CORRUPCIÓN, DEVASTACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTIDOS EN ESPAÑA (*)

“Cuanto más hablaba de honestidad más nos apresurábamos a contar las cucharas de plata de la cubertería” (Emerson)

“El político es elegido únicamente porque que pertenece a un partido. Su principal lealtad la debe al partido o a los dirigentes del partido. En política, lo que necesitamos son individuos capaces de juzgar por sí mismos y que estén dispuestos a asumir la responsabilidad personal. Este tipo de individuos son difíciles de encontrar en cualquier sistema de partidos” (Karl Popper)

Un Estado clientelar con los frenos rotos e instituciones colonizadas por los partidos.

España es un país que, por su tradición política llena de patologías y su desastrosa historia, plagada de enfrentamientos y guerras civiles, de fanatismo y de intolerancia, así como por la omnipresencia de un sistema político oligárquico y caciquil que hunde sus raíces en el s. XIX, tenía todos los boletos para convertirse en lo que hoy en día ha derivado: un Estado clientelar de partidos. Tras 1978 hubo quien soñó que España superaría por fin sus males y se transformaría en un país democrático normal. Fue un sueño que poco duró. Los viejos demonios, tras creer que los habíamos desterrado, emergieron con fuerza. Tardaron años en ofrecernos su peor cara, o al menos la disimularon; pero la cabra siempre tira al monte. Y pronto la captura política de las instituciones (y como secuela el abrazo a la corrupción) mostraron una faz reconocible. Hasta hoy; donde ya el país ofrece un escenario dantesco: la devastación de las instituciones es casi absoluta. Y quienes vengan seguirán la estela de la lección aprendida. Hay mucho que saquear y los frenos no existen, se fueron quebrando y en estos momentos ya nadie, ni el Poder Judicial, detiene al poder despótico en este país.

Los partidos en España no tienen tradición democrática, siguen siendo estructuras oligárquicas, hoy en día de factura presidencialista o cesarista, con una impronta populista e incluso autocrática, cuando no totalitaria en sus fines. Pasamos de partidos de notables, estructuras organizativas muy endebles, a dos períodos de dictaduras, y luego a partidos de masas en el paréntesis republicano, hoy ya partidos de cargos públicos ayunos de democracia interna. Nuestra cultura político-gubernamental es pretoriana o caudillista. Una herencia intangible, que nadie ve. Con la CE en 1978 pensamos que todo se solucionaría. Los partidos entonces eran muy débiles y los reforzamos ad infinitum. Conforme fue pasando el tiempo, mostraron su peor faz, pues habían heredado “inconscientemente” las patologías del pasado: el viejo caciquismo se transformó en clientelismo político, y los líderes adoptaron tics autocráticos: despreciaron los frenos “a su poder”. La multiplicación de poderes territoriales hizo además que emergieran una suerte de caciques de campanario, donde las prácticas clientelares estuvieron a la orden del día. Dimos tanto poder a los partidos, pues eran pilares (que lo son) del sistema democrático, que olvidamos ingenuamente sus tradicionales pulsiones oligárquicas y clientelares, y así se estableció un modelo que no tenía pesos ni contrapesos: el poder de los partidos era omnímodo. Surgió, entonces, una tendencia evidente a la configuración de unos mecanismos de autodefensa (cártel) de una clase política, ayuna de competencias, que todo su cursus honorum lo basaba en una fidelidad perruna a la organización, y especialmente ahora deifica a sus líderes.

Con ese estado de cosas, las instituciones de control del poder gubernamental que se configuran como instituciones constitucionales o estatutarias o administraciones independientes, así como otras entidades públicas (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, CGPJ, Fiscal General del Estado, Banco de España, CNMC, CNMV, AIRF, AEPD, Consejo de Transparencia, RTVE, CIS, etc.) y sus homólogas en las CCAA, se poblaron de miembros fieles al poder establecido o a la oposición política, en un espurio reparto de cromos o en un control gubernamental descarado, desactivando su finalidad existencial de control del poder o garantía del pluralismo político, y logrando que tal complejo institucional se convirtiera en mera coreografía que daba cobijo con buenas retribuciones y un estatuto de inamovilidad temporal a no pocos políticos quemados (a quien se les retribuían así los servicios prestados) o a amigos políticos y fieles a los partidos que les habían propuesto. Disponer de un cargo público en una entidad o institución representa un seguro de vida para unos años. Los partidos se convirtieron en sociedades de socorros mutuos. Se quebró así la regla existencial de esas instituciones de control que, según Rosanvallon, era muy obvia: para que cualquier sistema de contrapesos funcione en una democracia, tales miembros integrantes de las instituciones de control tienen el deber institucional de ser desagradecidos con quienes les ha designado, pues si no sus funciones de control del poder se transforman en una suerte de autocomplacencia propia de los estómagos agradecidos y, por consiguiente, en unas instituciones de cartón piedra, a la postre un esperpento de su papel existencial. Hoy en día lo son.

