Preliminar.

Pierre Ronsavallon, en su libro Le bon gouvernement (Seuil, París, 2015), dedica un par de páginas al panfleto (realmente por su extensión un libro, aunque sea de batalla política) de Maurice Joly, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. De ambos libros, el de Rosanvallon y el de Joly, hay traducción española. Ese diálogo desde el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu es un ataque brutal a la política autocrática de Napoleón III, hasta el punto de convertirse Joly “en uno de los más feroces adversarios” del emperador.

Pero el interés actual de ese folleto, como recuerda el ensayista francés, radica en que por vez primera se lleva a cabo una “descripción crítica de la manipulación de la opinión en la era mediática moderna”, que precede en varias décadas a análisis posteriores, y entre ellos a los de Hanna Arendt. En efecto, “el interés del panfleto es que no solo denuncia con virulencia el carácter autoritario del régimen (eso también lo habían hecho otros muchos, como Víctor Hugo, quien atacó directamente a la cabeza del segundo imperio, Napoléon le petit), “sino que muestra cómo ese régimen había inaugurado una relación inédita (hasta entonces) con la prensa”, más allá de la censura; consistente en la llegada de un poder mediático manejado desde el poder, y descrito de forma impecable por el autor del reiterado panfleto.

En verdad, el panfleto está lleno de ideas sugerentes, en esa eterna polémica, hoy en día también muy actual, entre quien defiende la limitación del poder y las libertades (Montesquieu) ante quien airea la defensa del poder absoluto y el control férreo de la oposición política frente a su ejercicio (el Maquiavelo de El Príncipe). Aquí solo nos detendremos en algunos ilustrativos y deliciosos pasajes (es solo una selección de fragmentos de ese diálogo) sobre cómo Joly aborda la libertad de prensa en un sistema de democracia plebiscitaria o de componente democrático-autoritario. Hay pasajes, además, otros muchos pasajes no exentos de interés sobre cómo entendía “el emperador” las relaciones con el poder judicial, o cómo distraía las exigencias presupuestarias; por solo traer dos ejemplos a colación.

Se ha querido ver por parte de algunos analistas políticos actuales en algunos medios españoles un cierto paralelismo entre la forma de actuar de Napoleón III y la propia del actual presidente del Gobierno. No es momento de entrar en tales cuestiones. Puede parecer una comparación un tanto extemporánea, pues el contexto entonces era diametralmente distinto y, por lo que a la libertad de información y de expresión respecta, solo había entonces prensa escrita y libros, que son los aspectos que este diálogo aborda. El lector determinará hasta qué punto pueden existir esos paralelismos en este precioso diálogo. Y, en fin, si tienen o no fundamento o son más bien fruto de una imaginación sesgada, que de todo puede haber.

La larga conversación entre Maquiavelo (una suerte de alter ego del propio Napoleón III) y Montesquieu (el autor), como he dicho, está llena de matices muy interesantes en innumerables temas relacionados con el poder, las libertades, las instituciones y la democracia. Mas las relaciones entre poder y prensa se hallan en los capítulos décimo primero y décimo segundo de la segunda parte, que nos ha dejado, entre otras muchas (es un breve e incompleto resumen lo que sigue), las siguientes joyas. Veamos.

Diálogo XI (2ª parte):

Montesquieu- No me disgustaría saber ante todo cómo os defenderéis frente a la prensa.

Maquiavelo- En verdad, ponéis el dedo en la parte más delicada de mi tarea. Felizmente, en este caso tengo el campo libre; puedo hacer y deshacer con plenas garantías y casi diría sin suscitar recriminación alguna.

Montesquieu- ¿Puedo preguntaros por qué?

Maquiavelo- Porque en la mayoría de los países parlamentarios, la prensa tiene el talento de hacerse aborrecer, porque solo está siempre al servicio de pasiones violentas, egoístas y exclusivas, porque denigra por conveniencia, porque es venal e injusta; porque carece de generosidad y patriotismo; por último, y sobre todo, porque jamás haréis comprender a la gran masa de un país para qué puede servir.

Montesquieu- ¡Oh! si vais a buscar cargos contra la prensa, os será fácil hallar un cúmulo. Si preguntáis para que puede servir, es otra cosa. Impide, sencillamente, la arbitrariedad en el ejercicio del poder; obliga a gobernar de acuerdo con la constitución; conmina a los depositarios de la autoridad pública a la honestidad y al pudor, al respeto de sí mismos y de los demás. En suma, para decirlo en una palabra, proporciona a quienquiera se encuentre oprimido el medio de presentar su queja y de ser oído. Mucho es lo que puede perdonarse a una institución que, en medio de tantos abusos, presta necesariamente tantos servicios.

Maquiavelo- Sí, conozco ese alegato; empero, hacedlo comprender a las masas, si podéis; contad el número de quienes se interesan por la suerte de la prensa, y veréis.

Montesquieu- Es por ello que creo preferible que paséis ahora mismo a los medios prácticos para amordazarla; creo que esta es la palabra. Pues bien, comencemos con el periodismo.

Maquiavelo- Es la palabra, en efecto; no solo me propongo reprimir al periodismo.

Montesquieu- Sino a la prensa misma.

Maquiavelo- Veo que comenzáis a emplear la ironía. Atacaré principalmente a los periódicos, en tanto que empresas de publicidad. Les hablaré de la siguiente manera: Os dejo vivir, mas, por supuesto, con una condición: no entorpeceréis mi marcha ni desacreditaréis mi poder. No puedo tener una legión de censores encargados de examinar hoy lo que editaréis mañana. Tenéis pluma, escribid; mas recordad lo que voy a deciros: me reservo, para mí mismo y para mis agentes, el derecho de juzgar en qué momento me siento atacado. Nada de sutilezas. Si me atacáis, lo sentiré, y también vosotros lo sentiréis; os advertiré una vez, dos veces; a la tercera, os haré desaparecer.

Montesquieu- Observo con asombro que, de acuerdo con este sistema, no es precisamente el periodista el atacado, sino el periódico, cuya ruina entraña la de los intereses que se agrupan en torno de él.

Maquiavelo- Que vayan a agruparse a otra parte; con estas cosas no se comercia. Tampoco intentéis impresionar el espíritu público por medio de falsas noticias, publicadas ya sea de buena o de mala fe, serán penadas con castigos corporales.

Montesquieu- Vuestro rigor parece excesivo, pues en última instancia ningún periódico podrá ya, sin exponerse a los peligros más graves, expresar opiniones políticas; vivirán a duras penas de las noticias. Ahora bien, me parece en extremo difícil, cuando un periódico publica una noticia, imponerle su veracidad, pues la más de las veces no podrá responder de ello con absoluta certeza, y aun cuando esté moralmente seguro de decir la verdad, le faltará la prueba material.

Maquiavelo- En tales casos, lo que hay que hacer es pensarlo dos veces antes de inquietar a la opinión pública.

Montesquieu- Veo que tuve razón al decir, en el Espíritu de las Leyes, que las fronteras de un déspota debían ser asoladas. Es preciso impedir que penetre por ellas la civilización

Maquiavelo- No deseo que (mi poder) pueda ser perturbado por rumores y conmociones provenientes.

Montesquieu- Maravilloso; podéis pasar por ahora a la vigilancia que ejerceréis sobre los libros.

Maquiavelo- Este es un problema que me preocupa menos, pues en una época en que el periodismo ha alcanzado una difusión tan prodigiosa, ya casi se no leen libros. No tengo, empero intención alguna de dejarles la puerta abierta.

Montesquieu-¡Los instrumentos del pensamiento convertidos en instrumentos del poder!

Maquiavelo- Es preciso que, en el caso de que haya escritores lo bastante osados como para atreverse a escribir obras en contra del gobierno, no encuentren nadie que se las edite. Los efectos de esta intimidación saludable restablecerán una censura indirecta que el gobierno no podría ejercer por sí mismo, a causa del desprestigio en que ha caído esta medida preventiva.

Montesquieu- Entonces, si no me equivoco, habéis terminado con la prensa.

Maquiavelo- ¡Oh, no! No todavía.

Montesquieu- ¿Qué os queda por hacer?

Maquiavelo- La otra mitad de la tarea

Diálogo XII (2ª parte):

Maquiavelo- No os he mostrado todavía más que la parte en cierto modo defensiva del régimen que impondré a la prensa; ahora os haré ver de qué modo sabré emplear esta institución en provecho de mi poder. Me atrevo a decir que ningún gobierno ha concebido, hasta el día de hoy, una idea más audaz que la que voy a exponeros. En los países parlamentarios, los gobiernos sucumben casi siempre por obra de la prensa; pues bien, vislumbro la posibilidad de neutralizar a la prensa por medio de la prensa misma. Puesto que el periodismo es una fuerza tan poderosa, ¿sabéis qué hará mi gobierno? Se hará periodista, será la encarnación del periodismo.

Montesquieu- ¡Extrañas sorpresas me deparáis, por cierto! Desplegáis ante mí un panorama perpetuamente variado; siento una gran curiosidad, os lo confieso, por saber cómo os ingeniaréis para llevar a cabo este nuevo programa.

Maquiavelo- Requerirá mucho menos desgaste de imaginación que el que suponéis. Contaré el número de periódicos que representen lo que vos llamáis la oposición. Si hay diez por la oposición yo tendré veinte a favor del gobierno; si veinte, cuarenta; si ellos cuarenta, yo ochenta.

Montesquieu- Es muy sencillo, en efecto.

Maquiavelo- No tanto como lo pensáis, sin embargo, porque es indispensable evitar que la masa del público llegue a sospechar esta táctica; la combinación fracasaría y la opinión por sí misma se apartaría de los periódicos que defendiesen abiertamente mi política. Como el Dios Vishnú, mi prensa tendrá cien brazos y dichos brazos se darán la mano con todos los matices de la opinión, cualquiera que sea ella, sobre la superficie entera del país. Se pertenecerá a mi partido sin saberlo. Quienes crean hablar su lengua hablarán la mía, quienes crean agitar su propio partido, agitarán el mío, quienes creyeran marchar bajo su propia bandera, estarán marchando bajo la mía.

Montesquieu- ¿Se trata de concepciones realizables o de fantasmagoría? Produce vértigo todo esto.

Maquiavelo- Cuidad vuestra cabeza, porque aún no habéis oído todo.

Montesquieu- Esto está por encima de mi entendimiento; ya no comprendo más. ¿Y qué ventajas os reportará todo esto?

Maquiavelo- Ingenua pregunta la vuestra. El resultado consistirá en hacer decir a la gran mayoría: ¿no veis acaso que bajo este régimen uno es libre, uno puede hablar; se le ataca injustamente, pues en lugar de reprimir, como bien podría hacerlo, aguanta y tolera? Otro resultado, no menos importante, consistirá en provocar, por ejemplo, comentarios del siguiente tenor: Observad hasta qué punto las bases, los principios de este gobierno, se imponen al respeto de todos; ahí tenéis los periódicos que se permiten las más grandes libertades de lenguaje; y ya lo veis, jamás atacan a las instituciones establecidas.

Montesquieu- Esto, lo admito, es verdaderamente maquiavélico.

Maquiavelo- Me hacéis un alto honor, pero hay algo mejor: dirijo a mi antojo la opinión en todas las cuestiones de política interior o exterior. Excito o adormezco el pro y el contra, lo verdadero y lo falso. Hago anunciar un hecho y lo hago desmentir, de acuerdo con las circunstancias; sondeo así el pensamiento público, recojo la impresión producida, ensayo combinaciones, proyectos, determinaciones súbitas; en suma, lo que vosotros llamáis globos-sonda.

Montesquieu- Esas diversas combinaciones me parecen de una perfección ideal. Os someto, empero, una nueva objeción: Cuando conozcan el secreto de esta comedia, ¿podréis acaso impedirles que se rían de ella?

Maquiavelo- En absoluto; me he informado a fondo en lo que atañe a las condiciones de existencia de la prensa en los países parlamentarios. Vos debéis saber que el periodismo es una especie de francmasonería: quienes viven de ella se encuentran todos más o menos unidos los unos y los otros por lazos de la discreción profesional; a semejanza de los antiguos agoreros, no divulgan fácilmente el secreto de sus oráculos. Nada ganarían con traicionarse, pues tienen casi todos ellos llagas más o menos vergonzantes.

Montesquieu- Es sumamente ingenioso: de esta manera, vos siempre tendréis la última palabra, y ello sin recurrir a la violencia. Como bien decíais hace un instante, vuestro gobierno es la encarnación del periodismo.

Maquiavelo- Es indispensable. Hoy en día, utilizar la prensa, utilizarla en todas sus formas, es ley para cualquier poder que pretenda subsistir. Hecho muy singular, pero es así. De manera que me adentraré en ese camino más lejos de lo que podéis imaginar.

Montesquieu- En verdad, sois admirable. ¡Que energía de pensamiento, cuánta actividad!

Maquiavelo- Los pueblos meridionales necesitan que sus gobiernos se muestren constantemente ocupados; las masas consienten en permanecer inactivas, a condición de que sus gobernantes les ofrezcan el espectáculo de una continua actividad, de una especie de frenesí; que las novedades, las sorpresas y los efectos teatrales atraigan permanentemente sus miradas; tal vez esto perezca raro, pero, nuevamente, es así. El objeto único, invariable, de mis confidencias públicas será el bienestar del pueblo. Hable yo, o haga hablar a mis ministros o escritores, el tema de la grandeza del país, de su prosperidad, de la majestad de su misión y su destino nunca quedará agotado; nunca dejaremos de hablar sobre los grandes principios del derecho moderno y de los grandes problemas que preocupan a la humanidad. De este modo trataremos de crear, contra los regímenes que antecedieron al mío, una especie de antipatía, hasta de aversión, lo que terminará por resultar irreparable como una expiación. Tal es, brevemente, la economía general de mi régimen sobre la prensa.

