CASTILLO DE NAIPES. LA FRAGILIDAD INSTITUCIONAL DE ESPAÑA

Edita Tirant lo Blanch, colección Ágora, València, 2026. Autor: Rafael Jiménez Asensio

“Toda política democrática debe ser concebida en función de instituciones impersonales. El problema del control de los gobernantes es, en esencia, un problema institucional; en pocas palabras, el problema de idear instituciones capaces de impedir que los malos gobernantes hagan demasiado daño”

(Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, 1992)

“Los fallos institucionales -y la desconfianza que generan- son consecuencia de que una serie de personas no logran estar a la altura de las expectativas que se atribuyen legítimamente a sus puestos de responsabilidad. Cuando las instituciones fallan, quienes fallan en realidad son seres humanos de carne y hueso, y no unas abstracciones mentales”

(Hugh Heclo, El sentimiento institucional, Paidós, 2010)

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.

I.- LIBERALISMO POLÍTICO E INSTITUCIONES EN ESPAÑA.

II.- SEPARACIÓN DE PODERES Y PODER JUDICIAL.

III.- EL BORRADO DEL PARLAMENTO: LA QUIEBRA DE LAS FORMAS DEL PODER.

IV.- LA TRANSFORMACIÓN (IMPOSIBLE) DEL SECTOR PÚBLICO

V.- PARTIDOS E INSTITUCIONES DE CONTROL

VI.- LA CORRUPCIÓN QUE NUNCA CESA.

VII.- LAS DISFUNCIONES DEL ESTADO AUTONÓMICO

PRESENTACIÓN

En las primeras décadas del siglo XX, Larra escribió que España tenía cuasi instituciones. Décadas después, Galdós hizo reiteradas alusiones en sus Episodios Nacionales a la idea de que sin sólidas instituciones España nunca saldría adelante. Un diagnóstico premonitorio que se anticipaba en más de cien años a la Agenda 2030, que en su objetivo de desarrollo sostenible 16 partió -como es sabido- de la necesidad de que los países apostaran por instituciones sólidas, es decir, por una Buena Gobernanza. A esta idea también se refirió la Comisión Europea, al defender que sin calidad institucional los estados miembros no podrían afrontar los retos de futuro que este siglo XXI exige. No cabe insistir que sin ese fortalecimiento institucional la legitimación de los poderes democráticos y la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes se desmorona. Algo de eso está sucediendo en nuestros días. Las democracias liberales europeas, y la española (por razones obvias) de forma más aguda, se hallan en una compleja encrucijada. La desconfianza en la política ha hecho mella en las instituciones. Y nadie sabe cómo salir de este círculo vicioso. La política española en los siglos XIX y XX permaneció ajena a esos cantos de sirena de mejora institucional, y en el siglo XXI, a pesar de la retórica gubernamental, tampoco se ha sabido dar con la tecla para reformar cabalmente el dañado y preterido ecosistema institucional.

En España, la aprobación de la Constitución de 1978 y el posterior ingreso (1 de enero de 1986) en la Comunidad Económica Europea (luego Unión Europea), representó, por fin, la hora de construir unas estables y sólidas instituciones. Y, aunque no sin dificultades, las instituciones de la esperanzada España democrática se fueron edificando y comenzaron su compleja andadura. El sistema institucional, además, se fue enriqueciendo con el paso del tiempo. Los primeros pasos de esa construcción institucional fueron razonables. Mas los partidos políticos, inicialmente débiles, volvieron gradualmente a las andadas, orillando en algunos casos el respeto y el sentido institucional que debía marcar su acción de gobierno. Sin apenas percibirlo, se fue imponiendo el control e incluso la ocupación más o menos descarada de esas instituciones. La lógica clientelar resucitaba décadas después de fenecido el viejo caciquismo decimonónico, ahora convertido en un clientelismo político cada vez más desenfadado. Lo expuso con elegancia el profesor Bustos, al identificar el mal de la nueva democracia española: “Se puede resumir en la forma defectuosa con que los partidos políticos españoles han desempeñado su papel de intermediación entre los ciudadanos y el ejercicio del poder”. España, con una larga tradición clientelar y corporativa, no supo evitar en esos primeros años de la renovada democracia que tales patologías se insertaran en su sistema institucional. Así, frente a la ventana de oportunidad de construir instituciones sólidas, el resultado obtenido fue muy distante: se edificó una institucionalidad muy frágil o precaria. Y fruto de nuestra histórica impotencia a la hora de reformar las instituciones, solo supimos construir una suerte de castillos de naipes; esto es, terminamos conformando unas instituciones carentes de solidez y demasiado dependientes de los partidos y de las tempestades políticas que recurrentemente las azotaban.

Fue Emerson quien escribió con acierto que “una institución es la sombra alargada de un hombre”. Por tanto, el éxito o fracaso de las instituciones depende, en última instancia, de lo que Schumpeter definió como el “material humano” que en cada caso exista. Y así no cabe extrañarse de que,si las personas que engrosan ese tejido orgánico están ayunas de sentido institucional, el fracaso del modelo sea inevitable. Lo expresó en términos también muy diáfanos Hugh Heclo, quien en 2010 intuyó las grietas que se estaban abriendo en el edificio institucional estadounidense, que no preludiaban (como así ha sido) nada bueno: “Los fallos institucionales -y la desconfianza que generan- son consecuencia de que una serie de personas no están a la altura de sus responsabilidades”. Ni más ni menos. En España, tal vez por mala suerte o quizá por una notable incomprensión de la trascendencia que las instituciones tienen para el buen funcionamiento de la sociedad, una parte significativa de las personas que han conducido las riendas de nuestras instituciones no ha estado a la altura de tales responsabilidades. A muchas de ellas les ha deslumbrado la púrpura del poder o las innumerables ventajas o prerrogativas anudadas a su ejercicio; y muy pocos gobernantes o miembros de tales instituciones han desempeñado sus responsabilidades con estándares morales elevados, con la objetividad y la imparcialidad que tales funciones requieren, y en no pocos casos apenas han acreditado, esto es lo más grave, el sentido institucional que exige un cumplimiento cabal de las tareas asignadas. Ha habido notables excepciones, pero el daño a la imagen institucional de reiteradas prácticas depredadoras por parte de algunos políticos y partidos han sido letales para la erosión de la confianza ciudadana en el Estado constitucional democrático. Y la confianza en las instituciones, como escribió Rosanvallon, es un intangible que se pierde muy fácilmente, mientras que cuesta muchísimo tiempo reconstruir.

El sistema institucional español, aunque no nos agrade manifestarlo tan crudamente, adolece, por tanto, de innumerables vicios. La mayor parte heredados de un legado patológico del que no hemos sabido desprendernos. Los distintos epígrafes que conforman este breve libro pretenden ofrecer una visión crítica no solo del (mal) estado de la cuestión sino también persiguen explicar cómo hemos llegado a tal grado de deterioro institucional. Se esbozan tímidamente, asimismo, algunos remedios como contrapunto a un análisis -he de confesar- poco dado al optimismo. Sin una honda cultura institucional, de la que, desgraciadamente, están ayunas buena parte de las personas que ejercen responsabilidades partidistas y públicas en España, es impensable crear una sociedad democrática avanzada. Una seria advertencia de la que nadie parece tomar nota.

Agradezco al profesor Manuel Arias Maldonado la oportunidad que me brindó de volver a analizar estos problemas gracias a una amable invitación para participar en un Coloquio en el Centro Cultural La Malagueta (octubre de 2024). De esas reflexiones proceden algunas ideas aquí recogidas. Otras muchas son nuevas. Debo asimismo agradecer a Juan Romero (como coordinador de esta colección) las facilidades mostradas para editar este trabajo, y también la inestimable ayuda de Fernando Flores. Agradecimiento que hago extensivo a Salvador Vives y a la editorial Tirant lo Blanch.  

Donostia-San Sebastián/Ezcaray, enero de 2026.

“Cuanto más hablaba de honestidad más nos apresurábamos a contar las cucharas de plata de la cubertería” (Emerson)

“El político es elegido únicamente porque que pertenece a un partido. Su principal lealtad la debe al partido o a los dirigentes del partido. En política, lo que necesitamos son individuos capaces de juzgar por sí mismos y que estén dispuestos a asumir la responsabilidad personal. Este tipo de individuos son difíciles de encontrar en cualquier sistema de partidos” (Karl Popper)

Un Estado clientelar con los frenos rotos e instituciones colonizadas por los partidos.

España es un país que, por su tradición política llena de patologías y su desastrosa historia, plagada de enfrentamientos y guerras civiles, de fanatismo y de intolerancia, así como por la omnipresencia de un sistema político oligárquico y caciquil que hunde sus raíces en el s. XIX, tenía todos los boletos para convertirse en lo que hoy en día ha derivado: un Estado clientelar de partidos. Tras 1978 hubo quien soñó que España superaría por fin sus males y se transformaría en un país democrático normal. Fue un sueño que poco duró. Los viejos demonios, tras creer que los habíamos desterrado, emergieron con fuerza. Tardaron años en ofrecernos su peor cara, o al menos la disimularon; pero la cabra siempre tira al monte. Y pronto la captura política de las instituciones (y como secuela el abrazo a la corrupción) mostraron una faz reconocible. Hasta hoy; donde ya el país ofrece un escenario dantesco: la devastación de las instituciones es casi absoluta. Y quienes vengan seguirán la estela de la lección aprendida. Hay mucho que saquear y los frenos no existen, se fueron quebrando y en estos momentos ya nadie, ni el Poder Judicial, detiene al poder despótico en este país.

Los partidos en España no tienen tradición democrática, siguen siendo estructuras oligárquicas, hoy en día de factura presidencialista o cesarista, con una impronta populista e incluso autocrática, cuando no totalitaria en sus fines. Pasamos de partidos de notables, estructuras organizativas muy endebles, a dos períodos de dictaduras, y luego a partidos de masas en el paréntesis republicano, hoy ya partidos de cargos públicos ayunos de democracia interna. Nuestra cultura político-gubernamental es pretoriana o caudillista. Una herencia intangible, que nadie ve. Con la CE en 1978 pensamos que todo se solucionaría. Los partidos entonces eran muy débiles y los reforzamos ad infinitum. Conforme fue pasando el tiempo, mostraron su peor faz, pues habían heredado “inconscientemente” las patologías del pasado: el viejo caciquismo se transformó en clientelismo político, y los líderes adoptaron tics autocráticos: despreciaron los frenos “a su poder”. La multiplicación de poderes territoriales hizo además que emergieran una suerte de caciques de campanario, donde las prácticas clientelares estuvieron a la orden del día. Dimos tanto poder a los partidos, pues eran pilares (que lo son) del sistema democrático, que olvidamos ingenuamente sus tradicionales pulsiones oligárquicas y clientelares, y así se estableció un modelo que no tenía pesos ni contrapesos: el poder de los partidos era omnímodo. Surgió, entonces, una tendencia evidente a la configuración de unos mecanismos de autodefensa (cártel) de una clase política, ayuna de competencias, que todo su cursus honorum lo basaba en una fidelidad perruna a la organización, y especialmente ahora deifica a sus líderes.

Con ese estado de cosas, las instituciones de control del poder gubernamental que se configuran como instituciones constitucionales o estatutarias o administraciones independientes, así como otras entidades públicas (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, CGPJ, Fiscal General del Estado, Banco de España, CNMC, CNMV, AIRF, AEPD, Consejo de Transparencia, RTVE, CIS, etc.) y sus homólogas en las CCAA, se poblaron de miembros fieles al poder establecido o a la oposición política, en un espurio reparto de cromos o en un control gubernamental descarado, desactivando su finalidad existencial de control del poder o garantía del pluralismo político, y logrando que tal complejo institucional se convirtiera en mera coreografía que daba cobijo con buenas retribuciones y un estatuto de inamovilidad temporal a no pocos políticos quemados (a quien se les retribuían así los servicios prestados) o a amigos políticos y fieles a los partidos que les habían propuesto. Disponer de un cargo público en una entidad o institución representa un seguro de vida para unos años. Los partidos se convirtieron en sociedades de socorros mutuos. Se quebró así la regla existencial de esas instituciones de control que, según Rosanvallon, era muy obvia: para que cualquier sistema de contrapesos funcione en una democracia, tales miembros integrantes de las instituciones de control tienen el deber institucional de ser desagradecidos con quienes les ha designado, pues si no sus funciones de control del poder se transforman en una suerte de autocomplacencia propia de los estómagos agradecidos y, por consiguiente, en unas instituciones de cartón piedra, a la postre un esperpento de su papel existencial. Hoy en día lo son.

Y eso es lo que ha pasado en este país desde hace décadas, aunque en estos últimos años el deterioro del sistema cada vez es más intenso sin que se perciba realmente cuándo se toca suelo, pues siempre hay un subsuelo. Este proceso de devastación institucional promovido por todos los partidos, y alimentado especialmente por quienes están en el poder gubernamental ha adquirido tintes aún de mayor gravedad como consecuencia, por un lado, de una polarización política extrema y, por otro, por algunas conductas gubernamentales que han sido de una grosería supina y que nadie (tampoco la prensa, más allá de un lamento circunstancial) se ha enfrentado a ellas, menos la sociedad civil y muchos menos aún un periodismo casi siempre, con contadas excepciones, lacayo del poder gubernamental o de la oposición.

La captura política grosera de la alta Administración o de su sector público (hoy día con un sector público estatal, dañado en su legitimación por una cadena de escándalos literalmente inadmisibles en un espacio público que se debería mover con estándares elevados de integridad y que oscilan entre el esperpento y el saqueo más burdo de lo público), ha existido siempre. Mas el punto de inflexión, mejor dicho, de no retorno, de destrucción del modelo de control, ya irreversible, es cuando se designan para esos órganos de control a exministros y ex altos cargos gubernamentales o a personas militantes de los partidos, carentes de las más mínimas competencias y moralidad para el desempeño de funciones de responsabilidad y que, además, en todos los casos, están ayunos de los estándares básicos de imparcialidad que se debe predicar para el ejercicio de tales funciones. A partir de ahí todo vale. Y nadie se sonroja. Los límites se han roto. Han saltado por los aires los principios. Los gobiernos son agencias de colocación de amigos políticos. Las instituciones de control son ya despojos a repartir entre quienes se hagan con el poder y colocar a los suyos de forma descarada. El Estado Constitucional ha muerto. Tal vez, para siempre. Y no es visión pesimista, es la realidad.

Hubo un tiempo en que algunos partidos (no todos) tenían al menos la deferencia y la autocontención de proponer para tales cargos institucionales a perfiles profesionales contrastados, aunque fueran amigos del poder o de la oposición. Eso ya no existe, se designan descaradamente “soldaditos” con perfil político duro y, en no pocos casos, con un desconocimiento atroz del sector que tienen que controlar, lo cual es gravísimo, cuando no se desmantelan los órganos de control que incordian al poder establecido o se desactivan.

En estos momentos -parafraseando al profesor Arias Maldonado- los (inexistentes) partidos institucionalistas han perdido la batalla totalmente frente a las pulsiones clientelares. La victoria de estos últimos es total. Los primeros no existen. Y el descrédito o falta de legitimación de las instituciones en España, absoluto. Da la impresión de que ni la UE ni el Consejo de Europa ni tampoco la OCDE, se enteran mucho de lo que pasa aquí. Tienen una visión excesivamente pía de cómo funciona la política en este país. Se creen que esto es una democracia occidental normalizada. Las formas son aparentemente democráticas, pero son mentira, el trasfondo ni lo fue ni lo es. Y al paso que vamos no lo será nunca.

Una corrupción galopante que nunca toca fondo.

Lo dicho hasta ahora nos pone en la pista de la respuesta a este problema. Un estado clientelar de partidos, con unos partidos cada vez más endogámicos, con líderes populistas y cuadros con escasa o nula formación institucional democrática, que no han trabajado fuera de la política, fomenta estructuras partidistas de muy bajo nivel en competencias profesionales y con estándares de integridad bajo mínimos. Y mejor no hablemos de los jóvenes valores. De ahí no cabe sorprenderse de que abunden cada vez más los escándalos, sean de corrupción o relacionados con el acoso sexual: dar poder a quienes carecen de educación y de estándares morales para gestionarlo, conduce derechamente a comportamientos oscuros. Se trata lisa y llanamente de “pillar”, sea lo que fuere. La clase política española está invadida de bandidos, depredadores o potenciales encubridores, y en el mejor de los casos de personas que miran a otro lado, guardan silencio o entonan el indigno “y tú más”. Se impone, además, el silencio de los corderos y la amnesia colectiva. El miedo de quién no tiene a dónde ir, si le apean del pedestal en el que vive.