Y eso es lo que ha pasado en este país desde hace décadas, aunque en estos últimos años el deterioro del sistema cada vez es más intenso sin que se perciba realmente cuándo se toca suelo, pues siempre hay un subsuelo. Este proceso de devastación institucional promovido por todos los partidos, y alimentado especialmente por quienes están en el poder gubernamental ha adquirido tintes aún de mayor gravedad como consecuencia, por un lado, de una polarización política extrema y, por otro, por algunas conductas gubernamentales que han sido de una grosería supina y que nadie (tampoco la prensa, más allá de un lamento circunstancial) se ha enfrentado a ellas, menos la sociedad civil y muchos menos aún un periodismo casi siempre, con contadas excepciones, lacayo del poder gubernamental o de la oposición.

La captura política grosera de la alta Administración o de su sector público (hoy día con un sector público estatal, dañado en su legitimación por una cadena de escándalos literalmente inadmisibles en un espacio público que se debería mover con estándares elevados de integridad y que oscilan entre el esperpento y el saqueo más burdo de lo público), ha existido siempre. Mas el punto de inflexión, mejor dicho, de no retorno, de destrucción del modelo de control, ya irreversible, es cuando se designan para esos órganos de control a exministros y ex altos cargos gubernamentales o a personas militantes de los partidos, carentes de las más mínimas competencias y moralidad para el desempeño de funciones de responsabilidad y que, además, en todos los casos, están ayunos de los estándares básicos de imparcialidad que se debe predicar para el ejercicio de tales funciones. A partir de ahí todo vale. Y nadie se sonroja. Los límites se han roto. Han saltado por los aires los principios. Los gobiernos son agencias de colocación de amigos políticos. Las instituciones de control son ya despojos a repartir entre quienes se hagan con el poder y colocar a los suyos de forma descarada. El Estado Constitucional ha muerto. Tal vez, para siempre. Y no es visión pesimista, es la realidad.

Hubo un tiempo en que algunos partidos (no todos) tenían al menos la deferencia y la autocontención de proponer para tales cargos institucionales a perfiles profesionales contrastados, aunque fueran amigos del poder o de la oposición. Eso ya no existe, se designan descaradamente “soldaditos” con perfil político duro y, en no pocos casos, con un desconocimiento atroz del sector que tienen que controlar, lo cual es gravísimo, cuando no se desmantelan los órganos de control que incordian al poder establecido o se desactivan.

En estos momentos -parafraseando al profesor Arias Maldonado- los (inexistentes) partidos institucionalistas han perdido la batalla totalmente frente a las pulsiones clientelares. La victoria de estos últimos es total. Los primeros no existen. Y el descrédito o falta de legitimación de las instituciones en España, absoluto. Da la impresión de que ni la UE ni el Consejo de Europa ni tampoco la OCDE, se enteran mucho de lo que pasa aquí. Tienen una visión excesivamente pía de cómo funciona la política en este país. Se creen que esto es una democracia occidental normalizada. Las formas son aparentemente democráticas, pero son mentira, el trasfondo ni lo fue ni lo es. Y al paso que vamos no lo será nunca.

Una corrupción galopante que nunca toca fondo.

Lo dicho hasta ahora nos pone en la pista de la respuesta a este problema. Un estado clientelar de partidos, con unos partidos cada vez más endogámicos, con líderes populistas y cuadros con escasa o nula formación institucional democrática, que no han trabajado fuera de la política, fomenta estructuras partidistas de muy bajo nivel en competencias profesionales y con estándares de integridad bajo mínimos. Y mejor no hablemos de los jóvenes valores. De ahí no cabe sorprenderse de que abunden cada vez más los escándalos, sean de corrupción o relacionados con el acoso sexual: dar poder a quienes carecen de educación y de estándares morales para gestionarlo, conduce derechamente a comportamientos oscuros. Se trata lisa y llanamente de “pillar”, sea lo que fuere. La clase política española está invadida de bandidos, depredadores o potenciales encubridores, y en el mejor de los casos de personas que miran a otro lado, guardan silencio o entonan el indigno “y tú más”. Se impone, además, el silencio de los corderos y la amnesia colectiva. El miedo de quién no tiene a dónde ir, si le apean del pedestal en el que vive.