Montesquieu- ¿Habéis terminado, entonces?

Maquiavelo- Si, y muy a pesar mío, pues he abreviado en demasía. Pero nuestros instantes están contados y es preciso andar de prisa.

Final

Según escribió Rosanvallon, “si bien las instituciones representativas o las modalidades de participación han podido evolucionar y reforzarse tras las revoluciones de la modernidad política, no menos cierto que el arte de gobernar ha quedado extraordinariamente paralizado en el tiempo, incluso con aires primitivos. Ello explica que los magos del poder sean aquellos que asesoran todavía con fórmulas maquiavélicas, que parecen retomar nuevos bríos en esta era del populismo iliberal. Siempre se ofrecen las mismas recetas, los mismos subterfugios, los mismos elementos de lenguaje, que guían la conducta de los gobernantes obsesionados por la conservación de su poder.

En fin, son reflexiones oportunas confirmatorias de que, frente a la apariencia del desarrollo tecnológico actual de los medios audiovisuales y de las omnipotentes redes sociales, en el fondo el problema del poder y sus relaciones con los medios ha cambiado muy poco. Como también recoge el excelente ensayista francés, “la llegada de los medios electrónicos no ha hecho sino multiplicar los instrumentos de manipulación”. Y ejemplos, algunos recientes, tenemos muchos.   

(Fotografía 19023 del Archivo «Cabra en el Recuerdo» https://www.cabraenelrecuerdo.com/valera-ampliadas.php, que recoge en este caso la obra de Manuel Azaña titulada Valera en Italia: Amores, Política y Literatura, 1929)

1.- Desde que me sumergí en la obra y el personaje de Juan Valera, siempre recuerdo una frase que Manuel Azaña -desenterrador del olvido padecido por el gran escritor egabrense- escribió: “Valera cava más hondo”.

2.- En su discurso de contestación al ingreso en la Academia de Núñez de Arce (1876), frente a la defensa que este hacía de que fue la era de los Austrias el momento del declive de España, Juan Valera opuso que no había que confundir los síntomas con las causas.

3.- Para Valera “la enfermedad estaba en ese engreimiento fanático” que anidó a finales del siglo XV y en el siglo XVI, período en que se manifestó una “fiebre de orgullo, delirio de soberbia, al triunfar después de ocho siglos en la lucha contra los infieles”. Ahí se gestó la intolerancia (primero religiosa, luego también política), que ya no nos abandonará hasta nuestros días. Y también de ahí viene el aislamiento de Europa, que duró siglos. Lo reiteró luego en su magnífica reseña crítica a la Historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo, su amigo, al que no ahorró severas censuras por sus juicios sectarios e intolerantes, movidos «de santo furor», frente al valor de los heterodoxos en el pensamiento español.

4.- Infinitos matices aparte, esa es la fuente de nuestros males, que con más frecuencia de la necesaria invade nuestra vida política y carcome, cuando no derrumba, la frágil convivencia. Hubo muchos episodios en los siglos XIX y XX, que no es menester recordar aquí. Al parecer, el siglo XXI tampoco está ya libre de tales enfermizas conductas. Y crecen. Cada vez más.

5.- La lucha contra la intolerancia en Europa se manifestó en las feroces guerras de religión y se halla en la antesala de las libertades constitucionales, dando lugar a memorables aportaciones como las de Locke y Voltaire, entre otros muchos. Como expuso este último: “La recíproca intolerancia hace eternamente enemigos a los ciudadanos de un mismo Estado y dejan subsistir las semillas de la discordia”.

6. Tales semillas hicieron crecer enormes y sectarios odios durante los siglos XIX y XX, primero larvados y luego con el foco puesto en el exterminio de los enemigos políticos. Lo analizó muy bien y padeció también, ese extraordinario periodista que fue Chaves Nogales. Un tardío y desengañado Azaña, en La velada en Benicarló (1937), volvió de nuevo su mirada hacia su admirado Juan Valera. Manuel Zafra trató con pulcritud esa mirada triste del entonces presidente de la República, en la que percibió «la fragilidad política de una sociedad negada para el acuerdo» (Manuel Azaña. República antes que democracia).

7.- En su velada el alcalaíno retoma, por tanto, a Valera: “El odio inextinguible azota a los españoles”. Y, tras reconocer que “somos intolerantes”, añade: “Ninguna política puede fundarse en la decisión de exterminar al adversario. Es locura -concluía-, y en todo caso irrealizable”. La perspicacia de Azaña orillaba, sin embargo, que el odio no era la causa, sino el síntoma. Mas pronto lo corrige en palabras de otro alter ego (Morales) en tal conversación: “Se condensó la nacionalidad (española) en torno a un principio dogmático y excluyente”. Juan Valera en estado puro.

8.- Interés especial tiene, en este punto, la tesis que mantuvo Julián Marías en su excelente opúsculo La guerra civil, ¿Cómo pudo ocurrir?: “La guerra fue consecuencia de una ingente frivolidad”: los políticos españoles, la Iglesia, los intelectuales, “y desde luego los periodistas”, los dirigentes sindicales, etc., “se dedicaron a jugar con las materias más graves, sin el menor sentido de responsabilidad”. Las consecuencias fueron fatales: “a) dividir al país en dos bandos; b) Identificar al “otro” con el mal; c) No tenerlo en cuenta; d) Eliminarlo (política y físicamente)”.

9.- Y vuelvo a Valera. Este escritor siempre advirtió que construir muros entre la ciudadanía y sus expresiones políticas no conducían a ningún puerto seguro, salvo al enfrentamiento cainita. Aquello fue una premoción de lo que sucedió en España décadas después. Mas ello no fue óbice para que don Juan se enfrentara ardientemente a las expresiones intolerantes del neocatolicismo, y mostrará también su escepticismo ante las tendencias radicales que pretendían construir un mundo nuevo. Nunca creyó en soluciones ideales y atajos fáciles. El mundo era más complejo.

10.- Como expuso Winston Churchill, en cita recogida por Asmos Oz, “un fanático es una persona que de ningún modo cambia de opinión y de ningún modo permite que se cambie de tema”. Y como expuso el ensayista israelita: “Su deber es odiarte y erradicarte del mundo”. No lo olvidemos, el odio es consecuencia de la intolerancia y del fanatismo, así como del sectarismo, y no al revés. Atacar lo primero sin abordar lo segundo no lleva muy lejos, florituras políticas al margen. Tampoco simplificando el problema se arregla: “Los fanáticos tienden a vivir en un mundo de blanco y negro. Es un wéstern simplista de ‘buenos’ contra ‘malos’” (Asmoz Oz). En fin, lo que lleva con nosotros más de cinco siglos no se resuelve con ocurrencias de asesores «magos» que no van a la raíz de los problemas, siempre más complejos que lo que en apariencia nos quieren hacer ver.  

1.- La democracia es también respeto a las formas del poder. No corren buenos tiempos para la ley (versión democrático-liberal). Tampoco hay vientos favorables para el Estado de Derecho. No digamos nada en España, donde la tradición democrático-liberal es postiza e impostada.

2.- El concepto moderno de ley -según Carré de Malberg- “se funda en el principio de separación de poderes” como dimensión funcional. Formalmente, solo es ley aquella disposición normativa debatida y aprobada por el Parlamento, y con primacía del sustantivo (no del adjetivo).  

3.- La ley, una noción hoy fracturada, es la manifestación típica del poder legislativo. No se entiende este sin aquella. Tampoco se entiende un Parlamento castrado de su facultad originaria de aprobar los presupuestos por un Gobierno que no los presenta vulnerando la Constitución, y dificultando la rendición de cuentas.

4.- El poder legislativo aprueba leyes, mas no las ejecuta ni tampoco las aplica. Para eso están el ejecutivo y el judicial. Mas el poder legislativo no tiene el monopolio de la producción normativa: hay leyes territoriales; disposiciones normativas UE, potestad reglamentaria gubernamental, etc.

5.- Aquella omnipotencia normativo-parlamentaria de la Revolución francesa, donde se negaba al poder ejecutivo incluso la facultad de dictar reglamentos pasó pronto a la historia. Hoy día, el Estado de partidos y su férrea disciplina interna ha vaciado el rol parlamentario en lo que a deliberación y emisión del voto respecta. El ejecutivo obtura al legislativo, lo ignora y relega. Y eso gobernando en minoría.  

6.- El poder ejecutivo actual en España no solo ejerce una copiosa producción normativa reglamentaria, sino que, además, interviene en la aprobación de disposiciones con rango de ley, a través de ese tipo normativo de legislación “excepcional” conocido como decreto-ley (lo que en los medios mal se llama “decreto”). Lo que era excepcional se ha convertido en ordinario, arrinconando la potestad legislativa del Parlamento y bastardeando (con el beneplácito de un complaciente Tribunal Constitucional) el espíritu y la letra de la Constitución.

7.- Los datos de la utilización hiperbólica del decreto-ley hablan por sí solos. A 1 de marzo de 2026, en 31 meses de la XV Legislatura, se han aprobado 8 leyes orgánicas; 8 leyes ordinarias; y 35 decretos-leyes. En poco más de dos meses del año 2026, el Gobierno ha aprobado 6 decretos-leyes (uno de ellos derogado por acuerdo) frente a ninguna Ley. El Ejecutivo, por tanto, ya sin pudor, aprueba muchas más normas con rango de ley que leyes el propio Parlamento. En fin, el Gobierno ya no solo ejecuta y aprueba reglamentos, sino que es en este mandato el poder del Estado que, si tener la competencia general, más “legisla”, además en la sombra, pues en la gestación del decreto-ley hay opacidad. Eso sí, con la convalidación ulterior del Congreso, pero sin publicidad, ni enmienda, ni aprobación por ambas cámaras.

8.- La paradoja la expuso el profesor Rubio Llorente hace ya más de 30 años:  en España, el abuso del decreto ley se lleva a cabo “en proporción inversa a la fortaleza parlamentaria de los Gobiernos, pues cuando estos disponen de un sólido apoyo en el Parlamento no necesitan someter a este a la presión del fait-accompli para obtener la rápida tramitación de los proyectos urgentes”. Un Gobierno en minoría absoluta prefiere, así, ponerse una vez colorado que cien veces amarillo.  Esta forma iliberal de actuar puede tener graves consecuencias (hay precedentes) sobre el futuro del sistema constitucional. No parece importar. Carpe diem.  

(*) Sobre este tema, el capítulo “El borrado del Parlamento: la quiebra de las formas del poder”, en el libro Falsos cimientos: la fragilidad de las instituciones en España, que se edita este mes de marzo por Tirant lo Blanch, colección Ágora. [Ver índice y presentación:

FALSOS CIMIENTOS_ÍNDICE Y PRESENTACIÓN

 

I.- Se cumplen 30 años de la aparición de este libro que aparece en la imagen. Otros tantos también del asesinato del profesor Tomás y Valiente. Y los mismos del nacimiento de nuestra hija. Ese encadenamiento de momentos, entreverando la muerte y la vida, fueron los que me inclinaron a dedicar esa obra a ambos. En fin, y aunque ha llovido mucho, vuelvo sobre un tema recordando algo que no es obvio: sobre la figura de los directivos públicos sigue planeando no poca confusión y muchos equívocos. Intentaré en pocas palabras deshacerlos o contribuir modestamente a ello.

El desconcierto surge en la primera legislación básica de empleo público de 2007, donde apareció la evanescente e imprecisa figura del personal directivo público profesional (artículo 13 del hoy TREBEP). Observen bien que tal regulación se inserta en una ley de función pública (o lo que desde entonces se denomina con esa institución bastarda de empleo público). Y, por consiguiente, tal marco regulador no puede extender su ámbito de aplicación más allá de lo que es la propia estructura de puestos de trabajo de la función pública. Eso explica, en efecto, que las leyes de empleo público o de función pública cuando definen el perímetro de la dirección pública profesional no vayan más allá del nivel orgánico de subdirecciones generales y asimilados; esto es, los órganos directivos de Dirección General, por poner un ejemplo obvio, nunca pueden encuadrarse en tal normativa reguladora de la dirección pública profesional, pues al menos hoy son ámbitos orgánicos propios de la figura de altos cargos y asimilados (que agrupa con comodidad sin par a esos órganos directivos que se regulan en leyes de organización administrativa o mejor dicho de la Administración pública, como la Ley 40/2015, del Estado o las correspondientes leyes de las Comunidades Autónomas). En los niveles de la DPP sigue el imperio, con matices, de la libre designación, en los altos cargos el libre nombramiento y cese.

Lo expuesto ha conducido a que la práctica totalidad de las leyes de las comunidades autónomas y, más recientemente, de la función pública del Estado (Real Decreto-ley 6/2023, Libro II), hayan definido precisamente el perímetro de aplicación del personal directivo profesional limitándolo a quien cubre las subdirecciones generales. Así lo hace, por ejemplo, la regulación indicada en la AGE (artículo 123.3 RDL 6/2023; y Orden TDF 379/2024); o la inmensa mayoría de las leyes autonómicas de desarrollo del TREBEP, salvo la Ley 5/2023, de función pública de Andalucía (que crea forzadamente la figura del “directivo profesional alto cargo” y amplía algo el perímetro de la DPP (alcanzando a ciertos niveles directivos/altos cargos); aunque reenvía para su concreción a un estatuto del directivo público aún no aprobado. La práctica totalidad de las leyes, directa o indirectamente, excluyen, por tanto, de la figura del personal directivo profesional a quienes gozan de la condición de altos cargos.  El Informe CETRA, de la Generalitat de Cataluña (2025), pretende extender la figura del personal directivo profesional también a los directores generales y asimilados, aunque no cuando tengan perfil político (¿?). En cualquier caso, una operación normativa de extensión del perímetro de esa figura exige no solo modificar la Ley de empleo público autonómico (subdirectores) sino también las leyes de organización e incluso del Gobierno y de la Administración. Desconocemos cómo se pretende hacer. Regular esa extensión por reglamento no puede hacerse solo con amparo en el artículo 13 TREBEP.