Las carreras políticas dependen, por tanto, de criterios de fidelización perruna, y dar de comer de por vida a tanta medianía requiere ocupar no solo amplios espacios de las AAPP y de su sector público (empleos públicos, y no solo directivos, incluidos), sino también proveer los innumerables cargos públicos y de asesores del sector público y de las instituciones de control, que nada controlan ni controlarán, pues están para otra cosa: dar alpiste a los numerarios de los partidos, que son legión. Pero eso se torna incluso insuficiente, los políticos miran también hacia el sector privado, que en parte vive de subvenciones, ayudas o fondos NGEU o de una contratación pública a menudo amañada, o son empresas participadas por el sector público en las que hallan cobijo políticos quemados que reciben, así, un “justiprecio” por los servicios prestados y “amasan” para su jubilación o retiro dorado. Todo esto es herencia del peso tan fuerte que tenía y tiene el poder ejecutivo en la vida nacional y también en la economía. Viene de la restauración, e incluso antes, se confirmó en el franquismo y encontró acomodo en el régimen democrático, agudizado con las “privatizaciones” en la etapa del primer Aznar y también ahora en la era Sánchez, donde ya sin tapujos se entra a través de la SEPI (una entidad ariete de la política más clientelar) a participar en el ámbito de entidades financieras o empresas privadas mediante una colonización indirecta de lo que pretende ser un “capitalismo dependiente del Estado”. Una consecuencia de la debilidad estructural del capitalismo español. En el caso catalán y vasco, donde había más músculo, tampoco se ha evitado, sino todo lo contrario, que los poderes gubernamentales interfieran la actividad empresarial que se convierte a veces en un apéndice de la propia política. Además, con trasiegos indecentes entre políticos y empresas en unas enloquecidas puertas giratorias y de gran peligro para el interés público que se subordina a intereses personales, partidistas o privados. El control de los medios es clave para moldear relatos. Y de los públicos también, que dejan el pluralismo hecho unos zorros.

De todo lo anterior se deriva fácilmente que la corrupción institucional y también partitocrática, pero además no lo olvidemos la personal (enriquecimiento a través de la política), estén a la orden del día. Si todo esto lo edulcoramos con sueldos pantagruélicos, banquetes u orgías de nuevos ricos y esperpentos varios, ya tenemos el cuadro completo.  No hay sistema alguno de frenos o contrapesos, y todo esto del compliance o las medidas de lucha contra la corrupción a través de planes de integridad o antifraude, se convierten en mera coreografía o mentiras piadosas: políticos, funcionarios y también empresarios ignoran supina o cínicamente tales políticas de integridad. Hay un grado de cinismo con la ética pública en España increíble. Y si no que se lo pregunten al promotor del Plan estatal de Lucha contra la Corrupción lanzado a bombo y platillo hace unos pocos meses (parece una eternidad), cuyas medidas duermen el sueño de los justos sepultadas por montañas de presunta corrupción.

Un país sin solución.

Ya pueden los poderes públicos crear todas las agencias de integridad o anticorrupción o de protección del denunciante que quieran, y que nos demanda Europa y la OCDE, que el problema no se atajará hasta que los devaluados y sátrapas partidos desalojen esos amplísimos espacios de poder patrimonial que han ido colonizando groseramente en los últimos tiempos. Paradójicamente, cuando los partidos están más alejados de la sociedad, son más endebles estructuralmente y con medios personales cada vez menores (una afiliación menguante), así como con cuadros personales, profesionales y morales de peor condición, más poder tienen en la sociedad española y menos incentivos para abandonar esos espacios de poder de los que se han hecho dueños y señores. Los profesionales de la política, en verdad indigentes más allá de ella, no tienen dónde ir. Y a la política se aferran. No hay solución fácil. Hubo en España momentos críticos en que se pudieron sentar las bases de una nueva política, y en ninguno de ellos se supo ni se quiso acabar con esa mala política que fagocitaba las instituciones. La impotencia se impuso, el cártel también. Hoy ya es tarde. Ya las han devastado. Y el tiempo se ha agotado. La situación es irreversible y la degradación institucional profunda. España es hoy día un Estado Constitucional fallido. Quien piense que esto lo resolverá un Gobierno de otro color político, no conoce las raíces del problema. No lo hará. Volverá a las andadas. Y tiene el camino expedito. Además, está en el ADN de la forma de hacer política en este país por todos los partidos, que entienden las instituciones como patrimonio del poder y los frenos al mismo como una incómoda y gratuita antigualla.  

(*) Este post reproduce, con algunas actualizaciones propias del letal contexto que nos abruma y abochorna, las respuestas que di a las cuestiones planteadas en su día  por Manuel Arias Maldonado quien moderó un Coloquio en el Centro Cultural La Malagueta (España, la reforma inacabada; 24-X-2025), sobre la captura institucional de las instituciones de control y la corrupción. Se difundirán en esta Web con en el resto de cuestiones.

(**) Para disponer de un marco conceptual e histórico más amplio sobre las raíces de los problemas expuestos, puede acudirse al libro que publiqué hace algunos años: Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones (Marcial Pons, 2016). Una versión actualizada sobre la realidad del problema en este país se puede encontrar en abierto en este librito más reciente que edité en su día:  Instituciones rotas.  Separación de poderes, clientelismo político y partidos en España. (Zaragoza, 2023). Aquí en formato PDF: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA

“Las disposiciones amnistiando los hechos delictivos (cometidos en Francia entre los años 1989 y 1992) relacionados con la financiación de los partidos tuvieron un efecto desastroso, ofreciendo a la opinión pública la sensación -completamente exacta- de que los políticos estaban por encima de las leyes (…) El sentimiento general en la opinión fue de que esa autoamnistía se acordó para impedir, directa o indirectamente, a la magistratura cumplir la misión que le fue confiada por la Ley” (Donatella Della Porta)

Preliminar

Conforme pasa el tiempo y uno se va haciendo más viejo, adquiere la manía, como es mi caso, de volver a aquellos libros por los que antaño ha transitado. Ciertamente, no he llegado al punto que alcanzó el afamado liberal doctrinario francés, Royard-Collard, cuando escribió aquello de que “Je ne lis pas, je relis”. Mas la verdad es que se trata de una actividad muy satisfactoria e intelectualmente muy sana, siempre que las obras que se relean merezcan la pena, como sucede, por lo común, con los clásicos, a quienes hay que revisitar constantemente, y también en algunas ocasiones con quienes no alcanzan tal condición, pero les avala una sólida trayectoria académica.

Viene a colación lo expuesto porque este libro, dirigido hace 30 años por Donatella della Porta e Yves Mény, titulado La corrupción en Europa, sigue teniendo en España, paradojas de este país estancado en sus miserias, notable actualidad. Como le escribía irónicamente ayer en las redes al consagrado especialista en materia de corrupción política, el profesor Fernando Jiménez, en España dedicarse a esos menesteres académicos tiene “la ventaja” de que siempre que se habla por esta política cínica y mendaz de afrontar el problema de la corrupción lo es hasta que el cielo escampe, se olviden los desmanes y vengan elecciones, pues ya volverán esos o los otros a seguir el ciclo infernal y eterno de la corrupción: enriquecerse ellos y sus comisionistas, como escribió Clarín https://rafaeljimenezasensio.com/2025/05/25/la-regeneracion-politica-como-farsa/. La Regeneración en España es una palabra maldita, siempre que se invoca por la clase política hay que echarse a temblar, y taparse la nariz y los ojos, tanto por el hedor que se destila como por la mierda que saldrá a colación para enterrarse unos y otros en sus propias miserias.

Por tanto, otra ventaja que tiene en este país la bibliografía sobre corrupción, y en concreto este libro, es que apenas envejece. Siempre tiene un punto de actualidad, pues son los partidos, sus líderes y élites, quienes realmente no quieren cambiar nada, ya que se trastocaría su papel en esta comedia eterna o esperpento patrio de la política española. Y no ahondo más, pues la cuestión está abordada en la entrada anterior, publicada hace unas semanas.

Algunas ideas fuerza del libro: 10 tesis.

La vigencia de este libro es sobre todo desde el plano conceptual. Trata en un capítulo, no exento de interés, la corrupción en la España de entonces y su pasado franquista. Pero, aunque algo se dice, no se adentra en los verdaderos orígenes del problema que no son solo franquistas o actuales, sino particularmente gestados en el turbulento siglo XIX español. Sin ese análisis no se entiende bien la perdurabilidad del problema y sobre todo su irrupción con fuerza tras la Constitución de 1978, donde tras la restauración de la democracia paradójicamente vuelven, primero de forma silente y luego ruidosa, las acendradas prácticas clientelares y corruptas de la España “Liberal”, esta vez de la mano de unos partidos de cargos públicos, antes de “masas”, que gradualmente se hacen dueños del Estado y de sus instituciones, pretendiendo eliminar los pocos y débiles contrapesos que el sistema había ido (mal) construyendo.

Efectivamente, es la parte conceptual y las conclusiones del citado libro las que siguen manteniendo más actualidad en este país y en su política, que se caracteriza por su eterno enquistamiento. Por tanto, en materia de corrupción, aunque sea desolador decirlo, en España materialmente se ha avanzado muy poco. Y todas esas leyes aprobadas, también las recientes, lo han sido por empuje de la Unión Europea (Comisión Europea), del Consejo de Europa (GRECO) y de la OCDE. Mas son remedos formales, que incluso los propios gobiernos y los partidos que los sustentan, ahora y antes, sencillamente no se creen. Son leyes que se publican y apenas se aplican, por desdén presupuestario, ejercicio supino de cinismo, captura de las instituciones de vigilancia y control o simplemente porque quieren tener las manos libres quienes nos  gobiernan para dar rienda suelta a sus desmanes, suprimiendo o retocando groseramente, como se ha hecho en algunas Comunidades Autónomas, o tardando la intemerata en crearlos y siempre con bajo pulso y menor presupuestos (como en el Estado), los órganos de vigilancia y control de la transparencia e integridad, que no pasan de ser mentiras piadosas, que la letanía político-gubernamental y creyentes ingenuos repiten sin que nadie en su sano juicio se los crea.

Y ahí van, entre otras muchas, las 10 tesis de este libro que, con carácter general y seleccionadas de forma muy selectiva (por tanto, incompleta), siguen siendo aplicables a la política de este país, para bochorno del tiempo transcurrido, que no ha sabido sanar ni siquiera cicatrizar ninguna de ellas. Son apuntes telegráficos, aunque nos dan una idea del grado de anquilosis que la lucha contra la corrupción en España ofrece, planes fantásticos anticorrupción aparte, que sea airean cuando el hedor político ya es insoportable:

1.- El fenómeno de la corrupción en democracia surge, entre otros factores, por “la crisis de los partidos, la crisis de participación y la crisis de valores en el panteón occidental”. La tradición patrimonial, clientelar y nepotista sobre lo público en España, agravan el problema. Así se exponía en el capítulo dedicado entonces a este país: “El clientelismo es una práctica suficientemente arraigada en España para ser eliminada”. No lo ha sido aún. Tiene, como dijo el Conde de Romanones raíces muy hondas y gran vigor. Y arrancarlas implica cambiar radicalmente el modo de hacer política en este país, lo que los partidos ni quieren ni saben hacer.

2. “En numerosos países llamados democráticos la corrupción no es un problema marginal en sus dimensiones (ni siquiera contingente), sino que se trata de un fenómeno endémico (esto es, estructural)”. Lo negarán aquí una y otra vez los partidos y sus líderes, mas la realidad es muy tozuda y lo que emerge, en verdad, es, como en su día escribiera el propio Yves Mény, la punta del iceberg de la corrupción. Buena parte queda oculta, para siempre. Cuanto más se tarde en aceptar y abordar esa “cruda realidad” (en palabras del profesor Víctor Lapuente en la obra, también vigente, La corrupción en España), más difícil será para buscar alguna solución cabal (si la hay) al eterno problema de la corrupción.

3. Los autores manejan un concepto de corrupción que, en grandes líneas, es el que sigue: «La corrupción es el intercambio clandestino entre ‘dos mercados”, el político-administrativo y el económico-social. Ese intercambio viola normas jurídicas/éticas, sacrifica intereses públicos a favor de intereses privados, y permite a los actores privados el acceso privilegiado y oculto (o manipulado) a recursos públicos (contratos, financiación, subvenciones, determinadas decisiones), procurando beneficio material también a los actores públicos corruptos (sean estos personas físicas o partidos que gobiernan determinadas instituciones)». Como también exponen: “La pequeña y gran corrupción se manifiestan allí dónde el poder público decisor dispone de poderes discrecionales que le facultan, por ejemplo, para decidir, por ejemplo, cuál es ‘el mejor’ contrato”. Lo demás, casi siempre, consiste en “vestir el santo” de la decisión discrecional con ropajes formales que lo hagan presentable y que no se note o se disimule la arbitrariedad que puede haber detrás. Una práctica muy conocida y extendida por estos lares. ¿Y los funcionarios?

4. “La corrupción destruye los valores públicos y golpea el corazón de la democracia, subordina el interés público a espurios intereses privados, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega el principio de igualdad y favorece (para unos pocos amigos del poder) el acceso privilegiado a los recursos públicos”. Por causa de la corrupción, la destrucción tangible o intangible de los interese públicos, que son de toda la ciudadanía, es mayúscula. Los daños financieros al Estado y a sus políticas son inmensos (afectación directa a servicios públicos y prestaciones), y la mutilación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, brutal. Ni aún así lo entienden quienes nos gobiernan con su parálisis letal frente a la ingente corrupción.

5. “La corrupción ha crecido con la profesionalización de la política: esto es, siguiendo a Max Weber, por multiplicarse quienes ‘viven de la política’ y buscan extraer de ellas ventajas extrínsecas/materiales, frente a quienes (desgraciadamente, cada vez menos) viven ‘para la política’, y que de ella obtienen gratificaciones extrínsecas e ideológicas”. Como este punto ya lo traté en la entrada anterior, reenvío a la misma:https://rafaeljimenezasensio.com/2025/07/13/corrupcion-politica-y-partidos-en-espana/ Lo estamos viendo en los casos que aparecen.

6. “La carrera política de hecho figura, en primer lugar, como una vía rápida de movilidad social, utilizada muchas veces por ‘ex plebeyos’ y arribistas, cuyo objetivo (no confesable) es ascender en la escala social y que se plasma también en un tipo de políticos interesados más en enriquecerse ellos que en mejorar la propia política” (en la que están para vivir cómodamente de las prebendas y la púrpura que les proporciona). Otro efecto disfuncional de la “profesionalización” mal entendida de la política. También esas categorías nos son muy familiares en esta corrupción mal llamada “cutre”, que también nos anega. Pero el mal está muy extendido: hay muchísimos oportunistas metidos en los partidos, lo que muestra el declive absoluto de las élites políticas en España, cada vez peor preparadas competencial y moralmente.

7. “Además, otra motivación de los corruptos es la práctica de las puertas giratorias (y el tráfico de influencias) que permite a políticos y altos funcionarios utilizar información privilegiada y obtenida gracias a su posición en las instituciones para enriquecerse al mismo tiempo que a las empresas”. Esta vieja idea de los autores citados nos reenvía a otro contexto de potencial corrupción que ha estallado retrospectivamente en España, con raíces muy viejas y perversiones profundas por lo que implica utilizar posiciones institucionales de primer nivel para hacer lo contrario de lo que las responsabilidades públicas exigen, con presunto uso incluso de la capacidad legislativa o normativa para beneficiar a los amigos del poder.

8. También, “la corrupción política engendra la proliferación de personajes y estructuras de negocio que ‘de facto’ no son sector público ni tampoco mercado, al menos porque sus actuaciones van encaminadas a violar (sistemática o coyunturalmente) las reglas de funcionamiento del sector público o del propio mercado”.  En España y en sus Comunidades Autónomas, así como en sus entidades locales, tales actores interactúan con los poderes públicos, como son (algunos) despachos profesionales o empresas grandes o medianas de consultoría o de “asuntos públicos”, otros freelancers que median (con fines espurios) para obtener ventajas y recursos públicos en función de sus posiciones de privilegio con el poder.

9. “La imbricación Estado-mercado comporta asimismo que los éxitos empresariales no dependan tanto de su propia competitividad como, en no pocas ocasiones, de relaciones que se tejen con el Estado (en sentido lato). Hay empresas víctimas de extorsión y otras protegidas por políticos y partidos”. Tampoco esta idea es ajena a la España actual, ni mucho menos. La dependencia clientelar del poder económico en algunos casos del propio poder político, que cada vez interfiere más por cierto en la esfera empresarial privada, comporta o puede comportar actuaciones público-privadas que esconden casos de corrupción latente o silente.

10. En fin, los autores, al inicio de su obra hacen referencia a dos citas clásicas sobre el valor que tiene la democracia como sistema de gobierno. Así, exponen que Churchill dijo que «la democracia es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás»; por su parte, el profesor Norberto Bobbio afirmó más modestamente, pero certero, lo siguiente: «La democracia es un sistema mejor que aquellos que le han precedido y le han sucedido, hasta ahora». Lo cierto es que de seguir esta deriva imparable y cada vez más honda en España, la democracia puede morir ahogada por la corrupción. Y lo que luego emerja, abanderando cínicamente una lucha en la que no creen, será probablemente peor o igual de malo, pero ya sin libertades formales o en cuarentena. La noria de la corrupción en este país es infinita. Y no se trata tanto, como expuso Della Porta, del “fin de la ética republicana”, que también. El problema es que aquí ni siquiera hemos tenido nunca un Estado Liberal democrático de condiciones normales. Eso pesa, y mucho: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA.

