democrático o de aquellos que sitúan sus orígenes en el franquismo, cabe constatar que esas prácticas corruptas son, al menos, consustanciales a la práctica política de la España de los siglos XIX, del XX y del actual XXI. En este país la oligarquía y el caciquismo, primero, tanto del sistema político isabelino como en el de la Restauración (la “España de los turrones”, que diría Juan Valera), con el paréntesis del sexenio democrático (que tampoco mejoró las cosas en este punto), y luego las expresiones autoritarias o dictatoriales (que en el siglo XX español alcanzaron casi medio siglo), fueron caldo de cultivo de una configuración de lo público como patrimonio del partido vencedor. El Estado de partidos que nace en el período de Entreguerras, en España se retroalimenta de los vicios caciquiles y de la concepción patrimonial del poder, que vuelven con fuerza estas últimas décadas: quien lo obtiene, reparte turrones entre los suyos. Las mordidas -vía la figura esperpéntica del comisionista– se han instalado en el ámbito de la contratación pública (la verdadera tarta de reparto de la política española) y allí actúan sin rubor alguno políticos chabacanos. Esta lacra parece haber adquirido carta de naturaleza, a pesar de una regulación normativa de contratación pública exhaustiva, mastodóntica y pretendidamente garantista, mas también poco efectiva, que es incapaz de evitar que las adjudicaciones se sigan haciendo en muchos casos con ese sesgo partidista o patrimonial en beneficio de intereses espurios. La pregunta es cómo en un sistema de contratación pública “profesionalizado”, “transparente” y de pública licitación, también “íntegro” dice la ley (mejor dejémoslo), la adjudicación de contratos públicos sigue siendo el lodazal en el que chapotean cómodamente políticos sin escrúpulos. Y mejor ni pensar sobre qué puede estar pasando con la contratación pública en la gestión de fondos europeos. Los planes de medidas antifraude tapan con tiritas una profunda herida gangrenada. La desactivación partidista de los sistemas de control, y la deconstrucción de la función pública profesional en España, junto con la mastodóntica configuración de un incontrolado sector público empresarial (el patio trasero, que nunca se debe mostrar, de la política española), pueden ofrecer algunas respuestas.

La corrupción no solo mina el ya ínfimo crédito del que gozan hoy en día la política y los políticos, sino que también devasta las instituciones democráticas anulando este calificativo. Su generalización abre las puertas a soluciones autocráticas como presunto remedio salvador. Ya pasó hace poco más de un siglo, y nadie nos dice que, con otro formato, no vaya a pasar ahora. Con esos comportamientos políticos devastadores de lo público se multiplican las expresiones más extremas. El régimen constitucional de 1978 está cavando su fosa con la letal vitalidad del Estado clientelar de partidos, con un corporativismo rancio que nos lleva a tiempos pretéritos, y con unas instituciones rotas (Ver, en abierto: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA). La corrupción política representa el batallón de termitas que mina desde dentro del sistema institucional y constitucional español.

Si los partidos siguen empeñados en mantener durante toda su vida a esa legión de políticos amorales,  que solo saben vociferar al enemigo y vivir cómodamente de los privilegios y de la púrpura de la política, en ver pasivamente, además, cómo algunos de sus militantes y cargos se enriquecen con medios ilegales o adoptan conductas esperpénticas y nada ejemplares (contratar servicios sexuales, organizar fiestas del estilo más cutre), el caldo de cultivo para que algún (partido) redentor y demagogo de factura autoritaria se haga con el poder, es evidente.

También se puede dar el caso de que este hedor corrupto, cada día más insoportable, sirva como medio para vendernos una regeneración desde el poder, realmente una farsa, de la que hay que desconfiar siempre (Ver: :https://rafaeljimenezasensio.com/2025/05/25/la-regeneracion-politica-como-farsa/) ¿Cómo van a regenerar quienes son los causantes y actores directos de tales males? Provenga de quien gobierna o de quienes le sucedan. Nos han vendido tantas veces la burra de la regeneración, que es esta una expresión absolutamente quemada. En esta España sin pulso ciudadano, de periodistas por lo común banderizos y políticos cada vez (duele decirlo) más indecentes, pónganse en lo peor. Y prepárense para lo que vendrá después, retroalimentado por tantos atropellos. Les han dejado el terreno expedito y el país sin frenos para  que asalten el poder a su antojo y pongan en jaque, más aún, al Estado democrático. Bonito futuro que nos espera.