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PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS PLANES DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

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Fondos europeos y Gobiernos Locales: algunas preguntas

Hay muchas preguntas que laten en el ambiente político-institucional desde que la Unión Europea aprobó los Fondos Next Generation y el Gobierno de España difundió el “proyecto” de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, documento que fue remitido a la Comisión Europea el mes de octubre de 2020: ¿Qué papel tendrán los gobiernos locales en la gestión de esos fondos europeos? ¿Hasta qué punto podrán ser receptores de esas ayudas y préstamos y cuáles serán los recursos que finalmente recibirán? ¿En qué medida los gobiernos locales pueden ser impulsores de proyectos de inversión, sean en su modalidad de Proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica o en formatos más micro? ¿Cómo se puede articular cabalmente una implicación de un fragmentado espacio local en un modelo de gestión de fondos que pretende ser concentrado en proyectos ambiciosos en su objeto y cuantía, y que asimismo representen la apuesta por una colaboración público/privada?

Se habla de que los gobiernos locales serán receptores de parte de los fondos, pero nadie concreta cuánto ni cómo. Algunas fuentes hablan de 1.400 millones de euros (cifra irrisoria), mientras hay reivindicaciones que demandan el 14 por ciento (en correspondencia con el porcentaje del gasto público local) del total de ayudas y préstamos, lo cual dispararía las cifras. Pero, la naturaleza bifronte de las entidades locales (estatal/autonómica) difumina el problema y lo sitúa en términos de cómo se haga el reparto financiero entre las dos instancias hegemónicas o, en su caso, si esos gobiernos locales son capaces de liderar o participar en proyectos estratégicos “contenedores” que aúnen actores institucionales junto con el sector privado. O si, por otro lado, se les da parte en ese reparto en función de sus respectivas atribuciones o competencias.

Las preguntas expuestas, que se podrían multiplicar, tampoco han recibido contestación en el reciente Real Decreto-Ley 36/2020, de 31 de diciembre, donde el nivel local de gobierno está prácticamente ausente en ese modelo de Gobernanza de los fondos europeos que se dibuja en sus líneas maestras. Una indeterminada referencia a que a la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación podrán ser llamados a participar representantes de la administración local designados por la FEMP (artículo 19.2 RDL 36/2020), es todo lo que el legislador excepcional ha dedicado al gobierno local en una disposición normativa de más de sesenta páginas del BOE. Aunque muchas de sus previsiones, sin duda, les sean aplicables.

Gobiernos Locales y Planes de Recuperación. Una apuesta por la concertación institucional.  

Tampoco lo local tuvo especial protagonismo en la redacción de ese proyecto de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por el Gobierno central, y acompañado con el eslogan de España puede, propio de campañas de marketing político más que de documentos de trabajo estratégicos. Las referencias a lo local allí son también muy poco explícitas, más bien elípticas. Todo lo más se nos indica que “en este proceso de gobernanza participarán también las entidades locales”. Sin embargo, si se analizan los ejes transversales en los que se estructura el citado proyecto de PRTR, bien se puede concluir que la participación del nivel local de gobierno debería ser intensa, pues todos ellos afectan o llaman a políticas locales (España Verde, España digital, Una España sin brechas de género y una España cohesionada e inclusiva). Más aún, la imbricación local es evidente en buena parte de lo que se califican en el PRTR como políticas palanca de reforma estructural. No en vano, la agenda urbana y lucha contra la despoblación, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, la transición energética justa e inclusiva, la Administración para el siglo XXI, la educación y conocimiento, así como la formación continua y el desarrollo de capacidades, por no hablar del impulso de la cultura y el deporte, son otras tantas palancas en las que los gobiernos locales tienen importantes competencias y, por tanto, mucho que decir al respecto. Lo mismo puede decirse en relación con buena parte de las treinta líneas de acción que recoge el PRTR.

