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EL VALOR DE LA EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

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(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz. Reservados los derechos de reproducción)

“Es preciso recordar que no es lo mismo tener veinte años de experiencia que un año de experiencia repetido veinte veces”

(Pascual Montañés, Inteligencia Política. El poder creador en las organizaciones2003, p. 114)

En estos tiempos tan convulsos, al menos por lo que parece o nos cuentan, la experiencia es un atributo (como tantos otros) en declive. En verdad, sigue teniendo vigencia aquello de que “la experiencia es un grado”; pero la realidad más prosaica suele despreciar esa lectura. Y tal forma de proceder, como en tantas otras cosas, proviene de que no se ha querido comprender correctamente qué es la experiencia. O, todavía peor: en determinados ámbitos molesta, es cara (costes laborales) o sencillamente se confunde interesadamente con otras cosas. De esto último me quiero ocupar aquí.

Pero antes quisiera traer a colación la conocida jerarquía de capacidades que recogió en dos libros sucesivos (2008 y 2012), Gary Hamel. Bien es cierto que tal jerarquía estaba orientada exclusivamente hacia la empresa privada. En ella no salía muy beneficiada la experiencia, si bien aún mantenía un razonable peso en términos comparativos; aunque Hamel, como luego hicieron otros, daba más transcendencia a la implicación en el proyecto o en el propósito (pasión), a la creatividad (antesala de la innovación) o, en fin, a la iniciativa, que a la propia experiencia fruto de las destrezas adquiridas (puestas en acción) a través del intelecto (conocimiento). A saber:

CapacidadesPeso porcentual
Pasión (Implicación)35 %
Creatividad25 %
Iniciativa20 %
Experiencia/Intelecto15 %
Diligencia5 %
Obediencia0 %
TOTAL100 %

Hay que entender que la construcción de Gary Hamel partía de qué era realmente lo que creaba valor a las organizaciones del futuro. Y, en ese sentido, la obediencia y diligencia se presumían en una organización que quisiera sobrevivir, mientras que las palancas de transformación eran la implicación y la creatividad, jugando un rol intermedio la iniciativa y la experiencia. La dicotomía conceptual giraba en torno a organizaciones que apostaban por la adaptación y aquellas otras que solo pretendían mantener el statu quo o eran sencillamente incapaces de evolucionar y acoplarse a los nuevos tiempos.

Por no divagar de un lado para otro, centraré el foco de atención en el sector público, aunque algunas de estas reflexiones también convoquen a determinadas conductas existentes en el sector privado. Y, bajo ese punto de vista, es obvio que en las organizaciones públicas la implicación con el propósito o proyecto, la creatividad o el desarrollo de la capacidad de  iniciativa, al margen de compromisos individuales que siempre se dan y hacen que el sistema no se derrumbe o de contextos organizativos absolutamente excepcionales, apenas cotizan de modo efectivo, al menos desde una perspectiva sistémica: las Administraciones Públicas y el resto de entidades del ecosistema público estimulan entre muy poco y nada tales capacidades; e incluso la mayor parte de las veces las ignoran.

Como las administraciones públicas son estructuras que están diseñadas institucionalmente para que quien entre a servir en ellas como funcionario o empleado público esté allí toda la vida activa y quien lo haga de cargo público pretenda asimismo vivir de (o en) lo público el plazo más largo que sea posible (siquiera sea transitando desordenadamente por diferentes posiciones de poder), tales organizaciones cabría suponer que se abonarían decididamente a poner en valor la experiencia como su rasgo diferencial. Sin embargo, eso tampoco es así: la proliferación en las altas estructuras de la función pública o en los cargos directivos, respectivamente, de los procedimientos de libre designación (función pública) o de libre nombramiento (cargos directivos), con su contrapunto en ambos casos del libre cese (algo más limitada, pero con poco vigor, esa facultad discrecional en el ámbito de la función pública), comporta que ambos sistemas de provisión/nombramiento, en su lado negativo, supriman de un plumazo el valor de la experiencia (mediante los consabidos y practicados ceses cuando hay cambios políticos o personales en la dirección gubernamental) . Dicho de otro modo, como organizaciones institucionalmente estúpidas tiran por la borda el conocimiento y las destrezas acumuladas, y vuelven una y otra vez a empezar de cero o al manido síndrome de la hoja en blanco o al famoso tejer y destejer del vestido de Penélope. El tiempo y el dinero que se pierde con este (mal) diseño institucional es alarmante. 