Las carreras políticas dependen, por tanto, de criterios de fidelización perruna, y dar de comer de por vida a tanta medianía requiere ocupar no solo amplios espacios de las AAPP y de su sector público (empleos públicos, y no solo directivos, incluidos), sino también proveer los innumerables cargos públicos y de asesores del sector público y de las instituciones de control, que nada controlan ni controlarán, pues están para otra cosa: dar alpiste a los numerarios de los partidos, que son legión. Pero eso se torna incluso insuficiente, los políticos miran también hacia el sector privado, que en parte vive de subvenciones, ayudas o fondos NGEU o de una contratación pública a menudo amañada, o son empresas participadas por el sector público en las que hallan cobijo políticos quemados que reciben, así, un “justiprecio” por los servicios prestados y “amasan” para su jubilación o retiro dorado. Todo esto es herencia del peso tan fuerte que tenía y tiene el poder ejecutivo en la vida nacional y también en la economía. Viene de la restauración, e incluso antes, se confirmó en el franquismo y encontró acomodo en el régimen democrático, agudizado con las “privatizaciones” en la etapa del primer Aznar y también ahora en la era Sánchez, donde ya sin tapujos se entra a través de la SEPI (una entidad ariete de la política más clientelar) a participar en el ámbito de entidades financieras o empresas privadas mediante una colonización indirecta de lo que pretende ser un “capitalismo dependiente del Estado”. Una consecuencia de la debilidad estructural del capitalismo español. En el caso catalán y vasco, donde había más músculo, tampoco se ha evitado, sino todo lo contrario, que los poderes gubernamentales interfieran la actividad empresarial que se convierte a veces en un apéndice de la propia política. Además, con trasiegos indecentes entre políticos y empresas en unas enloquecidas puertas giratorias y de gran peligro para el interés público que se subordina a intereses personales, partidistas o privados. El control de los medios es clave para moldear relatos. Y de los públicos también, que dejan el pluralismo hecho unos zorros.

De todo lo anterior se deriva fácilmente que la corrupción institucional y también partitocrática, pero además no lo olvidemos la personal (enriquecimiento a través de la política), estén a la orden del día. Si todo esto lo edulcoramos con sueldos pantagruélicos, banquetes u orgías de nuevos ricos y esperpentos varios, ya tenemos el cuadro completo.  No hay sistema alguno de frenos o contrapesos, y todo esto del compliance o las medidas de lucha contra la corrupción a través de planes de integridad o antifraude, se convierten en mera coreografía o mentiras piadosas: políticos, funcionarios y también empresarios ignoran supina o cínicamente tales políticas de integridad. Hay un grado de cinismo con la ética pública en España increíble. Y si no que se lo pregunten al promotor del Plan estatal de Lucha contra la Corrupción lanzado a bombo y platillo hace unos pocos meses (parece una eternidad), cuyas medidas duermen el sueño de los justos sepultadas por montañas de presunta corrupción.

Un país sin solución.

Ya pueden los poderes públicos crear todas las agencias de integridad o anticorrupción o de protección del denunciante que quieran, y que nos demanda Europa y la OCDE, que el problema no se atajará hasta que los devaluados y sátrapas partidos desalojen esos amplísimos espacios de poder patrimonial que han ido colonizando groseramente en los últimos tiempos. Paradójicamente, cuando los partidos están más alejados de la sociedad, son más endebles estructuralmente y con medios personales cada vez menores (una afiliación menguante), así como con cuadros personales, profesionales y morales de peor condición, más poder tienen en la sociedad española y menos incentivos para abandonar esos espacios de poder de los que se han hecho dueños y señores. Los profesionales de la política, en verdad indigentes más allá de ella, no tienen dónde ir. Y a la política se aferran. No hay solución fácil. Hubo en España momentos críticos en que se pudieron sentar las bases de una nueva política, y en ninguno de ellos se supo ni se quiso acabar con esa mala política que fagocitaba las instituciones. La impotencia se impuso, el cártel también. Hoy ya es tarde. Ya las han devastado. Y el tiempo se ha agotado. La situación es irreversible y la degradación institucional profunda. España es hoy día un Estado Constitucional fallido. Quien piense que esto lo resolverá un Gobierno de otro color político, no conoce las raíces del problema. No lo hará. Volverá a las andadas. Y tiene el camino expedito. Además, está en el ADN de la forma de hacer política en este país por todos los partidos, que entienden las instituciones como patrimonio del poder y los frenos al mismo como una incómoda y gratuita antigualla.  

(*) Este post reproduce, con algunas actualizaciones propias del letal contexto que nos abruma y abochorna, las respuestas que di a las cuestiones planteadas en su día  por Manuel Arias Maldonado quien moderó un Coloquio en el Centro Cultural La Malagueta (España, la reforma inacabada; 24-X-2025), sobre la captura institucional de las instituciones de control y la corrupción. Se difundirán en esta Web con en el resto de cuestiones.

(**) Para disponer de un marco conceptual e histórico más amplio sobre las raíces de los problemas expuestos, puede acudirse al libro que publiqué hace algunos años: Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones (Marcial Pons, 2016). Una versión actualizada sobre la realidad del problema en este país se puede encontrar en abierto en este librito más reciente que edité en su día:  Instituciones rotas.  Separación de poderes, clientelismo político y partidos en España. (Zaragoza, 2023). Aquí en formato PDF: RJA Instituciones rotas PDF-VERSIÓN ÍNTEGRA