Apostilla:

Quizá nuestros políticos han olvidado, si es que alguna vez lo han sabido, que el hundimiento de los partidos centrales del sistema en no pocos países democráticos, también europeos, provino precisamente de abrazar la corrupción. Hay que refrescarles de vez en cuando su frágil memoria.

“Políticos: Zánganos de colmena. Su oficio es andar de acá para allá zumbando y picando cuando no encuentran comida” (Juan Rico y Amat, 1855)

Preliminar

En un país con tanta inestabilidad constitucional, con  varias guerras civiles y dos dictaduras (sin olvidar el despiadado absolutismo monárquico en los comienzos del siglo XIX) y, en fin, que desde del Desastre de 1898 ha sido incapaz de articular territorialmente un Estado en clave de integración, la política tenía por fuerza que verse preñada de tan lamentable cuadro, requiriendo hercúleos esfuerzos para revertir tal situación. Y, en efecto, el desgarro político ha sido siempre -salvo los años bobos, en palabras de Galdós, del sistema político de la Restauración y las primeras décadas ilusas del régimen constitucional de 1978, hasta inicios del siglo XXI- una constante.

Durante todo este accidentado proceso de formación frustrada de un Estado Liberal Democrático, que nunca fue, los partidos, salvo honrosas excepciones, han sido en España el reflejo más tenebroso del cainismo político imperante, alimentado por una dialéctica de amigo/enemigo y de destrucción del contrario, primero mediante pronunciamientos o golpes de Estado, después a través de conspiraciones de cualquier tipo, y de juego sucio donde lo hubiera, hasta matarse entre ellos. Las reglas constitucionales y la arquitectura institucional y procedimental, eran (y son) formalidades vacuas. Y el sentido institucional, inexistente. Salvo muy cortos períodos de tiempo, los partidos han tenido una imagen pública muy deteriorada. En su contacto con el poder se han visto salpicados en asuntos turbios o en casos de corrupción muy graves, incluso arrastrando -ya desde el siglo XIX- supuestos de financiación ilegal de los partidos. Antaño “la recomendación y el favor permeaban las determinaciones del Estado” (Moreno Luzón), hoy -bajo la égida de los partidos- lo siguen haciendo.

Quebrar ese estado de cosas exige mucha entereza moral y no poca energía cívica, de la que han carecido -triste es decirlo- la práctica totalidad de los gobernantes en España. Los políticos no viven ajenos a la sociedad que los vio nacer y crecer, menos aún a unas patologías que tienen hondas raíces -como reconoció cínicamente el Conde de Romanones, cacique liberal para más señas- y que se han asentado con fuerza en este ecosistema político singular. Hubo algunos intentos de cambiar ese estado de cosas, pero se quedaron en anécdota. Así no se extrañen de que la imagen que tiene buena parte de la ciudadanía sobre tales organizaciones partidistas es que se hallan formadas por bandidos políticos, en terminología acuñada por Leopoldo Alas, Clarín; tendencia peligrosa por configurar la antesala de soluciones políticas dictatoriales o autocráticas. Realmente, si se analiza con rigor este problema, pronto se advertirá que nuestros males políticos y la forma de comportarse de esos actores vienen de muy lejos y que nadie ha tenido el coraje de enfrentarse con entereza a ellos.

“Prietas las filas”: Vivir “de” la política exige ser soldadito leal

La política en España está plagada de mentiras piadosas. Se dice, con no poca licencia, por ejemplo, que quienes ejercen esa importante actividad política son representantes o gobernantes de los ciudadanos, y que alcanzan tales responsabilidades por la confianza que estos depositan sobre aquellos. Bien se sabe que no es así, el desvalido ciudadano se limita, como acto supremo de la democracia vigente, a emitir un voto mediante una papeleta mediatizada por unos partidos que elaboran de puertas adentro sus listas cerradas y bloqueadas, en las que el ciudadano no tiene ni arte ni parte, ni tampoco (salvo en el Senado) podrá meter cuchara, y poca. A los cargos públicos los eligen los líderes de los partidos o sus subalternos, siempre que gocen de fidelidad perruna a las siglas y al respectivo mandamás (ahora acuñado también como “puto amo”). Una vez en el poder, si son soldaditos leales, nadie los mueve. El ciudadano menos: se los traga 4 años. No deja de ser sorprendente que 50 años después de la muerte del dictador, regrese a los partidos aquella vieja idea de “prietas las filas”. Ni hay democracia interna en los partidos, ni se la espera. Por ahí empiezan los problemas.

En estos momentos, para complicar más las cosas, la nota determinante de esa actividad llamada política consiste, con cada vez menos excepciones, en el bajísimo nivel de cualificación profesional y en los rebajados (cuando no ignorados cínicamente) estándares de integridad que muestran buena parte de esa larguísima nómina de políticos profesionales que pueblan la degradada y desvitalizada vida de los partidos políticos en este país, que son quienes nutren (con ejercicios aparentemente democráticos de tonos  plebiscitarios) de líderes a tales organizaciones; mas también de cargos públicos representativos/ejecutivos, directivos y asesores (que son legión). Todos ellos conforman el extenso número de responsables que viven de la política en este país: varias decenas de miles de personas que son -así se les llama- la “élite política” que nos gobierna o dirige. Son quienes llevan las riendas de España, de sus CCAA y de sus gobiernos locales. Con esa mayoría de abundantes zoquetes en el timón del barco institucional solo cabe decir: ¡Pobres de nosotros! Y cruzar los dedos para lo que pueda venir.

Dejamos aquí de lado a quienes todavía hoy -cada vez menos por desgracia- viven, como escribiera Weber, no de la política, sino para la política, con dedicación ferviente a la ciudadanía y a los intereses públicos. Son aquellos representantes o directivos públicos con un compromiso gestor y un ejercicio de sus responsabilidades ejemplar. Especie en extinción. Alguno aún queda, pero muy arrugado: la polarización no deja tener voz propia. Las voraces máquinas partidarias, en su versión más pobre y lapidaria, han borrado prácticamente de la faz de la tierra institucional a esas personas (que las hubo, y muchas) comprometidas con su pueblo/ciudad, con su ciudadanía, sus inquietudes o necesidades. Cada vez con mayor ahínco los partidos buscan aduladores sin decencia ni criterio propio (y cuanto más bajo sea el perfil, mejor) jovencitos o maduros ambiciosos sin apenas oficio que se asoman a la llamada del poder, a quienes prometen, un cursus honorum ascendente que les conducirá, con el paso del tiempo y si se portan bien, al Olimpo de la política y a las riquezas y púrpuras adheridas de esa actividad; esto es, a tener la vida resuelta. Que no está mal en estos tiempos que corren, además con retribuciones y condiciones de vida muy por encima del mercado y, sobre todo, de sus paupérrimas cualificaciones. Los pocos tecnócratas y profesionales cualificados que se asoman a la política, pronto perciben su regla de oro: entrar en el club selecto de los que mandan políticamente implica tener tragaderas infinitas, como cualquier otro militante de la causa.

Mas una vez en el cogollo de la política, unos y otros, sin embargo, advertirán que todo su papel consiste en ser simples voceros grises de unas cada vez más sectarias (y, con el paso del tiempo, menos representativas socialmente) organizaciones partidistas. Repetirán los latiguillos que cada mañana desayunen con sus asesores de esa comunicación de bisutería del respectivo partido. Y de ahí, si tienen suerte y caen de pie, tras chupar banquillo y arrimarse y adular babosamente al que manda, saltarán a instituciones más altas y así resolverán, como si de la pertenencia una sociedad de socorros mutuos se tratara, sus necesidades vitales para siempre, ad aeternum, si todo va bien. El partido les ayudará -siempre en la medida de sus posibilidades- en los momentos malos (oposición), como entidad benefactora que es de damnificados por la caprichosa ruleta de las urnas. La mal llamada profesionalización de la política es, quizá, el peor remedio para que el Estado democrático se asiente algún día en España; algo que, hoy por hoy, no se ha logrado.

La alternancia política es un eufemismo: solo cambian las clientelas en el poder.

Pero aún hay un problema más serio consecuencia de esta pésima política partidista enfermiza que nos anega. La tan cacareada alternancia política es, en verdad, un cambio radical y muy numeroso (pues la colonización política es extensiva e intensiva) en la nómina de los cargos públicos, directivos y personal asesor de las diferentes instituciones públicas. Cambian las siglas, pero sobre todo cambian las caras. Y emerge aquel estribillo de la canción de salsa: ¡Quítate tú para ponerme yo! La gravedad del asunto radica en dos cuestiones. La primera, el número de personas que es cesada y nombrada con cada cambio de gobierno, que es abismal, no solo en las estructuras de Gobierno y en la Administración Pública respectiva y su denso y extenso sector público, sino también, cuando toca, en los codiciados órganos “independientes” de control o supervisión en los que la vida es plácida, se cobra bien y se tienen garantizados unos buenos años (en algunos casos hasta 9) para comer un preciado turrón, como diría Juan Valera. Los puestos políticos se han multiplicado decenas de miles. Eso desprofesionaliza el Estado, creando una función pública vicarial y cada vez más en los márgenes: la política la ahoga, la asfixia.

Y la segunda, corolario de lo anterior, es que como hay tantos intereses personales por la supervivencia política, pues salir de la nómina pública es muy duro y los partidos han de hacer ejercicios malabares de corrupción “menor” para reubicar a los cesados en los presupuestos públicos, se buscan desesperadamente nombramientos en órganos de control, en el sector público o en plazas de empleados públicos designados a dedo o estabilizados mediante pruebas de paripé. La subsistencia exige, incluso, prostituirse como políticos, y echar mano de la corrupción más tolerada en España: hacer uso del nepotismo, amiguismo o clientelismo político, que también es corrupción, aunque algunos piensen lo contrario. Hay incluso quienes, en el sumun de la indecencia, cambian de bando para seguir teniendo protección pública frente a la hipotética indigencia.

Dicho de otro modo: engordar hasta la obesidad mórbida la nómina pública de cargos públicos de extracción política lleva aparejado que los partidos se hayan convertido en organizaciones de cargos públicos o de personas que aspiran a un cargo público. Cuando en una Comunidad Autónoma ser alto cargo comporta una nómina en torno a seis dígitos o ser miembro de un Consejo de Administración de una empresa pública otro tanto, algo serio pasa en la política de este país. Y si el problema es, como sucede, de supervivencia personal y familiar, la política se torna cruel con el enemigo político, al que se debe destruir como sea, pues les va en ello el pan de sus hijos. La alternancia política se convierte en lucha de supervivencia de unos políticos frente a otros. En ese juego mortal no caben contemplaciones. Involucran a la ciudadanía en las cadenas de escándalos para que tomen partido, y así mantengan o desalojen a quienes disfrutan del poder o entronicen a los suyos. El ciudadano es, en ese circo de la política, el necio útil de esa cadena de mentiras; por cierto, nada piadosas.    

No creo que haya que ser demasiado incisivo para concluir que en España hay una democracia formal, pero preterida por un comportamiento cada vez más oligárquico y clientelar de unos partidos políticos, que son imprescindibles para que el sistema constitucional y democrático funcione (artículo 6 CE); pero que, dado su acelerado proceso de degeneración orgánica y funcional, han terminado secuestrando las instituciones y abandonando su papel constitucional como organizaciones cuya esencia es garantizar la canalización de la voluntad popular y un funcionamiento interno democrático (hoy día inexistente), así como, last but no leats,  la obligación no escrita de proveer a las instituciones públicas de los mejores cuadros profesionales para que la dirección política y pública de cada nivel de gobierno sea la más efectiva. Tales tareas constitucionales y funcionales las incumplen con tesón. Los importa un pito que quienes nombran carezcan de competencia alguna en ese sector o ámbito de la actuación pública.

Un Estado clientelar de partidos, polarizados y sectarios, que es lo que hoy día existe en España, resulta una fórmula materialmente inhábil para garantizar instituciones de calidad democrática mínima y construir un futuro armónico de una sociedad cada vez más desintegrada, desgarrada y desarticulada, conformada por un adosado autárquico de instituciones públicas que, si bien muy presente en las instituciones centrales, también es muy visible ese deterioro en el ámbito territorial, donde el cantonalismo político, bautizado con ese otro eufemismo de la “España plurinacional” -disfraz posmoderno del viejo caciquismo territorial, que está regresando con fuerza, si no se corrige el tiro. Por si ello fuera poco, las demás instituciones, también las de control del poder, se hallan rotas en mil pedazos en estos momentos y contaminadas de esa “lógica clientelar”, que con su predominio anulas las funciones constitucionales/legales de esos órganos. (Ver, en abierto, un desarrollo de estas ideas en: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA)

Final

Llegados a este punto, que nadie se sorprenda del canibalismo que los políticos españoles muestran entre ellos, cada día con más énfasis; especialmente, con los que están en el poder o aspiran a tomarlo; pero también en sus propias filas, donde los empujones y navajazos tampoco son excepción. Se trata, no lo olviden, de un instinto de supervivencia política y, por tanto, personal. Está en juego algo existencial. De ahí, tanta pasión desmedida. La política en España no va ya de arreglar problemas inmediatos o estructurales, esa es la coreografía, sino de cómo llegar al poder y permanecer en él, como medio de satisfacer las necesidades de la altísima nómina de aspirantes o ejercientes a cargos públicos que los partidos deben proveer. La política española está preñada, en su peor versión, del hambre calagurritana, que es capaz de descuartizar a quien sea con tal de evitar, en este caso, que ningún tipo de regeneración se lleve a efecto (un fin, por lo demás, mucho menos noble que la respuesta al asedio de las tropas romanas adversas).

El enemigo de los políticos son, en verdad, ellos mismos, pero sobre todo quien pretenda cambiar las reglas de juego, al que -como cártel- destruirán de inmediato, pues les impide seguir sobreviviendo del sucio juego del poder. La política en España consiste llanamente en disfrutar las mieles del triunfo, y, cuando esto no es posible esperar con ansiedad indisimulada alcanzar el comedero público (presupuestos); y en ambos casos -esto es determinante- para repartir los consabidos turrones entre los suyos. Por eso la política y los políticos no cambiarán nunca en España, porque este modo de hacer política lleva con nosotros dos siglos y es, por tanto, estructural. Por eso tampoco nadie afrontará de cara la corrupción, pues en esencia es parte del modus vivendi de la política. Y así lo seguirá siendo para siempre. Nadie en este país ha sabido ni sabe hacer política de otro modo. No hay solución, por tanto. Y quien les diga lo contrario, miente. Siento darles esta mala noticia.

“Nadie es tan aficionado a contar escándalos y a hablar de chanchullos de los otros como aquellos que tienen fama de haber chanchulleado” (Juan Valera)

“Una sociedad que es un hormigueo de intrigantes, una agencia de destinos, un centro de corrupción e infames compadrazgos, una hermandad de pedigüeños” (Galdós)

«No debe concebirse el Estado como una gran matrona dotada de dos ubérrimas mamelas» (Alejandro Sawa)

En lo que afecta a la corrupción política, la realidad supera con creces la ficción. La novela, bien es cierto, ha hecho no pocas veces de notaria de esa lacra vergonzante que nos invade; pero, teniendo en cuenta que tales prácticas llevan con nosotros, cuando menos, dos siglos, los ejemplos de construcciones de ficción de esa vergonzante realidad que nos circunda siguen siendo más bien anecdóticos, al menos recientemente. Si exceptuamos las novelas de Rafael Chirbes, Crematorio y En la orilla, o la más reciente de Alicia Giménez-Ballart, La Presidenta, así como algunas otras menores cuyo hilo conductor es retratar corrupciones ya existentes, la ficción en España, a pesar de su persistencia en el tiempo, ha prestado una atención relativa a ese fenómeno. Y no es extraño: tiene difícil mejorar lo existente; el esperpento junto con la ambición desmedida, se abrazan inmisericordemente en lo real. Más reflejo tuvo en la literatura latinoamericana, entre las que destacan varias obras de primeros espadas de las letras. Sin embargo, en España, la ficción novelística se ve desbordada por una cadena interminable de casos de corrupción, que, como decía, cualquier imaginación desbordante que se precie se ve aparcada por la cutrez a veces, o la sofisticación aparente o, incluso, la maldad inherente en aquellas innumerables situaciones que expresan el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en este país llamado España, cuna universal del mundo occidental en la práctica del favor desde el poder, el nepotismo y el abuso de quienes nos gobiernan, así como en dar turrones a los amigos.