Más grave aún es cuando se pretende usar torticeramente “la experiencia” como capacidad que justifica la prioridad que unas personas o determinados colectivos tienen para acceder al empleo público. En otras palabras, cuando se pervierte el sentido y finalidad de lo que la experiencia implica. La RAE es muy explícita al respecto cuando recoge en su segunda acepción que por experiencia cabe entender aquella “práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”. En ese sentido, la experiencia es una capacidad acumulativa de conocimientos y destrezas que permite añadir valor diferencial no solo funcional o de tarea sino también organizativo e institucional conforme el tiempo pasa. Pero la clave está en que, generalmente (salvo excepciones puntuales), el acceso a la función pública es la puerta de entrada no a un puesto de trabajo específico, sino a un abanico más o menos amplio o amplísimo a veces de posiciones estructurales y funcionales en la organización. Y este punto es importante.

Por consiguiente, la pretendida ecuación aplicada por doquier en esos procesos selectivos tanto “ordinarios” de facto (concurso-oposición) como “extraordinarios” o “excepcionales” de mentira, como son los de estabilización, hoy en día tan de moda, de que experiencia es igual a antigüedad (o al tiempo que se lleva calentando la silla) parte de premisas absolutamente falsas; por mucho que se intente revestir la antigüedad con el eufemismo de servicios efectivamente prestados a las Administraciones Públicas (1). Si luego además esos mismos criterios se aplican “los restos” (o residuos) de quienes no superan esos singulares procesos para incorporarlos, dado el origen de los procesos que nada acreditan, en bolsas de trabajo basura que nutrirán las futuras necesidades de las Administraciones Públicas, el mal sistémico se multiplica en el tiempo con efectos demoledores (en el sentido literal del término), que no se advertirán hasta los próximos años o décadas. Captar pretendido talento así, es jugar al escondite o a la ruleta rusa. Elijan.

Lo dice muy bien la cita que abre esta entrada. La confusión entre experiencia y antigüedad tiene efectos letales, como por lo demás ha estudiado con atención la doctrina (Jorge Fondevila, entre otros). Y en este caso concreto supone además un autoengaño: quienes invocan esa antigüedad como pretendida experiencia acreditativa de ese valor diferencial, pronto advertirán (en cuanto sean asignados a un puesto de trabajo distinto o concursen a él) que sus pretendidas fortalezas o capacidades (saber hacer una cosa) se transformarán con facilidad en debilidades manifiestas. Los servicios públicos (o los ciudadanos) lo pagarán con creces.

En efecto, los impactos sobre la prestación de servicios, también económicos como institucionales, que tales forma de actuar tienen (provisión/nombramientos y acceso), aunque sean de difícil valoración a priori, son y serán sin duda muy elevados. Pero, además, tal modo de (mal) entender y aplicar (peor) lo que son las imprescindibles capacidades ejecutivas de la Administración Pública explica en buena medida el retraso secular y la imposibilidad de transformar o reformar que muestran la política y la Administración española, un déficit en el que hoy en día todos coinciden en que debe corregirse (hasta el éxito o el fracaso del propio Plan de Recuperación depende en buena medida de ello), ya que el desarrollo efectivo de tales capacidades es existencialmente necesario para que este país salga adelante.  No parece que se haya querido entender nada del problema real. Como tantas otras veces, la contingencia manda.

(1) Eso es lo que hace, por ejemplo, la reciente Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública (14 de noviembre de 2021) en un documento de Orientaciones sobre la ejecución de los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, dirigidas a los propios órganos de selección de la Administración General del Estado. Intenta, eso sí, acotar porcentualmente el peso de esa antigüedad (o del eufemismo de servicios efectivos prestados); pero esa concepción periclitada de que antigüedad es igual a experiencia en los puestos de trabajo ejercidos sigue siendo el pilar central del procedimiento excepcional «selectivo» de concurso o de la descafeinada fase de concurso de méritos en los procedimientos de concurso-oposición en los procesos de estabilización; pero también en los demás; aparte de otros aspectos sobre las que ahora no procede ocuparse.