II.- Por consiguiente, una Ley de función pública o de empleo público es, por definición y ámbito material de aplicación, un marco normativo inapropiado para encajar la figura del personal directivo/alto cargo. Intentar profesionalizar tal figura, teniendo en cuenta que el estatuto de alto cargo que ampara a tales expresiones directivas es de neta extracción política, requiere regularlo en leyes de Administración o de organización administrativa, y exige como prius abordar primero la redefinición (acortando su perímetro) del concepto de alto cargo que, tanto la AGE como las CCAA, han ampliado generosamente (con el fin de disponer de una mayor cuota, esto es, más poltronas, de niveles orgánicos de libre nombramiento y cese políticos), y luego adaptar la legislación de función pública, redefiniendo los niveles orgánicos que entrarán a formar parte de la DPP.  Hacerlo al revés tiene sus límites, como el caso andaluz lo patentiza.

Convendría, por tanto, ser consciente que, sin perjuicio de las inevitables consecuencias que tiene la definición de su régimen jurídico, la dirección pública es ante todo y sobre todo un problema organizativo-estructural, que debería recibir acomodo en primer lugar en las leyes de Administración o de organización, y luego replicar respuestas institucionales en las leyes de función pública. Pero nada de esto se ha hecho así, y la noción de alto cargo ha ido adquiriendo un vigor presencial cada vez más intenso (conforme la politización y ensanchamiento de tales niveles orgánicos crecía por necesidades existenciales de los partidos de colocar a sus huestes), castrando de raíz cualquier ensayo normativo de implantación de estructuras profesionales de naturaleza directiva en el sector público. La política en España nunca se ha creído la DPP.  

III.- Si en el marco normativo estatal y autonómico las cosas parecen estar claras, menos lo están en lo que afecta al régimen local. La heterogeneidad y desorden del sistema normativo local de gobierno aconseja cierta prudencia a la hora de aproximarse a esa realidad. Simplificando ahora las cosas, cabe decir que ni en los municipios de gran población ni en las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares, como tampoco en las diputaciones forales, el personal directivo de primer nivel (el que culmina la organización administrativa departamental dependiendo inmediatamente de los órganos políticos), esto es, quien cubre la titularidad de esos órganos directivos, tienen por exigencia legal la consideración de directivos públicos profesionales. En ningún enunciado legal se recoge ello; esto es, a ese personal directivo no se le aplica -por definición conceptual ni por ámbito material- el artículo 13 del TREBEP (por cierto, con un trazado que introduce una confusión y llama a equívocos múltiples, al prever no un régimen orgánico sino hacer depender este de la naturaleza del vínculo funcionarial o laboral de quien cubre el nivel directivo correspondiente). Otra cosa es que, en un ejercicio de voluntarismo normativo-reglamentario (a través del ROM o ROP) se hayan querido acotar los márgenes de discrecionalidad en el nombramiento y cese de ese personal directivo, así como ajustarlo a un procedimiento. Pero extender preceptivamente la aplicabilidad de las previsiones del artículo 13 TREBEP a este tipo de personal, por exigencias del propio TREBEP, es sencillamente improcedente: el EBEP nunca puede regular ámbitos materiales que exceden de los estrictos contornos de la función pública. Y los tribunales han caído alguna vez también en este error. Otra cosa es que se autolimite normativamente la discrecionalidad mejorando el sistema de designación y de cese. Algo loable, más no obligatorio, según el marco legal descrito.

Habrá quienes objeten a este razonamiento que en el ámbito local de gobierno la figura del alto cargo no dispone de un espacio normativo propio como sí la tiene el ámbito estatal y autonómico. En verdad, sí la tiene, pero muy mal regulada y de modo fragmentado. La Ley 19/2013, en su título II, incluye a ese personal directivo dentro de la noción de alto cargo. La LBRL, de forma muy poco precisa, habla de órganos directivos de las entidades locales, a los que anuda una serie de exigencias (incompatibilidades, declaraciones de actividades y bienes, etc.). Pero en las entidades locales a las que ahora se tratan, ni los artículos 32 bis y 130, así como tampoco las disposiciones adicionales decimocuarta y decimoctava de la LBRL, se hace mención alguna a que ese personal directivo tenga la condición de profesional. De hecho, se establecen algunas exigencias formales (funcionarios del grupo de clasificación A1) con carácter general para su nombramiento (y no en todos los casos), pero nada más. Ello no impide, reiteramos, que por voluntad normativo-reglamentaria expresa esos márgenes de discrecionalidad en el nombramiento y cese que permite la normativa básica o legal puedan acotarse o condicionarse, en uso de sus potestades normativas y de autoorganización, reforzando los criterios de profesionalización en la cobertura y cese de tales órganos directivos, al objeto de garantizar un mejor desempeño de sus funciones. Mas eso, ni se deriva ni puede hacerlo del art. 13 TREBEP.

Otro problema añadido es cómo se enmarcan retributivamente esos órganos directivos, pues al existir una anomia normativa innegable, la solución tradicional es asignar a tales órganos directivos un nivel retributivo correspondiente al mayor de la escala retributiva funcionarial (NCD 30), dando a entender así que se insertan en la clasificación de niveles de la función pública local, cuando realmente esto no es así ni puede serlo, pues no son órganos directivos de la función pública, sino órganos directivos de la estructura político-gubernamental de la respectiva entidad. Esta confusión -derivada de una clamorosa anomia legislativa- llama además a que se predique la aplicación a tales niveles orgánicos directivos de no pocas reglas aplicables a la función pública, pero tal anomia fruto del desdén del legislador básico o autonómico (que viene de lejos) ha ido introduciendo y (lo que es peor) consolidando en esta cuestión innumerables equívocos. Más valdría utilizar la potestad reglamentaria local para clarificar este y otros extremos y evitar esa confusión entre puestos de la función pública y niveles directivos ajenos a esta.

IV.- Distinto es el caso de los municipios de régimen común (la inmensa mayoría en número), donde el marco normativo básico y las leyes que lo desarrollan introducen también no poca confusión. En lo que afecta al marco básico, la anomia normativa en lo que afecta a la regulación del personal directivo de los municipios de régimen común es casi absoluta: tan solo algunas referencias puntuales en el artículo 75 y en la disposición adicional decimosexta LBRL, parecen dibujar (a veces de forma muy confusa) qué se entiende por personal directivo en estas entidades locales. Algunas regulaciones autonómicas, muy preñadas por esa anomia del legislador básico, han creado ex novo la figura del personal directivo profesional en esas entidades locales (el ejemplo más desarrollado es el de la Ley 2/2016, de instituciones locales vascas, en su título III, capítulo III; que apenas ha sido aplicado). Pero esos órganos directivos municipales en entidades de régimen común entrarían de lleno en la previsión del artículo 13 TREBEP (así como de las leyes autonómicas de desarrollo) y, salvando las distancias, tendrían la consideración de órganos directivos de la función pública (asimilables, al margen de su denominación formal, a los subdirectores estatales o autonómicos en su régimen jurídico).

V.- El barullo normativo expuesto -dejemos de lado ahora los municipios de régimen especial- viene determinado por una cierta indigencia conceptual, pero especialmente por un abandono total o parcial del legislador básico y autonómico local, que huye o ignora los temas organizativos locales de componente directivo. Como se ha reiterado, la dirección pública (sea profesional o no) es, sobre todo, también en el ámbito regulatorio, una decisión organizativa, a la que después se le ha de dar (una vez adoptada) un régimen jurídico. En este país, comenzamos la casa por el tejado y, por lo común, esa forma de construir instituciones parte, por consiguiente, de premisas falsas, lo que las hace especialmente vulnerables. Pero eso es otro tema que hoy no toca.  

“Cuanto más hablaba de honestidad más nos apresurábamos a contar las cucharas de plata de la cubertería” (Emerson)

“El político es elegido únicamente porque que pertenece a un partido. Su principal lealtad la debe al partido o a los dirigentes del partido. En política, lo que necesitamos son individuos capaces de juzgar por sí mismos y que estén dispuestos a asumir la responsabilidad personal. Este tipo de individuos son difíciles de encontrar en cualquier sistema de partidos” (Karl Popper)

Un Estado clientelar con los frenos rotos e instituciones colonizadas por los partidos.

España es un país que, por su tradición política llena de patologías y su desastrosa historia, plagada de enfrentamientos y guerras civiles, de fanatismo y de intolerancia, así como por la omnipresencia de un sistema político oligárquico y caciquil que hunde sus raíces en el s. XIX, tenía todos los boletos para convertirse en lo que hoy en día ha derivado: un Estado clientelar de partidos. Tras 1978 hubo quien soñó que España superaría por fin sus males y se transformaría en un país democrático normal. Fue un sueño que poco duró. Los viejos demonios, tras creer que los habíamos desterrado, emergieron con fuerza. Tardaron años en ofrecernos su peor cara, o al menos la disimularon; pero la cabra siempre tira al monte. Y pronto la captura política de las instituciones (y como secuela el abrazo a la corrupción) mostraron una faz reconocible. Hasta hoy; donde ya el país ofrece un escenario dantesco: la devastación de las instituciones es casi absoluta. Y quienes vengan seguirán la estela de la lección aprendida. Hay mucho que saquear y los frenos no existen, se fueron quebrando y en estos momentos ya nadie, ni el Poder Judicial, detiene al poder despótico en este país.

Los partidos en España no tienen tradición democrática, siguen siendo estructuras oligárquicas, hoy en día de factura presidencialista o cesarista, con una impronta populista e incluso autocrática, cuando no totalitaria en sus fines. Pasamos de partidos de notables, estructuras organizativas muy endebles, a dos períodos de dictaduras, y luego a partidos de masas en el paréntesis republicano, hoy ya partidos de cargos públicos ayunos de democracia interna. Nuestra cultura político-gubernamental es pretoriana o caudillista. Una herencia intangible, que nadie ve. Con la CE en 1978 pensamos que todo se solucionaría. Los partidos entonces eran muy débiles y los reforzamos ad infinitum. Conforme fue pasando el tiempo, mostraron su peor faz, pues habían heredado “inconscientemente” las patologías del pasado: el viejo caciquismo se transformó en clientelismo político, y los líderes adoptaron tics autocráticos: despreciaron los frenos “a su poder”. La multiplicación de poderes territoriales hizo además que emergieran una suerte de caciques de campanario, donde las prácticas clientelares estuvieron a la orden del día. Dimos tanto poder a los partidos, pues eran pilares (que lo son) del sistema democrático, que olvidamos ingenuamente sus tradicionales pulsiones oligárquicas y clientelares, y así se estableció un modelo que no tenía pesos ni contrapesos: el poder de los partidos era omnímodo. Surgió, entonces, una tendencia evidente a la configuración de unos mecanismos de autodefensa (cártel) de una clase política, ayuna de competencias, que todo su cursus honorum lo basaba en una fidelidad perruna a la organización, y especialmente ahora deifica a sus líderes.

Con ese estado de cosas, las instituciones de control del poder gubernamental que se configuran como instituciones constitucionales o estatutarias o administraciones independientes, así como otras entidades públicas (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, CGPJ, Fiscal General del Estado, Banco de España, CNMC, CNMV, AIRF, AEPD, Consejo de Transparencia, RTVE, CIS, etc.) y sus homólogas en las CCAA, se poblaron de miembros fieles al poder establecido o a la oposición política, en un espurio reparto de cromos o en un control gubernamental descarado, desactivando su finalidad existencial de control del poder o garantía del pluralismo político, y logrando que tal complejo institucional se convirtiera en mera coreografía que daba cobijo con buenas retribuciones y un estatuto de inamovilidad temporal a no pocos políticos quemados (a quien se les retribuían así los servicios prestados) o a amigos políticos y fieles a los partidos que les habían propuesto. Disponer de un cargo público en una entidad o institución representa un seguro de vida para unos años. Los partidos se convirtieron en sociedades de socorros mutuos. Se quebró así la regla existencial de esas instituciones de control que, según Rosanvallon, era muy obvia: para que cualquier sistema de contrapesos funcione en una democracia, tales miembros integrantes de las instituciones de control tienen el deber institucional de ser desagradecidos con quienes les ha designado, pues si no sus funciones de control del poder se transforman en una suerte de autocomplacencia propia de los estómagos agradecidos y, por consiguiente, en unas instituciones de cartón piedra, a la postre un esperpento de su papel existencial. Hoy en día lo son.

Y eso es lo que ha pasado en este país desde hace décadas, aunque en estos últimos años el deterioro del sistema cada vez es más intenso sin que se perciba realmente cuándo se toca suelo, pues siempre hay un subsuelo. Este proceso de devastación institucional promovido por todos los partidos, y alimentado especialmente por quienes están en el poder gubernamental ha adquirido tintes aún de mayor gravedad como consecuencia, por un lado, de una polarización política extrema y, por otro, por algunas conductas gubernamentales que han sido de una grosería supina y que nadie (tampoco la prensa, más allá de un lamento circunstancial) se ha enfrentado a ellas, menos la sociedad civil y muchos menos aún un periodismo casi siempre, con contadas excepciones, lacayo del poder gubernamental o de la oposición.