La literatura decimonónica también prestó una atención marginal a este fenómeno, salvo por lo que afectaba a la corrupción electoral, muy presente en muchas obras literarias del momento. Juan Valera, si bien no trató ese fenómeno en sus obras novelísticas, sí lo hizo tangencialmente en sus Ensayos (concretamente en su magnífica pieza titulada De la perversión moral de la España de nuestros días), y particularmente en su inigualable y extensa Correspondencia, donde deja testimonio varios casos de corrupción en España y, sobre todo, en Cuba, cuando estuvo de Embajador en Washington. Pero ya Galdós, en algunos de sus Episodios Nacionales y en otras de sus novelas (por ejemplo, El amigo Manso, La de Bringas, Miau u otras muchas más)sí que puso el dedo en la llaga de la corrupción entonces existente, tanto en el sistema isabelino como en la Restauración. Pardo Bazán, retroalimentada por el realismo galdosiano, también hizo aportaciones puntuales en clave de crítica social frente al caciquismo y la corrupción, si bien en el ámbito provincial. Así escribió: “El presupuesto, sobre todo en su sección de obras públicas, está ahí para que de su dorada pasta se corten trozos repartibles”. Aquí latía la expresión galdosiana (La desheredada), de que el Presupuesto nacional es «la expresión contable del Restaurante nacional». También en la idea que doña Emilia inteligentemente expuso en el debate sobre el Informe de Oligarquía y Caciquismo en España, de Joaquín Costa, en El Ateneo (1901), cuando hablaba de la Administración Pública como ese “rincón oscuro» en el que todo se teje en la sombra entre los interesados y sus espurios manejos (igual que hoy, a pesar de la transparencia).Pío Baroja, asimismo, incidió puntualmente en el mismo tema en alguna de sus entregas de Memorias de un hombre de acción o en alguna de sus novelas (Cesar o nada, por ejemplo). Tras el Desastre del 98 se multiplicaron las censuras, agrias o incluso desgarradas, hacia ese fenómeno de la corrupción, que encontraba amparo en las generalizadas prácticas caciquiles y oligárquicas de ese régimen restaurador en estado de absoluta decadencia. Valle-Inclán, Pérez de Ayala, Ciges Aparicio, y otros muchos se ocuparon de denunciar esa lacra. Mas hubo una voz que, si bien atemperada por el silencio de una disidencia nunca aceptada, se alzó sobre el resto.

Y, efectivamente, este escritor demonizado y sometido a la dura ley del silencio por su modernismo rupturista y su anarquismo irredento, fue quien puso los puntos sobre las íes, denunciando que la corrupción imperante en España tenía causas muy profundas, que hundían sus raíces en la historia. Ese autor maldito, que no lo empezó siendo, fue Alejandro Sawa; un escritor hoy en día olvidado, aunque los trabajos de Allen Phillips, Iris Zavala, Amelina Correa, José Esteban y otros, lo hayan poco a poco reconocido en su valor. Murió ciego, alcoholizado y pobre de solemnidad, echado en el rincón del olvido por el sistema oligárquico imperante, mas ensalzado, como Max Estrada, por su amigo Valle-Inclán en su magistral obra Luces de bohemia.

La vivacidad expresiva de Alejandro Sawa ahorra cualquier comentario, dejando claro, por ejemplo, que quienes se corrompían no tenían otra denominación que puros bellacos y truhanes; el problema es que en España eran legión:

“He aumentado mi galería de bellacos, tan prieta, que tendré que prensarlos para poderlos contener en un circo, grande como una plaza de toros, con un nombre más, el de Fulano Cualquier Cosa, gran señor de la truhanería andante”.

Ese “Fulano” hoy tiene nombres y apellidos conocidos (póngaselos el lector). Efectivamente, tal número de depredadores de lo público no cabían (ni caben) en un circo ni siquiera en una plaza de toros, tampoco entonces en una España donde el Estado era aún mucho más enclenque que el actual. Imaginemos cómo se han multiplicado las tropelías en este “Estado Social”, en el que los presupuestos generales del Estado se han multiplicado por miles y, por tanto, el “comedero galdosiano” o la España de los turrones de Valera se han multiplicado como los panes y los peces. Habría que habilitar, por tanto, varios estadios de fútbol para “prensarlos”, pues han crecido proporcionalmente los truhanes y bellacos, sin duda.

En otro artículo, donde Sawa denuncia la corrupción de todos los sectores públicos en la tardía España de la Restauración, su dura crítica alcanza verdadera dimensión escatológica. El dominio del lenguaje y su impacto gráfico por parte del escritor sevillano-malacitano era envidiable:

“Vivimos -decía- en pleno albañal, respirando emanaciones de letrina, formando parte de una cloaca. Harto lo barruntaban cuantos conservan íntegros la decencia y el olfato. Madrid es una ciénaga y el hombre que llega a adquirir aquí carta de naturaleza, un apestado … Se masca en el aire la corrupción de todas las cosas nobles o útiles de la vida, ideales, anhelos, esperanzas y gobierno, magistratura, milicia, clero, todo está, cuando no podrido, tocado de ese punto de descomposición que señala como el contacto con una formidable maldición histórica”.

No es una exageración -aunque lo parezca- trasladar esa imagen desgarradora y maloliente a nuestra España actual, o al Madrid en el que pastan los políticos y cargos públicos de ese monstruo presupuestario que se llama Administración del Estado y su putrefacto sector público empresarial, o ese apéndice aventajado que es el gobierno regional y algunos otros gobiernos autonómicos y locales, campeones en la corrupción o en tapar las vergüenzas, pues la corrupción no es solo cutre o de obra públicas, sino que puede adquirir faces variopintas y afectar también a la gestión irresponsable y a los nombramientos arbitrarios. Pues la corrupción no solo es negra, sino que también puede adquirir tonalidades muy distintas, que no la exculpan.

Otro escritor decimonónico, periodista y catedrático, Leopoldo Alas, Clarín, se empeñó en una cruzada personal, totalmente legítima, cuando le birlaron su cátedra universitaria, estando como estaba el primero de la terna. El ministro del ramo, quien debía efectuar el nombramiento, prefirió arbitrariamente la segunda opción, pues Alas, republicano toda su vida, se había significado como un periodista belicoso y crítico con el gobierno Cánovas, y especialmente con su presidente.  Así, Clarín escribió:

“La tisis electoral no es más que un síntoma de la corrupción general que gangrena la vida pública. Del mismo modo que se compran los sufragios, se compran puestos de registradores de la propiedad, de profesores, incluso se compran cátedras, títulos, cualquier cosa. El cacique es el primer ordenador de la corrupción provincial”.

De ese pésimo estado de cosas, el escritor “asturiano” concluía denunciando (y sangrando por la herida) esa corrupción silente y aparentemente de perfil bajo: “Cuando los profesores deben su cátedra al favor, no debe sorprender que luego apliquen procedimientos análogos en los exámenes (léase, hoy en día, “oposiciones” o en nombramientos arbitrarios de funcionarios, empleados o cargos públicos). Y Clarín concluía: “La cadena de la corrupción es infinita”.

Pero quien puso el dedo en la llaga de un problema secular y que nubla o ciega las mentalidades y el juicio de quienes nos gobiernan, así como de los beneficiados por ese banquete de imposturas y delitos tapados, fue Rafael Cansinos Asséns, en su memorable y recomendable novela (autobiográfica) Bohemia, quien centró magistralmente el problema de la corrupción en este país, al exponer, en boca de unos de sus personajes, que tal fenómeno no era otra cosa que una respuesta lógica a una moral colectiva que nadie cree, nada más y nada menos:

“Déjense ustedes de tonterías, queridos amigos la República se vino abajo precisamente por culpa de esos tíos austeros … ¿A quién se le ocurre quererse atraer al pueblo con esa moral catoniana? Más valía que hubiesen sido unos sinvergüenzas, pero que hubiesen sabido defender la República. A mí me gustan los tíos como Lerroux, que es un ‘bragao’ y no aspira a la historia como un modelo de virtudes. Por lo demás, aquí no hay reaccionarios ni progresistas; en el fondo, todos son lo mismo”.

Nada de moral catoniana: “¡Enriquecéos! –como expuso Guizot-: “Gocemos y luego nos civilizaremos”. Que para esto último siempre hay tiempo. La política cínica y mentirosa que nos invade, no entiende nada de moralidad ni de ética pública o integridad, les resultan nociones extrañas, como al personaje de Cansinos.  Esa moral católica, que aún permanece entre nosotros, está detrás, como expuso Aranguren, de esta vieja idea de Bergengrün, quien escribió: “La gran contradicción del mundo: las manos limpias no son fuertes; las fuertes no pueden permanecer limpias”. En este país, nos lo hemos tomado al pie de la letra.

“El déspota es un insensato que arranca cada día algunas piedras del edificio que le cubre”

(Barón d’Holbach, 1773)

“Los gobernantes malos son siempre, en definitiva, malos gobernantes”

(José Luis Aranguren, 1985)

Una vez más en estos años ha vuelto a saltar otro escándalo de corrupción política que mancha al principal partido del Gobierno, que llegó para regenerar la vida pública frente a la corrupción del partido gubernamental anterior y que ha caído en las mismas garras, sin hacer nada al respecto. Este nuevo caso pone contra las cuerdas a quien ha elegido a semejantes tunantes y depredadores de lo público, que han sido antaño sus más fieles colaboradores en las tareas políticas más opacas. Si eso era lo mejor que tenía el partido para dirigir la organización, apaga y vámonos. Ahora bien, por algo los nombró. ¿O no?

Mas si se trasciende un poco y se echa la vista atrás o se mira lateralmente, se observa cómo la corrupción en España es sistémica. Ha afectado prácticamente a todos los partidos de gobierno, y bajo su terrible manto se han cometido tropelías sinfín. La corrupción ha sido y es el característico estilo hispano de hacer política. Viene de lejos. Esa corriente de corrupción, que como el Guadiana aparece y desaparece si bien nunca cesa en su curso, tiene como sujetos privilegiados a los partidos que tocan poder, como mediadores/comisionistas a políticos de perfiles mafiosos y sin escrúpulos (que, al parecer, abundan) y como cooperadores necesarios a empresarios o personas que dicen serlo, cuando no a cargos públicos y funcionarios que miran para otro lado. Hay muchos casos de enriquecimiento personal de políticos, pero también de financiación ilegal de los partidos. Las instituciones de supervisión y control de este tipo de malas prácticas, no funcionan en España (son “decorativas”, según término del profesor Malem), pues están capturadas por amigos del poder y en el grosero reparto de sus poltronas los partidos obran como un auténtico cártel. Miren, por ejemplo, quiénes son responsables de la sección de fiscalización de los partidos en el Tribunal de Cuentas (dos personas designadas por los principales partidos; se pueden imaginar por qué). El Poder Judicial cuando interviene, es lento y a veces incluso poco efectivo, por tardío. Solo fiscaliza la punta del iceberg. En estos ya casi 50 años de un sistema autodenominado democrático, los escándalos se han multiplicado conforme los partidos, gobernantes y políticos iban concibiendo cada vez más al Estado “como una gran matrona dotada de dos ubérrimas mamelas” (A. Sawa) de las que se puede succionar todo en beneficio propio. Lo del interés general en la política española siempre ha sido un pío deseo.

La imagen que transmite la corrupción política es demoledora. El daño reputacional al sistema político constitucional, irreparable. La desconfianza y desconexión ciudadana hacia sus autodenominados “representantes” (de sí mismos y de sus intereses), es ya absoluto. Si bien, la docilidad de la ciudadanía española, incapaz de articular una resistencia cívica y democrática (por debilidad de la sociedad civil) ante tales saqueos, resulta un factor determinante para que esa cohorte de sátrapas que, protegidos por sus propios partidos, siga campando a sus anchas, sin que apenas se inmuten, mientras partidos y gobiernos hacen prestidigitación falaz con el relato apoyados por las milongas que cuentan sus respectivos periodistas palanganeros a sueldo y, en algún caso incluso, sus asesores con doctorado en ética del engaño.

Los llamados líderes políticos, sus actuales partidos endogámicos que actúan como sociedades de socorros mutuos, los políticos que ejercen de tales (con vocación de hacerlo durante toda su vida y nutren esa larguísima nómina estatal, autonómica y local) y sus amigos políticos, son los exclusivos y grandes beneficiarios materiales de la corrupción política sistémica. También los mayores enemigos del sistema democrático que dicen defender. El daño reputacional les es indiferente. Gracias a la corrupción alimentan su peculio o el de su partido, o benefician a familiares y amigos, empresas o periodistas voceros del poder de turno, que son legión. Si los políticos están en la oposición, la contingente corrupción les da recurrentes argumentos para pedir la dimisión del político gubernamental de turno y así cumplen esa aparente función democrática, que no es tal; pues antes, ellos o sus predecesores, hicieron lo mismo. Y luego, cuando alcancen el poder, volverán a las andadas. Pero esa corrupción no es solo estatal (la más visible), también tiene tentáculos muy largos en las Comunidades Autónomas y en las entidades locales. Y no digamos del sector público empresarial y fundacional, que es la cueva de Alí Babá de la política, como estamos viendo un día sí y otro también con escandalosas noticias.

Muchas veces, es una corrupción gris (o menos llamativa), pero persistente y letal. Cuando se nombran absolutos incompetentes para dirigir un departamento, dirección general o empresa pública de un Gobierno, también hay corrupción, pues los efectos diferidos serán brutales y alguna vez incluso con terribles consecuencias personales y patrimoniales (Covid19, Dana Comunidad Valenciana, etc.). Asimismo, quien designa a personas marcadamente parciales (miembros de su partido, exministros o ex altos cargos, familiares o amigos) para cubrir cargos en instituciones de supervisión, control, etc.) o que carecen de las cualificaciones requeridas, está corrompiendo el sistema institucional y vaciando su sentido y razón de ser con fines marcadamente espurios, cuando no iliberales. Contratar a personas por nepotismo o manipulando los procesos selectivos, es igualmente corrupción. Ni que decir tiene que todas estas prácticas y otras muchas más, se han ido instalando y agravando cómodamente en el actuar de los distintos niveles de gobierno, de quienes los dirigen, de unos medios de comunicación duros con el enemigo y complacientes al máximo con los amigos políticos, así como permitidas indolentemente por una ciudadanía que, si bien parece escandalizarse, nada hace por evitarlo.

No hay nada más cínico en la política española que el lema de tolerancia cero frente a la corrupción, que airean los políticos cuando el enemigo se ve incurso en un caso o cuando el lodo les cerca en casa propia. Ni se lo creen, ni se lo han creído nunca, ni se lo creerán. El movimiento se muestra andando. Y ningún partido de gobierno, tampoco quienes gobiernan, hizo nunca nada por atajar la corrupción. Les gusta mirar al otro lado o invocar la vergonzante expresión “y tú más”. Como si tener algo de mierda menos en tu sucia casa te diera patente de limpieza.

La corrupción política es hija primogénita del Estado clientelar de partidos, que hoy en día ya es el sistema efectivo de gobierno en la España “constitucional”. Mas la corrupción también estuvo totalmente presente en regímenes absolutistas o dictatoriales (en los que la concentración del poder evita cualquier control). Frente a quienes piensan que la corrupción política es un mal del sistema democrático o de aquellos que sitúan sus orígenes en el franquismo, cabe constatar que esas prácticas corruptas son, al menos, consustanciales a la práctica política de la España de los siglos XIX, del XX y del actual XXI. En este país la oligarquía y el caciquismo, primero, tanto del sistema político isabelino como en el de la Restauración (la “España de los turrones”, que diría Juan Valera), con el paréntesis del sexenio democrático (que tampoco mejoró las cosas en este punto), y luego las expresiones autoritarias o dictatoriales (que en el siglo XX español alcanzaron casi medio siglo), fueron caldo de cultivo de una configuración de lo público como patrimonio del partido vencedor. El Estado de partidos que nace en el período de Entreguerras, en España se retroalimenta de los vicios caciquiles y de la concepción patrimonial del poder, que vuelven con fuerza estas últimas décadas: quien lo obtiene, reparte turrones entre los suyos. Las mordidas -vía la figura esperpéntica del comisionista– se han instalado en el ámbito de la contratación pública (la verdadera tarta de reparto de la política española) y allí actúan sin rubor alguno políticos chabacanos. Esta lacra parece haber adquirido carta de naturaleza, a pesar de una regulación normativa de contratación pública exhaustiva, mastodóntica y pretendidamente garantista, mas también poco efectiva, que es incapaz de evitar que las adjudicaciones se sigan haciendo en muchos casos con ese sesgo partidista o patrimonial en beneficio de intereses espurios. La pregunta es cómo en un sistema de contratación pública “profesionalizado”, “transparente” y de pública licitación, también “íntegro” dice la ley (mejor dejémoslo), la adjudicación de contratos públicos sigue siendo el lodazal en el que chapotean cómodamente políticos sin escrúpulos. Y mejor ni pensar sobre qué puede estar pasando con la contratación pública en la gestión de fondos europeos. Los planes de medidas antifraude tapan con tiritas una profunda herida gangrenada. La desactivación partidista de los sistemas de control, y la deconstrucción de la función pública profesional en España, junto con la mastodóntica configuración de un incontrolado sector público empresarial (el patio trasero, que nunca se debe mostrar, de la política española), pueden ofrecer algunas respuestas.

La corrupción no solo mina el ya ínfimo crédito del que gozan hoy en día la política y los políticos, sino que también devasta las instituciones democráticas anulando este calificativo. Su generalización abre las puertas a soluciones autocráticas como presunto remedio salvador. Ya pasó hace poco más de un siglo, y nadie nos dice que, con otro formato, no vaya a pasar ahora. Con esos comportamientos políticos devastadores de lo público se multiplican las expresiones más extremas. El régimen constitucional de 1978 está cavando su fosa con la letal vitalidad del Estado clientelar de partidos, con un corporativismo rancio que nos lleva a tiempos pretéritos, y con unas instituciones rotas (Ver, en abierto: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA). La corrupción política representa el batallón de termitas que mina desde dentro del sistema institucional y constitucional español.