No obstante, una mirada a algunos de los Planes de Recuperación y Resiliencia que han aprobado o difundido las distintas Comunidades Autónomas nos conduce a la misma conclusión. Con muy pocas excepciones, lo local está prácticamente difuminado en una línea de tendencia que, abierta por el Gobierno central y seguida por los autonómicos, desdibuja el nivel local de gobierno hasta dejarlo prácticamente en una posición testimonial o vicarial. El protagonismo de los Ejecutivos central y autonómicos ha sido determinante, dejando apartados a los Parlamentos, desactivados los mecanismos de transparencia y participación ciudadana y dejando, así, prácticamente de lado a los ayuntamientos, diputaciones e islas. Cuando la política de concertación institucional y social era más necesaria que nunca, se han olvidado de ella. Aún queda tiempo para reactivarla, al menos en aquellas Comunidades Autónomas en las que existen instituciones de concertación de políticas locales (tales como Andalucía, Euskadi o Extremadura, por ejemplo).  Ese es el gran reto a corto plazo, pues la FEMP y otras asociaciones locales están, de momento, desparecidas del terreno de juego. Además, en un tema de tanta importancia estratégica y existencial, también para las entidades locales.

Agenda 2030 y proyectos locales de inversión: fortalecer la Gobernanza Local.

En esa línea, la Agenda 2030 debería enmarcar no sólo el impulso de proyectos de inversión en el ámbito de los gobiernos locales, sino también, y especialmente, la promoción de reformas institucionales locales en clave de Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente de los ODS 11 (resiliencia de las ciudades y cohesión social), 16 (instituciones sólidas) y 17 (redes intergubernamentales y con la sociedad, así como la colaboración público/privado). Son todos esos ODS “transversales”, pero también los sectoriales, terreno especialmente apropiado para la construcción de Planes locales de Recuperación y Resiliencia, como ya han hecho algunas entidades locales (algunas diputaciones y ayuntamientos).

Pero, en clave con las exigencias del aún proyecto de Reglamento (UE) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o del documento de Orientaciones de los servicios técnicos de la Comisión Europea para la confección de tales planes, parece obvio resaltar que los niveles locales de gobierno no sólo deben configurar proyectos de inversión, sino que deberían incorporar estos en un marco de reformas institucionales que sean coherentes y que estén integradas en esa visión estratégica que pretende no sólo zafarse de las garras de la crisis, sino  en particular construir sistemas de resiliencia institucional, capaces también de afrontar un futuro incierto y enormemente volátil, con fuerte capacidad de adaptación al cambiante entorno.

Y para ello, como venimos insistiendo en diferentes entradas en este Blog, nada más apropiado que construir un sistema holístico de Gobernanza Local que acompañe a esa política de inversión que se quiere impulsar, especialmente en los ámbitos de transición verde, transformación digital y cohesión social, tres esferas en las que los gobiernos locales tienen mucho que decir. Invertir en Gobernanza ética, Trasparencia, Participación Ciudadana, Digitalización inclusiva, Datos abiertos, Administración eficiente y una Política de Recursos Humanos basada en la profesionalización, desarrollo de competencias digitales y la integridad de los servidores públicos, son, por sólo traer unos ejemplos, la mejor carta de presentación de cualquier proyecto de inversión que se precie o de cualquier Plan de Recuperación y Resiliencia que promuevan los gobiernos locales.

Final: Gobiernos Locales y Gobernanza multinivel en el proceso de recuperación y resiliencia.

En fin, lo local desgraciadamente sigue siendo el nivel de gobierno más preterido en este período de pandemia y también lo está siendo por ahora en estos primeros pasos del proceso de recuperación y resiliencia, cuando su aportación es más necesaria que nunca. Su alta legitimación social, sus competencias capilares directamente conectadas con las necesidades ciudadanas más inmediatas, así como su proximidad a los problemas más contingentes de la población, hacen del nivel local de gobierno una instancia gubernamental imprescindible en el proceso de recuperación y resiliencia del país en su conjunto. No ver esto, es no entender nada.