La captura política grosera de la alta Administración o de su sector público (hoy día con un sector público estatal, dañado en su legitimación por una cadena de escándalos literalmente inadmisibles en un espacio público que se debería mover con estándares elevados de integridad y que oscilan entre el esperpento y el saqueo más burdo de lo público), ha existido siempre. Mas el punto de inflexión, mejor dicho, de no retorno, de destrucción del modelo de control, ya irreversible, es cuando se designan para esos órganos de control a exministros y ex altos cargos gubernamentales o a personas militantes de los partidos, carentes de las más mínimas competencias y moralidad para el desempeño de funciones de responsabilidad y que, además, en todos los casos, están ayunos de los estándares básicos de imparcialidad que se debe predicar para el ejercicio de tales funciones. A partir de ahí todo vale. Y nadie se sonroja. Los límites se han roto. Han saltado por los aires los principios. Los gobiernos son agencias de colocación de amigos políticos. Las instituciones de control son ya despojos a repartir entre quienes se hagan con el poder y colocar a los suyos de forma descarada. El Estado Constitucional ha muerto. Tal vez, para siempre. Y no es visión pesimista, es la realidad.

Hubo un tiempo en que algunos partidos (no todos) tenían al menos la deferencia y la autocontención de proponer para tales cargos institucionales a perfiles profesionales contrastados, aunque fueran amigos del poder o de la oposición. Eso ya no existe, se designan descaradamente “soldaditos” con perfil político duro y, en no pocos casos, con un desconocimiento atroz del sector que tienen que controlar, lo cual es gravísimo, cuando no se desmantelan los órganos de control que incordian al poder establecido o se desactivan.

En estos momentos -parafraseando al profesor Arias Maldonado- los (inexistentes) partidos institucionalistas han perdido la batalla totalmente frente a las pulsiones clientelares. La victoria de estos últimos es total. Los primeros no existen. Y el descrédito o falta de legitimación de las instituciones en España, absoluto. Da la impresión de que ni la UE ni el Consejo de Europa ni tampoco la OCDE, se enteran mucho de lo que pasa aquí. Tienen una visión excesivamente pía de cómo funciona la política en este país. Se creen que esto es una democracia occidental normalizada. Las formas son aparentemente democráticas, pero son mentira, el trasfondo ni lo fue ni lo es. Y al paso que vamos no lo será nunca.

Una corrupción galopante que nunca toca fondo.

Lo dicho hasta ahora nos pone en la pista de la respuesta a este problema. Un estado clientelar de partidos, con unos partidos cada vez más endogámicos, con líderes populistas y cuadros con escasa o nula formación institucional democrática, que no han trabajado fuera de la política, fomenta estructuras partidistas de muy bajo nivel en competencias profesionales y con estándares de integridad bajo mínimos. Y mejor no hablemos de los jóvenes valores. De ahí no cabe sorprenderse de que abunden cada vez más los escándalos, sean de corrupción o relacionados con el acoso sexual: dar poder a quienes carecen de educación y de estándares morales para gestionarlo, conduce derechamente a comportamientos oscuros. Se trata lisa y llanamente de “pillar”, sea lo que fuere. La clase política española está invadida de bandidos, depredadores o potenciales encubridores, y en el mejor de los casos de personas que miran a otro lado, guardan silencio o entonan el indigno “y tú más”. Se impone, además, el silencio de los corderos y la amnesia colectiva. El miedo de quién no tiene a dónde ir, si le apean del pedestal en el que vive.

Las carreras políticas dependen, por tanto, de criterios de fidelización perruna, y dar de comer de por vida a tanta medianía requiere ocupar no solo amplios espacios de las AAPP y de su sector público (empleos públicos, y no solo directivos, incluidos), sino también proveer los innumerables cargos públicos y de asesores del sector público y de las instituciones de control, que nada controlan ni controlarán, pues están para otra cosa: dar alpiste a los numerarios de los partidos, que son legión. Pero eso se torna incluso insuficiente, los políticos miran también hacia el sector privado, que en parte vive de subvenciones, ayudas o fondos NGEU o de una contratación pública a menudo amañada, o son empresas participadas por el sector público en las que hallan cobijo políticos quemados que reciben, así, un “justiprecio” por los servicios prestados y “amasan” para su jubilación o retiro dorado. Todo esto es herencia del peso tan fuerte que tenía y tiene el poder ejecutivo en la vida nacional y también en la economía. Viene de la restauración, e incluso antes, se confirmó en el franquismo y encontró acomodo en el régimen democrático, agudizado con las “privatizaciones” en la etapa del primer Aznar y también ahora en la era Sánchez, donde ya sin tapujos se entra a través de la SEPI (una entidad ariete de la política más clientelar) a participar en el ámbito de entidades financieras o empresas privadas mediante una colonización indirecta de lo que pretende ser un “capitalismo dependiente del Estado”. Una consecuencia de la debilidad estructural del capitalismo español. En el caso catalán y vasco, donde había más músculo, tampoco se ha evitado, sino todo lo contrario, que los poderes gubernamentales interfieran la actividad empresarial que se convierte a veces en un apéndice de la propia política. Además, con trasiegos indecentes entre políticos y empresas en unas enloquecidas puertas giratorias y de gran peligro para el interés público que se subordina a intereses personales, partidistas o privados. El control de los medios es clave para moldear relatos. Y de los públicos también, que dejan el pluralismo hecho unos zorros.

De todo lo anterior se deriva fácilmente que la corrupción institucional y también partitocrática, pero además no lo olvidemos la personal (enriquecimiento a través de la política), estén a la orden del día. Si todo esto lo edulcoramos con sueldos pantagruélicos, banquetes u orgías de nuevos ricos y esperpentos varios, ya tenemos el cuadro completo.  No hay sistema alguno de frenos o contrapesos, y todo esto del compliance o las medidas de lucha contra la corrupción a través de planes de integridad o antifraude, se convierten en mera coreografía o mentiras piadosas: políticos, funcionarios y también empresarios ignoran supina o cínicamente tales políticas de integridad. Hay un grado de cinismo con la ética pública en España increíble. Y si no que se lo pregunten al promotor del Plan estatal de Lucha contra la Corrupción lanzado a bombo y platillo hace unos pocos meses (parece una eternidad), cuyas medidas duermen el sueño de los justos sepultadas por montañas de presunta corrupción.

Un país sin solución.

Ya pueden los poderes públicos crear todas las agencias de integridad o anticorrupción o de protección del denunciante que quieran, y que nos demanda Europa y la OCDE, que el problema no se atajará hasta que los devaluados y sátrapas partidos desalojen esos amplísimos espacios de poder patrimonial que han ido colonizando groseramente en los últimos tiempos. Paradójicamente, cuando los partidos están más alejados de la sociedad, son más endebles estructuralmente y con medios personales cada vez menores (una afiliación menguante), así como con cuadros personales, profesionales y morales de peor condición, más poder tienen en la sociedad española y menos incentivos para abandonar esos espacios de poder de los que se han hecho dueños y señores. Los profesionales de la política, en verdad indigentes más allá de ella, no tienen dónde ir. Y a la política se aferran. No hay solución fácil. Hubo en España momentos críticos en que se pudieron sentar las bases de una nueva política, y en ninguno de ellos se supo ni se quiso acabar con esa mala política que fagocitaba las instituciones. La impotencia se impuso, el cártel también. Hoy ya es tarde. Ya las han devastado. Y el tiempo se ha agotado. La situación es irreversible y la degradación institucional profunda. España es hoy día un Estado Constitucional fallido. Quien piense que esto lo resolverá un Gobierno de otro color político, no conoce las raíces del problema. No lo hará. Volverá a las andadas. Y tiene el camino expedito. Además, está en el ADN de la forma de hacer política en este país por todos los partidos, que entienden las instituciones como patrimonio del poder y los frenos al mismo como una incómoda y gratuita antigualla.  

(*) Este post reproduce, con algunas actualizaciones propias del letal contexto que nos abruma y abochorna, las respuestas que di a las cuestiones planteadas en su día  por Manuel Arias Maldonado quien moderó un Coloquio en el Centro Cultural La Malagueta (España, la reforma inacabada; 24-X-2025), sobre la captura institucional de las instituciones de control y la corrupción. Se difundirán en esta Web con en el resto de cuestiones.

(**) Para disponer de un marco conceptual e histórico más amplio sobre las raíces de los problemas expuestos, puede acudirse al libro que publiqué hace algunos años: Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones (Marcial Pons, 2016). Una versión actualizada sobre la realidad del problema en este país se puede encontrar en abierto en este librito más reciente que edité en su día:  Instituciones rotas.  Separación de poderes, clientelismo político y partidos en España. (Zaragoza, 2023). Aquí en formato PDF: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA

“Las disposiciones amnistiando los hechos delictivos (cometidos en Francia entre los años 1989 y 1992) relacionados con la financiación de los partidos tuvieron un efecto desastroso, ofreciendo a la opinión pública la sensación -completamente exacta- de que los políticos estaban por encima de las leyes (…) El sentimiento general en la opinión fue de que esa autoamnistía se acordó para impedir, directa o indirectamente, a la magistratura cumplir la misión que le fue confiada por la Ley” (Donatella Della Porta)

Preliminar

Conforme pasa el tiempo y uno se va haciendo más viejo, adquiere la manía, como es mi caso, de volver a aquellos libros por los que antaño ha transitado. Ciertamente, no he llegado al punto que alcanzó el afamado liberal doctrinario francés, Royard-Collard, cuando escribió aquello de que “Je ne lis pas, je relis”. Mas la verdad es que se trata de una actividad muy satisfactoria e intelectualmente muy sana, siempre que las obras que se relean merezcan la pena, como sucede, por lo común, con los clásicos, a quienes hay que revisitar constantemente, y también en algunas ocasiones con quienes no alcanzan tal condición, pero les avala una sólida trayectoria académica.

Viene a colación lo expuesto porque este libro, dirigido hace 30 años por Donatella della Porta e Yves Mény, titulado La corrupción en Europa, sigue teniendo en España, paradojas de este país estancado en sus miserias, notable actualidad. Como le escribía irónicamente ayer en las redes al consagrado especialista en materia de corrupción política, el profesor Fernando Jiménez, en España dedicarse a esos menesteres académicos tiene “la ventaja” de que siempre que se habla por esta política cínica y mendaz de afrontar el problema de la corrupción lo es hasta que el cielo escampe, se olviden los desmanes y vengan elecciones, pues ya volverán esos o los otros a seguir el ciclo infernal y eterno de la corrupción: enriquecerse ellos y sus comisionistas, como escribió Clarín https://rafaeljimenezasensio.com/2025/05/25/la-regeneracion-politica-como-farsa/. La Regeneración en España es una palabra maldita, siempre que se invoca por la clase política hay que echarse a temblar, y taparse la nariz y los ojos, tanto por el hedor que se destila como por la mierda que saldrá a colación para enterrarse unos y otros en sus propias miserias.

Por tanto, otra ventaja que tiene en este país la bibliografía sobre corrupción, y en concreto este libro, es que apenas envejece. Siempre tiene un punto de actualidad, pues son los partidos, sus líderes y élites, quienes realmente no quieren cambiar nada, ya que se trastocaría su papel en esta comedia eterna o esperpento patrio de la política española. Y no ahondo más, pues la cuestión está abordada en la entrada anterior, publicada hace unas semanas.

Algunas ideas fuerza del libro: 10 tesis.

La vigencia de este libro es sobre todo desde el plano conceptual. Trata en un capítulo, no exento de interés, la corrupción en la España de entonces y su pasado franquista. Pero, aunque algo se dice, no se adentra en los verdaderos orígenes del problema que no son solo franquistas o actuales, sino particularmente gestados en el turbulento siglo XIX español. Sin ese análisis no se entiende bien la perdurabilidad del problema y sobre todo su irrupción con fuerza tras la Constitución de 1978, donde tras la restauración de la democracia paradójicamente vuelven, primero de forma silente y luego ruidosa, las acendradas prácticas clientelares y corruptas de la España “Liberal”, esta vez de la mano de unos partidos de cargos públicos, antes de “masas”, que gradualmente se hacen dueños del Estado y de sus instituciones, pretendiendo eliminar los pocos y débiles contrapesos que el sistema había ido (mal) construyendo.

Efectivamente, es la parte conceptual y las conclusiones del citado libro las que siguen manteniendo más actualidad en este país y en su política, que se caracteriza por su eterno enquistamiento. Por tanto, en materia de corrupción, aunque sea desolador decirlo, en España materialmente se ha avanzado muy poco. Y todas esas leyes aprobadas, también las recientes, lo han sido por empuje de la Unión Europea (Comisión Europea), del Consejo de Europa (GRECO) y de la OCDE. Mas son remedos formales, que incluso los propios gobiernos y los partidos que los sustentan, ahora y antes, sencillamente no se creen. Son leyes que se publican y apenas se aplican, por desdén presupuestario, ejercicio supino de cinismo, captura de las instituciones de vigilancia y control o simplemente porque quieren tener las manos libres quienes nos  gobiernan para dar rienda suelta a sus desmanes, suprimiendo o retocando groseramente, como se ha hecho en algunas Comunidades Autónomas, o tardando la intemerata en crearlos y siempre con bajo pulso y menor presupuestos (como en el Estado), los órganos de vigilancia y control de la transparencia e integridad, que no pasan de ser mentiras piadosas, que la letanía político-gubernamental y creyentes ingenuos repiten sin que nadie en su sano juicio se los crea.