Si los partidos siguen empeñados en mantener durante toda su vida a esa legión de políticos amorales,  que solo saben vociferar al enemigo y vivir cómodamente de los privilegios y de la púrpura de la política, en ver pasivamente, además, cómo algunos de sus militantes y cargos se enriquecen con medios ilegales o adoptan conductas esperpénticas y nada ejemplares (contratar servicios sexuales, organizar fiestas del estilo más cutre), el caldo de cultivo para que algún (partido) redentor y demagogo de factura autoritaria se haga con el poder, es evidente.

También se puede dar el caso de que este hedor corrupto, cada día más insoportable, sirva como medio para vendernos una regeneración desde el poder, realmente una farsa, de la que hay que desconfiar siempre (Ver: :https://rafaeljimenezasensio.com/2025/05/25/la-regeneracion-politica-como-farsa/) ¿Cómo van a regenerar quienes son los causantes y actores directos de tales males? Provenga de quien gobierna o de quienes le sucedan. Nos han vendido tantas veces la burra de la regeneración, que es esta una expresión absolutamente quemada. En esta España sin pulso ciudadano, de periodistas por lo común banderizos y políticos cada vez (duele decirlo) más indecentes, pónganse en lo peor. Y prepárense para lo que vendrá después, retroalimentado por tantos atropellos. Les han dejado el terreno expedito y el país sin frenos para  que asalten el poder a su antojo y pongan en jaque, más aún, al Estado democrático. Bonito futuro que nos espera.

“No se puede creer en regeneradores, porque fallan los principios motrices para toda regeneración”

(Leopoldo Alas, “Clarín”)

Preliminar

Hace unos días, en su tribuna semanal del diario La Vanguardia, el periodista Fernando Ónega dedicaba su columna a este tema y hacía hincapié en que la futura regeneración de la política que se llevara a cabo en España necesariamente debería prestar atención a las maltrechas instituciones. Hasta ahí, de acuerdo. Mas sorprende cómo un veterano periodista, con suficiente información y un poso de lecturas, todavía pueda predicar ingenuamente algo que en España siempre que se ha intentando se saldó con un sonado fracaso.

La regeneración es, en este país, una noción calcinada por su mal uso y su descarado abuso. Hay que desconfiar, como premisa, si tal regeneración se plantea por la política y afecta a ella misma o a las instituciones que capturan o en las que se instalan. Cuando se ha traído a colación, sus resultados han sido pírricos, por no decir que nada real consiguieron. Hace menos de quince años, con el movimiento del 15M, se habló mucho de ello y se quedó en nada. La nueva política, como siempre había sucedido, envejeció en tiempo récord, y cayó en los mismos males, corregidos y aumentados, que los existentes antaño y ahora propios de la vieja política que siempre nos abraza, y en no pocas veces nos ahoga. Y así seguimos, como siempre, hablando de algo que suena muy bien, como es conjugar el verbo regenerar, pero que nadie se lo toma realmente en serio. En España, reformar y regenerar son dos verbos que la política no conjuga. Y, con esta política cínica, inmoral, llena de imposturas y de una mediocridad supina que nos invade, menos aún.

De regeneración se habló mucho en España tras el terrible impacto del Desastre de 1898. Y ahí quiero volver. Surgió entonces un movimiento llamado regeneracionista que fue impulsado desde círculos políticos e intelectuales, si bien limitados aunque representativos, y tras el aireado Informe sobre Oligarquía y caciquismo presentado en el Ateneo en 1901 por Joaquín Costa, y en el que intervinieron una amplia nómina de académicos e intelectuales, mas también no pocos políticos, el impulso inicial y algunas tibias medidas políticas impulsadas por Silvela, Maura (la pretendida Revolución desde arriba), Canalejas y otros, terminaron dando paso al derrumbe del largo, extenso y ficticio sistema político de la Restauración en 1923 por el golpe militar de Primo de Rivera. El antiparlamentarismo y la antipolítica, tan aireada en las dos décadas previas, abrieron la puerta a ese esperpéntico “Cirujano de hierro” que pretendió representar entonces chapuceramente quien fuera capitán general de Barcelona.

No todos los intelectuales, sin embargo, se alinearon con ese movimiento regenerador. Reconocidos literatos decimonónicos liberales o republicanos, como fueron los casos, respectivamente, de Valera y Clarín, por ejemplo, no mostraron grandes simpatías por ese impulso regenerador que enfebrecía a la intelectualidad del momento, aunque tampoco la gente nueva (la mal llamada “Generación del 98”: José-Carlos Mainer y Jordi Gracia, 1996) se alineó con las tesis de Joaquín Costa, con la excepción de Miguel de Unamuno, adoptando una posición de retraimiento calculado, en algunos casos con movimientos políticos un tanto sorprendentes. El propio Clarín escribía perplejo lo siguiente: «¿Será verdad que Maeztu, un señor Baroja y Martínez Ruiz visitaron a Polavieja ¡a Polavieja! para discutir las ventajas que podría sacar España de la implantación de una dictadura que fuese a un tiempo liberal, técnica y antiparlamentaria?» (1899). Luego estaban, obviamente, los intelectuales y políticos ultraconservadores o neocatólicos, que echaban las culpas de los males de España al liberalismo imperante, a la emergencia del nacionalismo/separatismo y del incipiente aún socialismo. Esos ismos irán conformando los particulares fantasmas de la política en este país durante las siguientes décadas.

“El regenerador” de Leopoldo Alas, “Clarín”

En ese contexto, antes incluso de que finalizara el siglo XIX, el prolífico periodista y crítico Clarín reitera en diferentes artículos su satírica visión frente a cómo pretendía resolver el problema de España ese inicial movimiento regeneracionista, impulsado por Joaquín Costa y algunas fuerzas políticas y sociales de cariz conservador o de centro, aunque también de izquierda templada, con algunos republicanos que se sumaron a la iniciativa. Fue muy duro Clarín con quienes despectivamente denominaba como los hidráulicos, un regeneracionismo teñido de intereses económicos y comerciales, que descuidaba un aspecto central, como era el idealismo de una moral republicana, frente a la indecencia en la que había derivado el denostado sistema político de la Restauración, y olvidaba, sobre todo, la educación como pilar esencial de ese radical cambio de hacer las cosas en España.

En la revista La Vida Literaria en 1899, publica Clarín una magnífica pieza que gráficamente denomina El regenerador, donde con las destrezas literarias y toda la carga de ironía que tenía este gran escritor, que era mucha, dibuja con precisión cómo en España la política tradicional resolvía cotidianamente los asuntos de esa pretendida regeneración en sus maltrechos comportamientos institucionales. Nada nuevo, lo de siempre; pero conviene recordarlo para saber cómo los políticos afrontan en este país tales exigencias y de qué manera las resuelven. Su descripción en nada se aleja de lo que hoy también ocurre. Un breve resumen de lo allí expuesto nos deja muy claro cómo actuaba ese regenerador parvenu. Así lo describía Alas:

“Le sorprendemos en uno de los momentos felices de su vida. Está comiendo en la fonda, en el hotel, como él dice siempre, de primera clase, en la mesa redonda, en la que hay señoras que a él se le antojan duquesas y muchos comisionistas. Está comiendo de gorra. ¿Quién paga? El Municipio. El Regenerador es concejal y está en Madrid, con otros ediles de su pueblo, gestionando el pronto despacho de ciertas gollerías para el Ayuntamiento de la ciudad que le vio nacer”.

Como él mismo pensaba, “comer en la fonda, sin pagar, ¡qué dicha!”. No es como también se describía un “degenerador”, sino un “regenerador”, quien viene (o eso dice) a hacer algo nuevo. Aunque Clarín lo tenía claro, era aquel un representante más de aquella saga tan abundante entonces (y mucho más ahora) de “bandidos de la política”.

En verdad, el regenerador tenía muy claro que “la moral (en política) es un mito”. Y describía su cursus honorum en esa actividad pública que siempre aporta buenas nueces al patrimonio privado:

“Nació -escribía Clarín- en la trastienda de una droguería, y allí se crío y se educó. Desde sus más tiernos años aprendió la diferencia que va desde la tienda a la trastienda. La tienda es el teatro, allí se engaña (a los clientes o ciudadanos), se les da droga maravillosa (promesa electoral), que todo lo cura … En la trastienda se falsifica el producto auténtico, con firma y todo: allí se viste al gato y se le disfraza de liebre”.

“Al llegar a cierta edad el Regenerador se fijó en la política, y le fue (una actividad) muy simpática, por lo mucho que se parecía a una tienda … con su trastienda. Pero él llegaba a la cosa pública en tiempos en que este tráfico estaba muy desacreditado, y en que era lo corriente renegar de la política, para meterse en ella” (¿les suena?).

“Si al principio figuró, en segunda línea, en un partido liberal, abandonó sus filas, cuando comprendió que por ahí no se iba al poder, y aprovechó la ocasión para entrar en un Ayuntamiento (o en un partido) que se declaró ‘enemigo de toda política y puramente administrativo’ (…) Lo había dicho siempre: ‘Menos doctores y más industriales. Menos políticos y más Administración. Comercio, mucho comercio … que es la sangre de los pueblos … Y la mandíbula del lobo, ¡tris tras!, devora la carne en la mesa redonda del hotel … y refiere a los comisionistas que le rodean los planes que el Regenerador abriga para cuando se reúna la gran Convención de los industriales y comerciantes”.

En este punto la crítica de Clarín, sin citarla expresamente, se dirige claramente a la Unión Nacional y a los planes de Costa, pues coinciden temporalmente con la creación de ese partido y de su plataforma. Como reconoció Yvan Lissorgues, quien recopiló y comentó atinadamente buena parte de los escritos políticos de Clarín en sendas publicaciones (1980 y 2007), al profesor y periodista crítico, republicano sincero durante toda su vida, no le agradó esa pretendida regeneración que tomaba visos de ser falsa por insincera, como todas las otras que  continuarían, pues en el marco de unos objetivos que se podían compartir había una “trastienda” evidente de intereses propios o de clase (también política). En el fondo lo que se pretendía era seguir gobernando (o comerciando) en momentos críticos cuando el país se desmoronaba, fruto de la conmoción surgida tras el Desastre del 98, y ello exigía adoptar esas dosis de funambulismo que la mentirosa y prestidigitadora política española siempre tenía en la chistera. Así lo hicieron entonces y así lo seguirán haciendo después. Si, en aquel momento, con ese durísimo contexto político y económico, no fue posible llevar a cabo apenas ninguna regeneración que se precie, cabe imaginar qué suerte correría esa idea en el futuro. Su bastardeo ha sido la regla. Y ahí seguimos.  

A la perspicaz e inteligente mirada de ese gran literato, periodista crítico y analista político que era Clarín, no se le podía engañar con tales remedos. Aunque respetaba a los «regeneradores serios» (ensayistas), desconfiaba de los políticos regeneradores o de quienes se investían así. En uno de sus tempranos paliques (1878), el escritor ya enunciaba la enorme desconfianza que le generaban esos salvadores patrios (que, a partir de entonces tanto abundaron y aún abundan), y que él llamaba gobernantes cismáticos de España, cuyo lema era “¡Salvar al pueblo sin el pueblo!”. Según concluía “ese ha sido siempre el programa de los tiranos y de los déspotas”. Leopoldo Alas, desgraciadamente, no viviría para ver cómo se cumplían sus más sombríos pronósticos. Murió tempranamente en junio de 1901. Ni siquiera participó, a diferencia de sus también ilustres colegas de la Universidad de Oviedo de esa saga inolvidable (Altamira, Buylla, Posada y Sela), en los debates sobre el Informe de Costa a principios de ese mismo año en el Ateneo. Tal vez esa ausencia se debiera a su delicado estado de salud o quizás se produjera por sus enfrentadas tesis a tales propuestas. Nunca lo sabremos.

(A propósito del libro Oposición, Anagrama, 2025)

«Debemos al misticismo esa forma administrativa de la paciencia que se llama el expediente»

(Benito Pérez Galdós, La desheredada)

«Un Estado ingrato, indiferente al mérito, es un Estado salvaje»

(Benito Pérez Galdós, Miau)

Introducción

A diferencia de tiempos pretéritos, aquellas novelas que tienen por objeto el fenómeno burocrático-administrativo, son hoy en día una rara avis. Y no deja de ser paradójico este abandono, más aún en estos últimos tiempos, cuando esos ecosistemas tan opacos como son las Administraciones públicas han ido acumulando casi sin darnos cuenta disfunciones sinfín (elefantiasis organizativa y de personal, dificultades de acceso digital y presencial con desprecio a la ciudadanía, mala administración, politización descarnada en forma de clientelismo, a veces bochornosamente cutre, desprofesionalización, corrupción galopante, endogamia, voracidad sindical, teletrabajo mal aplicado, y un largo etcétera).

Por tanto, el caldo de cultivo potencial que tienen los escritores para ambientar sus novelas en tan hermético y hasta en no pocas ocasiones absurdo mundo político-burocrático del sector público, es amplísimo. A esta retracción actual de los autores para contextualizar novelas en tan singular ambiente, ha podido contribuir, sin duda, la complejidad innata de ese ecosistema político-burocrático y el escaso atractivo de una atmósfera sórdida como medio narrativo; pero también el lenguaje oscuro, incluso con ribetes esotéricos, de las normas y actuaciones de las Administraciones, que solo denominados expertos (esencialmente, juristas) dicen dominar.

Además, en los últimos tiempos, más aún tras las crisis de 2008 y Covid19, el sector público ha perdido buena parte de su legitimación, de sus capacidades ejecutivas y de una digitalización mal entendida, que ha desatendido a la ciudadanía. Los intentos por vender su transparencia, la participación y la integridad, se han quedado en píos deseos. Las plantillas administrativas cada vez están más envejecidas, lo que marca carácter. Por si ello fuera poco, también han crecido en número de efectivos hasta alcanzar grados de obesidad mórbida o de multiplicación de entidades-chiringuitos que solo la complacencia política y el desconocimiento atroz de la ciudadanía y de los propios medios hacen factible su desordenada proliferación. La política burocrático-administrativa se ha hecho relato, esto es, mentira piadosa; mas también endogámica o defensiva de unos privilegios políticos, burocráticos y sindicales que ya no tienen el común de los mortales (sector privado), sin que nadie al parecer se sorprenda. Los Presupuestos Generales del Estado (o de cada entidad) siguen siendo «el restaurante nacional» (o local), del que hablara Galdós.

La literatura burocrático-administrativa en los siglos XIX y XX.

No fueron pocas, en efecto, las obras literarias que en el siglo XIX español pusieron el foco sobre el penoso estado de una aún incipiente y escuálida Administración Pública, plena de disfunciones y enredos de distinta magnitud. Desde las aireadas críticas de Larra, pasando por el tratamiento de la hispana figura del cesante, abordada -entre otros- magistralmente por Mesonero Romanos y Gil de Zárate, llegando al apogeo que de tales cuestiones hizo la enorme figura literaria de Benito Pérez Galdós, en diferentes episodios nacionales y en no pocas de sus obras novelísticas, inspirado en la impronta de su mentor Mesonero en lo que al cesante respecta y en su admirado Balzac, quien escribió en su Comedia Humana una de las obras maestras de la novela burocrático-administrativa, como fue Los empleados, fuente de inspiración, cuando no de plagio inteligente (como diría Valera), en la conocida obra galdosiana de Miau, la producción literaria del siglo XIX fue jugosa en este tipo de novelas. Hubo muchas más, sin duda. También otros autores posteriores, ya en el siglo XX, trazaron argumentos novelísticos con una impronta burocrática más o menos marcada, desde El proceso de Kafka (con acento en el laberinto burocrático judicial) hasta la extraordinaria novela de Sebastian Haffner, Historia de un alemán, por solo traer a colación algunos ejemplos. Stephan Zweig, en algunos de sus libros (por ejemplo, Diarios o en diferentes biografías como las de Fouché o Balzac, entre otras) también se ocupó de este tema.

De todos estos autores, tal vez fue don Benito quien más incidió en el rancio y destartalado sistema burocrático-administrativo español. Que tuvo tal vez un punto de exageración, propio de la novela, es probable, como agudamente percibió el profesor Antonio Jiménez-Blanco en su documentada y extensa recensión a nuestro libro El legado de Galdós (Catarata, 2023) RAAP 115 RECENSIÓN AJB EL LEGADO DE GALDÓS. En cualquier caso, siempre pongo como ejemplo descarnado de lo que era la Administración caciquil del período, en el que imperaba el desorden político de ceses arbitrarios y nombramientos de amigos políticos, el extraordinario episodio nacional O’Donnell, y los desmanes que entonces los padrinos de la revolución de 1854 hicieron en las nóminas públicas. Pero hay otras muchos episodios y obras del autor canario, amén de la siempre citada Miau, en la que los males endémicos de la Administración española decimonónica aparecen una y otra vez. Muchas son las novelas galdosianas en las que este tema forma parte del decorado o del relato.