A pesar de su vergonzante olvido político durante toda la era Covid19, hoy más que nunca lo local debe convertirse en una institución tractora de ese proceso. Ante la desidia central y en algunos casos también autonómica, los políticos locales han de liderar inmediatamente la inserción inmediata en la agenda política de la recuperación y resiliencia del papel de los gobiernos locales, ninguneados financieramente y marginados en ese engendro conceptual que se ha denominado coloquialmente como cogobernanza. En verdad, una Gobernanza multinivel debería tener siempre presente a los gobiernos locales como parte central de las políticas de recuperación y resiliencia, pues sin ellos todo lo que se haga será más bien cosmético o retórico, ya que los ayuntamientos y las demás instituciones locales propias de la intermunicipalidad (Zafra) están (siempre lo han estado) en la esencia y solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía. Olvidarlos es acreditar una ignorancia institucional supina. Algo que, al parecer, tanto abunda ahora.

13 comentarios

  1. Llevo tiempo reflexionando sobre las obligaciones relativas al sector institucional. Me he ocupado de la extensión del control permanente que comentas en el punto dos, en un artículo publicado en CUNAL, en el 191 del Monográfico dedicado a las Leyes 39 y 40. Hay varias cuestiones abiertas, como comentas, pero es muy importante partir de que el control es obligatorio y hay que establecerlo. Ante la inminente aprobación de un Reglamento que regule el desarrollo del control interno en las entidades locales, no se puede perder de vista esta obligación legal, que debería ajustarse a este marco. Aunque las normas de OOAA y EPES no son básicas, no podemos olvidar el actual mecanismo de reenvío de la LBRL, y para cerrar el sistema, si el control ha de ser homogéneo, y sobre todo si no queremos primar la constitucion de determinadas entidades por carencias en su control, todos los entes deberían estar sometidos a las mismas obligaciones. Una materia hasta ahora bastante olvidada esta del control, origen, como ha destacado nuestro TCtas de muchos abusos, que podrían evitarse, y de una inadecuada financiación de los servicios, que podríamos estar a tiempo de clarificar. Un saludo Rafael!

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  2. Absolutamente de acuerdo. Y todo el mundo sigue a pié juntillas, casi, ese criterio conjunto de la AEPD y CTBG, digo casi porque ese criterio tiene algunos memorables agujeros por donde se escurren algunos para evadir sus obligaciones.

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  3. Muy acertado. Los decisores siguen en babia. No son conscientes porque no leen ni escuchan. Y seguimos seleccionando, como hace 100 años, como si no hubiera ocurrido nada, dejando al margen las tecnologías de la información y otras competencias clave en el nuevo escenario. Seguimos captando a opositores, que invertirán muchos años a aprender dentro – ya pagados por un sueldo publico – lo que no incluían sus antiguos temarios, en vez de a profesionales – como si hace la Unión Europea -, y todos tan tranquilos.

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    1. Que bueno es leer estos artículos en los que se plantean los graves problemas que sufrimos los funcionarios públicos y sus consecuencias en los servicios públicos, y se explican los grandes cambios que se van a producir en las AAPP (si es que finalmente se hace) gracias a la tecnología inteligente.
      En cuanto al concepto de “trabajo abierto”, particularmente no creo que deba hacerse a determinadas funciones públicas, que deberán protegerse por su función institucional o social aunque cambiando su concepción, incorporando principios de flexibilidad, movilidad y evolución de la tecnología.
      La obsolescencia del conocimiento y la dificultad en los procesos de adaptación de los funcionarios mayores, entre los que me encuentro, son una realidad pero porque el propio sistema burocrático antiguo y desfasado lo promueve. Es imposible salir de esa dinámica, el sistema y la organización no te lo permite.
      Totalmente de acuerdo en la descripción de nuestra situación y en la escasa esperanza de que realmente se produzca algún cambio. El empuje de la tecnología llevará a las AAPP a adaptarla cuando ya no quede remedio pero mientras tanto la pérdida de conocimiento por las jubilaciones masivas va a ser muy negativo para la actual organización y en definitiva para los ciudadanos.
      Es absolutamente necesario un plan estratégico pero efectivo y útil, no de los que se hacen para cubrir el expediente y contarlo en los discursos, en las webs y en las intervenciones parlamentarias. Y en ese plan deben intervenir todas las partes interesadas y estar consensuado por los partidos políticos y los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