Y ahí van, entre otras muchas, las 10 tesis de este libro que, con carácter general y seleccionadas de forma muy selectiva (por tanto, incompleta), siguen siendo aplicables a la política de este país, para bochorno del tiempo transcurrido, que no ha sabido sanar ni siquiera cicatrizar ninguna de ellas. Son apuntes telegráficos, aunque nos dan una idea del grado de anquilosis que la lucha contra la corrupción en España ofrece, planes fantásticos anticorrupción aparte, que sea airean cuando el hedor político ya es insoportable:

1.- El fenómeno de la corrupción en democracia surge, entre otros factores, por “la crisis de los partidos, la crisis de participación y la crisis de valores en el panteón occidental”. La tradición patrimonial, clientelar y nepotista sobre lo público en España, agravan el problema. Así se exponía en el capítulo dedicado entonces a este país: “El clientelismo es una práctica suficientemente arraigada en España para ser eliminada”. No lo ha sido aún. Tiene, como dijo el Conde de Romanones raíces muy hondas y gran vigor. Y arrancarlas implica cambiar radicalmente el modo de hacer política en este país, lo que los partidos ni quieren ni saben hacer.

2. “En numerosos países llamados democráticos la corrupción no es un problema marginal en sus dimensiones (ni siquiera contingente), sino que se trata de un fenómeno endémico (esto es, estructural)”. Lo negarán aquí una y otra vez los partidos y sus líderes, mas la realidad es muy tozuda y lo que emerge, en verdad, es, como en su día escribiera el propio Yves Mény, la punta del iceberg de la corrupción. Buena parte queda oculta, para siempre. Cuanto más se tarde en aceptar y abordar esa “cruda realidad” (en palabras del profesor Víctor Lapuente en la obra, también vigente, La corrupción en España), más difícil será para buscar alguna solución cabal (si la hay) al eterno problema de la corrupción.

3. Los autores manejan un concepto de corrupción que, en grandes líneas, es el que sigue: «La corrupción es el intercambio clandestino entre ‘dos mercados”, el político-administrativo y el económico-social. Ese intercambio viola normas jurídicas/éticas, sacrifica intereses públicos a favor de intereses privados, y permite a los actores privados el acceso privilegiado y oculto (o manipulado) a recursos públicos (contratos, financiación, subvenciones, determinadas decisiones), procurando beneficio material también a los actores públicos corruptos (sean estos personas físicas o partidos que gobiernan determinadas instituciones)». Como también exponen: “La pequeña y gran corrupción se manifiestan allí dónde el poder público decisor dispone de poderes discrecionales que le facultan, por ejemplo, para decidir, por ejemplo, cuál es ‘el mejor’ contrato”. Lo demás, casi siempre, consiste en “vestir el santo” de la decisión discrecional con ropajes formales que lo hagan presentable y que no se note o se disimule la arbitrariedad que puede haber detrás. Una práctica muy conocida y extendida por estos lares. ¿Y los funcionarios?

4. “La corrupción destruye los valores públicos y golpea el corazón de la democracia, subordina el interés público a espurios intereses privados, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega el principio de igualdad y favorece (para unos pocos amigos del poder) el acceso privilegiado a los recursos públicos”. Por causa de la corrupción, la destrucción tangible o intangible de los interese públicos, que son de toda la ciudadanía, es mayúscula. Los daños financieros al Estado y a sus políticas son inmensos (afectación directa a servicios públicos y prestaciones), y la mutilación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, brutal. Ni aún así lo entienden quienes nos gobiernan con su parálisis letal frente a la ingente corrupción.

5. “La corrupción ha crecido con la profesionalización de la política: esto es, siguiendo a Max Weber, por multiplicarse quienes ‘viven de la política’ y buscan extraer de ellas ventajas extrínsecas/materiales, frente a quienes (desgraciadamente, cada vez menos) viven ‘para la política’, y que de ella obtienen gratificaciones extrínsecas e ideológicas”. Como este punto ya lo traté en la entrada anterior, reenvío a la misma:https://rafaeljimenezasensio.com/2025/07/13/corrupcion-politica-y-partidos-en-espana/ Lo estamos viendo en los casos que aparecen.

6. “La carrera política de hecho figura, en primer lugar, como una vía rápida de movilidad social, utilizada muchas veces por ‘ex plebeyos’ y arribistas, cuyo objetivo (no confesable) es ascender en la escala social y que se plasma también en un tipo de políticos interesados más en enriquecerse ellos que en mejorar la propia política” (en la que están para vivir cómodamente de las prebendas y la púrpura que les proporciona). Otro efecto disfuncional de la “profesionalización” mal entendida de la política. También esas categorías nos son muy familiares en esta corrupción mal llamada “cutre”, que también nos anega. Pero el mal está muy extendido: hay muchísimos oportunistas metidos en los partidos, lo que muestra el declive absoluto de las élites políticas en España, cada vez peor preparadas competencial y moralmente.

7. “Además, otra motivación de los corruptos es la práctica de las puertas giratorias (y el tráfico de influencias) que permite a políticos y altos funcionarios utilizar información privilegiada y obtenida gracias a su posición en las instituciones para enriquecerse al mismo tiempo que a las empresas”. Esta vieja idea de los autores citados nos reenvía a otro contexto de potencial corrupción que ha estallado retrospectivamente en España, con raíces muy viejas y perversiones profundas por lo que implica utilizar posiciones institucionales de primer nivel para hacer lo contrario de lo que las responsabilidades públicas exigen, con presunto uso incluso de la capacidad legislativa o normativa para beneficiar a los amigos del poder.

8. También, “la corrupción política engendra la proliferación de personajes y estructuras de negocio que ‘de facto’ no son sector público ni tampoco mercado, al menos porque sus actuaciones van encaminadas a violar (sistemática o coyunturalmente) las reglas de funcionamiento del sector público o del propio mercado”.  En España y en sus Comunidades Autónomas, así como en sus entidades locales, tales actores interactúan con los poderes públicos, como son (algunos) despachos profesionales o empresas grandes o medianas de consultoría o de “asuntos públicos”, otros freelancers que median (con fines espurios) para obtener ventajas y recursos públicos en función de sus posiciones de privilegio con el poder.

9. “La imbricación Estado-mercado comporta asimismo que los éxitos empresariales no dependan tanto de su propia competitividad como, en no pocas ocasiones, de relaciones que se tejen con el Estado (en sentido lato). Hay empresas víctimas de extorsión y otras protegidas por políticos y partidos”. Tampoco esta idea es ajena a la España actual, ni mucho menos. La dependencia clientelar del poder económico en algunos casos del propio poder político, que cada vez interfiere más por cierto en la esfera empresarial privada, comporta o puede comportar actuaciones público-privadas que esconden casos de corrupción latente o silente.

10. En fin, los autores, al inicio de su obra hacen referencia a dos citas clásicas sobre el valor que tiene la democracia como sistema de gobierno. Así, exponen que Churchill dijo que «la democracia es el peor de los sistemas a excepción de todos los demás»; por su parte, el profesor Norberto Bobbio afirmó más modestamente, pero certero, lo siguiente: «La democracia es un sistema mejor que aquellos que le han precedido y le han sucedido, hasta ahora». Lo cierto es que de seguir esta deriva imparable y cada vez más honda en España, la democracia puede morir ahogada por la corrupción. Y lo que luego emerja, abanderando cínicamente una lucha en la que no creen, será probablemente peor o igual de malo, pero ya sin libertades formales o en cuarentena. La noria de la corrupción en este país es infinita. Y no se trata tanto, como expuso Della Porta, del “fin de la ética republicana”, que también. El problema es que aquí ni siquiera hemos tenido nunca un Estado Liberal democrático de condiciones normales. Eso pesa, y mucho: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA.

Apostilla:

Quizá nuestros políticos han olvidado, si es que alguna vez lo han sabido, que el hundimiento de los partidos centrales del sistema en no pocos países democráticos, también europeos, provino precisamente de abrazar la corrupción. Hay que refrescarles de vez en cuando su frágil memoria.

“Políticos: Zánganos de colmena. Su oficio es andar de acá para allá zumbando y picando cuando no encuentran comida” (Juan Rico y Amat, 1855)

Preliminar

En un país con tanta inestabilidad constitucional, con  varias guerras civiles y dos dictaduras (sin olvidar el despiadado absolutismo monárquico en los comienzos del siglo XIX) y, en fin, que desde del Desastre de 1898 ha sido incapaz de articular territorialmente un Estado en clave de integración, la política tenía por fuerza que verse preñada de tan lamentable cuadro, requiriendo hercúleos esfuerzos para revertir tal situación. Y, en efecto, el desgarro político ha sido siempre -salvo los años bobos, en palabras de Galdós, del sistema político de la Restauración y las primeras décadas ilusas del régimen constitucional de 1978, hasta inicios del siglo XXI- una constante.

Durante todo este accidentado proceso de formación frustrada de un Estado Liberal Democrático, que nunca fue, los partidos, salvo honrosas excepciones, han sido en España el reflejo más tenebroso del cainismo político imperante, alimentado por una dialéctica de amigo/enemigo y de destrucción del contrario, primero mediante pronunciamientos o golpes de Estado, después a través de conspiraciones de cualquier tipo, y de juego sucio donde lo hubiera, hasta matarse entre ellos. Las reglas constitucionales y la arquitectura institucional y procedimental, eran (y son) formalidades vacuas. Y el sentido institucional, inexistente. Salvo muy cortos períodos de tiempo, los partidos han tenido una imagen pública muy deteriorada. En su contacto con el poder se han visto salpicados en asuntos turbios o en casos de corrupción muy graves, incluso arrastrando -ya desde el siglo XIX- supuestos de financiación ilegal de los partidos. Antaño “la recomendación y el favor permeaban las determinaciones del Estado” (Moreno Luzón), hoy -bajo la égida de los partidos- lo siguen haciendo.

Quebrar ese estado de cosas exige mucha entereza moral y no poca energía cívica, de la que han carecido -triste es decirlo- la práctica totalidad de los gobernantes en España. Los políticos no viven ajenos a la sociedad que los vio nacer y crecer, menos aún a unas patologías que tienen hondas raíces -como reconoció cínicamente el Conde de Romanones, cacique liberal para más señas- y que se han asentado con fuerza en este ecosistema político singular. Hubo algunos intentos de cambiar ese estado de cosas, pero se quedaron en anécdota. Así no se extrañen de que la imagen que tiene buena parte de la ciudadanía sobre tales organizaciones partidistas es que se hallan formadas por bandidos políticos, en terminología acuñada por Leopoldo Alas, Clarín; tendencia peligrosa por configurar la antesala de soluciones políticas dictatoriales o autocráticas. Realmente, si se analiza con rigor este problema, pronto se advertirá que nuestros males políticos y la forma de comportarse de esos actores vienen de muy lejos y que nadie ha tenido el coraje de enfrentarse con entereza a ellos.

“Prietas las filas”: Vivir “de” la política exige ser soldadito leal

La política en España está plagada de mentiras piadosas. Se dice, con no poca licencia, por ejemplo, que quienes ejercen esa importante actividad política son representantes o gobernantes de los ciudadanos, y que alcanzan tales responsabilidades por la confianza que estos depositan sobre aquellos. Bien se sabe que no es así, el desvalido ciudadano se limita, como acto supremo de la democracia vigente, a emitir un voto mediante una papeleta mediatizada por unos partidos que elaboran de puertas adentro sus listas cerradas y bloqueadas, en las que el ciudadano no tiene ni arte ni parte, ni tampoco (salvo en el Senado) podrá meter cuchara, y poca. A los cargos públicos los eligen los líderes de los partidos o sus subalternos, siempre que gocen de fidelidad perruna a las siglas y al respectivo mandamás (ahora acuñado también como “puto amo”). Una vez en el poder, si son soldaditos leales, nadie los mueve. El ciudadano menos: se los traga 4 años. No deja de ser sorprendente que 50 años después de la muerte del dictador, regrese a los partidos aquella vieja idea de “prietas las filas”. Ni hay democracia interna en los partidos, ni se la espera. Por ahí empiezan los problemas.

En estos momentos, para complicar más las cosas, la nota determinante de esa actividad llamada política consiste, con cada vez menos excepciones, en el bajísimo nivel de cualificación profesional y en los rebajados (cuando no ignorados cínicamente) estándares de integridad que muestran buena parte de esa larguísima nómina de políticos profesionales que pueblan la degradada y desvitalizada vida de los partidos políticos en este país, que son quienes nutren (con ejercicios aparentemente democráticos de tonos  plebiscitarios) de líderes a tales organizaciones; mas también de cargos públicos representativos/ejecutivos, directivos y asesores (que son legión). Todos ellos conforman el extenso número de responsables que viven de la política en este país: varias decenas de miles de personas que son -así se les llama- la “élite política” que nos gobierna o dirige. Son quienes llevan las riendas de España, de sus CCAA y de sus gobiernos locales. Con esa mayoría de abundantes zoquetes en el timón del barco institucional solo cabe decir: ¡Pobres de nosotros! Y cruzar los dedos para lo que pueda venir.

