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SOBRE (ALGUNAS) «OPOSICIONES»

(Fotografía cedida por Fernando Escorza Muñoz. Reservados los derechos de reproducción)

 

«Un Estado ingrato, indiferente al mérito, es un Estado salvaje»

(Benito Pérez Galdós, Miau)

 

En la fase de oposición de los procedimientos selectivos de «concurso-oposición» (dejemos ahora de lado la broma de los «concursos») en los llamados procesos de estabilización del empleo público desarrollados en algunas Administraciones Públicas (dicho más llanamente, cómo anclar al personal interino en las nóminas públicas para toda la vida), están superando la fase de “oposición” más del noventa por ciento de los aspirantes presentados. Han leído bien, el noventa por ciento. Y si baja de ese porcentaje, lo es por poco. No es nuevo. Había precedentes.

Se trata, y hay que subrayarlo, de procesos a los que “concurren libremente”  y pagan sus tasas candidatos de “la casa”, esto es, los que tienen ese nuevo derecho fundamental absoluto de calzarse «su» plaza, junto con otros de la “calle”, es decir, puros outsiders, cuya única ambición posible y probable consiste, siendo imposible física y metafísicamente que formen parte de los elegidos,  en incorporar sus apellidos a esas bolsas basura de trabajo (para seguir cubriendo eternamente las interinidades) formadas por los innumerables residuos que queden después de celebrar tan meritorios procesos de “selección”. Y pasar, así, a mejor vida.

Realmente lo desconocíamos; pero estamos en un país de sabios. Una España en la que, al parecer, (casi) todos sin excepción tienen tan elevados conocimientos y destrezas que, en verdad, resulta casi absurdo convocar procesos “selectivos”. Que aprenda Europa de nuestro nuevo modelo, que en buena parte se lo debemos a ellos. Nuestro empleo público tiene donde elegir: es un mar de intelecto. Ya les gustaría ver a los revolucionarios franceses en qué ha quedado su artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, su principio de igualdad y, lo que es más importante, el talento y las virtudes para el acceso a un empleo público, gracias a que aquí lo hemos “universalizado” de verdad y no de boquilla: todos los humanos, mujeres y hombres sin excepción, valen (casi) lo mismo, aunque -no se engañen por las apariencias- más quienes están dentro y menos quienes deben esperar para ingresar, por eso del “concurso”. Pero todo llegará. A esperar su turno.

¡Qué fantástica Administración han construido nuestros insignes políticos y sindicalistas! ¡Cómo les gusta alardear de que las pruebas selectivas tan exigentes y complejas que convocan son capaces de superarlas casi el cien por ciento de los aspirantes! ¡Hasta ellos mismos, si me apuran, podrían hacerlo! Pero, no deben dormirse en los laureles. Aún hay un diez por ciento que no pueden acreditar los conocimientos exigidos, lo que, por tanto, denota que tales procesos son irracionales o desproporcionados, pues están discriminando y sobre todo estigmatizando a un porcentaje nunca irrelevante de la ciudadanía, que también tiene derecho a comer de la olla presupuestaria, como diría Galdós. Esas exclusiones se deban probablemente a que las pruebas exigidas han sido de una dureza extrema, o tal vez a que la Administración no fue sensible a que algunos aspirantes el día anterior se fueron de farra y, por tanto, ejercieron su derecho fundamental al ocio, otros no entendieron lo que leían porque no recibieron una educación de calidad y los habrá, incluso, que apenas supieron diferenciar una ley de un atestado, cosas de abogados y no de legos como ellos. En fin, una Administración terriblemente injusta que deja fuera a los menos diestros. El objetivo político debe ser más ambicioso: aprobado general en todas las oposiciones. Que tomen nota. Andan torpes.

