FRACASO DE LA TRANSPARENCIA

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“Hay que repetir que todos los abusos son secretos y viven del secreto” (Alain)

La transparencia es uno de los pilares en los que se asienta la Gobernanza Pública. A pesar de que la Declaración de Málaga de 2019 se hiciera eco del carácter poliédrico de la transparencia (por su parentesco con la ética pública o la integridad institucional, así como con la participación ciudadana y la rendición de cuentas), lo cierto es que, conceptualmente, es más atinado encuadrar a la transparencia como un instrumento nuclear al servicio del resto de las dimensiones de la Gobernanza. La transparencia, al ser hija de la sociedad digitalizada, tiene además conexiones evidentes con la Administración electrónica y con la apertura y gestión de datos, así como con la protección de datos personales. También está estrechamente relacionada con la cultura organizativa y de gestión de cada entidad; por tanto, con el perfil y ejercicio de las responsabilidades públicas, directivas y burocráticas o de prestación de servicios por parte de los empleados públicos.

Lo he dicho muchas veces: sobre la transparencia se hicieron descansar inicialmente expectativas sobrevaloradas. Cierto es que la transparencia tiene, entre otras, tres finalidades principales: a) proveer de información pública para que la ciudadanía controle al poder; b) servir de mecanismo disuasorio de la corrupción o malas prácticas, generando cultura de integridad; y c) actuar como herramienta de mejora de la gestión.

Por lo que afecta al vigor de la primera finalidad, es obvio que se requiere como premisa un demos maduro y responsable, también activo. Y ello, habitualmente, no se produce. El derecho al saber, tanto en su dimensión de consulta de los portales de transparencia como de solicitud de acceso a la información pública, se sigue ejerciendo poco. Ciertamente, las cifras han mejorado; en algunos lugares más que en otros (dependiendo de si se hacen o no realmente políticas activas de transparencia). Pero aún así distan de ser satisfactorias. A pesar de su marcada intención antiformalista, el derecho de acceso a la información pública se ha transformado en un procedimiento administrativo más con todas las trabas e inconvenientes (también de lenguaje y de falta de celeridad) que ello supone. Al final, el derecho de acceso a la información pública se ha revestido de un pesado manto jurídico que, armado como pretendida garantía, termina finalmente aplastando gran parte de su efectividad. Es la paradoja del procedimiento administrativo como garantía de los derechos del ciudadano. Al final, más que garantía del ciudadano se refuerza la prerrogativa o privilegio de la propia Administración, siempre atenta y conocedora de los estrechos y alambicados pasillos burocráticos y capaz de marear (o pretender hacerlo) al ciudadano ingenuo que acude solicitando información pública sensible. Tal configuración garantista, se transforma realmente en un derecho propio de especialistas, más que de ciudadanos. Quienes redactan las pesadas resoluciones y escriben sobre él, son los juristas. A la ciudadanía ese debate, cargado de tecnicismos, le resulta distante y, por tanto, alejado de sus inquietudes inmediatas. La opacidad de la técnica jurídica y su lenguaje cerrado asfixia la transparencia. Las resoluciones de los órganos de garantía son muy poco didácticas y en ocasiones oscuras en su trazado argumental. La transparencia también es lenguaje sencillo y claro. De comprensión fácil. Se me objetará que el Derecho es así; pues si así es, algo hemos construido mal en esa arquitectura institucional del ejercicio de la trasparencia. Sin remedio. Hay, no obstante, empeños de interés en aproximar el frío mensaje jurídico-normativo al mayor número de ciudadanos. Como el que ha realizado Civio, a través del activismo comprometido e inteligente de Eva Belmonte, durante la pandemia. Un ejemplo a seguir.

Y no digamos nada de la transparencia en su faceta de publicidad activa. No me cansaré de repetirlo: el trazado normativo institucional de esa transparencia proactiva tiene un diseño pésimo, pues se le obliga a cumplir las exigencias de la transparencia a quien debe ser escrutado por hacerlo, cuya tendencia natural será huir de incinerarse en la plaza pública. Así las cosas, no es difícil presumir que pronto tan buenas intenciones de transparencia impostada puedan torcerse, sobre todo cuando del retrato fruto de la información a publicar no sale bien parada la entidad u organismo. Poder e información, como reconoció Hanna Arendt (refiriéndose a las relaciones entre verdad y política) y más recientemente Byung Chul-Han, no se soportan bien, pues al poder le encanta envolverse en el secreto. Forma parte de su esencia, no de otro modo se entiende cómo los arcana imperii que siguen más vigentes de lo que algunos puedan creerse.