Dejamos aquí de lado a quienes todavía hoy -cada vez menos por desgracia- viven, como escribiera Weber, no de la política, sino para la política, con dedicación ferviente a la ciudadanía y a los intereses públicos. Son aquellos representantes o directivos públicos con un compromiso gestor y un ejercicio de sus responsabilidades ejemplar. Especie en extinción. Alguno aún queda, pero muy arrugado: la polarización no deja tener voz propia. Las voraces máquinas partidarias, en su versión más pobre y lapidaria, han borrado prácticamente de la faz de la tierra institucional a esas personas (que las hubo, y muchas) comprometidas con su pueblo/ciudad, con su ciudadanía, sus inquietudes o necesidades. Cada vez con mayor ahínco los partidos buscan aduladores sin decencia ni criterio propio (y cuanto más bajo sea el perfil, mejor) jovencitos o maduros ambiciosos sin apenas oficio que se asoman a la llamada del poder, a quienes prometen, un cursus honorum ascendente que les conducirá, con el paso del tiempo y si se portan bien, al Olimpo de la política y a las riquezas y púrpuras adheridas de esa actividad; esto es, a tener la vida resuelta. Que no está mal en estos tiempos que corren, además con retribuciones y condiciones de vida muy por encima del mercado y, sobre todo, de sus paupérrimas cualificaciones. Los pocos tecnócratas y profesionales cualificados que se asoman a la política, pronto perciben su regla de oro: entrar en el club selecto de los que mandan políticamente implica tener tragaderas infinitas, como cualquier otro militante de la causa.

Mas una vez en el cogollo de la política, unos y otros, sin embargo, advertirán que todo su papel consiste en ser simples voceros grises de unas cada vez más sectarias (y, con el paso del tiempo, menos representativas socialmente) organizaciones partidistas. Repetirán los latiguillos que cada mañana desayunen con sus asesores de esa comunicación de bisutería del respectivo partido. Y de ahí, si tienen suerte y caen de pie, tras chupar banquillo y arrimarse y adular babosamente al que manda, saltarán a instituciones más altas y así resolverán, como si de la pertenencia una sociedad de socorros mutuos se tratara, sus necesidades vitales para siempre, ad aeternum, si todo va bien. El partido les ayudará -siempre en la medida de sus posibilidades- en los momentos malos (oposición), como entidad benefactora que es de damnificados por la caprichosa ruleta de las urnas. La mal llamada profesionalización de la política es, quizá, el peor remedio para que el Estado democrático se asiente algún día en España; algo que, hoy por hoy, no se ha logrado.

La alternancia política es un eufemismo: solo cambian las clientelas en el poder.

Pero aún hay un problema más serio consecuencia de esta pésima política partidista enfermiza que nos anega. La tan cacareada alternancia política es, en verdad, un cambio radical y muy numeroso (pues la colonización política es extensiva e intensiva) en la nómina de los cargos públicos, directivos y personal asesor de las diferentes instituciones públicas. Cambian las siglas, pero sobre todo cambian las caras. Y emerge aquel estribillo de la canción de salsa: ¡Quítate tú para ponerme yo! La gravedad del asunto radica en dos cuestiones. La primera, el número de personas que es cesada y nombrada con cada cambio de gobierno, que es abismal, no solo en las estructuras de Gobierno y en la Administración Pública respectiva y su denso y extenso sector público, sino también, cuando toca, en los codiciados órganos “independientes” de control o supervisión en los que la vida es plácida, se cobra bien y se tienen garantizados unos buenos años (en algunos casos hasta 9) para comer un preciado turrón, como diría Juan Valera. Los puestos políticos se han multiplicado decenas de miles. Eso desprofesionaliza el Estado, creando una función pública vicarial y cada vez más en los márgenes: la política la ahoga, la asfixia.

Y la segunda, corolario de lo anterior, es que como hay tantos intereses personales por la supervivencia política, pues salir de la nómina pública es muy duro y los partidos han de hacer ejercicios malabares de corrupción “menor” para reubicar a los cesados en los presupuestos públicos, se buscan desesperadamente nombramientos en órganos de control, en el sector público o en plazas de empleados públicos designados a dedo o estabilizados mediante pruebas de paripé. La subsistencia exige, incluso, prostituirse como políticos, y echar mano de la corrupción más tolerada en España: hacer uso del nepotismo, amiguismo o clientelismo político, que también es corrupción, aunque algunos piensen lo contrario. Hay incluso quienes, en el sumun de la indecencia, cambian de bando para seguir teniendo protección pública frente a la hipotética indigencia.

Dicho de otro modo: engordar hasta la obesidad mórbida la nómina pública de cargos públicos de extracción política lleva aparejado que los partidos se hayan convertido en organizaciones de cargos públicos o de personas que aspiran a un cargo público. Cuando en una Comunidad Autónoma ser alto cargo comporta una nómina en torno a seis dígitos o ser miembro de un Consejo de Administración de una empresa pública otro tanto, algo serio pasa en la política de este país. Y si el problema es, como sucede, de supervivencia personal y familiar, la política se torna cruel con el enemigo político, al que se debe destruir como sea, pues les va en ello el pan de sus hijos. La alternancia política se convierte en lucha de supervivencia de unos políticos frente a otros. En ese juego mortal no caben contemplaciones. Involucran a la ciudadanía en las cadenas de escándalos para que tomen partido, y así mantengan o desalojen a quienes disfrutan del poder o entronicen a los suyos. El ciudadano es, en ese circo de la política, el necio útil de esa cadena de mentiras; por cierto, nada piadosas.    

No creo que haya que ser demasiado incisivo para concluir que en España hay una democracia formal, pero preterida por un comportamiento cada vez más oligárquico y clientelar de unos partidos políticos, que son imprescindibles para que el sistema constitucional y democrático funcione (artículo 6 CE); pero que, dado su acelerado proceso de degeneración orgánica y funcional, han terminado secuestrando las instituciones y abandonando su papel constitucional como organizaciones cuya esencia es garantizar la canalización de la voluntad popular y un funcionamiento interno democrático (hoy día inexistente), así como, last but no leats,  la obligación no escrita de proveer a las instituciones públicas de los mejores cuadros profesionales para que la dirección política y pública de cada nivel de gobierno sea la más efectiva. Tales tareas constitucionales y funcionales las incumplen con tesón. Los importa un pito que quienes nombran carezcan de competencia alguna en ese sector o ámbito de la actuación pública.

Un Estado clientelar de partidos, polarizados y sectarios, que es lo que hoy día existe en España, resulta una fórmula materialmente inhábil para garantizar instituciones de calidad democrática mínima y construir un futuro armónico de una sociedad cada vez más desintegrada, desgarrada y desarticulada, conformada por un adosado autárquico de instituciones públicas que, si bien muy presente en las instituciones centrales, también es muy visible ese deterioro en el ámbito territorial, donde el cantonalismo político, bautizado con ese otro eufemismo de la “España plurinacional” -disfraz posmoderno del viejo caciquismo territorial, que está regresando con fuerza, si no se corrige el tiro. Por si ello fuera poco, las demás instituciones, también las de control del poder, se hallan rotas en mil pedazos en estos momentos y contaminadas de esa “lógica clientelar”, que con su predominio anulas las funciones constitucionales/legales de esos órganos. (Ver, en abierto, un desarrollo de estas ideas en: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA)

Final

Llegados a este punto, que nadie se sorprenda del canibalismo que los políticos españoles muestran entre ellos, cada día con más énfasis; especialmente, con los que están en el poder o aspiran a tomarlo; pero también en sus propias filas, donde los empujones y navajazos tampoco son excepción. Se trata, no lo olviden, de un instinto de supervivencia política y, por tanto, personal. Está en juego algo existencial. De ahí, tanta pasión desmedida. La política en España no va ya de arreglar problemas inmediatos o estructurales, esa es la coreografía, sino de cómo llegar al poder y permanecer en él, como medio de satisfacer las necesidades de la altísima nómina de aspirantes o ejercientes a cargos públicos que los partidos deben proveer. La política española está preñada, en su peor versión, del hambre calagurritana, que es capaz de descuartizar a quien sea con tal de evitar, en este caso, que ningún tipo de regeneración se lleve a efecto (un fin, por lo demás, mucho menos noble que la respuesta al asedio de las tropas romanas adversas).

El enemigo de los políticos son, en verdad, ellos mismos, pero sobre todo quien pretenda cambiar las reglas de juego, al que -como cártel- destruirán de inmediato, pues les impide seguir sobreviviendo del sucio juego del poder. La política en España consiste llanamente en disfrutar las mieles del triunfo, y, cuando esto no es posible esperar con ansiedad indisimulada alcanzar el comedero público (presupuestos); y en ambos casos -esto es determinante- para repartir los consabidos turrones entre los suyos. Por eso la política y los políticos no cambiarán nunca en España, porque este modo de hacer política lleva con nosotros dos siglos y es, por tanto, estructural. Por eso tampoco nadie afrontará de cara la corrupción, pues en esencia es parte del modus vivendi de la política. Y así lo seguirá siendo para siempre. Nadie en este país ha sabido ni sabe hacer política de otro modo. No hay solución, por tanto. Y quien les diga lo contrario, miente. Siento darles esta mala noticia.

“Nadie es tan aficionado a contar escándalos y a hablar de chanchullos de los otros como aquellos que tienen fama de haber chanchulleado” (Juan Valera)

“Una sociedad que es un hormigueo de intrigantes, una agencia de destinos, un centro de corrupción e infames compadrazgos, una hermandad de pedigüeños” (Galdós)

«No debe concebirse el Estado como una gran matrona dotada de dos ubérrimas mamelas» (Alejandro Sawa)

En lo que afecta a la corrupción política, la realidad supera con creces la ficción. La novela, bien es cierto, ha hecho no pocas veces de notaria de esa lacra vergonzante que nos invade; pero, teniendo en cuenta que tales prácticas llevan con nosotros, cuando menos, dos siglos, los ejemplos de construcciones de ficción de esa vergonzante realidad que nos circunda siguen siendo más bien anecdóticos, al menos recientemente. Si exceptuamos las novelas de Rafael Chirbes, Crematorio y En la orilla, o la más reciente de Alicia Giménez-Ballart, La Presidenta, así como algunas otras menores cuyo hilo conductor es retratar corrupciones ya existentes, la ficción en España, a pesar de su persistencia en el tiempo, ha prestado una atención relativa a ese fenómeno. Y no es extraño: tiene difícil mejorar lo existente; el esperpento junto con la ambición desmedida, se abrazan inmisericordemente en lo real. Más reflejo tuvo en la literatura latinoamericana, entre las que destacan varias obras de primeros espadas de las letras. Sin embargo, en España, la ficción novelística se ve desbordada por una cadena interminable de casos de corrupción, que, como decía, cualquier imaginación desbordante que se precie se ve aparcada por la cutrez a veces, o la sofisticación aparente o, incluso, la maldad inherente en aquellas innumerables situaciones que expresan el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en este país llamado España, cuna universal del mundo occidental en la práctica del favor desde el poder, el nepotismo y el abuso de quienes nos gobiernan, así como en dar turrones a los amigos.

La literatura decimonónica también prestó una atención marginal a este fenómeno, salvo por lo que afectaba a la corrupción electoral, muy presente en muchas obras literarias del momento. Juan Valera, si bien no trató ese fenómeno en sus obras novelísticas, sí lo hizo tangencialmente en sus Ensayos (concretamente en su magnífica pieza titulada De la perversión moral de la España de nuestros días), y particularmente en su inigualable y extensa Correspondencia, donde deja testimonio varios casos de corrupción en España y, sobre todo, en Cuba, cuando estuvo de Embajador en Washington. Pero ya Galdós, en algunos de sus Episodios Nacionales y en otras de sus novelas (por ejemplo, El amigo Manso, La de Bringas, Miau u otras muchas más)sí que puso el dedo en la llaga de la corrupción entonces existente, tanto en el sistema isabelino como en la Restauración. Pardo Bazán, retroalimentada por el realismo galdosiano, también hizo aportaciones puntuales en clave de crítica social frente al caciquismo y la corrupción, si bien en el ámbito provincial. Así escribió: “El presupuesto, sobre todo en su sección de obras públicas, está ahí para que de su dorada pasta se corten trozos repartibles”. Aquí latía la expresión galdosiana (La desheredada), de que el Presupuesto nacional es «la expresión contable del Restaurante nacional». También en la idea que doña Emilia inteligentemente expuso en el debate sobre el Informe de Oligarquía y Caciquismo en España, de Joaquín Costa, en El Ateneo (1901), cuando hablaba de la Administración Pública como ese “rincón oscuro» en el que todo se teje en la sombra entre los interesados y sus espurios manejos (igual que hoy, a pesar de la transparencia).Pío Baroja, asimismo, incidió puntualmente en el mismo tema en alguna de sus entregas de Memorias de un hombre de acción o en alguna de sus novelas (Cesar o nada, por ejemplo). Tras el Desastre del 98 se multiplicaron las censuras, agrias o incluso desgarradas, hacia ese fenómeno de la corrupción, que encontraba amparo en las generalizadas prácticas caciquiles y oligárquicas de ese régimen restaurador en estado de absoluta decadencia. Valle-Inclán, Pérez de Ayala, Ciges Aparicio, y otros muchos se ocuparon de denunciar esa lacra. Mas hubo una voz que, si bien atemperada por el silencio de una disidencia nunca aceptada, se alzó sobre el resto.

Y, efectivamente, este escritor demonizado y sometido a la dura ley del silencio por su modernismo rupturista y su anarquismo irredento, fue quien puso los puntos sobre las íes, denunciando que la corrupción imperante en España tenía causas muy profundas, que hundían sus raíces en la historia. Ese autor maldito, que no lo empezó siendo, fue Alejandro Sawa; un escritor hoy en día olvidado, aunque los trabajos de Allen Phillips, Iris Zavala, Amelina Correa, José Esteban y otros, lo hayan poco a poco reconocido en su valor. Murió ciego, alcoholizado y pobre de solemnidad, echado en el rincón del olvido por el sistema oligárquico imperante, mas ensalzado, como Max Estrada, por su amigo Valle-Inclán en su magistral obra Luces de bohemia.