En España vuelve a resonar el grito desesperado del “colócanos a tós” que tuvo que escuchar en un mitin hace más de cien años el cacique de turno, Natalio Rivas. Dejémonos de tonterías, lo más democrático es abrir las puertas de la Administración de par en par a cualquier aspirante que lo pretenda. Tenemos algo menos de cuatro millones de empleados públicos. Son muy pocas bocas a alimentar. Y la mayor parte tienen familia, que no cabe abandonar a la indigencia. La Administración Pública debe dar cobertura universal a tanto talento suelto y a esas virtudes descarriadas. Es la gran entidad de beneficencia del siglo XXI. La que hará el nuevo Estado Social Administrativo; invento hispano de última generación. Hay que ensanchar las nóminas del empleo público, para que quienes no han podido entrar porque otros estaban ya calentando la silla lo puedan hacer en el futuro próximo, pues tan abrumadores capacidades no se pueden desperdiciar, ya que la inmensa mayoría se ha quedado fuera habiendo aprobado o incluso sobresalido en tales “oposiciones” y, por tanto, como nos recordará dentro de no mucho nuestro también plagado de talento jurídico Tribunal Constitucional, han acreditado ya sobradamente su enorme mérito y capacidad superando tan exigentes procesos selectivos, lo que  ya, por sí mismo, les habilita para hacer cualquier cosa que se precie durante toda la vida en esa casa común que todos pagamos denominada Administración Pública. Sobre todo vivir adosados a la nómina pública, que en época de brutal incertidumbre es un refugio seguro. Que se lo cuenten a ellos.  

Entrada publicada en LA MIRILLA ESCONDIDA https://rafaeljimenezasensio.com/la-mirilla-escondida/

 

 

15 comentarios

  1. Llevo tiempo reflexionando sobre las obligaciones relativas al sector institucional. Me he ocupado de la extensión del control permanente que comentas en el punto dos, en un artículo publicado en CUNAL, en el 191 del Monográfico dedicado a las Leyes 39 y 40. Hay varias cuestiones abiertas, como comentas, pero es muy importante partir de que el control es obligatorio y hay que establecerlo. Ante la inminente aprobación de un Reglamento que regule el desarrollo del control interno en las entidades locales, no se puede perder de vista esta obligación legal, que debería ajustarse a este marco. Aunque las normas de OOAA y EPES no son básicas, no podemos olvidar el actual mecanismo de reenvío de la LBRL, y para cerrar el sistema, si el control ha de ser homogéneo, y sobre todo si no queremos primar la constitucion de determinadas entidades por carencias en su control, todos los entes deberían estar sometidos a las mismas obligaciones. Una materia hasta ahora bastante olvidada esta del control, origen, como ha destacado nuestro TCtas de muchos abusos, que podrían evitarse, y de una inadecuada financiación de los servicios, que podríamos estar a tiempo de clarificar. Un saludo Rafael!

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  2. Absolutamente de acuerdo. Y todo el mundo sigue a pié juntillas, casi, ese criterio conjunto de la AEPD y CTBG, digo casi porque ese criterio tiene algunos memorables agujeros por donde se escurren algunos para evadir sus obligaciones.

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  3. Muy acertado. Los decisores siguen en babia. No son conscientes porque no leen ni escuchan. Y seguimos seleccionando, como hace 100 años, como si no hubiera ocurrido nada, dejando al margen las tecnologías de la información y otras competencias clave en el nuevo escenario. Seguimos captando a opositores, que invertirán muchos años a aprender dentro – ya pagados por un sueldo publico – lo que no incluían sus antiguos temarios, en vez de a profesionales – como si hace la Unión Europea -, y todos tan tranquilos.

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    1. Que bueno es leer estos artículos en los que se plantean los graves problemas que sufrimos los funcionarios públicos y sus consecuencias en los servicios públicos, y se explican los grandes cambios que se van a producir en las AAPP (si es que finalmente se hace) gracias a la tecnología inteligente.
      En cuanto al concepto de «trabajo abierto», particularmente no creo que deba hacerse a determinadas funciones públicas, que deberán protegerse por su función institucional o social aunque cambiando su concepción, incorporando principios de flexibilidad, movilidad y evolución de la tecnología.
      La obsolescencia del conocimiento y la dificultad en los procesos de adaptación de los funcionarios mayores, entre los que me encuentro, son una realidad pero porque el propio sistema burocrático antiguo y desfasado lo promueve. Es imposible salir de esa dinámica, el sistema y la organización no te lo permite.
      Totalmente de acuerdo en la descripción de nuestra situación y en la escasa esperanza de que realmente se produzca algún cambio. El empuje de la tecnología llevará a las AAPP a adaptarla cuando ya no quede remedio pero mientras tanto la pérdida de conocimiento por las jubilaciones masivas va a ser muy negativo para la actual organización y en definitiva para los ciudadanos.
      Es absolutamente necesario un plan estratégico pero efectivo y útil, no de los que se hacen para cubrir el expediente y contarlo en los discursos, en las webs y en las intervenciones parlamentarias. Y en ese plan deben intervenir todas las partes interesadas y estar consensuado por los partidos políticos y los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

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  4. Evidentemente que la balanza de las pérdidas es infinitamente mayor. La política de la tasa de reposición de efectivos únicamente ha llevado al aumento de la precariedad, pues esas plazas ya existían en la administración.
    Asímismo, el legislador siempre lo hace en términos de administración del estado, olvidando a la administración local, donde la problemática es bien distinta.
    En nuestro ayuntamiento, por ejemplo, esta tasa adicional solo ha supuesto poder incluir una plaza en la oferta.