Menos incisiva fue la generación de 1898 sobre esta materia, pues el foco de sus censuras, en su afán regeneracionista, se centró más en la mirada oligárquica y caciquil, con el foco puesto principalmente en la política y menos en la burocracia y en la Administración (Pío de Baroja, Valle Inclán, Unamuno, etc.).  A partir de entonces, los males burocrático-administrativos, ahogados en una España políticamente enfrentada a cara de perro, dejaron de ser punto central de atención de los novelistas españoles del siglo XX, aunque desde la perspectiva del ensayo el tema siguió atrayendo a algunos literatos que siguieron adentrándose en esas frondosas y sucias corrientes de los fenómenos burocrático-administrativos.

Sara Mesa y la novela burocrático-administrativa en el siglo XXI

Ni que decir tiene que fue a principios de los años 80, fuera de nuestras fronteras, cuando un libro sobre tales cuestiones generó pasión, Sí ministro, que sirvió de guion a una exitosa serie televisiva. En nuestro país, Alejandro Nieto multiplicó sus ensayos describiendo los males de una Administración y de su burocracia durante más de cuatro décadas (por ejemplo: La organización del desgobierno o El desgobierno de lo público, entre otras muchas obras). Desde una óptica politológica y sociológica, cabe traer a colación los más recientes análisis de la Administración de los continuados y certeros ensayos de Carles Ramió. También en España, en 2013, Muñoz Molina se ocupó parcialmente de este tema en su obra Todo lo que era sólido, un ensayo y no una novela. El reconocido administrativista italiano, Luciano Vandelli, en 2015, publicó, con prólogo de Santiago Muñoz Machado, una obra de referencia: Papeles y papeleo. Burocracia y literatura (Iustel), pero donde la noción «literatura», agrupa al ensayo, y no se centra tanto en la novela, que es objeto de estas líneas.

Dejando de lado novelas menos divulgadas, que las hay, a este género y a estos escenarios ya se había aproximado con fuerza en 2019, si bien desde el ensayo periodístico novelado, la escritora Sara Mesa con un brillante opúsculo: Silencio Administrativo, editado por Anagrama. Con clara intuición y buen conocimiento de las disfunciones legales y de funcionamiento del sector público español, la escritora puso el dedo en la llaga y denunció la constante falta de empatía que el sistema normativo y burocrático-administrativo mostraba, con particular crudeza en quienes se hallaban excluidos socialmente.

Esta misma autora, ahora desde la perspectiva más exigente de la novela, vuelve sobre el tema con un enfoque más amplio en su reciente obra titulada, un tanto equívocamente, Oposición (Anagrama, 2024);  pues, en verdad, si bien de ello trata, el núcleo del relato y sobre todo de su atención sobrepasa ese sistema selectivo (hoy casi totalmente por el boyante y tramposo concurso-oposición) para fijar la atención, con una mirada esperpéntica y de crudo realismo, en un dibujo descarnado de ese ecosistema burocrático-administrativo, claustrofóbico y roto por las históricas inercias que se arrastran tanto en el lenguaje como en las formas y en el funcionamiento, unos burócratas y directivos que replican roles sin cuestionar absolutamente nada de lo absurdo que en no pocas ocasiones tales conductas y actuaciones comportan. Un mundo desconocido para el común de los mortales que apenas son capaces de comprender lo que intramuros de esa fortaleza administrativa se esconde y que tanto les afecta.

Sara, la protagonista del relato, es -o así lo parece- la única que intramuros se atreve a cuestionar un medio y unas formas, que evidentemente no entiende. Ingresa, como ahora suele ser habitual en el sector público, con la condición de interina, aunque enchufada, lo que tampoco es extraño. Nada sabe del medio en el que se inserta y nada se le explica en una gélida acogida que no es ni tal, como usualmente se practica en nuestras Administraciones Públicas. La sientan y a “trabajar”, aunque nada haya de hacer realmente. Su ubicación física y los medios que se le proporcionan (recursos informáticos, teléfono; etc.) es su único contacto con su nueva organización. Nadie le dice para qué está allí y solo pasados varios días será recibida por la Asesora Jurídica, quien, tras decirle que su presencia era muy necesaria para aliviar las inmensas cargas de trabado existentes, apenas le balbucea cuáles serán sus hipotéticas futuras funciones en una denominada OMPA (Oficina de Mediación y Protección Administrativa), aún en formación, y que tardará varios meses en ser puesta en marcha. Una Oficina, cuyo fin confesado es ser vehículo institucional de conexión entre la ciudadanía y la Administración (Gobierno Abierto), detectando a través de un buzón de quejas anónimo, los casos de mala administración y permitiendo que se puedan denunciar y, en su caso, corregir (otra cosa es que se puedan tramitar, lo que nunca será fácil; sino todo lo contrario).

El esperpento institucional (abundante en ejemplos empíricos, por otro lado) ya está en marcha. La protagonista, de la que pocas y fragmentarias pinceladas da la escritora en su relato, sobrevive sus primeras semanas y meses en un ecosistema administrativo salpicado de unas acantonadas relaciones funcionariales y personales entre la sorpresa, el desconcierto y las innumerables preguntas que le surgen sobre ese mundo hasta cierto punto incomprensible en el que la han insertado. Mujer joven (¿de la generación Z o millenial?), pronto advierte que se halla en un locus envejecido de personas instaladas, convencionales, como son la mayoría de los funcionarios con los que trata, de otra generación y con los que no conecta. Cobra su primera nómina, sin haber hecho nada, y le sorprende. Mas pronto se habitúa. La Oficina finalmente se pone en marcha, con el consiguiente bombo y plantillo mediático, lo que relata la autora con especial mordacidad, y Sara inicia su pretendida actividad. La función principal de la protagonista es ser receptora de las quejas, canalizarlas por medio de la Asesora Jurídica a un comité de sabios para que este las evalúe y luego vehicular las respuestas (generalmente, de inadmisión) y notificarlas. Pero apenas nadie hace uso de tan magnífico canal propio de una Administración abierta, que en la práctica está herméticamente cerrada. Pasan los meses y las estadísticas son abrumadoramente insignificantes. Tanto ruido para nada. Sara se inquieta, y decide inconscientemente alimentar con quejas suplantadas tan inutilizado sistema -que van subiendo disparatada y divertidamente de tono- , con unas consecuencias que le conducirán -después de algún chivatazo interno o fruto de la imprudencia de su extraña amiga o enemiga informática, Sabina- a la apertura de un expediente disciplinario que se resuelve de forma expeditiva (algo poco real) y con relativa benevolencia, pues el mar de fondo era más espeso de lo que parecía, y había que evitar el escándalo.

Anteriormente, la interina, aconsejada o más bien empujada por una benefactora funcionaria con afinidades electivas con ella (poesía), la Beni, se anima a preparar unas oposiciones para ingresar, así, como funcionaria de carrera en la Administración, una forma de matar el aburrimiento en el tiempo de trabajo, pues apenas tiene nada que hacer, y así solucionar su vida para siempre. La descripción de la espesa atmósfera administrativa y relacional, de las pintorescas figuras que conforman ese ecosistema, los asesores, funcionarios, informáticos, conserje, el fantasmagórico jefe de negociado con su plaza pendiente de amortización y el propio secretario general, Echevarría, presuntamente cargo público de libre designación, y el entorno del propio edificio administrativo de la Consejería (según se dice), es probablemente lo más logrado de la novela. También las situaciones grotescas, no menos reales, que no son pocas, que se suceden en ese oscuro medio administrativo. Los alargados tiempos del desayuno funcionarial,  los siniestros despachos y negociados, las vacaciones y su reparto, la inactividad retribuida siempre, el afán de hacer que se hace sin hacer realmente casi nada o cosas inútiles, los encuentros y eventos en la terraza prohibida, el opaco e incomprensible lenguaje administrativo, y un sinfín de anécdotas, entre las que sobresale la discutida implantación de la cita previa y la rebelión ciudadana por ella, así como otros muchos aspectos, hacen de esta novela una obra divertida en muchos de sus pasajes. Y, si como decía Juan Valera, el fin esencial de la novela es entretener al lector, en este caso se consigue.

La oposición toma pulso central en un relato entreverado con la excelente descripción del edificio administrativo y su fauna, la suplantación de las quejas y la apasionada inicialmente relación de amistad con una joven, contradictoria y compleja funcionaria informática, Sabina (a mi juicio, la parte menos lograda del relato, no por ello menos importante en el desenlace). El argumentario de Beni, también central, para convencer a su pupila de que sacando una oposición su vida estaría arreglada y que se debe luchar por ello (¡Cuánto frío hace fuera de los presupuestos públicos!), el tortuoso camino de estudiar un aburrido y destartalado temario y unos apuntes incomprensibles, el absurdo trazado de unas pruebas que no son fiables ni válidas, sino más viejas que el crimen, y el test de “conocimientos” (¿para qué sirve preguntar -se interroga- cuántos artículos tiene el título preliminar de la Constitución?), los problemas de dicción de la protagonista con su frenillo (transformando la r en d), el escenario real de las pruebas selectivas masivas y su desarrollo, así como la configuración de unas pruebas blandas que permiten acceder a la función pública como si una especie de sorteo público se tratara, son los aspectos más sobresalientes de la novela.

Se trata, en todo caso, y la autora lo recuerda en sus citas iniciales, de una obra de ficción, a la que no cabe exigir comprobación empírica. Pero no impide que en ello haya mucho de verdad. Y nada que objetar al respecto. Aunque puestos a describir desmanes del sector público que pueden dar lugar a abusos se podrían haber encontrado muchos más, amén de los descritos: la politización descarnada, el sindicalismo público voraz y endogámico, el mal uso o (inclusive no pocas veces) abuso del teletrabajo, el ninguneo de parte de la ciudadanía sin recursos ni competencias digitales en el acceso a la Administración (algo se dice), las condiciones inmejorables de trabajo (horarios, vacaciones, permisos y licencias de todo tipo) de las que gozan como prerrogativa eterna los empleados públicos, y un largo etcétera. Pero la autora ha optado por seleccionar aquellos puntos que ella considera críticos. Y nada que objetar

La lección de esta obra en su desenlace -tal vez un tanto ingenuo- es que aún hay personas que viendo cómo el ecosistema burocrático-administrativo es tan rígido, castrante y asfixiante, por mucho que te den la sopa boba todos los meses, una opción vital es salir corriendo y buscar una vida más gratificante fuera (donde tanto frío hace), que viendo lo descrito no es difícil pensar que la haya. El problema es si realmente se encontrará. Un inconformismo mezclado con candor e ingenuidad atraviesa el relato y sobre todo el papel de Sara, la protagonista.

La otra Sara, apellidada Mesa y no Villalba, la autora, ha escrito una obra entretenida y sagaz en no pocos pasajes. Algo desigual y con un mensaje que, en momentos de cuestionamiento frontal del sistema burocrático desde el otro lado del Atlántico, sino se comprende bien, podría dañar más aún la mala imagen o deslegitimación que tiene ya hoy en día la Administración Pública; por otro lado, culpa en buena medida de la incapacidad política y funcionarial, pero también social, para reformarla. Todo ello alimenta los discursos populistas e iliberales de su destrucción o del simple o necio recurso a la motosierra. El problema es que esos mensajes calan en una ciudadanía desinformada o informada por cámaras eco o redes sociales capturadas. Y ahí están el quid de la cuestión. Sara Mesa no tiene la culpa, eso está claro. Tampoco su descarnado, y en no pocas veces real, relato de ficción. Quien sea competente, si alguien se da por aludido, que tome nota. Nadie lo hará. La Administración siempre ha sido impersonal. Y ahí está el nudo, que nadie desata. Detrás del órgano se esconden los desmanes humanos, salvo excepciones tasadas.   

Preliminar

Nadie que tenga un conocimiento cabal del momento actual de la política mundial puede eludir la delicada situación por la que atraviesa el Estado de Derecho Liberal Democrático, y por añadidura su dimensión social. Muy aireados son los ataques autocráticos directos o indirectos, ejercidos por doquier al Estado de Derecho (ver: Applebaum, 2024) y al Poder Judicial (también en países que forman parte de la Unión Europea). El creciente populismo e iliberalismo están haciendo destrozos evidentes, también en Europa. Menos divulgadas son las prácticas indisimuladas de captura de los órganos de control del poder hasta desactivarlos por completo o convertirlos en lo que nunca deben ser: “amigos del poder de turno”, muy propias de nuestro contexto institucional.  Y, en fin, todavía está pasando más de puntillas el inicio de lo que se barrunta como un desmantelamiento progresivo del sistema burocrático profesional como freno al ejercicio arbitrario del poder (también con algunas disparatadas iniciativas en este país), cuya primera pieza de caza mayor es retornar a la politización más burda del servicio civil (función pública) y de los escalones directivos superiores de las Administraciones Públicas, en lógica clientelar de poder o del indisimulado retorno del spoils system.

En efecto, se está alumbrando un sistema sancionado como régimen de pretendida eficiencia político-gubernamental en cuanto que el liderazgo directivo e incluso funcionarial se debe alinear según estos nuevos vientos políticos indiscutiblemente con quien ejerce circunstancialmente el poder y procede, así, a nombrar o cesar a tales funcionarios y cargos directivos, convirtiéndolos en meros ejecutores políticos de sus órdenes sin margen alguno de discrecionalidad técnico-directiva ni responsabilidad por la gestión. Quien llega al poder parece tener patente de corso para destruir el sistema institucional existente y crear un orden pretendidamente nuevo. Es el fin, por tanto, del estatuto de imparcialidad de la función pública, así como de los parámetros de profesionalización, autonomía de gestión y control por resultados (eficiencia de verdad) de la función directiva profesional, que desaparecen, de ese modo, bajo el imperio de la decisión política. Carl Schmitt resucita en los lugares más insólitos. También en la alta Administración estadounidense. Y revestido con ropajes pretendidamente innovadores impulsados por unos tecnoplutócratas con un discurso de una simpleza banal, pero que cala, y mucho.

Estados Unidos como «nuevo» paradigma: el estruendoso retorno del spoils system

Lo que está sucediendo en Estados Unidos desde la segunda llegada de Trump al poder en este ámbito, con medidas gubernamentales intrusivas y desestabilizadoras sobre la Administración Federal, el servicio civil y la alta dirección pública, bendecidas e impulsadas desde la Presidencia de Trump y pilotadas por un aventurero inconsciente de la política como es Musk, es de una gravedad fuera de lo común; pues pervierte todo un sistema gubernamental y administrativo construido pacientemente y con notables dificultades en aquel país a partir de la Pendlenton Act de 1883 (implantación del sistema de mérito en Estados Unidos tras un largo siglo de corrupción), y que, tras numerosos ajustes, ha llegado hasta nuestros días. Como se ha dicho, el poder de los expertos, de los altos funcionarios y su capacidad de freno al poder despótico y a la corrupción, desaparecen de un plumazo. Solo se quieren funcionarios y directivos serviles con el poder de turno (Tom Nichols, 2025).

Tras varias décadas de profesionalización de la función directiva gubernamental en las democracias avanzadas (movimiento que se inicia con el Senior Executive Service durante la presidencia Carter; ver: Villoria y Férez), luego trasladado el modelo con severos ajustes a no pocas democracias avanzadas principalmente de corte anglosajón o nórdico, pero no solo (también a otras de impronta “continental” en el modo de organizar su Administración Pública, tales como Bélgica, Chile, Portugal, etc.), parece haber llegado el turno, en este terrible movimiento pendular de la Historia, a la vigencia y vigor mediático (redes sociales) del retorno a las prácticas clientelares más groseras en el nombramiento y cese del personal funcionario y directivo público en lo que antes conocíamos como democracias avanzadas: despidos masivos, ceses discrecionales y arbitrariedad pura y dura. El cierre de filas y el exterminio del enemigo político es lo que se lleva. Kelsen palidece, Schmitt -como decía más arriba- renace de sus cenizas.

Se puede decir que existe, sin duda, una suerte de cambio de paradigma; aunque, en verdad, creo más bien (puedo estar equivocado) que se trata de una concepción cíclica de la Historia (Giambattista Vico), que nos hace regresar a dónde ya estuvimos, y que tanto tiempo y esfuerzo costó superar. Ciertamente, no será fácil ni rápido que el universo conceptual y el funcionamiento institucional construido laboriosamente primero en la Ilustración y, después, por el Estado Liberal Democrático y de Derecho, así como su importantísima impronta social o de «procura existencial» (Forsthoff), se desmorone o desintegre como un castillo de naipes. Pero nada es infinito en la naturaleza humana. Tampoco eso.

Si el modelo burocrático weberiano se pretendió corregir y mejorar por la denominada Nueva Gestión Pública que dio pie, sin embargo, a innumerables desmanes propios de un rancio neoliberalismo que leyó con renglones torcidos (particularmente, en España; pero también en el Reino Unido, Mazzucato, 2021 y 2023) lo que el New Public Management tenía de valor público (función directiva profesional y gestión por resultados) y orilló cuáles eran sus manifiestos errores (privatizaciones desordenadas e ineficientes y abandono de cuestiones clave como la integridad y transparencia de los gobernantes y directivos), esta última deriva se quiso enmendar mediante lo que pretendía ser una Gobernanza robusta que abría la Administración a la ciudadanía (al menos en hipótesis) y apostaba por el fortalecimiento profesional de las capacidades administrativas y directivas a  través de la mejora permanente de la Gobernanza intraorganizativa, en la que la digitalización y la gestión inteligente de los datos eran, asimismo, piezas claves de la mejora del modelo; pero no su esencia, ni menos aún su sustitución. Instrumentales.