La vivacidad expresiva de Alejandro Sawa ahorra cualquier comentario, dejando claro, por ejemplo, que quienes se corrompían no tenían otra denominación que puros bellacos y truhanes; el problema es que en España eran legión:

“He aumentado mi galería de bellacos, tan prieta, que tendré que prensarlos para poderlos contener en un circo, grande como una plaza de toros, con un nombre más, el de Fulano Cualquier Cosa, gran señor de la truhanería andante”.

Ese “Fulano” hoy tiene nombres y apellidos conocidos (póngaselos el lector). Efectivamente, tal número de depredadores de lo público no cabían (ni caben) en un circo ni siquiera en una plaza de toros, tampoco entonces en una España donde el Estado era aún mucho más enclenque que el actual. Imaginemos cómo se han multiplicado las tropelías en este “Estado Social”, en el que los presupuestos generales del Estado se han multiplicado por miles y, por tanto, el “comedero galdosiano” o la España de los turrones de Valera se han multiplicado como los panes y los peces. Habría que habilitar, por tanto, varios estadios de fútbol para “prensarlos”, pues han crecido proporcionalmente los truhanes y bellacos, sin duda.

En otro artículo, donde Sawa denuncia la corrupción de todos los sectores públicos en la tardía España de la Restauración, su dura crítica alcanza verdadera dimensión escatológica. El dominio del lenguaje y su impacto gráfico por parte del escritor sevillano-malacitano era envidiable:

“Vivimos -decía- en pleno albañal, respirando emanaciones de letrina, formando parte de una cloaca. Harto lo barruntaban cuantos conservan íntegros la decencia y el olfato. Madrid es una ciénaga y el hombre que llega a adquirir aquí carta de naturaleza, un apestado … Se masca en el aire la corrupción de todas las cosas nobles o útiles de la vida, ideales, anhelos, esperanzas y gobierno, magistratura, milicia, clero, todo está, cuando no podrido, tocado de ese punto de descomposición que señala como el contacto con una formidable maldición histórica”.

No es una exageración -aunque lo parezca- trasladar esa imagen desgarradora y maloliente a nuestra España actual, o al Madrid en el que pastan los políticos y cargos públicos de ese monstruo presupuestario que se llama Administración del Estado y su putrefacto sector público empresarial, o ese apéndice aventajado que es el gobierno regional y algunos otros gobiernos autonómicos y locales, campeones en la corrupción o en tapar las vergüenzas, pues la corrupción no es solo cutre o de obra públicas, sino que puede adquirir faces variopintas y afectar también a la gestión irresponsable y a los nombramientos arbitrarios. Pues la corrupción no solo es negra, sino que también puede adquirir tonalidades muy distintas, que no la exculpan.

Otro escritor decimonónico, periodista y catedrático, Leopoldo Alas, Clarín, se empeñó en una cruzada personal, totalmente legítima, cuando le birlaron su cátedra universitaria, estando como estaba el primero de la terna. El ministro del ramo, quien debía efectuar el nombramiento, prefirió arbitrariamente la segunda opción, pues Alas, republicano toda su vida, se había significado como un periodista belicoso y crítico con el gobierno Cánovas, y especialmente con su presidente.  Así, Clarín escribió:

“La tisis electoral no es más que un síntoma de la corrupción general que gangrena la vida pública. Del mismo modo que se compran los sufragios, se compran puestos de registradores de la propiedad, de profesores, incluso se compran cátedras, títulos, cualquier cosa. El cacique es el primer ordenador de la corrupción provincial”.

De ese pésimo estado de cosas, el escritor “asturiano” concluía denunciando (y sangrando por la herida) esa corrupción silente y aparentemente de perfil bajo: “Cuando los profesores deben su cátedra al favor, no debe sorprender que luego apliquen procedimientos análogos en los exámenes (léase, hoy en día, “oposiciones” o en nombramientos arbitrarios de funcionarios, empleados o cargos públicos). Y Clarín concluía: “La cadena de la corrupción es infinita”.

Pero quien puso el dedo en la llaga de un problema secular y que nubla o ciega las mentalidades y el juicio de quienes nos gobiernan, así como de los beneficiados por ese banquete de imposturas y delitos tapados, fue Rafael Cansinos Asséns, en su memorable y recomendable novela (autobiográfica) Bohemia, quien centró magistralmente el problema de la corrupción en este país, al exponer, en boca de unos de sus personajes, que tal fenómeno no era otra cosa que una respuesta lógica a una moral colectiva que nadie cree, nada más y nada menos:

“Déjense ustedes de tonterías, queridos amigos la República se vino abajo precisamente por culpa de esos tíos austeros … ¿A quién se le ocurre quererse atraer al pueblo con esa moral catoniana? Más valía que hubiesen sido unos sinvergüenzas, pero que hubiesen sabido defender la República. A mí me gustan los tíos como Lerroux, que es un ‘bragao’ y no aspira a la historia como un modelo de virtudes. Por lo demás, aquí no hay reaccionarios ni progresistas; en el fondo, todos son lo mismo”.

Nada de moral catoniana: “¡Enriquecéos! –como expuso Guizot-: “Gocemos y luego nos civilizaremos”. Que para esto último siempre hay tiempo. La política cínica y mentirosa que nos invade, no entiende nada de moralidad ni de ética pública o integridad, les resultan nociones extrañas, como al personaje de Cansinos.  Esa moral católica, que aún permanece entre nosotros, está detrás, como expuso Aranguren, de esta vieja idea de Bergengrün, quien escribió: “La gran contradicción del mundo: las manos limpias no son fuertes; las fuertes no pueden permanecer limpias”. En este país, nos lo hemos tomado al pie de la letra.

“El déspota es un insensato que arranca cada día algunas piedras del edificio que le cubre”

(Barón d’Holbach, 1773)

“Los gobernantes malos son siempre, en definitiva, malos gobernantes”

(José Luis Aranguren, 1985)

Una vez más en estos años ha vuelto a saltar otro escándalo de corrupción política que mancha al principal partido del Gobierno, que llegó para regenerar la vida pública frente a la corrupción del partido gubernamental anterior y que ha caído en las mismas garras, sin hacer nada al respecto. Este nuevo caso pone contra las cuerdas a quien ha elegido a semejantes tunantes y depredadores de lo público, que han sido antaño sus más fieles colaboradores en las tareas políticas más opacas. Si eso era lo mejor que tenía el partido para dirigir la organización, apaga y vámonos. Ahora bien, por algo los nombró. ¿O no?

Mas si se trasciende un poco y se echa la vista atrás o se mira lateralmente, se observa cómo la corrupción en España es sistémica. Ha afectado prácticamente a todos los partidos de gobierno, y bajo su terrible manto se han cometido tropelías sinfín. La corrupción ha sido y es el característico estilo hispano de hacer política. Viene de lejos. Esa corriente de corrupción, que como el Guadiana aparece y desaparece si bien nunca cesa en su curso, tiene como sujetos privilegiados a los partidos que tocan poder, como mediadores/comisionistas a políticos de perfiles mafiosos y sin escrúpulos (que, al parecer, abundan) y como cooperadores necesarios a empresarios o personas que dicen serlo, cuando no a cargos públicos y funcionarios que miran para otro lado. Hay muchos casos de enriquecimiento personal de políticos, pero también de financiación ilegal de los partidos. Las instituciones de supervisión y control de este tipo de malas prácticas, no funcionan en España (son “decorativas”, según término del profesor Malem), pues están capturadas por amigos del poder y en el grosero reparto de sus poltronas los partidos obran como un auténtico cártel. Miren, por ejemplo, quiénes son responsables de la sección de fiscalización de los partidos en el Tribunal de Cuentas (dos personas designadas por los principales partidos; se pueden imaginar por qué). El Poder Judicial cuando interviene, es lento y a veces incluso poco efectivo, por tardío. Solo fiscaliza la punta del iceberg. En estos ya casi 50 años de un sistema autodenominado democrático, los escándalos se han multiplicado conforme los partidos, gobernantes y políticos iban concibiendo cada vez más al Estado “como una gran matrona dotada de dos ubérrimas mamelas” (A. Sawa) de las que se puede succionar todo en beneficio propio. Lo del interés general en la política española siempre ha sido un pío deseo.

La imagen que transmite la corrupción política es demoledora. El daño reputacional al sistema político constitucional, irreparable. La desconfianza y desconexión ciudadana hacia sus autodenominados “representantes” (de sí mismos y de sus intereses), es ya absoluto. Si bien, la docilidad de la ciudadanía española, incapaz de articular una resistencia cívica y democrática (por debilidad de la sociedad civil) ante tales saqueos, resulta un factor determinante para que esa cohorte de sátrapas que, protegidos por sus propios partidos, siga campando a sus anchas, sin que apenas se inmuten, mientras partidos y gobiernos hacen prestidigitación falaz con el relato apoyados por las milongas que cuentan sus respectivos periodistas palanganeros a sueldo y, en algún caso incluso, sus asesores con doctorado en ética del engaño.

Los llamados líderes políticos, sus actuales partidos endogámicos que actúan como sociedades de socorros mutuos, los políticos que ejercen de tales (con vocación de hacerlo durante toda su vida y nutren esa larguísima nómina estatal, autonómica y local) y sus amigos políticos, son los exclusivos y grandes beneficiarios materiales de la corrupción política sistémica. También los mayores enemigos del sistema democrático que dicen defender. El daño reputacional les es indiferente. Gracias a la corrupción alimentan su peculio o el de su partido, o benefician a familiares y amigos, empresas o periodistas voceros del poder de turno, que son legión. Si los políticos están en la oposición, la contingente corrupción les da recurrentes argumentos para pedir la dimisión del político gubernamental de turno y así cumplen esa aparente función democrática, que no es tal; pues antes, ellos o sus predecesores, hicieron lo mismo. Y luego, cuando alcancen el poder, volverán a las andadas. Pero esa corrupción no es solo estatal (la más visible), también tiene tentáculos muy largos en las Comunidades Autónomas y en las entidades locales. Y no digamos del sector público empresarial y fundacional, que es la cueva de Alí Babá de la política, como estamos viendo un día sí y otro también con escandalosas noticias.

Muchas veces, es una corrupción gris (o menos llamativa), pero persistente y letal. Cuando se nombran absolutos incompetentes para dirigir un departamento, dirección general o empresa pública de un Gobierno, también hay corrupción, pues los efectos diferidos serán brutales y alguna vez incluso con terribles consecuencias personales y patrimoniales (Covid19, Dana Comunidad Valenciana, etc.). Asimismo, quien designa a personas marcadamente parciales (miembros de su partido, exministros o ex altos cargos, familiares o amigos) para cubrir cargos en instituciones de supervisión, control, etc.) o que carecen de las cualificaciones requeridas, está corrompiendo el sistema institucional y vaciando su sentido y razón de ser con fines marcadamente espurios, cuando no iliberales. Contratar a personas por nepotismo o manipulando los procesos selectivos, es igualmente corrupción. Ni que decir tiene que todas estas prácticas y otras muchas más, se han ido instalando y agravando cómodamente en el actuar de los distintos niveles de gobierno, de quienes los dirigen, de unos medios de comunicación duros con el enemigo y complacientes al máximo con los amigos políticos, así como permitidas indolentemente por una ciudadanía que, si bien parece escandalizarse, nada hace por evitarlo.

No hay nada más cínico en la política española que el lema de tolerancia cero frente a la corrupción, que airean los políticos cuando el enemigo se ve incurso en un caso o cuando el lodo les cerca en casa propia. Ni se lo creen, ni se lo han creído nunca, ni se lo creerán. El movimiento se muestra andando. Y ningún partido de gobierno, tampoco quienes gobiernan, hizo nunca nada por atajar la corrupción. Les gusta mirar al otro lado o invocar la vergonzante expresión “y tú más”. Como si tener algo de mierda menos en tu sucia casa te diera patente de limpieza.

La corrupción política es hija primogénita del Estado clientelar de partidos, que hoy en día ya es el sistema efectivo de gobierno en la España “constitucional”. Mas la corrupción también estuvo totalmente presente en regímenes absolutistas o dictatoriales (en los que la concentración del poder evita cualquier control). Frente a quienes piensan que la corrupción política es un mal del sistema democrático o de aquellos que sitúan sus orígenes en el franquismo, cabe constatar que esas prácticas corruptas son, al menos, consustanciales a la práctica política de la España de los siglos XIX, del XX y del actual XXI. En este país la oligarquía y el caciquismo, primero, tanto del sistema político isabelino como en el de la Restauración (la “España de los turrones”, que diría Juan Valera), con el paréntesis del sexenio democrático (que tampoco mejoró las cosas en este punto), y luego las expresiones autoritarias o dictatoriales (que en el siglo XX español alcanzaron casi medio siglo), fueron caldo de cultivo de una configuración de lo público como patrimonio del partido vencedor. El Estado de partidos que nace en el período de Entreguerras, en España se retroalimenta de los vicios caciquiles y de la concepción patrimonial del poder, que vuelven con fuerza estas últimas décadas: quien lo obtiene, reparte turrones entre los suyos. Las mordidas -vía la figura esperpéntica del comisionista– se han instalado en el ámbito de la contratación pública (la verdadera tarta de reparto de la política española) y allí actúan sin rubor alguno políticos chabacanos. Esta lacra parece haber adquirido carta de naturaleza, a pesar de una regulación normativa de contratación pública exhaustiva, mastodóntica y pretendidamente garantista, mas también poco efectiva, que es incapaz de evitar que las adjudicaciones se sigan haciendo en muchos casos con ese sesgo partidista o patrimonial en beneficio de intereses espurios. La pregunta es cómo en un sistema de contratación pública “profesionalizado”, “transparente” y de pública licitación, también “íntegro” dice la ley (mejor dejémoslo), la adjudicación de contratos públicos sigue siendo el lodazal en el que chapotean cómodamente políticos sin escrúpulos. Y mejor ni pensar sobre qué puede estar pasando con la contratación pública en la gestión de fondos europeos. Los planes de medidas antifraude tapan con tiritas una profunda herida gangrenada. La desactivación partidista de los sistemas de control, y la deconstrucción de la función pública profesional en España, junto con la mastodóntica configuración de un incontrolado sector público empresarial (el patio trasero, que nunca se debe mostrar, de la política española), pueden ofrecer algunas respuestas.