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  4. Evidentemente que la balanza de las pérdidas es infinitamente mayor. La política de la tasa de reposición de efectivos únicamente ha llevado al aumento de la precariedad, pues esas plazas ya existían en la administración.
    Asímismo, el legislador siempre lo hace en términos de administración del estado, olvidando a la administración local, donde la problemática es bien distinta.
    En nuestro ayuntamiento, por ejemplo, esta tasa adicional solo ha supuesto poder incluir una plaza en la oferta.

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  5. Su análisis es impecable pero con todos mis respetos no lo comparto. La modificación del articulo 92.3 se produjo el 31 de diciembre de 2013, hace casi 6 años. Lo que tenemos la fea costumbre de leer los boletines oficiales y de manera especial el BOEs de diciembre y agosto, meses que son un coladero para cambiar leyes, no dimos cuenta y avisamos del cambio, de sus consecuencias y posibles problemas, pero nos trataron de chiflados.

    No debemos olvidar la tanta cacareada división de poderes y su función, en caso del judicial de controlador del ejecutivo y legislativo para que no machaquen a la sociedad. El judicial, en este caso, han actuado correctamente a cumplido su función, quien no lo ha actuado acorde al artículo 103.1 de la CE ha sido todas las administraciones locales que se han saltado a la tolera el artículo 92.3, y vuelvo a repetir, durante casi 6 años.

    Ahora nos da pena la Administración, la misma que a los ciudadanos contesta a sus recurso con la archiconocida frase “El desconocimiento de la norma, no exime de su cumplemto” o “Se publicó en el BOE y es de obligado cumplimiento”, pues ahora quien no ha hecho bien sus deberes ha sido la Administración y por ello debe purgar.

    Ya fuera del ámbito jurídico, le parece normal a usted que una persona durante los primeros 15 días de un mes este repartiendo patatas, los otros 15 días sea un agente de policía y luego vuelva a repatir patatas , puesto ocurre más de lo que nos creemos, que seguridad jurídica se le puede dar a los ciudadanos con ese tipo de actitudes, ninguna.Se les arma, tienen acceso a información sensible, se produce un gasto innecesario de vestuario y los más grave no ponen ningún objeción a cualquier tarea que se le ordene, porque si pregunta si el legal, cuando vuelva a necesitar a alguien no le llamaran, no podemos olvidar que cuando estén en la calle no actuaran como deberían porque ellos saben que los jefes no quieren problemas y luego ellos tienen que volver a pedir trabajo una vez que la administración no les necesita y así una mil veces, la administración encantada de la vida.

    Además, la figura del funcionario interino es coladero de familiares, amigos y conocidos en alguna administraciones locales, sobre todo en las más pequeñas, no es normal que haya personas que se hayan jubilado como funcionario interino. Recuerdo que tenemos un EBEP que prohibe que una plaza este sin un funcionario de carrera sine die.

    Creo que por una vez la sociedad ha visto que los jueces leen lo mismo que ella, que las palabras tienen en mismo significado, de lo cual me congratulo a pesar de que todos los comentarios no van en el mismo sentido.

    Todo lo indicado no afecta a la consideración que le tengo a su labor altruista que realiza en su blog, del cual soy un ferviente seguidor.

    Un saludo.

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