Lo que era un proceso acumulativo de mejora, pero nunca de enmienda absoluta, que hacía convivir compleja, mas necesariamente, el modelo burocrático, la nueva Gestión Pública y la Gobernanza, parece que tiene los días contados. Y eso se observa crudamente en la parte más sensible de la arquitectura institucional del sector público ejecutivo, que no es otra que la que linda y hace de argamasa entre la estructura gubernamental y los niveles directivos del sector público, como pieza de engarce con el sistema de gestión. El asalto a esa zona intermedia, auténtico nervio en el funcionamiento del sector público, parece ser ya una política plenamente sancionada por ese oscuro (sobre todo en sus fines) programa que se encuadra orgánicamente (aunque de forma harto difusa) en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Administración Trump II, que no se sabe muy bien qué es, pero que vende demagógicamente cuestiones fáciles de comprar por una ciudadanía cada vez más capturada por mensajes simplistas, si bien efectivos: reducción drástica de la burocracia, simplificación, desregulación y eficiencia. Mas su finalidad real es otra, como se ha dicho: “No se busca el mejor gobierno, sino su destrucción” (Nichols).

La politización de la alta función pública (servicio civil) y de la Administración estadounidense, a pesar de los tardíos brotes de profesionalización de las estructuras directivas de las Agencias (a partir de 1980) y de la previa conformación del Servicio Civil, en un largo proceso que va desde finales del siglo XIX hasta el período de Entreguerras, siempre ha sido muy elevada (se computaban en más de 3.000 los puestos directivos y de responsabilidad de la Administración Federal de provisión discrecional por el presidente de turno). Sin embargo, ese ya generoso círculo de discrecionalidad política se pretende ahora abrir en canal. Los altos funcionarios y los directivos solo pueden ser amigos del poder de turno. Nada más.

Lo que se lleva en estos tiempos tan convulsos, principalmente tras la segunda victoria electoral de Trump, es el absoluto retorno a las prácticas clientelares políticas más añejas, revestidas con un manto neotecnológico que le da apariencia de modernidad falsa, pues el fin real es más viejo que el crimen: es la confianza política y solo ella, así como el total alineamiento sin fisuras con la política presidencial en su conjunto, lo que avala el nombramiento y cese de un alto funcionario y directivo público, y por tanto su continuidad. El perfil profesional de los nombrados y en buena medida su ejecutoria en el desempeño del cargo, se muestran aspectos adjetivos, cuando no prescindibles. Los funcionarios y directivos públicos son así soldaditos del poder de turno y su continuidad en el cargo depende de que lo acrediten día a día. El spoils system elevado a doctrina por la presidencia del populista Andrew Jackson (1828-1836) renace de nuevo bajo la presidencia Trump II y su asesor-provocador gubernamental (Elon Musk),  a quienes poco importa lo que es la Administración Pública y para qué sirve en un Estado liberal democrático. Les molesta.

Una España clientelar que no ha hecho los deberes y una Unión Europea cuyas estrategias de fortalecimiento de las capacidades administrativas apenas se cumplen

En España hemos sido incapaces durante las últimas décadas de reforzar el sistema burocrático, que tiene taras casi eternas, tampoco supimos aplicar cabalmente la Nueva Gestión Pública ni mucho menos aquellos instrumentos que la dotaban de fortalezas (dirección pública profesional y evaluación de la gestión por resultados), y, en fin, perdimos el tiempo inútilmente a la hora de implantar, tarde y mal, la Gobernanza Pública, con una transparencia formal y de mentiras, así como sin apenas entender la trascendencia que tenían las políticas de integridad como freno a una corrupción galopante, por no hablar de la imposibilidad de construir una digitalización inclusiva con una transición justa o de fortalecer unas capacidades administrativas que en nuestro sector público están bajo mínimos. Y con tendencia a empeorar hasta límites desconocidos. La desprofesionalización de nuestra función pública y la politización intensiva de nuestra alta Administración, son dos males endémicos que se retroalimentan a sí mismos y lastran cualquier avance del país. La desatención digital propia de una burocracia endógena e indiferente a la ciudadanía y la abrumadora regulación, son enemigos de la democracia, y sus peores embajadores. Al tiempo.

Por consiguiente, aquí estamos (casi) donde estábamos. La España clientelar sigue encontrando un terreno expedito en la ocupación de las instituciones de control y de los niveles de la alta Administración por la lógica partidista. Así que en nuestro país cabe presumir que ni siquiera el ciclo que ahora anega Estados Unidos y que será emulado en no pocos países (me temo que también, con las correcciones que procedan, en algunos estados de la Unión Europea), hará mucho más daño del que nuestra depredadora, sectaria y cainita clase política ya ha hecho en estas últimas décadas y, principalmente, en estos últimos años. Las altas esferas de las Administraciones estatal, autonómicas y locales, están ya ocupadas por criterios exclusiva o predominantemente políticos. Y apenas nada hay, de momento, que haga cambiar este letal diagnóstico. Los intentos reiterados, pero timoratos hasta la extenuación, de iniciar en algunos contextos institucionales el tránsito hacia una dirección pública profesional, hasta la fecha han fracasado por completo. Pero, lo que sí puede empeorar, más aún, es el pésimo estado de nuestro subsistema de función pública, pues las envenenadas y demagógicas recetas contra una inoperante burocracia cada vez más numerosa e ineficiente calan muy fácil en ciertos estratos sociales, así como en las incendiarias y sectarias redes. Y eso es desestabilizador en sí mismo.  También para la democracia y el Estado social.

Nuestra situación de partida es, por tanto, muy mala para resistir esos embates que están atizando sin piedad los cimientos tradicionales de la Administración Pública en los Estados Liberales Democráticos (y el nuestro, dista aún de serlo). Sin embargo, hay varios países de la Unión Europea que apostaron en su día por profesionalizar sus subsistemas de función pública y, en particular, de su función directiva en sus respectivos sectores públicos, y los resultados hasta la fecha son infinitamente mejores que los existentes con los anteriores sistemas en los que primaba la confianza política y la discrecionalidad más absoluta en los nombramientos y ceses. Y, por consiguiente, en esta lucha desigual por mantener los estándares democráticos-institucionales, así como de eficiencia en la gestión (de la buena, no la retórica de Musk o de la motosierra de Milei), la Unión Europea se juega mucho. Y España también. Pero con malas cartas.

No en vano, el último trimestre de 2023, la Comisión Europea, si bien es cierto cuando se encontraba en sus últimos compases de su anterior mandato, aprobó un interesante Programa denominado Compact, donde se recogía una Estrategia europea tendente a fortalecer las capacidades ejecutivas y administrativas del sector público de los países miembros, por medio de tres pilares. El primero de ellos, a mi juicio el más importante, iba dedicado a reforzar las capacidades ejecutivas de las Administraciones Públicas de los Estados miembros, y allí precisamente se hacía mención también a que una de sus líneas de trabajo sería “establecer un programa de la UE sobre dirección en la administración pública”.

Este programa Compact era voluntario y dependía de que cada administración pública solicitara el apoyo técnico y financiero de la Comisión para ejecutarlo. ¿Qué ha hecho España hasta ahora para sumarse a ese carro? Hasta ahora, se conocen algunas iniciativas que desde la AGE (INAP) están liderando, junto con algunos países europeos, programas de competencias directivas y aprendizaje directivo. En las Comunidades Autónomas Compact apenas ha calado hasta la fecha, ni siquiera en aquellas donde se están impulsando estrategias de reforma o de planificación. En cualquier caso, en un momento de amenaza de derrumbe (por el duro ataque político) que ya está sufriendo la función pública y la dirección pública profesional, que tanto tiempo costó insertar allí donde se implantó y cuyos efectos en caso de desaparición pueden ser letales para el sistema político democrático y su efectividad en términos de igualdad, así como de freno al poder y prevención de la corrupción, tal vez convendría que en España de una vez por todas se apostara por la modernidad y no por el regreso, aunque en este país seguimos anclados en este punto -aunque las barnicemos de modernidad aparente- en prácticas ancestrales que hunden sus raíces en el caciquismo decimonónico reconvertido en clientelismo político partidista.

El tema es muy importante. La cruzada antiburocrática lanzada desde los Estados Unidos de Trump y Musk vende un discurso simplista y demagógico, pero que cala con facilidad en determinados ámbitos políticos y sociales, también en el contexto europeo. Hacer frente a esos mensajes populistas y baratos, exige no solo virtuosismo directivo y burocrático en el sector público con una Administración cada vez más profesional e imparcial, que restaure la confianza dañada, sino también una comunicación política eficaz y no demagógica, que ofrezca resultados efectivos a una población cada vez más escéptica frente a las bondades de un creciente sector público y cada vez paradójicamente más digitalizado que, pese al número creciente de efectivos, desatiende y olvida los intereses más inmediatos y la atención presencial necesaria que demanda la ciudadanía.

Si seguimos sin avanzar un ápice en este y en otros puntos, nos quedaremos detenidos para siempre en ese perverso modelo de captura política de la alta Administración, tan implantado por estos pagos y sobre el que la política española de ningún color hace ascos, y que ahora el binomio Trump/Musk pretende incentivar o reinventar, con desconocimiento de su propia Historia gubernamental. Sorprende cómo solo desde la ignorancia son incapaces esos gobernantes (o los nuestros) de echar una mirada al corrupto siglo XIX estadounidense (o también, español) en el que reinó sin apenas freno el spoils system, cuya aplicación castiza en la España del momento fue el conocido sistema de cesantías, como ya expuse en las obras El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su cuarto oscuro en España (Catarata, 2023). Instituciones rotas, Separación de poderes, clientelismo y partidos en España (Zaragoza, 2023; RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA) y Juan Valera. Liberalismo político en la España de los turrones (Athenaica, 2024). Lo más triste de esta reflexión es constatar que en este país, al menos en este punto (politización de la Administración), a lo que se quiere retornar en Estados Unidos ya lo tenemos aquí implantado secularmente. Y con unos resultados catastróficos. Una España en la que la política ha priorizado siempre repartir turrones entre los suyos (Valera) o alimentar el comedero público (Galdós) con favores de empleos o su reverso de las cesantías. El regreso en la Historia o el absurdo mantenimiento de un statu quo caduco e ineficiente, lo único que trae es devolver o mantener los viejos demonios. Y ahí seguimos, anclados en el pasado. ¿Hasta cuándo?

“No creo que el marco conceptual que sostiene el valor de la oposición memorística como instrumento de conocimiento del sistema jurídico pueda resistir un debate público de razones rigurosas”

(Javier Hernández García)

El acceso a la judicatura: la primacía tradicional de la oposición libre. Marco introductorio.

Tras más de cuatro décadas de la entrada en vigor de la Constitución y de la LOPJ, es necesario reconocer que los sistemas de acceso a la carrera judicial han sufrido muy pocos cambios en todo este tiempo, mientras que la sociedad y el entorno han dado un vuelco radical. Las competencias que se deben exigir a un juez en 2025 no son las mismas que se requerían hace décadas (Gómez, 2025). La inmovilidad y la resistencia al cambio son notas determinantes de una institución judicial de impronta tradicional y rocosa en su trazado. Un modelo burocrático-corporativo que admite con muchas reticencias la entrada lateral de profesionales externos a la carrera. Es cierto que por la especial naturaleza del poder judicial, y particularmente en este país, siempre sensible frente a interferencias políticas y con afán de garantizar su existencial estatuto de independencia e imparcialidad, es mejor hacer con tal poder pocos experimentos de transformación que no estén plenamente avalados en sus resultados empíricos en la evidencia, por los riesgos que comporta errar y, por tanto, afectar o dañar la confianza pública que la ciudadanía debe tener en esa institución; por cierto, capital para garantizar la libertad y el patrimonio de las personas, así como el correcto funcionamiento del sistema político-institucional, económico y social.

Por lo que afecta a la oposición libre (hasta ahora la puerta casi general de acceso a la judicatura), las innovaciones producidas en estas últimas décadas han sido, efectivamente, insignificantes, al menos en sus efectos. El modelo de oposición a juez sigue descansando en premisas decimonónicas, con unos ejercicios orales cuya estructura consiste en cantar los temas que el sorteo determina en cada caso, previamente memorizados tras un largo período de preparación solitaria (con el único asidero de esta figura tan hispánica y singular que es el preparador). Sorprende que, para quienes desarrollarán su actividad profesional con herramientas principalmente escritas (dictar resoluciones judiciales), no se les evalúe en la fase de oposición en esas destrezas, no existiendo una prueba escrita de composición ni tampoco práctica.

El primer ajuste a ese periclitado modelo se dio hace ya algún tiempo, mediante la incorporación de un test de conocimientos que se despliega sobre el temario, cuya factura sigue priorizando el aprendizaje memorístico, pues en el ámbito jurídico-formal el apoyo más seguro al elaborar un test y evitar su impugnación es volcarlo sobre la literalidad de los enunciados legales.

La doctrina académica y judicial que se ha ocupado de este tema (Iglesias/Bustos, Gómez Martínez, Hernández García, Jiménez Asensio, Saiz Arnaiz, entre otros), ha insistido una y otra vez en lo absurdo de un sistema de acceso a la judicatura (cuya función principal es resolver controversias jurídicas a través de herramientas interpretativas y de la argumentación/motivación) que orilla por completo los ejercicios prácticos o los dictámenes jurídicos, al menos en la fase de oposición libre. Este incoherente agujero se pretendió resolver con la reconfiguración de la Escuela Judicial en la década de los noventa, creando un proceso selectivo compuesto de dos fases: oposición libre y período formativo de Escuela con prácticas en juzgados. En el tiempo de Escuela, a los aspirantes a jueces se les enseña a redactar resoluciones judiciales mediante una suerte, también muy hispana, de la traslación a nuestro contexto del llamado método del caso, con fuerte impronta en el mundo anglosajón y con orígenes en la Universidad de Harvard. En verdad, como con cierta sorna dije en su día, cuando ejercí temporalmente como profesor de esa Escuela Judicial, lo que allí se aplicaba era más bien el método del casillo. Algo muy alejado del modelo matriz. Pero, al menos, se intentó.

El problema fundamental de este “nuevo” diseño selectivo se basa en una premisa falsa. En verdad, no es un proceso selectivo en dos fases (oposición/Escuela y prácticas). La fase de oposición libre es el momento selectivo por excelencia, mientras que la otra, Escuela Judicial/prácticas, no pasa de ser un mero trámite, sin carácter de selección negativa (se cuentan con los dedos de una mano, y sobran varios dedos, los casos en que la no superación del período de Escuela haya significado la exclusión definitiva del candidato). La Escuela es, por tanto, adjetiva. Una fase de aprendizaje que, aun siendo así, se ve más bien como período de descomprensión tras el ingente e irracional esfuerzo realizado por los candidatos en los duros años de preparación de la oposición. Todo lo más reordena el futuro potencial escalafón o, muy excepcionalísimamente, hace repetir la fase de Escuela a algún candidato.

La forma de ganar la oposición consiste en cantar mecánicamente los temas en un tiempo establecido con más contenido y mejor expuestos que el resto de candidatos. Dedicarse a estudiar tales pruebas selectivas, además de la necesaria compañía de un preparador (miembro de la carrera judicial y que cobra a cada aspirante en torno a 250 €, no pocas veces en negro), comporta habitualmente una media temporal de más de 4 años; período de esfuerzo solitario o mantenido por un desigual e ineficiente, amén anecdótico sistema de becas para preparación de las oposiciones, impulsado inicialmente (1983), si la memoria no falla, por el Gobierno Vasco. Lo cierto es que en 2023, según datos del CGPJ, el 94,89 % de los candidatos habían tenido apoyo familiar, mientras que poco más del 5 % recibieron becas (Iglesias/Bustos). Esos datos son reveladores.  

Por consiguiente, tras la reconfiguración del período de Escuela y prácticas, el modelo parecía haber cambiado formalmente, pero en esencia seguía ofreciendo mucho parentesco con el acceso a la judicatura de finales del siglo XIX y del XX. En suma, la oposición era la puerta que se debía franquear para acceder a la judicatura, lo demás era coreografía adjetiva, aunque con más visos de seriedad tras la redefinición de la Escuela Judicial. Y así se entiende que la figura de los preparadores haya aguantado estoicamente el paso del tiempo, como institución informal (ver: Iglesias/Bustos) consustancial a ese sistema, que vicia el modelo formal de acceso, empañando sus resultados, según tales autores, por tres causas: a) Falta de transparencia; b) Barrera económica; y c) Impronta sobre una peculiar cultura judicial. Esa institución informal probablemente sobrevivirá a la nueva reforma que persigue impulsar lo que denomina eufemísticamente  “el fortalecimiento y la democratización” del acceso a la judicatura (Ver: Memoria anteproyecto), a través de un marco normativo con algunos avances y ciertos retrocesos.  