La corrupción no solo mina el ya ínfimo crédito del que gozan hoy en día la política y los políticos, sino que también devasta las instituciones democráticas anulando este calificativo. Su generalización abre las puertas a soluciones autocráticas como presunto remedio salvador. Ya pasó hace poco más de un siglo, y nadie nos dice que, con otro formato, no vaya a pasar ahora. Con esos comportamientos políticos devastadores de lo público se multiplican las expresiones más extremas. El régimen constitucional de 1978 está cavando su fosa con la letal vitalidad del Estado clientelar de partidos, con un corporativismo rancio que nos lleva a tiempos pretéritos, y con unas instituciones rotas (Ver, en abierto: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA). La corrupción política representa el batallón de termitas que mina desde dentro del sistema institucional y constitucional español.

Si los partidos siguen empeñados en mantener durante toda su vida a esa legión de políticos amorales,  que solo saben vociferar al enemigo y vivir cómodamente de los privilegios y de la púrpura de la política, en ver pasivamente, además, cómo algunos de sus militantes y cargos se enriquecen con medios ilegales o adoptan conductas esperpénticas y nada ejemplares (contratar servicios sexuales, organizar fiestas del estilo más cutre), el caldo de cultivo para que algún (partido) redentor y demagogo de factura autoritaria se haga con el poder, es evidente.

También se puede dar el caso de que este hedor corrupto, cada día más insoportable, sirva como medio para vendernos una regeneración desde el poder, realmente una farsa, de la que hay que desconfiar siempre (Ver: :https://rafaeljimenezasensio.com/2025/05/25/la-regeneracion-politica-como-farsa/) ¿Cómo van a regenerar quienes son los causantes y actores directos de tales males? Provenga de quien gobierna o de quienes le sucedan. Nos han vendido tantas veces la burra de la regeneración, que es esta una expresión absolutamente quemada. En esta España sin pulso ciudadano, de periodistas por lo común banderizos y políticos cada vez (duele decirlo) más indecentes, pónganse en lo peor. Y prepárense para lo que vendrá después, retroalimentado por tantos atropellos. Les han dejado el terreno expedito y el país sin frenos para  que asalten el poder a su antojo y pongan en jaque, más aún, al Estado democrático. Bonito futuro que nos espera.

“No se puede creer en regeneradores, porque fallan los principios motrices para toda regeneración”

(Leopoldo Alas, “Clarín”)

Preliminar

Hace unos días, en su tribuna semanal del diario La Vanguardia, el periodista Fernando Ónega dedicaba su columna a este tema y hacía hincapié en que la futura regeneración de la política que se llevara a cabo en España necesariamente debería prestar atención a las maltrechas instituciones. Hasta ahí, de acuerdo. Mas sorprende cómo un veterano periodista, con suficiente información y un poso de lecturas, todavía pueda predicar ingenuamente algo que en España siempre que se ha intentando se saldó con un sonado fracaso.

La regeneración es, en este país, una noción calcinada por su mal uso y su descarado abuso. Hay que desconfiar, como premisa, si tal regeneración se plantea por la política y afecta a ella misma o a las instituciones que capturan o en las que se instalan. Cuando se ha traído a colación, sus resultados han sido pírricos, por no decir que nada real consiguieron. Hace menos de quince años, con el movimiento del 15M, se habló mucho de ello y se quedó en nada. La nueva política, como siempre había sucedido, envejeció en tiempo récord, y cayó en los mismos males, corregidos y aumentados, que los existentes antaño y ahora propios de la vieja política que siempre nos abraza, y en no pocas veces nos ahoga. Y así seguimos, como siempre, hablando de algo que suena muy bien, como es conjugar el verbo regenerar, pero que nadie se lo toma realmente en serio. En España, reformar y regenerar son dos verbos que la política no conjuga. Y, con esta política cínica, inmoral, llena de imposturas y de una mediocridad supina que nos invade, menos aún.

De regeneración se habló mucho en España tras el terrible impacto del Desastre de 1898. Y ahí quiero volver. Surgió entonces un movimiento llamado regeneracionista que fue impulsado desde círculos políticos e intelectuales, si bien limitados aunque representativos, y tras el aireado Informe sobre Oligarquía y caciquismo presentado en el Ateneo en 1901 por Joaquín Costa, y en el que intervinieron una amplia nómina de académicos e intelectuales, mas también no pocos políticos, el impulso inicial y algunas tibias medidas políticas impulsadas por Silvela, Maura (la pretendida Revolución desde arriba), Canalejas y otros, terminaron dando paso al derrumbe del largo, extenso y ficticio sistema político de la Restauración en 1923 por el golpe militar de Primo de Rivera. El antiparlamentarismo y la antipolítica, tan aireada en las dos décadas previas, abrieron la puerta a ese esperpéntico “Cirujano de hierro” que pretendió representar entonces chapuceramente quien fuera capitán general de Barcelona.

No todos los intelectuales, sin embargo, se alinearon con ese movimiento regenerador. Reconocidos literatos decimonónicos liberales o republicanos, como fueron los casos, respectivamente, de Valera y Clarín, por ejemplo, no mostraron grandes simpatías por ese impulso regenerador que enfebrecía a la intelectualidad del momento, aunque tampoco la gente nueva (la mal llamada “Generación del 98”: José-Carlos Mainer y Jordi Gracia, 1996) se alineó con las tesis de Joaquín Costa, con la excepción de Miguel de Unamuno, adoptando una posición de retraimiento calculado, en algunos casos con movimientos políticos un tanto sorprendentes. El propio Clarín escribía perplejo lo siguiente: «¿Será verdad que Maeztu, un señor Baroja y Martínez Ruiz visitaron a Polavieja ¡a Polavieja! para discutir las ventajas que podría sacar España de la implantación de una dictadura que fuese a un tiempo liberal, técnica y antiparlamentaria?» (1899). Luego estaban, obviamente, los intelectuales y políticos ultraconservadores o neocatólicos, que echaban las culpas de los males de España al liberalismo imperante, a la emergencia del nacionalismo/separatismo y del incipiente aún socialismo. Esos ismos irán conformando los particulares fantasmas de la política en este país durante las siguientes décadas.

“El regenerador” de Leopoldo Alas, “Clarín”

En ese contexto, antes incluso de que finalizara el siglo XIX, el prolífico periodista y crítico Clarín reitera en diferentes artículos su satírica visión frente a cómo pretendía resolver el problema de España ese inicial movimiento regeneracionista, impulsado por Joaquín Costa y algunas fuerzas políticas y sociales de cariz conservador o de centro, aunque también de izquierda templada, con algunos republicanos que se sumaron a la iniciativa. Fue muy duro Clarín con quienes despectivamente denominaba como los hidráulicos, un regeneracionismo teñido de intereses económicos y comerciales, que descuidaba un aspecto central, como era el idealismo de una moral republicana, frente a la indecencia en la que había derivado el denostado sistema político de la Restauración, y olvidaba, sobre todo, la educación como pilar esencial de ese radical cambio de hacer las cosas en España.

En la revista La Vida Literaria en 1899, publica Clarín una magnífica pieza que gráficamente denomina El regenerador, donde con las destrezas literarias y toda la carga de ironía que tenía este gran escritor, que era mucha, dibuja con precisión cómo en España la política tradicional resolvía cotidianamente los asuntos de esa pretendida regeneración en sus maltrechos comportamientos institucionales. Nada nuevo, lo de siempre; pero conviene recordarlo para saber cómo los políticos afrontan en este país tales exigencias y de qué manera las resuelven. Su descripción en nada se aleja de lo que hoy también ocurre. Un breve resumen de lo allí expuesto nos deja muy claro cómo actuaba ese regenerador parvenu. Así lo describía Alas:

“Le sorprendemos en uno de los momentos felices de su vida. Está comiendo en la fonda, en el hotel, como él dice siempre, de primera clase, en la mesa redonda, en la que hay señoras que a él se le antojan duquesas y muchos comisionistas. Está comiendo de gorra. ¿Quién paga? El Municipio. El Regenerador es concejal y está en Madrid, con otros ediles de su pueblo, gestionando el pronto despacho de ciertas gollerías para el Ayuntamiento de la ciudad que le vio nacer”.

Como él mismo pensaba, “comer en la fonda, sin pagar, ¡qué dicha!”. No es como también se describía un “degenerador”, sino un “regenerador”, quien viene (o eso dice) a hacer algo nuevo. Aunque Clarín lo tenía claro, era aquel un representante más de aquella saga tan abundante entonces (y mucho más ahora) de “bandidos de la política”.

En verdad, el regenerador tenía muy claro que “la moral (en política) es un mito”. Y describía su cursus honorum en esa actividad pública que siempre aporta buenas nueces al patrimonio privado:

“Nació -escribía Clarín- en la trastienda de una droguería, y allí se crío y se educó. Desde sus más tiernos años aprendió la diferencia que va desde la tienda a la trastienda. La tienda es el teatro, allí se engaña (a los clientes o ciudadanos), se les da droga maravillosa (promesa electoral), que todo lo cura … En la trastienda se falsifica el producto auténtico, con firma y todo: allí se viste al gato y se le disfraza de liebre”.

“Al llegar a cierta edad el Regenerador se fijó en la política, y le fue (una actividad) muy simpática, por lo mucho que se parecía a una tienda … con su trastienda. Pero él llegaba a la cosa pública en tiempos en que este tráfico estaba muy desacreditado, y en que era lo corriente renegar de la política, para meterse en ella” (¿les suena?).

“Si al principio figuró, en segunda línea, en un partido liberal, abandonó sus filas, cuando comprendió que por ahí no se iba al poder, y aprovechó la ocasión para entrar en un Ayuntamiento (o en un partido) que se declaró ‘enemigo de toda política y puramente administrativo’ (…) Lo había dicho siempre: ‘Menos doctores y más industriales. Menos políticos y más Administración. Comercio, mucho comercio … que es la sangre de los pueblos … Y la mandíbula del lobo, ¡tris tras!, devora la carne en la mesa redonda del hotel … y refiere a los comisionistas que le rodean los planes que el Regenerador abriga para cuando se reúna la gran Convención de los industriales y comerciantes”.

En este punto la crítica de Clarín, sin citarla expresamente, se dirige claramente a la Unión Nacional y a los planes de Costa, pues coinciden temporalmente con la creación de ese partido y de su plataforma. Como reconoció Yvan Lissorgues, quien recopiló y comentó atinadamente buena parte de los escritos políticos de Clarín en sendas publicaciones (1980 y 2007), al profesor y periodista crítico, republicano sincero durante toda su vida, no le agradó esa pretendida regeneración que tomaba visos de ser falsa por insincera, como todas las otras que  continuarían, pues en el marco de unos objetivos que se podían compartir había una “trastienda” evidente de intereses propios o de clase (también política). En el fondo lo que se pretendía era seguir gobernando (o comerciando) en momentos críticos cuando el país se desmoronaba, fruto de la conmoción surgida tras el Desastre del 98, y ello exigía adoptar esas dosis de funambulismo que la mentirosa y prestidigitadora política española siempre tenía en la chistera. Así lo hicieron entonces y así lo seguirán haciendo después. Si, en aquel momento, con ese durísimo contexto político y económico, no fue posible llevar a cabo apenas ninguna regeneración que se precie, cabe imaginar qué suerte correría esa idea en el futuro. Su bastardeo ha sido la regla. Y ahí seguimos.  

A la perspicaz e inteligente mirada de ese gran literato, periodista crítico y analista político que era Clarín, no se le podía engañar con tales remedos. Aunque respetaba a los «regeneradores serios» (ensayistas), desconfiaba de los políticos regeneradores o de quienes se investían así. En uno de sus tempranos paliques (1878), el escritor ya enunciaba la enorme desconfianza que le generaban esos salvadores patrios (que, a partir de entonces tanto abundaron y aún abundan), y que él llamaba gobernantes cismáticos de España, cuyo lema era “¡Salvar al pueblo sin el pueblo!”. Según concluía “ese ha sido siempre el programa de los tiranos y de los déspotas”. Leopoldo Alas, desgraciadamente, no viviría para ver cómo se cumplían sus más sombríos pronósticos. Murió tempranamente en junio de 1901. Ni siquiera participó, a diferencia de sus también ilustres colegas de la Universidad de Oviedo de esa saga inolvidable (Altamira, Buylla, Posada y Sela), en los debates sobre el Informe de Costa a principios de ese mismo año en el Ateneo. Tal vez esa ausencia se debiera a su delicado estado de salud o quizás se produjera por sus enfrentadas tesis a tales propuestas. Nunca lo sabremos.