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  5. Su análisis es impecable pero con todos mis respetos no lo comparto. La modificación del articulo 92.3 se produjo el 31 de diciembre de 2013, hace casi 6 años. Lo que tenemos la fea costumbre de leer los boletines oficiales y de manera especial el BOEs de diciembre y agosto, meses que son un coladero para cambiar leyes, no dimos cuenta y avisamos del cambio, de sus consecuencias y posibles problemas, pero nos trataron de chiflados.

    No debemos olvidar la tanta cacareada división de poderes y su función, en caso del judicial de controlador del ejecutivo y legislativo para que no machaquen a la sociedad. El judicial, en este caso, han actuado correctamente a cumplido su función, quien no lo ha actuado acorde al artículo 103.1 de la CE ha sido todas las administraciones locales que se han saltado a la tolera el artículo 92.3, y vuelvo a repetir, durante casi 6 años.

    Ahora nos da pena la Administración, la misma que a los ciudadanos contesta a sus recurso con la archiconocida frase «El desconocimiento de la norma, no exime de su cumplemto» o «Se publicó en el BOE y es de obligado cumplimiento», pues ahora quien no ha hecho bien sus deberes ha sido la Administración y por ello debe purgar.

    Ya fuera del ámbito jurídico, le parece normal a usted que una persona durante los primeros 15 días de un mes este repartiendo patatas, los otros 15 días sea un agente de policía y luego vuelva a repatir patatas , puesto ocurre más de lo que nos creemos, que seguridad jurídica se le puede dar a los ciudadanos con ese tipo de actitudes, ninguna.Se les arma, tienen acceso a información sensible, se produce un gasto innecesario de vestuario y los más grave no ponen ningún objeción a cualquier tarea que se le ordene, porque si pregunta si el legal, cuando vuelva a necesitar a alguien no le llamaran, no podemos olvidar que cuando estén en la calle no actuaran como deberían porque ellos saben que los jefes no quieren problemas y luego ellos tienen que volver a pedir trabajo una vez que la administración no les necesita y así una mil veces, la administración encantada de la vida.

    Además, la figura del funcionario interino es coladero de familiares, amigos y conocidos en alguna administraciones locales, sobre todo en las más pequeñas, no es normal que haya personas que se hayan jubilado como funcionario interino. Recuerdo que tenemos un EBEP que prohibe que una plaza este sin un funcionario de carrera sine die.

    Creo que por una vez la sociedad ha visto que los jueces leen lo mismo que ella, que las palabras tienen en mismo significado, de lo cual me congratulo a pesar de que todos los comentarios no van en el mismo sentido.

    Todo lo indicado no afecta a la consideración que le tengo a su labor altruista que realiza en su blog, del cual soy un ferviente seguidor.

    Un saludo.

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  6. Una excelente aportación, como casi todas las suyas. Recomendable su lectura especialmente para politicos con mando y responsabilidades de gobierno. Tomen nota de estas aportaciones para transformar en positivo la Administracion pública

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  7. A mi modo de ver, una de las razones fundamentales de la inoperancia de nuestra Administración Pública reside en la incapacidad de la sociedad civil de «atar en corto» a los poderes públicos y por ende a las AA.PP. El régimen democrático actual español depositó una excesiva preponderancia a los partidos políticos, de modo que el vencedor en cada ronda electoral toma la Administración Pública como un botín y no como un instrumento de servicio a los ciudadanos. Las aparentes medidas en favor de éstos no son más que herramientas para el marketing electoral de la siguiente ronda. Nos faltan tradiciones en la sociedad civil para exigir cuentas a los gobernantes y una separación de poderes real que impida los usos y abusos partidistas, a diferencia de otros países de nuestro entorno. Tampoco en el momento del reciente paso de la dictadura a la democracia la sociedad civil tuvo la suficiente fuerza como para ir más allá de lo conseguido, a diferencia -por ejemplo- del caso portugués. Por eso, pienso que el origen de un futuro y prometedor cambio no hay que buscarlo tanto en reformas de las AA.PP. sino en un fortalecimiento y desarrollo de la sociedad civil.

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