15 comentarios

  1. Llevo tiempo reflexionando sobre las obligaciones relativas al sector institucional. Me he ocupado de la extensión del control permanente que comentas en el punto dos, en un artículo publicado en CUNAL, en el 191 del Monográfico dedicado a las Leyes 39 y 40. Hay varias cuestiones abiertas, como comentas, pero es muy importante partir de que el control es obligatorio y hay que establecerlo. Ante la inminente aprobación de un Reglamento que regule el desarrollo del control interno en las entidades locales, no se puede perder de vista esta obligación legal, que debería ajustarse a este marco. Aunque las normas de OOAA y EPES no son básicas, no podemos olvidar el actual mecanismo de reenvío de la LBRL, y para cerrar el sistema, si el control ha de ser homogéneo, y sobre todo si no queremos primar la constitucion de determinadas entidades por carencias en su control, todos los entes deberían estar sometidos a las mismas obligaciones. Una materia hasta ahora bastante olvidada esta del control, origen, como ha destacado nuestro TCtas de muchos abusos, que podrían evitarse, y de una inadecuada financiación de los servicios, que podríamos estar a tiempo de clarificar. Un saludo Rafael!

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  2. Absolutamente de acuerdo. Y todo el mundo sigue a pié juntillas, casi, ese criterio conjunto de la AEPD y CTBG, digo casi porque ese criterio tiene algunos memorables agujeros por donde se escurren algunos para evadir sus obligaciones.

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  3. Muy acertado. Los decisores siguen en babia. No son conscientes porque no leen ni escuchan. Y seguimos seleccionando, como hace 100 años, como si no hubiera ocurrido nada, dejando al margen las tecnologías de la información y otras competencias clave en el nuevo escenario. Seguimos captando a opositores, que invertirán muchos años a aprender dentro – ya pagados por un sueldo publico – lo que no incluían sus antiguos temarios, en vez de a profesionales – como si hace la Unión Europea -, y todos tan tranquilos.

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    1. Que bueno es leer estos artículos en los que se plantean los graves problemas que sufrimos los funcionarios públicos y sus consecuencias en los servicios públicos, y se explican los grandes cambios que se van a producir en las AAPP (si es que finalmente se hace) gracias a la tecnología inteligente.
      En cuanto al concepto de «trabajo abierto», particularmente no creo que deba hacerse a determinadas funciones públicas, que deberán protegerse por su función institucional o social aunque cambiando su concepción, incorporando principios de flexibilidad, movilidad y evolución de la tecnología.
      La obsolescencia del conocimiento y la dificultad en los procesos de adaptación de los funcionarios mayores, entre los que me encuentro, son una realidad pero porque el propio sistema burocrático antiguo y desfasado lo promueve. Es imposible salir de esa dinámica, el sistema y la organización no te lo permite.
      Totalmente de acuerdo en la descripción de nuestra situación y en la escasa esperanza de que realmente se produzca algún cambio. El empuje de la tecnología llevará a las AAPP a adaptarla cuando ya no quede remedio pero mientras tanto la pérdida de conocimiento por las jubilaciones masivas va a ser muy negativo para la actual organización y en definitiva para los ciudadanos.
      Es absolutamente necesario un plan estratégico pero efectivo y útil, no de los que se hacen para cubrir el expediente y contarlo en los discursos, en las webs y en las intervenciones parlamentarias. Y en ese plan deben intervenir todas las partes interesadas y estar consensuado por los partidos políticos y los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

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  4. Evidentemente que la balanza de las pérdidas es infinitamente mayor. La política de la tasa de reposición de efectivos únicamente ha llevado al aumento de la precariedad, pues esas plazas ya existían en la administración.
    Asímismo, el legislador siempre lo hace en términos de administración del estado, olvidando a la administración local, donde la problemática es bien distinta.
    En nuestro ayuntamiento, por ejemplo, esta tasa adicional solo ha supuesto poder incluir una plaza en la oferta.