El anteproyecto está en fase de audiencia pública. Después se aprobará como proyecto de ley e iniciará, así, una larga andadura parlamentaria (siempre que no haya disolución de las Cortes). Si finalmente se aprueba el proyecto (y no se transforma en la enésima proposición de ley orgánica para buscar los conocidos atajos), primero deberá pasar la prueba en un Congreso fragmentado con una mayoría parlamentaria volátil y sin consensos transversales, lo que, de mantenerse el muro ideológico construido por el Presidente del Gobierno, será tarea hercúlea, y las cesiones que se habrán de hacer a las fuerzas políticas independentistas/nacionalistas o al populismo de izquierdas, en un tema constitucionalmente tan sensible como este, podrían ser aún más nocivas que algunos de los disparates que en este anteproyecto aparecen ya reflejados (“estabilización”, por ejemplo), edulcorando los aspectos positivos que también se hallan en el texto propuesto, o incluyendo ocurrencias sinfín para “democratizar” más aun el acceso a la judicatura (no se olvide que algunas propuestas de los grupos Sumar o Unidas Podemos tienen ciertos paralelismos con medidas aprobadas en la reforma constitucional mexicana: acceso por expediente académico, por ejemplo). Sin dejar de lado lo que los grupos independentistas pueda reivindicar sobre esta sensible materia para ofrecer sus votos a esa mercancía. Después deberá transitar por un Senado de mayoría conservadora, en el que los intereses corporativos judiciales harán piña; pero, dada la debilidad de la segunda cámara en el proceso legislativo, sin efecto alguno. Y al ser modificación de la LOPJ requerirá una votación final por mayoría absoluta sobre el conjunto del proyecto por parte del Congreso, lo que encarece el precio del pacto. La permanente tensión entre corporativismo y politización (redefinida ahora como “democratización”) de la Justicia se vivirá de nuevo en ese vía crucis parlamentario.

Puntos críticos de la reforma del acceso a la judicatura. Diez líneas fuerza.

Grosso modo estos son los elementos básicos y los puntos críticos de este anteproyecto de reforma de la LOPJ de 21 de enero de 2025 en lo que al acceso a la judicatura respecta:

1.- En el marco de la mal llamada “democratización” de los sistemas de acceso a la carrera judicial, se reconfigura el CEJ (Centro de Estudios Judiciales) como encargado de la preparación oficial para el acceso a la carrera judicial y del sistema de becas para abrir el acceso a tal carrera de otros estratos sociales; función que debería ser propia del CGPJ, que es quien tiene la competencia de selección de jueces. Lo de las becas veremos cómo queda y sobre todo cuántas y a quiénes se adjudican (el precedente más inmediato es la Orden JUS/501/2023, de 19 de mayo; que lo fía todo a las disponibilidades presupuestarias). En estos puntos está el éxito o fracaso del empeño. Más delicado es que se atribuya a ese CEJ, jerárquicamente dependiente del Ministerio y con ubicación en Madrid, la compleja tarea de diseñar (y menos aún de ejecutar) un modelo de preparación (¿universal?) para la carrera judicial. No se espanten si, en la tramitación parlamentaria, se pide la descentralización (al menos a determinadas CCAA) de esas funciones autoasignadas por el anteproyecto al CEJ. Fundir el modelo de acceso a la judicatura con el de la Fiscalía, que fue visto con buenos ojos en algún caso y en otro momento (Saiz Arnaiz 2007), puede ser el pretendido banderín de enganche para otorgar una competencia a quien no la tiene (Ministerio) y desapoderar al Consejo. .

2.- No cabe duda que este rediseño institucional pretende, vanamente a mi juicio, acabar con el turbio y opaco modelo hispánico de “preparador de jueces”, que son por cierto (y estamos hablando de centenares de jueces y magistrados que desempeñan tales funciones paralelas) quiénes más interés tienen por la permanencia del modelo actual de dos ejercicios orales y la no incorporación de un ejercicio práctico, aunque en el caso de que la reforma prospere, tales preparadores también se harán imprescindibles (en un candoroso “registro de preparadores” o de forma oculta) como medio de superar esa prueba práctica, como ya lo hacen con el cuarto turno y lo harán, a pesar de las reticencias corporativas, con el macroproceso de estabilización de jueces sustitutos. En definitiva, esta institución informal es tan sólida y tiene raíces tan profundas que conseguirá que la reforma cambie formalmente el diseño para que todo (con ligeros ajustes) siga prácticamente igual.

3.- En la defensa a ultranza del sistema de oposiciones exclusivamente memorístico y de factura decimonónica siempre ha prevalecido la tesis del «mal menor»: esto es, la oposición memorística evita abrir la puerta a alternativas que aireen el fantasma de la arbitrariedad o, incluso, de la discrecionalidad (lo que es más paradójico, ya que la discrecionalidad técnica es consustancial a los procesos selectivos, y también se aplica consciente o inconscientemente en los ejercicios orales). En ese viejo modelo de oposición solo se han dado, según se decía, tibios cambios: incorporar un test y ahora se quiere introducir un ejercicio práctico. Este imprescindible y tardío cambio que persigue adecuar las pruebas selectivas a las competencias que los aspirantes deben acreditar para el ejercicio de la función judicial, ha levantado incomprensiblemente la animadversión de algunos partidos y de no pocos jueces, así como de algunas de sus asociaciones.

4.- Ciertamente, el actual diseño de la oposición libre a la judicatura tiene ardientes defensores (recientemente, Velilla 2025). También la presidenta del CGPJ, en un contexto en el que hay que enmarcar sus palabras (entrega de despachos en la Escuela Judicial), ha salido en defensa del actual sistema como igualitario y “democrático”. No es prudente, sin embargo, mezclar la legitimación democrática de un sistema de acceso con la profesional, que sin duda la tiene, pero es muy mejorable. Las raíces del problema se hallan en el preámbulo de la Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial de 1870, del Sexenio Democrático, momento en el cual se implantó la oposición libre como freno al caciquismo y al clientelismo político entonces imperante por doquier, también en la Justicia. Había, por tanto, que cerrar cualquier portillo a la discrecionalidad política, que alumbraba no pocas veces actos de arbitrariedad, y para ello nada mejor que una oposición libre y exclusivamente memorística (Jiménez Asensio, 2003). Sin trampa ni cartón. Blindados en esa concepción, la judicatura de carrera española sigue huyendo como de un nublado de cualquier innovación selectiva, pues en todas ellas ve marcados riesgos de interferencia política. Como reacción a una politización grosera e intensiva, se configuró un sistema de acceso que, para buena parte de la carrera judicial, tiene algo de sagrado, aunque trastorne radicalmente la fiabilidad y validez de sus pruebas para los fines que se pretenden, negando en consecuencia su evidencia científica y generando no pocos «falsos negativos» (Gorriti, 2018): ¿Cuántos candidatos excelentes potencialmente para ejercer la función judicial quedan fuera por el bajo carácter predictivo que tiene el sistema actual?. Errar o no exponer el enunciado literal de un precepto legal puede suponer la eliminación fulminante de un candidato. No es, pese a la insistencia corporativa, el sistema más objetivo, pues cualquier proceso selectivo riguroso (memorístico o práctico) lo es. La cuestión es otra: ¿Qué sistema es el más fiable y válido empíricamente hablando para predecir la idoneidad de los candidatos al ejercicio de la función judicial?

5.- La distorsión del modelo selectivo de acceso por oposición a la judicatura se produce por raíces históricas, pero también por defectos de su propio diseño. Según decía, es tan grande el esfuerzo temporal y las energías que deben gastar (irracionalmente) los candidatos en la fase de oposición memorística, que se convierte en el momento selectivo por excelencia: la legitimación para el ejercicio de la función judicial materialmente se obtiene superando la oposición, pues ya entonces el candidato es juez de facto o in péctore, dejando la fase de Escuela en un papel secundario y, en todo caso, sin fuerza efectiva para actuar como centro de selección negativa: ¿Cómo suspender en la fase de Escuela a quien ha padecido tantos años de sufrimiento y tras largos años ha «atravesado el Jordán y besado la Tierra prometida” (Nieto)?

6.- La intención del legislador puede ser otra, mas lo cierto es que nada o muy poco de eso cambiará con la reforma actual. El peso selectivo seguirá estando en la oposición, aunque se racionalice (aspecto muy importante) el temario y se incorpore una prueba práctica (por cierto, imprescindible para mejorar la fiabilidad y validez de esos procesos selectivos), rebajando el peso y contenido del oral, y pretendiendo darle un contenido «menos memorístico», lo que para algunos supone -con cierto tono de optimismo- «el certificado de defunción de las pruebas recitativas» (Pasquau, 2025).  Veremos. Aun con todo esto, el singular modelo hispánico de acceso (preparadores) seguirá vivito y coleando, me temo con muy pocas correcciones (registro), condicionando la calidad y cultura judicial existente en España. Esa patología cultural del fenómeno de los preparadores irradia, además, a unos órganos de selección cuya medida de éxito de los aspirantes se reduce siempre a que reciten mucho, bien y en el tiempo establecido. La profesionalización de los órganos de selección se castra por el sistema informal que todo lo contamina. Repensar el acceso debería conducir a redefinir también los órganos de selección.

7.- La validez y fiabilidad predictiva de la oposición mejorará, sin duda, con el tercer ejercicio práctico (hasta ahora inexistente). Ya es hora que, en todo caso, en la oposición se valoren las destrezas necesarias que los futuros jueces han de desplegar a lo largo de su vida profesional (redacción, capacidad argumental e interpretativa, motivación, así como adecuada aplicación de los conocimientos adquiridos a los problemas reales).  De hecho, de toda la batería de diferentes pruebas de acceso está empíricamente demostrado (Gorriti, 2018) que los test de inteligencia y los ejercicios prácticos son las que tienen mayor valor predictivo (fiabilidad y validez); por cierto, mayores que las pruebas de conocimientos (más aún si son exclusivamente memorísticas y no de composición o de diálogo del tribunal con el aspirante). Se mantiene el test general de conocimientos sobre todo el programa. A diferencia de otros países, no se prevén test de inteligencia (los que tienen mayor capacidad predictiva del conjunto de pruebas) ni tampoco test de personalidad (importantísimos para detectar rasgos de personalidad patológicos que deben evitarse sobre todo en quienes deciden sobre la libertad y el patrimonio de las personas, así como sobre otros muchos bienes o valores sensibles vinculados a la dignidad humana).

8.- Eliminado en su día el tercer turno, queda solo en pie el acceso lateral por el que ya no es “cuarto turno” (concurso-oposición) que tuvo también muchas resistencias por su mala aplicación durante determinados momentos. Dejemos de lado el caso del TS (turno de juristas, llamado antes “quinto”, pues más que acceder a la carrera lo hacen a plazas de ese Alto Tribunal). Sin embargo, a través del turno de juristas con más de 10 años de experiencia se ha dado entrada a buenos profesionales en la judicatura. Pero, aun así, este turno sigue viéndose por algunos miembros de la carrera judicial como una suerte de “intrusismo profesional” (Bustos/Iglesias), lo cual no es razonable. Para tales detractores, quienes no han superado la oposición libre no pueden ser nunca jueces de pata negra. El corporativismo judicial muestra aquí su peor cara. La verdadera carta de presentación de un juez debería ser haber superado un proceso selectivo con valor predictivo, su experiencia profesional ulterior y en especial las resoluciones judiciales que dicte, no su capacidad acrítica de memorización de temas sin desarrollar otras herramientas ya citadas (que son imprescindibles para el ejercicio de tan importante función).

9.- Hay en el anteproyecto algunas mejoras en ese cuarto turno que, por cierto, en la fase de oposición tiene una prueba práctica decisiva, que nadie contesta. La novedad más importante es que, al haber caído este turno en desuso por su baja utilización (casi abandono) en favor de la oposición libre, esa falta de convocatorias (estimada en unas 300 plazas) se palia mediante la obligación de convocar todos los años por cada tres plazas de turno libre una por concurso oposición. Y una medida más retorcida (o, al menos, no explicada con rigor) es asignar a quienes accedan a la carrera judicial por este turno un premio de antigüedad, que les abrirá antes la posibilidad de que puedan concursar a plazas gubernativas y ascensos de provisión discrecional, acortando su tiempo de espera. Medida criticada por buena parte del tejido asociativo judicial.  

10.- Y queda la peor cara de la reforma, la más vergonzante. No es otra que la estabilización de jueces sustitutos, condición a la que se accede con muy débiles exigencias (Urías, 2025). Casi 1.000 sobre una plantilla de  más de 5.500 jueces; esto es, en torno a un 18 por ciento de la carrera judicial futura podría estar formada por “jueces estabilizados”, con pruebas de acceso blandas. En efecto, con superar un dictamen y baremar «méritos» (“antigüedad”), todos adentro. Solo las exigencias de un dictamen de factura rigurosa pueden evitar que eso sea un coladero y que el nivel profesional de la judicatura baje varios enteros. Además, parece abrirse la puerta a que juristas con años de experiencia se presentan también a ese proceso de estabilización, con lo cual el “modelo” ha recibido el rechazo total de la carrera judicial, incluso (por motivos contrarios) de las propias asociaciones de jueces sustitutos. El anteproyecto aplica al Poder Judicial el brebaje de la Ley 20/21, aprobada para la estabilización de centenares de miles de empleados en la función pública, que empeoró en su día de forma mayúscula lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2020, que se pretendía convalidar. Así, la conversión en Ley y su alteración radical fue el peaje que pagó el Gobierno con fuerte presión e interés de los sindicatos y de las fuerzas políticas nacionalistas (colocar a sus clientelas); lo que, en este caso, se podría repetir y colar de rondón el acceso solo por “concurso” para quienes lleven más de determinado tiempo como jueces sustitutos. Un disparate que, se presume, viene avalado por el TJUE. Mas este órgano jurisdiccional europeo solo establece que deba acabarse con el fraude de la temporalidad de larga duración, pero no dice cómo ha de hacerse. El legislador ha rebajado al máximo aquí las exigencias de acceso. ¿Razones? Pueden intuirlas. Se han explicado muy bien (Beni, 2025).

En fin, estos son los puntos críticos del anteproyecto de Ley. La reforma se viste con el manto de la “democratización” mientras busca erosionar el poder corporativo. No le den más vueltas: aquí no hay más que una lucha a muerte entre politización vs. corporativismo (o viceversa). El temple, hace tiempo que se perdió. Analizar cómo seleccionan los jueces otras democracias avanzadas en la UE nos ayudaría (AAVV: El acceso a la función judicial. Estudio comparado, CGPG, 2002). Está todo inventado. Y, tal vez, aprenderíamos por dónde deben ir las graduales mejoras, imprescindibles para evitar el anquilosamiento  del Poder Judicial, por parafrasear a los maestros García de Enterría y Nieto, ambos nada dados, por cierto, a cambios radicales, menos aún en ese poder tan sensible y tan asediado en nuestros días como es el Judicial, pieza maestra en un sistema constitucional de separación de poderes y necesitado, en todo caso, de un refuerzo innegable en su legitimación profesional, social y política, también ciudadana, proceso en el que la selección de jueces que van a impartir su función durante varías décadas se torna crucial. Se trata de evitar, así, desafueros tan brutales y extremos como la reciente reforma constitucional mexicana. Aquí estamos aún muy lejos de tales aventuras, pero conviene no bajar la guardia. Por si acaso.

Autor: Rafael Jiménez Asensio

Referencias citadas en el texto

Beni, E. (2025): “A por los jueces, oé”, El Nacional, 22 enero.

Gómez Martínez, C. (2025): “Una forma más moderna de hacerse juez”, El País 29 de enero.

Gorriti, M. (2018): “Innovar en selección desde la evidencia empírica y las nuevas competencias”, Revista de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, número especial “Repensar la selección”.

Hernández García, J. (2008): “Hacia la reforma del sistema de acceso a la función judicial”, Revista Jueces para la Democracia, número 63.

Hernández García, J.; Saiz Arnaiz, A. (2003): “La selección y formación inicial de los jueces en España. Algunas reflexiones críticas para un debate necesario (aunque inexistentes), Revista Jurídica Aranzadi.

Iglesias, S. Bustos, R. (2024): “What Does it Take to Become a Judge in Spain? An Informal First Step into a Formal World”, Cambridge University Press

Jiménez Asensio, R. (2002): “El acceso a la judicatura en España: evolución histórica, situación actual y propuestas de cambio”, en AA.VV.: El acceso a la función judicial. Estudio comparado, CGPJ.

Jiménez Asensio, R. (2003): Imparcialidad judicial y derecho al juez imparcial, Aranzadi.

Pasquau Liaño, M. (2025): «Quién teme a la reforma de las oposiciones a la judicatura?», CTXT, 2 febrero.

Saiz Arnaiz. A. (2007): «La reforma del acceso a la carrera judicial en España: algunas propuestas”, Laboratorio de Alternativas. Documentos de trabajo número 119.

Velilla, N. (2025): “Justicia a la carta: así se colocan los magistrados afines”, El Confidencial, 25 enero

Urías, J. (2025): “Luces y sombras de la reforma judicial”, Diario.es, 25 enero.