La transparencia no pasa por buenos momentos. Es joven entre nosotros, pues apenas tiene más de seis años de existencia; sin embargo, muy pocos responsables públicos o incluso funcionarios públicos, se la han creído de verdad. Y si no hay sinceridad, no hay transparencia. El cinismo político o el ocultismo funcionarial casan mal con la transparencia. En este larguísimo estado de alarma el interruptor de la transparencia se ha desactivado burdamente. Al menos, en su dimensión de derecho de acceso (excepciones ha habido, por ejemplo la Administración de Castilla y León); aunque también ha sucedido más incomprensiblemente aún en su faceta de transparencia activa o de transparencia en la contratación pública. El peso jurídico-formal en el ejercicio de tal derecho ha arrastrado una grosera suspensión de los procedimientos, duramente criticada por muchas voces autorizadas y también por Transparencia Internacional. Una excelente síntesis y crítica de la situación, que me ahorra muchas referencias, ha sido hecha recientemente por Rafa Camacho. Lo grave es que se ha obturado la transparencia cuando más necesaria era. Sin ningún pudor. El poder ha blindado su inmunidad y cerrado de un portazo cualquier escrutinio. Cuando más falta hacía. En el momento de la contratación de emergencia o de los bailes de datos, por no hablar de las muertes en masa de miles de personas en condiciones siempre oscuras. Y, salvo algunos medios o entidades, así como ciertos especialistas, aquí no ha protestado nadie por la “suspensión” de facto de la transparencia. Lo más preocupante es que el demos parece vivir ajeno a las potencialidades reales de la transparencia. Le parece música celestial. Y eso que, paradójicamente, estamos inmersos en un mundo de redes y de consumo digital bulímico, más aun durante todo ese período de excepción.

En fin, se pueden hacer todas las construcciones conceptuales que se quieran. Pero en buena parte de las instituciones seguimos dominados por una transparencia aparente y, en algunos casos, incluso mentirosa. Todo lo más, de cumplimiento formal de la legalidad (obligaciones de transparencia), siempre que no dañen la imagen de la entidad o de los gobernantes. Hay una percepción político-funcionarial errónea de que la rendición de cuentas debe dar siempre saldo positivo o muy positivo. Y de que cualquier incumplimiento detectado es una mancha negra en el expediente político o institucional. Nadie concibe la transparencia como herramienta de mejora de la propia actividad política y de la gestión. La rendición de cuentas se teme porque hemos construido la transparencia sobre mimbres exclusivamente políticos (de escándalo) o jurídicos: si hay incumplimiento político, se deben depurar responsabilidades del mismo carácter (en algunos marcos normativos se invita retóricamente a la incoación de expedientes de depuración de responsabilidades sancionadoras); y si hay incumplimiento funcionarial, se debería activar (cosa que tampoco se hace) el mecanismo de la responsabilidad disciplinaria. En esta concepción, todo acaba en presuntos e imaginarios baños de sangre, que nunca realmente llegan. La visión negativa de la transparencia se impone, frente a su concepción positiva o de mejora de la gestión política o técnica.

Y, en ese conjunto de limitaciones está encerrada la pobre transparencia, esperando que alguien desate alguno de sus innumerables nudos que la ahogan. Lo cierto es que no hay ningún (o muy escaso) interés en la política en desatarlos, y el entusiasmo inicial de los directivos y empleados públicos se ha enfriado por completo. Tampoco la ciudadanía, salvo algunas entidades ciudadanas y colectivos muy puntuales, está respondiendo adecuadamente a la llamada. Sólo la multiplicación de los escrutinios de control por parte de la ciudadanía dará larga vida a la transparencia. Quien lo fíe todo a la política, aunque haya excepciones (que las hay), o al funcionamiento de los débiles e ignorados órganos de garantía, puede esperar sentado. También quien acuda a los tribunales de justicia, pues pasados unos años darán la razón a quien obtendrá una victoria platónica, mientras tanto el poder habrá sorteado el escrutinio público con el devenir insustituible del factor tiempo. Ya hay, quien de forma desgarradora y gráfica, ha calificado el modelo como “una mierda de transparencia” Lo que iba ser la palanca de la regeneración democrática, está siendo enterrada viva por quienes decían ser sus grandes valedores.

Noticia adicional: Aún así, los defensores de la transparencia siempre podrán agarrarse a que “algo se mueve”. En efecto, pequeños pasos se dan, aunque apenas se perciba. Por ejemplo, con fecha de 15 de junio de 2020 se ha difundido que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León está impulsando un proyecto de ley “de segunda generación” (así lo ha calificado Rafa Camacho) en materia de transparencia. Esperemos que llegue a buen puerto y que cambie realmente la cultura de la transparencia, que no sólo se asienta con leyes, aunque estas a veces ayuden y otras tantas disuadan. Todo lo que apodere a la ciudadanía en el control de sus gobernantes será bienvenido. Pero lo importante de las leyes no es que se publiquen, sino que se apliquen. Y que sean efectivas. Habrá que estar atentos.