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  5. Su análisis es impecable pero con todos mis respetos no lo comparto. La modificación del articulo 92.3 se produjo el 31 de diciembre de 2013, hace casi 6 años. Lo que tenemos la fea costumbre de leer los boletines oficiales y de manera especial el BOEs de diciembre y agosto, meses que son un coladero para cambiar leyes, no dimos cuenta y avisamos del cambio, de sus consecuencias y posibles problemas, pero nos trataron de chiflados.

    No debemos olvidar la tanta cacareada división de poderes y su función, en caso del judicial de controlador del ejecutivo y legislativo para que no machaquen a la sociedad. El judicial, en este caso, han actuado correctamente a cumplido su función, quien no lo ha actuado acorde al artículo 103.1 de la CE ha sido todas las administraciones locales que se han saltado a la tolera el artículo 92.3, y vuelvo a repetir, durante casi 6 años.

    Ahora nos da pena la Administración, la misma que a los ciudadanos contesta a sus recurso con la archiconocida frase «El desconocimiento de la norma, no exime de su cumplemto» o «Se publicó en el BOE y es de obligado cumplimiento», pues ahora quien no ha hecho bien sus deberes ha sido la Administración y por ello debe purgar.

    Ya fuera del ámbito jurídico, le parece normal a usted que una persona durante los primeros 15 días de un mes este repartiendo patatas, los otros 15 días sea un agente de policía y luego vuelva a repatir patatas , puesto ocurre más de lo que nos creemos, que seguridad jurídica se le puede dar a los ciudadanos con ese tipo de actitudes, ninguna.Se les arma, tienen acceso a información sensible, se produce un gasto innecesario de vestuario y los más grave no ponen ningún objeción a cualquier tarea que se le ordene, porque si pregunta si el legal, cuando vuelva a necesitar a alguien no le llamaran, no podemos olvidar que cuando estén en la calle no actuaran como deberían porque ellos saben que los jefes no quieren problemas y luego ellos tienen que volver a pedir trabajo una vez que la administración no les necesita y así una mil veces, la administración encantada de la vida.

    Además, la figura del funcionario interino es coladero de familiares, amigos y conocidos en alguna administraciones locales, sobre todo en las más pequeñas, no es normal que haya personas que se hayan jubilado como funcionario interino. Recuerdo que tenemos un EBEP que prohibe que una plaza este sin un funcionario de carrera sine die.

    Creo que por una vez la sociedad ha visto que los jueces leen lo mismo que ella, que las palabras tienen en mismo significado, de lo cual me congratulo a pesar de que todos los comentarios no van en el mismo sentido.

    Todo lo indicado no afecta a la consideración que le tengo a su labor altruista que realiza en su blog, del cual soy un ferviente seguidor.

    Un saludo.

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  6. Una excelente aportación, como casi todas las suyas. Recomendable su lectura especialmente para politicos con mando y responsabilidades de gobierno. Tomen nota de estas aportaciones para transformar en positivo la Administracion pública

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  7. A mi modo de ver, una de las razones fundamentales de la inoperancia de nuestra Administración Pública reside en la incapacidad de la sociedad civil de «atar en corto» a los poderes públicos y por ende a las AA.PP. El régimen democrático actual español depositó una excesiva preponderancia a los partidos políticos, de modo que el vencedor en cada ronda electoral toma la Administración Pública como un botín y no como un instrumento de servicio a los ciudadanos. Las aparentes medidas en favor de éstos no son más que herramientas para el marketing electoral de la siguiente ronda. Nos faltan tradiciones en la sociedad civil para exigir cuentas a los gobernantes y una separación de poderes real que impida los usos y abusos partidistas, a diferencia de otros países de nuestro entorno. Tampoco en el momento del reciente paso de la dictadura a la democracia la sociedad civil tuvo la suficiente fuerza como para ir más allá de lo conseguido, a diferencia -por ejemplo- del caso portugués. Por eso, pienso que el origen de un futuro y prometedor cambio no hay que buscarlo tanto en reformas de las AA.PP. sino en un fortalecimiento y desarrollo de la sociedad civil.

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